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Recortes de Prensa   Viernes 6 Enero 2012

 

Reordenación regional
José Antonio VERA La Razón 6 Enero 2012

Lo dejó claro el colectivo «Javier de Burgos» en un libro de los 80 sobre las autonomías: la nueva configuración regional española es perversa porque carece de los elementos de cohesión de los modelos federales y consagrará a la larga un sistema confederal. Tenía tanta razón que es lo que al final se ha producido. Las autonomías son mini-estados independientes no sujetos al control central en aquellos ámbitos de competencias que les son propios. Pueden endeudarse, gastar, crear empresas, embajadas en el exterior y casi todo lo que quieran sin que nadie les diga nada ni se les bloqueen sus actuaciones. El resultado a la vista no ha podido ser peor, y ahora pagamos las consecuencias. Los gobiernos autónomos han gastado sin parar y sin mirar, y hoy están muchos de ellos en situaciones de semi-quiebra, soportando plantillas de funcionarios hinchadas, exceso de empresas y fundaciones públicas, derroche en coches, despachos oficiales y una deuda exagerada por la construcción de palacetes, edificios, complejos y lujos.

Tiene razón el ministro De Guindos cuando subraya que todo esto hay que racionalizarlo, sobre todo si, como parece, muchas autonomías van a tener problemas de liquidez y solicitarán ayuda al Estado. Es evidente que España no puede dejar que se arruine ninguna de sus regiones. Pero también lo es que las ayudas no deben ser a fondo perdido ni a cambio de nada. Tal y como ocurre con los Estados dentro de la UE, las ayudas o «rescates» en situaciones límites tienen un coste y un precio. El dinero se presta a un interés preferente pero a cambio de que las cuentas del organismo perceptor sean supervisadas. O sea, que la autonomía que pida ayuda habrá de someterse a un estricto control de su presupuesto y de su gasto. Parece razonable. Lo contrario no tendría ningún sentido.

Sr. Rajoy, baje a la calle
 Jesús Fernández Briceño www.gaceta.es 6 Enero 2012

20.000 millones más de déficit es un saqueo de las arcas públicas que no puede quedar impune.

Sr. Rajoy, es posible que no haya más remedio que aplicar medidas de ajuste como las que han aprobado, incluso más graves, pero no lo haga desde el Olimpo de La Moncloa. Baje a la calle y hable con los ciudadanos. No se escude en comunicados sin preguntas y záfese en ruedas de Prensa con periodistas incómodos. Usted ha ganado las elecciones por mayoría absoluta, pero eso no le da patente de corso para decir digo donde antes dijo Diego. A muchos no hace falta que nos convenza, porque las cuentas sólo se arreglan gastando menos o recaudando más, o las dos cosas al tiempo, pero la calle exige una explicación de su presidente.

Explique cómo es posible que el gasto público haya aumentando en 20.000 millones en 15 días y los ministros del PP abracen y sonrían a los cesantes del PSOE como si no hubiera pasado nada; 20.000 millones de desviación en el presupuesto, que equivalen a esos dos nuevos puntos de déficit, son una cantidad astronómica que no puede achacar a unos políticos manirrotos o a una negligencia contable. Es un saqueo de las arcas públicas que no puede quedar impune. Si las cuentas son verdad han fallado todos los controles del Estado y sobran los consejeros de Economía de las comunidades autónomas. Para qué tantos Tribunales de Cuentas y tantos Defensores del Pueblo si alguien es capaz de gastarse 20.000 millones impunemente.

Usted tiene que explicar por qué nuestro sistema político tan garantista permite que estos gestores se vayan de rositas. Ahora tiene que escarbar en los bolsillos de los contribuyentes subiendo los impuestos que dijo que no iba a subir. Ha empezado por el IRPF, el IBI y el ahorro. Apuesto a que acabará subiendo el IVA. Bajar el déficit del 8% al 4% es una tarea titánica. Pero sea valiente y salga a la calle a contarlo, aunque se deje algunos pelos de la barba en la gatera.

El retiro infame de Zapatero
Editorial www.gaceta.es 6 Enero 2012

En la vida corriente, cuando un individuo se equivoca o comete un delito pueden ocurrirle dos cosas: pasar desapercibido e irse de rositas o ser pillado in fraganti y acabar en el banquillo y, en su caso, entre rejas. Pero que le pasen las dos cosas a la vez resulta injusto e inadmisible. Y eso es lo que está pasando con Zapatero, al que se le está dando un retiro dorado por haber sumido a España en la ruina. Una manera de medir a todas luces injusta y una asignatura pendiente de numerosas democracias. Y no se trata de una cuestión baladí, sino de algo que convendría afrontar mejor antes que después. Porque, ¿acaso cabe en la cabeza que al peor político de la democracia, al que ha sumido a España en la mayor crisis financiera, económica, social, institucional, política y moral de la historia reciente no afronte sus responsabilidades?

Nos guste o no, Zapatero no sólo se va a ir de rositas sino que, además, se va con un retiro dorado –150.000 euros anuales entre su asignación como ex presidente y la de vocal del Consejo de Estado–, adornado con el Collar de la Orden de Isabel la Católica, que conlleva el disfrute de una dotación para gastos de oficina, dos asistentes y otros privilegios. Una broma de muy mal gusto y una falta de respeto a los millones de votantes que decidieron que los socialistas, cuantos menos y más lejos, mejor.

Por ello, resulta indignante que el ex presidente no haya tardado ni una semana en comunicar su voluntad de ingreso en el Consejo de Estado y beneficiarse así de una modificación legal que él mismo propició en diciembre de 2004, por la que se garantizaba un puesto en este órgano con carácter vitalicio a quienes “hayan desempeñado el cargo de presidente del Gobierno”. Además, con el agravante de que el estatuto personal y económico adquirido sería compatible con la pensión que le corresponde por haber ejercido como jefe del Ejecutivo. Es decir, Zapatero percibirá cada año unos ingresos de 72.800 euros del Consejo de Estado, a los que hay que sumar alrededor de otros 74.000 euros brutos como asignación por sus años de presidente. Así pues, y si Dios no lo remedia, el próximo mes de febrero, en cuanto deje la Secretaría General del PSOE, se podrá fijar el calendario para su nombramiento y acceder a un despacho permanente en la sede del Consejo de Estado, una prebenda que sus antecesores González y Aznar apenas utilizaron.

El agravio es clamoroso. Zapatero ha sido, sin duda, el peor presidente de la democracia española. Quiso llevar a España a la rendición ante ETA, ofreciendo a los terroristas triunfos políticos, traicionando el sacrificio de las víctimas y denigrando a sus familias. Su política internacional nos ha alejado de Occidente para acercarnos a regímenes totalitarios como Cuba o Venezuela. Su apuesta por aliarse con los nacionalismos ha producido el Estatuto catalán, un engendro que consagra la desigualdad entre los españoles. Ha dividido a los españoles con leyes como la del matrimonio homosexual, la igualdad, la memoria histórica, el aborto, la educación para la ciudadanía....

Pero ha sido la economía la que finalmente le ha dado la puntilla. Su ineptitud en la materia –la suya y la de su equipo económico– y el sectarismo ideológico con el que se enfrenta a todos los asuntos que ha abordado han agravado en España una crisis que ha dejado a cinco millones de españoles sin empleo. Por todo ello, resulta indignante que en vez de que recaiga sobre él todo el peso de la Justicia por las consecuencias infamantes de su gestión al frente del Gobierno, se le mime con una serie de prebendas tan injustas como inmerecidas. Un tema más para la agenda del nuevo Gobierno.

Contra el fraude y el despilfarro
El Editorial La Razón 6 Enero 2012

El Gobierno de Mariano Rajoy está firmemente decidido a combatir el fraude y el despilfarro de las administraciones públicas, según se desprende de las decisiones tomadas ayer por el Consejo de Ministros. Su portavoz, Sáenz de Santamaría, informó de que se pondrá en marcha una serie de medidas estudiadas por los técnicos tributarios, tales como limitar el volumen de las transacciones en dinero efectivo, para aflorar bolsas de economía sumergida y perseguir conductas fraudulentas. Hacienda calcula que así podrá recaudar más de ocho mil millones de euros.

Ni que decir tiene que la persecución del fraude fiscal, exigencia elemental en un Estado de Derecho, resulta especialmente necesaria cuando a los contribuyentes se les impone un esfuerzo añadido para cuadrar las cuentas públicas. Bienvenidas sean, por tanto, las medidas del Gobierno, que incluso deberían ser más ambiciosas para atajar una economía sumergida cuyo volumen se estima en 200.000 millones de euros.

Tampoco debe temblarle el pulso a Rajoy a la hora de poner coto a la sangría constante que para las arcas públicas supone la proliferación de entes públicos, una especie de administración paralela que en los últimos siete años ha engordado un 50%. Según un informe de Hacienda, existen a día de hoy más de cuatro mil organismos, consorcios y entidades que se superponen en los niveles local, autonómico y estatal sin mucho orden ni concierto, duplicando funciones y solapando competencias.

Buena parte de este entramado público fue creado por interés partidista para colocar a dirigentes sin oficio ni beneficio y a familiares y amigos de altos cargos, de modo que se ha generado un ejército de interinos cuyo coste es escandinavo y su productividad es africana. Pero sobre todo ha sido utilizado para encubrir grandes partidas de gasto y maquillar el déficit real. Ante tamaño escándalo, el anterior Gobierno ya planteó en 2010 suprimir 515 organismos. La poda, sin embargo, se quedó en sólo 71. El equipo de Rajoy debe poner un interés preferente en este asunto porque es incongruente que se combata el fraude fiscal, por un lado, mientras que por otro se admite el fraude de unas entidades sin razón de ser. En este punto, como en el de la economía sumergida, es imprescindible el protagonismo de las comunidades autónomas. La portavoz del Gobierno anunció ayer que en este mes se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar estas cuestiones. Será ocasión oportuna también para acordar las líneas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los límites de gasto y de déficit, así como la nueva política de financiación. Nadie debe olvidar que la Constitución ha sido reformada precisamente para eso, para impedir nuevos despilfarros de políticos irresponsables. Ya era hora.

AFRONTA VENCIMIENTOS DE 1.500 MILLONES A CORTO PLAZO
Las empresas públicas de CCAA y ayuntamientos deben a los bancos más de 17.000 millones
Daniel Toledo El Confidencial 6 Enero 2012

Las empresas que han proliferado al abrigo de autonomías y ayuntamientos se han convertido en un auténtico pozo sin fondo. Y más por su voracidad que por su número. Según datos del Banco de España a mes de septiembre, los entes públicos de comunidades y municipios tienen comprometidos créditos con instituciones financieras por valor de 17.114 millones, de los cuales 1.448 vencen en los próximos doce meses. En total, la deuda de estos organismos asciende a 24.785 millones, el equivalente a todo el presupuesto inicial del Ministerio de Trabajo para 2011 o cinco veces los fondos consignados para Fomento, el departamento inversor por excelencia.

La vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Sáenz de Santamaría, marcaba ayer como una de las prioridades del Ejecutivo para los próximos meses la racionalización del sector público empresarial, en línea con el fallido plan ya acordado hace dos años por el Gobierno socialista y las autonomías para eliminar 514 empresas. La ministra estimó que más de 4.000 compañías conforman el entramado societario dependiente de las administraciones públicas. Más inquietante es el agujero que acumulan. Y es que los diferentes gobiernos han utilizado tradicionalmente estas empresas para desviar inversiones, ya que el gasto de estas entidades no computa como déficit.

En esta línea, el Círculo de Empresarios recordaba recientemente que la deuda de las empresas públicas se ha más que duplicado desde el año 2004 hasta el final de 2010, “pasando del 0,7% sobre el PIB al 1,6%”. E incidía en su utilidad. “Son un mecanismo de posible indisciplina fiscal, ya que su deuda puede no contabilizarse en la metodología del protocolo de déficit excesivo. Al respecto, resulta muy significativo que las comunidades autónomas más endeudadas sean precisamente las mismas que mayor número de entes y empresas públicas han creado a lo largo de los últimos años”, subrayaba en un informe sobre la situación de las administraciones territoriales.

Según el Banco de España, las empresas públicas de las comunidades autónomas manejan una deuda de 15.495 millones. De ellos, 9.091 tienen que satisfacerse a instituciones financieras y 699 deben abonarse a corto plazo. Un total de 1.424 millones está en obligaciones y deuda no negociable. El agujero en estas sociedades equivale a un 11,5% de los compromisos de las autonomías, que se elevan a 135.151 millones de euros. Una cifra de la que deben responder sobre todo Cataluña (39.268) y Valencia (20.469), culpables de casi la mitad del entuerto. Precisamente la comunidad catalana es la que más sector público empresarial mantiene, con 454 de los 2.290 organismos censados por Hacienda a 1 de julio de 2011.

El ‘agujero’ de los ayuntamientos
En lo que respecta a los ayuntamientos, la deuda total se eleva a 9.390 millones, de los que 8.023 son préstamos recibidos de instituciones financieras. De acuerdo con los números que maneja el supervisor, tendrán que afrontarse pagos por importe de 779 millones en los próximos doce meses. La deuda total de los ayuntamientos alcanza los 36.701 millones de euros, con lo que sumarle el frente de las empresas públicas elevaría el desaguisado en más de un 25%. Los casi 25.000 millones de deuda que acumulan las empresas públicas regionales equivalen al recorte que tiene que acometer el Ejecutivo para dejar el déficit público en el 4,4% en 2012.

El Gobierno dejó claro ayer tras el Consejo de Ministros que exigirá a las comunidades autónomas que cumplan el compromiso de reducción de entes pactado con el Gobierno socialista en marzo de 2010 y que hasta ahora ha sido papel mojado. El denominado Acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales recogía un compromiso de eliminación de 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizados. Un año después, a 1 de julio de 2011, apenas se habían suprimido 69, el 13,4%. Los números demuestran que las autonomías se han limitado a dar largas a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace dos años.

Por ejemplo, Andalucía contaba con 377 empresas a 1 de julio de 2010. Un año después, seguía registrando la friolera de 372, apenas cinco menos a pesar de compromiso de eliminar 111. En casos como el de Asturias, Hacienda simplemente subraya que “no se ha tenido conocimiento de ninguna medida concreta en relación con las empresas públicas del Principado”. La cifra de organismos dependientes de los gobiernos autonómicos aún se incrementa si se tienen en cuenta que el País Vasco queda fuera del inventario y que Hacienda no incluye aquellos en los que participan varias comunidades, un total de 40. Ceuta y Melilla aportarían otros 32 entes. Con esas incorporaciones, la cifra total que maneja el Ministerio es de 2.431.

Se equivocó el PP, se equivocaba.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 6 Enero 2012

No es que quiera plagiar al genial poeta, sino que solo exponer mi opinión sobre las dos semanas de Rajoy y su Gobierno y las ¿medidas? que hasta ahora ha tomado contra la crisis. Y la verdad, es que sinceramente creo que se ha equivocado hasta ahora en casi todo, empezando por el incomprensible halago y peloteo innecesario a Zapatero y el resto de su equipo, sobre todo Rubalcaba, Salgado. Y es que volvemos a los viejos errores y complejos de una filosofía arriolista de corto alcance y timorata.

¿Qué ha pasado con aquellas 100 medidas para la crisis y sus prioridades?¿Qué ha sido de ese discurso de investidura y las promesas de cambio y regeneración democrática? Todo parece indicar que las únicas ideas que se le ocurren a este Gobierno son las de siempre, hacer recaer el peso de la crisis sobre aquellos que no pueden defenderse por estar asalariados o dependientes de los presupuestos generales. Basta ver cómo hemos pasado de prometer recuperar el poder adquisitivo de las pensiones, a una subida meramente testimonial del 1%, birlando 1,4 puntos del IPC real. Mientras por otro lado se inicia una subida indiscriminada de impuestos directos como el del IRPF, y se asoma en el horizonte la subida del IVA.

En su discurso de investidura Rajoy dijo que " en política no existe la herencia a beneficio de inventario. Sabíamos y sabemos lo que nos espera y sabíamos y sabemos que se nos juzgará por lo que consigamos y no por lo que intentemos o por cómo hayamos encontrado las cosas". Pues la primera cosa que ha hecho Rajoy ha sido apoyarse para la subida de impuestos en que el déficit real, tras el análisis del inventario, es del 8% o superior en vez del 6% que aseguraba la Sra. Salgado Ministra de Economía. Claro que sabíamos que los cajones estarían llenos de sorpresas desagradables, lo que no es admisible ahora es sorprenderse y excusarse en lo inevitable de las medidas.

En cuanto a las medidas urgentes, aludió igualmente al redimensionamiento del sector público y del personal a su servicio, congelando la oferta de empleo público excepto para las FFAA y FFyCCSE. Ninguna medida se ha tomado en ese sentido. En cuanto a la resstructuración y supresión de Organismos Autónomos, Agencias y otras entidades públicas, hasta ahora esa urgencia se ha limitado a una eliminación del 10% de las empresas públicas 450 de 4.500. En cuanto a la reducción del gasto de la Administración recortando de los gastos corrientes, gestión del patrimonio inmobiliario y la racionalización de los medios personales y materiales, nada de nada.

Por último, el tema esencial de la reestructuración del sistema financiero, con la reordenación del sector para que permanezcan entidades rentables, fiables y solventes, con el saneamiento de los balances mediante la venta de los inmuebles terminados, valoración realista de los activos inmobiliarios y planificación de fusiones, supervisión del Banco de España, etc., las medidas han quedado limitadas a que el Banco de España averigüe el sueldo de los altos ejecutivos de las entidades en riesgo y que deben ser o han sido ya socorridas para su reflotación a costa del erario público.

Como podemos comprobar, de lo dicho y de las buenas intenciones, se ha pasado a una situación de pánico escénico en el que las prioridades se han cambiado pasando de un control del gasto a una recaudación salvaje y expolio de las clases medias y bajas de la sociedad. Los auténticos culpables dl desastre han sido felicitados e incluso condecorados, y los nuevos gestores han llegado al patetismo de poner en puestos de responsabilidad a personajes que hasta las mismas elecciones eran abanderados del PSOE y de su candidato.

Por eso modestamente recojo aquél poema de Rafael Alberti concluyendo aquello de " Se equivocó el PP, se equivocaba. Por ir al Norte, fue al Sur. Creyó que el trigo era agua, se equivocaba.....se durmió en la orilla. Tú en la cumbre de una rama".

España no puede admitir estos errores de bulto y que la alternancia en el poder evidencie la incompetencia de esta casta de políticos.

P.D.: Les deseo a todos un feliz y próspero año 2012. Es un deseo, quizás un sueño, espero que el PP no lo estropee.

Difícil salida, difícil entrada de año
Alberto de la Hera Estrella Digital 6 Enero 2012

La entrada en el nuevo año está siendo difícil. Y lo que nos queda. Pero si entramos mal es porque mal salimos. Y a la catastrófica salida nos han conducido diversas causas. A ver.

La primera, la Crisis. No es culpa nuestra que se haya producido a nivel internacional, pero sí el no haber sabido preverla, prepararle remedios e intentar paliar sus efectos. Cuando en el año 2004 subió el PSOE al poder, se marcó todo el acento sobre la presencia española en Irak; ese era el gran delito, ese era el gran mal, ese era el gran error. Y culpando al Gobierno de Aznar de ese inmenso crimen -que por otra parte carecía de toda consecuencia funesta para nosotros, se lo viese desde donde se lo viese-, se distrajo la atención pública de un hecho que sí que era gravísimo: la liquidación en un tiempo record de la excelente situación económica en que Aznar y su ministro Rato nos acababan de dejar.

Puedo entender incluso que se creyese que dialogando con lo terroristas de ETA se podía alcanzar la paz en el País Vasco. Era un error de bulto, se cayó en él y no se consiguió nada. Pero acepto que algún ingenuo pudo creerlo. Lo que en cambio no cabe comprender es que, recibiendo una economía saneada y una situación laboral muy aceptable, se tirase todo por la borda sin reflexión alguna. Que Zapatero no sabe una palabra de Economía es de todos conocido. Pero ¿y sus ministros, sus asesores? Que el Presidente pensase que lo mejor era ocultarle a los españoles la catástrofe que se avecinaba, que creyese que iba a poder sobrevivir en Europa sin hacer el menor caso de los timbres de alarma, que estimase posible engañar a Alemania, a Francia, a Bruselas, y a toda España, simplemente nos habla de la envergadura política y moral del personaje. Pero ¿y su consejeros? ¿Por qué no le advirtieron, exigiéndole hacer frente al desastre de un modo racional, o por qué no dimitieron, si se lo advirtieron y él no les hizo caso?

De lo anterior, lo primero que se deduce es una absoluta descalificación del PSOE para gobernar. Los hechos son irrebatibles. La crisis no fue ni advertida ni prevista, y lo hemos pagado todos los españoles, unos más y otros menos, pero el mal es general. ¿Se lo debemos a Zapatero? Se lo debemos también a sus colaboradores y a su Partido. Por eso digo que hoy por hoy el PSOE ha quedado de todo punto descalificado. Las peleas internas, que si Rubalcaba, que si Chacón, que si un tercero…, lo mismo da que si un cuarto o un quinto. Hoy carecen todos ellos de la más mínima credibilidad. Y me temo que mañana también. Porque esa izquierda socialista que tanto presume de todo, no tiene nada. No tiene ni programa. Las viejas conquistas sociales ambicionadas por el socialismo histórico están hoy o consolidadas o desprestigiadas. No tienen nada que proponer. Bueno, sí, ataques dictatoriales a la moral, en los planos educativo, familiar, social... En eso se ha quedado el socialismo. Para eso hay un Partido, unos Sindicatos que son una vergüenza, unos paniaguados que chupan del bote a mansalva. Alguien, no uno de los ya consolidados como culpables u obsoletos, tendrá que refundarlos.

¿Quién? Habrá, no lo niego, socialistas dignos y honrados. Pero los que conozco y me parece que lo son, o han asentido o, a lo sumo, han guardado silencio. O sea, nos han defraudado. Porque tanta pasividad no deja de ser culpable.

Y aún hay otro mal que pesa sobre nuestras espaldas: las Comunidades Autónomas, que han caído -en su mayor parte- en el despilfarro de un lado y en el monopolio de otro. Despilfarro en funcionarios, oficinas, empleados y locuras, o sea, en la economía. Y monopolio, a base de competencias cedidas, en lo demás. Por ejemplo: hacerse con el monopolio de la educación supone que haya un plan de estudios para cada universidad, que el alumno no pueda pasar de una a otra, que lo que se enseña aquí allí se desprecie; la enseñanza monopolizada por los poderes autonómicos ha arruinado intelectualmente a España. Lo mismo puede decirse del control del orden público, o de la política de inmigración, o del intento de fragmentar la justicia, o la lengua, o lo que se tercie. Cada cual se queda con lo suyo, lo atrinchera y lo enquista, Los presupuestos al garete, los gastos al Everest, y la unidad nacional -no sólo la idea, sino la praxis- al recuerdo de los que todavía saben historia (una docenita). Los demás, al paro, que el dinero es necesario para costear los “hechos diferenciales”. Que hay que ver lo que se llevan…

Subida de Impuestos
¿Culpa de los socialistas?
Guillermo Dupuy Libertad Digital 6 Enero 2012

"La culpa de lo que han hecho no la tienen ellos, sino los socialistas", dicen unos. "Lo han explicado mal, pero no había otra alternativa", vienen a repetir otros, todos en defensa del escaso recorte del gasto público que ha llevado a Rajoy a incumplir su promesa de no subir los impuestos.

Naturalmente, no voy a negar la responsabilidad de los socialistas respecto a la dramática situación que padecemos, incluido el hecho de que el déficit público haya sido dos puntos superior al comprometido; pero que uno no sea el causante de un problema no le exime de ser el responsable de haberle dado una mala solución.

En este sentido, ¿tienen la culpa los socialistas de que Rajoy no compareciese ante las cámaras de televisión para anunciarnos, con la gravedad y solemnidad precisas, que el Gobierno de Zapatero ha dejado un agujero mayor que el que había anunciado y comprometido? ¿Tienen la culpa los socialistas de que Rajoy no haya anunciado que el recorte del gasto público, que el PP ya tenía previsto, se tenía que aumentar, por este hecho, en 6.200 millones de euros? ¿Es culpa de los socialistas que, en lugar de hacer eso, Rajoy se ocultase y enviase a unos patéticos Sáenz de Santa María, De Guindos y Montoro a decirnos, desconsolados, que ese desvío en el déficit se iba afrontar, no con una superior reducción del gasto de las administraciones públicas, sino con un aumento de los impuestos?

¿Son culpables los socialistas de que Rajoy haya preferido subir los impuestos antes que suprimir despilfarros como los miles de millones de euros que los funcionarios van a seguir dedicando a la llamada "cooperación al desarrollo", al "fomento y estabilidad de la inserción laboral", a las "transferencias a RTVE" o al "fomento y coordinación de la investigación científica y técnica"? ¿Tienen culpa los socialistas de que Rajoy considere preferible gravar con más impuestos a los únicos que pueden crear empleo antes que impedir a los funcionarios que sigan promocionando con el dinero del contribuyente la "promoción comercial e internacionalización de la empresa", la "explotación minera", la "reconversión y reindustrialización" o el "desarrollo de la economía social y de la responsabilidad social de las empresas"?

¿Tienen los socialistas culpa de que Rajoy prefiera subir impuestos antes que recortar en más de un ridículo 20 por ciento las multimillonarias subvenciones a los sindicatos, patronal y partidos políticos? ¿Tienen la culpa los socialistas de que Rajoy no haya afrontado el problema del déficit por la exclusiva vía de la reducción del gasto, lo que se puede hacer –tal y como Rallo ha demostrado, no con insultos, sino con números– sin recortar en un sólo céntimo las partidas dedicadas a sanidad, educación, pensiones, seguro de desempleo, policía, jueces e intereses de la deuda?

¿Sería algo malo y achacable a los socialistas, por otra parte, que Rajoy se atreviese a aplicar formas de copago que acabasen con el abuso e introdujeran la racionalidad en el consumo de bienes y servicios falsamente llamados "gratuitos"?

Pues si todo esto es culpa de los socialistas, será verdad que los hay a diestra y a siniestra.

SÁENZ DE SANTAMARÍA CAMBIA POR QUEJAS LOS ELOGIOS DE ENTONCES
El “ejemplar traspaso de poderes” ya suma dos engaños por 20.668 millones
@Ángel Collado El Confidencial 6 Enero 2012

El “traspaso de poderes ejemplar” entre el PSOE y PP del mes pasado ya es la mejor operación de imagen del Gobierno Zapatero con el beneplácito del entrante de Rajoy: un gran y millonario engaño denunciado por Consejo de Ministros. El viernes 30 “faltaban” dos puntos de déficit público (20.000 millones de euros) y una semana después unas décimas en el balance de la Seguridad Social: otros 668 millones. Soraya Sáenz de Santamaría, que dirigió ese traspaso por parte del partido vencedor, es ahora la encargada cada semana de explicar las caídas del guindo del nuevo Ejecutivo.

La terquedad de los datos reales y el hecho de que el Gobierno de Zapatero había hecho unas previsiones económicas a la medida de la campaña del PSOE (como sostuvo siempre el PP en la oposición) ha tornado en palabras de escándalo y lamento lo que en diciembre eran elogios sobre “la transparencia” y buena disposición de los socialistas salientes.

“Esto no nos lo habían contado”, “lo pedimos por escrito y no nos respondieron” o “nos dijeron que habría una pequeña desviación, pero no tanto”. Esas son las frases que ahora repiten en los ministerios económicos y en la Vicepresidencia del Gobierno para explicar el romance invernal que vivieron con Ramón Jáuregui y los secretarios de Estado que le acompañaban en fotos y posados de televisión para “el mejor proceso de traspaso de poderes de la democracia” que se debía instituir para futuros relevos.

Como reconocía ya por entonces uno de los actuales ministros económicos, ajeno a la operación de imagen, “el traspaso de verdad empieza cuando el nuevo ministro llega a su despacho y pide las cuentas al auditor”. A la semana de jurar los cargos fue cuando el nuevo Ejecutivo empezó a conocer la situación real de la economía, que el déficit era “del entorno del 8%” y no del 6 como dejó dicho Elena Salgado.

Esta semana le ha llegado el turno a la Seguridad Social. El secretario de Estado responsable, Octavio Granado, había empezado por sostener que las cuentas estaban equilibradas. Cuando el PSOE perdió las elecciones pasó a comentar que igual había un cierto desfase. El nuevo Ejecutivo ya ha puesto cifra: los 668 millones anunciados ayer por Soraya Sáenz de Santamaría. Otro problema añadido del previsto desastre de la herencia económica

En el “ejemplar traspaso de poderes” faltaron tantos datos que en fuentes gubernamentales reconocen que Cristóbal Montoro ha presentado su primer informe para el recorte del sector empresarial público sin saber bien por dónde empezar porque el Gobierno saliente carece de datos actualizados. El ministro de Hacienda ha tenido que recurrir a un documento de la Intervención General del Estado que daba en 2009 el dato sobre la existencia de 4.000 empresas públicas y fundaciones en el conjunto de las tres Administraciones: la central, la autonómica y la local.

Barra libre autonómica desde 2004
Los gobiernos autonómicos llevaban desde 2004 en régimen de barra libre en materia de creación de empresas públicas o semipúblicas para intervenir en la economía o para ocultar déficit. Se aplicaba al detalle la política general de Zapatero en la materia: el Estado entraba en una segunda fase de desarrollo de las autonomías con los estatutos “de nueva generación”, el estatuto catalán por encima del marco constitucional, más los cambios “jurídico-políticos” que se empezaron a negociar con ETA para el País Vasco.

Ahora resulta, según se lamentan en los citados medios gubernamentales, que el Gobierno desconoce cuántas empresas públicas o participadas y fundaciones hay en el Estado (salvo las dependientes de la Administración central), a qué se dedican de verdad, qué plantilla tienen, el régimen de personal de sus trabajadores (funcionarios, contratados, eventuales, subcontratados…). “Y por supuesto que no sabemos cuánto ganan ni sus directivos ni sus empleados”, remachan.

Ante la magnitud del problema de ese sector público incontrolable (los “entes” autonómicos generaron una deuda de 5.000 millones en los últimos tres años), el Gobierno convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera para estudiar con los ejecutivos autonómicos el recorte urgente de todo ese sector. Como explicó Soraya Sáenz de Santamaría, sin faltar a los principios fundamentales del Estado autonómico, es al Gobierno central a quien corresponde dar explicaciones y cumplir los compromisos adquiridos por el Estado o Reino de España ante las instituciones europeas de reducción del déficit público a un 4,4% cuando acabe el presente ejercicio.

Plan de ajuste
No a la desleal competencia pública
Francisco Aranda Libertad Digital 6 Enero 2012

Si buscamos la definición de empresa en la RAE encontramos: "unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos" (énfasis añadido). De esta descripción se desprende que, para considerase como tal, una empresa debe ganar dinero a cambio de ofrecer un servicio o producto. Algo cada vez más difícil para las empresas españolas, especialmente para las pequeñas: están ahogadas por la intolerable morosidad de las administraciones públicas, no tienen acceso al crédito y su capital humano no dispone de flexibilidad para poder adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado. Pero hay otro problema que se suma a estos: la competencia desleal. Una competencia que viene de las administraciones, las cuales, supuestamente, están para favorecer la iniciativa privada y la seguridad jurídica, actuando como meros árbitros.

En los últimos cuatro años han desaparecido más de 300.000 empresas en nuestro país, lo cual ha sucedido con la connivencia del Gobierno de Zapatero, porque muchas lo han hecho por no poder soportar la competencia de un mercado donde lo público no juega con las mismas reglas. La Administración Pública, haciendo uso de su fuerza y de su poder, entra en el mercado y se lleva clientes. Una práctica cada vez más habitual, como demuestra el hecho de que en España haya más de 4.000 empresas públicas, la mayoría creadas por las comunidades autónomas. En sólo cinco meses de 2010 se crearon 31. Entidades que cuentan con ventajas añadidas frente a las privadas: agilidad en el proceso de constitución, tienen a sus respectivos gobiernos como garantes, subvenciones, el legislador en casa...

La proliferación de estas entidades podría –a lo mejor– estar justificada si fuesen rentables y ofrecieran un buen servicio, pero su ineficiencia y SU deficiente servicio están más que probados, no sólo a causa de la burocracia administrativa y la falta de estímulo de sus equipos. Los datos del Banco de España evidencian que en los últimos tres años el endeudamiento de las más de 4.000 compañías públicas casi se ha duplicado, pasando de 38.523 millones a finales de 2008 a 57.170 en el tercer trimestre de 2011.

El principal objetivo que se ha marcado el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy es cumplir con la reducción del déficit comprometida ante Bruselas. Para ello tendrá que recortar al máximo la partida del gasto público. Y uno de los apartados en los que existe mayor recorrido para ajustar es el ligado a las empresas y fundaciones públicas. Las comunidades autónomas afrontan un reto sin precedentes: eliminar 445 empresas públicas en los próximos meses para recortar su abultado gasto y reconducir su déficit. Por tanto, si para recortar gasto hay que eliminar empresas públicas, su existencia es totalmente arbitraria y caprichosa.

Los datos obtenidos por estas empresas muestran que no existe justificación económica para su mantenimiento, ya que son ineficientes e introducen distorsiones en el mercado. Esta intervención pública ya no se hace imprescindible en la mayoría de los sectores donde se estaba produciendo, como se ha podido ver en los últimos años. Sin embargo, su presencia en el mercado sigue aumentando sin control.

Las administraciones públicas crean sus propias empresas para, presuntamente, solucionar necesidades coyunturales, añadiendo, de esta forma, un coste fijo a las arcas públicas. Si en vez de este mecanismo los ayuntamientos, las comunidades autónomas o el propio Estado optaran por contratar a empresas privadas para prestar esos servicios, estarían convirtiendo el coste en variable, a la vez que ganarían en eficiencia, por el grado de experiencia y conocimiento de estas compañías.

Es momento de favorecer la iniciativa privada, porque es la única que nos puede sacar de este hoyo.

Francisco Aranda Manzano es vicepresidente ejecutivo de FENAC (Federación Nacional de Asociaciones de Consultoría)

Puede seguirlo en Twitter en @FENACFederacion

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SUMA Y SIGUE
El Ejecutivo de Fabra no pagó la Seguridad Social de sus trabajadores
El Semanal Digital 6 Enero 2012

La deuda con una entidad era sólo la punta del iceberg en los problemas de liquidez de esta comunidad autónoma que además de no cumplir con las cotizaciones tampoco avisa de sus intenciones.

Apenas 24 horas después de tratar de simular "normalidad" en sus cuentas, este jueves se conocía que la Generalitat Valenciana no pagó la cuota a la Seguridad Social de sus funcionarios correspondiente al mes de diciembre. 74 millones de euros de obligado cumplimiento que, sumados a la deuda de 123 millones de euros con Deutche Bank -subsanada por la intervención del Gobierno central-, dejan en evidencia el importante problema de líquidez que sufre el Ejecutivo autonómico que preside Alberto Fabra.

Esta situación, no obstante, no es la primera vez que se produce. Según informó el diario El País, a finales de 2010, la Generalitat amenazó con no pagar un mes y la Seguridad Social de acuerdo con el anterior ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, le ofrecieron una rebaja en su couta ajustándola al número real de funcionarios y no a los habidos el año anterior como se suele hacer. Una "oferta" de la que sólo se benefició esta comunidad autónoma.

Se da la circunstancia, además, de que mientras otras comunidades autónomas han avisado de sus intenciones cuando no han podido pagar alguna de las cuotas de la Seguridad Social -casos de Cataluña y La Rioja-, la valenciana jamás ha dado pistas de ellas. De ahí que se desconozca si pretende ingresar en enero la cuota pendiente o si tampoco págara la correspondiente al primer mes del año 2012.

Este impago unido al crédito vencido cuya resolución se conoció este miércoles no serían más que la punta del iceberg. Y es que, según un informe de Standard & Poor´s publicado a finales de 2011, la Generalitat de Fabra se enfrenta a una cartera de vencimientos por valor de 4.100 millones de euros para todo el ejercicio, una quinta parte de todo su endeudamiento.

JUICIO EN LA AUDIENCIA NACIONAL
Arkaitz Goikoetxea, condenado a 72 años por el atentado contra la casa cuartel de Durango
AGENCIAS | MADRID. El Correo 6 Enero 2012

La Audiencia Nacional ha condenado a 72 años y tres meses de prisión al exjefe del 'comando Vizcaya' de ETA Arkaitz Goikoetxea por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Durango el 24 de agosto de 2007, en el que resultaron heridos tres agentes. En una sentencia hecha pública ayer, el tribunal condena a Goikoetxea -cuyo ADN se halló en el reposacabezas del vehículo con el que huyeron los terroristas- como autor de tres asesinatos en grado de tentativa, estragos y robo de vehículo. No obstante, le absuelve del delito de depósito de explosivos del que también le acusaba la Fiscalía.

La sección tercera de la Sala de lo Penal considera probado que Goikoetxea, en compañía de «otro u otros» etarras, colocaron en las inmediaciones de la casa cuartel de Durango un coche bomba cargado con entre 60 a 80 kilos de cloratita. Los individuos dejaron la furgoneta aparcada con el motor en marcha y las luces encendidas junto al cuartel, tras lo cual el conductor se cubrió la cara y se dio a la fuga en un segundo coche.

Todo esto fue visto por tres guardias civiles del puesto de control del cuartel, que se refugiaron en el interior de la sala de monitores. Esta decisión salvó sus vidas, pues segundos después se produjo una explosión que destruyó totalmente las puertas de acceso a los garajes. El artefacto dañó el muro exterior del acuartelamiento, produjo dos cráteres sobre el asfalto y destruyó la totalidad de los bienes existentes en un radio de 150 metros. Los destrozos fueron tasados en más de un millón de euros.

La sentencia, de la que ha sido ponente la magistrada Clara Eugenia Bayarri, condena también a Goikoetxea a pagar una indemnización de 890.000 euros por las lesiones causadas a los agentes heridos y los daños provocados por la explosión.
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