AGLI

Recortes de Prensa   Miércoles 18  Enero 2012

 

Diálogo e inacción
El Triunvirato Vertical
Pablo Molina Libertad Digital 18 Enero 2012

Cuando fui a votar el pasado 20 de noviembre no encontré en el colegio electoral ninguna papeleta de la CEOE, la UGT o CCOO. De hecho creo que ninguna de estas tres corporaciones privadas se presentó a las elecciones generales, al menos en mi circunscripción, aunque después de ver cómo el gobierno salido de las urnas se somete a sus designios ya no estoy tan seguro de haber buscado bien.

Existe un malentendido que todos los gobiernos aceptan, según el cual la regulación del trabajo ha de hacerse de acuerdo con los dos sindicatos autotitulados mayoritarios y los representantes corporativos del entramado empresarial. Al tratarse de cuestiones que afectan directamente a los que dicen representar, los distintos gobiernos prefieren que sean ellos los que determinen la forma en que se van a regular las condiciones laborales. Si hay acuerdo, el ministro del ramo acude a hacerse la foto para la prensa y todos vuelven a sus sedes hasta la reforma siguiente. Si no llegan a un entendimiento el gobierno concede un nuevo plazo y el ministro declara a los medios que el diálogo social avanza con paso firme a pesar de las dificultades.

"Es mejor que las reformas se adopten de forma dialogada", dicen para justificar su evidente inacción. Sin embargo, este mismo gobierno que ahora suplica al Triunvirato su plácet para hacer las reformas que exige imperiosamente nuestro esclerótico sistema laboral, nos subió los impuestos de manera fulminante y a mí nadie me consultó al respecto, a pesar de ser una parte muy interesada en este asunto. Ni siquiera se solicitó la opinión de las organizaciones de consumidores y usuarios, ante la imposibilidad de hacerlo directamente con cada uno de los afectados. Rajoy decidió meternos un hachazo y Soraya mandó el texto del decreto al BOE, todo en la misma mañana.

La obsecuencia genuflexa hacia Toxo, la docilidad versallesca con Méndez y la mansedumbre pedigüeña respecto a Rosell se convierten en frialdad metódica cuando se trata de asuntos que afectan directamente al bolsillo de los ciudadanos industriosos. Pero es que nosotros no somos sindicalistas ni dirigentes de la CEOE. Estamos en el último peldaño de la escala humana a ojos de los gobernantes y el Triunvirato Vertical, a pesar de que todos ellos viven precisamente de nuestro esfuerzo. Somos sencillamente contribuyentes. Y nada más.

Pablo Molina es miembro del Instituto Juan de Mariana.

Suspenso
¿Nos tienen manía las agencias?
Ignacio Moncada Libertad Digital 18 Enero 2012

Las malas noticias siempre se comunican en viernes. En España se institucionalizaron los Consejos de Ministros en viernes porque de ahí solo salen malas noticias o medidas populistas. También las agencias de rating se manifiestan cuando empieza el fin de semana. Así dejan dos días para bajar los humos antes de que se abran de nuevo los mercados. El viernes pasado, en el último reparto de notas crediticias de S&P, hubo suspenso generalizado a la zona euro. España fue de los alumnos que, en lugar de bajar un escalón, cayó dos, quedando a uno de la temida calificación de "bono especulativo", y a cuatro de "bono basura". Como era de esperar, muchas voces de todo el espectro mediático se han lanzado con la conocida cantinela del "nos tienen manía". En lugar de pararse a reflexionar, arremeten contra quien evalúa, maldicen la perversa tiranía de las agencias, para evitar una crítica de nuestra propia política económica.

Es cierto que los incentivos de las agencias están distorsionados. Cuando los reguladores las transformaron en un oligopolio cerrado a la competencia, y se las forzó a cobrar, no a los inversores, sino a los emisores, se introdujo un sesgo en sus evaluaciones crediticias. Pero no a la baja, sino al alza. Además, los incentivos las empujan a no rebajar calificaciones hasta que no sea demasiado evidente el deterioro crediticio del emisor, provocando también una tendencia a llegar tarde con los suspensos. Por tanto, culpar de la rebaja recién sufrida a ese sesgo es una pobre excusa. Nos podemos quejar de muchas cosas respecto a las agencias de rating. Pero cuando el alumno llega a casa cargado de suspensos alegando manía del profesor, flaco favor nos haríamos si centráramos toda nuestra atención en la ecuanimidad de quien pone la nota, y renunciáramos a preguntarnos si el alumno va por el camino correcto.

Las prioridades tras la rebaja de la deuda pública española hasta el borde mismo de la calificación de "bono especulativo" deberían estar claras. Lo primero es pensar si la política económica que nos ha conducido hasta aquí es la correcta. Resulta sorprendente la difusión que ha tenido la opinión de que la austeridad es la que nos ha traído de nuevo a la recesión. ¿Qué austeridad? Que yo sepa, después de tener dos años con déficits del 11% y del 9%, en el 2011, pretendido año de austeridad en el que teníamos que cerrar con un déficit de menos del 6%, al final va a ser del 8%. Estas cifras no son las de un país austero, sino un monumento al despilfarro. En realidad no deja de ser un nuevo intento de los keynesianos de convencernos de que la riqueza se crea tirando del gasto público sin contemplaciones, en lugar de hacer el esfuerzo de cuadrar las cuentas. El nuevo mantra es esa extraña paradoja por la que de la crisis se sale aplicando a la vez austeridad y "políticas de estímulo". O sea, ahorrando y gastando a un tiempo. Como si se pudiera sorber y soplar a la vez. Olvidan que ya hemos podido comprobar, y de forma muy dolorosa, que la cómoda estrategia de gastar dinero público no sólo no nos sacará jamás de la crisis, sino que además descapitaliza y endeuda masivamente la economía.

Lo que hay que hacer principalmente son dos cosas. La primera es reducir el Estado a un tamaño sostenible, y eso se puede hacer perfectamente sin tocar partidas sociales. Hay que devolver el dinero del Estado a los ciudadanos, no al revés. Lo necesitan, ahora más que nunca, para amortizar deudas, liquidar inversiones fallidas y asumir las pérdidas generadas durante la burbuja. Y la segunda es reformar el marco económico para hacerlo más flexible y libre, más favorable al ahorro, a la inversión privada a largo plazo y a la contratación. Las primeras medidas del nuevo gobierno de Rajoy violan sistemáticamente estas directrices. Se quita dinero a los ciudadanos para seguir manteniendo el despilfarro del Estado. Y encima se penaliza el ahorro, verdadero motor de una economía sana.

Sí, las agencias de rating no funcionan como debieran. Habría que hacer una reforma que liberalizara los servicios de calificación y permitiera a las agencias competir en un mercado libre. Las calificaciones las pagaría el que va a invertir, de manera que se aseguraría de contratar a la que le vaya a dar una calificación más certera. No las pagaría el emisor, que procuraría obtener la máxima calificación posible. La propia dinámica del mercado seleccionaría las agencias más fiables, y crearía sus propios índices crediticios con los que decidir qué provisiones hacer para cada inversión. Pero la reforma de las agencias debe ser una prioridad secundaria después de recibir las notas crediticias. Lo fundamental es ver si lo estamos haciendo bien. Y no, España, así como Europa, sigue sin acertar con la política económica. El sistema de agencias debe reformarse, pero no nos tienen manía. Las malas notas se deben a que lo estamos haciendo mal.

Ignacio Moncada es ingeniero industrial por ICAI y trabaja como analista financiero de inversiones en Nueva York.

El problema
EDUARDO URIARTE El País  18 Enero 2012

De impresionante se puede calificar la manifestación a favor de los presos de ETA organizada por el radicalismo nacionalista el pasado día 7. El hecho de que hayan transcurrido algunas fechas no mengua su actualidad ni trascendencia, pues no sólo la colosal afluencia de gente la convierte en una referencia política, sino que, además, las constantes manifestaciones de los líderes del PNV y PSE sumándose a la reivindicación del reagrupamiento de los presos por terrorismo en Euskadi la están erigiendo como un hito nada pasajero ni menor de la política vasca. En este sentido puede decirse que esta reivindicación se ha convertido en la cabeza de puente desde donde el nacionalismo radical arrastra a esos dos partidos al resto de sus propuestas. Por cierto, negociadas en su día en Loiola.

Es muy posible que la violencia de ETA haya desaparecido, pero sus seguidores han conseguido, ante un torpe comportamiento del resto, evitar que dicha ausencia suscitara un movimiento de reflexión social sobre la maldad del terrorismo y del proyecto político que éste ha generado. Por el contrario, la adhesión del PNV y del PSE a su reivindicación privilegia el mantenimiento de una dinámica activista que evita cualquier reflexión y la condena del reciente pasado. El resultado final puede mutarse en que el condenado sea el Gobierno del PP si rechaza las reivindicaciones nacionalistas.

El fundamento del problema reside en que, sin esa reflexión, supeditados a la espiral activista promovida por el nacionalismo radical, no habrá lugar a una Euskadi sustentada en valores democráticos, sino que lo será sobre las perversiones ideológicas que ha promovido el terrorismo. No sería el primer caso de sociedad afincada sobre la violencia, pero, afortunadamente, desde un tiempo a esta parte esas sociedades lo han pagado o lo siguen pagando, descubriéndose en la actualidad que las concesiones a la transgresión moral, la patria sobre cadáveres de inocentes, se acaban pagando.

Que nuestro pequeño país acabe encadenado al terror por incapacidad de nuestros gestores en hacer frente a una estrategia que busca entronizar en su seno lo que ha sido ETA lo llevará indefectiblemente a su desprestigio, y desde éste a su posible desaparición. La importancia del momento es vital para una futura Euskadi democrática, siempre que se sea capaz de pensar sobre lo que ha pasado. Si no se hace quizás sobreviva un tiempo, pero no será democrática. Llega el momento de avisar que tampoco hay lugar para excusas fatalistas como la de que la sociedad vasca está enferma. No; si está enferma es porque la enfermedad nos la ha inoculado la indolencia, el pragmatismo y el oportunismo de muchos que nos dirigen, incapaces en su confusión de hacer frente a reto tan importante. Pues la nueva etapa histórica no se abre porque ETA diga que ha dejado de matar; se abrirá si la sociedad vasca es capaz de condenarla.

deuda de cataluña, valencia, c-lm...
El Gobierno carga a todos los españoles con 10.000 millones de deuda regional
Las comunidades han incrementado su deuda en un 125% desde 2007 y ahora deben el equivalente al 14% del PIB.
D. SORIANO Libertad Digital 18 Enero 2012

"El Estado somos todos". Con esta frase, Mariano Rajoy ha dejado claro este martes que el Gobierno no dejará que ninguna autonomía española quiebre, tal y como avanzó Libre Mercado. Luego, ha llegado el turno de Cristóbal Montoro, que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera ha intentado dejar claro a las autonomías que se ha acabado el tiempo del despilfarro. A partir de ahora, ha llegado el momento de apretarse el cinturón, según ha afimado. Eso sí, el que no logre cumplir con el objetivo de déficit seguirá teniendo el respaldo gubernamental.

Las dos caras de la moneda
Lo anunciado este martes por el Ejecutivo –tanto Rajoy, como Montoro como Luis de Guindos han coincidido en el mismo mensaje- tiene dos caras muy diferentes. Por una parte, supone que siempre habrá red de seguridad para las autonomías y una línea de liquidez del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para que puedan pagar a sus proveedores. Incluso aunque mantengan su ritmo de gasto actual, las regiones no quebrarán. Saber esto acabará con algunos de los incentivos que tenían las regiones para ser austeras.

Por otro lado, tanto Rajoy como Montoro han anunciado que se endurecerán las condiciones para los gobiernos regionales. Para empezar, todas las autonomías tendrán fijado un techo de gasto y un control previo de sus presupuestos. También habrá sanciones para los que no cumplan. Y el Gobierno asegura que si tiene que acudir en apoyo de alguna comunidad que se esté saltando sus objetivos de déficit, impondrá sus normas. En teoría, esta amenaza de intervención por parte del Estado debería servir para que las regiones moderasen sus gastos.

La cuestión ahora es saber qué pesará más, si la amenaza de intervención que ha hecho explícita Montoro (es la primera vez que el Estado amenaza con controlar las cuentas regionales de forma directa) o la seguridad de saber que por mucho que mantengan el despilfarro no les dejarán caer.

El pasado y el futuro
Lo que ha ocurrido en los últimos años en las cuentas regionales tendrá consecuencias en el futuro. Los déficits de ejercicios anteriores se traducirán en la necesidad de emitir deuda en 2012 y el Gobierno tendrá que avalar o asumir esas emisiones, puesto que ha asegurado que no dejará caer a nadie.

Desde 2007, la deuda de las autonomías ha crecido en un 125%, de los 60.000 millones a los 135.000 de la actualidad. Evidentemente, no todos los gobiernos han permitido que este incremento se disparase. Mientras que en Madrid los números rojos sólo han subido un 50%, en el País Vasco han sufrido una subida del 734% (la única ventaja para Patxi López es que partía de un nivel de deuda muy bajo). Y en Murcia o Castilla-La Mancha casi se ha cuadruplicado.

Aunque todas las regiones tienen graves problemas en sus cuentas públicas, hay cuatro que destacan sobre todas las demás. De hecho, la media de las 17 autonomías es de una deuda del 12,4% del PIB, pero sólo estas cuatro superan dicho nivel. El problema es que están muy lejos de esta cifra que ya de por sí es alta. Son Baleares (16,8%), Castilla-La Mancha (18,3%), Cataluña (19,7%) y Valencia (19,9%). Y si les sumamos las empresas públicas, estas autonomías rozan o superan el 20%, con Cataluña en el 23,6% de deuda respecto al PIB.

Esto es especialmente grave, puesto que las regiones no tienen que asumir los gastos como prestaciones por paro (que suben mucho durante las crisis) o por pensiones.
Con unas cuentas tan frágiles, la confirmación del Gobierno de que rescatará a las autonomías que no puedan hacer frente a sus obligaciones tiene aún más importancia.

La Generalidad de Cataluña, en sus Presupuestos de 2012, anuncia unos ingresos derivados de los pasivos financieros de 7.756 millones (esta será su emisión de deuda prevista este año); en Baleares, esta cifra es de 922 millones; y en Valencia, de 1.472 millones. Esto supone más de 10.000 millones de nueva deuda que el Gobierno respaldará de una forma u otra. ¿Cómo? Con el dinero de todos los cotribuyentes españoles.

La Audiencia Nacional no sabe o no contesta
Luis del Pino Libertad Digital 18 Enero 2012

¿Cómo es posible que hayan pasado seis meses sin que la Audiencia Nacional se haya dignado a contestar a la juez Coro Cillán quién ordenó o autorizó la destrucción de los trenes del 11M?

Si consta esa información, ¿por qué no se le envía a la juez? Y si no consta, ¿por qué no se dice que no consta?

La juez Cillán tomará declaración pasado mañana a diversos testigos que tuvieron que intervenir en el proceso de desguace de los trenes y es de suponer que se les preguntará de quién recibieron la orden o el encargo de efectuar esa destrucción. Veremos qué dan de sí esas declaraciones y si rellenan el huevo que la Audiencia Nacional parece no querer rellenar.

Lo que sí está claro, a estas alturas, es que aquí se está jugando con el tiempo, en la esperanza de que quienes preguntan dejen de preguntar y de que los posibles delitos vayan prescribiendo.

Pero el gobierno ha cambiado. Y tiene mayoría absoluta. Y no puede, por tanto, eludir la responsabilidad que le corresponde.

En días próximos veremos algún otro ejemplo, pero en lo que concierne a la noticia de hoy, está claro que algo tendrá que decir el Ministerio de Justicia en lo que respecta a esa falta de respuesta de la Audiencia Nacional a la juez Coro Cillán.

¿Sería mucho pedir que el señor ministro del ramo se interesara por los diversos oficios (porque son varios, y sobre temas diversos) que la juez Cillán ha dirigido a la Audiencia y que esta, después de varios meses, aún no ha contestado?

Y, hablando de prescripciones, el periódico El Mundo publicaba anteayer la noticia de que el posible falso testimonio de las testigos que incriminaron a Jamal Zougham está a punto de prescribir. Ya ha pasado un mes desde que se presentara la querella, sin que la juez a la que le ha correspondido el caso por reparto haya admitido aún a trámite la causa.

Esperemos que esa decisión sobre la querella se produzca más pronto que tarde. Porque los plazos de prescripción no esperan.

Cataluña
Impulso Ciudadano recurrirá el protocolo lingüístico que impone el catalán al personal sanitario
La polémica orden de la Consejería de Sanidad obliga a médicos y enfermeros a hablar ‘siempre’ en catalán -usando ‘recursos no verbales y materiales gráficos de apoyo’ con los pacientes que no lo entiendan-, establece que las historias clínicas deben redactarse en catalán, y señala que los impresos en castellano ‘no hace falta que estén directamente al alcance del público’, entre otras insólitas directrices.
Redacción www.vozbcn.com  18 Enero 2012

Impulso Ciudadano ha anunciado este martes la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la orden de los servicios territoriales de la Consejería de Salud en Tarragona que obliga al personal sanitario a utilizar siempre el catalán, incluso cuando los pacientes tengan dificultades para entenderlo.

En un comunicado, la entidad presidida por el ex diputado autonómico José Domingo ha denunciado que las medidas contenidas en el protocolo, que es de obligado cumplimiento, ‘son contrarias al Estatuto de Autonomía de Cataluña en la interpretación dada por el Tribunal Constitucional’. ‘La obligación de usar el catalán en detrimento del castellano es claramente anticonstitucional y, además, vulnera los derechos de los pacientes recogidos en la vigente Ley General de Sanidad que dispone que deba respetarse la personalidad de los mismos sin que puedan ser objeto de discriminación, tampoco por razón de lengua’, ha añadido.

Apoyo a los profesionales que quieran impugnar el protocolo

Para Impulso Ciudadano, ‘en momentos en que la sanidad catalana está perdiendo calidad y equidad, es lamentable que se destinen esfuerzos en fomentar políticas absurdas de corte identitario en un espacio como el sanitario que debería estar presidido por la eficacia en el tratamiento al paciente y no por el control exhaustivo de los usos lingüísticos de los profesionales sanitarios’.

La entidad también ha ofrecido su apoyo ‘a todos aquellos profesionales que quieran impugnar esa normativa’, para ello, habilitará un espacio en su página web. Además, ha reclamado a los partidos políticos y asociaciones de defensa de la sanidad que ‘reprueben’ a los actuales responsables de la Consejería de Sanidad por lo sucedido.

‘La lengua de las instituciones catalanas es el catalán’
Según han confirmado a LA VOZ DE BARCELONA médicos de Tarragona, el protocolo les fue comunicado a través de la intranet del Instituto Catalán de la Salud (ICS) el pasado 9 de enero, y afecta a ‘cualquier trabajador del sector sanitario público’. Está firmado por Josep Mercadé, director de los Servicios Territoriales de Salud en Tarragona, pero se desconoce si ha sido distribuida a todos los hospitales y centros de atención sanitaria de Cataluña.

En realidad, la orden, que lleva por título Modelo de protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público en Cataluña, es una reedición o recordatorio de otra similar emitida en diciembre de 2010, durante el mandato del tripartito. Y argumenta que ‘todos los centros de salud públicos están sujetos a la normativa legal vigente también a efectos lingüísticos, lo que significa que si la lengua de las instituciones catalanas es el catalán, también lo es de estos’.

Responder en catalán aunque el paciente pregunte en español
Las directrices que impone son, además de ilegales, taxativas y propias de otra época: ‘La lengua de comunicación entre el personal ha de ser la catalana, tanto presencialmente como por teléfono, en la megafonía, en las reuniones de trabajo, etc., especialmente ante terceras personas: usuarios y sus familiares, y personal sanitario o laboral externo’.

‘Tanto si la conversación la inicia el usuario como el trabajador, este la mantendrá en catalán -independientemente de la lengua que utilice el interlocutor-, salvo el caso en que el usuario manifieste dificultades para entender el catalán o pida ser atendido en la otra lengua oficial’, añade el protocolo.

También especifica que ‘las conversaciones telefónicas siempre se han de iniciar en lengua catalana’, y ‘si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se continúa hablándole en catalán, salvo que pida ser atendido en castellano’.

Incluso los mensajes de los contestadores automáticos deben ser en catalán
No hay detalle que escape a la directriz. ‘¿Como ha de ser el mensaje del contestador automático?’, se pregunta. Y responde: ‘Ha de ser claro y sencillo, ha de permitir identificar la institución u organismo, ha de ser en catalán’.

Según ordena la Consejería de Salud, ‘los representantes del sector sanitario público se expresarán normalmente en catalán en los actos públicos que se hagan en el ámbito lingüístico catalán, siempre que la intervención sea por razón del propio cargo’, lo que incluye ‘actos protocolarios internos o externos, reuniones de trabajo externas, cursos, seminarios, simposios o congresos profesionales, e intervenciones en los medios de comunicación’.

Sellos, nóminas, contratos, circulares, historias clínicas, material ofimático
Las ‘comunicaciones escritas’ también deberán ser en catalán, ‘ya sea en soporte papel o electrónico, en la rotulación, los sellos, etc’. Esto también se aplicará a ‘la documentación interna de todo tipo’, como ‘nóminas, contratos, avisos, circulares’. Y, ‘en el caso que se tengan que rellenar (como la documentación relacionada con la gestión de personal), también se ha de hacer en esta lengua’.

‘En lo que se refiere a las historias clínicas, se han de redactar normalmente en catalán, aunque hay que tener en cuenta el derecho de los usuarios de solicitar una traducción al castellano’, señala. Y añade que ‘en cuanto al material ofimático, se ha de dar preferencia a la adquisición y al uso de programas en versión catalana’.

‘Cláusulas lingüísticas’ en los contratos con los proveedores
El protocolo insiste en que la documentación externa ‘de todo tipo’, ‘se ha de hacer en lengua catalana, sin perjuicio del derecho de los ususarios de poder solicitar una versión en castellano’, aunque permite que ‘las comunicaciones dirigidas afuera del ámito lingüístico catalán se pueden hacer en castellano, o en cualquier otra lengua teniendo en cuenta la normativa vigente aplicable en cada caso’.

Además obliga a que ‘la documentación mercantil que afecte a los contratos, las concesiones y los suministros de servicios ha de incluir cláusulas lingüísticas que garanticen el uso del catalán en todos los aspectos objeto de la relación comercial’.

‘Recursos no verbales y materiales gráficos de apoyo’ si no entienden catalán
Por si estas instrucciones no han quedado claras, el protocolo establece una Pauta de usos e indicaciones prácticas. En el caso de la comunicación oral, indica: ‘Comenzar siempre en catalán; si se observa extrañeza, preguntar si no se entiende; en caso de que se entienda, continuar en catalán; si se observa cierta dificultad, seguir las Indicaciones prácticas para facilitar la comunicación oral’.

Estas indicaciones señalan: ‘Utilizar un lenguaje sencillo y fácilmente entendible; hablar despacio; repetir frases, si hace falta, o traducir alguna palabra; utilizar recursos no verbales y materiales gráficos de apoyo; repetir alguna palabra o frase en la lengua que pueda entender el ususario y que el profesional pueda conocer’.

Los impresos en español ‘no hace falta que estén al alcance del público’
En cuanto a la lengua escrita, especifica que se debe ‘utilizar siempre el catalán en la edición o elaboración de materiales escritos’, e insta al personal sanitario a ‘asegurar sistemáticamente la presencia del catalán en los materiales impresos’ y a ‘evitar las versiones monolingües separados porque la ausencia del catalán priva de hacer evidente una realidad lingüística de la existencia de la cual es importante que adquieran consciencia las personas que vienen de fuera’.

Y añade que, ‘en caso de versiones multilingües, la catalana ha de ser la preferente’. ¿Cómo? Todo está previsto. El protocolo propone ‘diversos recursos’: ‘Para la rotulación o material impreso divulgativo, dar un cuerpo más grande a la letra [en catalán], ponerla en un color diferente (que destaque más sobre el fondo donde se encuentre), situarla en primer lugar, etc.; para el material impreso dirigido a las personas administradas, difundir la versión catalana y disponer de versiones en otras lenguas sin los elementos que oficializan el documento (sin logotipo, sin firma, etc.), que no hace falta que estén directamente al alcance del público, o tener disponibles suportes de traducción para cuando haya la necesidad’.

El PP y Ciudadanos exigen la anulación del protocolo
El portavoz del PP en el Parlamento autonómico, Enric Millo, ha calificado el protocolo de “absolutamente rechazable”. “Es totalmente surrealista e inmoral que el Gobierno [autonómico] utlice a los médicos como herramientas de divulgación de este nacionalismo independentista que algunos quieren que impregne la acción del Gobierno de la Generalidad de Cataluña, que es de todos los catalanes”, ha lamentado, y ha reclamado que se “invalide” este documento.

Por parte de Ciudadanos, su portavoz y diputado autonómico, Jordi Cañas, ha denunciado que el protocolo “atenta contra la legalidad y, en el caso sanitario, contra la salud de los pacientes”, y ha exigido al Gobierno autonómico que los anule por “inconstitucionales y antiestatutarios”. Cañas ha lamentado que “la imposición lingüística haga peligrar la salud de nuestros ciudadanos”, de forma que “la Generalidad presiona a los médicos para que hablen en catalán con los pacientes llegando hasta el punto de que tienen que gesticular si su interlocutor no les entiende en catalán”.

Wikipedia lidera el apagón en Internet en protesta por la 'Ley Sopa'
Sitios como Google y Facebook también se han unido a las críticas. Twitter, por el contrario se desmarca.
 www.lavozlibre.com 18 Enero 2012

Madrid.- Los principales sitios de Internet en Estados Unidos están en pie de guerra. Más de 10.000 páginas lideradas por Wikipedia se han sumado al apagón virtual en protesta por la aprobación de la 'Ley Sopa' (Stop Online Piracy Act) que si es aprobada este miércoles por el Congreso estadounidense, obligará a las compañías a bloquear el acceso a las páginas que permitan descargas ilegales y prohibirá a los anunciantes colgar su publicidad en este tipo de webs.

Así, si uno quiere buscar hoy alguna información en la versión en inglés, la página le redirigirá a otra diferente que contiene el siguiente mensaje: “Imagina un mundo sin conocimiento libre”. Y afirma. “Durante más de una década, hemos pasado millones de horas construyendo la mayor enciclopedia de la historia humana. Ahora mismo, el Congreso de Estados Unidos está dilucidando sobre una legislación que podría hacer un daño fatal al Internet abierto y libre. Durante 24 horas, para crear conciencia, hemos apagado la Wikipedia”. La página sólo muestra contenido referente a la Ley Sopa.

Otras webs como Google, muestran mensaje como “dile al Congreso que no censura la web”. Facebook, eBay y Mozilla, por su parte, han declarado que esta ley atenta contra la libertad de expresión, la seguridad en Internet e incluso con las inversiones de las empresas. Sin embargo, redes sociales como Twitter han optado por no sumarse al apagón, argumentando que “es una tontería cerrar una empresa global por una ley de carácter de nacional”.

A favor de la ley está la industria de Hollywood, muy interesada en que la ley salga adelante, porque, opinan, las páginas que enlazan contenidos ayudan a la piratería.

La Casa Blanca también manifestó su preocupación por que esta ley pueda vulnerar las garantías jurídicas de las compañías que operan en Internet, así como la libertad de expresión, algo que desde Wikipedia se ve con buenos ojos.

¡Oh, Duran Duran! Y Lleida... y el resto de Espanya. - Parte dos: los terrones
Enrique Calvet Chambon  www.lavozlibre.com 18 Enero 2012

Vimos en la parte uno, cómo el diputado oscense, Señor Duran Lleida de nacimiento registrado, emplazaba a admitir al Gobierno de la Nación la existencia de facto de españoles de diversas categorías, hecho venturoso para él. A la vista de esa perspicaz observación del diputado, opiné que, en efecto, era tema que convenía aclarar de una vez por todas, entre otras cosas porque el tipo de sociedad que realmente queramos conformar todos los españoles condicionará absolutamente las medidas que el Gobierno de España deba tomar para preparar la salida de la tremebunda crisis económica. Es decir que, previamente hemos de resolver la tremebunda crisis política autóctona.

Pero el señor Duran, dijo más, mucho más, y de no menos importancia.
En efecto, según él, no sólo habría que reconocer que hay españoles de primera, segunda y cuarta, lo que algún honorable, dicen, justificó por la falta de compleción del hombre andaluz, por ejemplo, sino que la decisión sobre la gestión de ello no correspondería al Gobierno de dichos españoles, sino a gobiernos regionales que, por el sagrado autogobierno, fragmentarían en clases a los españoles de dentro y fuera de su región. Es decir que no sólo sería ilegítimo que hubiera “café para todos” como dijo, sino que según que terrón* le tocara habitar así sería fijada por el gobierno regional, la oligarquía o los caciques de turno, su categoría patria en relación con otros compatriotas de dentro y fuera de la región. Como, por ejemplo por motivos de idioma regional.

Entre otros ejemplos, el diputado Duran dijo, también sin despeinarse, que “Cataluña está harta de que España nos haga cada vez más pobres”, y habló del expolio de España hacia Cataluña. Y que las Autonomías no serían “gestorías” de la política del Gobierno de la Nación. Es decir no estamos hablando de descentralización de la gestión de la política española, que tantas veces se confunde, sino de recentralización de las políticas en una miríada de nuevos centros de poder desligados e independientes de un objetivo común que podría llamarse España. Si vamos más allá de las sandeces contables que encierran esas frases, tanta veces repetidas con la eficaz esperanza demagógica de que machacando una falsedad se termine imponiendo como verdad (recordemos que el resto de España tiene una balanza comercial con el Principado enormemente deficitaria o que supone el 70% de los activos financieros de las entidades sitas en la Cataluña Hispana) es la noción subyacente en ese tipo de frases lo realmente esencial, y peligroso. Lo que realmente se plantea es admitir, o dar por hecho, que España, como concepto, ha dejado de ser un conjunto de ciudadanos libres para convertirse en un aglomerado de terrones, cada uno responsable de sus habitantes e independientemente del destino que sufran los residentes en los otros terrones.

Es importante comprender la vuelta de tuerca que se da con esta idea sobre la desigualdad entre españoles que vimos en la parte uno. Existen sociedades en las que los habitantes son considerados de distinta categoría, como por ejemplo las sociedades de castas. Pero se encuentran en naciones en las que existe una unidad y globalización de la dinámica y de la gestión, y las castas son una realidad transversal. Lo que se plantea es más. No es sólo que haya distintos niveles de derechos, deberes y libertades entre los españoles, sino que esos rasgos estarán al albur de las decisiones de gobiernos regionales que están desgajados del proyecto común. España frente a Cataluña ibérica y no Cataluña ibérica como parte indisoluble y fundadora de España a través del reino de Aragón de la que era parte. Por eso, por ejemplo, las autoridades de la Cataluña cispirenaica pueden decir con toda impunidad que no piensan cumplir con las leyes españolas, como hacen con varias de ellas, porque no les va. Es decir dejan de ser entidades del Estado, lo que jurídicamente es, para ser autoridades independientes del Estado y de sus objetivos sociales y políticos.

Seguro que encontraríamos próceres constitucionalistas, en nuestra curiosa Nación, que asegurarían que eso es el mismísimo espíritu de la Constitución del 78. Pero una vez más, como yo estaba allí y yo lo vi, puedo asegurar que prácticamente a ningún votante de la época se le ocurrió pensar que tal era la Nación que estábamos pergeñando, si es que queda algo de noción de Nación en semejante diseño.

Por eso el señor Duran ha levantado muy legítimamente una cuestión fundamental que merece ser tenida en cuenta y con posicionamiento rápido. Este hecho fragmentador y desguazador se está introduciendo sibilina y clandestinamente en nuestra sociedad, sin que sea en absoluto seguro que es el modelo de convivencia que queremos la inmensa mayoría de los españoles (y el tema debe ser decisión de todos y no de los dirigentes o habitantes de una región). Pero esa manera de penetrar en la organización social es ineficiente, moralmente reprobable y anti-democrática. Si decíamos que era menester de una vez dejar claro si nuestra sociedad debe reconocer, o no, la igualdad de todos en derechos deberes y libertades (lo que requiere homogeneidad en aspectos torales que se han perdido) previamente habremos de decidir si España es, o no, un conjunto de ciudadanos o un puzzle de taifas. Si el diputado exige que esto se aclare, lo apoyo totalmente.

¿Y por qué deprisa? Porque, una vez más, según el diseño de sociedad que queramos tener y vivir, distintas serán las medidas y las posibilidades del Gobierno central para afrontar la crisis. Lo primero será saber si el Gobierno de la Nación dispone, o no, de instrumentos para combatir la crisis, ahora mismo no lo sabemos, y nos barruntamos lo peor. Por ejemplo, ¿tiene el autogobierno regional límites y nunca podrá obstaculizar el bien común, como valor secundario, o es valor sagrado así se lleve por delante la prosperidad y convivencia solidaria de la mayoría de los españoles? Cómo no resolvamos esta cuestión pronto, no bastarán ni los milagros para sacarnos de las crisis.

Y después de quedarnos sin café para todos, pero con demasiados terrones, habrá que hablar de la leche en la parte 3...

*Terrón: masa compacta y pequeña de tierra. A veces, hacienda rústica (RAE)

El autor considera que, frente a la globalización y a la continentalización de la política contemporánea, la dimensión terrena de cualquiera de nuestras regiones bien permite llamarlas, cariñosa y metafóricamente, terrones.

¡Oh, Duran Duran! y Lleida... (Y el resto de Espanya) - Parte uno: el café
Enrique Calvet Chambon  www.lavozlibre.com  18 Enero 2012

Se le ha prestado poca atención, a mi modesto entender, a la intervención que hizo el señor Duran Lleida durante el debate de investidura del entonces candidato Rajoy. Hasta el punto de que se han dejado sin contestar algunas cuestiones de mucha enjundia. Sin embargo, el diputado por CyU, se esté de acuerdo o no con él, incluso moralmente, es sin duda persona de fina inteligencia práctica y, con la terquedad propia del aragonés de nacimiento que es, está poniendo las cartas sobre la mesa, ya sin tapujos, para conseguir sus objetivos cuasi o pre-secesionistas. Con ello, ha tenido la ventaja y la honradez de plantear algunos de los asuntos esenciales que habrá que abordar, por parte del Gobierno de la Nación y de sus Instituciones, antes de moldear la España de la post-crisis y que son de mucha mayor trascendencia para el futuro de los ciudadanos que los indispensables y dolorosos ajustes y parches contables que se están produciendo. Reparemos en cuatro de sus mensajes.

El señor Duran dijo que era hora de reconocer (por parte del universo mundo) que “el café para todos” decidido en la Constitución había sido un error. Así y sin despeinarse. Pues es tema de calibre colosal. Un pilar toral de nuestra convivencia. No se detengan en lo irónico que resulta que una persona que se va inventando y reclamando pactos constitucionales secretos no escritos (anti-escritos, diría yo) por doquier, haciendo que los que votaron la Constitución no sabían lo que votaban, ahora se cargue de un plumazo uno de los pactos constitucionales explícitos que teníamos asumidos: que no habría españoles de primera, segunda y cuarta.

Porque de eso, ni más ni menos, se trata. Que haya españoles con derecho a achicoria, a malta, a café o a “café, café” que decían en la post-guerra. Les dejo adivinar dónde se coloca el señor Duran, fino estadista celebrado, como lo fuera el inenarrable Pujol. (¿O era honorable?). Es decir españoles con más derechos, libertades y deberes, otros con menos, otros con el derecho a saltarse las leyes, otros con menos estado de bienestar, etc...

Pues yo le agradezco al señor Duran que emplace a la sociedad española a plantearse la cuestión. Ésta, como otras que veremos en sucesivas entregas, tiene profundas cargas éticas, legales y políticas, porque subvierte la manera y los valores con los que la mayoría de los españoles habíamos decidido convivir y seguir fraguando día a día nuestra Nación. O eso creíamos. Ya las mentaremos. Hoy queremos destacar dos aspectos más prácticos, a la vez que ineludibles, que hace muy bien en plantear el diputado Duran.

Lo primero es que la subversión de nuestra manera de convivir lleva lustros imponiéndose subrepticiamente, arteramente, alegalmente, clandestinamente y miserablemente. El diputado dice bien que es “hora de admitir que...” porque es absolutamente cierto que, “de facto” existen ya españoles de muy distintas categorías de derechos y obligaciones. Pide que se le dé a esa realidad cobertura formal ya, para seguir ahondando. Tiene razón. La manera anti-democrática y rechazable en que se está imponiendo a los españoles su segregación en distintos niveles de ciudadanía no tiene ninguna justificación moral. Es deleznable. Si los políticos quieren que convivamos de otra manera, por ejemplo cómo en la Commonwealth dónde juntan bajo la jefatura de Estado del trono de Gran Bretaña ciudadanos de niveles de derechos tan dispares cómo los de Canadá, Jamaica y Papua Nueva Guinea, tienen que preguntárnoslo a las claras, a todos los españoles y directamente. Más que por respeto a la democracia, por respeto a la decencia y a la dignidad. Y aclarado el panorama por la mayoría de españoles, háganse las leyes pertinentes, y, por favor, aplíquense, por jueces de carrera competentes, como si fuéramos un Estado de Derecho de verdad.

Pero existe otra razón práctica de ahora mismo que hace imperativo zanjar la cuestión planteada por el diputado Duran. Las medidas contundentes que el gobierno debe tomar para que los ciudadanos españoles padezcan la macro-crisis que vivimos lo menos dolorosamente posible y para propulsar la salida de dicha crisis, son directamente dependientes del modelo de sociedad y valores que deseamos. No son las mismas medidas institucionales, ni sociales, ni económicas, ni solidarias, ni de cara a Europa, las que hay que proponer para sacar adelante una Nación de ciudadanos libres iguales y solidarios, que para terminar de producir una confederación asimétrica de territorios con ciudadanos de muy distintos derechos (cuándo no enfrentados) y deberes comunes. Por cierto, lo segundo cuesta muchísimo más dinero en el caso de España, aunque sea una opción. Lo más caro es no tomar ninguna opción a las claras. Esta indefinición de modelo, bordeando la Ley (por ser caritativo) y perdiendo recursos y energías en interminables chantajes y cesiones balcanizantes, es, sin duda otra de las grandes fuentes de desconfianza de los mercados e inversores.

Insisto, el señor Duran tiene toda la razón en exigir que la cuestión se zanje ya y previamente a otras medidas estructurales. No sería honesto ni prudente ni eficaz ignorar el emplazamiento y proseguir como barco a la deriva.

Por supuesto, contestarle en serio y con respeto supone acciones y decisiones, no hueras palabras contradictorias con los hechos, cómo practicaba el anterior jefe de Gobierno o cómo parece preferir por ahora el actual.

Y, tras el café, nos ocuparemos de los terrones en la parte dos.

DENUNCIA LA IMPOSICIÓN LINGÜÍSTICA
La Casa del Libro de Barcelona veta la presentación de un libro por considerarlo "subversivo"
En Cataluña ya "no hace falta ninguna prohibición; la gente se autocensura", se lamenta su autor, Jesús Laínz.
O.Moya Libertad Digital 18 Enero 2012

La misma semana que se conoce que los médicos en Tarragona están obligados a hablar en catalán aunque el paciente no lo entienda y días después de que los Mossos hayan comenzado a emplear el castellano nada menos que como medida de presión contra los recortes de Artur Mas, la libertad vuelve a verse cercenada en Cataluña. Sólo es un ejemplo, pero representativo de lo que ocurre en la Generalidad, ahora gobernada por CiU, antes por el tripartito del socialista José Montilla.

La Casa del Libro de la Rambla de Cataluña, en Barcelona, ha vetado la presentación del libro de Jesús Laínz, 'Desde Santurce a Bizancio. El poder nacionalizador de las palabras' y lo ha hecho, según explicó la propia librería, porque sus salas no acogen presentaciones de libros "subversivos" o "muy problemáticos".

Así lo ha contado el autor a LD, que ha manifestado que en Cataluña ya "no hace falta ninguna prohibición, ningún policía; el pueblo se ha convertido en gendarme de sí mismo, la gente se autocensura porque saben lo que se puede hacer o decir" para no ver perjudicados sus intereses particulares o empresariales. Y esto convierte al sistema en algo "verdaderamente feo", ha señalado Laínz.

Curiosamente en otro feudo nacionalista, el País Vasco, su presentación no tuvo ningún percance. Más allá de algún "chascarrillo" como "vascófobo", al que el autor no da más importancia, Bilbao acogió la obra de buen grado. "La sala estaba llena", unas 500 personas acudieron al acto.

El libro, prologado por el colaborador habitual de Libertad Digital Amando de Miguel, será presentado finalmente el próximo 2 de febrero en el Hotel Catalonia cercano a la Plaza de Cataluña en Barcelona. Sentados junto al autor estarán el presidente de la asociación Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, y el parlamentario de Ciudadanos, Jordi Cañas.

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ETA: La impunidad no es el problema
Eduardo Arias. Minuto Digital 18 Enero 2012

Las asociaciones de víctimas del terrorismo se equivocan. Incluso Voces contra el terrorismo de Alcaraz, la más sana de todas ellas, se equivoca. El problema no es la impunidad o no de los terroristas de ETA. Y planteando la discusión y el debate público sobre la impunidad de los terroristas no conseguirán impedir ni que los crímenes etarras queden, en buena medida, impunes, ni que, donde está la raíz de todo este asunto, el separatismo vasco siga progresando en la implantación de sus posiciones en el seno de la sociedad vasca hasta el punto de llegar a unas circunstancias de fuerza social que le permita aventurarse a conquistar sus objetivos finales, es decir, la independencia.

Nadie se pone en el punto de vista de los sectores etarras, que tienen un enorme apoyo social al no haber tenido enemigo en frente, para entender que es lo que intelectualmente debe combatirse. Es decir, para saber donde hay que centrar el debate público de la cuestión tanto para que no haya lugar a avances del separatismo vasco como para que ni un solo delito etarra quede impune.

Las asociaciones contra el terrorismo esquivan el meollo de la cuestión como lo hace el PP. Se trata, como sea, de no parecer “facha” para lo cual hay que impedir como sea evitar parecer un patriota español. De esta manera la respuesta al terrorismo separatista vasco ha sido siempre una especie de reconocimiento de la validez a su discurso de ideas, a su independentismo, y una crítica a sus formas, al uso de la violencia. Ni siquiera tímidamente se ha apreciado una defensa de la idea de España con Vascongadas en su seno frente a las tesis separatistas vascas aunque, curiosamente, los asistentes a las manifestaciones antiterroristas portaran masivamente la bandera de España.

Planteada así la cuestión, es decir, con un reconocimiento tácito de que los etarras son los libertadores armados del pueblo vasco oprimido por España cuyo único error es la violencia ¿pretenden que la sociedad vasca no apoye a sus libertadores aunque en esa lucha por la libertad hayan podido incurrir en algún daño colateral indeseable o en alguna acción armada injustificable? Es como si a los españoles nos pidieran que condenásemos la lucha de los guerrilleros contra los franceses en la Guerra de la Independencia.

En España hay un grave error de base a la hora de discutir con la izquierda y el separatismo. El error es esquivar la raíz del debate. Sucede constantemente. Frente a la Ley de Memoria Histórica se dirá que es inoportuna, que es cara, que no es importante en lugar de defender que el bando nacional es el correcto y el rojo el criminal y que de existir una LMH debiera ser en sentido contrario. En el asunto del Valle de los Caídos se saldrá por defender la libertad religiosa cuando no hay atentado alguno a la libertad religiosa sino la intención de criminalizar al bando nacional. Como si nos preguntarán la hora y contestáramos con el tiempo que hace. En el asunto del terrorismo se saldrá por la impunidad de los terroristas en lugar de sentar la injusticia radical de la Causa separatista vasca y la bondad de la unidad nacional de la nación española. Con todo planteado en estos términos la victoria intelectual de la izquierda es, viene siendo, inevitable.

España, el pueblo español, y las asociaciones de quienes no murieron ni por la libertad ni por la democracia sino por representar a España frente al separatismo vasco tienen que plantear la discusión pública sobre el fundamento del problema. Sólo si la sociedad vasca entiende que todo el entramado ideológico identitario-separatista es insostenible, es falso, es un invento, es mentira; sólo si la sociedad vasca se adhiere al bien moral España, a la idea de la unidad de España, terminará el problema separatista y, no le quepa duda a las víctimas del terrorismo: solo en este caso será cuando ni uno de los delitos de unos asesinos, a los que el pueblo verá como tarados, quedará impune. En otro caso, a las víctimas de ETA les tocará vivir no solo la impunidad de sus verdugos sino el homenaje público a los mismos.

Los ingleses quieren librarse de los escoceses. ¿Y nosotros de los catalanes?
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 18 Enero 2012

Cuando los nazionalistas se empeñan, pese a los obstáculos, alcanzan su meta: todos sus vecinos les acaban detestando. Los ingleses están más dispuestos que los escoceses a aceptar la independencia de Escocia.

Por el blog PlazaMoyua que lleva un paisano, me entero de que en el Reino Unido ya se ha realizado un pronóstico que algunos anunciamos para España: la estupidez y el egoísmo de los separatistas consiguen que el resto del país les quiera poner en la calle. Yo lo he dicho varias veces: Señora Cataluña, si no está a gusto váyase.

El ministro principal de Escocia, el nacionalista Alex Salmond, quiere convocar un referéndum sobre la independencia, con el truco habitual de los nazionalisats catalanes y bizkaitarras de que ofrecer como mal menor a los tontos de Londres (o Madrid) congelar sus pretensiones durante un tiempo indefinido a cambio de más competencias y más dinero.

El primer ministro británico, David Cameron, le ha dicho que nones y ha recurrido al precedente canadiense. Su propuesta consiste en un referéndum celebrado no más allá de 18 meses y una pregunta clara: ¿aprueba la independencia de Escocia?, ¿sí o no?

Como escribe el autor de PlazaMoyua, parece que, pese a todo, hay mucho "efecto catalán" en la política británica, ya que Cameron y, por supuesto Salmond, niegan a todos los ciudadanos del Reino Unido la participación en una consulta que decidirá la Constitución de todo el país.

Evidentemente la definición del rango de autonomía de una región de un país afecta al conjunto entero del pueblo, que no tiene por qué aceptar lo que quiera la parte.

Lo divertido es que Salmond y su partido han conseguido ya lo que están a punto de lograr Artur Mas y Felip Puig con todos los españoles: hay más ingleses dispuestos a apoyar la independencia de Escocia que escoceses. Eso sostiene una encuesta del Telegraph. El 43% de los ingleses está a favor de la independencia de Escocia, porcentaje que baja al 40% en Escocia. Son contrarios a la independencia el 32% de los ingleses y el 43% de los escoceses.

En Escocia (cinco millones de habitantes) saben que las memeces nazionalistas les pueden empobrecer hasta dejar a oscuras, por mucho petróleo que extraigan del mar del Norte.

¿Vota usted a partidos que multan a quienes rotulan sus comercios en la lengua oficial de la nación y la que tiene como lengua materna la mayoría de los catalanes?, ¿a quienes dicen que "España les roba"?, ¿a los que ordenan que los médicos de la sanidad pública no hablen en español a sus pacientes?, ¿a los que consideran decir Viva España un insulto?, ¿a los que reclaman un concierto económico a la navarra?, ¿a los que derrochan el dinero en siete canales de televisión? ¿Y por qué no quiere la independencia? ¿Porque entonces saldría perdiendo? Pues prepárese, caballero, los demás ya hemos decidido por usted.

CODA: Una diferencia no pequeña entre Escocia y Cataluña es que la primera fue un reino soberano hasta 1707, y que algunos de sus reyes, como Jacobo VI, lo fueron también de Inglaterra, mientras que la segunda no ha sido nunca un país independiente ni ha tenido reyes propios.

EXILIADOS VASCOS: «Faltan más vascos aquí que votos tiene Amaiur»
La huida de un 8% del electorado vasco da alas a los nacionalistas
Estudian cómo y cuándo registrar una iniciativa en el Congreso para que todos los vascos que han tenido que marcharse por no ser nacionalistas puedan votar en las autonómicas.
J. Arias Borque Libertad Digital 18 Enero 2012

"Durante los últimos treinta años, desde la transición, se ha marchado mucha gente. Han querido cambiar el mapa político haciendo un país sólo de nacionalistas. Faltan aquí más vascos que votos tiene Amaiur". Con estas palabras, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, explicaba a Libertad Digital uno de los efectos menos visibles del terrorismo de ETA.

El asesinato de casi un millar de personas, el secuestro de decenas de ciudadanos, la extorsión de miles de empresarios y profesionales liberales, los millones de euros ocasionados en destrozos materiales o la resistencia de los millares de amenazadas por ETA y su entorno han ocultado en algunas ocasiones otra realidad, la de aquellas que no podían aguantar más y han hecho las maletas después de una resistencia heroica para iniciar un destierro no deseado.

Este hecho, provocado por la presión terrorista, ante la indiferencia del nacionalismo coloquialmente llamado democrático, ha beneficio sobremanera electoralmente a los partidos que no defienden la Constitución y el Estatuto de Guernica, pues estos exiliados eran casi en su totalidad votantes de populares y socialistas vascos.

Para intentar que el terror de ETA no beneficie a los etarras electoralmente, el presidente del PP vasco anunció el pasado mes de diciembre, durante una sesión de control al lehendakari, que su partido promoverá una reforma legislativa con el objetivo de que los vascos exiliados por la amenaza terroristas puedan participar en las elecciones autonómicas vascas.

Según cálculos del propio Basagoiti, realizados comprobando la evolución poblacional vasca y del resto de territorios españoles durante los últimos treinta años en las estadísticas oficiales del Instituto Nacional de Estadística, el número de desterrados por la acción de ETA podría rondar las 300.000 personas.

Ponencia política e iniciativa legislativa
Manos a la obra, los populares están trabajando ya en dos vías para cristalizar esta iniciativa. Por un lado, el propio presidente de los populares vascos incluirá esta cuestión en la ponencia política que está redactando junto al presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y con el de Melilla, Juan José Imbroda, para su aprobación en el próximo congreso del PP, y que será presentada en próximos días.

Exactamente, en un apartado denominado 'Una sociedad en libertad en la que se fortalece la democracia para la derrota del proyecto totalitario de ETA', se recoge textualmente: "El final necesario de ETA debe conllevar la restitución de los derechos políticos de miles de vascos desterrados por las consecuencias directas e indirectas de la amenaza y extorsión etarra. Un País Vasco en libertad es una sociedad en la que puedan decidir su presente todos aquellos que se han visto obligados a dejar la tierra en la que nacieron o vivieron".

Por otro lado, el que fuera durante varias legislaturas portavoz del PP en el Parlamento vasco, Leopoldo Barreda, que desde el pasado 20 de noviembre es diputado en el Congreso, está manteniendo diversas reuniones con sus compañeros de grupo parlamentario para ver cómo y cuándo se podría registrar una iniciativa parlamentaria sobre esta cuestión en la Cámara Baja.

Asimismo, los populares vascos se han puesto ya en contacto con el nuevo Gobierno de Rajoy para intentar estudiar qué medidas podría tomar el Ejecutivo para ayudar a estos desterrados a regresar al País Vasco si así lo quisieran. Algo en lo que también trabaja el Gobierno vasco, tal y como reconoció el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, en febrero de 2011, tras haber recibido algunas peticiones de ayuda a través de la oficina de Atención a las Víctimas del Terrorismo del propio gobierno regional.

Iniciativa "Un exiliado, un voto"
La pretensión de restaurar el derecho a voto de aquellos ciudadanos obligados a exiliarse por la presión de ETA es una antigua aspiración de los populares, que fue ideada por el ex procurador en las Juntas Generales de Álava y ex subdelegado del Gobierno en Álava durante los gobiernos de Aznar, César Velasco Arsuaga. Él fue quien entregó un primer informe con la iniciativa en 2003 al exministro de Interior y por entonces líder del PP en la Cámara vasca, Jaime Mayor Oreja, y al delegado del Gobierno en el País Vasco, Enrique Villar.

Entre los trabajos de Velasco al frente de la representación del Estado en Álava figuran éxitos como conseguir que los agentes de la Ertzaintza juren o prometan acatar la Constitución en su toma de posesión, o que la Ley de Banderas deba cumplirse en los edificios públicos de la región, después de sentencias de los tribunales que han ido obligando a instituciones como la Academia de la Policía vasca, el Parlamento vasco o las Diputaciones y Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa, a colocar la bandera española junto a la europea y la vasca en el interior y exterior de las instalaciones.

En 2008, el propio César Velasco, ayudado por la Fundación DENAES, lanzó una iniciativa denominada "Un exiliado, un voto", con el objetivo de que todos los ciudadanos que así lo quisieran se uniesen a la campaña con el objetivo de solicitar al por entonces Gobierno Zapatero que se incluyese esta posibilidad en la reforma de la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo. Una campaña a la que se sumaron rápidamente las víctimas del terrorismo y el PP vasco.

Modificar la Ley Electoral
Los populares reconocen que la recuperación del voto en las elecciones vascas de los desterrados tiene dificultades técnicas, a la hora de pasarlo del papel a la ley, pero algunos especialistas han mostrado el camino. Es el caso de Javier Tajadura Tejada, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco, quien en un artículo publicado el pasado mes de diciembre en El Correo dio algunas claves importantes.

Según dijo, sería necesario modificar la Ley Electoral (LOREG) y, para ello, abogaba por un acuerdo que como mínimo incluyese a los dos principales partidos, debido a que "afecta a las reglas básicas del funcionamiento del sistema político". "La reforma legal se topa con la dificultad objetiva de precisar cuántos y quiénes fueron los que se vieron obligados a abandonar el País Vasco por presiones político-terroristas", añadía.

Para solucionar ese problema, propone establecer "unos requisitos objetivos cuyo cumplimiento supusiera el reconocimiento del derecho a ser incluido en el censo electoral" de la provincia vasca donde residía con anterioridad. Entre ellos, incluye la demostración de haber residido en el País Vasco durante un largo periodo de tiempo y "acreditar que la causa del desplazamiento no fue la mera conveniencia personal (...) sino un determinado contexto político que hacía muy difícil el ejercicio de la libertad personal".

Sobre la polémica que suscitaría la posibilidad de que el desterrado pudiese votar en las elecciones de dos comunidades autónomas en unas mismas elecciones, en su región de residencia y en el País Vasco, los populares vascos proponen que el exiliado pudiese elegir libremente en cuál de las dos desearía hacerlo.

Caza de brujas
albert rivera ABC Cataluña 18 Enero 2012

ESTA semana pasada el Gobierno de Mas se reunió con los representantes de los Mossos d'Esquadra para comunicarles nuevos recortes en sus condiciones laborales y confirmarles que no iban a dotarles de los chalecos antibala necesarios para garantizar su seguridad. Los portavoces sindicales iniciaron una serie de protestas contra el Gobierno convergente, y entre ellas una tan inédita como efectiva: hablar en castellano para presionar al Govern. Poco tardaron en iniciar la caza de brujas los miembros de la caverna nacionalista, con el ex presidente Pujol a la cabeza, admitiendo que para los nacionalistas los Mossos eran un símbolo identitario y que los agentes no debían hablar en la lengua oficial mayoritaria de los catalanes, seguido por buena parte de la prensa concertada catalana como Toni Soler, que comparó a los policías autonómicos con los grises.

Y hace unos días también hemos conocido, a través de los medios, el protocolo en el que el departamento de Salud de la Generalitat le pide al personal sanitario que no hablen en castellano entre ellos, ni en reuniones de trabajo, ni por megafonía, ni siquiera con los pacientes castellanoparlantes.

El acoso y derribo a los representantes policiales de la Cataluña oficial y las instrucciones a los profesionales de la sanidad para que no hablen en ningún caso en las dos lenguas oficiales, demuestra que para nuestros gobernantes la construcción nacional está por encima de los derechos laborales, de la salud o lingüísticos. Su obsesión es borrar del mapa con prohibiciones e imposiciones el bilingüismo y el sentido común que rige en la esfera privada, en la Cataluña real, donde tenemos la suerte de convivir sin mayor problema en nuestras dos lenguas.

Durante el franquismo, en un régimen dictatorial y nacionalista que pretendía homogeneizar a la sociedad española y prohibió el uso del catalán, hablar en público, cantar, o escribir pancartas en catalán era símbolo de protesta y de libertad. Paradójicamente, 32 años después en Cataluña, en democracia y habiendo sido gobernados siempre por nacionalistas que incumplen las sentencias y las leyes, hablar indistintamente en catalán y en castellano en el ámbito público se ha convertido también en una forma de protesta, rebeldía y un motivo para ser señalado y apestado por la Cataluña oficial. Viva la libertad.

Albert Rivera es presidente de Ciutadans.

‘Parla en llibertat, parla… en castellà’
‘Han convertido al castellano en un instrumento para defender los derechos y las libertades. Aquello que había significado el catalán durante el tardo franquismo y los inicios de la Transición, ha sido sepultado por un nacionalismo excluyente y totalitario que ha utilizado el catalán como un instrumento de coagulación ‘nacional’ persiguiendo la lengua mayoritariamente hablada por las catalanes. Una instrumentalización que ha convertido al catalán, para su desgracia, en la lengua del ‘régimen’ nacionalista, una imposición que le ha privado de ser el estandarte de la lucha por la libertad’.
Jordi Cañas www.vozbcn.com instrumento

Esta semana pasada la reivindicación de los derechos y condiciones laborales de los Mossos d’Esquadra, frente a los recortes y el ninguneo de la Generalidad, derivó en una polémica lingüística que ha soliviantado los ánimos del nacionalismo lingüístico excluyente en Cataluña. Los sindicatos de Mossos, en una acción de protesta poco habitual, propusieron que la lengua de comunicación preferente de los policías autonómicos de Cataluña fuera el castellano.

Esta decisión derivaba de la negativa de la Consejería de Interior a escuchar y dialogar sobre las condiciones laborales y las propuestas de mejora de la seguridad de los agentes que proponían los representantes sindicales, algunas tan imprescindibles como disponer de chalecos antibala y guantes anticorte para proteger su integridad física y sus vidas.

Esta podía ser una acción discutida pero indiscutible legalmente en una Comunidad oficialmente bilingüe. Sin embargo, la respuesta del #kukluxkat nacionalista no se hizo esperar. Acusaciones de anticatalanismo, botiflers, enemigos del catalán, quintacolumnistas, traidores, cipayos… todo ello adobado de amenazas, coacciones e insultos, contra aquellos que habían osado, en un acto de presión sindical, tocar el nervio, el ADN de los nacionalistas: la lengua.

La presión y la coacción nacionalistas contra los trabajadores públicos en Cataluña es permanente y creciente: reglamentos de usos lingüísticos en municipios que prohíben el uso del castellano; leyes como la LEC que impiden el uso en los centros escolares de esta lengua; circulares y protocolos internos a profesores y médicos para prohibir el uso del castellano no ya en las comunicaciones administrativas o en las relaciones entre alumnos o pacientes, sino en las conversaciones personales entre los propios trabajadores; expedientes contra funcionarios que redactan sus informes en castellano; comisarios lingüísticos en las escuelas que supervisan el cumplimiento de los diktat nacionalistas; la negativa de hospitales públicos a dar la información médica en castellano a los enfermos; oficinas de delación lingüística donde el anonimato de los chivatos fomenta las vendettas personales y nos retrotrae a las peores prácticas de los regímenes totalitarios.

Una situación que es el corolario de 32 años de gobiernos nacionalistas donde la libertad ha sido sacrificada en el altar de la lengua, con la complicidad del PSC y el PP que miran hacia otro lado -cuando no instan o apoyan directamente este totalitarismo lingüístico- y las cúpulas de los sindicatos mayoritarios con unos dirigentes vendidos al nacionalismo que se comportan al más puro estilo de los conversos.

Porque en la Cataluña del año 2012, hablar en castellano en la administración, es un acto de rebeldía y por ello se ha convertido en un instrumento para luchar por la libertad. Una libertad amenazada permanentemente por un nacionalismo que somete los derechos de los ciudadanos a una lengua y antepone ésta al bienestar, a la salud y a la educación de los ciudadanos de Cataluña.

32 años de nacionalismo en el poder han convertido al castellano en un instrumento para defender los derechos y las libertades. Aquello que había significado el catalán durante el tardo franquismo y los inicios de la Transición, ha sido sepultado por un nacionalismo excluyente y totalitario que ha utilizado el catalán como un instrumento de coagulación nacional persiguiendo la lengua mayoritariamente hablada por las catalanes. Una instrumentalización que ha convertido al catalán, para su desgracia, en la lengua del régimen nacionalista, una imposición que le ha privado de ser el estandarte de la lucha por la libertad.

Ahora, la rebeldía cívica se demuestra usando el castellano donde más les duele a los nacionalistas, en el espacio secuestrado por sus políticas: la administración pública. Y hay que tomar buena nota. Y así, parafraseando aquella campaña donde una dentadura postiza nos impelía a hablar en catalán, es hora que en Cataluña, aquellos que defendemos la libertad de los ciudadanos desde el respeto más absoluto a nuestra otra lengua, el catalán, nos rebelemos contra las imposiciones nacionalistas: hablemos sin complejos, hablemos en libertad, hablemos en castellano.

Jordi Cañas es diputado autonómico y portavoz de Ciudadanos

La Generalitat impone a los médicos el uso del catalán aunque los pacientes no les entiendan
La asociación Impulso Ciudadano recurrirá el protocolo de usos lingüísticos en el sector sanitario de Cataluña por contravenir el Estatuto y la Ley de Sanidad
 www.lavozlibre.com  18 Enero 2012

Barcelona.- "Si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se continúa hablándole en catalán". Esta es una de las imposiciones que marca el protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario de Cataluña, un protocolo creado en el año 2010, cuando la comunidad era gobernada por el 'tripartito', y que ha vuelto a emerger gracias al director de los Servicios Territoriales de Salud de la Generalitat en Tarragona, Josep Mercadé.

Josep Mercadé, de Convergencia i Unió (CiU), hizo público el pasado 9 de enero un comunicado en el que exigía a los sanitarios de su provincia, que tiene extensión a toda la autonomía, a seguir el protocolo editado por primera vez en el año 2010. Según afirma Mercadé en el comunicado, "Toda organización, ineludiblemente, tiene la necesidad de definir cómo deben gestionarse sus comunicaciones y establecer unas normas con las que regirse". La gestión y normas desgranadas del protocolo finalizan en la imposición al paciente del catalán por parte de todos los integrantes del sector sanitario, desde los empleados administrativos hasta los médicos: "Todo el personal administrativo utilizará siempre el catalán al iniciar una interacción lingüística con un usuario".

Los pacientes, acorralados. La Generalitat muestra cierta complaciencia con los enfermos castellanoparlantes, complaciencia que no deja de lado el uso del catalán hasta las últimas consecuencias: "Si el paciente no entiende el catalán, se pasará al castellano, pero procurando repetir palabras o frases parecidas en catalán para ir introduciendo esta lengua en el universo de la persona recién llegada". El Ejecutivo de Artur Mas aumenta la imposición lingüística, extendiéndola no sólo a la relación entre médico y paciente, sino hasta las conversaciones telefónicas e interpersonales de los profesionales sanitarios. Las conversaciones telefónicas que mantengan los trabajadores en el ejercicio de su profesión, "deberán iniciarse en lengua catalana", también las profesionales entre el personal "cuando estén delante terceras personas como pacientes y familiares".

La asociación Impulso Ciudadano ha anunciado que recurrirá ante los juzgados del contencioso-administrativo el protocolo de usu lingüísticos para el sector sanitario de Cataluña. Según el colectivo presidido por José Domingo, las reglas recogidas en documento que impulsa la Generalitat, son contrarias al Estatuto de Cataluña en la interpretación que le dio el Tribunal Constitucional. El Constitucional estableció como criterios de uso por parte de las Administraciones, la igualdad de las lenguas oficiales y el derecho a su uso por parte de la Administración. El protocolo, asegurán, también es contrario a la Ley General de Sanidad.

"Si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se continúa hablándole en catalán", vuelve a reiterar el protocolo impositivo nacionalista. Por si quedaba alguna duda.

Deben utilizar "material gráfico y recursos no verbales”" para evitar el castellano
La Generalitat ve "normal" que los médicos atiendan en catalán aunque no les entiendan
Miguel Maristany. Barcelona. www.gaceta.es 18 Enero 2012

El Ejecutivo rehúye las explicaciones sobre el protocolo lingüístico. La plataforma 'Impulso Ciudadano' presenta un recurso contra el texto.

El protocolo lingüístico que la Generalitat de Cataluña ha hecho llegar a los empleados sanitarios de Tarragona, presionándoles para que utilicen el catalán aunque el paciente no les entienda, y llegando incluso a humillar a los usuarios utilizando “material gráfico y recursos no verbales” para evitar usar el castellano, ha sido ninguneado por el Ejecutivo que preside Artur Mas.

El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, esquivó ayer a este medio cuando se le preguntó cuál era la respuesta institucional ante semejante adoctrinamiento nacionalista. Lo dejó claro: “No quiero hablar de este tema”.

La plataforma Impulso Ciudadano anunció ayer que presentará un recurso contencioso-administrativo “contra el modelo de protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario de Cataluña”. Según la plataforma, el documento es contrario al Estatuto de Autonomía, que “estableció como criterios de uso por parte de las Administraciones la igualdad de las lenguas oficiales y el derecho a su uso por parte de la Administración”. Considera, además, que la obligación de usar el catalán en detrimento del castellano es claramente anticonstitucional, y que vulnera los derechos de los pacientes recogidos en la vigente Ley General de Sanidad que dispone que deba respetarse la personalidad de los mismos sin que puedan ser objeto de discriminación, tampoco por razón de lengua. Por su parte, un usuario habitual de la sanidad pública, jubilado, explica que “con tantos parados que hay en Cataluña, lo que deben hacer es crear empresas e industria en lugar de tanta lengua, que con el catalán la gente no se llena los bolsillos, pero con trabajo sí”.

Otros dos pacientes consultados por LA GACETA hablan de que “hay que adaptarse a la lengua que utilice el usuario”, porque “lo importante es la educación: si el paciente habla francés y el médico lo entiende, debe hablar francés”.

El Ejecutivo nacionalista de Artur Mas seguirá adelante con su política lingüística a pesar de los reparos tanto del sindicato de médicos como de los usuarios y plataformas cívicas.

Cataluña
«Imponen el catalán a los médicos para desviar la atención»
Impulso Ciudadano recurrirá el protocolo de la Generalitat que insta a los galenos a usar esta lengua
JANOT GUIL / BARCELONA ABCinstrumento

A vueltas con la imposición del catalán por parte de la Generalitat, aunque el Tribunal Constitucional dictara lo que dictara. Esta vez, en el ámbito de la sanidad.

El director de los Servicios Territoriales de Salud de la Generalitat en Tarragona, Josep Mercadé (CiU), hizo público el pasado 9 de enero un comunicado en el que insta a los trabajadores del ámbito sanitario catalán —el de su provincia y por ende se alude al de toda Cataluña— a seguir en su trabajo un protocolo que obliga al uso preferente del catalán. A la hora de atender al teléfono, en las comunicaciones por escrito... y en el trato al paciente. En todo.

El protocolo —«Modelo de protocolo de usos lingüísticos para el sector sanitario público en Cataluña»— fue editado por primera en noviembre de 2010, en tiempos del tripartito, por la Dirección General de Política Lingüística; aunque ahora ha sido recuperado por CiU. ¿Por qué? «Toda organización, ineludiblememte, tiene la necesidad de definir cómo debe gestionar sus comunicaciones y establecer unas normas por las que regirse...», se desgañita el citado Mercadé en el escrito de presentación. «Lo hacen para desviar la atención, para que no se hable tanto de los recortes en sanidad», replica en declaraciones a ABC Joaquín Maldonado, jefe de la sección de Cirugía pediátrica del Hospital Joan XXIII de Tarragona.

En el protocolo se recogen unas instrucciones que invitan a la risa si no fuera que el asunto, y más en el escenario de un hospital, es demasiado serio. Así, se conmina —a todo el personal, desde el administrativo al médico— «a utilizar siempre el catalán al iniciar una interacción lingüística con un usuario». En el caso de que el usuario no lo entienda, se pasa al castellano, pero procurando «repetir palabras o frases parecidas en catalán para ir introduciendo esta lengua en el universo de la persona recién llegada». Si no entiende ni el catalán ni el castellano, se aconseja «intentar buscar una lengua común» o requerir los servicios de un traductor o mediador, en alusión a los inmigrantes de origen africano, por ejemplo.

«Nosotros somo médicos y punto y normalmente atendemos sin problemas a las personas en las dos lenguas oficiales, catalán y castellano, y, si no puede ser, en inglés, francés o como sea», señala Maldonado. «El problema surge en el momento que publican este protocolo que, como tal, se entiende que es de obligado cumplimiento», señala.

Por eso la entidad Impulso Ciudadano, que preside José Domingo y cuyo delegado en Tarragona es Joaquín Maldonado, ha decidido presentar batalla contra esta normativa. Presentará un recurso contencioso-administrativo contra el mismo.

«Inconstitucional»
A juicio de Impulso Ciudadano, las reglas que en él se recogen «son contrarias al Estatuto de Cataluña en la interpretación dada por el Tribunal Constitucional que estableció como criterios de uso por parte de las Administraciones la igualdad de las lenguas oficiales y el derecho a su uso por parte de la Administración». «La obligación de usar el catalán en detrimento del castellano es claramente inconstitucional y, además, vulnera los derechos de los pacientes recogidos en la Ley General de sanidad», advierten en un comunicado.

Fuentes del departamento de Salud de la Generalitat deslizan, a modo de supuesto alegato, que son unas «recomendaciones» y no una norma de obligado cumplimiento. Sin embargo, el protocolo, que ya por su denominación —no es una guía, por ejemplo— tiene una connotación de norma, es, además, tan exhaustivo, entra tan al detalle, que difícilmente puede calificarse de mera pauta indicativa. Así, alude a las comunicaciones públicas de los centros, ya sean actos como cursos o presentaciones o en su documentación o la megafonía. Pero incluso se inmiscuye en lo más privado; como las conversaciones telefónicas que mantengan los trabajadores en el ejercicio de su profesión, «que deben iniciarse en lengua catalana». O las conversaciones profesionales entre el personal —«especialmente ante terceras personas, como pacientes y familiares», o entre los profesionales y los usuarios. «Si el usuario no habla catalán pero lo entiende, se continúa hablándole en catalán, a menos que pida ser atendido en castellano», insiste el protocolo. Eso sí, concede, «en cualquier caso tiene que haber una buena predisposición para que la comunicación sea satisfactoria».

Artur Mas se reúne con Rajoy el 1 de febrero
El presidente de la Generalitat, Artur Mas, se reunirá con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, el 1 de febrero en La Moncloa. Ambos dirigentes se habían emplazado a mantener un encuentro después de que el líder del PP agradeciera por teléfono a Mas su apoyo a las medidas de ajuste aprobadas en el Congreso. El portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, explicó que el tono del encuentro seguirá la línea de la entrevista publicada por el diario inglés «Financial Times», en la que advierte de que si no hay pacto fiscal podría haber un divorcio entre Cataluña y España. «El presidente se caracteriza por decir lo mismo en todas partes.

Obviamente, la financiación catalana estará en el núcleo de la conversación», explicó Homs. Añadió que el presidente catalán acude a la cita «con voluntad de emprender un período de buena relación institucional, lo que no significa que nos entendamos, pero sí que cada uno podamos explicar lo que pretendemos. Es razonable que nos demos una oportunidad».

ANTE EL JUICIO EN LA AN
Los proetarras lanzan una campaña contra Urquijo y Abascal
Serán juzgados por los altercados en la constitución del ayuntamiento de Llodio (Álava) en 2003.
J. Arias Borque Libertad Digital 18 Enero 2012

Casi una veintena de batasunos se sentarán la próxima semana en el banquillo de la Audiencia Nacional para responder por sus actos en la constitución de los ayuntamientos vascos en junio de 2003. Exactamente, por los acontecidos en Llodio (Álava), donde Euskal Herritarrok perdió la alcaldía con la entrada en vigor de la Ley de Partidos.

Entonces, se congregaron junto a casi un centenar de proetarras más en el salón de plenos para boicotear y reventar la constitución de la nueva corporación. No dudaron en utilizar bocinas, gritar, insultar o empujar a unos cargos electos que no pudieron tomar ese día posesión de sus actas.

Pero su actuación fue más allá. La acusación pide ahora para ellos penas de entre 3 y 6 años de prisión por diversos delitos, como perturbar el orden de los plenos amparándose en la existencia de grupos terroristas (art. 505 del Código Penal), atentado contra la autoridad, amenazas, injurias, un delito de lesiones y faltas de lesiones.

Ante el próximo juicio, los batasunos han iniciado en el Valle de Ayala (Álava), donde se encuentran los municipios de Llodio y Amurrio, de donde son originarios los acusados, una campaña de victimización de los acusados y en la que se criminaliza a los ediles del PP que iban a tomar aquel día posesión de sus cargos, el actual delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, y el presidente de la Fundación para la Defensa de la Nación Española (DENAES), Santiago Abascal.

Para ello, además de diversa cartelería, han hecho público un vídeo en el que se escuchan los testimonios victimizados de los acusados y se pueden apreciar imágenes manipuladas de lo que aquel día aconteció en el consistorio alavés. Unas imágenes muy diferentes a las que hizo públicas Libertad Digital en 2007, coincidiendo con la detención de Oier Amorrortu por orden del juez Marlaska, en las que se ven de forma clara qué aconteció aquel día en Llodio.

Entre los batasunos que serán juzgados están terroristas de ETA, terroristas callejeros y dirigentes de Jarrai-Haika-Segi que han cumplido penas de prisión, como el ya mencionado Oier Amorrortu Lizeranzu (ingresó en prisión por terrorismo callejero), Jesús María Gómez López (detenido en 1983 como jefe del grupo Pasagorri de ETA Militar), Aitor Goikoetxea Vivaracho (ingresó en prisión por terrorismo callejero), y la pareja madre-hijo que conforman Eulalia Aramendi Bilbao (detenida en 1993 en Francia cuando formaba parte de un grupo de ETA) y Aitor Latorre Aramendi (ingreso en prisión por su pertenencia a Jarrai).

También hay destacados dirigentes locales de las franquicias electorales de ETA, como Jon Ander Altube Lazkano (concejal de Euskal Herritarrok), Beñat Mendiguren Cosgaya (candidato con las listas de Laudio Aurrera, ANV y D3M), Ohiana Gomara Pikatza (concejal de ANV), Gaizka Amorrortu Boveda (concejal de ANV), Saioa Ugarriza Olabarria (concejal de ANV),

A estos, se suman otros batasunos sin problemas previos con la justicia ni presencia en listas electorales, como Aitor Basterra Ibarrola, Carmelo Serrano Martínez, Alfredo Remírez Marañón, Iker Roiz Plaza, Miguel Ángel Mate Mate, Urtzi Goitia González, Kepa Garrote Intxaurraga, Ángel Benito Sáez y Asier Barruetabeña Berganza.


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