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Recortes de Prensa   Lunes 13  Febrero 2012

 

La prueba del nueve: los mercados no creen en las reformas
Roberto Centeno El Confidencial 13 Febrero 2012

En septiembre de 1938, Chamberlain, primer ministro de Gran Bretaña, subscribió el Pacto de Munich con Hitler. Al volver a Londres y presentar su acuerdo en el Parlamento, Churchill le increpó con una frase histórica: “Pudisteis elegir entre el deshonor y la guerra, elegisteis el deshonor y tendréis la guerra”. Rajoy, que no es Churchill ni por aproximación sino un pactista como Chamberlain, ante la oportunidad histórica de hacer una verdadera reforma laboral y acabar de una vez por todas con los privilegios de unos sindicatos comisionistas y chantajistas, se ha limitado a abrir las puertas que habían dejado entreabiertas el anterior Gobierno, UGT y CCOO en el último acuerdo. Ha tocado muchos temas, algunos muy mediáticos, pero irrelevantes en la práctica. Y, además, al estudiar la letra pequeña, que es lo esencial, uno cae en la cuenta de que todo queda en la mitad de la mitad. Y eso si no se bajan los pantalones en la tramitación.

El Ejecutivo ni ha ido al núcleo del problema -las disparatados cotizaciones sociales, las más altas de Europa- ni se ha atrevido a eliminar las enormes subvenciones y canonjías -2.500 millones al camelo de las políticas activas de empleo- que mantienen el poder de unos sindicatos que ya no representan ni al 10% de los trabajadores. Tampoco ha extirpado de raíz su gran base de poder: la prevalencia clara, y no interpretable por los magistrados izquierdistas de lo social, de los convenios de empresa sobre los convenios colectivos. Al igual que Chamberlain, Rajoy pudo elegir entre el “deshonor” (reforma parcial) y la “guerra” (enfrentarse con los sindicatos y con la izquierda). Eligió la reforma parcial y tendrá el enfrentamiento.

Como señalan los empresarios que crean empleo de verdad, el verdadero problema es que el trabajo tenga un sobrecoste del 35% en seguros sociales que el trabajador no ve. Lo que menos importa para contratar, como dice Juan Roig (Mercadona), son los días de despido

Espero que si van a la guerra, Rajoy tenga el mínimo de decencia y coraje de acabar de una vez por todas con las subvenciones y privilegios de los sindicatos, aunque de momento no ha acometido ni de lejos las reformas que España necesita: reducción del tamaño del Estado; cierre de las entidades financieras inviables; lucha contra los monopolios, porque tenemos los costes de energía, servicios bancarios y telecomunicaciones más altos de Europa; y reforma laboral. Por ese orden. Hace tres semanas, el diferencial de la prima de riesgo con Italia estaba en más de 150 puntos. El viernes había caído a 35 puntos. Eso quiere decir, lisa y llanamente, que los mercados no se han creído las reformas. Y cuando Italia, que tiene la mitad de déficit y de paro que España, nos pase, seremos los parias.

¿Por qué la reforma laboral no creará un solo puesto de trabajo?
Personalmente me produce especial desazón la reforma laboral, por la sencilla razón de que vengo afirmando desde hace años, en contra de la ortodoxia vigente, que la reforma laboral no creará ni un solo puesto de trabajo y que su urgencia es solo un mito de la casta política, para desviar la atención de los verdaderos problemas. Y ahora podremos saber quién tiene razón. Pero veamos los mitos:

Primer mito: el mercado laboral es rígido. No exactamente. El mercado laboral español es un mercado dual, un 60% de trabajadores ocupados son mileuristas o menos, y pueden ser despedidos a muy bajo coste. Un 20% son empleados públicos con un salario un 35% superior a la media y una tasa de absentismo salvaje del 20%, y está por ver si podrán ser despedidos. Entonces, ¿son las condiciones de trabajo de la quinta parte de la masa laboral el gran problema de España?

Segundo mito: si analizamos las cifras de la última EPA sobre la estructura del paro nos encontramos con lo siguiente: desde final de 2007 el paro se ha incrementado en 2,7 millones. De ellos, 700.000 son trabajadores por cuenta ajena -nada que ver con rigidices-, 1,7 millones trabajadores con contrato temporal -nada que ver tampoco-, y solo 300.000 con contrato fijo. Es decir, las rigideces no han causado la pérdida del 89% de los parados originados durante la crisis. Y esto no es opinable, son matemáticas.

Tercer mito: ¿Cuál es entonces la causa de los 2,7 millones de parados? Esencialmente, dos. La primera, la falta absoluta de financiación a PYMES y autónomos, mientras estos insensatos han entregado 40.000 millones en dinero y 90.000 en avales para mantener abiertas entidades que tendrían que haber cerrado y sus responsables procesados. Si este dinero se hubiera canalizado a créditos y circulante de estos pequeños empresarios, que son los que crean el 80 % del empleo, habría como mínimo un millón de parados menos. La segunda, los impagos de CCAA y ayuntamientos, que deben más de 70.000 millones, lo que ha arruinado a decenas de miles de empresas. Si el dinero destinado a pagar salarios a sus enchufados se dedicara a pagar a proveedores, por cada empleado público eliminado se habría evitado la perdida de entre 2 y 3 puestos en el sector privado.

Y ahora vayamos a la reforma propuesta, porque la final estará, sin duda, mucho más aguada, dado que Rajoy quiere consenso. ¿Para qué quiere entonces la mayoría absoluta? Globalmente, no cambia el marco laboral, ofrece una cosa y la contraria en casi todo, carece orientación definida y si la interpretación de “causa objetiva” queda en manos de los magistrados izquierdistas de lo social, apaga y vámonos. En lo concreto, la rebaja de la indemnización por despido improcedente de 45 a 33 días es muy mediática pero irrelevante. Primero, porque como señalan los empresarios que crean empleo de verdad, no los enchufados de la CEOE, el verdadero problema es que el trabajo tenga un sobrecoste del 35% en seguros sociales que el trabajador no ve. Lo que menos importa para contratar, como dice Juan Roig (Mercadona), son los días de despido. Segundo, también según Roig, acabar con el caos legislativo de 17 taifas y con el absentismo, cinco veces mayor que la media europea, son mucho más importantes.

El supermediático contrato de inserción para jóvenes es una tomadura de pelo, porque los jóvenes que no tengan prestaciones, que no tengan dote que entregar al empresario, es decir, la mayoría, no pueden beneficiarse de este contrato.La negociación colectiva tampoco se desmantela por completo -y esto es esencial-, lo que reduce algo, pero no elimina, el poder de los sindicatos comisionistas, igual que la pérdida del carácter indefinido de los convenios limitado ahora a dos años. Se da mas flexibilidad a la movilidad y la reducción transitoria de jornada, lo que es correcto, pero poco relevante.

Por que las medidas tomadas no nos sacarán de la crisis
Primera medida, subida de impuestos sobre la renta y el ahorro al mayor nivel de Europa, y mantenimiento intacto del tamaño del Estado. Endeudamiento masivo del Estado, 30.000 millones de euros en solo 40 días, suscritos en un 85% por la banca española con el dinero del BCE. Resultado, menos consumo, menos inversión, menos empleo, mayor deuda pública.

Segunda medida, Ley de Estabilidad Presupuestaria. Las AAPP tendrán que gastar lo mismo que ingresen en… ¡2020! Un ejemplo, Extremadura, primero dijo “vamos a reducir el gasto en un 20%”. Después, solo un 10%, al final un 5% teórico, porque los gastos son seguros y los ingresos voluntaristas, y todas las demás igual. Eso si la Ley prevé bajar las pensiones (sostenibilidad) y pagar por la Sanidad, Educación y uso de autovías (financiación de grandes servicios) ya mismo, no en 2020. Se transfieren 15.000 millones a las CCAA para“atender gastos inaplazables y pagar a proveedores”, los gastos inaplazables son la luz, el teléfono, los sueldos, las Visa Oro, los coches y los chiringuitos, para proveedores quedaran 10 euros. Resultado, despilfarro a toda marcha y los proveedores seguirán sin cobrar.

Tercera medida, reforma del sistema financiero. El crédito no solo seguirá cortado al sector privado, sino que se ha reducido en 12.000 millones desde primero de año, y no se recupera la solvencia, el agujero es, al menos, tres veces mayor del reconocido. En lugar de cerrar lo inviable se mantiene todo, lo que puede acabar costando a los españoles 100.000 millones de euros adicionales a los 40.000 que lleva costados ya. Resultado, sin crédito no hay empleo ni recuperación que valga.

Cuarta medida, reforma laboral. No creará un solo puesto de trabajo y la pregunta es, ¿y para crear empleo qué piensan hacer?

Ni una sola de las medidas tomadas crea ni crecimiento ni empleo, justo lo contrario. España está quebrada desde julio, cuando el BCE nos rescató empezando a comprar masivamente deuda española, sin el dinero del BCE suspendería pagos en semanas, y a pesar de ello, Rajoy igual que socialistas y nacionalistas no está dispuesto a reducir el tamaño del Estado. Bruselas ha exigido a Grecia reducir los empleados públicos a 550.000 y han aceptado, la misma regla aplicada a España obligaría a reducir el número de empleados públicos en más de un millón. ¿Cuánto tiempo creen que los burócratas de la Rue de la Loi tardarán en darse cuenta?

La cagada del Presidente.
Juan Vicente Santacreu El Confidencial 13 Febrero 2012

Érase una vez hace muchos años, un país –mejor no recuerdo su nombre- al sur de Europa, o mejor debería decir al norte de África, que estuvo dirigido durante una época por un idiota. O por lo menos, así lo recuerda la historia.

Como es normal en los idiotas, en lugar de rodearse de expertos para que le asesoraran, éste se rodeó de “floreros chinos” para que le adularan. Los inteligentes se suelen rodear de personas más inteligentes para aprender, en cambio los idiotas se rodean de personas más idiotas para parecer inteligentes.

Según recuerdo, por esa época y aprovechando que en ese país no había oposición, tan solo un partido de sumisión, el “Idiota” reunió a todos sus “floreros” para comunicarles una noticia. También convocó a su grupo de “palmeros”, para anunciar que iba a realizar un acto sin precedentes en la historia y así demostrar hasta qué punto el pueblo le apoyaba sin rechistar.

El “Idiota” quería saber la tolerancia y aguante de la masa borreguera, que ,a pesar de tener prohibido prácticamente todo en el país, seguía sin inmutarse, es más, seguía teniendo millones de imbéciles incondicionales que le apoyaban.

Al más puro estilo romano y recordando a Nerón, el Presidente anunció que en medio de una conocida plaza atravesada por dos grandes vías de Madrid, iba a soltar una gran “cagada” para comprobar la reacción ciudadana.

Efectivamente, el Presidente convocó a sus lacayos periodistas que por aquella época aun no habían cerrado: 'Público', 'El País', 'La Sexta', etc... Acercándose al centro de la plaza y bajándose los pantalones, soltó una gran “cagada” monumental. Quizás sea más correcto decir excremento, evacuación, deposición, caca, boñiga, chorizo, mojón. Pongan ustedes el nombre que quieran, pero aquello fue una gran “cagada”.

No sé si aquello tenía también un trasfondo simbólico que era, “me cago en Madrid y en la puta España”. No lo sé, pero lo cierto es que nadie rechistó, ni si quiera la oposición.

¿A que parece una estampa surrealista imposible de ser verdad? Pues detente un momento y analiza todo lo que ese señor hizo y verás que aún hizo muchísimo más.

Recuerdo por aquella época que el diario 'Público' calificó la mierda del Presidente como “Un estampa plástica símbolo de libertad”. 'LaSexta' hizo un gran reportaje realzando el gran nivel de creatividad del Presidente. 'El País' propuso al “Idota” para el premio Nobel de Inteligencia, pues tal cagada no tenía precedentes en toda la historia. La oposición solo opinaba y con micrófono cerrado que aquello olía tan mal que apestaba.

Efectivamente, el presidente era idiota pero tenia razón; nadie rechistó.

Pasaron los años y llegó al poder la tan deseada oposición. Pero llegó cargada de complejos, cobardía y traición. Muchos esperaban que la oposición –ahora en el Gobierno- limpiara la mierda y además desinfectara la plaza. Pero no fue así. El nuevo Gobierno buscando consenso con la nueva oposición, decidieron cambiar la mierda por una rotonda y así contentar a todos. Muchos, de ambos partidos, aplaudieron la idea sin darse cuenta de que habían cambiado una mierda por otra, pero ésta nos saldría más cara, pues según reza en el manual de imbecilidad, toda rotonda debe estar presidida por una seudo-escultura que no deja de ser otra mierda pero con pedigrí.

La conversión de cagada a rotonda le costó a los ciudadanos 1.300 millones de euros. Por supuesto en el precio está incluida la escultura que se encargó, como no, al primo del hermano de la hermana del marido del cuñado de uno de los ministros.

Por aquel entonces hubieron muchas “cagadas”: Educación para la Ciudadanía, matrimonios raros, Estatuto, lenguas imbéciles, prohibiciones, etc. Absolutamente ninguna de las cagadas se limpió y se desinfectó, simplemente se transformó. El país se quedó con las mismas cagadas pero decoradas.

Las cagadas tienen dos cosas malas: con el tiempo te acostumbras al mal olor y además ocupan el espacio de las cosas útiles.

Nunca escuches a los que defienden las cagadas, no es buen argumento afirmar que si a millones de moscas les encanta la mierda, tantos millones de moscas no pueden estar equivocadas. No seas mosca, ¡¡imbécil!!

¿Y aún preguntas cuál es la fuerza de los idiotas? Algo huele a podrido al sur de Europa.

Nota: cualquier similitud con España es pura casualidad.

Así lo pienso y así lo digo.

No es venganza, es justicia
El Editorial La Razón 13 Febrero 2012

El Gobierno de Mariano Rajoy ha apostado con decisión por mantener la política de la derrota de ETA. El Ministerio del Interior, que dirige Jorge Fernández Díaz, ha demostrado ya que la firmeza se mantendrá inalterable mientras la banda terrorista no cumpla con las condiciones de su disolución y no colabore con la Justicia para que los más de 300 asesinatos sin resolver se esclarezcan. El ministro de Justicia, Ruiz-Gallardón, ha proclamado también que no habrá amnistías ni medidas de gracia colectivas y que los terroristas conocen perfectamente los pasos que deben dar para reinsertarse.

No habrá atajos ni lecturas retorcidas de la legalidad. Y esto es algo que merece respaldo y reconocimiento. En este contexto, la denominada doctrina Parot es un instrumento fundamental de la política antiterrorista que ha impedido en estos años la salida prematura de asesinos condenados a cientos de años de prisión.

LA RAZÓN informa hoy de que una veintena de presos de ETA podrían dejar la cárcel a lo largo de 2012, salvo que se les aplique la citada doctrina, un precepto tan lógico como garantista que supone que los beneficios penitenciarios se resten del total de la pena y no del máximo tiempo de estancia en prisión marcado en estos casos por el Código Penal de 1973, que era de 30 años. Entre ellos está Juan José Zubieta, uno de los autores de la matanza en el cuartel de la Guardia Civil de Vic en 1991, en la que fueron asesinadas nueve personas, entre ellas cinco niños. Fue condenado a 1.311 años de cárcel y podría estar de nuevo en la calle tras sólo 20 años entre rejas. Un terrorista, además, que aprovechó su derecho a la última palabra durante el juicio para culpar a los agentes de la muerte de sus hijos por utilizarlos como «escudos humanos».

Que este asesino miserable quedara en libertad en estas circunstancias sería indignante y censurable. El deber del Gobierno es procurar que en estos casos la doctrina Parot se aplique y que, por ejemplo, Zubieta no pise la calle hasta 2020. No se trata de una cuestión de venganza, sino de justicia y de dar la batalla jurídica y política necesaria para que ETA no acumule nuevos triunfos a los que ya ha logrado en estos últimos meses. En este terreno, los servicios jurídicos del Estado tienen una misión de la mayor trascendencia. El futuro de la Doctrina Parot está pendiente de la decisión del Tribunal Constitucional sobre el recurso impuesto para su anulación. Cabe esperar que la razón jurídica se imponga y que el Estado de Derecho pueda mantener un activo esencial al servicio de la seguridad y la libertad. Pero mientras el TC no falle, hay que actuar para que no asistamos a nuevas desgracias judiciales como la del caso Troitiño, el asesino del «Comando Madrid», condenado a 2.700 años por 22 asesinatos y que sólo cumplió 24.

Reforma laboral
El paraíso (sindical) perdido
Pedro de Tena Libertad Digital 13 Febrero 2012

Los trabajadores asalariados de todos los países han sufrido en sus carnes, y de qué modo, la invasión de las ideologías revolucionarias que supuestamente les traerían el paraíso a las puertas de sus casas, o mejor dicho, a las puertas de las casas del Estado Socialista. Durante décadas del siglo XIX, se gestó un movimiento obrero autónomo de partidos políticos y doctrinas exaltadas que se ocupó de lo que era realmente el problema: mejorar la situación de los trabajadores. En España, aquel movimiento sindical primitivo duró hasta que el marxismo y el anarquismo penetraron en las organizaciones obreras y las despeñaron por el camino de la revolución que prometía el paraíso. Pero la Revolución rusa y sus consecuencias despertaron a casi todos de aquel sueño dogmático que convertía a los sindicatos en correas de transmisión de los partidos o grupos ideológicos y transformaba la vida de los trabajadores en propiedad del Estado.

En España, parece que los sindicatos considerados mayoritarios, a pesar del oscurantismo de las elecciones sindicales, no han hecho examen de conciencia alguno. Convertidos en poder fáctico por los partidos, incluido UCD, que comenzó el riego de dinero en la transición a la democracia, se estructuran hoy como una plataforma de intereses burocráticos para la cual el cambio es mucho más peligroso que el paro. De hecho, hemos asistido a un espectáculo lamentable en el que los actores sindicales han convivido felizmente con el crecimiento del desempleo hasta los más de cinco millones de personas, sin poner el grito en el cielo. Pero, eso sí, nada más iniciado un proceso de reforma laboral, nada radical por cierto, en lugar de aplicar una lógica elemental según la cual habría que atender a los resultados, se atiende a los intereses de una izquierda sonada antes que a las necesidades de los trabajadores. El paro no es indignante, como no lo es el PSOE y su herencia. Lo indignante, siempre, es el PP.

En 1996, una reforma laboral más que moderada y propuesta por el mismo partido que gobierna hoy supuso un impulso sin precedentes en la creación de empleo acompañada, claro está, por una liberalización general de la economía. Ahora, si bien la reforma parece de más calado, se siguen los pasos de la anterior. ¿No sería razonable esperar al menos dos años a ver cómo se comporta el empleo para juzgarla? Sí, pero no se trata de la razón, sino de la sinrazón de unos sindicatos, cuyos cuadros viven como jamás han vivido ni volverán a vivir, esperemos, que prefieren coexistir con millones de parados antes que con reformas y cambios que son absolutamente precisos porque la gente no aguanta más este desastre legado por el PSOE.

Los trabajadores viven en el infierno y los sindicalistas en el paraíso. De seguir así, perderán el edén que disfrutan -su desprestigio es ya abrumador -, y se abrirán paso hacia otro paraíso, el de los locos, que es como Milton llamó lisa y llanamente al limbo.

Sindicatos
Huelga general
Emilio Campmany Libertad Digital 13 Febrero 2012

Casi ternura inspiran los sindicatos al verles enfrentados a la reforma laboral del Gobierno. No pueden bendecirla porque va en contra de lo que han defendido desde el principio de la crisis. Así que no tienen más remedio que ponerla cual no digan dueñas. Pero hacerlo les empuja a un abismo al que no quieren ni asomarse, el de la huelga general. La que le hicieron a Zapatero ya fue un fracaso. Sin embargo, pueden excusarse con que el hoy consejero de Estado era uno de los suyos y no quisieron hacer sangre de él. Ahora, lo que tienen enfrente es a la derechona, la fachundia, la caverna, aliada con el capitalismo y la burguesía para privar al proletariado de todos los derechos penosamente ganados en siglos de lucha obrera. No tienen otra que tocar a rebato y clamar para que los parias de la tierra, la famélica legión, se levante contra esta derecha española, la más montaraz de Europa.

¿Y si la convocan y fracasan? ¿Qué será de ellos? ¿Qué se hará de tanto chollo, de tanto liberado, de tanta subvención y de tanta sopa boba como hasta ahora han sorbido? ¿Y si el quedarse solos despierta al Gobierno de su letargo democristiano y le convence de que los sindicatos no representan a nadie? Un fracaso contra un gobierno de izquierdas es un contratiempo. Uno contra un gobierno de derechas sería una debacle. La falta de seguimiento les arrojaría por un interminable y resbaladizo tobogán hacia el pozo de la irrelevancia social. De ahí a que se pusiera fin a las subvenciones, habría un paso. Luego, sólo tinieblas.

Por eso, vacilan. Están como esos jugadores de ruleta que llevan perdida una hijuela, pero que todavía poseen una última pastilla y dudan si jugarla a una bola a ver si se recuperan o administrarla e irla perdiendo poco a poco. Y, sin embargo, no les queda alternativa. Tienen que apostarlo todo a la carta de la huelga general. Podrían ganar y convertirse, convenientemente jaleados por el PSOE, en los abanderados de quienes se niegan a sufrir el más mínimo recorte y que podrían ser muchos cientos de miles. Pero también podrían fracasar y caer definitivamente en el hoyo de la historia, a compartir olvido con los gremios, la Mesta, los oficios enajenados y los mayorazgos. Pena dan de verles titubear mientras gimotean por su negra suerte.

De los españoles depende. No sólo por el seguimiento que hagan de la huelga, que por las buenas la seguirán pocos. Sino sobre todo por la oposición que hagan a los piquetes de liberados cuando traten de impedir que trabaje quien desee hacerlo. Y si respondemos como debemos, asumiendo cada cual los sacrificios que la hora impone y negándonos a seguir a estos jetas que quieren suicidarnos a cambio de salvar sus prebendas, empezaremos a vislumbrar, a lo lejos, el final de la crisis (y con ella, el de los sindicatos). A ver cómo nos portamos.

¿Un nuevo marco laboral con los mismos sindicatos?
EDITORIAL Libertad Digital 13 Febrero 2012

La primera respuesta de los sindicatos UGT y CC OO a la reforma laboral anunciada el pasado viernes por el Gobierno expresa la impotencia de unas organizaciones que son corresponsables de que España presente la mayor tasa de paro de la Unión Europea y tenga a casi la mitad de sus jóvenes (en algunas regiones, son más de la mitad) sin empleo. Los señores Méndez y Toxo no se atreven a desafiar al Gobierno con una huelga general. Un nuevo fracaso, como el de la última huelga que le hicieron al señor Rodríguez Zapatero, precipitará su entrada al cementerio de la chatarra ideológica, al que de todas formas se encaminan. El sindicalismo obtuso, sectario y parásito que estos liberados del Rolex y las mariscadas encarnan es ya un fósil apenas animado por las ingentes transfusiones de dinero público de las que dependen para mantener su postinero tren de vida. Los sindicatos que hemos conocido están muertos, aunque los liberados sindicales no lo sepan y aún amedrenten con huelgas de zombies.

Las medidas indicadas por la ministra de Trabajo son audaces en comparación con los cautelosos cambios introducidos en el mercado laboral desde 1994. El nuevo proyecto señala la buena dirección, que siempre es la de una mayor libertad de empresarios y empleados para firmar, de manera individual y directa, acuerdos voluntarios de trabajo y retribución. Pero si de algo adolece la nueva reforma del mercado laboral, sin duda, es de celo con los privilegios sindicales y con el desequilibrado derecho de huelga en nuestro Ordenamiento Jurídico.

Los sueldos de los señores Toxo y Méndez, junto con los de todos los liberados sindicales, salen de las exacciones a los contribuyentes, sean estos o no afiliados a UGT y CC OO. Difícilmente habrá una ocasión más propicia que esta para acabar con el sablazo sindical y conseguir que los sindicatos se financien con las cuotas de sus afiliados, al igual que en Alemania o en Estados Unidos. Resulta escandaloso que, a pesar de su papel activo como obstáculos a las oportunidades de la gente para encontrar empleo en libertad, los contribuyentes tengan que pagarles la confortable burbuja en la que viven estos profesionales del sindicalismo subvencionado. Si hay unas instituciones desoídas y hasta repudiadas por la mayoría social, esas son, sin duda, los llamados sindicatos de clase, con su rancio discurso ideológico, su inútil burocracia y sus costosos privilegios.

Otra de las reformas que deben acompañar a las medidas sobre el mercado laboral es la regulación del derecho a la huelga, para que deje de amparar la actividad piquetera y amedrentadora y ampare el derecho al trabajo. Hace bien CiU en advertir al Gobierno de que si no toca la regulación del derecho a la huelga, la reforma laboral puede llegar a descarrilar por la conducta mafiosa e impune a la que acostumbran los piquetes sindicales.

Que los sindicatos sean cada día más irrelevantes y estén más desprestigiados no significa que no puedan aún hacer mucho daño a las oportunidades de los trabajadores. La reforma laboral debe incluir unas nuevas reglas de juego para los sindicatos, entre otras, el fin de las subvenciones y un derecho a la huelga que sea compatible con el derecho al trabajo.

¿Qué es ser conservador?
JOSÉ GARCÍA DOMÍNGUEZ ABC Cataluña 13 Febrero 2012

Montañas, centenares y centenares de muy sesudos tratados se publicaron en el difunto siglo XX sobre cómo tendría que producirse la transición del capitalismo al socialismo. Pero nadie pensó en escribir uno solo que indicase el camino de vuelta, a la postre el único que hubiera resultado útil. De forma análoga, aquí se han despilfarrado litros y litros de tinta a propósito de si resulta compatible decirse de izquierdas y comulgar con el micro-nacionalismo. Tedioso debate bizantino con el que gusta entretener los ratos de ocio la crema de la intelectualidad doméstica de varios lustros a esta parte. Sin embargo, tampoco a nadie se le ha ocurrido plantear la cuestión contraria. Esto es, la nada impertinente pregunta de si el nacionalismo identitario —valga el pleonasmo— resulta compatible con la filosofía política conservadora.

Y es que, de pensamiento, palabra, y obra, nuestros presuntos conservadores locales no pierden ocasión de certificar lo inviable de tal matrimonio. Verbigracia, la consejera Rigau, de Educación. Una señora que, en la mejor tradición antisistema, ansía adoctrinar a los escolares en el desprecio a los más altos tribunales del Reino. Así, postula Rigau que la nueva asignatura de Educación Cívica y Constitucional se convierta en un programa de adiestramiento para pequeños militantes contra el orden democrático español. Platón, el pionero de todos los doctrinarios que en el mundo han sido, propuso eliminar a los púberes mayores de diez años al objeto de edificar luego la sociedad ideal. Acaso un poco menos ambiciosa, Rigau parece conformase con proceder a lavarles el cerebro una vez alcanzada esa edad. Un afán, ése suyo, que concuerda con el obsesivo maximalismo que tiene por norma la derecha local y localista.

A cuenta del asunto que nos ocupa, escribiría Oakeshott, el genuino padre putativo del conservadurismo contemporáneo: «Ser conservador es preferir […] lo efectivo a lo posible, lo cercano a lo distante, lo suficiente a lo excesivo, lo conveniente a lo perfecto». O sea, el «peix al cove» tan denostado, ¡ay!, por nuestros «conservadores».

Al alcalde no le gusta la Constitución
Pedro González-Trevijano La Voz 13 Febrero 2012

E stamos en tiempos de juramentos/promesas. Primero, tras las elecciones municipales; después, por las generales; más tarde, al hilo de la conmemoración de la Constitución; y, ahora, con los nuevos altos cargos. Un proceso impecable, por más que siempre hay alguien que tozudamente hace lo imposible por singularizarse negativamente. Es el caso del alcalde de Gerona, a quien no gusta la Constitución. Y si a mí no me gusta, ha pensado el desafiante regidor, tampoco a nadie. Seguramente tampoco le agrada que le recuerden que Gerona es una de las provincias integrantes del Estado español, esto es, de la fórmula política conformadora de la nación española. «No lo haré -puntualiza- porque no me corresponde». Y eso que las competencias autonómicas no han hecho sino ampliarse en los últimos años, y que, aunque lo busco, no hallo en la Constitución ninguna norma ni principio que puedan llevar a tal aseveración. Las verdaderas razones son, ya lo sabemos, otras. Me refiero a la monserga de siempre, con los complejos de siempre y a la ausencia de miras de siempre.

Así que tras más de tres décadas conmemorando la Constitución, los ciudadanos de Gerona no han podido festejarla. Nuestro aprendiz de alcalde de Zalamea desconoce, o prefiere ignorar, algunas cosas que no está de más reseñar. La Constitución obliga a todos los ciudadanos, pero especialmente a los diferentes poderes públicos, ya sean del Estado, de las comunidades autónomas o de los municipios. Segundo, que hay algo que se llama, aquí y en todos los países modernos, lealtad institucional. Tercero, y más importante aún, que, finalizadas las elecciones, quien gobierna lo hace para todos, y no solo para los que lo respaldaron en los pasados comicios locales. El alcalde de Gerona no es hoy el representante de CiU en la bella ciudad catalana, sino el máximo regidor de todos los gerundenses. Pero tampoco en esto ha caído el sobresaliente político. Y, por fin, y como corolario, la flagrante ausencia de sentido común y de responsabilidad política.

A nuestro querido amigo habría que decirle además, que esa Constitución que ni reconoce, ni festeja es, precisamente, la que habilita el vigente régimen de libertades, que le ha permitido ser elegido democráticamente por sus ciudadanos. Que esa Constitución que no conmemora es la norma básica que asegura la convivencia entre todos los españoles. Y que esa Constitución que se ningunea es parangonable al resto de Constituciones democráticas de los países del entorno. ¡Ah, y que no se olvide!, pues la memoria es frágil. Miguel Roca, cabeza entonces de su formación política, no es que respaldara la Carta Magna de 1978, sino que fue uno de nuestros padres constituyentes, cuyo texto defendió en la Cámara, solicitó su apoyo y la votó en el referendo constitucional del 6 de diciembre de 1978. El 67, 91 % de la población catalana participó en el referendo, dando el sí el 90,46 %. ¿Lo recuerda? Yo, y ustedes, también. No está de más reiterárselo al sobresaliente preboste.

Ahora que se acerca la celebración de la Constitución de Cádiz, no está de más recordar lo dispuesto en su artículo 7: «Todo español está obligado a ser fiel a la Constitución, obedecer las leyes y respetar las autoridades establecidas». Pero él no se ha enterado todavía.

Corifeo contra la juez Coro
 www.gaceta.es 13 Febrero 2012

No logro entender por qué incomoda tanto a ‘El País’ que una juez quiera cerrar los flecos del 11-M.

El corifeo dirigía el coro en las tragedias griegas, pero el diccionario mantiene también que puede llamarse así a quien lidera una secta o tendencia. ¿Y puede asimismo actuar como corifeo un grupo mediático? Que se lo pregunten a la magistrada Coro Cillán, la titular del Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid, a quien un medio de comunicación acosa, insulta, persigue y se entromete en su vida privada sin ningún pudor. Todo porque las investigaciones de la juez sobre el 11-M no cuadran con sus intereses y los de su secta. Les podrán gustar más o menos las pesquisas de la magistrada, pero de ahí a emprender una furibunda campaña contra ella para lograr su muerte civil, vía desprestigio o vía inspección del CGPJ, hay un abismo y supone un atentado contra la independencia de los jueces.

Y uno lo que reclama no es censura para las páginas de opinión de los diarios, sino veracidad y rigor para las de información. Porque si ese medio para lograr sus objetivos pretende ir más allá de los límites del periodismo, que contrate a un abogado, se persone en la causa y se someta al procedimiento procesal. Si no está de acuerdo con los autos y providencias de la magistrado, que recurra a la Audiencia Provincial, como hacen los letrados de los encausados. Sin ir más lejos, hace unos días, la letrada María Ponte ha ganado un recurso a favor de su cliente, el ex jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, y no pasa nada. Lo que no logro entender es por qué incomoda tanto a El País que una juez, soberanamente, quiera cerrar algunos de los flecos del 11-M. ¡Qué daño hace al sistema democrático! Si lo que se persigue es que no se destruyan pruebas y que no se pasen páginas en blanco, qué tiene de malo que una magistrada, desde su celo profesional e independencia judicial, luche para que se esclarezca la verdad. Por qué esa obsesión por destruir su imagen personal y criminalizar sus decisiones judiciales. Dejemos a Cillán que haga libremente su trabajo y que decidan las instancias superiores o los tribunales en su momento. Lo contrario se define como campaña de acoso y derribo. Y no es la primera vez.

Tenemos los antecedentes de Garzón, Moreiras o Gómez de Liaño. Garzón, a quien ahora elevan a los altares, fue perseguido implacablemente cuando se atrevió a investigar a los GAL o la biutiful de la operación Nécora porque perjudicaba los intereses de la secta felipista. A Gómez de Liaño lo masacraron desde sus páginas hasta que lograron su inmolación y expulsión de la carrera judicial a raíz del caso Sogecable, pero también por la instrucción del caso Lasa y Zabala. Y a Moreiras también consiguieron que lo echaran de la Audiencia por atreverse a investigar a Antonio Navalón por el caso Argentia Trust. El bróker Navalón era uno de los intocables del clan y no podían permitir que cayera en desgracia. Después, el ex periodista radiofónico logró que Garzón se aproximara al redil.

Ahora le toca el turno a Cillán y me resisto a pensar que sea sólo por el 11-M. La diferencia estriba en que en las tragedias griegas el corifeo se limitaba a dirigir el coro por el bien de la función y aquí se pretende alcanzar la muerte civil y profesional de Cillán.

España
Un juez ilerdense anula una multa a una ciudadana de Valencia porque Tráfico se dirigió a ella solo en catalán
El juez considera que la Generalidad de Cataluña no puede obligar al resto de CCAA a conocer y utilizar el catalán. Y recuerda que en la Comunidad Valenciana solo son oficiales el español y el valenciano.
Redacción wwwvozbcn.com 13 Febrero 2012

Un juez de Lérida ha anulado una multa impuesta a una ciudadana residente en Valencia porque la Generalidad de Cataluña se dirigió a ella siempre en catalán pese a que pidió expresamente que las comunicaciones escritas fueran en español. La resolución del juzgado ilerdense supone un nuevo aviso a la Administración autonómica por la forma de proceder ante situaciones en las que se discrimina a los ciudadanos en función del uso lingüístico de la lengua oficial que quieren utilizar.

Una sanción de tráfico -que, además, pueden ser recurribles si no están escritas, tanto las señales como las multas, en español, tal y como marca la ley- señalada en 2007 de 240 euros y que podían haberse quedado en 160 euros, si se hubiera abonado en el periodo de descuento, ha sido el motivo que dio pie al recurso.

Ernesto Carrascosa, abogado de la persona inicialmente sancionada, decidió recurrir a los tribunales “por una cuestión de amor propio” y “orgullo” después de que la Generalidad de Cataluña se dirigiera a ella solo en catalán pese a que les solicitó que lo hicieran, al menos, en español. La Administración autonómica inculcó conculcó un derecho básico fundamental. Cinco años más tarde, la mujer ha obtenido un pronunciamiento favorable, según ha publicado Las Provincias, que da cuenta del caso.

En valenciano o español, pero no en catalán
La sentencia explica cómo todas las notificaciones para que procediera al pago de la multa fueron realizadas únicamente en lengua catalana ‘cuando esta ni se habla ni es cooficial en la Comunidad’. El juez recuerda que la cuestión ya quedó resuelta de manera ‘muy clara’ en el Estatuto de Benicasim en Peñíscola, que dispuso que serían cooficiales el valenciano y el español ’sin hacer referencia ni siquiera indiciaria al catalán’. Lo mismo ocurre tras la última reforma del Estatuto de la Comunidad Valenciana (2006).

El magistrado ha entendido que, problemas y debates filológicos al margen, lo que no puede pretender la Generalidad de Cataluña es imponer su lengua cooficial a otra Comunidad Autónoma ‘pues ello supondría considerar menores de edad al resto’. También ha expuesto sus críticas acerca de la ‘autoatribución’ de querer ejercer una especie de ‘protectorado lingüístico-cultural’ en los territorios que los nacionalistas catalanes denominan Países Catalanes. Esto equivaldría a un ‘ataque directo’ a lo que libremente ha decidido otra Comunidad.

La sentencia es demoledora, además, porque el magistrado califica la actitud de la Administración autonómica como si actuara con ‘falta de lealtad institucional’ contra otra Comunidad Autónoma que tiene el ‘mismo nivel competencial’, que también ‘es una nacionalidad histórica’ y que dispone de los mismos derechos para regular su lengua propia ‘sin recibir interferencias o condicionamientos exteriores’.

De hecho, la única posibilidad de que un documento redactado en catalán tenga validez fuera de Cataluña es en las Islas Baleares. La sentencia, finalmente, según recoge el diario del grupo Vocento, concluye que si la Generalidad de Cataluña quiere que sus resoluciones tengan eficacia jurídica ‘no le queda más remedio que traducirlas al castellano’.

Trato discriminatorio
No es la primera ocasión en la que el mismo juzgado ha resuelto temas relacionados con la discriminación lingüística, especialmente relacionados con las sanciones de Tráfico, y que han conducido a la anulación de muchas sanciones. El juez ha recordado sentencias similares para basar su fallo.

Llama la atención una de ellas porque recoge la extraña discriminación que sufre el ciudadano que quiere utilizar el español. Algo que no ocurre cuando el ciudadano pide utilizar el aranés, también en cumplimiento de un derecho que recoge la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. El magistrado advierte que si una persona quiere ser atendido en aranés, entonces, la Administración autonómica sí responde en la misma lengua que se le pregunta. La situación se llega a definir en la sentencia como ‘marginación lingüística’ de los ciudadanos castellanoparlantes.

En este caso, el motivo de una multa de Tráfico es además una situación injusta con los ciudadanos de toda España debido a la circulación y facilidad de movimiento de los españoles. La documentación que se les facilita en la mayoría de los casos es únicamente en catalán, incluso en el propio boletín de denuncia, que contiene al dorso una serie de indicaciones acerca de las consecuencias jurídicas.

El magistrado ha ordenado que se envíe la sentencia a Las Cortes autonómicas valencianas y a la Generalidad de la Comunidad Valenciana para que ejerciten -si consideraran que existe lealtad institucional- las acciones judiciales pertinentes contra la Generalidad de Cataluña. El abogado de la mujer denunciante exigirá a Hacienda que le devuelva los 240 euros, más los intereses, por el pago de una multa que ahora la justicia le ha retirado.


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Siempre lo mismo. El debate de ‘La Noria’
Eduardo Arias. Minuto Digital 13 Febrero 2012

Cuando en un debate sobre la Guerra Civil, la Ley de Memoria Histórica, el Valle de los Caídos y el franquismo las posturas más razonables, las mejores defensas de cuanto siente como propio el patriotismo político español, corresponden a Javier Nart y a Sánchez Dragó queda todo dicho. Lo de José Javier Esparza, siempre empeñado en no parecer facha que lo fue y supongo que lo sigue siendo pero de tapado al vergonzoso modo de Eduardo García Serrano y compañía, es de juzgado de guardia. Uno asiste a estos debates con la esperanza de que alguien diga la verdad y lo cierto es que en estos debates lo único que sucede es que la izquierda suelta sus mentiras y nadie se atreve a contestar la verdad a esa izquierda para no parecer franquista. Hasta que en estos debates no vaya alguien dispuesto a cantarle la gallina a la izquierda española y sacarla los colores, la izquierda no sólo ganará estos debates sino que irá asentando en la sociedad española su falsa verdad.

Según la izquierda Franco se levantó un día de buena mañana y decidió, sin sentido alguno, dar un Golpe Militar junto con otros cuantos militares. Durante la Guerra Civil ambos bandos cometieron actos reprochables pero, por supuesto, el bando nacional fue mucho peor que el bando republicano. Y finalizada la guerra Franco llevó a cabo una represión brutal y absolutamente injustificada por razones ideológicas. Esta es la falsa verdad de la izquierda que sin respuesta en una derecha que quiere evitar como sea ser catalogada de franquista y evitándose siempre la presencia del patriotismo político español se va asentando en la sociedad española.

Mientras la izquierda defiende sus posiciones sin complejo alguno, la derecha no lo puede hacer de forma más acomplejada y nosotros, los nacionalistas españoles, no existimos. Ni siquiera, en un debate que nos afecta de forma directísima, se nos concede el derecho a la palabra. Y no se puede hacer frente a este debate agarrándose a tecnicismos jurídicos. Me trae sin cuidado la Ley de Amnistía y su aplicación o no a un posible juicio sobre Franco. La Ley de Amnistía se aprobó para soltar etarras y contra ella estuvimos nosotros y con razón porque los etarras amnistiados asesinaron a centenares de españoles en los años inmediatos. Si la Ley de Amnistía es de aplicación al Régimen de Franco, nosotros renunciamos a esa Ley y queremos el juicio. ¿Estará dispuesta la izquierda a lo mismo? Nosotros no tenemos inconveniente en comparecer con igualdad de armas a este debate público y ante los Juzgados. Y si llega el caso que vayan preparando como explicar que Carrillo, que esta vivo, no haya entrado en prisión durante este Régimen político.

Alguien tiene que atreverse a decirle a la izquierda todo lo que legitimaba moralmente el Alzamiento Cívico Militar, que no golpe militar del 18 de Julio. Un Alzamiento apoyado por tantos militares, o menos en los niveles más altos, como los que apoyaron a la República. Y apoyado por organizaciones civiles como el tradicionalismo y el falangismo y no se olvide la CEDA votada por cerca de 4 millones de españoles en Febrero del 36. ¿Qué legitimaba el Alzamiento? Un Gobierno del Frente Popular en un claro proceso revolucionario de corte comunista llevado a cabo desde el poder que se acredita en unas elecciones manipuladas en Febrero del 36 y en una denominada primavera trágica con cientos de víctimas asesinadas por la izquierda en toda España, con un Gobierno que reprimía a las organizaciones políticas de los asesinados y cuya arbitrariedad culmina en el asesinato de Calvo Sotelo: algo así como si hoy la izquierda, desde el Gobierno y con policías, matara a Rajoy.

Alguien tiene que decir a estos cínicos que la LMH no tiene nada que ver con desenterrar a sus muertos y que lo vergonzoso es que ellos mismos no se hayan acordado de sus muertos hasta el siglo XXI. Alguien les tiene que decir que lo que pretenden con esa Ley es criminalizar al bando nacional y santificar al bando republicano cuando la verdad histórica es que el bando republicano fue brutal en su retaguardia y lo que sucedió en el bando nacional no es ni cercano. No se encontrará un Paracuellos, ni nada parecido a lo que ocurrió en Cataluña en el bando nacional.

Alguien tienen que decirle a este gentuza que la represión posterior a la Guerra Civil ejercida desde el Gobierno de Franco recayó sobre los responsables directos o indirectos del genocidio que sobre cerca de 90.000 españoles llevó a cabo la II República. Franco fusiló asesinos.

Alguien tiene que decir a esta gentuza que el hecho de que en el Valle de los Caídos estén enterrados muertos del bando republicano se produce desde dos puntos de vista: el de la reconciliación y el del perdón. Nosotros, que fuimos las víctimas y ellos los verdugos en aquella guerra, admitimos tenerles enterrados al lado porque tenemos la capacidad de perdonar. Y si Franco está enterrado en el Valle de los Caídos, no por su voluntad sino por la Rey, allí se quedará significando, precisamente, ese perdón de quienes fuimos los ofendidos por unas bestias que en nombre de la izquierda protagonizaron un genocidio sucio sazonado constantemente de las mayores brutalidades y salvajadas pensables a la hora de matar. Franco no es el verdugo y ellos las víctimas. Franco es quién liberó a España de la brutalidad de la izquierda. Si algún problema hay en el Valle de los Caídos es que junto a las víctimas del bando nacional están enterrados sus asesinos lo que sólo es comprensible desde el punto de vista cristiano.

Alguien tiene que decirle esto a esta gentuza o, vayámonos preparando, la historia volverá repetirse.

Bilbao acogió el sábado la última marcha del movimiento
De rebelarse contra ETA a la equidistancia
Alberto Lardiés  www.gaceta.es 13 Febrero 2012

Gesto por la Paz culmina su andadura porque da por bueno el final de una banda que no se ha disuelto. Una de sus últimas decisiones es apoyar las indemnizaciones a las llamadas “víctimas policiales”.

En pos del ansiado y manido “final de la violencia”, el movimiento cívico Gesto por la Paz se disuelve, mientras ETA sigue sin anunciar su disolución. Paradójico. Igual de contradictorio que ha sido el recorrido de esta asociación, que desde 1986, cuando se fundó, hasta anteayer, cuando se manifestó por última vez, ha pasado de ser pionera en la rebelión contra ETA a rozar esa equidistancia entre víctimas y verdugos tan habitual entre los nacionalistas.

La penúltima prueba de esa actitud compleja y cambiante es que Gesto por la Paz apoya las indemnizaciones que ultima el Gobierno Vasco para las llamadas “víctimas policiales”. Eufemismo bajo el cual se esconden decenas de etarras, algunos de ellos asesinos.

El pasado miércoles se celebró una sesión del Consejo Vasco de Víctimas del Terrorismo, organismo amparado (y compuesto en parte) por el Ejecutivo que dirige Patxi López. En la reunión, de la que LA GACETA ya ha dado cuenta al detalle –ver información de la página 11–, se debatía el apoyo o rechazo del Consejo al polémico decreto que incluye hasta 390.000 euros de ayuda a “las víctimas de sufrimientos injustos como consecuencia de la vulneración de sus derechos humanos producida en la Comunidad Autónoma Vasca entre los años 1969 y 1978 en el contexto de la violencia de motivación política vivida”.

Los representantes de Gesto por la Paz no pudieron acudir al encuentro, y adujeron para justificar su ausencia que estaban preparando su manifestación del pasado sábado. Eso sí, enviaron un documento con su “valoración” al que ha tenido acceso LA GACETA. “Dicha valoración es positiva por la trascendencia del Derecho en el sentido de reconocer a todas aquellas personas que han padecido un sufrimiento injusto a consecuencia de la violencia específica que se generó en Euskal Herria; y se valora positivamente el tratamiento que se ofrece a estas víctimas muchos años olvidadas”.

El texto, firmado por Isaner Urquijo Azkárate, portavoz del movimiento cívico, también apuntaba a que “dadas las diferencias tan grandes de opinión existentes en los miembros del Consejo, consideramos que es imposible que haya un posicionamiento conjunto. Por ello, proponemos que cada organización y representante del Consejo haga su valoración particular”.

Las asociaciones de víctimas presentes en la reunión intentaron que las controvertidas ayudas no se aprobasen. Finalmente, los votos a favor de la Fundación Fernando Buesa y de los representantes de la Administración se impusieron, y el decreto será aprobado en breve.

Aparte de su apoyo a estas ayudas, Gesto por la Paz se manifestó anteayer en Bilbao. Acudieron varios miles de personas, así como representantes de la mayoría de formaciones políticas vascas, con la excepción, claro está, de Batasuna, brazo político de los terroristas.

Jóvenes
Con la marcha culminaron tres décadas de lucha abertzale en las calles contra ETA. Gesto por la Paz, movimiento pacifista creado por unos cuantos jóvenes vascos y navarros que admiraban a Gandhi, fue la primera organización que se atrevió a protestar contra la muerte y la destrucción generada por la siniestra banda de encapuchados.

Sus creadores tuvieron que soportar una y otra vez el matonismo incesante de la izquierda abertzale, afín a ETA, cuyos miembros organizaban contramanifestaciones para insultar y agredir al grupo pacifista. Años después, cuando la Justicia ilegalizó a las máscaras electorales de los batasunos, Gesto por la Paz criticó duramente la Ley de Partidos. Otra paradoja.

Juan José Zubieta, del «comando Barcelona», quedará libre si no se le aplica la «doctrina Parot»
El etarra de Vic saldrá a la calle tras cumplir 20 de los 1.311 años de pena
J. M. Zuloaga La Razón 13 Febrero 2012

MADRID-Un total de 20 presos de ETA podrían abandonar la cárcel a lo largo de este año, salvo que a varios de ellos (condenados por el Código Penal de 1973) se les aplique la llamada «doctrina Parot», que permite alargar las condenas.
Se trata de reclusos con delitos de sangre, entre los que se encuentra Juan José Zubieta Zubeldia, del «comando Barcelona», que perpetró varios atentados, entre ellos el del cuartel de la Guardia Civil de Vic, el 29 de mayo de 1991, en el que fueron asesinadas nueve personas, entre ellas cinco niños. Fue condenado a 1.311 años de cárcel, de los que sólo lleva cumplidos veinte.

Los que saldrán
Según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas, 12 de los reclusos obtendrán la libertad, al haber sido condenados con el Código Penal de 1995, que no contemplaba la reducción de penas por beneficios penitenciarios. Entre estos presos se encuentran Igor Mayora Zumeaga (condenado por terrorismo callejero), que saldrá este mes, y Leire Martínez Pérez, «Maitane», que lo hará en julio. Fue detenida en México y entregada por las autoridades de este país. Perteneció al «comando Larrano», que se dedicaba a la colocación y lanzamiento de artefactos explosivos.

A los otros internos (la lista completa no ha sido facilitada por las fuentes informantes) se les puede aplicar sin ningún problema la «doctrina Parot», que consiste en que la reducción de penas por beneficios penitenciarios (trabajo, estudios, etcétera) se aplica respecto de cada una de ellas individualmente y no sobre el máximo legal permitido de permanencia en prisión, que, según el Código Penal de 1973, era de 30 años.

Se trata de una medida que ha evitado que pistoleros, sobre las que recaían condenas centenarias, salieran a la calle tras cumplir una parte mínima de la pena. Además de Zubieta, que podría ver prolongada su condena hasta 2020, figura en la lista Juan Ignacio Delgado Goñi, condenado por diversos atentados.

La estrategia de defensa de los etarras es intentar la no aplicación de la «doctrina Parot», recurrida ante el Tribunal Constitucional, que todavía no ha emitido un fallo al respecto; o beneficiarse de la sentencia 55/2008, de dicho Tribunal, que permitiría una reducción de pena en función del cómputo de la prisión preventiva. La anulación de la referida «doctrina» forma parte de las exigencias que ETA y su entramado han planteado desde el comienzo del «proceso», que, durante la anterior legislatura, pactaron con socialistas y nacionalistas.

Zubieta confiesa
En su declaración a la Guardia Civil, tras ser detenido en una operación en la que murieron, al enfrentarse a los agentes de la Benemérita, los otros dos miembros del «comando Barcelona», Juan Félix Erezuma y Juan Carlos Monteagudo, Juan José Zubieta señaló que «los preparativos del atentado contra el cuartel de Vic estaban muy avanzados. Habíamos robado un Renault 11 de color blanco, al que pusimos 12 bombonas de 18 kilos de amonal aproximadamente cada una. Monteagudo y yo fuimos a verificar la información sobre el cuartel; íbamos siempre armados con pistolas y granadas de mano».

«El día acordado para realizar el atentado –agregó–, Monteagudo y yo nos dirigimos a un descampado en una furgoneta Citroën y Erezuma llevó el Renault blanco. Yo me quedé custodiando el vehículo, preparado como bomba, mientras los otros dos se fueron a robar un Renault 11 gris».

«En el descampado, cambiamos las placas de la matrícula de un Renault al otro. Monteagudo y yo nos montamos en el de color gris y Erezuma en el de color blanco. Los tres íbamos armados con pistolas, metralletas y alguna “piña” (bomba de mano)».
«Por la mañana, observamos cómo abrían la puerta del patio del cuartel pero después la cerraban, posponiendo el atentado para más tarde. A las 19 horas, decidimos hacerlo. Yo preparé la huida en el Renault gris, mientras Erezuma llevaba el coche bomba y Monteagudo fue el que lo accionó al observar que la puerta del patio estaba abierta. Después, nos dirigimos los tres en el Renault gris al lugar donde teníamos estacionada la furgoneta Citroën, cambiamos de vehículo, nos fuimos al chalet de la Llisa de Munt y permanecimos escuchando los informativos. Al día siguiente, fui detenido». Zubieta fue arrestado y los otros dos etarras murieron al enfrentarse a la Guardia Civil.

Según su propia declaración, Zubieta había formado parte con anterioridad del «comando Nafarroa», que cometió varios atentados, como el perpetrado en octubre de 1988 contra una tanqueta de la Guardia Civil en Pamplona, con el resultado de un agente muerto; contra el cuartel de la Benemérita de Alsasua, en el que un guardia perdió una pierna; el secuestro de Adolfo Villoslada y contra las instalaciones de la Benemérita en la Foz de Lumbier. Un sargento resultó asesinado y dos de los etarras murieron.

El asesino
Su principal enemigo, la Guardia Civil
Zubieta se incorporó al «comando Barcelona» tras haber formado parte de otro, que cometió varios atentados en Navarra contra cuarteles de la Guardia Civil. Como miembro de ETA, la Benemérita es el principal enemigo.

Una doctrina en manos del Tribunal Constitucional
El terrorista dijo que «los agentes usaban a los niños como escudos humanos»
R. Coarasa La Razón 13 Febrero 2012

MADRID- Uno de los etarras más sanguinarios, Henri Parot, dio nombre en 2006 a la doctrina que ha impedido salir de prisión a decenas de miembros de la banda terrorista que estaban a punto de cumplir sus condenas. El 20 de febrero de ese año, la Sala Penal del Tribunal Supremo (TS) dio a conocer la resolución que impidió que Parot recuperase la libertad pese a haber sido condenado a penas que sumaban más de 5.000 años de cárcel. El terrorista estaba a punto de beneficiarse de la política de beneficios penitenciarios instaurada en el Código Penal de 1973, por el que fue condenado. Ese mismo año, Parot pidió a la Audiencia Nacional que refundiera en una sola pena de 30 años de prisión (el máximo legal establecido en la normativa penal vigente en el momento de cometer los asesinatos) sus múltiples condenas. De esa manera, y aplicando los beneficios penitenciarios acumulados, Parot estaba a punto de extinguir su condena y salir de prisión. La Audiencia Nacional rechazó su petición, anticipando la posterior «doctrina Parot», y etarra recurrió al Supremo.

Pero el Alto Tribunal, lejos de acceder a sus pretensiones, resolvió que los beneficios penitenciarios debían aplicarse no al máximo legal de 30 años, sino sucesivamente a cada una de sus condenas, de manera que cuando se extinguiese una, se aplicaban a la siguiente, y así hasta la última. En el caso de Parot, con 26 condenas a cuestas, esa decisión suponía, en la práctica, que debería pasar 30 años en prisión, dado que sus beneficios penitenciarios nunca iban a permitirle extinguir todas esas penas. Tras la resolución del Supremo, bautizada desde aquel día como «doctrina Parot», el terrorista retrasaba hasta 2020 su excarcelación, sumando 14 años más de prisión.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo enseguida se aplicó a otros etarras que se encontraban a punto de abandonar la cárcel, entre ellos Domingo Troitiño «Txomin», condenado a 794 años de prisión por el atentado en el Hipercor de Barcelona, y Juan Antonio López Ruiz «Kubati». Ambos vieron retrasar su excarcelación, prevista para 2006, hasta 2017.

Ahora, es el Tribunal Constitucional quien debe decidir si la «doctrina Parot» es ajustada a la Carta Magna. De hecho, sus magistrados tienen sobre la mesa más de medio centenar de recursos de etarras afectados por la medida sobre los que deberá pronunciarse, determinando si ya han extinguido su condena o deben seguir en prisión.

Cientos de personas desafían al Supremo y defienden la imposición lingüística en Cataluña
La Asociación Escola en Catalán se manifiesta ante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para pedir la exclusión del castellano de las escuelas
 www.lavozlibre.com 13 Febrero 2012

Madrid.- Cientos de personas se manifestaron este domingo en Barcelona para exigir la exclusión del castellano de las escuelas y defender que el catalán sea la única lengua vehicular de enseñanza. La marcha fue convocada por la Asociación Escola en Catalán, que se concentró delante del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), bajo el lema “Paremos las sentencias judiciales contra el catalán en la escuela ¡No acatemos la sentencia! Blindemos por que el catalán sea la única lengua vehicular de enseñanza!”.

La portavoz de la asociación, Mercè Escarrà, dijo que “hacen falta más movilizaciones para proteger la lengua catalana”. También adelantó que promoverán una proposición de ley en el Parlamento Catalán para conseguir este fin.

Según Escarrà, la asociación ha recogido 100.000 firmas a favor de su propuesta y confía en que los partidos comprueben que la petición cuenta con el apoyo de parte de la ciudadanía catalana. Escarrà calificó a los políticos no nacionalistas como "enemigos del catalán” y les acusó de marginar la lengua y de poner en peligro el modelo de inmersión lingüística en Cataluña.

La portavoz también exigió a los partidos nacionalistas que “sean valientes, planten cara y se nieguen a introducir el castellano como lengua vehicular”. También advirtió que, si se implanta el castellano, se crearán dos vías de enseñanza y se separarían a los niños que hablan un idioma u otro.

Asimismo, Escarrà pidió a los miembros de Esquerra Republicana de Cataluña y Convergencia i Unió que se sumen a Solidaridad Catalana por la Independencia y apoyen su propuesta para blindar el catalán como única lengua vehicular de enseñanza, desafiando al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional que ya han sentenciado en contra del modelo de inmersión y que instan a la Generalitat de Cataluña a cambiar el modelo educativo.

Durante el acto intervino Núria Cadenas, condenada a seis años de prisión por su implicación en un atentado fallido de la banda terrorista Terra Lliure. También se leyó un manifiesto en al que se denunció que “fuerzas políticas y judiciales de todo el Estado estola siguen atacando el catalán” y afirmaron que la inmersión es “un sistema que se ha demostrado eficaz”.

La propuesta está firmada por, entre otros, los escritores Jaume Cabré, Isabel Clara-Simó y Víctor Alexandre, el editor Quim Torra, el lingüista Màrius Serra y diversas entidades catalanistas.

Cataluña
El ‘nacionalismo es crisis’, como respuesta al ‘España nos roba’
Desde Ciudadanos recuerdan que el nacionalismo ha girado “el foco de la identidad” hacia el de “la cartera” generando “un discurso basado en la xenofobia fiscal, que busca el enfrentamiento con el resto de España y que busca un culpable: Madrid”.
Redacción www.vozbcn.com 13 Febrero 2012

Díptico de Ciudadanos (disponible en español y catalán) poniendo de manifiesto parte del coste de la Generalidad a políticas identitarias y nacionalistas.

Ciudadanos ha decidido responder a las formaciones nacionalistas que han acuñado, con cierto beneplácito del Parlamento autonómico, el lema España nos roba. Así, la formación naranja ha puesto en marcha la campaña Nacionalismo es crisis para poner al descubierto el gasto que supone para los ciudadanos de Cataluña el mantenimiento de las políticas identitarias de la Generalidad de Cataluña.

El secretario general del partido liberal-progresista ha recordado, en la presentación de la campaña cuyo hashtag en las redes sociales será #nacionalismoescrisis, que Ciudadanos nació con la voluntad de ser una alternativa real a la crisis económica, a la crisis institucional y para la regeneración política de España. Ciudadanos ha denunciado que “el gasto de CiU en construcción nacional llegará este año a 2.500 millones de euros”, por lo que “los pilares de la cohesión social se están dinamitando desde los presupuestos de la Generalidad”.

“Hacia el eje económico”
Por ello, según ha indicado Matías Alonso, en esta campaña, que se concretará el próximo sábado en Barcelona -en un acto público-, “el nacionalismo ha aprovechado la actual coyuntura de crisis económica para virar su discurso hacia el eje económico”; cuyo ejemplo más palmario, ha advertido, es el lema injurioso que desde las formaciones nacionalistas se utiliza, incluso en el Parlamento autonómico, España nos roba.

Para Ciudadanos, el secesionismo ha cambiado ”el foco de la identidad a la cartera generando un discurso basado en la xenofobia fiscal, que busca el enfrentamiento con el resto de España y que busca un culpable: Madrid“.

La campaña se presentará por toda Cataluña y basará su argumento en que el mantenimiento del nacionalismo es crisis. ”Mientras CiU suprime el último tramo del Impuesto de Sucesiones a las grandes fortunas, dejando de ingresar entre 400 y 600 millones de euros, recortan 672 millones en sanidad y educación públicas afectando a siete millones de ciudadanos”, ha señalado Alonso, que ha indicado que la Generalidad en manos de CiU “pretende recaudar 100 millones de euros con el impuesto sobre los enfermos para después gastar 159 millones de euros en política lingüística“.

Entre los lemas y mensajes que el partido naranja remarcará destacan los dedicados al coste de los consejos comarcales, el mantenimiento de los medios de comunicación públicos (y las subvenciones a los medios privados), el gasto de dinero público invertido en Spanair y las subvenciones que reciben entidades que tienen entre sus objetivos los de fomentar el secesionismo, como Òmnium Cultural y la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes.

Un modelo de sociedad abierta
La formación que preside Albert Rivera, diputado autonómico, ya puso en marcha en octubre de 2009 una campaña para promocionar que Cataluña somos todos, en la que denunciaron la construcción de ‘una Cataluña oficial, cerrada, arcaica y encorsetada’ que desde los gobiernos autonómicos se ha hecho de espaldas la Cataluña real.

En aquella ocasión, Ciudadanos reivindicó un modelo de sociedad integradora, abierta, cosmopolita y orgullosa de su pluralidad, frente a “la Cataluña oficial, formada por un establishment nacionalista obsesionado por imponer una visión plana de la catalanidad, que menosprecia y esconde la pluralidad social”.

España
La ACPV paga la mitad de la multa por emitir TV3 en la Comunidad Valenciana
Se cumple un año del cierre de los repetidores de la entidad pancatalanista por emitir ilegalmente el canal autonómico de Cataluña en la Comunidad Valenciana. Eliseu Climent es uno de los empresarios nacionalistas más subvencionados por la Generalidad de Cataluña.
Andreu Caballero www.vozbcn.com 13 Febrero 2012

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) lleva un año sin emitir ilegalmente TV3 en la Comunidad Valenciana. En este año (se cumplirá el próximo 18 de febrero) la entidad que preside Eliseu Climent ha recaudado alrededor de 450.000 euros para pagar parte de las multas que se le impusieron por no tener licencia para la emisión desde los repetidores de ACPV.

La entidad pancatalanista, que recibe sustanciosas subvenciones de la Generalidad de Cataluña, fue condenada a pagar tres multas que ascendían en total a algo más de 800.000 euros. Desde la ACPV aseguran que han pagado más de la mitad y están negociando con la Agencia Tributaria un aplazamiento de la cantidad pendiente, después de demostrar que existe voluntad de pagar el resto del total de las multas.

La ACPV ha conseguido evitar el embargo al que se abocaba si no hacía frente al pago de las multas. Para esta entidad, cumplir la legalidad en materia audiovisual es una ”persecución económica y política”. Desde 2007, año en el que se inició el trámite de expediente, la ACPV había seguido emitiendo TV3 sabiendo que no disponía de los correspondientes permisos. Lo hacía así desde 1986. Tras el cierre, en 2011, apenas un centenar de personas protestó en Valencia.

Eliseu Climent, en el punto de mira de Anticorrupción
Está en trámite una ley nacional que podría permitir que las televisiones autonómicas se vieran en las CCAA colindantes. De esta manera, TV3 se podría ver en la Comunidad Valenciana y Canal 9 en Cataluña. Una decisión polémica y no del todo del gusto de los partidos nacionalistas que verían así como televisiones que no emiten todo en catalán (y la televisión de Aragón es solo en español) tendrían audiencia en Cataluña.

De momento, la ACPV de Climent tiene todavía que completar el pago de las multas. Su presidente ha sido uno de los más agraciados con las subvenciones de la Generalidad de Cataluña e incluso se ha puesto en tela de juicio, por parte de la policía judicial, el destino de varios millones de euros que, en teoría, estaban destinados a la promoción cultural. Sería paradójico que el dinero de los ciudadanos de Cataluña acabase en manos de la Generalidad valenciana tras pasar por la Generalidad de Cataluña y Eliseu Climent.

¿Se prepara a las exigencias de un inminente comprador?
Santiago Rey clama contra las subvenciones a medios "arruinados" tras recibir 2,57 millones de euros en 2011 de la Xunta
La Voz de Galicia podría estar poniendo orden por dentro para cumplir las exigencias de posibles compradores
Javier González Méndez, Periodista Digital 13 Febrero 2012

La Voz de Galicia despedirá al 15% de su plantilla pese a recibir 2,57 millones de euros en 2011 de la Xunta

El presidente y editor de La Voz de Galicia, Santiago Rey Fernández de la Torre, irrumpía el domingo 12 de febrero de 2012 en el panorama mediático con un artículo en el que no dejaba títere ni gobernante con cabeza.

Bajo el título "Acabar con la desesperación", el propietario del sexto periódico en el ranking nacional de difusión iniciaba su reflexión con la palabra "Asco", que según él "es la que más se repite estos días para definir lo que está pasando en un país abandonado al despropósito".

El editor coruñés repasa todo aquello que en su opinión ocurre en Galicia, y en el conjunto e España, y que atenta contra la clase media, acorralándola y amenazándola con exiliarla a la pobreza.

Estos males son muchos y productos de sucesivos gobiernos autonómicos y nacioales: sectores industriales mantenidos artificialmente, chiringuitos administrativos, oficinas de gobiernos autonómicos esparcidas por el mundo, edificios culturales faraónicos, banqueros sin escrúpulos.

Santiago Rey incluye en este listado de agravios a los ciudadanos uno que afecta directamente a la prensa: inyección de dinero público en medios de comunicación desahuciados.

"Tras dejar que se hundiesen sectores claves como el pesquero, el agrario, el lácteo o el naval, se ha instaurado una política de remiendos tan desnortada que la sociedad no puede más que quedarse atónita cuando conoce que se destina dinero público a proyectos irreales y fallidos como el de Manzaneda. O cuando se apoya sin ningún tipo de explicación a empresas inviables e insolventes, dando oxígeno a experimentos quebrados, como sucede en la industria y en algunos medios de comunicación"

Llamativa denuncia cuando procede del propietario de un medio, La Voz de Galicia, que sólo en 2011 recibió ayudas públicas por 2,7 millones de euros, a los que hay que sumar canditades menores destinadas a otras empresas del grupo --La Voz de Galicia despedirá al 15% de su plantilla pese a recibir 2,57 millones de euros en 2011 de la Xunta--.

Y no es la primera vez que lo hace. El director del periódico más vendido en Galicia levantó la polémica con su discurso pronunciado en la entrega de los premios celebrados bajo su mismo nombre el pasado 25 de noviembre de 2010 al criticar la recepción de "ayudas públicas" de ciertos medios de comunicación "localistas". --El diario que más subvenciones recibe critica a los otros medios por recibirlas--

Ésta reflexión coincide en el tiempo con la aplicación de una racionalización en la plantilla de La Voz que dejará en la calle entre ocho y diez decenas de trabajadores, representantes genuinos de la variada sufrida clase media a la que defiende el editor-articulista.

El periódico que prácticamente acapara el 50% de las ayudas de la Xunta a los medios gallegos, se plantea una rebaja en gastos salariales de más de 4 millones de euros al año, mediante la infalible solución de las bajas incentivadas o el despido objetivo sujeto ya a las nuevas normas de la Reforma Laboral.

El Grupo La Voz de Galicia reconoce pérdidas de 100 mil euros en el ejercicio 2010, así como unos 700 mil acumuladas en su periódico diario. Durante 2011 persistió esa tendencia en sus cuentas de resultados y en 2012 afronta ya la reducción de plantilla, tras frustrados intentos de acuerdo entre la empresa y los trabajadores.

Según comenta a Periodista Digital un prestigioso abogado coruñés:
"La Voz ha sido un engranaje clave para los grupos de poder en Galicia, sobre todo vinculada al "tinglado" politico-economico coruñes, cuyos grandes jefes ya estan fuera de juego, a saber, el ex director general de Caixa Galicia, José Luis Méndez López y el otrora todopoderoso alcalde socialista Paco Vázquez. Ahora el editor intenta sobrevivir en un escenario de reestructuración de los lobbies en Galicia haciendo uso de la palanca periodistica pero parece que no acierta, y está, cuando menos, bastante descolocado"

La pregunta que resuena en los últimos meses en Galicia es esta: ¿Se está adecuando el Grupo La Voz a las exigencias previas de un inminente comprador? Por el tono que utilizaba el propietario y editor en su editorial, según quienes le conocen, se podría deducir que quizá estaba dando el último canto del gallo.

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