AGLI

Recortes de Prensa   Martes 17  Enero 2012

 

Decepción.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 17 Enero 2012

Habrá algunos que se hayan quedado estupefactos y sumidos en una profunda decepción a la vista de las “medidas” que Rajoy ha adoptado en su corto tiempo de mandato. Sin embargo, para mí no existe decepción sino confirmación de la personalidad anodina, maleable y demagógica de este sujeto que llega al poder no por su méritos, sino por el suicidio político del oponente político. Y eso es lo verdaderamente dramático en una época en la que España lo que necesita es un liderazgo fuerte y una firmeza a la hora de aplicar unas medidas anti crisis que no vengan improvisadas y bajo la excusa del “yo no esperaba esta situación ”.

Lo que parece quedar bastante patente es que Rajoy ha tomado el camino más fácil y deja aparcados los temas conflictivos por razones puramente partidistas y de oportunismo político ante las elecciones autonómicas andaluzas. Es verdad el dicho de que Zamora no se conquistó en una hora, pero ¿dónde han quedado las promesas de la investidura?¿dónde están las cien medidas urgentes anti crisis del programa electoral del PP? ¿Me va a querer convencer Rajoy de su ingenuidad y que no preveía las mentiras de Zapatero y de sus Ministros?¿A qué vinieron los elogios y las alabanzas al proceso de transmisión de poderes y a los Ministros salientes?

Como siempre, Rajoy da muestras de su falta de convicción y de su ambigüedad sincera o disimulada, pero que le sirve de escudo a la hora de escurrir el bulto de sus responsabilidades y de sus promesas. Y es que alguien que basa su política en el”depende” o ejerce del tópico galleguismo, no puede ser el hombre que lleve el mando de la recuperación de España. Sus declaraciones amparadas en el “nada es para siempre” o si el tiempo no lo impide, o si existe una conjunción planetaria adversa o cosas por el estilo, no hacen sino corroborar su falta de confianza en sus propias propuestas, si es que verdaderamente las ha meditado lo suficiente y pensó en aplicarlas.

Hasta ahora, en este breve espacio de tiempo que existe entre su sesión de investidura y hoy, todo lo que ha hecho ha ido en contra de sus declaraciones, con una clara discriminación sobre las prioridades que estableció y con una cobardía manifiesta en no tensar la cuerda con los sindicatos. Y es posible que la falta de liquidez se corrija con la presión fiscal directa sobre el impuesto de la renta, pero nada impedía seguir recortando en el gasto, sobre todo en subvenciones a esos mismos sindicatos, Televisiones autonómicas, empresas públicas innnecesarias y desastrosas, y un largo etcétera de control de los dispendios injustificados de Autonomías, o derogando las últimas tropelías del anterior Gobierno de Zapatero en donaciones a sus fieles y en su nombramientos a dedo.

Es una cobardía y una táctica miope que antepone los interese de partido a la verdadera salida de la crisis, con un absoluto desprecio por los ciudadanos y por los once millones de votantes que han depositado su confianza. Parece claro que Rajoy y su equipo solo han necesitado de 21 días para lograr la decepción general y el que muchos se hayan sentido estafados y desengañados. Personalmente solo me siento asqueado por comprobar que esta partitocracia es el verdadero cáncer de España y que la solución nunca vendrá de la mano de quienes se sirven de lo público.

Tasa Tobin
Cadena de disparates
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 17 Enero 2012

Sea el más puro vacío ideológico hermanado con el pensamiento único de la izquierda, el vasallaje al eje francoalemán o el electoralismo populista más rancio y antipatriota, lo cierto es que Rajoy no ha dejado de encadenar disparate tras disparate. Primero fue su salvaje, innecesaria y nociva subida de impuestos; luego su átono compromiso a recortar el gasto público; más tarde, la dilación del plazo en el que las autonomías deben devolverle al Estado central un dinero que éste no tiene y que aquellas no pueden seguir despilfarrando; y, ahora, su apoyo cerrado a esa boutade de extrema izquierda llamada Tasa Tobin –o impuesto sobre las transacciones financieras– confirman que ese hombre tranquilo y previsible que se nos vendió en campaña ha terminado por convertirse en un hiperactivo e impredecible intervencionista de tomo y lomo. Vamos, en lo que a política económica se refiere, un Zapatero-bis obsesionado con subir impuestos para financiar el sobredimensionado modelo de Estado gestado durante la época de la burbuja.

Ahora se quieren gravar las transacciones internacionales para que los bancos, los causantes de la crisis se nos dice, contribuyan a adoquinar el camino a la recuperación. Cómo un tributo que fue ideado para estabilizar los tipos de cambio entre divisas ha terminado por convertirse en un pecho más, en una herramienta más para saciar la voracidad del Estado, merecería alguna explicación más que un apretón de manos entre políticos dirigido a confirmar el expolio. Al cabo, el propio James Tobin se horrorizaba en sus últimos días del distorsionado uso que el movimiento antiglobalización –ahora antropomorfizado en los Consejos de Ministros de media Europa, incluida España– estaba realizando de su propuesta con tal de crear una megaburocracia internacional a costa de los ciudadanos que, oh ultraje, optaran por ahorrar e invertir su dinero en algún producto financiero. Hoy, para nuestra desgracia, esa megaburocracia internacional ya ha sido erigida y consolidada: se llama Unión Europea, con sus respectivos Estados nacionales y regionales, a cada cual más manirroto. Lo que le falta para subsistir son ingresos tributarios suficientes, y el acoso a los ahorradores parece ser la opción preferida por muchos de nuestros kamikazes mandatarios.

Y sí, digo bien: acosar a los ahorradores, que no a los bancos. Rajoy podrá jurarnos que falta cerrar ciertos flecos para evitar que éstos repercutan el nuevo tributo a sus clientes, pero, como con sus promesas electorales, estamos ante mera palabrería hueca. De hecho, ésta es todavía peor que las anteriores: Rajoy podía prometer, y cumplir, que no subiría impuestos; pero Rajoy no puede cumplir de ninguna manera su propósito de que los bancos no trasladen ese sobrecoste sobre sus clientes ahorradores. ¿O acaso va a controlar el importe de todas y cada una de las comisiones que los bancos, como intermediarios financieros, cargan sobre sus clientes? Hoy en día existen llamativas diferencias en las comisiones de corretaje, de custodia de valores o de cobro de dividendos entre unas entidades y otras, ¿les impedirá mover una iota cualquiera de ellas?

Claramente no, porque el objetivo real de la Tasa Tobin –dirigida en su origen, repito, a desincentivar el trading activo en divisas– no es que la paguen los intermediarios, sino los usuarios finales, que son quienes lanzan o no las órdenes de comprar y vender (que es lo que se trata de desincentivar). Pero, además, en el contexto actual es del todo impensable que la vaya a sufragar nuestro descapitalizado sistema bancario europeo: ¿o es que se proyecta inyectar miles de millones a la banca europea para luego imponerles un tributo? ¿No sería más sencillo que, de entrada, redujesen el importe de los planes de recapitalización pública?

Lo sería pero, como digo, nadie se cree seriamente que la Tasa Tobin la vayan a pagar los bancos. Es más, los ahorradores europeos la sufrirán de una manera aún más dañina que el pago directo del impuesto: la Tasa Tobin mermará la liquidez de los mercados. Cuando quieran desprenderse de un bono, de una acción o de cualquier otro producto financiero encontrarán muchas menos contrapartes, de modo que, si la venta les corre mucha prisa, deberán liquidar a precios desfavorables. Todo lo cual, claro, hará que estos mercados se vuelvan más arriesgados y disminuirá el ahorro a largo plazo que afluya a los mismos.

Justo lo que necesitábamos en Europa: convertir a nuestros mercados en tóxicos para el ahorra nacional y extranjero. Después de mantener el Impuesto sobre el Patrimonio y de colocar los gravámenes sobre el capital al 27%, sólo nos faltaba ahora la Tasa Tobin. Toda una proeza propia de preclaras mentes socialistas. Luego pondrán el grito en el cielo cuando el capital salga a espuertas de España y Europa rumbo al Reino Unido o Estados Unidos: "los especuladores, los especuladores", clamarán. No, su propia torpeza y vileza a la hora de rematar a la gallina de los huevos de oro.
Juan Ramón Rallo es doctor en Economía y profesor en la Universidad Rey Juan Carlos y en el centro de estudios Isead. Puede seguirlo en Twitter o en su página web personal. Su último libro, coescrito con Carlos Rodríguez Braun, lleva por título El liberalismo no es pecado.

Autonomías
El déficit y su castigo
Guillermo Dupuy Libertad Digital 17 Enero 2012

"No se puede gastar más de lo que se ingresa, y sobre el que gaste más caerá el peso de la ley, porque la primera obligación de un responsable político es saber gestionar con lo que tiene y no comprometer el futuro con lo que no tiene". Me temo que tan encomiables palabras de la vicepresidenta del Gobierno a favor del equilibrio presupuestario van a tener muy escaso reflejo en la Ley Orgánica de Estabilidad y Sostenibilidad Presupuestaria que ultima el gobierno. Y no lo digo sólo porque en el anteproyecto de ley semejante objetivo se posponga hasta 2020, fecha a partir de la cual el déficit estructural no podrá superar el 0,4 por ciento; ni tampoco lo digo porque, aun para entonces, ese límite se podrá sobrepasar si se dan "situaciones excepcionales". A lo que me refiero, concretamente, es al inconcreto "peso de la ley", a las desconocidas sanciones o castigos que se aplicaran a los que, más que de una mala gestión, son responsables de una apropiación indebida de las recaudaciones de legislaturas venideras.

Si el déficit tuviera un tratamiento penal, como una especie de "apropiación indebida", en el sentido antes señalado, no dudo que el efecto disuasorio del castigo conduciría a la observancia de la ley. Sin embargo, si el castigo va a consistir, tal y como parece, en sanciones económicas cuyo peso no lo va a soportar el gobernante manirroto sino los ciudadanos, me temo que los techos de gasto de los que nos habla el gobierno van a quedar en papel mojado. Y es que, tanto si consiste en una multa como en un descuento en las siguientes transferencias del Estado a la Comunidad incumplidora, corremos el riesgo de que la aplicación de la sanción suponga una mayor vulneración de la ley que esa sanción venía a castigar. Dicho en otras palabras, corremos el riesgo de que el castigo por el déficit se traduzca en un déficit aun mayor.

Así las cosas, creo que, en lugar de amenazar teatralmente a los gobernantes manirrotos con el "peso de la ley", más le valdría al PP anunciar que retirará como candidato en las próximas elecciones municipales y autonómicas a todo aquel alcalde y presidente autonómico que gaste más de lo que ingrese. Así, seguro que espabilan.

Claro que para ello, las palabras de Sáenz de Santa María habría que entenderlas como un sincero compromiso con el equilibrio presupuestario, y no como un homenaje más que el vicio rinde a la virtud.

La ETA sigue activa
Fermín Bocos Estrella Digital 17 Enero 2012

La detención en Francia de tres pistoleros de la ETA es una noticia que debería hacer reflexionar a quienes de manera tan apresurada como interesada nos habían vendido el cuento del final de la banda terrorista. Digo esto porque uno de los detenidos llevaba material para fabricar explosivos. ¿Para qué necesita explosivos una organización que en su día proclamó que renunciaba de manera "permanente" a la lucha armada? La respuesta es muy sencilla: porque la banda no se ha disuelto. La ETA sigue en activo. En activo, aunque en fase de letargo estratégico. Bajo el Gobierno Zapatero dicha hibernación persiguió y consiguió réditos políticos para las pantallas electorales herederas de Batasuna -legalización de 'Bildu' en sentencia del Tribunal Constitucional que revocaba otra del Supremo-.

En paralelo con los elementos políticos que aconsejaron a la dirección de la banda plantear una nueva versión de "alto el fuego", está la propia situación de la banda: diezmada por las detenciones y las infiltraciones. Es un hecho comúnmente admitido que la paciente y eficaz actuación de la Guardia Civil, a uno y otro lado de la frontera con Francia, es lo que ha puesto a la banda contra las cuerdas. Para contrarrestar su debilidad operativa, dicho sin eufemismos: su capacidad terrorista, es por lo que activaron sus terminales en el mundo del nacionalismo político y levantaron aquella farsa de la supuesta mediación internacional (con Kofi Annan, Gerry Adams y demás comparsas) que con tanto entusiasmo compraron el zapaterismo agonizante y sus terminales mediáticas.

Visto lo ocurrido el fin de semana en Francia, tengo para mí que los Rubalcaba, Patxi López, Urkullu, Alonso y demás personajes que en su día vendieron como buena la noticia del final de la ETA, deberían reflexionar al tiempo que contestan a la pregunta del millón: ¿para qué quiere explosivos una banda que, supuestamente, se había comprometido a dejar la lucha armada?

Libros no recomendados
FERNANDO SAVATER El País  17 Enero 2012

En vísperas de finalizar el pasado año, nuestro periódico publicó un reportaje en el que varios historiadores, politólogos y filósofos recomendaban lecturas a los políticos para encaminarles en el buen gobierno. Todas eran estupendas, de Platón y Maquiavelo hasta el Algo va mal, de Tony Judt, que se ganaba doble mención. Nadie podría ponerles un pero... de modo que yo seré ese nadie: las obras elegidas resultan apropiadas para la cabecera de cualquier gobernante, sin duda, pero casi ninguna se refiere específicamente a los problemas nacionales que tendrán que afrontar los representantes españoles recién nombrados. Por remitirme al expresivo título del libro de Tony Judt, son libros que tratan de lo que va mal en nuestras democracias, pero no de ese "algo" que va peor en España que en otros países.

No deja de ser chocante el interesado desinterés con que son acogidos en el debate público ciertos ensayos morales y políticos de actualidad sobre nuestro presente. Naturalmente no digo que debieran ser aceptados y celebrados sin rechistar, pero me extraña que no merezcan más que alguna convencional reseña en el mejor de los casos y en otros ni eso. La piedra cae en el estanque sin apenas alterar su plácida superficie, se hunde calladamente hasta el fondo, mientras las ranas se apartan con discreción y siguen croando luego sus lemas rutinarios como si nada. Algo así ha pasado, por ejemplo, con El mal consentido (Alianza), de Aurelio Arteta, razonado análisis de las actitudes de quienes conviven con atrocidades como el terrorismo y siempre encuentran motivos para desentenderse de su evidencia o justificar su inhibición ante ellas.

Hay obras que aún guardan más directa relación con los intereses de los políticos. No caben muchas dudas de que los nacionalismos que pretenden privilegios amenazando con la separación son uno de los problemas más acuciantes de España. De ellos no habla Platón ni Maquiavelo, y Tony Judt solo de refilón. En cambio son el tema de La trama estéril (Montesinos) de Félix Ovejero, centrado en la paradójica colusión entre la izquierda y el nacionalismo. El autor es un reputado politólogo que ya había dedicado otro notable ensayo a este tema: Contra Cromagnon: nacionalismo, ciudadanía, democracia (Montesinos). En La trama estéril comienza haciendo una consideración general sobre qué son las naciones y cuáles sus límites, respondiendo en cierto modo a aquella observación del entonces presidente Zapatero sobre lo discutible que resulta el concepto de nación. Después repasa detalladamente, con minuciosa documentación y bibliografía, los principales problemas políticos de la cuestión, empezando por la relación entre la lengua y la ciudadanía, tan pervertida por unos como cínicamente minimizada por otros, para seguir con las cuestiones económicas y el tema de la igualdad, reivindicación clásica de la izquierda hasta que fue relegada en beneficio de la posmoderna exaltación de la diferencia.

El profesor Ovejero encuentra difícilmente comprensible, desde el plano de los principios, que los partidos de izquierda -desazonados por los cambios sociales y económicos que han hecho dudosos sus apoyos tradicionales- hayan buscado nuevos votantes por medio de tesis nacionalistas que se oponen a lo que siempre fue su proyecto político característico. Su argumentado planteamiento puede y sin duda debe ser discutido, pero difícilmente puede ser pasado por alto o despachado con los habituales dicterios de "facha", "españolista", "neofranquista" y las demás rutinarias lindezas con las que muchos pretenden escamotearse de la fatigosa tarea de razonar inteligiblemente. Ahora que los desarbolados socialistas, por ejemplo destacado, tratan de reorganizar su mensaje político, esta reflexión académica en su rigor pero no menos apasionada sería probablemente más útil que los manifiestos de vacuas generalidades que enfrentan a aspirantes al mando pero no inciden en los temas de fondo.

Y sin embargo, uno tiene la melancólica impresión de que ya hay ciertos disparates que se dan por indiscutibles e irremediables. Será por eso quizá que los doctores renuncian a recomendar estos libros a los gestores que tanto necesitarían conocerlos para que algún día saliésemos de la actual zona pantanosa.

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Armados y mentirosos: peligrosos
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 17 Enero 2012

¿Pero de qué se sorprenden? Si unos terroristas llevan armas y planean atentados no hacen más que lo que siempre hicieron. El error no es suyo, sino de los llamados a derrotar a ETA.

Nada de lo que ha pasado puede escandalizar a nadie. Porque no ha pasado nada que no estuviese más que anunciado, y que sólo quien esperaba lucrarse fingiendo inocencia ha fingido creer imposible durante unos meses. Ojalá fuese de verdad insólito que un grupo de asesinos abertzales circule armado por Europa. Pero no lo es: es una triste rutina desde hace unas cuantas décadas, una rutina que, además y por lo que sabemos, no ha terminado.

Dice el presidente Nicolas Sarkozy, condecorado con el mismo Toisón que ningún jefe de Estado ha llevado en Francia desde la Monarquía, que "nunca volverá a haber Pirineos" en la lucha contra el terrorismo. Y en ese caso están muy bien escogidos los términos, porque se trata exactamente de eso, e irrevocablemente de eso: ETA es terrorismo, y hasta prueba en contra –prueba que no sólo no ha llegado sino que se aleja- todo lo relacionado con ETA es crimen; y frente al terrorismo, esto es cosa sabida, la única solución efectiva y de demostrada eficacia es el combate, utilizando sin contemplaciones todos los amplios medios que el Estado de Derecho tiene a su disposición (y si lo necesita, los puede ampliar, ya que es en defensa de la Nación, del Estado y de la democracia que hoy sirve a ambos).

ETA ha demostrado que su teatrillo de Ayete tuvo menos sustento en la realidad que los nombramientos que allí mismo realizaba Francisco Franco. Tres etarras disponían en Francia de las armas y de la logística necesarios para cometer nuevos crímenes; la única manera de certificar su abandono de las armas es entregarlas. No sólo no las han entregado, sino que Jon Etxeberría Oiarbide, Íñigo Sancho Marco y Rubén Rivero Campo acumulaban más medios la espera de recibir una orden de matar desde las jerarquías más elevadas de su banda, que ¿sorprendentemente? resultan anticiparse a las ocurrencias de los líderes de Bildu, Amaiur, Nafarroa Bai y demás.

No se trata además de inocentes corderillos atrapados en el trabalenguas de la banda de asesinos: son criminales que en algún caso podrían haber cometido ya sus propios delitos, sin esperar a que lo "permanente" se convierta en "transitorio" o vaya usted a saber. Aquí los pasos están claros: ninguna concesión a ETA es admisible con estas cartas sobre la mesa, y es momento de que la banda, bajo ninguna forma, quede fuera de la vida electoral vasca y navarra. ¿Había dudas? Es de esperar que esto haya terminado con muchas, sin esperar a que las bombas de los muchachos exploten.

Los Mossos y el castellano
‘En Cataluña, la llamada “construcción nacional” e identitaria se ha desarrollado siempre en detrimento de los servicios, los derechos y las libertades públicas; son las prioridades del nacionalismo. Las élites que deciden en Cataluña se escandalizan con más facilidad cuando se toca la identidad que cuando se toca la calidad de los servicios públicos. Es lógico que al final, las víctimas del ‘establishment’, que en este caso son los policías autonómicos, acaben recurriendo a lo primero para llamar la atención sobre lo segundo’.
Juan Antonio Cordero Fuertes www.vozbcn.com 17 Enero 2012

Decía Baudelaire que la mayor astucia del diablo consistía en hacernos creer que no existe. El aforismo venía a la mente leyendo las últimas declaraciones del integrista Miquel Sellarès, sobre la exótica forma de protesta que han encontrado los miembros de la policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, para quejarse de los recortes infringidos por el Gobierno autonómico nacionalista y neoliberal de Artur Mar.

Los policías autonómicos han decidido dirigirse a los ciudadanos en castellano, lengua oficial de Cataluña y de uso mayoritario entre los catalanes; en lugar de exclusivamente en catalán, como se les ordena machaconamente desde las altas esferas políticas. Se trata de incomodar al poder autonómico (hoy y anteayer convergente, ayer tripartito; siempre nacionalista), ponerle nervioso, y qué mejor forma de conseguirlo que haciendo saltar, aunque sea por un rato, uno de los tabúes que pesan sobre la política catalana desde los inicios de la democracia.

Es una lástima que una protesta justa y legítima como la de los Mossos, que luchan no sólo por sus derechos laborales sino por la calidad de la seguridad pública en Cataluña, se vea eclipsada por los métodos empleados para llamar la atención sobre su reivindicación. Es el síndrome de la luna y el dedo: está dando mucho más que hablar el gesto de los Mossos de usar el castellano como quien deja de producir en las fábricas, que el motivo último de su iniciativa. Pero así es Cataluña hoy. Estas distorsiones resultan inevitables en un contexto marcado por la hegemonía institucional del integrismo nacionalista, que está embarcado en una guerra permanente y sin cuartel -como todos los integrismos- contra todo resquicio de realidad (es decir, de pluralidad) que consiga elevarse desde las profundidades de la vida cotidiana catalana, la que trascurre fuera de despachos, fastuosos pasillos a media luz, reservados en restaurantes exclusivos, cócteles de alta sociedad y plantas nobles de altísimos edificios de oficinas.

En Cataluña, la llamada “construcción nacional” e identitaria se ha desarrollado siempre en detrimento de los servicios, los derechos y las libertades públicas; son las prioridades del nacionalismo. Las élites que deciden en Cataluña se escandalizan con más facilidad cuando se toca la identidad que cuando se toca la calidad de los servicios públicos. Es lógico que al final, las víctimas del establishment, que en este caso son los policías autonómicos, acaben recurriendo a lo primero para llamar la atención sobre lo segundo. Como lo es que las proclamas de defensa de los servicios públicos (seguridad, pero también educación y sanidad), en peligro por la oleada de recortes aplicada por las derechas gobernantes en Cataluña, sólo puedan resultar ya creíbles si se acompañan de una denuncia nítida y consecuente del programa de reeducación identitaria que durante años ha consumido -y sigue consumiendo, pese a la crisis- cantidades obscenas de recursos de todos los contribuyentes. Catalanes y del resto del país.

Decía que los mossos dejan de emplear el catalán como quien se declara en huelga y deja de producir en la fábrica: para desquiciar al jefe. Y el golpe es certero, mucho más de lo que puede parecer a simple vista, porque la principal tarea de la policía autonómica catalana, aquella para la que fue creada y mimada, no es la de mejorar la seguridad pública en Cataluña sino exactamente aquella de la que han decidido abdicar temporalmente: fer país a través de la lengua. Los Mossos nacieron para dotar de homogeneidad identitaria, lingüística e ideológica (nacionalista) a los aparatos represivos catalanes. Por decirlo en palabras textuales de Jordi Pujol:

“Los Mossos d’Esquadra no se buscaron solo para tener una policía. Policía ya teníamos una: la Policía Nacional. [...] Entre otras cosas, la policía [autonómica] catalana, además del orden público, además del respeto de todo el mundo, además de muchas cosas… ha de ser un elemento referencial del país”.

Así se explicaba el máximo referente vivo del catalanismo contemporáneo en una entrevista radiofónica en 2009. Y, ¿qué quiere decir “ser un elemento referencial del país”? Pujol concretaba un poco más allá, en la misma entrevista: “Los Mossos d’Esquadra en mi época [1983-2003] tenían la obligación… tenían la obligación… bien, ustedes se han de dirigir en catalán a la gente”. Acabáramos; los caminos del nacionalismo siempre terminan en la imposición lingüística y todo lo que ella implica. Los sindicatos policiales han decidido, por tanto, presionar por donde más duele. Una policía pensada para fomentar la homogeneización lingüística de la sociedad sólo puede presionar a sus superiores poniéndose del lado de la realidad. Y de su persistente diversidad.

Del episodio de los mossos y el castellano alguien podría deducir que el uso del castellano en la policía es subversivo en Cataluña. No; lo que es subversivo en Cataluña es que la presencia del castellano, innegable hasta para los propios nacionalistas, se considere normal, que se eleve a la categoría política de normal en la esfera institucional autonómica, que incluye obviamente a la policía de la Generalidad. Lo que es subversivo e inaceptable para el establishment nacionalista es que esa presencia del castellano en la vida catalana se haga explícita, se reconozca en voz alta, se afirme, incluso se reivindique como parte de la identidad catalana, en el caso de que pueda hablarse con propiedad de tal cosa. En un régimen construido a base de apariencias y sobre la base de ficciones identitarias, es la afirmación de la realidad social y lingüística la que resulta subversiva. Cualquier transeúnte que haya pasado cerca de un corrillo de mossos, o de guardias urbanos, o de policía local, puede confirmarlo: castellano y catalán se entremezclan como se entremezclan en las conversaciones cotidianas. Con naturalidad.

Y ese es, en realidad, el fracaso íntimo del nacionalismo en relación a los Mossos d’Esquadra. Para cualquier administración pública mínimamente avanzada, el fracaso o el éxito de una policía bajo sus órdenes se mediría por su eficacia para combatir el crimen y garantizar la seguridad pública, por ejemplo. No es el caso en la Cataluña de las élites nacionalistas, que miden el éxito de sus Mossos por su capacidad para mantenerse al margen de la pluralidad lingüística de la sociedad a la que sirven. Y viven el uso del castellano por parte de sus agentes, incluso cuando hablan entre ellos, como una traición, un motivo de melancolía profunda. El mismo patriarca Pujol nos ha hecho partícipes en numerosas ocasiones de su amargura al constatar, quejumbroso, que los Mossos utilizan “cada vez más” el castellano, pese a los cuantiosos esfuerzos de los sucesivos gobiernos autonómicos. Se diría que los Mossos nacieron para contribuir a la pretendida normalización identitaria de Cataluña, según los patrones nacionalistas; y que finalmente es la realidad la que lleva camino de normalizar a la policía autonómica catalana…

En este contexto, la feliz ocurrencia de los Mossos ha debido ser la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los guardianes de las esencias nacionalistas. Se comprende así el tremendo enfado de Miquel Sellarès, uno de los fundadores de los Mossos y su primer responsable político, como primer director general de Seguridad de la Generalidad pujolista entre 1983 y 1984: “No todo vale. Y amenazar con utilizar el castellano es patético. Es irresponsable. Sabíamos de una quinta columna, pero no sabíamos de ciudadanos mossos. Algo ha fallado en la formación de este cuerpo policial nacional catalán”. Algo ha fallado, efectivamente; ha fallado y han fracasado en lo único que les preocupaba cuando se inventaron a los Mossos.

“No todo vale”, porque la ficción catalanista tiene sus límites y no conviene ponerlos a prueba. Lo de ciudadanos hay que entenderlo pronunciado en sentido peyorativo y con una cierta repugnancia, que es la única manera en que un nacionalista consecuente puede manejar el concepto: concretamente, en el sentido de simpatizante de C’s, la pequeña fuerza progresista y no nacionalista que entró en 2006, con gran escándalo del establishment, en el Parlamento autonómico, y que allí sigue.

Lo de quinta columna, por su parte, tiene que ponerse en el contexto de su reciente artículo, ‘Posar fi als quintacolumnistes’ (El Punt Avui, 5/1/2012), donde Sellarès pide abiertamente la eliminación de aquellos catalanes que ‘colaboran [con el Estado] por sentimiento de patriotismo español, los que lo hacen por intereses más o menos inconfesables y los mercenarios’. Todos los que no son -no somos- nacionalistas, para entendernos. ‘Quintacolumnistas’, por si el matonismo fascistoide y la bravuconería de su pensamiento no habían quedado suficientemente en evidencia.

A Sellarès, hombre que representa como pocos la transversalidad del nacionalismo orgánico y su atrincheramiento en el poder autonómico catalán, hay que agradecerle la brutalidad y la extrema claridad de sus declaraciones, que ahorra el trabajo de explicar en detalle el carácter totalitario del integrismo catalanista. Puede que este integrismo haya conseguido hacer creer a muchos catalanes no nacionalistas, y también a no pocos españoles más allá del Ebro, que su existencia, como la del diablo de Baudelaire, era pura ficción, una invención febril y alucinada de españolistas, de inadaptados o de paranoicos. Las palabras del fundador de los Mossos (además de primer secretario de Comunicación de la Generalidad tripartita, entre 2003 y 2004) recuerdan que no, que el integrismo nacionalista catalán no sólo existe, sino que lleva gobernando ininterrumpidamente desde el principio de la autonomía, cuando Pujol pasaba por español ejemplar, espejo de virtudes y paradigma de la moderación. Existe, gobierna y ha ideado artefactos como los Mossos d’Esquadra, cuerpo policial que hoy intenta sacudirse ese lastre (y ojalá lo consiga), pero que no se creó para ser una eficaz policía autonómica, sino un órgano más para la depuración identitaria de Cataluña, depuración con la que sigue fantaseando, en su versión más siniestra, el que fuera su primer director general.

Sólo teniendo en cuenta que para los muñidores de los Mossos, primero era la identidad nacionalista y después, si acaso, la prestación de una seguridad pública de calidad, pueden entenderse muchos de los fenómenos que han rodeado la gestación, despliegue y actividad de los Mossos en los últimos años. Pueden entenderse, por ejemplo, algunas pequeñas polémicas aparentemente anecdóticas relacionadas con los Mossos, como las relativas al indicativo CAT en las matrículas, o las derivadas del incumplimiento de la Ley de Banderas en algunas comisarías autonómicas (la última, recientemente corregida a instancias de la asociación Impulso Ciudadano, en la localidad de Cornellá de Llobregat).

Pueden entenderse, también, las serias reticencias a incorporar efectivos competentes y experimentados de la Policía Nacional y la Guardia Civil a la nueva policía autonómica: importaba más preservar la pureza de los Mossos como policía no contaminada por influencias españolas, que asegurar la experiencia y la competencia de los agentes operativos en Cataluña. Puede entenderse la precipitación y la prisa por sacar rápidamente promociones y promociones de Mossos d’Esquadra, aunque ello obligara a adelgazar y relajar peligrosamente los períodos de formación y los filtros de selección de nuevos agentes, por lo mismo. Y pueden entenderse, en definitiva, algunas de las causas del fuerte desprestigio social que han sufrido a los Mossos desde que son plenamente operativos, a raíz sobre todo de los numerosos escándalos de brutalidad policial en que se han visto envueltos en los últimos años (casos de palizas, maltratos a detenidos como los grabados en la comisaría de Les Corts, en 2007, cargas desproporcionadas y violentísimos desalojos, impropios de una policía democrática como el de los indignados de la Plaza de Cataluña en verano de 2011, etc.). Unos escándalos que son, en buena parte, consecuencia lógica de los dos factores anteriores, los daños colaterales de unas políticas nacionalistas muy concretas, y minuciosamente diseñadas, por dirigentes que han preferido dar a luz a un cuerpo policial nacional, en palabras de Sellarès, al servicio de las ensoñaciones excluyentes e identitariamente puras del nacionalismo, en vez de una policía al servicio de los ciudadanos.

En realidad, es toda la autonomía catalana, con su subsistema institucional, político y legislativo, la que está sometida a ese imperativo identitario y a su inevitable corolario de imposición y exclusión lingüística. Desde los Mossos d’Esquadra hasta el sistema sanitario propio, al que se le exige que trate a los pacientes sólo en catalán mientras se le niegan los recursos para tratarlos en condiciones; pasando por l’escola catalana y la ràdio i televisió nacionals de Catalunya, todo está orientado hacia la recreación de una identidad excluyente y catalan-only, cuya permanente precariedad tiene mucho que ver con su probada incapacidad para prender en la realidad.

El blindaje de esa identidad es la razón última de ser del entramado de instituciones propias ligadas a la Generalidad, según rezan los nacionalistas; pero ésa es también su principal debilidad y su verdadero talón de Aquiles: así lo ha puesto de manifiesto, por ejemplo, la iniciativa de los Mossos d’Esquadra y el nerviosismo que ésta ha desencadenado en las filas del integrismo catalanista. No es de extrañar que, en un momento en el que la crisis está obligando a repensar todas y cada una de las bases sobre las que se han asentado nuestras instituciones democráticas en las últimas décadas, tanto en España como en el resto de Europa; sectores cada vez más amplios de la sociedad catalana, dentro y fuera de las estructuras autonómicas, cuestionen con creciente insistencia la utilidad de un régimen nacionalista que dedica sus esfuerzos a preservar ficciones mientras deja sin respuesta problemas bien tangibles y abandona a su suerte a los ciudadanos que los sufren de manera cada vez más apremiante.

La batalla que los policías autonómicos catalanes sostienen contra la Consejería de Interior se sitúa en un movimiento más amplio contra la estrategia de recortes del Gobierno autonómico de Artur Mas. Nadie duda de la necesidad de reducir gastos en todas las Administraciones públicas, pero el gobierno convergente está aplicando, en coherencia con su proyecto político nacionalista, una política de austeridad selectiva que erosiona fuertemente a las columnas vertebrales del Estado del bienestar en Cataluña (enseñanza pública, sanidad y seguridad), mientras mima sin rubor los gastos dedicados a la identidad.

En ese sentido, la movilización de los agentes es una buena ocasión para alejar definitivamente a los Mossos d’Esquadra de los delirios identitarios que condicionaron su génesis y hacer del cuerpo una verdadera y eficaz policía autonómica, integrada y coordinada con las demás fuerzas de seguridad que operan en Cataluña, tanto estatales como municipales, y comprometida con lo que debiera ser su único objetivo: velar por el cumplimiento de la ley, de todas las leyes, y por la seguridad y las libertades de los catalanes, de todos los catalanes. Nada más, nada menos. No hace falta que se dirijan a los ciudadanos sólo en castellano; basta con que empleen ambas lenguas con la normalidad con la que se usan en la calle. Es más simple, hace falta que se fijen menos en qué lengua escogen para dirigirse de primeras a un ciudadano -y no sólo para sacar de sus casillas al señor Puig-, y más en prestarle un buen servicio público. En ese empeño, a la vez en defensa de la calidad y la dignidad de los servicios públicos (en este caso, la seguridad pública) y en lucha contra su instrumentalización identitaria, van a contar con el apoyo de buena parte de la sociedad catalana frente a un Gobierno autonómico que tiene deliberadamente invertidas las prioridades. No de ahora, sino desde hace mucho tiempo.

Juan Antonio Cordero Fuertes es ingeniero superior en Telecomunicaciones y doctor en Matemáticas e Informática, y miembro de Ágora Socialista e Impulso Ciudadano

Costaron 2.630 millones en 2011 y deben 1.682 millones
El presupuesto y la deuda de las televisiones públicas, en cifras
http://www.outono.net/elentir  15 Enero 2012

He elaborado una lista de las televisiones públicas españolas, ordenadas por su coste en 2011, señalando éste y la deuda de cada una, y lo que nos cuestan a cada ciudadano. Sólo cuatro comunidades carecen de TV pública: Cantabria, Navarra, La Rioja y Castilla y León, pero sobre esta última hago un apunte al final. En total, el año pasado estos medios que pagamos todos nos costaron 2.630,4 millones de euros (437.661 millones de pesetas) y deben 1.682,89 millones de euros (unos 280.000 millones de pesetas).

Una nota previa: el importe de la deuda que acabo de señalar no es exacto. Hay tres televisiones de las que no hay dato alguno. Si el gobierno central y los gobiernos autonómicos quieren saber dónde empezar a recortar gastos para no subirnos los impuestos, que tomen nota:

Radioelevisión Española (RTVE)
Presupuesto en 2011: 1.200 millones de euros (199.663 millones de pesetas) Si lo dividimos por el número de habitantes de España, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 25 euros y 42 céntimos al año para sostener RTVE, lo vea o no lo vea.
Deuda: 60 millones de euros (9.983 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de España, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 1 euros y 27 céntimos al año de esa deuda.

Televisió de Catalunya (TV3)
Presupuesto en 2011: 321 millones de euros (53.409 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Cataluña, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 42 euros y 57 céntimos al año para sostener TV3, la vea o no la vea.
Deuda: 21 millones de euros (3.494 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de Cataluña, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 2 euros y 78 céntimos al año para sostener TV3, la vea o no la vea. Hay que señalar que entre 2007 y 2008 la Generalidad de Cataluña ya asumió una deuda de TV3 de 1.046,72 millones de euros (174.159 millones de pesetas), 138 euros y 84 céntimos por catalán.

Radio y Televisión de Andalucía (Canal Sur)
Presupuesto en 2011: 232 millones de euros (38.601 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Andalucía, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 27 euros y 54 céntimos al año para sostener Canal Sur, lo vea o no lo vea.
Deuda: no hay datos. La Presidencia de la Junta de Andalucía asume directamente las pérdidas de esta televisión autonómica.

Radioelevisión Valenciana (Canal 9)
Presupuesto en 2011: 183 millones de euros (30.448 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de la Comunidad de Valencia, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 35 euros y 76 céntimos al año al año para sostener el Canal 9, lo vea o no lo vea.
Deuda: 1.200 millones de euros (199.663 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de la Comunidad de Valencia, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 234 euros y 51 céntimos al año de esa deuda.

Euskal Telebista (ETB)
Presupuesto en 2011: 177,5 millones de euros (29.533 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de la Comunidad Autónoma Vasca, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 81 euros y 27 céntimos al año para sostener la ETB, la vea o no la vea.
Deuda: 16 millones de euros (2.661 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes del País Vasco, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 7 euros y 32 céntimos de esa deuda.

Telemadrid
Presupuesto en 2011: 158 millones de euros (26.288 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de la Comunidad de Madrid, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 24 euros y 34 céntimos al año para sostener Telemadrid, la vea o no la vea.
Deuda: 257 millones de euros (42.761 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de la Comunidad de Madrid, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 39 euros y 60 céntimos de esa deuda.

Televisión de Galicia
Presupuesto en 2011: 107,9 millones de euros (17.953 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Galicia, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 38 euros y 60 céntimos al año para sostener la TVG, la vea o no la vea.
Deuda: 9 millones de euros (casi 1.500 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de Galicia, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 3 euros y 22 céntimos de esa deuda.

Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (Aragón TV)
Presupuesto en 2011: 59,9 millones de euros (9.966 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Aragón, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 44 euros y 50 céntimos al año para sostener Aragón TV, la vea o no la vea.
Deuda: 27 millones de euros (4.492 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de Aragón, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 20 euros y 5 céntimos de esa deuda.

Televisió de les Illes Balears (IB3)
Presupuesto en 2011: 55,3 millones de euros (9.201 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de las Islas Baleares, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 49 euros y 68 céntimos al año para sostener la IB3, la vea o no la vea.
Deuda: 78 millones de euros (casi 12.978 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de Islas Baleares, a cada balear (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 70 euros y 8 céntimos de esa deuda.

Castilla-La Mancha TV (CMTV)
Presupuesto en 2011: 37 millones de euros (6.156 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de las Islas Baleares, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 17 euros y 49 céntimos al año para sostener la IB3, la vea o no la vea.
Deuda: no hay datos.

Televisión Canaria
Presupuesto en 2011: 37 millones de euros (6.156 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de las Islas Canarias, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 17 euros y 49 céntimos al año para sostener la Televisión Canaria, la vea o no la vea.
Deuda: unos 300.000 euros (49,9 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de Extremadura, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 14 céntimos de esa deuda.

Radio Televisión de la Región de Murcia (7RM)
Presupuesto en 2011: 36 millones de euros (5.989 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de la Región de Murcia, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 24 euros y 48 céntimos al año para sostener la 7RM, la vea o no la vea.
Deuda: no hay datos.

Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales (Canal Extremadura TV)
Presupuesto en 2011: 34 millones de euros (5.657 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Extremadura, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 30 euros y 65 céntimos al año para sostener la IB3, la vea o no la vea.
Deuda: 1,5 millones de euros (249,5 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de Extremadura, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 1 euro y 35 céntimos de esa deuda.

Radio Televisión del Principado de Asturias
Presupuesto en 2011: 26 millones de euros (4.326 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Asturias, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 24 euros y 5 céntimos al año para sostener la RTPA, la vea o no la vea.
Deuda: 13 millones de euros (casi 2.163 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de Asturias, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 12 euros y 2 céntimos de esa deuda.

Radio Televisión Ceuta (RTVCE)
Presupuesto en 2011: 2,8 millones de euros (465,8 millones de pesetas). Si lo dividimos por el número de habitantes de Ceuta, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 33 euros y 99 céntimos al año para sostener la RTVCE, la vea o no la vea.
Deuda: 97.264 euros en 2010 (16,1 millones de pesetas). Si la dividimos por el número de habitantes de Extremadura, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 1 euro y 18 céntimos de esa deuda.

Radio Televisión de Castilla y León (TVCyL)
Este canal es totalmente privado. En la práctica, sin embargo, en 2011 la Junta de Castilla y León pagó a la TVCyL 25 millones de euros (4.159 millones de pesetas) en concepto de “prestación de servicios”. Si dividimos esa cantidad entre el número de habitantes de Castilla y León, a cada uno (niño, mayor o anciano) le tocaría pagar 9 euros y 77 céntimos al año para pagar los “servicios” de la TVCyL, la vea o no la vea.

El despilfarro del día
Patxi López también subvenciona el uso del euskera en las empresas vascas
Además tendrán que tener una comisión y un coordinador de euskera.
Pablo Molina Libertad Digital 17 Enero 2012

La normalización lingüística en el País Vasco no sólo afecta a la administración pública y el sector educativo. También las empresas con sede en la región cuentan con líneas de subvenciones para normalizar a sus trabajadores. Pero eso sí, con subvención del Ejecutivo vasco.

La última andanada de subvenciones a las empresas con vocación euskaldún ha supuesto un desembolso de 2,4 millones de las arcas de la comunidad autónoma vasca. Fagor, empresa vinculada a la corporación Mondragón, ha recibido ocho subvenciones por este concepto para otros tantos centros de trabajo que en total superan ampliamente los 200.000 euros.

Para poder recibir estas subvenciones, la empresa solicitante deberá realizar un informe sobre la situación lingüística de sus centros de trabajo, tanto del número de empleados que utiliza la lengua vasca como del nivel de vascuence que tienen en ese momento. A partir de ahí, la empresa beneficiaria deberá diseñar un plan global y otro anual para contribuir a la mejora de la lengua regional, tanto a nivel interno como en su comunicación con clientes y proveedores.

Además, para controlar la correcta aplicación de estas medidas de normalización lingüística, en las empresas que reciban estas subvenciones deberá haber una comisión de euskera y un coordinador, encargados de poner en marcha y supervisar todas las acciones que la comunidad autónoma vasca financia con dinero público.

"Si no se entiende, sírvase de un traductor"
Los médicos se rebelan contra la orden de atender a los enfermos en catalán
Miguel Maristany. www.gaceta.es 17 Enero 2012

Un protocolo les impone seguir hablando en este idioma aunque se detecte “dificultad de comprensión” en el paciente. Desde la Consejería defienden que tan sólo se trata de “pautas de conducta lingüística”.

Médicos de Cataluña, principal sindicato del sector, se desmarcó ayer de la imposición del catalán en los centros sanitarios. Entienden que el Gobierno de Artur Mas no les puede pedir semejante “colaboración” cuando el funcionario “se siente castigado”. Consideran que los recortes llevados a cabo vulneran sus derechos sociales y laborales, por lo que no es el momento de implementar una nueva estrategia lingüística. Además, en declaraciones a LA GACETA, dejaron claro que no encontrará “espíritu de colaboración” en funcionarios recién llegados de otras partes de España si perciben que la Generalitat les obliga a hablar en catalán.

Esta polémica protagonizada por CiU supone uno de los episodios más surrealistas en su estrategia de imposición del nacionalismo. Así, la región sanitaria del Camp de Tarragona, dependiente de la Consejería de Salud comandada por Boi Ruiz, ha hecho llegar a todos los empleados de la sanidad pública un protocolo en el que les insta a hablar en catalán durante su jornada laboral. Todos los médicos deben hablar catalán entre ellos y dirigirse también en esta lengua a los pacientes.

El documento aclara que el personal sanitario no actúa a título personal, sino que representa a la Generalitat, cuyas normas deben respetarse. Por eso, avisa de que todos los trabajadores deben expresarse en catalán tanto por teléfono como por megafonía, en actos públicos protocolarios e incluso entre los propios médicos durante reuniones de trabajo, especialmente cuando hay delante “terceras personas”.

A medida que el protocolo se desarrolla, aumenta el grado de presión. Se especifica que el médico “siempre hablará en catalán, independientemente de la lengua que utilice su interlocutor”; y si en la conversación el paciente se muestra extrañado, el personal sanitario tiene que preguntarle si entiende la lengua y, aun así, debe seguir hablando en catalán aunque observe en el receptor “cierta dificultad” de comprensión. En este caso, el texto indica que se pueden “utilizar recursos no verbales y material gráfico de apoyo”. El empleado sólo puede hablar en castellano cuando sea imposible la comunicación en catalán. Aun así, “debe repetir palabras o frases en catalán para ir introduciendo la lengua en el universo del recién llegado”.

La Generalitat no olvida las nuevas situaciones que se presentan “a causa de la inmigración”, en un apartado dedicado a las lenguas no oficiales. El Gobierno de Artur Mas marca que el uso de estas lenguas debe ser “restrictivo” y “excepcional” y sólo lo permite en dos casos: cuando una persona extranjera se pone en contacto por primera vez con el sistema sanitario o si existe la posibilidad de que el paciente interprete mal un diagnóstico o el resultado de unas pruebas, porque podría poner en riesgo su salud.

Por último, el polémico protocolo también indica que en la documentación por escrito que editen y traduzcan los centros sanitarios en las lenguas no oficiales “deben limitarse al máximo porque una mayoría muy amplia de inmigrantes conoce el inglés o el francés”.

Pautas de conducta
El responsable de comunicación de la región sanitaria del Camp de Tarragona, David Ortega, contactó con este medio para aclarar que dicho protocolo es el mismo que se editó por primera vez en 2010 y que fue preparado por la Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat y por la técnica lingüística sanitaria. Según Ortega, la consejería de Boi Ruiz ha decidido volver a enviarlo a los centros sanitarios a modo de “recordatorio”, como unas “pautas de conducta lingüística”. En cualquier caso, las mismas fuentes insistieron en que no se trata de una normativa de obligado cumplimiento, sino de un protocolo de “recomendaciones”.

De nuevo, Mas antepone su política de adoctrinamiento nacionalista a pesar de ver cómo la sanidad es la más perjudicada por su ajustes.

en tarragona
Los médicos, obligados a hablar en catalán aunque el paciente no lo entienda
Para casos de incomprensión pueden "utilizar recursos no verbales y material gráfico de apoyo", pero repitiendo frases en catalán.
Libertad Digital  17 Enero 2012

La imposición lingüística en Cataluña ha dado una vuelta de tuerca más, esta vez de la mano de CiU. La Generalidad ha reeditado un protocolo, publicado por primera vez en 2010, distribuido por los servicios territoriales de Salud en Tarragona en el que se ordena a todos los empleados de la sanidad pública a hablar en catalán independientemente de que el interlocutor lo entienda o no.

El último protocolo lo ha presentado el director de Salud en Tarragona, Josep Mercadé (CiU). "Toda organización tiene la necesidad de definir cómo debe gestionar su comunicación y establecer unas normas con las que regirse, tanto internamente como de cara al usuario y de puertas afuera", aclara Mercadé en el documento al que ha tenido acceso El País.

Médicos, enfermeras, auxiliares, todos los trabajadores, deben expresarse en catalán tanto por teléfono, como por megafonía, en actos públicos protocolarios e incluso entre los propios médicos durante reuniones de trabajo, especialmente cuando hay delante "terceras personas", como pacientes y sus familiares.

Así lo expone el mencionado protocolo, al que ha tenido acceso el diario de Prisa, que continúa ordenando que el facultativo "siempre hablará en catalán, independientemente de la lengua que utilice su interlocutor". Si durante la conversación el paciente da muestras de no entender el idioma, el personal sanitario tiene que preguntarle si entiende la lengua y, aun así, debe seguir hablando en catalán aunque observe en el receptor "cierta dificultad" de comprensión.

Para estos casos, el gobierno de Artur Mas permite "utilizar recursos no verbales y material gráfico de apoyo". Solo cuando sea imposible la comunicación en catalán, el trabajador sanitario puede hablar en castellano si el usuario entiende ese idioma. Con todo, "debe repetir palabras o frases en catalán para ir introduciendo la lengua en el universo del recién llegado", sostiene.

Las excepciones que permite la Generalidad

El protocolo, según cuenta El País, también pone orden a las nuevas situaciones que se presentan "a causa de la inmigración", en un apartado dedicado a las lenguas no oficiales. La Generalidad solo lo permite en dos casos: cuando una persona extranjera se pone en contacto por primera vez con el sistema sanitario o si existe la posibilidad de que el paciente interprete mal un diagnóstico o el resultado de unas pruebas, porque podría poner en riesgo su salud. Los turistas se incluyen este apartado.

Pero no solo eso, en la documentación por escrito las lenguas no oficiales que traducir "deben limitarse al máximo porque una mayoría muy amplía de inmigrantes conoce el inglés o el francés", aunque deben tenerse presente otros colectivos.

Mozos, antes Mossos
joan lópez ABC Cataluña 17 Enero 2012

Los Mossos d'Esquadra protestan. Siempre llama la atención que los que tienen que mantener el orden se pasen al otro lado de la foto y protagonicen una protesta. Si, además, sus jefes les critican y no apelan al diálogo y todo lo que se suele decir en estos casos el tema todavía es más llamativo.

En la Generalitat fuman en pipa. ¡Están que trinan! Incluso Pujol —el último político en mayúsculas que nos queda— les censura. ¿Qué habrán hecho? ¿No ponen multas? ¿Han dejado de gestionar el orden en un partido del Barça? ¿Acaso no han escoltado al representante de Carelia, Nación sin estado rusa, y gran aliada de Catalunya entre las naciones oprimidas del Mundo, al salir de la Generalitat?

Qué va, nada de todo eso. Los Mossos —¿o debo llamarles Mozos?— se manifiestan y visualizan su protesta haciendo lo más execrable que pueden hacer según el buen nacionalista: hablan en español, lucen banderas de España, a las que ellos han desterrado y llaman estanqueras, y gritan —oh, horror— «¡Que viva España!».

¡A dónde iremos a parar! ¡Cómo se atreven! Ellos, que han sido instruidos en la ortodoxia más extrema y excluyente. Ellos, que están entrenados para llevar sombrero de copa y espardenyes, sin pasar frío en los pies, cuando lucen el traje de gala. Ellos, que comparados con la odiosa Guardia Civil, son puros —todos con raíces que se remontan a Wifredo— y nos oprimen por nuestro bien en nombre de la nación.

El tema es muy revelador. Es normal que en cualquier reivindicación el manifestante use para presentar su queja aquello que más ofende o provoca a quien se le reivindica. Pues bien, ya hemos aprendido de la mano de los Mossos que lo que más revienta a nuestros próceres es el uso de la lengua española.

Tiendo a desconfiar de los poderes públicos. Ya lo dijo Nietzsche: «El Estado siempre miente y todo lo que tiene lo ha robado». Pero, en este caso, creo que si bien nuestra seguridad no está garantizada del todo, sí que nuestros Mossos —digo Mozos— son unos perspicaces sociólogos. Me temo, mis queridos amigos uniformados, que en materia reivindicativa pasaréis de represores legítimos a represaliados forzosos.


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