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Recortes de Prensa   Miércoles 25  Enero 2012

 

¿Van a resucitar a Montesquieu?
EDITORIAL Libertad Digital 25 Enero 2012

"Toda sociedad en la que no se encuentre asegurada la garantía de los derechos ni establecida la separación de poderes carece de Constitución". Pocas
aseveraciones rinden tanto homenaje a Locke y Montesquieu y son tan categóricas en su defensa del principio de separación de poderes que la que se encuentra
en este artículo XVI de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Si la traemos hoy a colación es para destacar la importancia y la bienvenida
que concedemos a la noticia según la cual el Gobierno parece decidido a recuperar en buena medida la separación de poderes mediante el restablecimiento de la
fórmula de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que existía hasta 1985.

Hasta entonces la mayoría de los miembros del CGPJ –doce de veinte- eran elegidos por los propios jueces y magistrados, mientras que el resto lo designaban
las Cortes Generales –cuatro, el Congreso y cuatro, el Senado. La cosa cambió, sin embargo, a partir de la bochornosa reforma de la Ley Orgánica del CGPJ
llevada a cabo por el omnipotente Gobierno de Felipe González, que, bajo la proclama guerrista de "Montesquieu ha muerto", estableció que los veinte miembros
del órgano de gobierno del Poder Judicial pasaran a ser elegidos en su totalidad por el Poder Legislativo.

Desde entonces la politización de la Justicia es una de las principales quiebras que sufre nuestra nación entendida como Estado de Derecho. Y es que, tal y
como se temía la sentencia 108/1986 del Tribunal Constitucional, que, no obstante, consintió esa bochornosa reforma, el "riesgo de que las Cámaras atiendan
sólo a la división de fuerzas existente en su propio seno y distribuyan los puestos a cubrir entre los distintos partidos, en proporción a la fuerza
parlamentaria de éstos" se ha convertido en una lamentable y previsible realidad.

Muy bien está, por consiguiente, el restablecimiento de un auténtico sistema de contrapoderes que reste al Poder Legislativo capacidad de nombramiento de los
miembros del Poder Judicial, así como la recuperación de recurso previo de inconstitucionalidad para los estatutos de autonomía, también anunciado por la
vicepresidenta del Gobierno.

Hemos de advertir, no obstante, que esta saludable reforma podría quedar coja hasta el extremo de constituir una auténtica farsa si la autonomía que concede
a jueces y magistrados para designar a la mayoría de los miembros de su órgano de gobierno no alcanza también a la elección de los miembros de nuestros más
altos tribunales. En este sentido, de poco servirá que sean los propios jueces y magistrados los que elijan a la mayoría de los integrantes del CGPJ si luego
estos sólo pueden elegir a 2 de los 12 miembros del Tribunal Constitucional, mientras que el resto es elegido por las Cortes –cuatro, el Senado y cuatro, el
Congreso- y el propio Ejecutivo, otros dos.

Confiemos, pues, en que el Gobierno del PP no pretenda resucitar "a medias" a Montesquieu y que sea consciente de hasta qué punto la propia Constitución
queda en papel mojado si el Tribunal Constitucional sigue constituido como mera y obediente prolongación del poder político.

Reformas totales
Editorial  www.gaceta.es 25 Enero 2012

Un mes ha tardado el nuevo Gobierno en aplicar su guión reformista, pero la espera ha valido la pena. Porque la batería de medidas que anunció ayer Soraya
Sáenz de Santamaría supone el final de un pernicioso ciclo histórico, iniciado en 1985 con la politización de la Justicia por parte de Felipe González.
Regeneración en lo político y austeridad y transparencia en lo económico son las líneas maestras en las que se resume el ambicioso plan. En el primer
apartado destaca la reforma para que la elección de miembros del CGPJ vuelva a depender de los jueces. Junto a esa buena nueva, el anuncio de un acuerdo
urgente para renovar el Constitucional, el Tribunal de Cuentas y RTVE.

En el apartado de la austeridad económica, el Gobierno quita, en parte, el mal sabor de boca dejado por el impuestazo, como si no hubiera otras fórmulas para
atajar el déficit público. Con los anuncios de ayer, el PP ofrece otras opciones, apostando de forma contundente por una austeridad y una transparencia que
hacían falta de forma imperiosa.

La vicepresidenta llegó con los deberes bien aprendidos y necesitó menos de una hora para poner encima de la mesa un amplísimo programa de acción que
incluye varias normas, que serán llevadas en el primer trimestre a las Cortes, así como un capítulo especial dedicado a poner coto al despilfarro, como la
reducción de la estructura de la Administración: el Gobierno ya ha ahorrado 4,4 millones de euros, sólo en gastos de personal, al reducir un 20% sus altos
cargos. Otro campo abonado para los recortes es el de las autonomías y sus entramados de empresas y entes públicos, cuyos presupuestos están repletos de
partidas superfluas o redundantes que, por austeridad y por pura salud democrática, deberían suprimirse de un plumazo. Desde las subvenciones a partidos
políticos y sindicatos a las deficitarias televisiones públicas, los intérpretes de catalán-español, viajes a Guinea, coches oficiales... Sea mucha o poca la
cuantía total de estos gastos, no puede admitirse que, mientras se están pidiendo sacrificios a todos los españoles, las autonomías sigan malgastando a manos
llenas.

La situación es intolerable, pero el Gobierno ya se ha puesto manos a la obra: Sáenz de Santamaría considera insostenible que haya más de 4.000 empresas
públicas, lo que deja “margen para una alta reducción”. En este sentido, anunció a la Cámara tres medidas inmediatas: recorte de organismos, fijación de
criterios de homologación en las retribuciones de los directivos y reducción efectiva de los consejos de dirección. “Si tenemos que hacer un esfuerzo, los
cargos públicos, los primeros”, es el mensaje. Rajoy ya dio ejemplo en su viaje a Rabat, y su equipo no será menos, como tampoco los partidos políticos, que
ya tienen en sus sedes un proyecto de ley para la reducción del 20% de su presupuesto, que supondrá un ahorro inicial de 30 millones de euros.

Las medidas anunciadas son un aperitivo tan necesario como oportuno, ya que coinciden con el informe del FMI, que empeora su previsión de déficit para España
en 2012 y 2013 hasta el 6,8% y el 6,3%. Pero queda mucho por hacer. Ayer se dio un decisivo primer paso al poner fin al socialismo por la vía de restituir a
Montesquieu y por la de poner freno al despilfarro. Pero cualquier ajuste no dejará de ser un mero parche si España no se replantea la estructura actual del
Estado de Bienestar y del Estado de las Autonomías, que son el auténtico lastre.

La guerra de la independencia fiscal
Ignacio de la Torre El Confidencial 25 Enero 2012

Cuentan que Confucio, aleccionando a sus discípulos sobre por qué los impuestos de un país no deberían situarse en un nivel confiscatorio comparaba al fisco
(valga el pleonasmo entre “fisco” y “confiscar”) con los ladrones de caravanas. En la península indochina, decía, los ladrones asaltaban las carretas
cargadas de mercancías de los mercaderes chinos, pero los asaltantes tenían la precaución de no robar el 100% de la mercancía, sino que dejaban un tercio sin
aprehender. El motivo no era otro que permitir que los comerciantes emplearan dicho remanente en la ruta de destino, para poder obtener su justa plusvalía
mediante su iniciativa privada, de forma que se recuperara su patrimonio. Así, razonaba Confucio, los mercaderes volverían a transitar por las rutas de
Indochina, y los ladrones podrían seguir robando.

Como, siguiendo el dictum, no hay nada cierto menos la muerte y los impuestos, se acuñó hace tiempo por liberales y libertarios el “día de la independencia”
como concepto que intenta expresar la carga fiscal de una nación en función de los días que hace falta trabajar para el gobierno. Así, si entre cargas
sociales, impuestos directos e indirectos un trabajador paga en total un 25% de sus ingresos al fisco, habrá logrado su independencia el 1 de Abril, o, visto
de otro modo, madrugará durante tres meses para exclusivo solaz de su gasto público. En Estados Unidos la sociedad civil, organizada y poderosa, identifica
dinámicamente este día a través del Tax Foundation concluyendo que el día de la independencia en 2011 se sitúa en el 12 de Abril, cálculo que no incluye el
ingente déficit federal de los EEUU. En el Reino Unido, en el pasado el instituto Adam Smith realizó cálculos semejantes, concluyendo que dicha fecha se
fijaba en el 4 de Junio. En cualquier caso la evolución no es esperanzadora, en EEUU el día de la independencia en 1900 se situaba en el 22 de Enero y en
1940 en el 7 de Marzo.

En España, la menor madurez de nuestra sociedad civil (recuerden, el peor enemigo de una clase política ineficiente es una sociedad civil organizada, de ahí
el mantener anestesiada a dicha sociedad mediante demagogia y subvenciones) sólo ha provocado conatos similares que requieren actualización tras las subidas
impositivas de los últimos años. Tras dichas subidas, acometidas por socialistas (IVA) y populares (IRPF), más la carga de Seguridad Social que paga la
empresa en nombre del trabajador (que puede suponer un 30% adicional) España se sitúa entre los países de Europa con mayor carga impositiva. Es decir que muy
probablemente trabajemos ya más de seis meses para mayor gloria de la eficiencia del gasto público. A pesar de eso, el déficit sigue siendo desbocado. La
justificación de la subida de IRPF estribaba en un mayor déficit motivado por las administraciones autonómicas, mayor déficit que el nuevo gobierno asegura
“se encontró por sorpresa”, lo que provoca incredulidad cuando el PP gobierna 13 de las 17 autonomías. ¿Ocultaron la información los consejeros de economía
de estas comunidades a sus gerifaltes del Partido? La justificación aducía cargar fiscalmente “al que más tenía”, algo completamente falso, ya que el IRPF
recae sobre “el que más declara”, sobre todo clases medias.

En cualquier caso este debate exige el planteamiento de una grave disyuntiva: ¿es más productivo un euro en el bolsillo de un ciudadano o empresario, o en el
presupuesto de un gestor público, sea en un Ayuntamiento, Diputación (sí, siguen existiendo...), Comunidad o Estado Central? Si una inmensa mayoría de
ciudadanos considera que el peso del gasto público es excesivo y a todas luces ineficiente, ¿qué hace que una amplia mayoría de consenso social se desfigure
a la hora de tomar decisiones políticas por parte de un Partido u otro a pesar de haber sido votado por la mayoría que contradice su quehacer político? Y
como consecuencia ¿hemos alcanzado la degeneración de la democracia en la demagogia tal y como auguraban precisamente los filósofos griegos? ¿Se han tomado
las medidas necesarias para eliminar gasto público improductivo antes de asfixiar el país con este nivel de impuestos? Y por último ¿es confiscatoria la
actual presión fiscal en España?

El grito de los revolucionarios norteamericanos fue no taxation without representation. Por su parte, en Mayo de 1808 toda una nación se alzó en armas contra
el enemigo francés para defender su independencia, tras una exasperada carta a la movilización de un alcalde de Móstoles y el agónico fusilamiento de unos
héroes. Tras más de dos siglos ha llegado el momento de que la sociedad civil se alce con las armas morales que la razón le otorga y le asiste para exigir a
la denostada clase política que realice un harakiri de sí misma y de la superestructura de gasto público que ha construido a su mayor gloria e ineptitud y a
la mayor desdicha de los españoles.

Crisis 2012-01-24
Vivimos la Segunda Gran Depresión
Ignacio Moncada Libertad Digital 25 Enero 2012

Parece que el túnel va a ser más largo de lo previsto. Ha acabado sucediendo como en aquella viñeta del The Economist en la que lo que parecía una tenue luz
al final del oscuro túnel, al final resultaron ser las llamaradas de un dragón. Ahora ya es tarde. Hemos corrido como posesos hacia la luz sin preguntarnos
si el camino era el correcto, y nos hemos metido de lleno en la cueva de la depresión económica. Todas las previsiones, las últimas las publicadas por el
Banco de España y el FMI, auguran para España al menos dos años de profunda recesión. Vienen tasas de decrecimiento de la actividad económica de más del 2%,
un déficit desbocado, y un desempleo que podría alcanzar los seis millones de parados. Este pronóstico, que se suma a un derrumbe de la estructura productiva
desde 2008, da como resultado lo que hay que empezar a llamar por su nombre. Estamos viviendo la Segunda Gran Depresión.

En un artículo publicado hace algo más de un año, decía que la magnitud de la burbuja había sido tal que no era descartable terminar viviendo otra gran
depresión. Durante los años de la expansión monetaria, la estructura productiva se distorsionó de tal manera que se ponían sobre la mesa todos los
ingredientes para cocinar un colapso económico de los que duran una década. Y decía que para evitar la temida depresión era necesario que fuésemos capaces de
exigir a nuestros gobernantes tres cosas fundamentales. La primera era que empresas y familias tuvieran en sus manos el máximo dinero posible para afrontar
sus deudas y liquidar sus inversiones fallidas. La segunda era flexibilizar el marco económico para permitir una rápida reestructuración de los factores
productivos, el trabajo entre ellos. Y por último, y tal vez más importante, no empeñarse en seguir tratando de reinflar una burbuja que ya estalló. Esto se
resume en evitar dos trágicos errores: forzar unos bajos tipos de interés enviando la falsa señal de que sobra el ahorro, posponiendo la necesaria
amortización de deudas y liquidación de inversiones; y disparar el gasto público con cargo a la deuda, gastándose un dinero que no existe en algo que no se
necesita.

Estas tres sencillas directrices han sido sistemáticamente violadas. El Estado ha gastado tanto, y ha tenido unos déficits tan bestiales, que se ha situado
al borde de la bancarrota, pendiente sólo del salvavidas del BCE y del aval alemán. Para remediarlo, tanto Zapatero como Rajoy han decidido dar dos salvajes
cornadas impositivas a familias y empresas, reduciendo la capacidad del ciudadano para afrontar la crisis. Y para colmo, en todos estos años de urgencia, no
han sido capaces de aprobar una mínima reforma económica que flexibilice el marco institucional español. Es decir, que desde que comenzó la crisis hemos
corrido literalmente hacia la cueva del dragón. Nuestros políticos han optado por tratar de evitar todo sufrimiento a corto plazo. Es como si un médico
diagnostica una grave enfermedad a un paciente que sólo se soluciona con una operación de urgencia, pero el paciente renuncia al tratamiento recomendado
porque no le apetece pasar por el dolor y el sufrimiento de la cirugía. Nuestros políticos, con el apoyo de una parte importante de la opinión pública, han
preferido renunciar al tratamiento porque era doloroso. Ahora estamos condenados tanto a la enfermedad como al dolor. Gracias a ellos tenemos el dudoso honor
de estar viviendo la Segunda Gran Depresión.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
separatismo catalán
Un vecino de Gerona denuncia a tres guardias civiles por hablarle en español
 Minuto Digital 25 Enero 2012

ERC pedirá explicaciones al Congreso a través de sus diputados por la denuncia presentada por un vecino de Espolla (Girona), Josep Maria Tegido, contra tres
guardias civiles a los que acusa de amenazarle por hablar en catalán. Según ha anunciado a través de un comunicado la federación de este partido en la
comarca del Alt Empordà, se trata de un “abuso de autoridad”.

Los hechos denunciados tuvieron lugar días atrás, durante un control rutinario en Cantallops (Girona), y la versión de ERC es que los agentes “exigieron” a
un ciudadano “que les hablase en español, porque el catalán no lo entendían”.

“Su actitud cohibió al ciudadano, a quien acusaron insistentemente de falta de respeto a la autoridad porque, pese a todo, continuaba hablándoles en
catalán”, añade el comunicado, que asegura que las amenazas llegaron al punto de enseñarle las esposas. Según ERC, “una presunta conversación telefónica” de
los agentes “con un superior suyo puso fin al episodio” y, ayer, el teniente coronel de la Comandancia de Girona, José Luis Tovar, confirmó que se ha abierto
una investigación sobre los hechos

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