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Recortes de Prensa   Jueves 5 Enero 2012

 

Los entes públicos autonómicos: ¿ajenos a la crisis?
Jaime Castellano*. El Confidencial  5 Enero 2012

En un reciente post, a raíz de las declaraciones realizadas por el nuevo presidente del Gobierno en su discurso de investidura, analizamos el presente y futuro del proceso de redimensionamiento del sector público en la Administración General del Estado. Adelantamos en esa ocasión que un análisis detallado de la situación a nivel autonómico y local requeriría por lo menos un post específico.

Examinamos ahora el sector público autonómico y empezamos por una cifra: 2.357, ni más ni menos. Ese es el número de entes públicos autonómicos (sin incluir el País Vasco) a 1 de julio de 2011, según la información disponible en la página web del recién desaparecido Ministerio de Economía y Hacienda.

Si analizamos los datos del inventario del sector público autonómico que publica el Ministerio, lo primero que llama la atención es que la crisis ha llegado tarde a este sector. Solo en el primer semestre de 2011 ha tenido lugar una leve reducción del número de entes públicos autonómicos (31 entes se han suprimido en los 6 primeros meses del año, lo que supone un descenso del 1,3%). Sin embargo, si comparamos la situación a 1 de enero de 2011 con la del mismo periodo de 2009, observamos un incremento del 23% en el número de entes autonómicos. Es decir, en dos años de grave crisis económica (2009 y 2010), el sector público de nuestras autonomías ha seguido aumentando de “talla” mientras que a nivel de la AGE se reducía un 5%.

Como se puede observar, el sector público autonómico está formado principalmente por sociedades mercantiles (656), consorcios (644) y fundaciones (562). En el primer semestre de 2011 el peso de estos entes sobre el total del sector público autonómico era del 79%, mientras que en la AGE su peso es del 56% (con datos provisionales a 1 de diciembre de 2011). Además en dos años de plena crisis (2009 y 2010) las fundaciones autonómicas aumentaron un 48%, las sociedades mercantiles un 31%, los consorcios un 13%... De los tres tipos de entes mayoritarios, el más “típicamente autonómico” es el consorcio, ya que tiene un peso del 27% mientras que en la AGE su peso tan solo es del 5%. De hecho, hay varias Comunidades (Cataluña, Andalucía, Baleares, Madrid, Murcia) que tienen más consorcios que el conjunto de la AGE. También nos encontramos Comunidades (Cataluña, Andalucía, Galicia) que tienen más fundaciones públicas que la AGE en su totalidad.

¿Qué “propiedades” tienen estos tres tipos de entidades para que crezcan al ritmo en que lo hacen en nuestras autonomías incluso en plena crisis económica? En mi opinión, fundamentalmente dos:

1) Generan empleo. Las sociedades mercantiles, fundaciones, consorcios, etc generan oportunidades laborales en un entorno donde el empleo se está destruyendo masivamente en el sector privado. Un oasis en el desierto del mercado laboral. Esta virtud se puede convertir en problema si el ente público no tiene una finalidad y un ámbito de actuación claro y justificado, ya que estaríamos ante un modelo difícilmente sostenible y mucho menos en los tiempos que corren (de hecho en los seis primeros meses de 2011 han desaparecido 23 sociedades mercantiles autonómicas). Otro problema adicional surge cuando en el oasis solo se permite la entrada a personas afines al partido político de turno o al equipo de gobierno autonómico (lo que limita las oportunidades laborales a unos pocos privilegiados).

2) Son un instrumento para aumentar los niveles de endeudamiento autonómicos. Las cuentas de resultados de las sociedades mercantiles y las fundaciones no consolidan con los presupuestos autonómicos, lo que permite temporalmente a algunas autonomías superar sus límites de endeudamiento (temporalmente porque antes o después la Comunidad tiene que hacer frente a las obligaciones originadas por la deuda de los entes públicos).

En la época de bonanza económica se pusieron en marcha con dinero público “grandes iniciativas” (en forma de proyectos estratégicos, entes del futuro, planes estrella, etc) que posteriormente no se han podido rentabilizar y su mero mantenimiento pesa como una losa en las arcas públicas

El caso es que “por h o por b” el sector público autonómico ha resistido a la crisis y el proceso de adelgazamiento no se ha iniciado hasta el primer semestre de 2011. El origen de este proceso lo encontramos en los planes de contención y reducción del déficit público que se están poniendo en marcha en las diferentes Comunidades Autónomas para cumplir con el objetivo marcado para 2011 y 2012 (que el déficit no supere el 1,3% del PIB regional). En este contexto de reducción del déficit público, la siguiente vuelta de tuerca podría ser la privatización de los excesos cometidos en el pasado. Es decir, en la época de bonanza económica se pusieron en marcha con dinero público “grandes iniciativas” (en forma de proyectos estratégicos, entes del futuro, planes estrella, etc) que posteriormente no se han podido rentabilizar y su mero mantenimiento pesa como una losa en las arcas públicas. En época de vacas flacas parece que una posible salida puede ser (mal) venderlos a la iniciativa privada para que los mantenga de alguna forma. En prensa podemos leer algunos ejemplos que parecen apuntar en esta dirección.

El nuevo Presidente del Gobierno anunció en su discurso de investidura que va a “negociar con el resto de las Administraciones Públicas un Pacto por la Austeridad y la Eficiencia”. Veremos cómo se articula, negocia y ejecuta el Pacto. ¿De verdad quiere el nuevo gobierno reformar la administración, optimizar su estructura y mejorar su eficiencia? Si es así, no puede limitar su actuación al ámbito de la AGE, tiene que abordar el “melón” del sector público autonómico (y local), se mire por donde se mire.

Hasta Zapatero, en su primera entrevista como ex presidente concedida al Diario de León, asegura: “Todo el proceso de racionalización de las administraciones públicas planteará debates no fáciles, pero interpreto que es necesario entrar en ese terreno”. Y añade “La administración general del Estado, lo que es el Gobierno de la nación, tiene un funcionamiento serio, muy serio, es una administración muy racionalizada, con altos funcionarios de enorme capacidad, como he podido comprobar y quizá no está en la administración general del Estado donde se tengan que producir los cambios más importantes, sino en otras administraciones: comunidades autónomas, ayuntamientos y diputaciones”. Una lástima que durante su mandato no quisiese plantear esos “debates no fáciles”.

*Jaime Castellano es ingeniero de Telecomunicaciones y máster por el Instituto de Empresa

Del blog ¿Hay Derecho?
http://www.elconfidencial.com/opinion/tribuna/2012/01/05/los-entes-publicos-autonomicos-ajenos-a-la-crisis-8511/

El Gobierno confunde prioridades
EDITORIAL Libertad Digital  5 Enero 2012

El Gobierno de Mariano Rajoy sigue sin concretar las verdaderas medidas de ajuste que necesita imperiosamente nuestra economía, que no pueden circunscribirse solamente al aumento de los ingresos fiscales a través de la subida de impuestos decretada la semana anterior.

La lucha contra el fraude fiscal anunciada en este segundo Consejo de Ministros es una obligación de todo Gobierno para evitar el delito, pero en la situación actual esa medida es claramente insuficiente, si de lo que se trata es de equilibrar las cuentas públicas y reactivar la economía. Si tal decisión va de la mano de una reforma impositiva al alza respecto a determinados productos de ahorro, hasta ahora tratados con benevolencia, se corre el riesgo añadido de que se produzca una fuga capitales a otros países, algo sobre lo que el equipo económico de Rajoy debería reflexionar seriamente antes de poner en marcha determinadas decisiones, por muy bien que puedan sonar a determinados medios de comunicación.

Junto a este plan de vigilancia contra el fraude, el Gobierno ha anunciado el inicio de una serie de consultas destinadas a redimensionar el sector público. La contundencia con que se ha abordado la subida de impuestos no ha sido utilizada, en cambio, para cortar de raíz el extraordinariamente frondoso entramado empresarial creado por todas las Administraciones, en especial las autonómicas, lo que nuevamente supone una decepción para los ciudadanos que esperaban de este segundo Consejo de Ministros, después del inesperado hachazo fiscal, medidas mucho más directas para reducir el asfixiante gasto público.

Las medidas para salir de la crisis económica no pueden centrarse solamente en la mejora de los ingresos estatales a través del fisco. Mucho más importante que este incremento puntual de la recaudación es la puesta en marcha de un proceso acelerado de adelgazamiento del sector público, principal responsable de la asfixia de nuestra economía, tal y como el PP sostenía, con acierto, a lo largo de la campaña electoral. El margen de maniobra en este capítulo es lo suficientemente amplio como para exigir mayor diligencia al presidente del Gobierno. Un presidente Rajoy que, incomprensiblemente, ha decidido no pronunciarse sobre este asunto, ni probablemente sobre ningún otro, hasta el próximo mes de febrero.

La proximidad de las elecciones andaluzas, donde el PP puede alcanzar el poder por primera vez, no debe servir de justificación para seguir dilatando la adopción de las fuertes medidas de ajuste de nuestro disparatado sector público. Por si alguien lo ha olvidado, Mariano Rajoy fue elegido para solucionar los problemas de España. No los de la carrera electoral de su compañero Javier Arenas.

Los impuestos son de Elena Salgado
Martín PRIETO La Razón  5 Enero 2012

Pedro Solbes es un engañador impertérrito, funcionario apartidista, que ha servido a dos presidentes socialistas diciéndoles lo que querían escuchar, antes de ponerse a salvo con su colección de jubilaciones de cinco estrellas. La ingeniera Elena Salgado, más frágil que el loto y practicante del budismo caliente, charlaba de nuestros impuestos con Isabel Preysler y Miguel Boyer, y ahora estará en su casa de Niza, Ayuntamiento tan civilizado que hasta te subvenciona la tenencia de un perro.

Hay errores, equivocaciones monstruosas y cosas que hacen Solbes y Salgado. La doña se ha distinguido por tener que corregir cada dato que emitía y ha errado en más de dos puntos (miles de millones de euros) la previsión de crecimiento del año pasado, a más de dejar en números rojos la Seguridad Social, cosa inédita desde la agonía de Felipe González. Los responsables del naufragio tildan de mentiroso a Rajoy y su equipo por propinarnos una sacudida impositiva a vida o muerte que o la hacemos nosotros o la hará Bruselas, el BCE, el FMI o el espíritu malo de Angela Merkel. Gracias a la ceguera suicida socialista somos un país tutelado.

Por estas cosas el ex primer ministro islandés Geir H. Haarde está acusado civilmente de dejación de funciones con una petición fiscal de dos años. Ejemplo deseable pero imposible porque los islandeses están fuera del sistema. Según la curva de Laffer bajar los impuestos es de derechas porque a más tributos menos recaudación (Reagan), y subirlos es de izquierdas para socializar ganancias. Todo lo ha confundido la crisis y lo único seguro es que elevar el IRPF es cosa de la impericia o el engaño de Elena Salgado. El Presidente sabrá que hay que ser caballero en los salones pero pistolero en O.K. Corral.

Estructuras infladas
José Antonio VERA La Razón  5 Enero 2012

Se habla mucho de la necesidad de eliminar coches oficiales, embajadas autonómicas, televisiones públicas y subvenciones a partidos y sindicatos. Ciertamente, ahí tiene que profundizar el Gobierno. Los ciudadanos entienden los esfuerzos, el ajuste de cinturón, la congelación de sueldos y el incremento de impuestos de la pasada semana. Pero se comprende mal que el peso de la crisis caiga sólo sobre las clases medias y no sobre las Administraciones Públicas, sus privilegios y derroches. Si Rajoy y sus ministros no hacen lo que deben en este ámbito, habrán perdido toda autoridad para gravar con más impuestos a los ciudadanos. Me consta que están en ello, y que lo van a intentar. La pasada semana, junto a los anunciados aumentos en el IRPF, se aprobó también una disminución del 20 por ciento en el dinero con que se subvenciona a partidos y sindicatos. Un tijeretazo relevante, pero probablemente insuficiente para quienes piensan que unos y otros se deben financiar por sus propios medios, en vez de vivir del dinero público.

El Consejo de Ministros de hoy va a anunciar medidas de relieve en lo que se refiere a las empresas públicas. Aún no se privatizará la gestión de Loterías y AENA, pero se va a acometer una drástica reducción en un sector que está objetivamente inflado. En España hay 4.123 sociedades, consorcios o fundaciones que viven del Estado. La inmensa mayoría son autonómicas y municipales. El Ejecutivo debe taponar cuanto antes un agujero por el que se escapan buena parte de nuestros impuestos. Pese a los recortes de la Administración Aznar, aún quedan 355 compañías estatales, la mayoría de ellas con pérdidas y unos equipos directivos remunerados en exceso, muy por encima de lo que cobran ministros y secretarios de Estado.

Si el Gobierno actúa como debe, logrará un ahorro añadido racionalizando estas estructuras paraestatales. En el futuro, debería desprenderse de la mayoría de ellas.

Plan de ajuste
Populismo de derechas
Emilio Campmany Libertad Digital  5 Enero 2012

Los griegos, que en política ya lo habían inventado todo hace veinticinco siglos, temían a la demagogia más que a la hidra de Lerna. En nuestra joven democracia ha habido mucha demagogia, pero hasta ahora casi la había monopolizado la izquierda. Durante la legislatura anterior, es verdad que la oposición del PP apoyó las más populistas e insensatas medidas de Zapatero, que dispararon el déficit, y se opusieron a las que, tímidamente, intentaron contenerlo. Pero eso fue cuando estaban en la oposición, cuando era en parte disculpable.

Ahora que están en el Gobierno, se supone que se han puesto serios y se disponen a hacer lo que hay que hacer. Así se nos presentan y así nos los presentan. La subida de impuestos, al parecer, era inevitable, y hasta las madres sabían que eso era lo que tendría que hacer cualquier Gobierno serio que llegara tras las elecciones. Es más, es esa subida de impuestos, tan impopular y tan flagrantemente opuesta al discurso electoral del PP, lo que demuestra la seriedad del nuevo Gobierno y su alejamiento de toda demagogia populista. A mí, sin embargo, no me lo parece. La subida se nos ha presentado como una ayuda que el Gobierno pide a quienes más tienen para ayudar a los que tienen menos. Ni la está pidiendo, ni tiene por objetivo a los que más tienen ni es para los que tienen menos. Y encima no sirve para salir de la crisis. Si eso no es populismo, que venga Dios y lo vea.

En el Consejo de Ministros de este jueves, el Gobierno se manifiesta indignado por lo que han ganado directivos de entidades financieras que han tenido que ser socorridas. Olvida que la mayoría de ellas son cajas de ahorro controladas por comunidades autónomas, algunas gobernadas por el PP (véase la Caja del Mediterráneo). Y en vez de tomar medidas concretas lo que hace es pedir explicaciones al gobernador del Banco de España. O sea, que de momento, salvo indignarse, no piensan hacer nada.

Prometen un plan de lucha contra el fraude fiscal donde no hay ninguna medida concreta, más allá de prohibir las transacciones en metálico a partir de una determinada suma que no concretan. Si no hay medidas y sólo prometen luchar contra el fraude fiscal, ¿qué quiere ello decir, que antes no se hacía? Y lo de prohibir las transacciones en metálico es falaz por inútil: si hay factura, se expiden tantas como sean necesarias por la cifra máxima permitida, y si no la hay, que es lo más frecuente en la economía sumergida, ¿qué más da que se supere o no el máximo permitido? Del adelgazamiento del Estado, de la supresión de empresas y entes públicos y de controlar los despilfarros autonómicos, nada que no sean vagas promesas.

Es muy pronto para acusarles de populismo y de hacer demagogia, pero, por el momento, eso es exactamente lo que han hecho. Y no hay elecciones a la vista, salvo las andaluzas.

Autonomía vs. soberanía
‘El concepto de autonomía parece que ha perdido su sentido jurídico en algunos lugares de España. En Cataluña, por ejemplo. Autonomía no significa soberanía, por más que desde la Generalidad se lleve jugando a ser un Estado separado del resto de España’.
Daniel Tercero www.vozbcn.com   5 Enero 2012

Habrá que ver si el Gobierno lleva al Congreso una ley que controle las cuentas públicas de las CCAA (y los ayuntamientos, supongo). Así lo ha manifestado el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, que, por cierto, no tiene carné del PP. Habrá que ver si el PP articula la norma. La decisión parece lógica: si la Unión Europea controla los presupuestos de los estados miembros, ¿cómo no lo van a hacer los gobiernos de estos estados respecto a sus administraciones interiores?

Además, el Tribunal Constitucional (TC) ya ha avalado una decisión de este tipo y ha recordado que el Gobierno puede limitar (con causa justificada) los presupuestos de las CCAA. ¿Alguien tiene alguna otra fórmula para que se cumpla lo pactado en la Unión Europea si no es controlando el gasto en todas las administraciones públicas? El TC, este verano pasado, ha dejado especificado y muy claro que la definición de estabilidad presupuestaria se configura como una ‘orientación de política general que el Estado puede dictar’. Es decir, la autonomía financiera de las CCAA ‘no excluye la existencia de controles, incluso específicos’ por parte del Gobierno.

El PP, por lo tanto, puede llevar a cabo una reforma financiera que no solo parece lógica sino que cumpliría con lo recogido en los artículos 149.1.1 y 149.1.13 de la Constitución, que establecen como competencia exclusiva del Ejecutivo garantizar la igualdad entre los españoles y la coordinación de la ‘planificación general de la actividad económica’; y no vulneraría el 156.1, que concreta la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas.

Y es que el concepto de autonomía parece que ha perdido su sentido jurídico en algunos lugares de España. En Cataluña, por ejemplo. Autonomía no significa soberanía, por más que desde la Generalidad se lleve jugando a ser un Estado separado del resto de España. Esta diferencia la ha explicado perfectamente el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) en dos sentencias referidas al incumplimiento de normas nacionales en ayuntamientos del País Vasco.

Ante la decisión de un alcalde de retirar el retrato del Rey de la sala de plenos de un ayuntamiento, así como la de no colgar la bandera de España en la fachada del consistorio, el TSJPV, en dos sentencias (de 2008 y 2010, haciendo mención a otra del Tribunal Constitucional de 1981), ha recordado que la ‘autonomía local’, que está ‘consagrada constitucional y legalmente’, nunca es expresión de ‘soberanía’ y ‘sí alusiva a unos poderes limitados’.

Es decir, que dicha autonomía ‘no se garantiza para incidir en otros intereses generales o particulares distintos de los propios de la entidad local’; algo que afecta exactamente por igual a los gobiernos de las CCAA respecto a las Cortes Generales, ya que la autonomía local es ‘cualitativamente inferior’ a la autonomía de que gozan, entre otros poderes, las CCAA.

Visto así, y hay que recordar que todas las leyes se pueden cambiar, pero en las cámaras parlamentarias que corresponde, algunos en Cataluña deberían preguntar a las formaciones políticas nacionalistas (y a sus alargados y nobles brazos mediáticos) por qué han estado engañándonos tantos años. ¿Por qué han estado jugando como si el Parlamento autonómico fuera soberano? ¿Por qué dedican el tiempo a mociones, comisiones e interpelaciones parlamentarias sobre temas que no tienen nada que ver con las competencias que ostentan?

La frustración, para esa parte de la población que les ha creído, va a ser tremenda. Algunos incluso se creían que mañana mismo Cataluña tendría hasta su propio Ejército, o su propia moneda. Según parece, eso es a lo que aspiran los políticos nacionalistas (que no creen ni la mitad de lo que pregonan): tensar la cuerda civil y social al máximo para ver si a río revuelto pescan algo. A los crédulos y seguidores de esta fe más les valdría que pidieran cuentas a los papas catalanes del Palmar.

Daniel Tercero es periodista de LA VOZ DE BARCELONA

Ley de Estabilidad
Cataluña contra Europa
Emilio J. González Libertad Digital  5 Enero 2012

Los nacionalistas catalanes ya han empezado a arremeter contra la intención del Gobierno, manifestada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, de que el Estado controle los presupuestos autonómicos incluso antes de su aprobación. En principio, y si las cosas no cambian, ésta será una de las principales novedades de la ley de estabilidad financiera, que el Ejecutivo quiere aprobar antes de que concluya marzo. Su contenido, sin embargo, vendrá condicionado por la Unión Europea. Eso es algo que olvidan los catalanes.

El pasado 23 de noviembre, el diario oficial de la UE publicó la nueva directiva europea sobre los presupuestos nacionales, en la cual se establece claramente la obligación de que el Estado controle las cuentas públicas de las comunidades autónomas. Asimismo, y de acuerdo con esta directiva, las autonomías tendrán que responder en caso de que haya desviaciones de sus objetivos presupuestarios. Incluso obliga a que se establezca un sistema de responsabilidades para los niveles de la Administración Pública que incumplan lo establecido en materia presupuestaria. La directiva, como es lógico, reconoce al Gobierno central la facultad de establecer dichos objetivos, no a las autonomías, ni siquiera a Cataluña; porque, como ha expresado reiteradamente, la Unión Europea considera a las autonomías una parte de la Administración Pública sometida al control del Estado, no entidades independientes y con personalidad propia que puedan actuar de espaldas o en contra de lo que disponga el Gobierno central. Si a Cataluña no le gusta, donde debería protestar es en Bruselas, porque, a fin de cuentas, lo que va a hacer el Ejecutivo de Rajoy es trasponer lo que dice la directiva comunitaria.

La directiva, además, tiene toda la lógica del mundo, y ni mucho menos va en contra de la Constitución, como dicen desde la Generalitat, porque cuando la Carta Magna se refiere a la autonomía financiera de las CCAA lo que quiere decir es que éstas deben contar con recursos suficientes para poder financiar los gastos derivados de sus competencias. En este sentido, la Generalitat hace una lectura torticera de la Constitución, porque quiere interpretar autonomía como indepencencia total del poder central, y eso es un modelo de Estado que no está, ni cabe, en la Constitución. Lo que les molesta a los catalanes es que, con esa ley, el Gobierno central va a recuperar un control sobre las autonomías y sus políticas que nunca debió perder. Por ejemplo, el Ejecutivo de Rajoy podría prohibir a la Generalitat financiar sus embajadas en el exterior si es a costa de desatender algo tan fundamental como la sanidad pública o, simplemente, si no tiene recursos para ello. Y, desde luego, con esa directiva se acabó cualquier pretensión de concierto, como pide Artur Mas.

En definitiva, esa directiva europea, que en breve se transformará en ley, viene a poner orden en el caótico Estado de las Autonomías, poniendo a cada uno en su sitio y dando a cada cual lo que le corresponde. Y si a los nacionalistas catalanes esto no les gusta, ya saben cuál es el camino: irse de España y, sobre todo, de la UE. Esto último es lo que no quieren; pero si se pensaban que Europa les iba a reír sus gracias, hace tiempo que deberían haber comprendido, por la forma de actuar de las instituciones comunitarias, que no iba a ser así. Si Cataluña quiere ir contra Europa, tiene mucho, por no decir todo, que perder.

El despilfarro del día
Galicia 'normaliza' el gallego a base de subvenciones
Los ayuntamientos gallegos se repartirán 520.000 euros para normalizar lingüísticamente sus municipios.
Pablo Molina Libertad Digital  5 Enero 2012

El Ejecutivo de Núñez Feijoo continúa con el programa de normalización lingüística de la sociedad gallega, cumpliendo al pie de la letra lo establecido en el Plan General de Normalización de la Lengua Gallega diseñado y aprobado en 2004 por el ejecutivo autonómico entonces presidido por Manuel Fraga.

Este programa de imposición del gallego tiene múltiples vertientes, muchas de ellas impulsadas a través de la subvención pública.

En el caso de los ayuntamientos, el citado plan estableció la necesidad de "consolidar el papel normalizador de las corporaciones locales y de las diputaciones por medio de la generalización del uso del gallego como principal lengua de trabajo y comunicación con sus administrados". Así mismo, también incluyó la obligatoriedad de que el uso del gallego fuera la norma no sólo en las instituciones de la administración local, sino también en todas las empresas subcontratadas sea cual sea su actividad.

En cuanto a los trabajadores municipales, directos e indirectos, la norma exige que "tengan una actitud favorable (sic) al empleo de la lengua propia de Galicia, así como conocimiento oral y escrito suficiente para que atienda en esa lengua al ciudadano que lo desee y que tenga también práctica habitual en la oferta positiva".

Para fomentar todas estas actuaciones, la Junta de Galicia establece múltiples líneas de subvenciones, entre las que se encuentra la publicada hoy en el diario oficial de la comunidad autónoma, en virtud de la cual los municipios gallegos de más de 3.000 habitantes se repartirán más de medio millón de euros. No obstante, si la cantidad resultara escasa para atender todas las peticiones o hubiera suficiente disponibilidad presupuestaria, los créditos para estas subvenciones podrán ser ampliados a juicio de la Secretaría General de Política Lingüística.

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El miembro fantasma
maría jesús cañizares ABC Cataluña  5 Enero 2012

El uso de balas cónicas giratorias en la guerra de secesión americana dio lugar a que muchos soldados sufrieran amputaciones y que el denominado síndrome del miembro fantasma, según el cual la víctima siente dolor en una extremidad que ya no tiene, fuera analizado bajo el rigor científico por neurólogos como Silas Weir Mitchell o más posteriormente, por el cirujano William Livingstone. Pero existe una variante de ese dolor subjetivo, digna de ser recogida en el libro de Javier Moscoso, «Historia cultural del dolor», consistente en sufrir por algo que nunca se tuvo. Y esto es precisamente lo que le ocurre a quienes desgarra el hecho de que Cataluña carezca de un Estado propio que nunca existió.

Hace años que el lamento, el desasosiego y la queja por la ausencia de esa independencia fantasma se instalaron en el Palau de la plaza Sant Jaume, pero a diferencia de sus predecesores, sus actuales inquilinos han optado por la terapia de choque. Así, el presidente Artur Mas ha decidido aprobar una ley de consultas populares con la finalidad, llegado el caso, de preguntar a los catalanes si quieren separarse del resto de España sin pedir permiso al Estado. El tratamiento parece concebido como cura paliativa, dado el carácter no vinculante que tendría ese pseudoreferendo, pero en realidad no va más allá del efecto placebo, pues está dirigido a esos males imaginarios del nacionalismo catalán.

Proponer el «cierre de cajas», como hizo el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, en respuesta al impago de los 759 millones de euros que establece el Estatuto en concepto de inversiones del Estado, sirve de alivio a las plañideras soberanistas, pero como precisa el siempre clarividente catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras, se trata de una deuda falsa, pues nada obliga jurídicamente al Gobierno español a contemplar esa partida en sus presupuestos.

Curar ese miembro amputado que nunca se tuvo requiere de bálsamos políticos, económicos y también culturales, pues el ficticio Estado catalán reclama el control de instituciones que contribuyan al imaginario nacionalista. Y ya se sabe que cuando la enfermedad es inventada, se dispara el riesgo de sobredosis, como ha ocurrido con la elección de Marçal Sintes como director del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB), que no sólo ha herido a ilustres articulistas fieles a CiU —¿celos?—, sino también al alcalde Xavier Trias, quien tenía otro candidato.

el coste para las arcas públicas, el 41%
El presupuesto de Canal Nou supone el 63% de la subida de impuestos
La televisión pública valenciana contará con 150 millones de presupuesto, un 63% de lo que quiere recaudar la Generalidad subiendo impuestos.
Pablo Molina Libertad Digital  5 Enero 2012

El gobierno valenciano reduce un 20% su aportación a RTVV. Aún así, el coste para las arcas autonómicas será de 98,7 millones. Esto supone el 41,5% del montante total que pretende recaudar el gobierno autonómico con la subida de impuestos que ha aprobado este primero de año.

Radio Televisión Valenciana, el consorcio público que gestiona los medios de comunicación audiovisuales de la comunidad de Valencia, tendrá para el año próximo un presupuesto de unos 150 millones de euros. Así, el presupuesto del ente público supone el 63% de los 238 millones que pretende recaudar el Ejecutivo valenciano con su subida de impuestos directos.

Respecto a la aportación de los presupuestos de la comunidad autónoma,cifrada en 98,7 millones, la mayor parte irá destinada al sostenimiento de los dos canales de televisión autonómicos, 87,5 millones, y el resto irá destinado a financiar las emisoras públicas de radio y al ente oficial que se ocupa de la gestión de todo el entramado.

La financiación pública de RTVV ha ido descendiendo en los últimos años a consecuencia de la crisis. El año anterior el gobierno autonómico entregó 123 millones de euros al equipo gestor, que este año se han reducido hasta los casi cien millones que se facilitarán para el ejercicio de 2012.

La comunidad autónoma de Valencia, cuyas finanzas muestran un estado preocupante que ha necesitado contar con el aval del gobierno central para renegociar deudas vencidas, ha aprobado una subida de impuestos en los tramos autonómicos que le permita recaudar 238 millones extraordinarios. Casi la mitad de ese dinero es lo que el ejecutivo de Fabra dedicará a mantener el grupo mediático valenciano.

Por otra parte, a finales de este año la Generalidad de Valencia aprobó un anteproyecto de ley para la Radio Televisión Valenciana, que incluye medidas como la posibilidad de cesar a los consejeros del ente autonómico en caso de que las cuentas del grupo mediático tengan un desfase superior al 10%. Como referencia, el grupo liderado por Canal 9 tuvo unas pérdidas de 183 millones de euros en 2010, una desviación de casi el 100% del presupuesto fijado a comienzos del ejercicio. La deuda total del conglomerado de medios oficiales de Valencia se sitúa actualmente en 1.300 millones de euros.

Dice que son ‘sherpas’ de la represión
Amaiur será portavoz del Grupo Mixto mientras ETA humilla las víctimas
ETA ordena a sus presos que no pidan perdón y en el Congreso su brazo político ejercerá de portavoz del Grupo Mixto.
Agencias Libertad Digital  5 Enero 2012

Amaiur será la portavoz del Grupo Mixto en el Congreso durante los primeros siete meses del año, según el acuerdo al que han llegado las ocho fuerzas que integran este grupo que, con dieciocho diputados -siete de los cuales pertenecen a la coalición abertzale-, nunca había sido tan numeroso.

Fuentes parlamentarias han avanzado también a Efe que el Grupo Mixto ha logrado un acuerdo con la Presidencia de la Cámara para que intervengan también los portavoces adjuntos en las comparecencias en comisión de los ministros.

De esta forma, los partidos pequeños podrán mejorar algo, según las mismas fuentes, su presencia parlamentaria, muy mermada en esta X legislatura tanto por la supremacía numérica de Amaiur como por el incremento de fuerzas políticas en el Grupo Mixto.

Además, se reunirán la próxima semana con el presidente de la Cámara, Jesús Posada, para seguir hablando de cuotas de tiempos, ya que las fuerzas minoritarias quieren que se tenga en cuenta la nueva situación del grupo y se aplique alguna medida que aumente su participación.

De momento y en función de los escaños que tiene cada fuerza, a Amaiur le corresponde la portavocía del Grupo durante siete meses precisamente por contar con siete escaños, un reparto que se completa con tres meses para ERC, dos para el BNG, otros dos para Coalición Canaria y un mes que ejercerán Geroa Bai, Foro Asturias, Compromís y UPN, que sólo tienen un diputado cada uno.

LOGRA TAMBIÉN LA PORTAVOCÍA DEL GRUPO MIXTO HASTA JULIO
Amaiur se queda con las comisiones parlamentarias que debatirán el fin de ETA
Daniel Forcada El Confidencial  5 Enero 2012

Amaiur ha hecho valer su peso dentro del Grupo Mixto y también sus preferencias. A falta de grupo propio, los diputados abertzales ocuparán la portavocía del mixto durante el presente periodo de sesiones, hasta julio, y serán los titulares de las comisiones parlamentarias de mayor peso político, especialmente, las que atañen al final de ETA: la de Interior y la de Justicia, y la de Economía y Competitividad y la de Hacienda y Administraciones Públicas.

Así ha quedado el reparto de comisiones acordado dentro del grupo Mixto entre los ocho partidos políticos que lo integran y que, supone, en primer lugar, la sustitución de la canaria Ana Oramas como portavoz de las minorías, tal y como se había votado, de forma provisional hace un par de semanas. Ese puesto es rotativo de forma mensual y cada grupo lo ocupará el mismo número de meses que su número de diputados. Es por ello que Amaiur ocupará ese puesto durante los próximos siete meses, hasta julio.

El acuerdo se selló en una reunión mantenida este miércoles y ya se ha dado traslado del mismo a la Mesa del Congreso para su ratificación. Los partidos han elegido las comisiones de las que querían formar parte según sus preferencias y su número de escaños, lo que ha permitido a Amaiur, con siete parlamentarios, adjudicarse las de mayor calado político. Además, como portavoces del grupo, formarán parte de la Junta de Portavoces durante los próximos siete meses. Además, Amaiur ejercerá también como adjunta en distintos órganos, entre otros la Comisión de Asuntos Exteriores.

ERC, en secretos oficiales
Amaiur no estará, sin embargo, en la Comisión de Asuntos Oficiales, que podría recaer en Esquerra Republicana y en su portavoz, Alfred Bosch, aunque su presencia está supeditada a un acuerdo con el PP. La formación, segunda en número de escaños, tendrá puesto en la Junta de Portavoces en el segundo periodo de sesiones, entre septiembre y noviembre, y estarán presentes en cuatro comisiones parlamentarias: Constitucional, Defensa, Sanidad y Política Social y la Mixta (Congreso-Senado) sobre el problema de las Drogas.

En cuanto al resto de las minorías, BNG estará en la comisión de Fomento; Coalición Canaria, en la de Industria, Turismo y Energía; Compromis-Equo, en la de Agricultura; UPN, en Exteriores y Nabai, en la de Empleo y Seguridad Social.

Sin acuerdo sobre los escaños
Sobre lo que no hay acuerdo todavía dentro del mixto es sobre el reparto de los escaños que ocuparán sus miembros dentro del hemiciclo. Amaiur no quiere seguir en el gallinero del hemiciclo y busca fórmulas que le permitan bajar puesto en la bancada y tener un mayor protagonismo sin que, de momento, haya acuerdo con el resto de los diputados del Mixto. Ante la falta de acuerdo, el grupo podría presentar el problema a la presidencia de la Cámara para que sea ésta la que decida, finalmente, sobre la disposición de los diputados.

AMENAZAS DE LOS PROETARRAS
Alcaldes de Bildu en Vizcaya afirman que si los presos no regresan a casa no habrá paz
 Minuto Digital  5 Enero 2012

En una rueda de prensa celebrada en Bilbao Itziar Duoandikoetxea y Garazi Abrisketa, alcaldesa y teniente de alcalde de Arrankudiaga, respectivamente; Josean Llaguno, alcalde de Sopuerta; Asier Vega, apoderado en las Juntas Generales; Ana Etxarte, concejala en Bilbao; Beñat Anzola, alcalde de Igorre, e Idurre Bideguren, alcaldesa de Bermeo.

Alcaldes y concejales de Bildu en Vizcaya han afirmado hoy que el actual escenario esperanzador en el País Vasco debe se desarrollado para llegar a “una paz y una democracia reales” y han advertido de que esto no será posible sin “la vuelta a casa de las personas encarceladas y huidas”.

Los dos últimos han ejercido de portavoces del grupo y han efectuado un llamamiento a la ciudadanía para que el sábado tome parte en Bilbao en la manifestación convocada en defensa de los derechos de los presos de ETA .

Los cargos de Bildu se han mostrado convencidos de que “el camino iniciado puede llevar a una solución duradera”, pero han avisado de que “eso conlleva la vuelta a casa de las personas encarceladas y huidas y la superación de las razones del conflicto que vive Euskal Herria”. “No puede haber un escenario de paz y democracia sin ese paso” ya que, según han considerado, la actual política penitenciaria “es un obstáculo frontal para el proceso de soluciones”.

Por su parte, Lokarri, ha anunciado su adhesión a la manifestación de este sábado porque, tras el anuncio de ETA de cese definitivo de la violencia, “no se puede actuar con las mismas estrategias del pasado”. En una nota, Lokarri ha considerado que la política “no puede seguir siendo un instrumento de lucha contra el terrorismo” y debe convertirse en “una herramienta de reintegración social”, por lo que ha reclamado el final de la dispersión, el acceso a los beneficios penitenciarios y la mejora de las condiciones en prisión para los reclusos etarras

ERANDIO
Cinco imputados por el programa de fiestas
El Correo   5 Enero 2012

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska citó ayer a declarar en calidad de imputados a cinco vecinos de Erandio por la inclusión de una imagen del Arrano beltza (Águila negra) y un mensaje de apoyo a presos de ETA en el programa de fiestas de la localidad vizcaína de 2011. Los convocados por el magistrado son los cuatro integrantes de la directiva de la asociación cultural Hegoalde y el presidente de la comisión de fiestas.

ATENTADO CONTRA EL PSE
Nueve años de cárcel para el etarra Castro
El Correo  5 Enero 2012

La sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional condenó ayer a nueve años de cárcel al etarra Manex Castro por participar en el atentado contra la sede del PSE en la localidad guipuzcoana de Lazkao el 23 de febrero de 2009, mientras que absolvió a su compañero Mikel Garmendia como colaborador de estos hechos. Castro, también procesado por el asesinato del empresario Inaxio Uria, es considerado autor de un delito de terrorismo y otro de tenencia o deposito de explosivos.

VITORIA
Huye un miembro de Segi condenado a 8 años
El Correo  5 Enero 2012

Ekaitz Samaniego, miembro de Segi condenado por la Audiencia Nacional a ocho años de cárcel por pertenencia a organización terrorista y como autor del lanzamiento de un cóctel molotov contra el tranvía de Vitoria en 2009, ha decidido «esconderse por un tiempo» para «dar pasos a favor de la justicia», según informa J. Elizaran. El vitoriano, en busca y captura desde el 31 de diciembre, afirma en un vídeo que circula por Internet que «esquivar la ley» es la mejor manera de «hacer visible» su caso y el de «otros parecidos».

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