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Recortes de Prensa   Viernes 10  Febrero 2012

 

El "recorte" que España necesita: el de políticos y enchufados
Francisco Rubiales Periodista Digital 10 Febrero 2012

Los gobiernos de España están realizando muchos recortes para evitar la quiebra, algunos necesarios y muchos otros innecesarios, pero el principal recorte que el país necesita, el que afecta al número de sus políticos y enchufados, sigue sin hacerse. España tiene en la actualidad casi 100.000 cargos públicos, incluyendo los cargos electos y los nombrados para cargos públicos de cierta relevancia, a los que hay que añadir unos 400.000 enchufados más, casi todos ellos familiares y amigos de políticos, colocados a dedo en las distintas administraciones, empresas e instituciones públicas, en su inmensa mayoría innecesarios y prescindibles.

La gente sabe que los políticos son los mayores culpables de los desastres de España, no sólo porque ellos han gestionado mal el poder, sino porque son tantos que resulta imposible mantenerlos. Cada día son más los ciudadanos indignados con los políticos y, aunque ellos pretendan ignorarlo, la gente empieza a odiarlos. La frustración y el desencanto avanzan y la gente siente que la protesta y el rechazo no son suficientes. Cada vez son más numerosos los que pasan a la etapa superior del enfrentamiento con la "casta" política: la insumisión fiscal y la desobediencia civil.

Esa enorme masa de políticos, enchufados y paniaguados constituye el peor lastre imaginable para un país que pugna por escapar de la ruina y que sueña con recuperar la prosperidad perdida. Pero los políticos españoles, verdadera plaga ineficiente, escasamente democrática y poco preparada, se niega a soltar ese lastre y prefiere la ignominia de arruinar a los ciudadanos con impuestos insoportables antes que expulsar del sector público a esa inmensa e inútil nube de enchufados.

La eliminación de más de la mitad de ese lastre no sólo es posible sino también recomendable y representaría el más fructífero y saludable "recorte" que España necesita en estos momentos. El ahorro que significaría prescindir de más de 200.000 cargos públicos inútiles casi sería suficiente para equilibrar las cuentas públicas y alcanzar, sin otros traumas, los compromisos de reducción del déficit público español.

Pero los políticos, de manera ignominiosa e indecente, se niegan a perder poder y a limpiar de escoria superflua el atiborrado sector público español, uno de los más costosos e irracionales de toda Europa. artificialmente engordado por los partidos políticos para asegurar una vida cómoda y sin problemas a miles de enchufados que no aportan nada al bien común.

Los expertos saben que si se suprimieran las costosas y antidemocráticas subvenciones a los partidos políticos, a los sindicatos y a las organizaciones patronales, si se realizara una saludable limpieza entre los cientos de miles de enchufados innecesarios y si se eliminaran empresas públicas e instituciones que no aportan nada al bien común y que, en muchos casos, duplican sus funciones, se reduciría drásticamente el déficit y los problemas económicos de España entrarían en una esperanzadora vía de solución.

Pero el problema, una vez más, es la casta política, el verdadero drama de España, no sólo por su ineficacia, torpeza y corrupción, sino por su arrogancia, nulo sentido de la democracia y por su egoísmo, que le lleva a anteponer sus propios intereses y los de sus partidos políticos a los del ciudadano y al bien común.

Si este análisis es correcto, la solución de los problemas de España pasa, ineludiblemente, por arrebatar el poder a los partidos políticos, devolver al ciudadano el protagonismo y el poder que le corresponde en democracia y por someter a la casta política al imperio de la ley y a los controles, normas y leyes que rigen el ejercicio de la democracia, reglas y normas que hoy ignoran o violan impunemente.
Voto en Blanco

El gasto del Estado
El riesgo de la deuda pública
Francisco Capella Libertad Digital 10 Febrero 2012

A menudo se asume que la deuda pública está libre de riesgos, porque los Estados como soberanos pueden recaudar de forma coactiva todo lo que haga falta para pagarla. Pero históricamente los Estados han incumplido sus deberes de pago a sus acreedores con relativa frecuencia, y las diferencias entre los tipos de interés de las deudas de los diversos países reflejan primas de riesgo distintas y no nulas. Durante las crisis económicas esto resulta obvio, pero suele olvidarse en los periodos de bonanza.
Una deuda privada suele implicar diversas garantías como avales o colateral cuya propiedad se transfiere en caso de impago: los Estados rara vez se avalan unos a otros y prácticamente nunca ofrecen algún activo con el cual compensar a sus acreedores en caso de morosidad.

Toda deuda es consecuencia de un déficit previo: los gastos han sido mayores que los ingresos. Reducir la deuda (o al menos su crecimiento) implica incrementar ingresos o minorar gastos lo suficiente (o ambas cosas). Es posible obtener ingresos endeudándose más, pero eso implica incrementar la deuda y mayores gastos comprometidos para el futuro. Además el coste de endeudarse suele crecer con el tamaño de la deuda.

Los gobernantes no tienen un control absoluto sobre gastos e ingresos. Según qué decisiones tomen, tanto legislativas como ejecutivas, pueden conservan el poder o perderlo, y en este caso ya no controlan nada. También pueden existir restricciones legales difíciles de modificar que limiten su capacidad de actuar de forma discrecional.

Los Estados no deciden unilateralmente sus ingresos fiscales: pueden determinar legalmente los tipos impositivos y decidir qué se grava (rentas, patrimonio), pero por lo general lo recaudado depende de la acción de los agentes económicos. Estos seguramente intentarán evitar la confiscación de su riqueza mediante múltiples estrategias: abandonando el país o sacando de él sus bienes o su actividad (evitando el alcance de la soberanía estatal), reduciendo sus intercambios (trabajar menos, descansar más, consumir menos, producir para uno mismo), cambiando a actividades de menor carga fiscal, o recurriendo al fraude fiscal y la economía sumergida.

Además aunque los agentes económicos quieran mantener un alto nivel de actividad, tal vez no puedan: la estructura de producción puede estar tan descoordinada que sean necesarias correcciones que llevan tiempo, y mientras tanto no se pueden aprovechar de forma óptima los recursos disponibles (tanto trabajadores como bienes de capital). Las rigideces legislativas pueden dificultar estos ajustes: las reformas estructurales pueden facilitarlos, pero se enfrentan a grupos de interés organizados que se benefician de las leyes existentes.

Los Estados pueden también obtener ingresos de las actividades de entes públicos (que por lo general suelen recibir subvenciones más que generar recursos), o de la venta de activos (empresas o patrimonio público), pero eso implica una difícil renuncia al control de los mismos; y si la venta se realiza en tiempo de crisis los ingresos suelen ser escasos.

Los gastos públicos son más fáciles de controlar a la baja, pero son impopulares entre los sectores más colectivistas de la población (empresas y trabajadores que dependen del Estado). Además está muy extendida la falacia de que el gasto público puede estimular una economía deprimida y corregir los presuntos errores y tendencias desestabilizadoras del mercado. En realidad el sector público, por problemas de información e incentivos, tiende a ser ineficiente, cuando no derrochador o incluso corrupto, y es el causante de las descoordinaciones y el ciclo económico.

Algunos estados pueden producir dinero a través de sus bancos centrales y utilizarlo para los pagos de la deuda, pero esto en realidad es un impago encubierto, ya que el dinero va perdiendo poder adquisitivo de forma progresiva (deja de ser dinero con valor estable y podría incluso llegar a ser repudiado). Además los acreedores precavidos tienen en cuenta este mecanismo inflacionario para ajustar los tipos de interés que piden al prestar al estado.

Gobierno del PP
Serafín Fanjul Libertad Digital 10 Febrero 2012

El 20 de noviembre por la noche suspiramos aliviados: se había terminado la pesadilla de casi ocho años de destrozo de nuestro país a manos de una banda de incompetentes y tipos (y tipas) de mala fe. Aun faltaba el estrambote del mes siguiente en que, en vez de limitarse a gestionar, continuaron ordeñando las posibilidades que el BOE les brindaba en cuanto a perpetrar nombramientos a dedo, conceder subvenciones no menos digitales y establecer normativas en este o aquel ministerio para que la tierra quemada y el arrasamiento fuesen totales. Ya se iban conociendo los pufos y agujeros que dejaran en comunidades autónomas y municipios, mucho más de lo temido. Sólo un ejemplo: el alcalde socialista de Alcorcón (guarecido el 20 – N. en el Senado) no había dejado 50 millones de déficit, sino 650. ¿Para qué prolongar aquí y ahora la ristra de abusos y golferías?

Desconozco hasta qué punto los dirigentes del PP son conscientes de que los españoles –fieles incombustibles aparte– han votado movidos por hartura, asqueo, desprecio hacia quienes han triturado nuestra patria (y no sólo en economía: ojo), más que por convicción en el programa pepero o por la figura de Mariano Rajoy. Eluden este asunto y si se les pregunta –con la lógica de partido por bandera– responden que sí, por supuesto, faltaría más, que les hemos votado por la bondad de sus propuestas, de sus candidatos y porque sí. Y ya. No vale la pena entrar en esa discusión porque no se moverán un milímetro de la versión oficial y no se les puede culpar por ello, pues en eso consiste la lógica de todo partido, que de lo contrario no se sostendría: a tuerto o a derecho, nuestra casa hasta el techo, que diría la Celestina. Pero es necesario que haya casa y la posibilidad de tomar medidas torcidas o justas. Ahora la hay.

De la política de nombramientos, en líneas generales, no podemos quejarnos, aunque lo de la señora Vela permanezca entre las tinieblas de lo incomprensible (¿Gol por falta de información o frivolidad? ¿Acuerdos ocultos que desconocemos? ¿Traición a su panda, con armas y bagajes, de la beneficiada?); y pese a que Ruiz Gallardón (una de cal y otra de arena) se obstine en cargar de razones a quienes no quisieron votarle para el Ayuntamiento de Madrid en mayo y –lo más grave de todo– alguna institución clave, como RTVE, continúe trabajando a todo trapo para el Comando Rubalcaba. ¿A qué espera Rajoy para higienizar y desinfectar la televisión (y la radio) del estado? No valen lamentos después, a la vista de los noticiarios, los reportajes y documentales que emite la tele que pagamos todos. Por lo demás, bienvenidos los ministros, secretarios de estado o directores generales que sí saben de su cometido y están dispuestos a actuar. Veremos si Rajoy se lo permite.

En cuanto a actuaciones y logros, cumple recordar que la multitudinaria harca de periodistas al servicio del PSOE (no digamos sus jefes), desde la noche del 20–N ya están exigiendo resultados, sin adoptar medida ninguna. Según ellos, no se puede tocar ley, ni normativa, ni presupuesto alguno para no lesionar al "Estado de Bienestar" (Como si Rodríguez y cía no lo hubiesen dejado manco, cojo e impedido), pero hay que resolver la crisis económica en quince días, tirando por alto y a mucho tardar. No obstante, las crudas críticas no han venido sólo de la nutrida y previsible tropa enemiga (lo de "adversarios" es un eufemismo para no reconocer una realidad demasiado fea): los liberales se han enojado por la subida de impuestos (como si Rajoy lo hubiera hecho por placer) y por no haber privatizado todavía hasta el aire que respiramos; los ultracatólicos por la tibieza de las reformas en aborto y Educación para la Ciudadanía; los simplemente cabreados con Rodríguez porque "no he dado mi voto para esto". Independientemente de que compartamos en todo o en parte esas críticas y reconociendo que el pavoroso panorama nos pone a todos nerviosos, parece que, durante meses y aun años, debemos esperar con la mente lúcida y abierta –considerando el horizonte entero, no puntos aislados– y apoyar al gobierno actual, incluido Gallardón. Desenredar la madeja de cochambre socialista requerirá tiempo y paciencia, si hay voluntad de hacerlo. Y si no la hay –entonces, sí– es obligatorio exigirla.

La AVT exige al ministro y al Gobierno que impugnen el decreto vasco
C. S. Macías La Razón 10 Febrero 2012

MADRID- La asociación mayoritaria de víctimas del terrorismo (AVT), que cuenta con más de 4.000 socios, muchos de ellos pertenecientes al País Vasco, «apeló» ayer tanto al Gobierno como al Ministerio del Interior para que impugnen el decreto en el que trabaja el Ejecutivo vasco que pretende indemnizar a las llamadas «víctimas de la violencia policial» entre 1968 y 1978. Según indica la AVT en un comunicado, en este decreto «se tergiversa la histora del terrorismo, se intenta neutralizar el significado del sufrimiento de las víctimas del terrorismo y se busca contentar las exigencias» de la banda. Asimismo, destaca que el nuevo texto es «contrario al ordenamiento jurídico y en concreto a las leyes de reconocimiento y protección de las víctimas del terrorismo». La asociación que preside Ángeles Pedraza considera que ésta es «una nueva fase» de la «ofensiva» del lendakari Patxi López y de su Dirección de Víctimas para «humillar a todas las víctimas del terrorismo y, en especial, las de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado». Quieren «neutralizar el significado del sufrimiento de las víctimas con el fin de contentar las exigencias de ETA», destaca.

es Por su parte, Pedro Altuna, gerente de la Fundación Gregorio Ordóñez, tildó de «abominable» el decreto y expresó a Servimedia que su institución no comparte el apoyo que hayan podido dar otras organizaciones en el seno del Consejo Vasco de Participación de Víctimas del Terrorismo. Se da la circunstancia de que su fundación está representada en este órgano por la Fundación Fernando Buesa, que mostró su apoyo al texto durante la reunión que tuvo lugar el miércoles.

Garzón y los crímenes de la izquierda
Ángel David Martín Rubio www.gaceta.es 10 Febrero 2012

Pretender que en Paracuellos no hubo delitos es una falta a la Justicia y a la verdad.

El juez Baltasar Garzón no está siendo procesado por una virtual investigación de los “crímenes del franquismo”, sino por haber olvidado que la aplicación de la Ley pertenece a la esencia de un Estado de Derecho.

El aforismo “Ningún delito, ninguna pena sin ley previa” expresa lacónicamente que no puede sancionarse una conducta si la Ley no la califica como delito previamente. Tampoco cabe olvidar al respecto la existencia de mecanismos de extinción o no exigencia de la responsabilidad penal, como es el caso de la prescripción o de la amnistía.

En derecho penal, la prescripción produce la extinción de la acción y de la pena. Aplicado a los sucesos de nuestra historia más reciente, es el caso del decreto que en marzo de 1969 declaraba prescritas las responsabilidades penales por hechos cometidos durante la Guerra Civil “cualesquiera que sean sus autores, su gravedad o sus consecuencias”. Es significativo que el régimen nacido del 18 de julio no considerara oportuno aplicar, ni siquiera a los asesinatos cometidos por sus enemigos, los acuerdos sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y contra la humanidad, tomados con mucha posterioridad a los sucesos, invocando la convivencia de 30 años que había seguido a “lo que en su día fue una lucha entre hermanos unidos hoy en la afirmación de una España común”.

En fecha tan temprana, se abría paso la consideración de los sucesos de la Guerra Civil no como un nuevo objeto de disputa entre los españoles, sino como historia común asumida responsablemente por todos.

Por la amnistía, los culpables de un delito pasan a considerarse inocentes por desaparición de la figura delictiva. Como acto jurídico normalmente emanado del Poder Legislativo, suele ir asociado a momentos de cambio político y de liquidación de responsabilidades, y tal es el caso de la Ley de Amnistía de 1977. Ahora bien, lejos de favorecer una presunta impunidad de quienes otorgaron esta ley (para ello haría falta el absurdo de que ellos mismos se consideraran culpables), permitió liquidar las responsabilidades por los crímenes cometidos a partir de 1939 y fueron los terroristas de ultraizquierda quienes resultaron sus principales beneficiarios.

Vulnerando ambos principios, el de la prescripción y el de la amnistía, Baltasar Garzón ha dirigido su particular ofensiva contra unos sucesos que resultan ya imposibles de juzgar, no solamente por carecer de instrumento legal que lo permita, sino por la ausencia de responsables, testigos cualificados, capacidad de defensa, adecuada instrucción y contextualización… Con el agravante de que el juez acota parcialmente su objeto de atención negándose a investigar los crímenes cometidos por el Gobierno del Frente Popular y, más en concreto, los asesinatos masivos que tuvieron como escenario el término municipal de la localidad madrileña de Paracuellos del Jarama, donde se calcula que en menos de un mes fueron asesinadas más de cuatro mil personas.

El Gobierno republicano –antes de huir a Valencia al aproximarse las tropas nacionales a la capital de España– dejó la situación en manos de la Junta de Defensa de Madrid, creada el 6 de noviembre de 1936 con el comunista Santiago Carrillo al frente de la Consejería de Orden Público. Al mismo tiempo, se pone en marcha el más mortífero sistema represivo preparado por el Gobierno fugitivo y ejecutado por la Junta y su consejero de Orden Público.

Pretender, como hace ahora Garzón, que en Paracuellos “no hubo delitos contra altos organismos de la Nación” no es solamente una vulneración de la Justicia sino, ante todo, de la verdad, tantas veces sacrificada en el altar de la Memoria Histórica. Porque si es cierto que los más altos organismos de la Nación estuvieron implicados en la matanza, no lo es menos que con ella pretendían dar por liquidado el proceso represivo iniciado en julio de 1936 y que ya había costado la vida a miles de madrileños.

La presencia de centenares de militares y eclesiásticos entre las víctimas de Paracuellos es indicio de ello, pero no lo es menos el asesinato de centenares de representantes de los grupos políticos y sociales que en los años anteriores habían hecho frente a la ofensiva revolucionaria protagonizada por la izquierda con anterioridad al origen de la Guerra Civil.

Podemos recordar, para concluir, que en diciembre de 1936 Stalin había recibido del socialista Largo Caballero –por entonces al frente del Gobierno– la confesión de que “cualquiera que sea la suerte que el porvenir reserva a la institución parlamentaria, esta no goza entre nosotros, ni aun entre los republicanos, de defensores entusiastas”. Unas palabras que definen el escenario de un régimen totalitario y violento, escenario político del más violento episodio represivo de toda la Guerra Civil, un episodio que Garzón se niega a investigar.

*Ángel David Martín Rubio es historiador y autor de ‘Reflexión sobre las víctimas de la Guerra’.

Cataluña
‘Las aportaciones ideológicas del PSC se reducen a una: demostrar cómo uno puede ser al tiempo socialista y nacionalista, sin que se le caiga la cara de vergüenza’
Redacción www.vozbcn.com  10 Febrero 2012

Arcadi Espada, periodista, en un artículo publicado en El Mundo, este jueves:

‘Lo más asombroso del PSC es la precisión y finura con que ha ido imitando el movimiento de los nacionalistas conservadores. Todo su tira y afloja con el PSOE sólo es un calco del que mantienen con el Estado. En 30 años la única idea que los militantes catalanes han aportado al conjunto socialista es la necesidad de mantener viva la tensión con Madrid. La voz del PSC jamás se ha oído para diseñar una estrategia singular y novedosa, una renovación de las maneras de hacer política, un tema, ¡o aunque fuese un lema!, sobre lo que supone ser socialista y ser de izquierdas en nuestra época post. Sólo se ha oído para repetir con cansina flatulencia queremos-un-grupo-parlamentario-en-Madrid.

Como buenos nacionalistas, los socialistas catalanes sólo gobiernan a partir de la melancolía: y es que durante algunos minutos de la primera legislatura democrática tuvieron ese grupo en Madrid. Su 1714. Su Archiduque. Su Martín Toval. Desde aquella sentida pérdida vagan por el mundo incompletos. [...] Lo más singular es que a esa reivindicación y a las derivadas le llaman tener voz propia en Madrid, en otro calco de la lengua nacionalista. Voz propia, dicen y exigen, aunque jamás se pregunten para qué.

Las aportaciones ideológicas del PSC se reducen a una: demostrar cómo uno puede ser al tiempo socialista y nacionalista, sin que se le caiga la cara de vergüenza. No seré yo el que le niegue valor a ese virtuosismo y a su concreción teorética, aquel mundialmente famoso federalismo asimétrico que elevó el oxímoron a la más alta región de la política. Pero al margen de los gambeteos no queda nada. [...] Ese partido, el más pedante entre sus pares, al que al nacer pusieron de nombre PSC (PSC-PSOE) y que aún espera, desalentado y sombrío, la imposible resolución del polinomio’.

******************* Sección "bilingüe" ***********************
Cataluña
La única línea roja es la ley
Antonio Robles Libertad Digital 10 Febrero 2012

Otra vez no. El PP no puede volver otra vez a engañar a los ciudadanos de Cataluña y renunciar a hacer cumplir la ley. La lengua no puede volver a ser moneda de cambio para apaciguar a los nacionalistas. Por boca de su ministro de educación, José Ignacio Wert, hemos vuelto a comprobar, una vez más, que la promesa electoral de garantizar el derecho a estudiar en lengua española en toda España, se ha quedado en una alusión vacía, sin plazos ni procedimientos. Hablando en plata, en ¡nada! Y para acabarlo de adobar, en el encuentro entre el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy y el de la Generalidad, Artur Mas, en la Moncloa, ni se tocó la actual inmersión lingüística declarada ilegal por el Constitucional y por cinco sentencias del Tribunal Supremo.

El que quiera volverse a engañar, que se engañe, pero Mariano Rajoy está haciendo exactamente lo mismo que hizo José María Aznar y todos los presidentes del PPC a excepción de Vidal Quadras: traicionar los derechos lingüísticos de los catalanes para templar gaitas con los nacionalistas. En este caso además, sin necesitarlo. Si con mayoría absoluta permiten este camuflado racismo cultural… ¿qué no harían sin ella?
Ni siquiera son conscientes del matonismo político que se ha instalado y ejercen sin pudor en Cataluña cada vez que los Tribunales de Justicia sentencian contra sus abusos. Nadie se siente obligado por ellas; es más, envalentonados, amenazan, como ha hecho Artur Mas nada más salir de la Moncloa, con la existencia de "ciertas líneas rojas" que el Gobierno de España no puede traspasar. Y no se refería sólo a la hipotética pretensión del Gobierno de garantizar la elección de la lengua vehicular, incluyó también, "todo el tema identitario, todo el tema lingüístico, todo el tema de la inmersión lingüística, todo el tema de nuestro modelo educativo… todo eso forma parte de las líneas rojas". Y Rajoy como el Rey Pasmado.

Si las sentencias del TC, del TS y del TSJC instando a la Generalitat a restablecer al español como lengua vehicular en las escuelas catalanas, habían logrado poner contra las cuerdas a la consejera de educación de Cataluña, Irene Rigau, la aptitud mercantilista del ministro de Educación y del presidente de España, la ha envalentonado de nuevo: "Hemos de poder defender nuestro modelo de escuela catalana, en lengua y contenidos, tal y como hemos venido haciendo siempre". Es decir, seguirán adoctrinando a nuestros hijos en el ideario nacionalista.

Después del abrazo de la Moncloa, el desacato jurídico ha derivado en burda chulería política. La susodicha consejera de Educación ha amenazado con impartir el estudio del Estatuto si se enseña educación Constitucional. ¡Cómo si el Estatuto constitucional fuera el rival de la Constitución! Se le entiende todo: muestra, a las claras, que la Constitución es una amenaza para Cataluña, y ante ella, opondrían el modelo estatutario secesionista que fue invalidado por el Tribunal Constitucional. No es un juicio de intenciones, es la realidad de cada día. Yo imparto clases en Barcelona hace 32 años y sé lo que eso significa y sus consecuencias.

Frente a ello, un paisaje desolador; la presidenta del PPC, Alicia Sánchez Camacho no ha dicho esta boca es mía, pero sí ha mimetizado el lenguaje de los nacionalistas al modo y manera con se confundía en el paisaje catalanista, Josep Piqué, o como hacía de palanganero de CiU en los ochenta, el actual ministro de defensa, Jorge Fernández Díaz, o cómo se trasformaba de convergente a popular, Trías de Bes en una operación de blanqueo catalanista del PP. ¡Ya está bien de tanta tomadura de pelo! Si Rajoy cree que somos idiotas, le recordaremos día sí y día también que esta estafa electoral no le saldrá gratis.

Mariano Rajoy y su PP no son mejores que Zapatero o Rubalcaba con su PSOE. Unos y otros han dejado a los ciudadanos de Cataluña a su suerte, es decir, a la suerte de los nacionalistas. Un día no muy lejano, recordaremos con amargura la cobardía y la falta de visión de Estado de estos gestores de circunstancias.

Ya sólo nos quedan C’s y UPyD. Y encima no se ponen de acuerdo. Grandeza de miras a raudales.

Educación para la Ciudadanía
El incívico adoctrinamiento estatal
Guillermo Dupuy Libertad Digital 10 Febrero 2012

Se vanagloriaba hace unos días Antonio Robles de su defensa de la "Educación para la Ciudadanía", si bien daba la bienvenida a la asignatura que ha venido a sustituirla llamada "Educación Cívica y Constitucional". Y es que, según D. Antonio, "en la batalla sostenida hasta hoy parecía que el escollo provenía del temor del sector menos liberal y más religioso de la derecha al peligro de un supuesto adoctrinamiento en valores laicos y progresistas impuesto por un Estado aconfesional.

Pero no, si todo el problema es eliminar aquellas parcelas de la asignatura que no tienen consenso universal en la sociedad española, lo fundamental queda a salvo, es decir, la necesidad de dotarnos de unos valores cívicos y unos conocimientos constitucionales con los cuales no nacemos y que deben ser enseñados".

Aunque comparta buena parte de su artículo, hay una serie de discrepancias que quisiera, no obstante, destacar, por mucho que sólo expliquen en parte mi oposición a EpC y mi abierto escepticismo ante la nueva asignatura.

Para empezar, no se a qué santo viene –perdonen expresión tan poco laica- contraponer lo "liberal" y lo "religioso", tal y como hace D. Antonio. Doy por hecho que él conoce las raíces cristianas del liberalismo, de la economía de mercado, de la distinción del delito y pecado. También conocerá el hecho de que los regímenes totalitarios modernos han sido todos, sin excepción, laicistas, cuando no agresivamente ateos. Pese a ello, a mi no se me ocurría hablar de "los sectores menos liberales y más ateos" de ningún grupo, y no lo haría porque ambas condiciones, simplemente, pertenecen a ámbitos distintos.

Pero si hubieran pocas muestras de hasta qué punto el hermoso nombre de "Educación para la Ciudadanía" encerraba, en realidad, un sectario adoctrinamiento, inaceptable para cualquier demócrata, en general, y liberal, en particular, con independencia de tener o no convicciones religiosas, el ministro Wert nos ha dado este jueves un par de ejemplos muy elocuentes: En un libro de texto de EpC se enseñaba que la revolución soviética "instauró un régimen de igualdad y libertades colectivas que se llamó socialismo". El segundo ejemplo de Wert es otro libro de texto de EpC que asevera que "el neoliberalismo económico, en principio, perjudica a todos los trabajadores, pero sobre todo, a las mujeres trabajadoras".

Estoy seguro de que todos en UPyD entonaran su descontado "no es esto, no es esto" aunque la asignatura de marras no fuese nunca otra cosa. El peligro está en que lo siga siendo con la nueva asignatura que ha venido a sustituirla. Si de verdad las autoridades públicas quisieran enseñar valores constitucionales más les valdría predicar únicamente con el ejemplo y cumplir y hacer cumplir las leyes allí donde las conculcan. Si de verdad quieren que los niños se eduquen en los valores de la libertad, del civismo y de la tolerancia, que se sean tolerantes y den libertad a los ciudadanos para elegir, libre y gratuitamente, el centro escolar de su preferencia, al tiempo que dan a los centros escolares libertad de ideario y de enseñanaza.

Lo demás es establecer un monopolio coactivo, indeseable por muy aséptico, objetivo y neutral que se pretenda, que, para colmo, el gobernante de turno utilizará como excusa para enseñar lo que le venga en gana. Ahí está, para los que crean que exagero, las palabras de la consellera de la Generalitat diciendo que lo que se va a enseñar en Educación Cívica y Constitucional es el Estatuto de autonomía catalán.

Frente al cándido y nada progresista entusiasmo por el Estado docente, que aun percibo como remanente "progre" en autores como Robles y Savater, yo prefiero pecar de escepticismo y decir, con Stuart Mill, que "confiar la instrucción pública al Estado es una maquinación aviesa tendente a moldear la mente humana de tal manera que no exista la menor diferencia de un individuo a otro; el molde utilizado a tal efecto es el más grato al régimen político imperante, ya se trate de una monarquía, una teocracia, una aristocracia, o bien a la opinión pública del momento".

Cataluña
Som Escola busca voluntarios para presionar a las escuelas y evitar que cumplan las sentencias del Supremo

La plataforma, formada por Òmium Cultural, Plataforma per la Llengua, el Instituto de Estudios Catalanes y los sindicatos UGT y CCOO, entre otras entidades subvencionadas por la Generalidad, organiza una nueva campaña de desacato a los tribunales, que han sentenciado a favor del bilingüismo escolar.
Redacción www.vozbcn.com  10 Febrero 2012

La plataforma Som Escola ha puesto en marcha una campaña para captar voluntarios por toda Cataluña que quieran ‘contactar’ con los centros de enseñanza y convencer a sus responsables de que no acaten las sentencias del Tribunal Supremo que ordenan restablecer el bilingüismo escolar.

Som Escola, que surgió como reacción a las citadas sentencias dictadas por el Alto Tribunal en diciembre de 2010, está formada por una treintena de entidades que reciben subvenciones de la Generalidad de Cataluña. Entre ellas, destacan Òmnium Cultural, Plataforma per la Llengua, la Coordinadora d’Asssociacions per la Llengua Catalana (CAL), la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, Plataforma pel Dret de Decidir, el Centre Unesco Catalunya, la Associació de Mestres Rosa Sensat, la Associació d’Amics de la Bressola, el Consell Nacional de la Joventut, PEN Català, el Instituto de Estudios Catalanes (IEC), e, incluso, sindicatos como UGT, CCOO y la Intersindical CSC.

Instar a los colegios a ejercer la insumisión frente al Tribunal Supremo
Con el lema ¿Tienes tres horas para defender el catalán en la escuela?, la iniciativa de Som Escola propone a los ciudadanos acudir -entre el 15 de febrero y el 31 de marzo- a diversos puntos situados en ocho poblaciones catalanas (Barcelona, San Boi, Tarragona, Léridad, Manresa, Vic, Gerona y Mataró) desde donde trabajar voluntariamente como teleoperadores, poniéndose en contacto con los consejos escolares de los colegios de Cataluña para que se adhieran a sus reivindicaciones.

En concreto, pretenden que sus responsables firmen un manifiesto en el que se asegura que le inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán favorece ‘la cohesión social y la igualdad de oportunidades’, y se indica que la prohibición del español como lengua vehicular escolar ‘ha contribuido de forma decisiva a paliar el grave desequilibrio que vive el catalán, lengua propia de Cataluña, respecto al castellano, en diferentes ámbitos’.

El texto concluye:
‘Rechazamos las sentencias del Tribunal Supremo español contra la escuela catalana y las demandas que las han inspirado.

Hacemos un llamamiento a continuar reforzando el modelo de escuela catalana y a luchar con todos los medios democráticos para no poder en peligro nuestra cultura y nuestra cohesión social.

Animamos a las personas, las entidades y a toda la comunidad edcutavia a comprometerse de forma activa en apoyo de una escuela catalana en lengua y en contenidos, que no separe a los niños y jóvenes por su lengua de origen y que ayde a construir una sociedad más cohesionada, democrática y libre’.

Mas, Rigau y Mascarell posan con los responsables de algunas de las entidades que forman la plataforma Som Escola, durante una recepción en el Palacio de la Generalidad en enero de 2011 (foto: somescola.cat).

Conchabeo con la Generalidad
Los principales promotores de Som Escola fueron recibidos en enero de 2011 por el presidente de la Generalidad, Artur Mas, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, y el consejero de Cultura, Ferran Mascarell. Al término de la reunión, Rigau aseguró que “el país [por Cataluña] está decidido a no dar ni un paso atrás en el modelo lingüístico” escolar porque “la lengua en Cataluña es el nervio de la nación”.

En septiembre pasado, tras conocerse un auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) obligando a la Generalidad a aplicar la sentencias del Tribunal Supremo en favor del bilingüismo escolar, Som Escola convocó una manifestación instando al desacato de las sentencias; un acto que, finalmente, se convirtió en un alegato en favor de la secesión de Cataluña.


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