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Rajoy, ante el desafío soberanista de CiU
EDITORIAL Libertad Digital 7 Enero 2012
Por mucho que Rajoy se ciñera durante su discurso de investidura a
la dramática situación económica, España sufre, además, una grave
crisis política e institucional, fundamentalmente provocada por el
empeño nacionalista y socialista en violar el consenso
constitucional. Esta crisis, que afecta a España como nación y como
Estado de Derecho, permitió a CiU, por ejemplo, pactar la abstención
socialista en la investidura de Artur Mas como presidente de la
Generalidad sobre la base de hacer caso omiso a la sentencia que
poco antes había emitido el Tribunal Supremo y que ordenaba que el
castellano fuese, junto al catalán, lengua vehicular en la enseñanza
en aquella región.
Bien es cierto que, aunque fuera tarde y mal, el Gobierno de
Zapatero presentó un recurso de inconstitucionalidad ante otra
pretensión nacionalista no menos opuesta a la Carta Magna: la de
conceder a la Generalidad competencias en lo relacionado con la
celebración de referendos, asunto que nuestra Ley Fundamental
–articulo 149.1.32– reserva de manera exclusiva al Estado.
Sin embargo, el Gobierno autonómico de Cataluña sigue empeñado en
realizar esas consultas, para lo que acaba de presentar un
anteproyecto de ley en el que son calificadas arteramente de "no
refrendarias", aunque lo sean de hecho. Y es que, por mucho que el
texto diga que esas consultas no lo son y que el "cuerpo de
consulta" no es el censo electoral, sino la población empadronada en
Cataluña, es evidente que lo que CiU y ERC pretenden llevar a cabo
no son meras encuestas o foros de participación en el ámbito de las
competencias que corresponden al Gobierno autonómico, tal y como
refleja el artículo 122 del estatuto catalán, sino la puesta en
marcha de auténticos plebiscitos sobre cuestiones que afectan al
conjunto del Estado, como el régimen fiscal o el mal llamado derecho
de autodeterminación.
Ante estas consultas que pretenden burlar los imperativos
constitucionales y socavar la soberanía nacional, que reside en el
conjunto del pueblo español, el Gobierno de la nación no debe mirar
hacia otro lado, con la excusa de que no son jurídicamente
vinculantes. Tampoco es jurídicamente vinculante el recurso previo
de inconstitucionalidad, y sin embargo el PP ha abogado por el
restablecimiento de este procedimiento, consciente del enorme
perjuicio político que puede ocasionar el sometimiento a consulta
popular de algo que es manifiestamente contrario al amplísimo
acuerdo reflejado en la Constitución.
En estas condiciones, no puede resultar tranquilizador asistir a
espectáculos como el brindado por el Gobierno en los últimos días a
cuenta de una eventual supervisión estatal de las cuentas
autonómicas, sensata iniciativa anunciada por su responsable
económico que, tras las airadas críticas de los convergentes, la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría se ha empeñado en dejar
prácticamente sin efecto, ante el estupor general.
El voto negativo de CiU a la investidura de Rajoy debería bastar a
los populares para recordar que de nada sirven los guiños a los
nacionalistas, y lo contraproducente que resulta tratar de contentar
a los que jamás van a sentirse satisfechos. Se quiera o no, el hecho
es que el Ejecutivo de Mas, que ya no oculta sus pretensiones
secesionistas, cree que puede ganar este pulso al Estado y a la
soberanía nacional. Pero eso no está en las manos del presidente
autonómico catalán, sino en las del de la nación.
Más concreción señor Rajoy
Editorial www.gaceta.es 7 Enero 2012
El Gobierno de Rajoy se ha encontrado con una desviación del déficit
público en 2011 superior a los 20.000 millones de euros, que va a
exigir importantes y enojosos ajustes.
El equipo económico ha comenzado a tomar medidas imprescindibles que
van por el buen camino, pero que no han acabado de transmitir la
confianza que los mercados y los españoles demandan, tanto por la
falta de explicaciones como por la de concreción de las medidas. Los
españoles se han pronunciado en las encuestas, y esperan que este
Gobierno saque a España de la crisis, pero también esperan que no
sea –como siempre– a su costa. Y si no hay más remedio, por lo menos
que les expliquen por qué les suben los impuestos. Y en este sentido
sería muy recomendable que el presidente antes de dar explicaciones
en el Consejo de Europa del próximo 30 de enero lo hiciera en
España, y no porque lo demande la oposición sino porque lo exige la
mayoría del pueblo español.
Ayer, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, presentó al
Consejo de Ministros unas directrices para el control del fraude
fiscal con el objetivo de elevar la recaudación en más de 8.171
millones de euros. Para lograr este objetivo, según explicó la
vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, el Ejecutivo
intensificará los controles en la economía sumergida y aumentará la
vigilancia aduanera así como la colaboración entre Estado y CC AA.
Pero ¿cómo? La falta de concreción transmite dudas razonables sobre
la hipotética eficacia de la medida, que podría quedar reducida a un
mero desiderátum del titular de Hacienda. La persecución del fraude
y de la economía sumergida es una medida necesaria y más que
razonable, pero sería de agradecer que se concretara un poco. Y esto
es así, porque hace escasos días los técnicos de Hacienda agrupados
en Gestha anunciaron que con la implantación de unas políticas
adecuadas que redujeran en diez puntos la tasa de fraude en España,
que hoy alcanza ya al 23,3% del Producto Interior Bruto (PIB) el
Estado podría recaudar cada año más de 38.500 millones de euros
adicionales. Y, como es lógico, los españoles quieren saber si esto
es cierto, porque si es así, el objetivo del Gobierno sería
demasiado prudente y no entenderían por qué se les suben los
impuestos.
España no necesita sólo un Gobierno que le diga la verdad, sino que
la explique y la concrete, porque los españoles están más que hartos
después de siete largos años de mentiras y promesas que se han
traducido siempre en más paro y en más impuestos. Hay que ser más
transparentes y concretar más, cosa que tampoco hizo ayer la
vicepresidenta cuando anunció que el Gobierno estudia limitar las
cantidades que se pueden pagar en efectivo para evitar el pago con
dinero negro , pero no concretó si se está pensando en los 3.000
euros como ha hecho Francia, o se podría reducir a 1.000 euros como
acaba de hacer Italia.
También anunció que la Seguridad Social había entrado en déficit,
pero lo que no dijo la portavoz es qué van a hacer para pagar las
pensiones de enero y la paga extraordinaria de actualización. ¿Se va
a pedir un crédito como ya hicieran en 1996? También ha hablado de
la necesidad de redimensionamiento de un sector público que da
cobijo a más de 4.000 entidades públicas, pero no ha explicado cómo
y ha emplazado la cuestión al próximo Consejo de Política Fiscal y
Financiera. El Gobierno camina en la buena dirección pero las prisas
que requiere la situación no son buenas consejeras y adolece de algo
de precipitación y, sobre todo, de concreción, por lo que sería
bueno que Rajoy saltara a la arena y diera las explicaciones
pertinentes para que los españoles recuperen la confianza necesaria
para que España remonte la crisis.
Acciones contra los manirrotos
Carlos Dávila. Director www.gaceta.es 7 Enero 2012
Rajoy no puede pedir que nos limitemos a pagar los destrozos porque
lo que nosotros le pedimos es que paguen quienes los han perpetrado.
Ahora, en el Día de la Pascua Militar, hemos sabido que el
Ministerio de Defensa debe la escalofriante cifra de 27.000 millones
de euros. No ganamos para sustos. El Gobierno de la Nación empieza a
descubrir todos los zulos negros que han dejado Zapatero y su
cuadrilla. ¿Cuál será el próximo? Rajoy no puede pedir que nos
limitemos a pagar los destrozos porque lo que nosotros le pedimos es
que paguen quienes los han perpetrado. La banda de derrochadores e
ignorantes que nos ha maltratado durante casi ocho años se ha ido de
rositas y, eso sí, con condecoraciones en la pechera y sueldos para
recordar la demolición que han hecho del país. No está lejos,
pienso, el día en que alguna entidad de la sociedad civil presente
acciones judiciales contra estos manirrotos. Lo esperamos
urgentemente.
Sin gracia ni justicia
Pablo Castellano www.gaceta.es 7 Enero 2012
Es absurdo que persista el Ministerio de Justicia, basado únicamente
en la organización del servicio público.
El señor Aznar llevaba en su primer programa la desaparición del
Ministerio de Justicia. Que no es precisamente un modelo en materia
de seguridad jurídica. En muchos Estados no existe, pues con el
procurador general y el órgano de gobierno de los jueces están más
acordes con la separación de po-deres.
Aquí tenemos fiscal general del Estado y un Consejo del Poder
Judicial, por lo que es absurdo que persista ese ministerio para la
técnica organización del servicio público de la Administración de
Justicia (personal y medios). Tiene entre sus residuales
competencias el registro de antecedentes penales, la defensa del
Estado (es un decir) con sus servicios jurídicos, las notarías y
registros, ninguno de cuyos servidores son funcionarios públicos,
¡ah! y la regulación de los derechos aristocráticos de los títulos,
grandezas, bajezas y bastardías.
El Ministerio de Justicia ha tenido siempre mal fario, lógicamente,
pues para los ciudadanos del común, que acaban de reconocer que eso
de que la “ley es igual para todos” es un sarcasmo, y para los
poderosos, un incordio porque ha de controlar el uso del poder, y
este no está dispuesto a dar facilidades en ello.
A eso de la Justicia y la independencia de los jueces, desde el
recelo, les niega el pan, la sal, la confianza y la eficacia, con
medios a veces tan burdos como el indulto, la Policía de partido o
el Tribunal Constitucional a la carta. Sus sucesivos titulares
realmente no se han herniado en ponerlo en valor, más bien lo han
usado para el caciqueo.
Esperemos que el señor Gallardón no le traslade el sentido de
garantías y seguridad jurídica de que ha hecho gala en el
ayuntamiento en materia de multas y recursos.
La financiación de partidos políticos y
sindicatos, gran asignatura pendiente de la devaluada democracia
española
Francisco Rubiales Periodista Digital 7 Enero 2012
Es tan alta la indignación de los españoles con sus políticos que ha
bastado con que el actual gobierno anuncie que rebajará el 20 por
ciento de la financiación a los partidos políticos y sindicatos para
que se levante una marea de protesta que está causando al Partido
Popular un deterioro intenso y acelerado. Los españoles no quieren
una rebaja del 20 por ciento, sino que se supriman por completo esas
subvenciones injustas y mafiosas, costeadas por ciudadanos que ya
están agobiados ante un Estado que les mete la manos en sus
bolsillos con avaricia y sin misericordia. Los ciudadanos españoles
están asqueados de la baja calidad de sus políticos, sean del color
que sean, de la degradación de su democracia y de la injusticia
imperante, lo que genera un profundo descontento y un serio peligro
para la convivencia y la estabilidad.
Uno de los peores lastres de la democracia española y uno de los
secretos mejor guardados desde el comienzo de la transición política
española ha sido la financiación de los partidos políticos y de las
organizaciones sindicales. Contrariamente a lo que ocurre en
numerosos paises democráticos, donde los partidos y sindicatos
tienen cuentas transparentes y se financian con las cuotas de sus
afiliados, los partidos y sindicatos españoles no publican sus
cuentas y se financian a través de tramas oscuras, nunca reveladas,
donde el dinero público es la principal fuente, aunque no la única.
Los sindicatos y la patronal, tan dispuestos siempre a exigir
transparencia a las empresas, a los organismos e instituciones,
llevan más de 30 años ocultando sus finanzas, siendo así que la
abrumadora mayor parte de los recursos que manejan procede del
erario público, que han convertido en millonarias y poderosas a esas
organizaciones.
Los ciudadanos de España siempre han digerido mal que los partidos
políticos y sindicatos se financien con sus impuestos y lo han
considerado un abuso, pero lo han tolerado, como toleran otras
muchas lacras del sucio sistema político español. Sin embargo,
ahora, cuando los españoles pagan más impuestos que todos sus
vecinos en Europa y están obligados a trabajar casi seis meses al
año para pagar los costos del obeso y enfermo Estado que los
políticos han construido, están al borde de la rebelión y rechazan
con todas sus fuerzas la injusticia que representa que esos partidos
políticos que han conducido a España hasta la ruina y el descrédito
mundial sigan financiandose con dinero procedente del ingente
esfuerzo de la ciudadanía.
La complejidad organizativa de los sindicatos, con aparatos
centrales y estructuras territoriales descentralizadas, superpuestas
a las sectoriales, hace más complejo e imperseguible el objetivo de
conocer una cifra, siquiera aproximada, del dinero que manejan. La
patronal, beneficiada por igual con fondos públicos, se ha
desprestigiado por recibir dinero público en grandes proporciones,
ha perdido libertad para negociar en algunos territorios, donde se
ha aliado vergonzosamente con el poder político, y se ha hecho tan
rica que ha creado tramas de empresas propias y asociadas, dotándose
al mismo tiempo de edificios propios y de servicios que compiten a
veces, con ventaja y practicando la competencia desleal, con los que
prestan muchas empresas españolas.
El Ministerio de Trabajo financia por una doble vía a las centrales
sindicales. Una partida presupuestaria para 2010 (que es exactamente
la misma que se aprobó para 2009), alcanza 15.798.500 euros,
destinados a la financiación basada en la representatividad, según
los resultados globales obtenidos en elecciones sindicales
legalmente convocadas. Su destino es vago e indeterminado:
actividades de carácter sindical. Hay una segunda partida de los
Presupuestos del Ministerio de Trabajo, también reproducida
literalmente de 2009 al proyecto de 2010, por importe de 4.800790
euros.
Todo ello, sin introducirnos en las arenas movedizas de la
financiación indirecta, mucho más cuantiosa, a través de una trama
de subvenciones y pagos en especie que todas las administraciones y
otras instituciones pagan como compensación por servicios como la
formación, muchas veces prestados con dudosa eficacia y escasa
transparencia.
Con los dineros que han recibido los sindicatos durante el año 2010,
podrían haberse financiado casi 30.000 pensiones, lo que permitiría
que la agobiada caja de reservas se mantuviera holgadamente con
números positivos.
El caso de los partidos políticos es todavía más escandaloso. Los
partidos reciben numerosas partidas de erario público por diversos
conceptos: por los votos cosechados en las elecciones, por los
escaños ganados, por medio de subvenciones diversas, además de
tramas indirectas que subvencionan actividades y servicios
controlados por los partidos y sus propias fundaciones y
organizaciones.
Pero los partidos, aunque lo nieguen, reciben donaciones opacas y
poseen verdaderos ejercitos de recaudadores que derivan hacia las
finanzas de los partidos dineros de dudosa y siempre oculta
procedencia, casi siempre entregados de forma interesada, a cambio
de favores, lo que constituye uno de los pilares más sólidos y
nauseabundos de la corrupción española.
La regeneración de la democracia española y la necesaria
erradicación de la corrupción a gran escala que infecta al país es
imposible sin limpiar antes a los partidos políticos, a los
sindicatos y a las organizaciones patronales, verdaderos focos
activos de la peor infección corrupta. Es necesario reformar las
leyes para que los partidos y los sindicatos se financien únicamente
por las cuotas de sus afiliados, por donaciones que tienen que ser
publicadas y conocidas por la sociedad y por algunos servicios
excepcionales, realmente necesarios y prestados a la sociedad,
siempre que sean autorizados y controlados por poderes
independientes y ajenos a los mismos partidos.
Voto en Blanco
Economía paso a paso
Menos gasto o más impuestos: no es lo mismo
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 7 Enero 2012
La literatura keynesiana ha equiparado a efectos macroeconómicos las
reducciones del gasto público y los aumentos de impuestos. Puede que
la magnitud de sus repercusiones no sea exactamente igual, pero su
dirección sí lo es: tanto reducir el gasto como incrementar los
tributos son políticas contractivas de la demanda que tienden a
deprimir la economía.
Aplicando esta lógica, quienes defendemos que, frente a una crisis
económica, la política acertada es la de que el Estado no dilapide
mediante déficits públicos el ahorro nacional y extranjero que va
aflorando y que es imprescindible para reorganizar el sector
privado, deberíamos ser relativamente indiferentes en lo relacionado
con aumentar impuestos o recortar el gasto. Al cabo, ambas vías son
de utilidad para reducir el déficit público. ¿Es así? ¿Realmente no
hay motivo económico fundado, salvo las preferencias ideológicas,
para escoger con exclusividad un camino u otro?
No. El primer error de esta equiparación tiene un carácter bastante
general: no es lo mismo el gasto público que el gasto privado.
Sostener que subir impuestos equivale a reducir los desembolsos
estatales necesariamente implica defender que el gasto público es un
sustitutivo más o menos perfecto del gasto privado y que, en última
instancia, poco importa quién dirija la economía y en qué
condiciones lo haga, si el Estado o los consumidores.
Pero, obviamente, esto no es así: los consumidores gastan en función
del valor que han generado previamente para otros consumidores;
tanto unos como otros expresan una información descentralizada y
desagregada acerca de cuáles son sus preferencias dentro de un
contexto de competencia empresarial por satisfacerlas del modo más
acertado posible. Y eso es justamente lo que, poco a poco, permite
su mejor coordinación. Por su lado, el Estado gasta no a partir de
la riqueza que ha conseguido generar para los demás agentes
económicos, sino a partir de la riqueza que ha logrado rapiñarles; y
lo hace, además, o bien despreciando las preferencias de los
consumidores –los políticos persiguen su propia agenda– o bien con
enormes problemas de información para satisfacerlas –ni conocen qué
desean los ciudadanos ni, sobre todo, cuál es el coste de
oportunidad de proporcionárselo–. Con esto no quiero decir, claro
está, que ningún gasto público pueda generar riqueza para los
consumidores finales, sino que por inherentes e inerradicables
problemas de incentivos y de información es muchísimo más complicado
que la genere el gasto público que el privado, especialmente cuando
hablamos de gasto público o privado a gran escala (¿cómo manejar el
50% del PIB de un país?).
Más allá de estos efectos generales, estas dos políticas tampoco son
convalidables en el caso particular de las crisis económicas. Aunque
en principio ambas tiendan a contraer el gasto total de la economía
–el aumento de impuestos restringe el gasto privado y la reducción
del gasto público hace lo propio con los desembolsos estatales–, es
importante analizar cuáles son las repercusiones de ambas
alternativas.
Por un lado, la reducción del gasto público, especialmente si es de
suficiente calado como para permitir una minoración de impuestos que
no afecte al equilibrio presupuestario, incrementa (o al menos no
reduce) la renta de aquellos que siguen generando riqueza, esto es,
de aquellos que continúan destinando los escasos recursos económicos
a producir bienes y servicios más valiosos que los alternativos que
podrían haberse fabricado con ellos. Además, merced al mantenimiento
o reducción de las cargas tributarias, las partes carcomidas de la
economía lo tendrán más fácil (o menos difícil) para tratar de
sanearse amortizando su excesivo endeudamiento y enajenando parte de
sus activos improductivos a las otras partes más robustas del tejido
productivo, las cuales, por su lado, merced a esos tributos más
moderados, también dispondrán de un mayor capital para seguir
creciendo y reemplazar la actividad languideciente de las
carcomidas.
En última instancia, el recorte del gasto público es sólo una
consecuencia del empobrecimiento previo del sector privado durante
la crisis económica: las transferencias y redistribuciones de renta
que efectúa el Estado a partir de la riqueza generada por el sector
privado han de reducirse porque el sector privado genera menos
riqueza. Es cierto que a corto plazo la suspensión de parte del
gasto puede dar lugar a la necesidad de un reajuste adicional de
determinadas partes de la economía; pero tengamos presente que
semejante retroceso es consecuencia no de que una parte de la
sociedad deje de generar riqueza, sino de que deje de consumirla con
cargo a un nada rentable endeudamiento colectivo. En realidad, la
economía se ve liberada de cargas que comprometían su viabilidad y
su facultad para prosperar. Quejarse de que recortar el gasto
público financiado con la emisión de deuda afecta negativamente al
PIB es como quejarse de que un ciudadano pródigo ve reducidos sus
desembolsos después de que decida, muy prudentemente para su
bienestar presente y futuro, que dejará de recurrir al crédito
bancario con tal de financiar sus partidas en el casino.
A este respecto, las inversiones públicas –en contraposición con el
llamado gasto corriente– que realmente estén contribuyendo a
impulsar el crecimiento a largo plazo –y cuyo recorte, por
consiguiente, tenga efectos verdaderamente contractivos en el
tiempo– serán, por los problemas de incentivos e información ya
apuntados, realmente poco cuantiosas. Pero, aun así, habría que
intentar focalizar los recortes en aquellas partidas que supongan
inversiones improductivas o meras transferencias de rentas desde
unos individuos a otros (sobre todos si éstas van a parar a
subsidiar actividades que por sí solas no serían rentables en el
mercado).
Eso sí: tengamos claro que no toda inversión pública a largo plazo,
por el mero hecho de ser inversión pública y a largo plazo, debe ser
conservada. Hay una tendencia excesiva a demonizar el gasto
corriente y a ensalzar las virtudes del gasto público dirigido a la
inversión; mas los despilfarros también pueden darse en las
inversiones estatales, y no sólo en los ejemplos más flagrantes y
escandalosos (aeropuertos sin pasajeros, parques de atracciones sin
atractivo turístico, bloques de viviendas desocupados, empresas
públicas muy intensivas en capital y con servicios muy
deficientes...), sino en otros menos evidentes: por ejemplo,
carreteras por las que sí circulan automóviles o gasto público en
I+D con resultados positivos pero que se sufragan merced a un
desplazamiento de la actividad en el sector privado que habría
tenido un mayor valor para los consumidores que la carretera o las
innovaciones. De hecho, esa pugna por captar el escaso capital
ofreciendo rentabilidades crecientes a los ahorradores que permite
dilucidar qué usos, de entre los miles de millones posibles, son
preferibles para ese escaso capital es justamente el proceso
competitivo que aborta el Estado, y por lo que, en general, podemos
decir que éste es un muy mal distribuidor de los recursos.
En cualquier caso, la única alternativa a atajar el déficit
reduciendo el gasto público durante una crisis pasa por incrementar
el grado de rapiña sobre la menor riqueza presente generada por
individuos y empresas. Y, como decíamos, parece claro que ésta sólo
contribuye a asfixiar un poco más al sector privado, justo en el
momento en el que necesita una mayor holgura financiera para
reestructurarse y volver a la senda de la creación sostenible de
riqueza: más impuestos significa menos rentabilidad de las
inversiones, menos capital disponible para amortizar deuda o para
acometer nuevos planes de negocio y, en definitiva, una alteración
de los patrones de especialización del sector privado productivo que
sólo agravan y dificultan la magnitud de los reajustes pendientes.
Si las crisis tienen su origen en las malas inversiones
generalizadas del sector privado –fruto de la expansión imprudente
del crédito de un sistema bancario privilegiado por el Gobierno–, no
parece que lo más inteligente sea apretarle todavía más las tuercas
cuando está atravesando un complicado período de catarsis. Más bien
al contrario: lo lógico sería aligerarle las cargas para no retrasar
aún más su saneamiento.
En suma, a la hora de reducir el déficit público, es vital que esta
minoración se efectúe no a costa de un sector privado que genera
mucha menos riqueza que antes sino a costa de quien venía gastando
con cargo a la presunta riqueza excedentaria que ese sector privado
fabricaba durante el boom económico artificial: es decir, a costa
del Estado. Austeridad, sin duda; pero austeridad del sector
público, que es quien ha incurrido en el déficit durante la crisis
(sea por culpa de los desestabilizadores automáticos o del gasto
discrecional para tratar vanamente de estimular la economía).
Sufragar los sobregastos estatales con una austeridad del sector
privado más rigurosa sólo contribuirá a obstaculizar el proceso de
recuperación.
Puede dirigir sus preguntas a contacto@juanramonrallo.com
Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad
Rey Juan Carlos y en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en
Twitter o en su página web personal. Su último libro, coescrito con
Carlos Rodríguez Braun, lleva por título El liberalismo no es
pecado.
Partido Popular
Lo que nos va a costar la victoria de
Javier Arenas
Pablo Molina Libertad Digital 7 Enero 2012
Las primeras decisiones ejecutivas del gobierno de Mariano Rajoy han
descolocado prácticamente a todo el mundo, pero especialmente a los
votantes del PP, que esperaban mucho más del gobierno llamado a
poner orden en un país arruinado tras la gestión de ZP. La
indefinición en asuntos clave de nuestra economía como la reducción
del peso del sector público, la pusilanimidad a la hora de controlar
los presupuestos autonómicos y la concesión facilona a la demagogia
indignada, con una subida de impuestos que ha hecho llorar de
envidia a Cayo Lara, son medidas que han provocado el estupor
general, sin que hasta el momento nadie en el PP haya acertado a
explicar el porqué de tanto despropósito.
Las soflamas de Rajoy durante la campaña electoral explicando que
las subidas de impuestos son perniciosas siempre pero sobre todo en
tiempos de crisis se compadecen difícilmente con su decisión de
elevar la presión fiscal sin tocar el otro lado de la ecuación, ese
descomunal gasto público que padecemos. Hasta los que aplauden a
Rajoy porque sus primeras medidas aparecen epigrafiadas en los
manuales de macroeconomía keynesiana con que estudiaron la carrera
allá por los ochenta saben que una elevación forzada de los ingresos
fiscales no puede tener un efecto decisivo en el reequilibro
contable del estado si no va acompañada de una fuerte poda del gasto
público, severidad imprescindible cuando el déficit de las cuentas
estatales se dispara y los indicadores económicos siguen bajo
mínimos.
El gobierno sigue dilatando la puesta en marcha de un vasto plan de
recortes, que probablemente afectarán, y muy severamente, al llamado
"Estado del Bienestar", y su presidente no tiene previsto comparecer
en público hasta el próximo mes de febrero. ¿Qué puede explicar
semejante inacción? Pues evidentemente la proximidad de las
elecciones andaluzas, única razón capaz de explicar la morcillez
culpable de un gobierno que ha decidido ponerse de perfil para no
perjudicar las expectativas de victoria del PP en una región que
jamás ha gobernado.
El PP tiene que bregar en Andalucía con la inmadurez política de una
sociedad corrompida masivamente tras más de treinta años de
socialismo, y no está dispuesto a facilitar al PSOE munición
caracterizándose como el ogro que viene a recortar el grifo de la
subvención y el PER a los paisanos del agro. A cambio, las reformas
que necesita el país entero quedarán aparcadas hasta que el
compañero Arenas no disponga lo contrario.
El único consuelo es que las elecciones andaluzas se celebrarán el
primer domingo de marzo. Jamás una victoria regional supuso un coste
tan alto para todos los españoles.
Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.
Ley Sinde
Canon popular
Maite Nolla Libertad Digital 7 Enero 2012
Si hace un año a Zapatero se le hubiera ocurrido eliminar el canon
digital a cambio de pagarlo con cargo a los presupuestos, no se
habría tardado nada en establecer una relación inmediata entre tal
decisión y los favores a los de la ceja, el unicejo y el entrecejo.
El caso es que a Zapatero no le dio tiempo de hacerlo, pero sí al
Gobierno del PP el primer día que ha tenido oportunidad.
Españoles, el canon ha muerto, nos dijo Soraya muy campanuda. Lo que
sucede es que ahora ya no lo pagará el que compre, ahora lo pagará
todo el mundo. El canon digital pasa a ser el canon popular. La SGAE
o lo que quede de ella y el resto de entidades de gestión se ahorran
unos euros en gastos de abogados, inspectores y demás personal. Es
más, se ahorran la mala prensa y el mal cuerpo que suponía ir a
pedir la cuota a los tenderos, bajo la amenaza de hundir su negocio
sólo por los pleitos. Ahora el canon se pagará, como dice el
decreto-ley del sábado 31, "con cargo a los Presupuestos Generales
del Estado". Todos pagaremos el mantenimiento de un derecho
exclusivamente privado, con un criterio tan exacto y fiel con la
seguridad jurídica como el de la "estimación del perjuicio causado".
Con lo cual, copien ustedes todo lo que puedan, que esto es como un
bufet libre o como tener calefacción central. No sean bobos.
Como dijo la señora vicepresidenta, el Gobierno del PP cumple con su
programa electoral; y es verdad. Rigurosamente cierto. El PP, por
motivos que se me escapan pero que demuestran que ciertos dirigentes
son intercambiables entre PP y PSOE, mutó sobre esto, por enésima
vez. Pasó de querer suprimir el canon porque aparentemente se creía
que era algo injusto, a utilizarlo como trueque en las negociaciones
de la Ley Sinde. El PP pacta con el PSOE y nos dice que lo hace a
cambio de la supresión del canon digital. Un cambio tramposo, porque
la justicia europea ya había decidido que eso era ilegal, al menos
en parte, aunque no hay que ser premio Nobel ni Raimundo de Peñafort
para saber que a la otra parte no le quedaba mucho, porque el
fundamento es el mismo. Suprimiendo el canon el PP cumple su
programa, sí, pero con el que más cumple es con el PSOE y con el
anterior Gobierno. Ya sé que los programas electorales no se los lee
nadie, pero no se sientan engañados en este punto. Lo digo por si
piensan ustedes que lo que dijo el PP en 2008 es lo mismo que dijo
en 2011. Por cierto, ¿he dicho "tramposo"? Quería decir "doblemente
tramposo", porque realmente no se suprime, se generaliza.
El debate sobre el canon ha finalizado. Muerto y enterrado. Ya no
hay manera de defenderse, ni de recurrir, ni siquiera de quejarse:
el pago del canon es parte de la política del Gobierno. La derecha
asfixiando a la izquierda... por la izquierda. Hasta aquí hemos
llegado.
SU GOBIERNO DISPARA LA DEUDA Y CONTINÚA CON LA FIESTA DEL
DESPILFARRO
La Junta de Griñán, el santuario del
derroche autonómico
@Agustín Rivera. Málaga El Confidencial 7 Enero 2012
José Antonio Griñán -lo de Pepe Griñán no ha calado en la
ciudadanía- se jacta del escaso déficit de la comunidad andaluza:
porcentualmente, es el noveno en cuanto a su comparación con el PIB
regional: 1,11%; eso sí, éste se eleva a 146.983 millones de euros,
el tercero mayor de las comunidades autónomas en cuanto a su
importe, tras los de Cataluña y Madrid. Pero Griñán y sus consejeros
olvidan un rosario de desajustes presupuestarios que confirman al
único territorio español aún gobernado por el PSOE como el santuario
del despilfarro autonómico nacional.
La deuda andaluza está desbocada. Entre enero de 2008 y el último
trimestre de 2001 la deuda andaluza se ha disparado de 166 a 693
millones de euros. ¿Consecuencia? El nivel de endeudamiento se elevó
al 8%. Las malas noticias proceden del estudio de la firma
internacional de auditoría y consultoría Russell Bedford, que se
basa en datos del Ministerio de Economía y del Banco de España, el
3,8% de su deuda total (13.740 millones de euros).
Las empresas públicas andaluzas no sólo no han disminuido, sino que
han aumentado. A principios de 2008 el número de entes públicos era
de 258 hasta los 361 actuales, con un aumento del 40%. El
endeudamiento de la comunidad se incrementó en 6.561 millones de
euros, de los que el 8% vienen de las empresas públicas. Andalucía
es, además, la tercera comunidad en la que más se ha incrementado la
deuda de estos entes (317,5%).
El ‘maná’ para Canal Sur
Canal Sur es una de las más beneficiadas del maná público de la
Junta de Andalucía. En el presupuesto de 2012 se detalla que en la
Radio Televisión de Andalucía (RTVA) prevé un déficit en 2012 de
30,5 millones de euros, a pesar de que el ente autonómico no para de
recibir ayudas del Gobierno andaluz. En 2011 recibió 155 millones de
los presupuestos de la Junta. Aun así, la empresa quiere tener mayor
capacidad de endeudamiento y ya avisa que los 122 millones de euros
que inyectará la Junta en 2012 resultarán insuficientes para evitar
los números rojos. Y eso que los directivos de Canal Sur pasan de la
crisis. Un grupo de máximo ejecutivos de la televisión autonómica
andaluza gastó un cuarto de millón de euros, de ellos, 27.403 en el
hotel Wynn de Las Vegas.
Las embajadas de la Junta de Andalucía en el exterior también forman
parte indispensable del capítulo del despilfarro autonómico andaluz.
Estas oficinas diplomáticas han consumido ya un presupuesto de 11
millones de euros y su mantenimiento supone cuatro millones al año.
La primera oficina que echará el cierre será la de Madrid, ubicada
en el Paseo de la Castellana y con un coste anual superior a los
170.000 euros. El director de la oficina, Julián Martínez, novio de
la exministra Bibiana Aído, fue nombrado por Gaspar Zarrías,
exvicepresidente de la Junta. Martínez, como adelantó El
Confidencial, cobra 42.000 euros anuales.
Los planes de Javier Arenas si llega a gobernar tras las elecciones
autonómicas de marzo pasan por suprimir la mayoría de las 21
oficinas de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), el
antiguo IFA (Instituto de Fomento de Andalucía), que se encargan de
captar inversiones para Andalucía. El Gobierno andaluz también
cuenta con cinco centros de promoción de negocios ubicados en Tokio,
Shanghai, Londres, Bruselas y Moscú).
La rehabilitación del Palacio de San Telmo, la sede del Gobierno
Griñán, estrenada en septiembre de 2010, el más lujoso de las sedes
autonómicas en España, ya causa hasta sonrojo a los propios miembros
del Ejecutivo socialista. En una reciente entrevista concedida a la
edición andaluza de El Mundo, la consejera de Presidencia y portavoz
del Gobierno, Mar Moreno, ha reconocido que el Ejecutivo socialista
no hubiera empezado unas obras de un palacio, de 22.000 metros
cuadrados, equipado con cuarenta lámparas a 8.000 euros la pieza y
diseñado con mármol de Carrara.
EREs falsos, 300 coches oficiales, 38.000 móviles…
El escándalo de las prejubilaciones fraudulentas en la Junta de
Andalucía, también conocido como el caso de los EREs falsos, es
quizá el más claro ejemplo de interminable crónica del despilfarro
en Andalucía. El fondo de reptiles de 700 millones de euros es un
pozo sin fondo. La juez Mercedes Alaya, titular del Juzgado de
Instrucción número 6 de Sevilla, publicará nuevos autos antes de los
comicios autonómicos que podrían acabar por destapar nuevas
irregularidades que podrían poner contras las cuerdas al Gobierno
socialista sureño.
El PP de Andalucía ya inauguró en septiembre de 2010 el buzón del
despilfarro destapando el sistema de sobresueldos creado por el
anterior equipo de la Diputación de Granada, controlado entonces por
el PSOE e Izquierda Unida, con gastos en los últimos cuatro años de
228.000 euros (102.000 en dietas y 126.000 en transporte). Los
delegados provinciales socialistas cobraban dietas de 40 euros en
horario de mañana y 90 euros en horario nocturno “simplemente por
hacer su trabajo” a través de la partida llamada “atención a la
delegación”, cuando en realidad se trataba de pagos al margen de la
nómina.
Si la Junta de Andalucía, que cuenta con una nómina de 300 coches
oficiales y 38.000 teléfonos móviles, se gasta 165.000 euros al día
en publicidad institucional, la comunidad cuenta con
infraestructuras inutilizadas como el tranvía de Jaén que cuesta
seis millones de euros al año a la ciudad andaluza, 16.438 euros al
día. El Ayuntamiento se gasta 1,7 millones anuales por el
arrendamiento de los cinco vagones. La Junta inyectó 100 millones de
euros en el tranvía que apenas funcionó unos días.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
Las manos sucias
Luis del Pino Libertad Digital 7 Enero 2012
Editorial del programa Sin Complejos del sábado 7/1/2012
En marzo de 2010, George Bush y Bill Clinton visitaron un campo de
refugiados en Puerto Príncipe, poco después del terremoto que asoló
Haití. Las noticias de aquella visita dieron la vuelta al mundo,
pero por una razón completamente ajena al espíritu humanitario que
supuestamente animaba a los dos ex-presidentes americanos: si
levantó tanta polvareda esa visita fue porque en las imágenes
difundidas por televisión se veía a George Bush dando la mano a uno
de los refugiados del campo y a continuación limpiándosela en la
camisa de Bill Clinton.
No es el único caso en que un gesto instintivo como ese le ha jugado
una mala pasada a un político. Seet Ai Mee era una doctora en
bioquímica que, después de una exitosa carrera en la empresa
privada, logró ser elegida como diputada en 1988 para el Parlamento
de Singapur, a los 45 años de edad. Un año después, la doctora Mee
era nombrada Secretaria de Estado y en 1991 juraba su cargo como
viceministra de Desarrollo Comunitario.
Había comenzado su carrera política a una edad avanzada, pero una
vez iniciada, progresaba a la velocidad del rayo. Todo el mundo daba
por hecho que después de las siguientes elecciones generales sería
nombrada ministra, con lo que hubiera sido la primera mujer en
formar parte del Gobierno en toda la Historia de Singapur.
Esas nuevas elecciones, en 1991, no tenían por qué representar un
obstáculo: el distrito por el que se presentaba la doctora Mee era
favorable a la mayoría gubernamental y ella había ganado a su
oponente la vez anterior por una cómoda diferencia de 7 puntos. Pero
una visita al mercado durante la campaña electoral vino a trastocar
todos sus planes. Las imágenes de televisión captaron cómo la
doctora Mee le daba la mano al dueño de uno de los puestos del
mercado, para a continuación limpiársela, una vez que se había
alejado de aquel hombre.
Y esa muestra de hipocresía, esa demostración de que la doctora sólo
estaba en aquel mercado para buscar el voto de personas a las que,
en realidad, despreciaba, dio la vuelta a las encuestas y la doctora
Mee terminó perdiendo su escaño por una diferencia de 3 puntos. Tras
ese fracaso, aquella fugaz estrella de la política singapurense
abandonó la política y volvió a la empresa privada.
Hoy sábado, la segunda aspirante al cargo de Secretario General del
Partido Socialista, Carme Chacón, presenta su candidatura
oficialmente. Y ha elegido, para esa presentación, el pueblo
almeriense de Olula del Río, donde nació su padre. Un padre al que
hasta ahora había mantenido cuidadosamente oculto, pero al que hecho
salir de las sombras al ver que necesita el voto de los socialistas
no catalanes.
La verdad es que no sé qué es lo que contará Carme Chacón a los
vecinos de su padre. Supongo que les podría contar, por ejemplo,
cómo esos vecinos no podrían, si se trasladaran a Cataluña,
conseguir educación para sus hijos en su lengua materna, porque
Carme Chacón y otros como ella se han encargado de prohibir que el
castellano sea lengua vehicular en la enseñanza.
O les podría contar cómo, si abrieran un comercio y se les ocurriera
rotular en español, podrían ser multados, gracias a la norma
aprobada por los nacionalistas de CIU y potenciada por los
nacionalistas del partido de Carme Chacón.
O les podría contar cómo aquellos que defienden los derechos de los
castellanohablantes en Cataluña son amenazados día sí y día no por
descerebrados de diverso pelaje, mientras que la casta política
catalana recoge las nueces de los árboles que los descerebrados
mueven.
O les podría contar cómo en numerosos ayuntamientos gobernados por
el partido de Carme Chacón no ondea la bandera del país al que
pertenece Olula del Río, incumpliendo abiertamente las leyes sobre
exhibición de símbolos nacionales.
O les podría contar cómo desde la Generalitat se subvenciona a todo
tipo de asociaciones que hacen de los ataques a España su razón de
ser, y cómo su partido, el PSC, ha consentido y promocionado ese
tipo de actividades.
O les podría contar cómo ella ha apoyado un Estatuto que convierte a
los castellanohablantes en ciudadanos de segunda en su propio país.
O les podría contar cómo los nacionalistas catalanes hacen mofa día
sí y día también de los andaluces, presentándoles como vagos
impenitentes que viven a costa del esfuerzo y el trabajo de los
catalanes. Sin que Carme Chacón ni ninguno de sus compañeros hagan
el más mínimo esfuerzo por combatir esos tópicos hirientes.
O les podría, en fin, contar cómo ella, en persona, se manifestó en
una Diada al lado de sus compañeros de las Juventudes Socialistas de
Cataluña, que lucían camisetas con el lema "Todos somos Rubianes",
en alusión a ese actor que se permitió cagarse "en la puta España"
en un programa de la televisión autonómica.
¡Podría contarles tantas cosas Carme Chacón!
Resulta doloroso ver a una nacionalista catalana como Chacón
haciendo demagogia barata, y buscando votos en Andalucía ahora que
necesita ser Secretaria General de ese partido en descomposición
llamado PSOE.
Mañana, cuando vuelva a Cataluña, seguirá pisoteando los derechos de
los castellanohablantes y consintiendo que otros hagan mofa de
ellos. Pero hoy necesita su voto.
Bueno, pues si es así, y en prueba de buena voluntad, permítame doña
Carme Chacón un consejo: si después de hablar con los vecinos de su
padre y estrecharles las manos, decide lavarse las suyas, al menos
procure no lavárselas en público.
Hacer pública exhibición de sus desprecios puede ser malo para sus
perspectivas electorales.
Diez euros a la basura
Cristina L. Schlichting La Razón 7 Enero 2012
Coja un billete de diez euros, de esos rositas; haga con él una
pelotilla y tírelo a la papelera. Si es usted catalán, sepa que es
exactamente lo que está haciendo por culpa de Artur Mas. Cada uno de
los cuatro millones de contribuyentes catalanes desembolsa más o
menos eso para pagar los cerca de 40 millones de euros que cuestan
las embajadas catalanas en el extranjero. En el Rockefeller Center
de Nueva York mullidas alfombras conducen a un hall en el que se
encuentra la delegación de Quebec. Justo enfrente, el visitante
descubre la embajada de Cataluña, unos 300 metros de lujo que
cuestan 330.000 euros en alquiler. Y es que estar a la altura de
Quebec se paga. El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel
García-Margallo, ha propuesto que las autonomías se sirvan de las
legaciones nacionales para fomentar su presencia en el extranjero.
No se crean que Cataluña es la única: hay 200 oficinas autonómicas
en el extranjero dedicadas a apesebrar amigos del poder local. Y no
precisamente las más saneadas (Valencia, Andalucía y Murcia tienen
muchas). La propuesta del ministro ha tenido buena acogida, excepto
en la Generalitat.
–«Ningún país cierra embajadas en momentos de crisis».
Pues muchos países se lo están replanteando. O cerrar embajadas o
concentrar consulados. Por ejemplo, Francia, Italia, Reino Unido y
Austria. Pero Cataluña, no. Que para nada. Que de utilizar las
instalaciones del «Estado español», nada. Que lo de las embajadas es
prioritario. Con razón ha protestado el alcalde de Sabadell, el
socialista Manuel Bustos, al que no sólo le han retrasado dos años
la construcción del nuevo hospital comarcal Ernest Lluc, sino que se
le ha recortado en 14 millones de euros el presupuesto del hospital
Taulí, que se sale de enfermos y no da abasto ni con los dineros de
antes. La Generalitat, además de las 38 oficinas comerciales
desplegadas por todo el mundo desde hace años, ha abierto seis
embajadas en París, Londres, Berlín, Bruselas, Nueva York y Buenos
Aires y está en proceso de ponerlas en Casablanca, México, Brasil y
una capital asiática. Parece que los nuevos centros no inaugurarán
sus puertas, pero habrá que ver que se hace con oficinas como la de
Nueva York o París (339.000 euros). Las cuentas no son muy claras.
En los presupuestos hay apenas millón y pico de euros previstos para
este capítulo y los sueldos ni se mencionan. Cada delegado
–recordemos el caso del hermano de Carod Rovira, Apeles– cobra
87.500 euros anuales, pero además cuenta con entre cinco y diez
personas como asistentes. La cuestión es que, cuando se recorta en
Sanidad y Educación en Cataluña, se tira dinero para hacer
propaganda política. Es como publicitar queso cuando careces de
leche.
EL AGUJERO EN LA COMUNIDAD ROZA LOS 8.000 MILLONES
El Tripartito disparó en 5.000 millones la
deuda de las empresas públicas catalanas
Daniel Toledo El Confidencial 7 Enero 2012
El agujero generado por las empresas de comunidades y ayuntamientos
al que Mariano Rajoy quiere poner coto tiene nombre y apellidos.
Según los datos del Banco de España hasta septiembre, Cataluña vio
cómo la deuda de su sector público empresarial se disparaba en más
de 5.000 millones durante los años de Gobierno tripartito. De hecho,
llegó a sobrepasar los 8.000 millones de euros en el primer
trimestre de 2011, cuando el convergente Artur Mas daba sus primeros
pasos al frente de la Generalitat. La comunidad catalana acumula a
día de hoy la mitad de las obligaciones de todos los entes públicos
autonómicos, que se elevan a 15.495 millones de euros.
Los socialistas catalanes (PSC), Esquerra Republicana (ERC) e
Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) suscribían a finales de 2003 el
Pacto del Tinell, por el que unían fuerzas para acceder al gobierno
de la autonomía bajo la presidencia de Pasqual Maragall. La entente
se mantuvo tras los siguientes comicios de noviembre de 2006, ya con
el ex ministro José Montilla al frente del PSC, y se prolongó hasta
la llegada de CiU al poder a finales de 2010. La deuda en las
empresas públicas que se encontró el Tripartito apenas alcanzaba los
2.613 millones en 2003. Siete años después el agujero se había
incrementado en 5.076 millones. Estaba en 7.689 millones en el
cuarto trimestre de 2010 y en 8.003 en el primero de 2011. Todo un
récord.
No hay ninguna comunidad que siquiera pise a los talones a Cataluña
en cuanto a deuda de su sector público empresarial. Valencia y
Madrid, que le hacen compañía en el pódium, presentan un
desequilibrio de 1.694 y 1.641 millones, respectivamente. La deuda
catalana no sólo es la mitad de la que acumula el conjunto de
empresas dependientes de comunidades autónomas, sino que supone una
cuarta parte del agujero total de los entes públicos autonómicos y
locales, que se dispara hasta los 24.785 millones de euros, el
equivalente a todo el presupuesto inicial del Ministerio de Trabajo
para 2011 o cinco veces los fondos consignados para Fomento, el
departamento inversor por excelencia.
Como se ha denunciado desde diferentes instancias, las comunidades
autónomas han venido utilizando este tipo de sociedades para desviar
inversiones, ya que el gasto de estas empresas no computa como
déficit. Sin ir más lejos, el Círculo de Empresarios recordaba en un
reciente informe que dichas compañías son “un mecanismos de posible
indisciplina fiscal” y apuntaba que “resulta muy significativo que
las comunidades autónomas más endeudadas sean precisamente las
mismas que mayor número de entes y empresas públicas han creado a lo
largo de los últimos años”. En efecto, Cataluña, la autonomía más
endeudada con 39.268 millones de euros -una tercera parte del
total-, es la que más sociedades tiene registradas.
Una quinta parte de todas las empresas
Según los últimos datos de Hacienda, contenidos en el Informe sobre
la reordenación del Sector Público Autonómico, Cataluña mantiene 454
sociedades públicas, una quinta parte del total de 2.290 que se
apuntan todas las comunidades autónomas. Aunque la Generalitat se
comprometió en marzo de 2010 a rebajar en 67 el número de empresas,
apenas lo había hecho en dos a 1 de julio de 2011. “En lugar de
reducir sólo servicios públicos, vamos a reducir los salarios,
vender empresas públicas e introducir nuevas tasas”, aseguraba el
presidente de la Generalitat en una reciente entrevista a Bloomberg,
apenas días antes de abonar in extremis la paga extra de los
funcionarios.
El Gobierno dejó claro el pasado viernes tras el Consejo de
Ministros que exigirá a las comunidades autónomas que cumplan el
compromiso de reducción de entes pactado con el Gobierno socialista
en marzo de 2010 y que hasta ahora ha sido papel mojado. El
denominado Acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas
públicas autonómicas y locales recogía un compromiso de eliminación
de 514 entes autonómicos de los 2.359 contabilizados. Un año
después, a 1 de julio de 2011, apenas se habían suprimido 69, el
13,4%. Los números demuestran que las autonomías se han limitado a
dar largas a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Política
Fiscal y Financiera de hace dos años.
Según los datos que maneja el Gobierno a través de la Intervención
General del Estado (Igae), más de 4.000 compañías conforman el
entramado societario dependiente de las administraciones públicas. Y
el problema no es baladí. Cómo publico El Confidencial, los entes
públicos de comunidades y municipios tienen comprometidos créditos
con instituciones financieras por valor de 17.114 millones, de los
cuales 1.448 vencen en los próximos doce meses.
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