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Recortes de Prensa   Viernes 17  Febrero 2012

 

España: el drama de una prensa alienada y sometida, que manipula e ignora noticias importantes
Francisco Rubiales Periodista Digital 17 Febrero 2012

Mientras la prensa española sometida y complaciente llena hoy sus portadas con titulares e imágenes sobre la inútil y vacía primera reunión entre Rajoy y Rubalcaba en la Moncloa, ignora la noticia más destacada del día: un sondeo (Eurobarómetro) de Unión Europea, que revela que nada menos que el 93 por ciento de los españoles opina "que su Administración es corrupta".

El dato sobre la corrupción masiva en España es tan elevado que los sociólogos lo consideran unánime, ya que el 7 por ciento restante son políticos o asimilados. Aunque no está comprobado todavía, es probable que el dato sobre la corrupción en España sea el más elevado y unánime registrado por un eurobarómetro en toda Europa y uno de los más elevados del mundo.

Los sondeos en España, convenientemente "cocinados" por el poder, establecen que la primera preocupación de los ciudadanos es la situación pésima de la economía, seguida del desempleo masivo y, en tercer lugar, la clase política, que aparece con porcentajes de preocupación inferiores al 30 por ciento, una cifra que nada tiene que ver con lo que revela el último Eurobarómetro, según el cual nada menos que un 93 por ciento, una cifra que refleja una rara unanimidad, cree que sus políticos y gobernantes son corruptos.

Resulta incomprensible que la corrupción aparezca ya en las encuestas españolas como la cuarta preocupación ciudadana, con porcentajes muy pequeños, de menos de una cuarta parte de los que refleja el sondeo europeo.

Una de las dos partes miente y me temo que es la española, ya que, por lógica, la corrupción y el rechazo a la clase política están por encima de dos políticas concretas, como son la económica y la del empleo, responsabilidad y fracaso de esa clase política rechazada y corrompida.

Lo que no reflejan las encuestas todavía, aunque seguro que ya aparece como preocupación creciente, es la inutilidad y el fracaso de la prensa española, obsesionada con la política, dependiente de los políticos e incapaz de ser independiente y de cumplir con su deber de criticar a los poderes y reflejar las preocupaciones y anhelos de la sociedad, como establece la democracia.

La prensa española es una de las que dedica más espacio a la política en toda la Unión Europea, pero lo hace no como reflejo de un interés popular, sino como consecuencia de su vergonzoso sometimiento y dependencia de la clase política, con la que está ligada a través de alianzas desconocidas, financiaciones opacas y cruces de intereses que muchas veces se traducen en autocensuras, ocultación de verdades y defensas de políticas y de políticos alejados de la ética. .

La mayoría de los grandes pensadores políticos, filósofos y sociólogos opinan que sin una prensa independiente y crítica, capaz de fiscalizar al poder, es imposible que exista democracia y que una prensa sometida y dependiente facilita la corrupción, el abuso de poder y la arbitrariedad de los poderes.

Voto en Blanco

Causas y efectos del gasto oculto de nuestras Administraciones Públicas
José Luis Villar Ezcurra*. El Confidencial 17 Febrero 2012

Leo con preocupación en la prensa la reciente sorpresa de nuestra ministra de Fomento acerca de la deuda real en más de 50.000 millones de euros (se dice fácil pero la cifra es impresionante) sobre lo previsto del Ministerio de Fomento, aunque en la comparecencia de Ana Pastor ante las Cortes, el 9 de febrero, la cifra del endeudamiento total quedaba cifrada en los 40.000 millones. Ante esta disparidad de datos sólo cabe pensar en dos alternativas; o bien, el ex ministro Blanco se hizo alguna clase de lío con los pen-drives y el que contenía la deuda diferida se le quedó en los bolsillos; o bien en el Ministerio de Fomento no se aclaran con las cuentas. Sin embargo y, aunque no se han dado explicaciones públicas sobre este incremento de última hora, me barrunto a qué se debe. Y es que, al menos desde el año 2010, las diferentes Administraciones Públicas (no sólo el Ministerio de Fomento) han estado acudiendo, para muy buena parte de los contratos ya adjudicados a lo que eufemísticamente han denominado como "diferimiento de anualidades". Diferimiento que significa que lo que estaba previsto pagar para 2010 y 2011 se traslada a los ejercicios de 2012 y siguientes, para lo cual se recabó, en su momento, la aquiescencia de los propios contratistas bajo la amenaza velada de no pagarles nada. Cosa que, según parece, sigue sucediendo en el momento actual, porque ya sabemos que se pega todo menos lo bonito.

Ya se sabe que con los privilegios de la Administración, sus acreedores, por mucho que tengan justificadas las deudas, pueden ver dilatado su cobro durante muchos años, aun cuando obtengan una sentencia firme ejecutable. Y es que la ejecución de sentencias frente a la Administración Pública tiene dificultades muy serias debido a esos privilegios, muchas veces mal utilizados (en beneficio de quienes las gobiernan) por no cumplir con la finalidad de "interés público" para el que fueron concebidos. Por tanto, no es de extrañar -especialmente para quien conoce la contratación pública- que las empresas constructoras hayan prestado su consentimiento para que lo que se encontraba presupuestado para 2010 o 2011 se traslade a los ejercicios de 2012 y siguientes porque más vale cobrar tarde (a dos años vista) que no llegar a cobrar. Y ahora, las diferentes Administraciones (con el Ministerio de Fomento a la cabeza) no tienen más remedio que seguir haciendo lo mismo porque, como es conocido, el que se queda quieto paga...

La "genial idea" del diferimiento de pagos va a generar, probablemente, un efecto boomerang, causando una retracción en la contratación de infraestructuras públicas y provocando que el dinero que no se pagó antaño haya de salir del adelgazamiento forzoso del sector público

Sin embargo, cuando llegue el momento en el que haya que comenzar a pagar lo que dejó de pagarse años atrás, surgirán los problemas para todos, comenzando por las propias Administraciones Públicas y terminando por los subcontratistas de los contratistas de las Administraciones (pasando, lógicamente, por estos). Al tirar de la manta y levantar las alfombras, el nuevo Gobierno -y lo mismo ha pasado en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos- se ha encontrado con una auténtica "bomba de relojería" que amenaza con estallar en un momento en el que resulta indispensable contener el gasto público. Porque lo que ha hecho el anterior Gobierno ha sido algo así como el "yo invito pero tú pagas" -dicho en términos castizos- al sacar a licitación proyectos y obras absolutamente inútiles sin hacer frente a los compromisos de pago que eso comportaba. Ahora se aflora el problema y toca a "otros" pagar las deudas contraídas para evitar que se siga rompiendo esa especie de cadena maldita que comienza por la deuda de las Administraciones Públicas, sigue por la de las constructoras y concluye con la de los subcontratistas y suministradores a todos los niveles. Si el primero no paga (las Administraciones) o demora excesivamente sus pagos, pueden caer los que les siguen con lo que ello supone de destrucción del tejido empresarial y del empleo. Y claro está, el remedio más sencillo consiste en continuar con la "patada a seguir" dilatando el pago hasta el infinito sin tener en cuenta que con ese sistema la deuda a pagar se incrementa.

Esperemos a ver qué pasa con todas estas deudas atrasadas (respecto de lo cual nada se ha dicho aún) aunque la ministra de Fomento ya ha anunciado un nuevo Plan de Infraestructuras que corrija las desviaciones de los existentes -especialmente en materia de carreteras y ferrocarriles- aunque ha reconocido la existencia de una deuda total por importe de 40.000 millones de euros, de los cuales 34.200 son a largo plazo y 5.800 a corto (algo más de tres puntos sobre el PIB). Como puede apreciarse, los datos facilitados en la comparecencia ante las Cortes no casan con la aparición de una mayor deuda sobre lo previsto -los dichosos 50.000 millones de euros- lo cual tiene descolocado al personal.

Con todo, el mayor problema que pueden plantear todos estos diferimientos de pago acordados por las distintas Administraciones públicas hace un par de años, es el desconocimiento real de la deuda del sector público, que es un dato indispensable para adoptar medidas correctas. Porque hemos de tener muy en cuenta que ante la insuficiencia de recursos, el Estado ya no puede acudir a darle a la máquina de hacer dinero (suponiendo que eso fuese una solución efectiva) sino que tiene que captarlo en el mercado de deuda pública y devolverlo al cabo de unos años a unos intereses cada vez más altos. Operación que, además, no puede repetirse de forma indefinida, como me temo que se está haciendo, porque incide en nuestro nivel de endeudamiento al que, por imperativo de la UE (y también de nuestra Constitución), hay que poner coto.

Así las cosas, resulta que la ocurrencia de los diferimientos de pago en la contratación pública nos va a salir por un ojo de la cara (otro más, si eso es posible), porque apuntan hacia un grave problema de muy difícil solución que se asemeja a la cuadratura del círculo. Evidentemente, habrá que pagar toda la deuda diferida a las empresas de construcción pública para que éstas, a su vez, puedan hacer frente a los pagos comprometidos con los subcontratistas y proveedores. Pero como el dinero para hacer frente a estos pagos difícilmente podrá obtenerse con un mayor nivel de endeudamiento de nuestras Administraciones (porque ya hemos sobrepasado el límite), me temo que no quedará más remedio que reducir todo el sector público (y muchas de las subvenciones a su cargo) más de lo que se ha hecho hasta ahora.

O sea que la "genial idea" del diferimiento de pagos va a generar, probablemente, un efecto boomerang, causando una retracción en la contratación de infraestructuras públicas (a menos que se adopten modelos basados en las PPP si la UE nos deja) y provocando que el dinero que no se pagó antaño haya de salir del adelgazamiento forzoso del sector público. Sinceramente, no se me ocurre (al menos por ahora) otra salida para la situación creada por unas medidas (los diferimientos de pago a los contratistas) que, en su momento, pretendieron tapar un roto con un simple zurcido para que a sus autores no se les vieran las vergüenzas.

*José Luis Villar Ezcurra, Profesor Titular de Dº Administrativo de la UCM, del blog ¿Hay Derecho?

Hasta los webs de los nacionalistas
Vicente A. C. M. Periodista Digital 17 Febrero 2012

Puede que a alguno de los que me leen, esta expresión les parezca dura e inapropiada. La verdad es que mi hartazgo personal ha llegado ya al límite y no estoy dispuesto a seguir aceptando como normal los constantes desafíos del ultra nacionalismo beligerante de CiU y de su Presidente, actual Presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Creo que la dignidad de los españoles no puede quedar manchada por las declaraciones y bravuconadas de semejantes individuos, cuyo único fin es obtener a cualquier precio la independencia de España.

En sus delirios nacionalistas no les basta con haber intentado subyugar a todo aquél que no estaba de acuerdo con sus ideas secesionistas, sino que han establecido en la Autonomía, un régimen sectario y dictatorial adoctrinando a los ciudadanos desde hace ya más de 30 años. Para ello no han dudado en hacer de la lengua catalana un arma de enfrentamiento social, donde haciendo caso omiso a lo que la Constitución de España establece, han relegado al español como idioma equiparándolo a los de los parias y anti nacionalistas catalanes. Y no solo eso, sino que se han inventado su propia historia, deformando la realidad y adaptándola a sus delirios de independencia.

Una estrategia basada en que la Comunidad Autónoma es una nación sometida por la fuerza desde hace más de 300 años a la Corona de España. Una aberración histórica que el ultra nacionalismo catalán, a veces apoyado por el socialismo camaleónico del PSOE, toma como verdad indiscutible y como base para sus reivindicaciones secesionistas. Es tal su constante desafío a la legalidad que además de haber redactado y obtenido con la complicidad del PSOE y del Gobierno de Zapatero un Estatuto de Autonomía inconstitucional, nunca estarán satisfechos hasta que logren imponer sus objetivos mediante un Referéndum igualmente inconstitucional.

Así que he llegado a un hartazgo que creo que comparten conmigo muchos de mis conciudadanos. España no puede estar constantemente soportando a estos impresentables, cuya aspiración no es aunar esfuerzos para hacer de España un país más fuerte y próspero, sino que reclaman para sí su integración total en la UE como nación independiente con objetivos comunes con la UE pero separados de los de España. Creo que el PP tiene una mayoría absoluta lo suficientemente legitimada como para no necesitar apoyos bastardos, sobre todo de los que solo persiguen el provecho propio de sus CCAA a las que quieren ver separadas del invasor, España.

El PP actualmente sigue con el complejo del aislacionismo, recuérdese el pacto de Tinell, al que le sometieron partidos como ERC, CiU e incluso el PSOE. Así que lo que no se comprende es cómo se presta a colaborar al sostenimiento de Gobiernos autonómicos donde el PSE y CiU manifiestan una oposición visceral y una actitud contra los intereses de España. No es necesario ningún consenso ni apoyo en el Congreso de los Diputados con quienes no se esconden en sus manifestaciones y críticas a España. Sumar votos es deseable, pero no imprescindible cuando lo que se vende es la dignidad del pueblo español.

Solo le pido al PP coherencia y que tenga la valentía de no permitir que se traspase impunemente la línea roja de la lealtad Institucional. Basta ya de amenazas, amagos de secesionismo y de incumplimiento de la legalidad constitucional. Si importantes son los asuntos económicos, también lo son los principios y a ambos hay que dedicar todos los esfuerzos en resolverlos. España tiene un problema grave Institucional donde los nacionalismos de El País Vasco y Cataluña son el cancer que debe ser extirpado sin vacilaciones.

El Gobierno debe aclarar su programa sobre ETA
EDITORIAL Libertad Digital 17 Febrero 2012

Los actos de apoyo a los terroristas presos, celebrados en la plaza de toros de Tolosa (Guipuzcoa) y en el Ayuntamiento de San Sebastián, señalan que la estrategia de ETA pasa, en estos momentos, por intensificar la presión al Gobierno para que acerque y ponga en libertad a sus encarcelados. Nada nuevo, estas manifestaciones proetarras, si no fuera por dos elementos nuevos: ahora se hacen desde los ayuntamientos, con presencia activa de los alcaldes de Bildu, y desde este jueves, ese mundo siniestro ya no apunta al PP como el enemigo, sino que lo elogia y se reconoce en los gestos y las palabras del Gobierno de Mariano Rajoy.

El diario proetarra Gara ha inaugurado un tiempo insólito, en el que los propagandistas del terrorismo aprueban el discurso de un ministro del Interior de España. El dirigente batasuno Joseba Permach se ha subido rápidamente al carro, saludando con una efusividad inconcebible en otros tiempos las palabras del ministro en el Congreso.

¿Y qué es lo que ha hecho el señor Jorge Fernández para merecer el aplauso de los proetarras?
Según estos, reconocer que, en parte, el terrorismo en España obedece a un problema político enquistado en el País Vasco. El caso es que no son los únicos que han entendido en este sentido las palabras del ministro del Interior, en el transcurso de una interpelación parlamentaria de la señora Rosa Díez (UPyD). Fue este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, y el ministro Fernández, según recogen todas las cámaras, los cronistas y los despachos de agencias, se refirió a un "conflicto político" supuestamente existente en el País Vasco.

El propio ministro no debe dejar pasar un día más sin aclarar el sentido de sus declaraciones. ¿Cree el señor Fernández que el terrorismo obedece, en todo o en parte, a un conflicto de naturaleza política pre-existente?

El Gobierno no tiene ninguna necesidad de ser ambigüo en la cuestión de la derrota de ETA y, sin embargo, la Opinión Pública asiste a una escalada de equívocos y a un ambiente cada vez más secreto alrededor de la política antiterrorista. ¿De qué hablaron el señor Rajoy y el señor Pérez Rubalcaba durante su reunión de más de cuatro horas en el Palacio de la Moncloa?

Lo cierto es que no somos los únicos en seguir con creciente inquietud y perplejidad los acontecimientos. En este mismo diario, días atrás, tres cualificados representantes de la comunidad de víctimas, la señora Teresa Jiménez Becerril y los señores Daniel Portero y Francisco José Alcaraz, recordaban al Gobierno del presidente Rajoy que no vale dar una salida honrosa a ETA, que pase por la reinserción de sus presos antes de cumplir las condenas que el Estado de Derecho les ha impuesto por sus crímenes. Las víctimas esperan del nuevo Gobierno lo que les corresponde: memoria, dignidad y justicia.

¿Qué problema hay en que el ministro del Interior hable en estos términos? ¿Por qué se enreda en circunloquios sobre inexistentes conflictos de naturaleza política? ¿Qué le impide ser claro y lanzar un sencillo mensaje a la banda terrorista: disolución, entrega de las armas y puesta a disposición de la Justicia?

Por si faltara algún elemento de desconcierto, el secretario general del PP vasco, el señor Oyarzábal, ha vuelto a perder una excelente ocasión de callarse, al reprochar a la diputada Rosa Díez que pregunte por la política antiterrorista del Gobierno en el Parlamento, una iniciativa que, según el joven dirigente popular "da oxígeno a los terroristas". Actitudes como la del señor Oyarzábal representa una ofensiva y grosera manipulación que un ciudadano puede esperar en quienes, como el ex presidente Zapatero, hicieron de la negociación con ETA la razón de ser de su política, pero jamás de quienes, como el presidente Rajoy, llegaron al Gobierno con los votos de millones de españoles que no aceptarán otro final que no sea el de la derrota inapelable y justa del terrorismo. Empieza a ser urgente que el Gobierno marque con claridad cuál es su programa para conseguirlo.

El dolo vasco
Pedro de Hoyos Periodista Digital 17 Febrero 2012

Entre cien y doscientos mil ciudadanos vascos se han visto empujados al exilio como consecuencia de la presión terrorista. El miedo a las bombas, a las metralletas (¿No nos acordamos de cuando el populacho gritaba “ETA, ETA, ETA, más metralletas”?) y a la extorsión ha llevado a numerosas familias a abandonar su casa y su pueblo para enraizarse en otros lugares.

Algún día la sociedad entenderá que esa presión es comparable a la de los nazis contra los judíos y se hará justicia histórica. ¡Cuánto tiempo hemos empleados en memorias históricas sin querer acordarnos del pasado más, mucho más, reciente! Que la democracia haya seguido adelante sin detenerse a pensar en estos desheredados de la vida, sin amparar a los desterrados del terrorismo habla mal de nosotros y de nuestros prohombres.

De momento los desterrados trabajan y crean riqueza y puestos de trabajo en otros lugares, allá los gobiernos vascos que los han olvidado. Pero también votan en sus lugares de residencia forzosa, sustrayendo sus votos del país vasco, desequilibrando a favor del nacionalismo, ese nacionalismo que los ha excluido, los resultados electorales.

Urge recomponer esa situación; de la misma manera que algunos emigrantes tienen derecho a votar en las elecciones locales españolas, aun manteniendo su propia nacionalidad, las leyes deben facilitar que con mucho más derecho y legitimidad los amenazados por las pistolas y las bombas etarras puedan votar en los que hubieran sido sus lugares de residencia de no mediar la exclusión, la extorsión, la amenaza y el miedo.

El gobierno empieza a dar los primeros pasos en ese sentido, buscando siempre la legalidad para defender la legitimidad de ese voto vasco, propiamente vasco, y no adulterar las elecciones y sus resultados. El nacionalismo vasco no terrorista se ha visto beneficiado por esa situación, con escaños, poder y dinero, y puede entenderse que la mezquindad de algunos pretendiera mantener el dolo vasco. Pero debe llegar cuantos la hora de la recuperación de la normalidad, la hora de que los enfrentamientos electorales sean equilibrados y justos, de que todos los partidos jueguen con las mismas armas, las de la legalidad y la legitimidad.

un año de las autonómicas vascas
Las siete claves de la "dimensión política" de ETA
Jorge Fernández Díaz alerta de que ETA quiera convertir su derrota policial en una victoria política.
MARIANO ALONSO Libertad Digital 17 Febrero 2012

El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se refirió durante un debate parlamentario con la portavoz de UPyD, Rosa Díez, a la "dimensión política" de ETA. Unas palabras que han sido muy favorablemente acogidas por el mundo de Batasuna. El propio Fernández Díez matizó sus declaraciones al asegurar que los terroristas y su entorno quieren convertir la derrota policial en una victoria política. Algo que pasa en estos momentos por estas siete claves.

1 La decisión del Tribunal Supremo sobre la libertad de Arnaldo Otegi.
Desde hace un mes, el alto Tribunal tiene en su poder los recursos de las defensas de Otegi y de Rafael Díez Usabiaga por el caso Bateragune, por el que fueron detenidos en otoño de 2009 acusados de internar reorganizar la cúpula de la ilegal Batasuna. Unos recursos que apelan a la "apuesta" de estos dos líderes de la llamada izquierda abertzale "por las vías políticas reales", amparándose para ello en el comunicado de ETA del pasado 20 de octubre, en el que se habla de "cese definitivo de la violencia" sin mención alguna a la disolución, a la entrega de las armas o al perdón a las víctimas.

Si Otegi sale de la cárcel, tendrá la vía expedita para ser el candidato a lehendakari del brazo político de ETA, al igual que ocurrió en 1998 y 2001. La diferencia principal es que, esta vez, tendría posibilidades de llegar a Ajuria Enea. Baste ver que en las elecciones generales de noviembre, Amaiur ganó en el País Vasco, si bien la fuerza más votada, aunque con menos escaños, fue el PNV. El voto nacionalista aparece más dividido que nunca, aunque supera en conjunto al constitucionalista, que tendría muy difícil revalidar el acuerdo PSE-PP que mantiene en el Gobierno a Patxi López. En cuanto a los posibles pactos, no es descartable la entente PNV-PP que ya se ha producido para configurar el Consejo de Kutxabank, pero tampoco la de la marca de Batasuna con los socialistas, que sin duda tendría la aceptación de algunos dirigentes del PSE como Jesús Eguiguren, partidario de una "Constitución vasca".

2 La decisión del Tribunal Constitucional sobre la Doctrina Parot.
Se trata de la doctrina que aplica las redenciones de pena sobre cada una de las condenas del reo y no sobre el máximo de treinta años de cumplimiento, lo que se ha traducido en el alargamiento de la estancia en la cárcel de muchos etarras. La norma se ha aplicado desde 2006 a 87 etarras, 58 de los cuales han presentado recursos de amparo ante el TC. El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha negado que se trate de una doctrina inconstitucional y ha pedido que se estudie "caso por caso".

3 La decisión del Tribunal Constitucional sobre la legalización de Sortu.
Y a esa decisión se remitió Jorge Fernández Díaz cuando Rosa Díez le pedía la ilegalización de Amaiur, la coalición de la que forma parte Bildu y que tiene representación en el Congreso de los Diputados. Sortu fue la franquicia con la que primero intentó presentarse Batasuna-ETA a las últimas elecciones municipales y forales, aunque finalmente activaron, con éxito, el plan B de Bildu, que avaló por seis votos a cinco el TC. Ahora el mismo tribunal debe decidir si en este caso, también, le enmienda la plana a los criterios jurídicos del Tribunal Supremo.

4 La "Vía Nanclares" para los presos etarras.
Una denominación que hace referencia a la cárcel alavesa de Nanclares de Oca, donde están siendo acercados muchos etarras en los últimos años. Aunque también se refiere a la concesión del tercer grado, que permite salir a la calle. Un beneficio que recientemente se le ha concedido al etarra José Manuel Fernández Pérez, que en 1992 colaboró en el asesinato del guardia civil José San Martín Bretón. Su familia, según ha informado en El Mundo Fernando Lázaro, no ha recibido ninguna petición de perdón.

5 La propuesta del PP para que voten los exiliados vascos y navarros.
Una propuesta estrella del presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, que ha presentado como enmienda al Congreso Nacional de los populares. Se trata de que los conocidos como vascos de la Diáspora puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones autonómicas pese a que la presión terrorista de ETA les haya alejado de su región de origen. Según ABC , el Gobierno quiere sacar adelante la reforma antes de las autonómicas del año que viene. Y lo haría incluyendo también a los navarros víctimas de ETA.

6 La derogación de la Transitoria Cuarta que permite la unión del País Vasco y Navarra.
Es una promesa electoral del PP, explicitada en la última campaña electoral por Mariano Rajoy durante un mitin en Pamplona con su aliado en la comunidad Foral, UPN. El compromiso es derogarla siempre que se abra el melón de una reforma constitucional. Se trata de la disposición de la Constitución española que permitiría, eventualmente, la unión en una sola comunidad del País Vasco y Navarra, una de las principales reivindicaciones del nacionalismo vasco, que fue pieza fundamental de la negociación del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero con ETA.

7 La elección del presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Javier Gómez Bermúdez quiere revalidar el cargo, al que aspiran también Teresa Palacios y Fernando Grande Marlaska. Los tres comparecieron el pasado miércoles ante la Comisión de Calificación del CGPJ, donde Bermúdez omitió cualquier referencia a las víctimas mientras que sus dos contrincantes pusieron especial énfasis en incrementar la atención a las mismas. Sí se atribuyó como mérito, sin embargo, el impulso de la doctrina Parot. Grande Marlaska ha sido señalado por el PSOE por no haber manchado su toga "con el polvo del camino" como pidió durante la negociación con ETA el ex fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido.

Manos Limpias cree que el archivo “deja el caso abierto”
Las acusaciones populares amplían la querella contra Manzano por el 11-M
Javier Sedano y Luis Rivas www.gaceta.es 17 Febrero 2012

La juez Cillán solicitó escolta por el acoso de la extrema izquierda.

“La juez Coro Cillán llegó a estar muy preocupada, incluso llegó a solicitar escoltas por las presiones recibidas desde la extrema izquierda”. Jesús Martín Vázquez, abogado de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, relata el calvario de la magistrada que investiga, y por ello padece, el 11-M. “Sí, es cierto que Coro ha tenido presiones de todo tipo”, responde el letrado a preguntas de LA GACETA. “Han sido evidentes. Esto es muy claro. (El diario) El País nunca ha publicado las irregularidades señaladas por los Tedax contra la figura de (Juan Jesús) Sánchez Manzano (ex comisario de la Unidad Central de Desactivación de Explosivos y NRBQ) y en cambio sí ha publicado todo tipo de desacreditaciones y ataques contra ella. El País no se ha hecho eco en ningún momento de las diligencias abiertas en el juzgado de instrucción número 43 de Madrid”, agrega, reprimiéndose al ser inquirido sobre la presunta participación de Alfredo Pérez Rubalcaba en el acoso a la juez. “El Sindicato Unificado de Policía (que implicó al secretario general del PSOE en las maniobras para apartar a Cillán del 11-M) tendrá que demostrarlo, porque es un asunto muy grave”, sentencia. De acuerdo con dicha acusación, el Sindicato Profesional de Policía, al que pertenece Sánchez Manzano, se preciaba de haber recibido “instrucciones” de Rubalcaba para recusar a la magistrada.

TemoresLa denuncia de Martín Vázquez confirma de viva voz el miedo de un sector de la izquierda a que la magistrada Coro Cillán prosiga sus investigaciones sobre la actuación de determinados agentes tras los atentados del 11 de marzo de 2004. Y, pese a que la pasada semana la Audiencia Provincial de Madrid archivó la querella contra Sánchez Manzano por encubrimiento, falso testimonio y omisión del deber de perseguir delitos, las acusaciones populares aseguran a este diario que seguirán adelante.

Por una parte, Manos Limpias considera que el archivo “no afecta” a su querella contra el ex jefe de los Tedax, puesto que, según José Luis Abascal, abogado del sindicato, “cuando se recurrió la decisión de Cillán (de aceptar la demanda), Manos Limpias ni siquiera se había personado en la causa”. “De hecho, a principios de enero la defensa de Sánchez Manzano presentó un recurso en el juzgado y posteriormente en la Audiencia Provincial contra nuestra asociación y contra nuestra querella. Y este recurso, lógicamente, aún no está resuelto”, añade el letrado al argumento de que su demanda es ajena al archivo de la de terceras acusaciones.

Precisamente, otra de las partes personadas contra Sánchez Manzano es la Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Martín Vázquez especifica que el auto de archivo dictado la semana pasada hace referencia a los presuntos delitos que se atribuyen al ex comisario de los Tedax en referencia al encubrimiento y omisión del deber de perseguir delitos, pero no al tercero recogido en la causa contra su persona, el de falso testimonio. Por ello, consideran que “el auto deja el caso abierto”.

En una de estas vías paralelas pero siempre adelante, Manos Limpias ha presentado una ampliación de su querella criminal contra Sánchez Manzano, que se dirige asimismo contra Miguel Corsini, presidente de Renfe; José Luis Marroquín, director del departamento jurídico de la empresa ferroviaria; Abelardo Carrillo, director general de Servicios de Transporte de Alta Velocidad y Grandes Líneas de Renfe Operador; Manuel Rodríguez Simmons, director general de la empresa de explosivos Maxam Europa; y Arístides Álvarez Velasco, director general de Maxam Latinoamérica, por presuntos “delitos de daños, encubrimiento y asociación ilícita”. “El comportamiento de Corsini, Marroquín, Carrillo y Rodríguez Simmons”, concreta más adelante, “encaja exactamente en el tipo de Encubrimiento del artículo 451 del Código Penal”.

La demanda, presentada ante Coro Cillán en el juzgado de instrucción número 43 de Madrid, “al que tengo el honor de dirigirme y que con tanta valentía ha emprendido esta verdadera investigación”, según el texto al que ha tenido acceso LA GACETA, especifica que “de la práctica de dichas pruebas se ha tenido conocimiento de nuevos datos que han revertido en la aclaración de los hechos narrados en nuestra querella principal”.

Nuevas pruebasAsí, se cita por ejemplo que “las partes del procedimiento han conocido por los testimonios depuestos que Renfe destruyó los vagones explotados en los atentados del 11 de marzo sin la preceptiva resolución judicial que autorizara dicha destrucción y posterior desguace”. Alude para sustentar dicha tesis a la declaración prestada el 6 de febrero de 2012 por el presidente de Renfe, Miguel Corsini, a quien el sindicato ha incluido como acusado en su ampliación de querella. “El motivo de este escrito es que, de acuerdo con las pruebas practicadas, existen otros responsables penalmente”, señala el propio Abascal. “A juicio de esta representación no es verosímil ni admisible que el presidente de Renfe retire los trenes y los mande destruir sin saber quién le autorizó”, abunda el escrito.

“En el caso de los atentados más graves ocurridos en España y Europa, con casi 200 muertos sobre los andenes, miles de heridos, las estaciones destrozadas y los vagones de los trenes atacados reventados, el Sr. Corsini, con una dilatadísima experiencia en Renfe y en percances mucho menores que el ocurrido el 11 de marzo de 2004 en los que actuó de distinta manera, decidió retirar los trenes de las vías, destruirlos y conducirlos al desguace sin autorización judicial alguna”, prosigue, para culminar en una rotunda apreciación: “Y declara sobre su comportamiento durante aquellos terribles momentos con un distanciamiento y una displicencia que hiela la sangre a quien le pueda escuchar”. A su juicio, “la destrucción de los vagones realizada por Renfe es la destrucción del cuerpo del delito que viene descrita en el artículo 326 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”.

Delito pendienteLa estrategia de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil, que según Martín Vázquez “va a recurrir sí o sí”, se cimenta en una interpretación diferente del auto de archivo. “Nuestro recurso se centra en que uno de los delitos no estaba reseñado en la denuncia que interpuso Alternativa Española en 2009 y que fue archivada por la Audiencia Nacional (decisión adoptada como precedente) y, por lo tanto, no puede ser ‘cosa Juzgada’. Este delito es el de falso testimonio, que sí apareció reflejado en la querella que ante el juzgado de Coro Cillán presentó con posterioridad la Asociación de Víctimas del 11-M”, explica el abogado, que reconoce que el recurso lo presentarán “el viernes (hoy, para el lector) o el próximo lunes”, ya que “la Asociación de Víctimas del 11-M nos ha pedido ayuda y se la vamos a dar”.

La Nueva España, el más favorecido con 310.106,70 euros
El socialista Areces repartió en cuatro años 1.750.000 entre medios de comunicación para la "normalización" del asturiano y el gallego-asturiano
La Voz de Asturias recibió 80.970,41 euros desde su compra por la editora de Público
Antonio Chinchetru, Periodista Digital 17 Febrero 2012

Al igual que ocurre en Cataluña o El País Vasco, la "normalización" lingüística ha sido en Asturias desde hace años la excusa perfecta para subvencionar la prensa. Sólo en su segunda legislatura, entre 2007 y 2011, el socialista Vicente Álvarez Areces otorgó ayudas a medios de comunicación por un total de 1.750.562,56 para fomentar el uso en los mismos del asturiano y el gallego asturiano.

El mayor beneficiario ha sido el diario La Nueva España, al que se le concedieron en ese periodo 310.224,74 euros. Dicha cifra está muy alejada de las otorgadas a los otros dos grandes diarios regionales. A La Voz de Asturias le correspondieron 180.106,70 euros, y a El Comercio 222.520,34. Este medio es propiedad de Vocento, cuyos medios suman subvenciones en esos años por un total de 306.800,97 euros.

A pesar de que la suma total destinada a subvencionar la "normalización" del asturiano y del gallego-asturiano en los medios descendió en 2011 con respecto a 2010, al pasar de 415.000 euros --Resolución de 14 de julio de 2011, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones a actividades de los medios de comunicación para la normalización social del asturiano o gallego-asturiano-- a 373.499,6 euros --Resolución de 22 de julio de 2010, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones para la Línea 7: A las actividades de medios de comunicación para la normalización social del asturiano o gallego-asturiano--, la cantidad asignada a La Nueva España aumentó.

Mientras que en 2010 se le concedieron subvenciones por un total de 70.012,30 euros, al año siguiente sumaron 83.785,09 euros.

Periodista Digital habló con Isabel Álvarez, del departamento de administración de La Nueva España para hablar de las ayudas a este medio. Ha explicado la diferencia respecto a sus rivales diciendo:

Es por la cantidad de proyectos que se presentan (...) En uno de los baremos en los que se fijan es en la difusión, por lo que puede que tenga también mucho que ver.
También ha explicado el incremento de las ayudas recibidas en 2011 con respecto a 2010:
Hay un nuevo proyecto en 2011, había un proyecto más respecto del año anterior.

SUBEN LAS AYUDAS PARA LA SER
También registró una evolución positiva la SER. Mientras que en el primero de dichos ejercicios se le concedieron a Radio Asturias (sociedad propietaria de varias emisoras de la cadena de PRISA) ayudas por 12.176,10 euros, en el segundo se le benefició con 14.132,37 euros, más otros 7.066,20 euros concedidos a la SER como empresa. En total, esta cadena fue subvencionada con 96.072 euros durante la segunda legislatura de Álvarez Areces.

MÁS DE 306.000 EUROS PARA VOCENTO
A pesar de que El Comercio recibe subvenciones en mucha menor medida que La Nueva Asturias, su grupo propietario acumula ayudas hasta alcanzar una cifra similar. Entre el diario, El Comercio Televisión, el diario gratuito Qué y las emisoras de Dufusión Asturiana (que forman parte de la cadena Punto Radio) suman 306.800,97 euros durante esa legislatura.

Hubo un año en el que, al sumar todas las cantidades otorgadas a las diferentes empresas del grupo, superó incluso las ayudas otorgadas a 'La Nueva España'. En 2009 --Resolución de 5 de agosto de 2009, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones para la línea 7: actividades de los medios de comunicación para la normalización social del asturiano--, sumó en este concepto 90.800,65 euros, por encima de los 801.04,17 euros con los que se benefició al principal rival de El Comercio.

LA VOZ DE ASTURIAS, AYUDAS CON Y SIN ROURES
El tercer mayor beneficiario de las subvenciones para la "normalización" del asturiano y del asturiano-gallego es el periódico 'La Voz de Asturias'. De los 180.106,70 euros que se le concedieron durante la última legislatura socialista en el Principado de Asturias, algo menos de la mitad le fueron otorgados después de su adquisición por Mediapubli, editora de Público, declarada en concurso de acreedores en diciembre de 2011.

Tras la compra, el ejecutivo de Álvarez Areces le otorgó 41.601,50 euros en 2010 y 39.368,91 en 2011. En total, suman 80.970,41 euros. Antes de ser adquirida por la empresa de Roures, se le habían concedido 47.656,92 euros en 2009 y 51.479,37 euros en 2008 --Resolución de 2 de octubre de 2008, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se conceden y deniegan subvenciones a medios de comunicación para la normalización social del asturiano y, en su ámbito, del gallego-asturiano--.

Entre el resto de medios subvencionados figuran el semanario 'Les noticies', a la que se otorgaron en total160.009,81 tanto a la edición impresa como a su versión en internet); Europa Press, 154.712,09 euros); Uniprex, propietaria de Onda Cero y Europa FM, 53.584,43 euros; y COPE, 8.075,66 eruos.

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Cataluña
Un caradura al frente del Sindic de Greuges
Antonio Robles Libertad Digital 17 Febrero 2012

En Cataluña el cinismo de relevantes cargos públicos públicos llega a tal grado de impostura que sólo el exabrupto puede catalogar con precisión la dejación de responsabilidades en defensa de los derechos de los ciudadanos. Permítanme que sea irreverente, harto de utilizar el derecho y la razón en vano.

De caradura, de sinvergüenza, de hipócrita y cínico, catalogo la inhibición verbalizada del Sindic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó ante su falta de celo para hacer cumplir a la Administración catalana con las sentencias del TC, TS y TSJC que obligan a respetar la enseñanza en castellano en las escuelas catalanas.

En la rueda de prensa que dio en el Parlamento de Cataluña tras la presentación del Informe anual sobre la actuación de la Sindicatura de Greuges correspondiente a 2011, tuvo el comunista de salón la caradura de negar que las cinco sentencias del Tribunal Supremo instaran a la Generalidad a restablecer el bilingüismo en las escuelas. Ver el vídeo que adjunto, da la medida de ese cinismo. Que un Defensor del Pueblo, figura que nació para defender los derechos individuales de los ciudadanos frente a los abusos de la Administración, tenga el cinismo de negar lo sentenciado por el Tribunal Supremo a favor del individuo y en contra de la Administración, es síntoma de que en Cataluña hay muy poco respeto por el orden constitucional. Que encima tenga la caradura de hablar de "exquisito equilibrio del régimen lingüístico en Cataluña" o que las quejas hayan sido "poquísimas", como si una no fuera suficiente, raya el recochineo.

Conozco muy bien las raíces sectarias del señor Rafael Ribó cuando de lengua y nacionalismo se trata. Con él he sostenido varios rifirrafes sobre el particular en el Parlamento de Cataluña en la anterior legislatura. En todas actuó como uno más de los defensores del monolingüismo catalán. Le refuté con datos, le insté a que actuara de oficio, le demostré por qué las quejas lingüísticas de los ciudadanos catalanes se dirigían mayoritariamente al Defensor del Pueblo de España en lugar de hacerlo al Sindic de Greuges Catalán que él preside hastiados de que su institución subvencionadísima las archivara, pero no fue hasta un viaje que hicimos juntos a Bosnia en 2009, durante el cual llegamos a hablar horas sobre este tema, donde descubrí que tenía corazón, utilizaba el sentido común y reconocía las razones de las denuncias de discriminación lingüística que se estaban dando en Cataluña. Una noche, durante una cena en la casa del embajador de España en Sarajevo, que se extendió hasta altas horas de la madrugada, logré sacarle una promesa: "Mira Antonio, el día que una sentencia de los tribunales de justicia diga que el castellano ha de ser también lengua vehicular de la escuela catalana…, - se detuvo, meditó y mirándome intensamente a los ojos me aseguró – ese día, Antonio, el Sindic no esperará a las quejas de los ciudadanos, actuará de oficio".

Vean el vídeo, escúchenlo: Es un caradura. Lo es en primer lugar porque niega lo que afirman las sentencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: “la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adoptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”; y en segundo lugar, porque sabe perfectamente cuántos son los abusos, tiene información de todas las directrices maliciosas de la administración para imponer el monolingüismo, él mismo las ha apoyado como secretario general del PSUC primero y como presidente de ICV después, y ahora, como Ombudsman. Hasta el Defensor del pueblo de Cataluña se ha de amoldar a la imposición lingüística si quiere formar parte de la manada y vivir del “negocio nacional”, aunque sea a costa de negar el fin para lo que fue nombrado. Y él forma parte de la manada desde que nació.

Mientras tanto el PPC, con Alicia Sánchez Camacho, acaba de apoyar los Presupuestos de CiU sin concretar rebaja alguna en cuestiones identitarias, ni mentar el cumplimiento de las sentencias de los tribunales en materia lingüística. Otro fraude. En este caso, electoral. Y van 8 legislaturas. No me sirve, al menos a mi no me sirve, el recurso a la administración sabia de los tiempos en política. Con esa maldita disculpa llevan engañándonos 8 legislaturas. Al menos José Mota lo vende con gracia: "Hoy, ¡no!, ¡mañaaana!"

Mas maquilla el fracaso escolar en la ESO con exámenes de Primaria
La Generalitat de Cataluña pretende demostrar que el modelo de inmersión lingüística funciona
 www.lavozlibre.com 17 Febrero 2012

Madrid.- El Gobierno de la Generalitat de Cataluña, encabezado por Artur Mas, ha maquillado los resultados de los exámenes de nivel de alumnos de ESO con exámenes destinados a estudiantes de Primaria, según informa ‘La Gaceta’. El objetivo detrás de esta nueva artimaña del Ejecutivo catalán sería aportar nuevas pruebas de que el modelo actual de inmersión lingüística funciona, algo que contradicen los elevados índices de fracaso escolar, sobre todo en alumnos que no hablan catalán.

De acuerdo con el diario de Intereconomía, el nivel de las pruebas de matemáticas y de lengua es más acorde con el del último curso de Educación Primaria que con el del último curso de ESO. En uno de los exámenes, se les presenta un texto titulado ‘La siempre discutida propina’ y a continuación se les pregunta por el significado del texto, debiendo elegir entre cuatro posibilidades. Tres de las opciones son absurdas, mientras que la cuarta reza: “El artículo significa que es un tema siempre discutido”.

Las pruebas de matemáticas no exigen ningún esfuerzo a los alumnos. En una de las preguntas, el problema va acompañado de una gráfica en el que se muestran varios datos. Al alumno se le pide que señale una cifra que ya aparece de forma previa en dicha gráfica.

La manipulación de resultados escolares ya fue denunciada por la plataforma Convivencia Cívica Catalana, presidida por Francisco Caja, que en noviembre del año pasado ya acusó a la Generalitat de manipular los resultados del informe PISA. Dicho informe afirmaba que un 40 por ciento de los alumnos de centros catalanes que hablan castellano abandonan la escuela antes de tiempo y obtienen peores calificaciones en matemáticas, ciencia y comprensión lectora.

Entonces, el Gobierno de Mas extendió las calificaciones de los alumnos que tenían el catalán como lengua materna a los que no para maquillar los resultados.

Piden fulminar la dispersión
Batasuna ya dirige a los presos y abogados de ETA
Alberto Lardiés. www.gaceta.es 17 Febrero 2012

El 'brazo político' de la banda alienta el origen de la nueva asociación Herrira. Este movimiento aúna voluntades de varios grupos proetarras. Los letrados asumen las tesis de los sectores más 'posibilistas'.

El brazo político de ETA acumula cada vez más poder, tanto externo como interno. Además de haber regresado con un éxito indudable a las instituciones, parapetada en Bildu primero y Amaiur después, Batasuna también intensifica su control de las organizaciones que conforman el variopinto y complejo entorno de la banda criminal. La vía que se ha dado en llamar posibilista controla ya a la mayoría de los presos etarras y, lo que es más decisivo, a sus abogados, según fuentes de la lucha antiterrorista.

Y para escenificar esa dirección del universo proetarra los batasunos han alentado la génesis de una nueva asociación, como adelantó en exclusiva LA GACETA. Se trata de Herrira (Al pueblo), presentada en sociedad el 5 de febrero en San Sebastián. Dicho colectivo tiene la encomienda de aglutinar y “dinamizar” a otros grupos como el Movimiento Pro Amnistía, Gestoras o Askapena. Asimismo, Herrira mantendrá relaciones cercanas con la asociación Etxerat, compuesta por los familiares de etarras encarcelados.

Reorganización
Las fuentes mencionadas aseguran que esta asociación sirve a la izquierda abertzale para reorganizarse y controlar a los etarras en las cárceles. Así, los batasunos se hacen con más poder que la propia banda dentro del Movimiento de Liberación Nacional Vasco (MLNV) a través de una asociación totalmente legal. Y lo hacen además en el ámbito de las prisiones, justo cuando el asunto del probable acercamiento de presos a cárceles vascas y navarras se antoja decisivo de cara al hipotético final de la organización terrorista.

El Colectivo de Presos Políticos Vascos (EPPK, por sus siglas en euskera), tradicionalmente controlado por ETA, insiste desde hace meses en solicitar al Estado una solución “en bloque” para todos sus miembros (más de 600, la mayoría de ellos en España). Sin embargo, el Ejecutivo del PP remarca una y otra vez que sólo acepta la “reinserción individualizada” de reclusos etarras. Posiciones enrocadas que Batasuna pretende aunar mediante la negociación.

Lo más relevante de la creación de Herrira es, según las citadas fuentes, que facilita a Batasuna acercarse también el Colectivo de Abogados de ETA. La dirección de dicho grupo, bautizada como Halboka, fue desarticulada en abril de 2010 por las Fuerzas de Seguridad. Sus miembros eran conocidos por estar encuadrados en las posiciones más duras y ortodoxas de la izquierda abertzale. Pero, siempre según estas fuentes, este colectivo ya está en el redil de los posibilistas como Otegui, Rufino Etxeberría y compañía.

Durante la presentación en sociedad de Herrira, los portavoces Nagore García, Fran Balda y Garbiñe Eraso –conocidos por su afinidad a la izquierda abertzale– aseguraron que los “presos políticos” (terroristas encarcelados) y “exiliados” (prófugos de la Justicia) deben participar “en la resolución del conflicto” y “en el proceso democrático”.

Los estatutos de la asociación, que se pueden consultar tranquilamente en internet, aseguran que “el movimiento Herrira no tiene ninguna relación de subordinación con ningún partido ni organización política”. Cosa que es cuando menos discutible, según las citadas fuentes.

Igualmente, dichos estatutos dejan cristalinos sus “objetivos”. El primero es la “desactivación de las medidas de excepción que se aplican contra los y las presas políticas vascas” –final de la dispersión, la doctrina Parot, etc–. El segundo es “reunificar al colectivo de presas y presos políticos vascos en Euskal Herria”. En tercer lugar, “acabar con la persecución de los huidos políticos”. Y, para finalizar, “la vuelta a casa de todos y todas las presas y huidas políticas, en el desarrollo de una hoja de ruta integrada en el proceso de solución”. Es decir, la negociación que siempre han demandado en materia penitenciaria ETA, Batasuna y todos sus adláteres.

LA GACETA adelantó la creación de este grupoEn su edición del pasado 26 de enero, LA GACETA adelantó que Batasuna, ‘brazo político’ de ETA que no ha roto con la misma, ultimaba la creación de un nuevo movimiento cívico que sirviera sus intereses. Un cambio estratégico de la izquierda ‘abertzale’ que otros medios no recogieron. Sólo unos días después, durante un acto celebrado en el Kursaal de San Sebastián, se presentó Herrira (Al pueblo). Entre los presentes durante el acto estaban el ex jefe de ETA Eugenio Etxebeste, ‘Antxon’; el ‘histórico’ batasuno Ángel Alcalde –varias veces condenado por sus relaciones con ETA y ex diputado en el Congreso por Herri Batasuna–; y los líderes proetarras Rufino Etxeberría y Joseba Álvarez. Todos ellos se encuadran hoy, junto a los encarcelados Arnaldo Otegui y Rafael Díez Usabiaga, en la ‘vía posibilista’ del entramado etarra. La génesis de Herrira está en la asociación Egin Dezagun Bidea (Hagamos camino), creado dos años atrás.

entorno etarra
Los ‘batasunos’ campan a sus anchas en el País Vasco
 Minuto Digital 17 Febrero 2012

Los acólitos de ETA siguen campando a sus anchas en algunos pueblos de la comunidad vasca. Una muestra de ello se vivió este jueves en la localidad guipuzcoana de Tolosa, donde protagonizaron un aquelarre proetarra en la plaza de toros del municipio.

Como publica J. Arias Borque en LibertadDigital.com, allí, a primera hora de la tarde, momentos antes de que arrancase la novillada que se iba a celebrar con motivo de las fiestas de carnaval, casi medio centenar de batasunos, ataviados con monos blancos y máscaras blancas, ocuparon el ruedo y mostraron al público pequeños carteles reivindicando la excarcelación de los terroristas de ETA que cumplen condena. Junto a ellos, en el centro de la plaza, otro pequeño número de enmascarados sacaron una pancarta de cerca de cincuenta metros cuadrados con la misma simbología proetarra.

Pero los primeros actos de apoyo a los presos de ETA había llegado horas antes, durante la celebración del chupinazo en la plaza del ayuntamiento. Allí, los proetarras se presentaron con los mismos monos y máscaras blancas que lucieron posteriormente en la plaza de toros. Además, mostraron pancartas a favor de la independencia.

El ayuntamiento de Tolosa es uno de los municipios vascos gobernados desde las elecciones municipales del pasado mes de mayo por Bildu, la franquicia electoral que ETA presentó a esos comicios. La lista obtuvo ocho de los diecisiete concejales que tiene el consistorio guipuzcoano, donde gobierna con mayoría absoluta gracias al apoyo del único edil de Aralar, que cumple funciones de tercer teniente de alcalde.

INICIATIVA UPYD
UPyD lleva a votación en el Congreso la posible ilegalización de Bildu y Amaiur
 Minuto Digital 17 Febrero 2012

Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha decidido someter el próximo martes a votación en el Pleno del Congreso una moción en la que se insta directamente al Gobierno de Mariano Rajoy a iniciar ya el proceso de ilegalización de Bildu y Amaiur.

Este texto es consecuencia de la interpelación que la líder de UPyD, Rosa Díez, formuló al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, durante la sesión de control al Ejecutivo en la Cámara Baja.

En su debate con Díez, el ministro la llegó a acusar de “oportunista” por plantear ahora la ilegalización de Bildu y Amaiur y le aconsejó esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el recurso que Sortu presentó contra la decisión del Ministerio del Interior de no registrarla como partido político, lo que impidió que concurriera a las elecciones municipales de mayo de 2011.

Rosa Díez volverá a reclamar de nuevo el próximo martes la ilegalización de las dos formaciones abertzales antes citadas, pero esta vez ya no forzará un debate con el Gobierno, sino que obligará a pronunciarse a todos los grupos parlamentarios.

10 folios de incumplimientos
En su moción, que tiene un total de 10 folios, UPyD hace un repaso, aportando numerosos ejemplos, de los incumplimientos de la Ley de Partidos en los que, desde su punto de vista, han incurrido tanto Amaiur como Bildu. Y acaba pidiendo expresamente que se inicie el procedimiento para su ilegalización.

Lo hace argumentando que tras la sentencia del 5 de mayo de 2011 por la que el Tribunal Constitucional dio vía libre a Bildu para presentarse a las elecciones municipales, se ha producido hechos sobrevenidos “tanto activos como tácitos o pasivos” que “acreditan la instrumentalización de ambos proyectos políticos por el entramado de ETA/Batasuna y su puesta al servicio de los partidos políticos previamente disueltos por su vinculación con la citada organización terrorista”.

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