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Recortes de Prensa   Sábado 7 Enero 2012

 

Rajoy, ante el desafío soberanista de CiU
EDITORIAL Libertad Digital  7 Enero 2012

Por mucho que Rajoy se ciñera durante su discurso de investidura a la dramática situación económica, España sufre, además, una grave crisis política e institucional, fundamentalmente provocada por el empeño nacionalista y socialista en violar el consenso constitucional. Esta crisis, que afecta a España como nación y como Estado de Derecho, permitió a CiU, por ejemplo, pactar la abstención socialista en la investidura de Artur Mas como presidente de la Generalidad sobre la base de hacer caso omiso a la sentencia que poco antes había emitido el Tribunal Supremo y que ordenaba que el castellano fuese, junto al catalán, lengua vehicular en la enseñanza en aquella región.

Bien es cierto que, aunque fuera tarde y mal, el Gobierno de Zapatero presentó un recurso de inconstitucionalidad ante otra pretensión nacionalista no menos opuesta a la Carta Magna: la de conceder a la Generalidad competencias en lo relacionado con la celebración de referendos, asunto que nuestra Ley Fundamental –articulo 149.1.32– reserva de manera exclusiva al Estado.

Sin embargo, el Gobierno autonómico de Cataluña sigue empeñado en realizar esas consultas, para lo que acaba de presentar un anteproyecto de ley en el que son calificadas arteramente de "no refrendarias", aunque lo sean de hecho. Y es que, por mucho que el texto diga que esas consultas no lo son y que el "cuerpo de consulta" no es el censo electoral, sino la población empadronada en Cataluña, es evidente que lo que CiU y ERC pretenden llevar a cabo no son meras encuestas o foros de participación en el ámbito de las competencias que corresponden al Gobierno autonómico, tal y como refleja el artículo 122 del estatuto catalán, sino la puesta en marcha de auténticos plebiscitos sobre cuestiones que afectan al conjunto del Estado, como el régimen fiscal o el mal llamado derecho de autodeterminación.

Ante estas consultas que pretenden burlar los imperativos constitucionales y socavar la soberanía nacional, que reside en el conjunto del pueblo español, el Gobierno de la nación no debe mirar hacia otro lado, con la excusa de que no son jurídicamente vinculantes. Tampoco es jurídicamente vinculante el recurso previo de inconstitucionalidad, y sin embargo el PP ha abogado por el restablecimiento de este procedimiento, consciente del enorme perjuicio político que puede ocasionar el sometimiento a consulta popular de algo que es manifiestamente contrario al amplísimo acuerdo reflejado en la Constitución.

En estas condiciones, no puede resultar tranquilizador asistir a espectáculos como el brindado por el Gobierno en los últimos días a cuenta de una eventual supervisión estatal de las cuentas autonómicas, sensata iniciativa anunciada por su responsable económico que, tras las airadas críticas de los convergentes, la vicepresidenta Sáenz de Santamaría se ha empeñado en dejar prácticamente sin efecto, ante el estupor general.

El voto negativo de CiU a la investidura de Rajoy debería bastar a los populares para recordar que de nada sirven los guiños a los nacionalistas, y lo contraproducente que resulta tratar de contentar a los que jamás van a sentirse satisfechos. Se quiera o no, el hecho es que el Ejecutivo de Mas, que ya no oculta sus pretensiones secesionistas, cree que puede ganar este pulso al Estado y a la soberanía nacional. Pero eso no está en las manos del presidente autonómico catalán, sino en las del de la nación.

Más concreción señor Rajoy
Editorial www.gaceta.es  7 Enero 2012

El Gobierno de Rajoy se ha encontrado con una desviación del déficit público en 2011 superior a los 20.000 millones de euros, que va a exigir importantes y enojosos ajustes.

El equipo económico ha comenzado a tomar medidas imprescindibles que van por el buen camino, pero que no han acabado de transmitir la confianza que los mercados y los españoles demandan, tanto por la falta de explicaciones como por la de concreción de las medidas. Los españoles se han pronunciado en las encuestas, y esperan que este Gobierno saque a España de la crisis, pero también esperan que no sea –como siempre– a su costa. Y si no hay más remedio, por lo menos que les expliquen por qué les suben los impuestos. Y en este sentido sería muy recomendable que el presidente antes de dar explicaciones en el Consejo de Europa del próximo 30 de enero lo hiciera en España, y no porque lo demande la oposición sino porque lo exige la mayoría del pueblo español.

Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó al Consejo de Ministros unas directrices para el control del fraude fiscal con el objetivo de elevar la recaudación en más de 8.171 millones de euros. Para lograr este objetivo, según explicó la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo intensificará los controles en la economía sumergida y aumentará la vigilancia aduanera así como la colaboración entre Estado y CC AA. Pero ¿cómo? La falta de concreción transmite dudas razonables sobre la hipotética eficacia de la medida, que podría quedar reducida a un mero desiderátum del titular de Hacienda. La persecución del fraude y de la economía sumergida es una medida necesaria y más que razonable, pero sería de agradecer que se concretara un poco. Y esto es así, porque hace escasos días los técnicos de Hacienda agrupados en Gestha anunciaron que con la implantación de unas políticas adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en España, que hoy alcanza ya al 23,3% del Producto Interior Bruto (PIB) el Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones de euros adicionales. Y, como es lógico, los españoles quieren saber si esto es cierto, porque si es así, el objetivo del Gobierno sería demasiado prudente y no entenderían por qué se les suben los impuestos.

España no necesita sólo un Gobierno que le diga la verdad, sino que la explique y la concrete, porque los españoles están más que hartos después de siete largos años de mentiras y promesas que se han traducido siempre en más paro y en más impuestos. Hay que ser más transparentes y concretar más, cosa que tampoco hizo ayer la vicepresidenta cuando anunció que el Gobierno estudia limitar las cantidades que se pueden pagar en efectivo para evitar el pago con dinero negro , pero no concretó si se está pensando en los 3.000 euros como ha hecho Francia, o se podría reducir a 1.000 euros como acaba de hacer Italia.

También anunció que la Seguridad Social había entrado en déficit, pero lo que no dijo la portavoz es qué van a hacer para pagar las pensiones de enero y la paga extraordinaria de actualización. ¿Se va a pedir un crédito como ya hicieran en 1996? También ha hablado de la necesidad de redimensionamiento de un sector público que da cobijo a más de 4.000 entidades públicas, pero no ha explicado cómo y ha emplazado la cuestión al próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera. El Gobierno camina en la buena dirección pero las prisas que requiere la situación no son buenas consejeras y adolece de algo de precipitación y, sobre todo, de concreción, por lo que sería bueno que Rajoy saltara a la arena y diera las explicaciones pertinentes para que los españoles recuperen la confianza necesaria para que España remonte la crisis.

Acciones contra los manirrotos
Carlos Dávila. Director www.gaceta.es  7 Enero 2012

Rajoy no puede pedir que nos limitemos a pagar los destrozos porque lo que nosotros le pedimos es que paguen quienes los han perpetrado.

Ahora, en el Día de la Pascua Militar, hemos sabido que el Ministerio de Defensa debe la escalofriante cifra de 27.000 millones de euros. No ganamos para sustos. El Gobierno de la Nación empieza a descubrir todos los zulos negros que han dejado Zapatero y su cuadrilla. ¿Cuál será el próximo? Rajoy no puede pedir que nos limitemos a pagar los destrozos porque lo que nosotros le pedimos es que paguen quienes los han perpetrado. La banda de derrochadores e ignorantes que nos ha maltratado durante casi ocho años se ha ido de rositas y, eso sí, con condecoraciones en la pechera y sueldos para recordar la demolición que han hecho del país. No está lejos, pienso, el día en que alguna entidad de la sociedad civil presente acciones judiciales contra estos manirrotos. Lo esperamos urgentemente.

Sin gracia ni justicia
Pablo Castellano www.gaceta.es  7 Enero 2012

Es absurdo que persista el Ministerio de Justicia, basado únicamente en la organización del servicio público.

El señor Aznar llevaba en su primer programa la desaparición del Ministerio de Justicia. Que no es precisamente un modelo en materia de seguridad jurídica. En muchos Estados no existe, pues con el procurador general y el órgano de gobierno de los jueces están más acordes con la separación de po-deres.

Aquí tenemos fiscal general del Estado y un Consejo del Poder Judicial, por lo que es absurdo que persista ese ministerio para la técnica organización del servicio público de la Administración de Justicia (personal y medios). Tiene entre sus residuales competencias el registro de antecedentes penales, la defensa del Estado (es un decir) con sus servicios jurídicos, las notarías y registros, ninguno de cuyos servidores son funcionarios públicos, ¡ah! y la regulación de los derechos aristocráticos de los títulos, grandezas, bajezas y bastardías.

El Ministerio de Justicia ha tenido siempre mal fario, lógicamente, pues para los ciudadanos del común, que acaban de reconocer que eso de que la “ley es igual para todos” es un sarcasmo, y para los poderosos, un incordio porque ha de controlar el uso del poder, y este no está dispuesto a dar facilidades en ello.

A eso de la Justicia y la independencia de los jueces, desde el recelo, les niega el pan, la sal, la confianza y la eficacia, con medios a veces tan burdos como el indulto, la Policía de partido o el Tribunal Constitucional a la carta. Sus sucesivos titulares realmente no se han herniado en ponerlo en valor, más bien lo han usado para el caciqueo.

Esperemos que el señor Gallardón no le traslade el sentido de garantías y seguridad jurídica de que ha hecho gala en el ayuntamiento en materia de multas y recursos.

La financiación de partidos políticos y sindicatos, gran asignatura pendiente de la devaluada democracia española
Francisco Rubiales Periodista Digital  7 Enero 2012

Es tan alta la indignación de los españoles con sus políticos que ha bastado con que el actual gobierno anuncie que rebajará el 20 por ciento de la financiación a los partidos políticos y sindicatos para que se levante una marea de protesta que está causando al Partido Popular un deterioro intenso y acelerado. Los españoles no quieren una rebaja del 20 por ciento, sino que se supriman por completo esas subvenciones injustas y mafiosas, costeadas por ciudadanos que ya están agobiados ante un Estado que les mete la manos en sus bolsillos con avaricia y sin misericordia. Los ciudadanos españoles están asqueados de la baja calidad de sus políticos, sean del color que sean, de la degradación de su democracia y de la injusticia imperante, lo que genera un profundo descontento y un serio peligro para la convivencia y la estabilidad.

Uno de los peores lastres de la democracia española y uno de los secretos mejor guardados desde el comienzo de la transición política española ha sido la financiación de los partidos políticos y de las organizaciones sindicales. Contrariamente a lo que ocurre en numerosos paises democráticos, donde los partidos y sindicatos tienen cuentas transparentes y se financian con las cuotas de sus afiliados, los partidos y sindicatos españoles no publican sus cuentas y se financian a través de tramas oscuras, nunca reveladas, donde el dinero público es la principal fuente, aunque no la única.

Los sindicatos y la patronal, tan dispuestos siempre a exigir transparencia a las empresas, a los organismos e instituciones, llevan más de 30 años ocultando sus finanzas, siendo así que la abrumadora mayor parte de los recursos que manejan procede del erario público, que han convertido en millonarias y poderosas a esas organizaciones.

Los ciudadanos de España siempre han digerido mal que los partidos políticos y sindicatos se financien con sus impuestos y lo han considerado un abuso, pero lo han tolerado, como toleran otras muchas lacras del sucio sistema político español. Sin embargo, ahora, cuando los españoles pagan más impuestos que todos sus vecinos en Europa y están obligados a trabajar casi seis meses al año para pagar los costos del obeso y enfermo Estado que los políticos han construido, están al borde de la rebelión y rechazan con todas sus fuerzas la injusticia que representa que esos partidos políticos que han conducido a España hasta la ruina y el descrédito mundial sigan financiandose con dinero procedente del ingente esfuerzo de la ciudadanía.

La complejidad organizativa de los sindicatos, con aparatos centrales y estructuras territoriales descentralizadas, superpuestas a las sectoriales, hace más complejo e imperseguible el objetivo de conocer una cifra, siquiera aproximada, del dinero que manejan. La patronal, beneficiada por igual con fondos públicos, se ha desprestigiado por recibir dinero público en grandes proporciones, ha perdido libertad para negociar en algunos territorios, donde se ha aliado vergonzosamente con el poder político, y se ha hecho tan rica que ha creado tramas de empresas propias y asociadas, dotándose al mismo tiempo de edificios propios y de servicios que compiten a veces, con ventaja y practicando la competencia desleal, con los que prestan muchas empresas españolas.

El Ministerio de Trabajo financia por una doble vía a las centrales sindicales. Una partida presupuestaria para 2010 (que es exactamente la misma que se aprobó para 2009), alcanza 15.798.500 euros, destinados a la financiación basada en la representatividad, según los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales legalmente convocadas. Su destino es vago e indeterminado: actividades de carácter sindical. Hay una segunda partida de los Presupuestos del Ministerio de Trabajo, también reproducida literalmente de 2009 al proyecto de 2010, por importe de 4.800790 euros.

Todo ello, sin introducirnos en las arenas movedizas de la financiación indirecta, mucho más cuantiosa, a través de una trama de subvenciones y pagos en especie que todas las administraciones y otras instituciones pagan como compensación por servicios como la formación, muchas veces prestados con dudosa eficacia y escasa transparencia.

Con los dineros que han recibido los sindicatos durante el año 2010, podrían haberse financiado casi 30.000 pensiones, lo que permitiría que la agobiada caja de reservas se mantuviera holgadamente con números positivos.

El caso de los partidos políticos es todavía más escandaloso. Los partidos reciben numerosas partidas de erario público por diversos conceptos: por los votos cosechados en las elecciones, por los escaños ganados, por medio de subvenciones diversas, además de tramas indirectas que subvencionan actividades y servicios controlados por los partidos y sus propias fundaciones y organizaciones.

Pero los partidos, aunque lo nieguen, reciben donaciones opacas y poseen verdaderos ejercitos de recaudadores que derivan hacia las finanzas de los partidos dineros de dudosa y siempre oculta procedencia, casi siempre entregados de forma interesada, a cambio de favores, lo que constituye uno de los pilares más sólidos y nauseabundos de la corrupción española.

La regeneración de la democracia española y la necesaria erradicación de la corrupción a gran escala que infecta al país es imposible sin limpiar antes a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales, verdaderos focos activos de la peor infección corrupta. Es necesario reformar las leyes para que los partidos y los sindicatos se financien únicamente por las cuotas de sus afiliados, por donaciones que tienen que ser publicadas y conocidas por la sociedad y por algunos servicios excepcionales, realmente necesarios y prestados a la sociedad, siempre que sean autorizados y controlados por poderes independientes y ajenos a los mismos partidos.

Voto en Blanco

Economía paso a paso
Menos gasto o más impuestos: no es lo mismo
Juan Ramón Rallo Libertad Digital  7 Enero 2012

La literatura keynesiana ha equiparado a efectos macroeconómicos las reducciones del gasto público y los aumentos de impuestos. Puede que la magnitud de sus repercusiones no sea exactamente igual, pero su dirección sí lo es: tanto reducir el gasto como incrementar los tributos son políticas contractivas de la demanda que tienden a deprimir la economía.

Aplicando esta lógica, quienes defendemos que, frente a una crisis económica, la política acertada es la de que el Estado no dilapide mediante déficits públicos el ahorro nacional y extranjero que va aflorando y que es imprescindible para reorganizar el sector privado, deberíamos ser relativamente indiferentes en lo relacionado con aumentar impuestos o recortar el gasto. Al cabo, ambas vías son de utilidad para reducir el déficit público. ¿Es así? ¿Realmente no hay motivo económico fundado, salvo las preferencias ideológicas, para escoger con exclusividad un camino u otro?

No. El primer error de esta equiparación tiene un carácter bastante general: no es lo mismo el gasto público que el gasto privado. Sostener que subir impuestos equivale a reducir los desembolsos estatales necesariamente implica defender que el gasto público es un sustitutivo más o menos perfecto del gasto privado y que, en última instancia, poco importa quién dirija la economía y en qué condiciones lo haga, si el Estado o los consumidores.

Pero, obviamente, esto no es así: los consumidores gastan en función del valor que han generado previamente para otros consumidores; tanto unos como otros expresan una información descentralizada y desagregada acerca de cuáles son sus preferencias dentro de un contexto de competencia empresarial por satisfacerlas del modo más acertado posible. Y eso es justamente lo que, poco a poco, permite su mejor coordinación. Por su lado, el Estado gasta no a partir de la riqueza que ha conseguido generar para los demás agentes económicos, sino a partir de la riqueza que ha logrado rapiñarles; y lo hace, además, o bien despreciando las preferencias de los consumidores –los políticos persiguen su propia agenda– o bien con enormes problemas de información para satisfacerlas –ni conocen qué desean los ciudadanos ni, sobre todo, cuál es el coste de oportunidad de proporcionárselo–. Con esto no quiero decir, claro está, que ningún gasto público pueda generar riqueza para los consumidores finales, sino que por inherentes e inerradicables problemas de incentivos y de información es muchísimo más complicado que la genere el gasto público que el privado, especialmente cuando hablamos de gasto público o privado a gran escala (¿cómo manejar el 50% del PIB de un país?).

Más allá de estos efectos generales, estas dos políticas tampoco son convalidables en el caso particular de las crisis económicas. Aunque en principio ambas tiendan a contraer el gasto total de la economía –el aumento de impuestos restringe el gasto privado y la reducción del gasto público hace lo propio con los desembolsos estatales–, es importante analizar cuáles son las repercusiones de ambas alternativas.

Por un lado, la reducción del gasto público, especialmente si es de suficiente calado como para permitir una minoración de impuestos que no afecte al equilibrio presupuestario, incrementa (o al menos no reduce) la renta de aquellos que siguen generando riqueza, esto es, de aquellos que continúan destinando los escasos recursos económicos a producir bienes y servicios más valiosos que los alternativos que podrían haberse fabricado con ellos. Además, merced al mantenimiento o reducción de las cargas tributarias, las partes carcomidas de la economía lo tendrán más fácil (o menos difícil) para tratar de sanearse amortizando su excesivo endeudamiento y enajenando parte de sus activos improductivos a las otras partes más robustas del tejido productivo, las cuales, por su lado, merced a esos tributos más moderados, también dispondrán de un mayor capital para seguir creciendo y reemplazar la actividad languideciente de las carcomidas.

En última instancia, el recorte del gasto público es sólo una consecuencia del empobrecimiento previo del sector privado durante la crisis económica: las transferencias y redistribuciones de renta que efectúa el Estado a partir de la riqueza generada por el sector privado han de reducirse porque el sector privado genera menos riqueza. Es cierto que a corto plazo la suspensión de parte del gasto puede dar lugar a la necesidad de un reajuste adicional de determinadas partes de la economía; pero tengamos presente que semejante retroceso es consecuencia no de que una parte de la sociedad deje de generar riqueza, sino de que deje de consumirla con cargo a un nada rentable endeudamiento colectivo. En realidad, la economía se ve liberada de cargas que comprometían su viabilidad y su facultad para prosperar. Quejarse de que recortar el gasto público financiado con la emisión de deuda afecta negativamente al PIB es como quejarse de que un ciudadano pródigo ve reducidos sus desembolsos después de que decida, muy prudentemente para su bienestar presente y futuro, que dejará de recurrir al crédito bancario con tal de financiar sus partidas en el casino.

A este respecto, las inversiones públicas –en contraposición con el llamado gasto corriente– que realmente estén contribuyendo a impulsar el crecimiento a largo plazo –y cuyo recorte, por consiguiente, tenga efectos verdaderamente contractivos en el tiempo– serán, por los problemas de incentivos e información ya apuntados, realmente poco cuantiosas. Pero, aun así, habría que intentar focalizar los recortes en aquellas partidas que supongan inversiones improductivas o meras transferencias de rentas desde unos individuos a otros (sobre todos si éstas van a parar a subsidiar actividades que por sí solas no serían rentables en el mercado).

Eso sí: tengamos claro que no toda inversión pública a largo plazo, por el mero hecho de ser inversión pública y a largo plazo, debe ser conservada. Hay una tendencia excesiva a demonizar el gasto corriente y a ensalzar las virtudes del gasto público dirigido a la inversión; mas los despilfarros también pueden darse en las inversiones estatales, y no sólo en los ejemplos más flagrantes y escandalosos (aeropuertos sin pasajeros, parques de atracciones sin atractivo turístico, bloques de viviendas desocupados, empresas públicas muy intensivas en capital y con servicios muy deficientes...), sino en otros menos evidentes: por ejemplo, carreteras por las que sí circulan automóviles o gasto público en I+D con resultados positivos pero que se sufragan merced a un desplazamiento de la actividad en el sector privado que habría tenido un mayor valor para los consumidores que la carretera o las innovaciones. De hecho, esa pugna por captar el escaso capital ofreciendo rentabilidades crecientes a los ahorradores que permite dilucidar qué usos, de entre los miles de millones posibles, son preferibles para ese escaso capital es justamente el proceso competitivo que aborta el Estado, y por lo que, en general, podemos decir que éste es un muy mal distribuidor de los recursos.

En cualquier caso, la única alternativa a atajar el déficit reduciendo el gasto público durante una crisis pasa por incrementar el grado de rapiña sobre la menor riqueza presente generada por individuos y empresas. Y, como decíamos, parece claro que ésta sólo contribuye a asfixiar un poco más al sector privado, justo en el momento en el que necesita una mayor holgura financiera para reestructurarse y volver a la senda de la creación sostenible de riqueza: más impuestos significa menos rentabilidad de las inversiones, menos capital disponible para amortizar deuda o para acometer nuevos planes de negocio y, en definitiva, una alteración de los patrones de especialización del sector privado productivo que sólo agravan y dificultan la magnitud de los reajustes pendientes.

Si las crisis tienen su origen en las malas inversiones generalizadas del sector privado –fruto de la expansión imprudente del crédito de un sistema bancario privilegiado por el Gobierno–, no parece que lo más inteligente sea apretarle todavía más las tuercas cuando está atravesando un complicado período de catarsis. Más bien al contrario: lo lógico sería aligerarle las cargas para no retrasar aún más su saneamiento.

En suma, a la hora de reducir el déficit público, es vital que esta minoración se efectúe no a costa de un sector privado que genera mucha menos riqueza que antes sino a costa de quien venía gastando con cargo a la presunta riqueza excedentaria que ese sector privado fabricaba durante el boom económico artificial: es decir, a costa del Estado. Austeridad, sin duda; pero austeridad del sector público, que es quien ha incurrido en el déficit durante la crisis (sea por culpa de los desestabilizadores automáticos o del gasto discrecional para tratar vanamente de estimular la economía). Sufragar los sobregastos estatales con una austeridad del sector privado más rigurosa sólo contribuirá a obstaculizar el proceso de recuperación.

Puede dirigir sus preguntas a contacto@juanramonrallo.com
Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal. Su último libro, coescrito con Carlos Rodríguez Braun, lleva por título El liberalismo no es pecado.

Partido Popular
Lo que nos va a costar la victoria de Javier Arenas
Pablo Molina Libertad Digital  7 Enero 2012

Las primeras decisiones ejecutivas del gobierno de Mariano Rajoy han descolocado prácticamente a todo el mundo, pero especialmente a los votantes del PP, que esperaban mucho más del gobierno llamado a poner orden en un país arruinado tras la gestión de ZP. La indefinición en asuntos clave de nuestra economía como la reducción del peso del sector público, la pusilanimidad a la hora de controlar los presupuestos autonómicos y la concesión facilona a la demagogia indignada, con una subida de impuestos que ha hecho llorar de envidia a Cayo Lara, son medidas que han provocado el estupor general, sin que hasta el momento nadie en el PP haya acertado a explicar el porqué de tanto despropósito.

Las soflamas de Rajoy durante la campaña electoral explicando que las subidas de impuestos son perniciosas siempre pero sobre todo en tiempos de crisis se compadecen difícilmente con su decisión de elevar la presión fiscal sin tocar el otro lado de la ecuación, ese descomunal gasto público que padecemos. Hasta los que aplauden a Rajoy porque sus primeras medidas aparecen epigrafiadas en los manuales de macroeconomía keynesiana con que estudiaron la carrera allá por los ochenta saben que una elevación forzada de los ingresos fiscales no puede tener un efecto decisivo en el reequilibro contable del estado si no va acompañada de una fuerte poda del gasto público, severidad imprescindible cuando el déficit de las cuentas estatales se dispara y los indicadores económicos siguen bajo mínimos.

El gobierno sigue dilatando la puesta en marcha de un vasto plan de recortes, que probablemente afectarán, y muy severamente, al llamado "Estado del Bienestar", y su presidente no tiene previsto comparecer en público hasta el próximo mes de febrero. ¿Qué puede explicar semejante inacción? Pues evidentemente la proximidad de las elecciones andaluzas, única razón capaz de explicar la morcillez culpable de un gobierno que ha decidido ponerse de perfil para no perjudicar las expectativas de victoria del PP en una región que jamás ha gobernado.

El PP tiene que bregar en Andalucía con la inmadurez política de una sociedad corrompida masivamente tras más de treinta años de socialismo, y no está dispuesto a facilitar al PSOE munición caracterizándose como el ogro que viene a recortar el grifo de la subvención y el PER a los paisanos del agro. A cambio, las reformas que necesita el país entero quedarán aparcadas hasta que el compañero Arenas no disponga lo contrario.

El único consuelo es que las elecciones andaluzas se celebrarán el primer domingo de marzo. Jamás una victoria regional supuso un coste tan alto para todos los españoles.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.

Ley Sinde
Canon popular
Maite Nolla Libertad Digital  7 Enero 2012

Si hace un año a Zapatero se le hubiera ocurrido eliminar el canon digital a cambio de pagarlo con cargo a los presupuestos, no se habría tardado nada en establecer una relación inmediata entre tal decisión y los favores a los de la ceja, el unicejo y el entrecejo. El caso es que a Zapatero no le dio tiempo de hacerlo, pero sí al Gobierno del PP el primer día que ha tenido oportunidad.

Españoles, el canon ha muerto, nos dijo Soraya muy campanuda. Lo que sucede es que ahora ya no lo pagará el que compre, ahora lo pagará todo el mundo. El canon digital pasa a ser el canon popular. La SGAE o lo que quede de ella y el resto de entidades de gestión se ahorran unos euros en gastos de abogados, inspectores y demás personal. Es más, se ahorran la mala prensa y el mal cuerpo que suponía ir a pedir la cuota a los tenderos, bajo la amenaza de hundir su negocio sólo por los pleitos. Ahora el canon se pagará, como dice el decreto-ley del sábado 31, "con cargo a los Presupuestos Generales del Estado". Todos pagaremos el mantenimiento de un derecho exclusivamente privado, con un criterio tan exacto y fiel con la seguridad jurídica como el de la "estimación del perjuicio causado". Con lo cual, copien ustedes todo lo que puedan, que esto es como un bufet libre o como tener calefacción central. No sean bobos.

Como dijo la señora vicepresidenta, el Gobierno del PP cumple con su programa electoral; y es verdad. Rigurosamente cierto. El PP, por motivos que se me escapan pero que demuestran que ciertos dirigentes son intercambiables entre PP y PSOE, mutó sobre esto, por enésima vez. Pasó de querer suprimir el canon porque aparentemente se creía que era algo injusto, a utilizarlo como trueque en las negociaciones de la Ley Sinde. El PP pacta con el PSOE y nos dice que lo hace a cambio de la supresión del canon digital. Un cambio tramposo, porque la justicia europea ya había decidido que eso era ilegal, al menos en parte, aunque no hay que ser premio Nobel ni Raimundo de Peñafort para saber que a la otra parte no le quedaba mucho, porque el fundamento es el mismo. Suprimiendo el canon el PP cumple su programa, sí, pero con el que más cumple es con el PSOE y con el anterior Gobierno. Ya sé que los programas electorales no se los lee nadie, pero no se sientan engañados en este punto. Lo digo por si piensan ustedes que lo que dijo el PP en 2008 es lo mismo que dijo en 2011. Por cierto, ¿he dicho "tramposo"? Quería decir "doblemente tramposo", porque realmente no se suprime, se generaliza.

El debate sobre el canon ha finalizado. Muerto y enterrado. Ya no hay manera de defenderse, ni de recurrir, ni siquiera de quejarse: el pago del canon es parte de la política del Gobierno. La derecha asfixiando a la izquierda... por la izquierda. Hasta aquí hemos llegado.

SU GOBIERNO DISPARA LA DEUDA Y CONTINÚA CON LA FIESTA DEL DESPILFARRO
La Junta de Griñán, el santuario del derroche autonómico
@Agustín Rivera. Málaga El Confidencial  7 Enero 2012

José Antonio Griñán -lo de Pepe Griñán no ha calado en la ciudadanía- se jacta del escaso déficit de la comunidad andaluza: porcentualmente, es el noveno en cuanto a su comparación con el PIB regional: 1,11%; eso sí, éste se eleva a 146.983 millones de euros, el tercero mayor de las comunidades autónomas en cuanto a su importe, tras los de Cataluña y Madrid. Pero Griñán y sus consejeros olvidan un rosario de desajustes presupuestarios que confirman al único territorio español aún gobernado por el PSOE como el santuario del despilfarro autonómico nacional.

La deuda andaluza está desbocada. Entre enero de 2008 y el último trimestre de 2001 la deuda andaluza se ha disparado de 166 a 693 millones de euros. ¿Consecuencia? El nivel de endeudamiento se elevó al 8%. Las malas noticias proceden del estudio de la firma internacional de auditoría y consultoría Russell Bedford, que se basa en datos del Ministerio de Economía y del Banco de España, el 3,8% de su deuda total (13.740 millones de euros).

Las empresas públicas andaluzas no sólo no han disminuido, sino que han aumentado. A principios de 2008 el número de entes públicos era de 258 hasta los 361 actuales, con un aumento del 40%. El endeudamiento de la comunidad se incrementó en 6.561 millones de euros, de los que el 8% vienen de las empresas públicas. Andalucía es, además, la tercera comunidad en la que más se ha incrementado la deuda de estos entes (317,5%).

El ‘maná’ para Canal Sur
Canal Sur es una de las más beneficiadas del maná público de la Junta de Andalucía. En el presupuesto de 2012 se detalla que en la Radio Televisión de Andalucía (RTVA) prevé un déficit en 2012 de 30,5 millones de euros, a pesar de que el ente autonómico no para de recibir ayudas del Gobierno andaluz. En 2011 recibió 155 millones de los presupuestos de la Junta. Aun así, la empresa quiere tener mayor capacidad de endeudamiento y ya avisa que los 122 millones de euros que inyectará la Junta en 2012 resultarán insuficientes para evitar los números rojos. Y eso que los directivos de Canal Sur pasan de la crisis. Un grupo de máximo ejecutivos de la televisión autonómica andaluza gastó un cuarto de millón de euros, de ellos, 27.403 en el hotel Wynn de Las Vegas.

Las embajadas de la Junta de Andalucía en el exterior también forman parte indispensable del capítulo del despilfarro autonómico andaluz. Estas oficinas diplomáticas han consumido ya un presupuesto de 11 millones de euros y su mantenimiento supone cuatro millones al año. La primera oficina que echará el cierre será la de Madrid, ubicada en el Paseo de la Castellana y con un coste anual superior a los 170.000 euros. El director de la oficina, Julián Martínez, novio de la exministra Bibiana Aído, fue nombrado por Gaspar Zarrías, exvicepresidente de la Junta. Martínez, como adelantó El Confidencial, cobra 42.000 euros anuales.

Los planes de Javier Arenas si llega a gobernar tras las elecciones autonómicas de marzo pasan por suprimir la mayoría de las 21 oficinas de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), el antiguo IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), que se encargan de captar inversiones para Andalucía. El Gobierno andaluz también cuenta con cinco centros de promoción de negocios ubicados en Tokio, Shanghai, Londres, Bruselas y Moscú).

La rehabilitación del Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno Griñán, estrenada en septiembre de 2010, el más lujoso de las sedes autonómicas en España, ya causa hasta sonrojo a los propios miembros del Ejecutivo socialista. En una reciente entrevista concedida a la edición andaluza de El Mundo, la consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno, Mar Moreno, ha reconocido que el Ejecutivo socialista no hubiera empezado unas obras de un palacio, de 22.000 metros cuadrados, equipado con cuarenta lámparas a 8.000 euros la pieza y diseñado con mármol de Carrara.

EREs falsos, 300 coches oficiales, 38.000 móviles…
El escándalo de las prejubilaciones fraudulentas en la Junta de Andalucía, también conocido como el caso de los EREs falsos, es quizá el más claro ejemplo de interminable crónica del despilfarro en Andalucía. El fondo de reptiles de 700 millones de euros es un pozo sin fondo. La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, publicará nuevos autos antes de los comicios autonómicos que podrían acabar por destapar nuevas irregularidades que podrían poner contras las cuerdas al Gobierno socialista sureño.

El PP de Andalucía ya inauguró en septiembre de 2010 el buzón del despilfarro destapando el sistema de sobresueldos creado por el anterior equipo de la Diputación de Granada, controlado entonces por el PSOE e Izquierda Unida, con gastos en los últimos cuatro años de 228.000 euros (102.000 en dietas y 126.000 en transporte). Los delegados provinciales socialistas cobraban dietas de 40 euros en horario de mañana y 90 euros en horario nocturno “simplemente por hacer su trabajo” a través de la partida llamada “atención a la delegación”, cuando en realidad se trataba de pagos al margen de la nómina.

Si la Junta de Andalucía, que cuenta con una nómina de 300 coches oficiales y 38.000 teléfonos móviles, se gasta 165.000 euros al día en publicidad institucional, la comunidad cuenta con infraestructuras inutilizadas como el tranvía de Jaén que cuesta seis millones de euros al año a la ciudad andaluza, 16.438 euros al día. El Ayuntamiento se gasta 1,7 millones anuales por el arrendamiento de los cinco vagones. La Junta inyectó 100 millones de euros en el tranvía que apenas funcionó unos días.

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Las manos sucias
Luis del Pino Libertad Digital  7 Enero 2012

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 7/1/2012

En marzo de 2010, George Bush y Bill Clinton visitaron un campo de refugiados en Puerto Príncipe, poco después del terremoto que asoló Haití. Las noticias de aquella visita dieron la vuelta al mundo, pero por una razón completamente ajena al espíritu humanitario que supuestamente animaba a los dos ex-presidentes americanos: si levantó tanta polvareda esa visita fue porque en las imágenes difundidas por televisión se veía a George Bush dando la mano a uno de los refugiados del campo y a continuación limpiándosela en la camisa de Bill Clinton.

No es el único caso en que un gesto instintivo como ese le ha jugado una mala pasada a un político. Seet Ai Mee era una doctora en bioquímica que, después de una exitosa carrera en la empresa privada, logró ser elegida como diputada en 1988 para el Parlamento de Singapur, a los 45 años de edad. Un año después, la doctora Mee era nombrada Secretaria de Estado y en 1991 juraba su cargo como viceministra de Desarrollo Comunitario.

Había comenzado su carrera política a una edad avanzada, pero una vez iniciada, progresaba a la velocidad del rayo. Todo el mundo daba por hecho que después de las siguientes elecciones generales sería nombrada ministra, con lo que hubiera sido la primera mujer en formar parte del Gobierno en toda la Historia de Singapur.

Esas nuevas elecciones, en 1991, no tenían por qué representar un obstáculo: el distrito por el que se presentaba la doctora Mee era favorable a la mayoría gubernamental y ella había ganado a su oponente la vez anterior por una cómoda diferencia de 7 puntos. Pero una visita al mercado durante la campaña electoral vino a trastocar todos sus planes. Las imágenes de televisión captaron cómo la doctora Mee le daba la mano al dueño de uno de los puestos del mercado, para a continuación limpiársela, una vez que se había alejado de aquel hombre.

Y esa muestra de hipocresía, esa demostración de que la doctora sólo estaba en aquel mercado para buscar el voto de personas a las que, en realidad, despreciaba, dio la vuelta a las encuestas y la doctora Mee terminó perdiendo su escaño por una diferencia de 3 puntos. Tras ese fracaso, aquella fugaz estrella de la política singapurense abandonó la política y volvió a la empresa privada.

Hoy sábado, la segunda aspirante al cargo de Secretario General del Partido Socialista, Carme Chacón, presenta su candidatura oficialmente. Y ha elegido, para esa presentación, el pueblo almeriense de Olula del Río, donde nació su padre. Un padre al que hasta ahora había mantenido cuidadosamente oculto, pero al que hecho salir de las sombras al ver que necesita el voto de los socialistas no catalanes.

La verdad es que no sé qué es lo que contará Carme Chacón a los vecinos de su padre. Supongo que les podría contar, por ejemplo, cómo esos vecinos no podrían, si se trasladaran a Cataluña, conseguir educación para sus hijos en su lengua materna, porque Carme Chacón y otros como ella se han encargado de prohibir que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza.

O les podría contar cómo, si abrieran un comercio y se les ocurriera rotular en español, podrían ser multados, gracias a la norma aprobada por los nacionalistas de CIU y potenciada por los nacionalistas del partido de Carme Chacón.

O les podría contar cómo aquellos que defienden los derechos de los castellanohablantes en Cataluña son amenazados día sí y día no por descerebrados de diverso pelaje, mientras que la casta política catalana recoge las nueces de los árboles que los descerebrados mueven.

O les podría contar cómo en numerosos ayuntamientos gobernados por el partido de Carme Chacón no ondea la bandera del país al que pertenece Olula del Río, incumpliendo abiertamente las leyes sobre exhibición de símbolos nacionales.

O les podría contar cómo desde la Generalitat se subvenciona a todo tipo de asociaciones que hacen de los ataques a España su razón de ser, y cómo su partido, el PSC, ha consentido y promocionado ese tipo de actividades.

O les podría contar cómo ella ha apoyado un Estatuto que convierte a los castellanohablantes en ciudadanos de segunda en su propio país.

O les podría contar cómo los nacionalistas catalanes hacen mofa día sí y día también de los andaluces, presentándoles como vagos impenitentes que viven a costa del esfuerzo y el trabajo de los catalanes. Sin que Carme Chacón ni ninguno de sus compañeros hagan el más mínimo esfuerzo por combatir esos tópicos hirientes.

O les podría, en fin, contar cómo ella, en persona, se manifestó en una Diada al lado de sus compañeros de las Juventudes Socialistas de Cataluña, que lucían camisetas con el lema "Todos somos Rubianes", en alusión a ese actor que se permitió cagarse "en la puta España" en un programa de la televisión autonómica.

¡Podría contarles tantas cosas Carme Chacón!

Resulta doloroso ver a una nacionalista catalana como Chacón haciendo demagogia barata, y buscando votos en Andalucía ahora que necesita ser Secretaria General de ese partido en descomposición llamado PSOE.

Mañana, cuando vuelva a Cataluña, seguirá pisoteando los derechos de los castellanohablantes y consintiendo que otros hagan mofa de ellos. Pero hoy necesita su voto.

Bueno, pues si es así, y en prueba de buena voluntad, permítame doña Carme Chacón un consejo: si después de hablar con los vecinos de su padre y estrecharles las manos, decide lavarse las suyas, al menos procure no lavárselas en público.

Hacer pública exhibición de sus desprecios puede ser malo para sus perspectivas electorales.
Diez euros a la basura
Cristina L. Schlichting La Razón  7 Enero 2012

Coja un billete de diez euros, de esos rositas; haga con él una pelotilla y tírelo a la papelera. Si es usted catalán, sepa que es exactamente lo que está haciendo por culpa de Artur Mas. Cada uno de los cuatro millones de contribuyentes catalanes desembolsa más o menos eso para pagar los cerca de 40 millones de euros que cuestan las embajadas catalanas en el extranjero. En el Rockefeller Center de Nueva York mullidas alfombras conducen a un hall en el que se encuentra la delegación de Quebec. Justo enfrente, el visitante descubre la embajada de Cataluña, unos 300 metros de lujo que cuestan 330.000 euros en alquiler. Y es que estar a la altura de Quebec se paga. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, ha propuesto que las autonomías se sirvan de las legaciones nacionales para fomentar su presencia en el extranjero. No se crean que Cataluña es la única: hay 200 oficinas autonómicas en el extranjero dedicadas a apesebrar amigos del poder local. Y no precisamente las más saneadas (Valencia, Andalucía y Murcia tienen muchas). La propuesta del ministro ha tenido buena acogida, excepto en la Generalitat.

–«Ningún país cierra embajadas en momentos de crisis».
Pues muchos países se lo están replanteando. O cerrar embajadas o concentrar consulados. Por ejemplo, Francia, Italia, Reino Unido y Austria. Pero Cataluña, no. Que para nada. Que de utilizar las instalaciones del «Estado español», nada. Que lo de las embajadas es prioritario. Con razón ha protestado el alcalde de Sabadell, el socialista Manuel Bustos, al que no sólo le han retrasado dos años la construcción del nuevo hospital comarcal Ernest Lluc, sino que se le ha recortado en 14 millones de euros el presupuesto del hospital Taulí, que se sale de enfermos y no da abasto ni con los dineros de antes. La Generalitat, además de las 38 oficinas comerciales desplegadas por todo el mundo desde hace años, ha abierto seis embajadas en París, Londres, Berlín, Bruselas, Nueva York y Buenos Aires y está en proceso de ponerlas en Casablanca, México, Brasil y una capital asiática. Parece que los nuevos centros no inaugurarán sus puertas, pero habrá que ver que se hace con oficinas como la de Nueva York o París (339.000 euros). Las cuentas no son muy claras. En los presupuestos hay apenas millón y pico de euros previstos para este capítulo y los sueldos ni se mencionan. Cada delegado –recordemos el caso del hermano de Carod Rovira, Apeles– cobra 87.500 euros anuales, pero además cuenta con entre cinco y diez personas como asistentes. La cuestión es que, cuando se recorta en Sanidad y Educación en Cataluña, se tira dinero para hacer propaganda política. Es como publicitar queso cuando careces de leche.

EL AGUJERO EN LA COMUNIDAD ROZA LOS 8.000 MILLONES
El Tripartito disparó en 5.000 millones la deuda de las empresas públicas catalanas
Daniel Toledo El Confidencial  7 Enero 2012

El agujero generado por las empresas de comunidades y ayuntamientos al que Mariano Rajoy quiere poner coto tiene nombre y apellidos. Según los datos del Banco de España hasta septiembre, Cataluña vio cómo la deuda de su sector público empresarial se disparaba en más de 5.000 millones durante los años de Gobierno tripartito. De hecho, llegó a sobrepasar los 8.000 millones de euros en el primer trimestre de 2011, cuando el convergente Artur Mas daba sus primeros pasos al frente de la Generalitat. La comunidad catalana acumula a día de hoy la mitad de las obligaciones de todos los entes públicos autonómicos, que se elevan a 15.495 millones de euros.

Los socialistas catalanes (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) suscribían a finales de 2003 el Pacto del Tinell, por el que unían fuerzas para acceder al gobierno de la autonomía bajo la presidencia de Pasqual Maragall. La entente se mantuvo tras los siguientes comicios de noviembre de 2006, ya con el ex ministro José Montilla al frente del PSC, y se prolongó hasta la llegada de CiU al poder a finales de 2010. La deuda en las empresas públicas que se encontró el Tripartito apenas alcanzaba los 2.613 millones en 2003. Siete años después el agujero se había incrementado en 5.076 millones. Estaba en 7.689 millones en el cuarto trimestre de 2010 y en 8.003 en el primero de 2011. Todo un récord.

No hay ninguna comunidad que siquiera pise a los talones a Cataluña en cuanto a deuda de su sector público empresarial. Valencia y Madrid, que le hacen compañía en el pódium, presentan un desequilibrio de 1.694 y 1.641 millones, respectivamente. La deuda catalana no sólo es la mitad de la que acumula el conjunto de empresas dependientes de comunidades autónomas, sino que supone una cuarta parte del agujero total de los entes públicos autonómicos y locales, que se dispara hasta los 24.785 millones de euros, el equivalente a todo el presupuesto inicial del Ministerio de Trabajo para 2011 o cinco veces los fondos consignados para Fomento, el departamento inversor por excelencia.

Como se ha denunciado desde diferentes instancias, las comunidades autónomas han venido utilizando este tipo de sociedades para desviar inversiones, ya que el gasto de estas empresas no computa como déficit. Sin ir más lejos, el Círculo de Empresarios recordaba en un reciente informe que dichas compañías son “un mecanismos de posible indisciplina fiscal” y apuntaba que “resulta muy significativo que las comunidades autónomas más endeudadas sean precisamente las mismas que mayor número de entes y empresas públicas han creado a lo largo de los últimos años”. En efecto, Cataluña, la autonomía más endeudada con 39.268 millones de euros -una tercera parte del total-, es la que más sociedades tiene registradas.

Una quinta parte de todas las empresas
Según los últimos datos de Hacienda, contenidos en el Informe sobre la reordenación del Sector Público Autonómico, Cataluña mantiene 454 sociedades públicas, una quinta parte del total de 2.290 que se apuntan todas las comunidades autónomas. Aunque la Generalitat se comprometió en marzo de 2010 a rebajar en 67 el número de empresas, apenas lo había hecho en dos a 1 de julio de 2011. “En lugar de reducir sólo servicios públicos, vamos a reducir los salarios, vender empresas públicas e introducir nuevas tasas”, aseguraba el presidente de la Generalitat en una reciente entrevista a Bloomberg, apenas días antes de abonar in extremis la paga extra de los funcionarios.

El Gobierno dejó claro el pasado viernes tras el Consejo de Ministros que exigirá a las comunidades autónomas que cumplan el compromiso de reducción de entes pactado con el Gobierno socialista en marzo de 2010 y que hasta ahora ha sido papel mojado. El denominado Acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas autonómicas y locales recogía un compromiso de eliminación de 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizados. Un año después, a 1 de julio de 2011, apenas se habían suprimido 69, el 13,4%. Los números demuestran que las autonomías se han limitado a dar largas a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de hace dos años.

Según los datos que maneja el Gobierno a través de la Intervención General del Estado (Igae), más de 4.000 compañías conforman el entramado societario dependiente de las administraciones públicas. Y el problema no es baladí. Cómo publico El Confidencial, los entes públicos de comunidades y municipios tienen comprometidos créditos con instituciones financieras por valor de 17.114 millones, de los cuales 1.448 vencen en los próximos doce meses.
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