AGLI

Recortes de Prensa   Jueves 23  Febrero 2012

 

La justificación socialista de la violencia callejera
EDITORIAL Libertad Digital  23 Febrero 2012

No deberíamos permitir que España se convierta en un país donde resulte censurable que las fuerzas del orden utilicen la fuerza para mantener el orden. El presidente del Gobierno debería haber salido ya a la palestra para denunciar políticamente la desfachatez y complicidad del principal partido de la oposición por haber culpado de los gravísimos disturbios ocurridos en Valencia a las fuerzas antidisturbios, en lugar de hacerlo con los vándalos que los han protagonizado

Que estos actos de violencia callejera y política se hayan producido en el marco de unas manifestaciones en protesta por unos supuestos recortes en Educación no los hacen más admisibles sino más intolerables. El derecho de manifestación, como todo derecho, está regulado; pero cuando un grupo de manifestantes corta, sin tener permiso para ello, una vía pública; desobedece los insistentes requerimientos verbales de disolución de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado; lanza botellas contra ellos, los golpea o los muerde y destroza mobiliario urbano, no ejercita ningún derecho, sino que perpetra una serie de delitos; una serie de delitos que la policía, no es que tenga el derecho, sino que tiene el deber de sofocar por la fuerza inherente al imperio de la ley y en defensa del monopolio del uso legítimo de la violencia que el Estado de Derecho le confiere.

Sólo quien ignore –o finja ignorar- como actúan en estos casos las CRS francesas, los bobbies británicos o los antidisturbios estadounidenses o germanos pueden considerar "desproporcionada" la carga policial ocurrida en Valencia, en la que sobretodo han resultado heridos los policías. Sin embargo, los complejos de "demócrata recién llegado" de buena parte de nuestras élites políticas, la condescendencia hacia la violencia cuando se dirige en contra del adversario que la izquierda ha heredado del marxismo, y la proliferación de imágenes centradas en la reacción de la policía, y no en los sucesos que la habían provocado, ha impuesto una manipulación de los hechos que ha causado una justa y unánime indignación entre todos los sindicatos policiales. A ella ha contribuido también unas torpes declaraciones del ministro del Interior –posteriormente rectificadas, que, en lugar de denunciar la actitud de los socialistas, parecían darle alas. Hasta ahora el único miembro que había dado la cara por la policía y defendido firmemente su actuación habia sido el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Afortunada y paradójicamente este miércoles el ministro de Educación, José Ignacio Wert, también ha querido poner las cosas en su sitio al acusar a los socialistas de "ponerse de lado de las protestas violentas". Con todo, la portavoz socialista, Soraya Rodríguez, aun ha tenido la desfachatez de pedir al Gobierno "respeto", cuando lo cierto es que las declaraciones de Wert se producían como respuesta a unas efectuadas por Leyre Pajin, en las que la diputada socialista volvía acusar de represión y brutalidad al Ejecutivo.

La crítica y la denuncia dirigida contra el PSOE, no sólo debe mantenerse, sino acrecentarse, mientras el principal partido de la oposición ampare y utilice políticamente contra el gobierno estos actos de violencia callejera y no sepa distinguir entre lo que es un legítimo derecho de manifestación, respetuoso con el reglamento que lo regula, y lo que son actos de violenta desobediencia civil. Los guiños de los socialistas a los grupos antisistema, 15M y radicales de izquierda son bastantes conocidos como también debería serlo el hecho de que a esos grupos pertenecen la mayor parte de los detenidos en Valencia, muchos de ellos con antecedentes penales y entre los que solo hay un alumno del centro en el que se originaron las protestas, el Instituto Lluis Vives.

Si el gobierno no compagina una mayor firmeza con una mejor política de comunicación se arriesga a que el PSOE trate de lograr en la calle lo que no ha logrado en las urnas.

Firma ignominiosa
Román Cendoya www.gaceta.es  23 Febrero 2012

ETA ha cesado su actividad sanguinaria a cambio de ayuntamientos

La declaración que ha firmado el PP de Rajoy en el Congreso es una ignominia que convierte a los diputados del PP en cómplices de la rendición del Estado ante ETA. Es inadmisible que el PP pueda asegurar que: “Constata que el anuncio del cese definitivo de la actividad terrorista de ETA producido el pasado 20 de octubre ha sido la consecuencia de la movilización de la sociedad contra el terrorismo y por las libertades, la unidad de las fuerzas políticas, la labor ejemplar de las víctimas del terrorismo, la firmeza del Estado de Derecho en la aplicación de la Ley, la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y la cooperación internacional, todo lo cual constituye la mejor evidencia de la victoria de la democracia sobre la organización terrorista ETA”. Y una mierda.

¿La unidad de las fuerzas políticas es eso que se escenificaba todos los miércoles en el Congreso en las preguntas de Cosidó y Gil Lázaro a Rubalcaba? ¿Cómo pueden suscribir este diagnóstico los diputados del PP que estuvieron en la calle en las movilizaciones de las víctimas y la sociedad contra la negociación política del Gobierno con los terroristas? La firmeza del Estado ante la aplicación de la Ley consistió en retorcer el ordenamiento jurídico y masacrar el Tribunal Constitucional para abrir las puertas de las instituciones a los terroristas.

La actuación de Fuerzas y Cuerpos, obedeciendo las instrucciones políticas, consistió entre otras cosas en cooperar con los terroristas en el bar Faisán. Y la cooperación internacional fue la que facilitó la impunidad de Josu Ternera y la fuga de De Juana. Todos sabemos –y los del PP también, aunque ahora miren para otro lado– que ETA ha cesado su actividad sanguinaria a cambio de ayuntamientos, la diputación de Guipúzcoa, Congreso y Senado. ¡Rajoy dijo que siempre diría la verdad! ¿Y su grupo parlamentario? Ja.

Valencia
De cargas, carguillas y carguetes
Serafín Fanjul Libertad Digital   23 Febrero 2012

Hace tiempo que la sociedad española perdió el sentido de la adversidad y el riesgo. Las tragedias colectivas han desaparecido (tal vez porque la identificación en sentimientos comunes también se han esfumado), el dolor es siempre individual y cuando se muestra lo hace como rareza y fugazmente: no nos estropeen la siesta. Sacrificio, abnegación o entrega son palabras más próximas a la arqueología que a la vida real. Con excepciones, claro, pero cualquier incidente que produce algún daño, aun minúsculo, provoca aludes de sensacionalismo periodístico, sobre todo si se puede explotar en el plano político por parte de la izquierda: la derecha no suele jugar a eso por su pánico a suscitar movimientos de masas de ningún color.

En Valencia han ocurrido unos incidentes de importancia ínfima y ya tenemos a todo el gallinero alborotado: los unos, carroñeros de profesión y negocio, se ensañan con la pitanza; los otros, para socavar al partido en el gobierno al que no han podido derrotar en las elecciones; una mayoría, eternos espectadores, se rasga las vestiduras y quiere sentirse segura, pero sin que se haga nada para conseguirlo. Como con la crisis económica, resuélvase pero sin adoptar medida alguna. No son necesarias las explicaciones de la policía o del supuesto ministro del Interior (nadie sabe por qué lo han nombrado): si una manifestación se sale de madre – y gracias al trío Rodríguez- Alfredo Pérez- Camacho, en esas estamos desde hace muchos meses – el único medio de poner orden es mediante la fuerza. No hay otra. Pero estamos en el país del nunca pasa nada, todo va de broma, no será para tanto y yo me salto las normas porque eso no va conmigo. Y el largo etcétera de subterfugios , comentarios chuscos o chulescos con que los españoles adornan y justifican su renuencia a someterse a una disciplina colectiva en aras del bien común. Y por cierto, "disciplina", horrible vocablo.

Los datos objetivos están claros: PSOE e IU y sus cómplices los sindicatos "de clase", más los gamberros antisistema han perdido las elecciones hace muy poquito y quieren invalidar a todo trapo el peso político de lo ocurrido el 20 de noviembre; en mayo de 2009 el gobierno socialista congeló las pensiones y nos rebajó el sueldo a los funcionarios (a un servidor, el 10 %) y poco después elevó la edad de jubilación a los 67 años y no se movió ni una mosca; la enseñanza estatal española es una calamidad y jamás hemos visto a profesores y alumnos manifestarse para proponer o pedir soluciones y medidas concretas (todo se queda en lemas gastados: “Enseñanza pública”, “No a los recortes”, “Esperanza dimisión”, o “El hijo del obrero a la Universidad”, proclaman justicieros exóticos ignorantes del país en que viven).

Por fin, un día la policía empieza a cumplir su cometido, que es – entre otros – mantener el orden y despejar las calles y, entonces, los papás que la víspera se cabreaban por no poder circular por el centro de Valencia, ahora se indignan porque un guardia – a lo mejor, tal vez, quién sabe – ha endilgado un porrazo (tampoco más) a su nene, o nena, que previamente se han divertido a fondo insultando a los guardias, haciendo pellas y exhibiéndose como guays y malotes ante las amigas (o los amigos). Dicen que la calefacción del famoso instituto Vives no funciona desde los años noventa (también la dirección tendrá algo que ver, digo yo), que de los cuarenta y cinco detenidos sólo hay tres criaturos de Bachillerato, que el cabecilla cuenta veinticuatro abriles y luce un expediente académico digno del Oyarzábal nombrado no sé qué por el PP. Seguramente, todo es cierto, pero mientras los políticos tratan de escurrir el bulto - ¿Qué ha ocurrido, tan grave, como para provocar tal medrosidad? Vean lo que sucede en otros países -, la policía está harta de vivir eternamente con el trasero al aire (bien por Gallardón esta vez: quizás debería ser él el ministro del Interior) y un descerebrado de veinticuatro años amenaza con “quemar Valencia”, porque “la lucha es a sangre y fuego” (literalmente). Me pregunto si no batiría la marca mundial de velocidad, de oír el solo estampido de un cartucho de fogueo; pero, en especial, me pregunto cuándo los profesores van a entender que – presupuestos aparte – el desprestigio de la enseñanza lo vienen fabricando ellos mismos, impertérritos, desde hace muchos años: con huelgas, algaradas y sumisión a intereses políticos cuyo objetivo ha sido entontecer y anestesiar a jóvenes y no tan jóvenes. Los resultados de la LOGSE están a la vista, pero – obedientes o cómplices – no quieren que se le cambie una coma.

Rajoy: responder a la calle también en la calle
LUIS MARÍA ANSON El Mundo 23 Febrero 2012

TRAS SAQUEAR las arcas de las haciendas nacional, autonómica y municipal; tras instalar en el paro a cerca de seis millones de personas; tras multiplicar el déficit y la deuda; tras despilfarrar los dineros públicos en subvencionar a las más pintorescas asociaciones afines; tras colocar a centenares de miles de parientes, amiguetes y paniaguados en las cuatro Administraciones y en las empresas públicas de insólita creación; tras alimentar el secesionismo de Cataluña y el País Vasco; tras estos y otros muchos despropósitos y aberraciones, la izquierda -un sector de la izquierda porque la mayoría es moderada y democrática- se dispone a descoyuntar la vida española tomando la calle. La caravana incesante de las manifestaciones y las violencias se ha puesto ya en marcha.

No era necesario hacer de profeta para anunciar la mala nueva. Somos varios los articulistas que hemos anticipado desde hace meses lo que ya ha empezado a ocurrir. Un sector radical de la izquierda no ha tolerado nunca la victoria democrática del centro derecha. Mariano Rajoy arrolló en las elecciones generales, triunfó en las autonómicas y se alzó con la victoria en la inmensa mayoría de los municipios de relieve. La respuesta de ese sector de la izquierda radicalizada es provocar el desorden, la violencia y el caos.

El Partido Popular ha combatido los despropósitos zapaterescos en las urnas. Eso es lo que otorga credibilidad y autoridad al presidente del Gobierno. Pero desde la plataforma de un poder democráticamente conquistado, Mariano Rajoy puede y debe dar respuesta a la calle en la calle. En la oposición, el presidente del PP demostró capacidad para movilizar al sector nacional que representa y lo hizo a través de manifestaciones de todo tipo, algunas gigantescas. La calle no es de la izquierda. Es de todos. Y el Partido Popular tiene fuerza para responder a las algaradas de un sector de la izquierda con manifestaciones ordenadas y sin violencia. Sería absurdo regalar la calle a la izquierda radical que se agita para fracturar el orden social reinante. Además de derrotar a la izquierda en las urnas, Mariano Rajoy puede vencerla también en la calle.

Si el presidente popular derramara el dinero público sobre los sindicatos y ciertos grupos y grupúsculos del radicalismo izquierdista, las algaradas callejeras cesarían o se harían testimoniales. Pero, en plena crisis económica, no solo no existen recursos para untar a los rebeldes, es que no se debe gobernar bajo chantaje. Margareth Thatcher demostró que el centro derecha puede enfrentarse a los excesos sindicales y a la extrema izquierda. Lidió con ambas manos al cornúpeta marrajo y lo estoqueó al volapié en el centro del ruedo británico. Por tal razón ha pasado a la Historia. Y ese es el camino para Mariano Rajoy. Camino -el del triunfo de la moderación también en la calle- arisco y conflictivo pero que, una vez transitado, despejará los horizontes de la prosperidad al entero pueblo español.

Sin pasteleos, sin trapisonderías, sin concesiones ni merengosidades, el nuevo Gobierno dispone de autoridad democrática suficiente para impedir el triunfo de la algarada y la violencia. Tras la victoria en las urnas, Rajoy puede vencer también en la calle, por mucho que algunos canales de televisión se dediquen a manipular la realidad para certificar el caos. ¿Qué pasaría, en fin, si el Partido Popular responde al desafío de Toxo y Méndez y convoca una jornada de manifestaciones contra los abusos de los sindicatos?

Luis María Anson es miembro de la Real Academia Española.

Cataluña
Los directores de secundaria denuncian ‘situaciones de copago’ familiar en ‘la mayoría’ de los institutos
La Junta Central de Directores de Enseñanza Secundaria de Cataluña asegura que estos ‘van funcionando gracias a las aportaciones de las familias’ y que la situación es ‘crítica’.
Redacción www.vozbcn.com   23 Febrero 2012

La Junta Central de Directores de Enseñanza Secundaria de Cataluña, formada por representantes de los directores de los institutos catalanes, ha enviado una carta a la Consejería de Enseñanza de la Generalidad en la que alertan de la grave situación económica por la que están pasando los centros públicos debido a los recortes presupuestarios, y aseguran que se están produciendo ‘situaciones de copago’ por parte de las familias de los alumnos.

Los directores -en una carta con fecha de 9 de febrero- han denunciado que esta tesitura se da en ‘la mayoría’ de los institutos y que estos ‘van funcionando gracias a las aportaciones de las familias (colaboraciones de las AMPA, cuotas de material, reutilización de libros, etc.) o de otras partidas finalistas de la Generalidad (subvenciones, educat, etc.) que se gastan de hecho no en lo que estaban previsto sino en el funcionamiento ordinario del centro’.

Algunos centros ‘ya no pueden pagar las facturas’
La Junta ha insistido en que algunos de los centros ‘ya no pueden pagar las facturas’ y han trasladado un sondeo realizado en 193 institutos de toda Cataluña para que la Consejería sea consciente de la realidad de la situación. Según este sondeo, tres centros públicos no tienen especiales difucultades económicas; 55 van ‘justos’ pero ‘podrían pasar otro año con la misma asignación que el año anterior’; 99 están en una situación ‘preocupante’ porque ‘todavía pueden pagar [las facturas] pero no podrán pasar otro año con la misma asignación que el año anterior’; y 36 se encuentran en una situación ‘grave’, puesto que ‘ya no pueden pagar facturas’.

Los representantes de los directores han recordado que durante el año 2010 los institutos recibieron un 20% menos de los fondos necesarios para su funcionamiento, según un cálculo que realiza la Consejería de Enseñanza anualmente en base a diferentes factores objetivos. Al año siguiente, el presupuesto fue un 40% menos que el cálculo teórico de las necesidades financieras, y este año el ahorro exigido a los institutos alcanza el 50%, lo que llevará a muchos de ellos a ‘una situación límite’.

La Junta ha exigido a la Consejería una solución inmediata, revisando dichas asignaciones, ‘antes de que se tenga que llegar a una situación que ponga de manifiesto la crítica situación, con la publicidad negativa que eso supondría para el sistema’.

Rigau niega los recortes
La consejera de Enseñanza, Irene Rigau, ha negado que la aportación para los gastos corrientes de los institutos haya disminuido este año. “No ha habido ningún recorte, sino una congelación”, ha asegurado en declaraciones a los medios, y ha explicado que los pagos a los centros ha pasado de trimestral a mensual “para evitar retrasos y no perjudicar a los institutos”.

“En principio, los casi 600 institutos de Cataluña no deben tener problemas. Es más un temor que otra cosa”, ha insistido, aunque ha admitido que 30 de ellos han pedido ayuda a los servicios territoriales del departamento a causa de “tensiones de tesorería” y que únicamente tres de ellos están en una “situación crítica”.

“No hay copago. Nadie paga por recibir clase”
Rigau ha destacado que la carta es previa a la aprobación de los Presupuestos de la Generalidad y ha considerado que probablemente temían que sucediera como en 2011, cuando la prórroga de los presupuestos del año anterior se extendió hasta el verano. Además, ha anunciado la creación de unos “mecanismos para conocer trimestralmente el estado de las cuentas de cada instituto”. “Viendo los remanentes y la disponibilidad de dinero de los centros podremos tomar medidas y garantizar su buen funcionamiento”, ha prometido.

Por último, la consejera ha rechazado la acusación de los directores. “En las escuelas catalanas no hay copago. Nadie paga por recibir clase. Yo a esto no lo llamo copago”, ha sentenciado, y ha explicado que el hecho de que los padres contribuyan a pagar algunas actividades extraescolares no es copago.

Cataluña
Mas bate el récord de sanciones lingüísticas en un año: 226 multas y 176.100 euros recaudados en 2011
La llegada de CiU al Gobierno autonómico de Cataluña ha supuesto la intensificación del hostigamiento a los empresarios que no utilizan el catalán en sus comunicaciones, a pesar de que el Tribunal Constitucional dictaminó que se trata de una práctica ilegal.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com   23 Febrero 2012

Artur Mas (CiU) ya ostenta el lamentable récord de ser el presidente de la Generalidad bajo cuyo mandato se han impuesto más multas lingüísticas en un año. En concreto, durante 2011, la Agencia Catalana de Consumo (ACC) recaudó 176.100 euros mediante 226 sanciones a empresas por no utilizar, al menos, el catalán en sus comunicaciones. La cifra total de multas por este motivo ya supera el millar desde 2004.

Así lo ha reconocido este miércoles el consejero de Empresa y Empleo de la Generalidad, Francesc Xavier Mena, durante un debate en el Parlamento autonómico de Cataluña. La ACC realizó 6.552 actuaciones a lo largo del año en este ámbito, entre las que han destacado las relativas a la no utilización del catalán en los carteles, señalizaciones y ofertas de las empresas.

La Agencia Catalana de Consumo, en manos de un ex directivo de Òmnium
El consejero ha revelado estos datos durante una interpelación parlamentaria del diputado autonómico de Solidaritat Uriel Bertran, quien ha reclamado al Gobierno autonómico que multe a las empresas que no etiqueten sus productos en catalán, ante lo que ha considerado como un “flagrante incumplimiento” de la Ley del Código de Consumo. “Sin Estado propio no hay normalización del uso social del catalán”, ha concluido Bertran.

Mena ha explicado que el Código de Consumo está en fase de implantación y que, en una primera etapa, se insta a las empresas a cumplir con lo obligación de utilizar el catalán -“la vía pedagógica”, ha indicado-, para después multar a los que no lo cumplen. Además, ha tratado de tranquilizar a Bertran con un sorprendente argumento:

“Justamente Alfons Conesa, director de la ACC, no solo es miembro de Òmnium Cultural, sino que ha sido presidente del Òmnium Cultural en Tarrasa, por tanto, quien ejecuta esta política creo que no es sospechoso de esta opción”.

Entre los próximos objetivos que se ha fijado el Ejecutivo autonómico para obligar a utilizar el catalán en sus relaciones comerciales privadas, según el consejero, se encuentran las empresas de electrodomésticos, juguetes, automóviles, camiones, material eléctrico, farmacia, tecnología sanitaria, salud, comunicaciones, contenidos, digitales, perfumería, cosmética, limpieza y mantenimiento.

El Constitucional declaró ilegales las imposiciones lingüísticas a las empresas
El Código de Consumo -aprobado por la Cámara autonómica en junio de 2010- impone a las empresas la obligación de utilizar el catalán oralmente y por escrito en múltiples circunstancias, tales como las ofertas, las invitaciones a comprar, los rótulos, la información de carácter fijo, y toda la documentación contractual, entre otros elementos. Además, insta a los consumidores a ‘cooperar’ con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de esta legislación mediante la denuncia.

Esta ley está recurrida ante el Tribunal Constitucional (TC) aunque, de facto, no tiene validez jurídica puesto que el propio Alto Tribunal ya se pronunció al respecto en la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que, curiosamente, se hizo pública dos días antes de aprobarse el Código de Consumo. Entonces, el TC dictaminó lo siguiente:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

En este sentido, Ciudadanos ha animado a los empresarios sancionados por no utilizar el catalán a recurrir a los tribunales para solicitar la anulación de este tipo de multas por ser inconstitucionales. De hecho, tienen a disposición de los afectados un formulario de contacto para asesorarles al respecto.

El Código de Consumo no obliga al etiquetado en catalán
Independientemente de la más que evidente ilegalidad del Código de Consumo, esta norma -a diferencia de los que algunos señalan y el diputado autonómico de Solidaritat exigía- no obliga al etiquetado de los productos en catalán. Lo que su articulado indica es que ‘tienen derecho a recibir en catalán las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo con sus características, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad’. Pero en ningún caso establece que esta información deba aparecer en la etiqueta, cuestión que se regula con otras leyes.

De hecho, la propia ACC explica que ‘la información en catalán podrá constar en cualquier soporte de acuerdo con la normativa reguladora del bien en cuestión: en el mismo producto, en una etiqueta adherida o colgada, en el propio embalaje, o bien en un folleto aparte cuando sea conveniente’. En definitiva, el Código de Consumo va dirigido a los comerciantes -a la tiendas- pero no a las empresas que fabrican los productos, como a veces se indica.

Cataluña
Aznar sacrificó al PP de Cataluña
Redacción www.vozbcn.com   23 Febrero 2012

Aleix Vidal-Quadras, vicepresidente del Parlamento Europeo y ex presidente del PP de Cataluña, este miércoles en una entrevista en TV3:

“Aznar no vio en el año 96 que, cediendo Cataluña a los nacionalistas, esto tendría efectos que serían letales para el conjunto de España. Ahora estamos con una nación dividida, con una Constitución que es papel mojado, y con partidos nacionalistas, como el PNV y CiU, que están con el impulso de agendas separatistas claras, sin embudos. [...] No vio que, mientras él dedicaba todos sus esfuerzos a poner España en primera línea internacional, en la retaguardia había fuerzas que estaban intentando destruir los fundamentos de la unidad nacional. [...] Creo que Aznar se equivocó porque podía haber hecho el pacto [con CiU en 1996] sin necesidad de sacrificar al PP de Cataluña, pero él en aquel momento no lo apreció así. Hemos perdido 15 años.

[...] El PP está en una posición en la que podría ser determinante [en Cataluña] al servicio de sus principios, si entendiese cuál ha de ser la firmeza en la defensa de esos principios. Por ejemplo, si los Presupuestos de la Generalidad dependen del voto del PP, yo lo que haría es decir: ¿usted quiere mi apoyo para los presupuestos? Pues aquí se ha de hacer una política de supresión del 80% de las empresas públicas, inútiles, que solo hacen que despilfarrar el dinero; diría que los derechos de las familias a escolarizar sus hijos en la lengua oficial que consideren oportuna se han de respetar absolutamente y de paso respetar las sentencias de los tribunales; y sin estas dos condiciones, no hay apoyo. Y si el Gobierno [autonómico] dijese que va a buscar otros apoyos, pues le desearía suerte. Creo que hace falta un compromiso más firme y más inequívoco con lo que el PP es y representa en Cataluña”.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

ETA: huele a chamusquina
Carlos Dávila www.gaceta.es  23 Febrero 2012

Por favor, lo menos que se merecen las víctimas de ETA es que sean claros con ellas.

Cuando hablamos con ellas, nos preguntan: ¿qué está pasando?, ¿en qué está el Gobierno? Y nuestra respuesta es vacua porque, lo sentimos, nuestra información es corta. Encima, lo que nos podemos imaginar no nos gusta nada. Todo lo que el Gobierno pueda pactar con el PSOE despide tufo de sospechas y esto es lo que más inquieta. Otra cosa es la conocida “aprovechategui” Rosa Díez, que se pasó años en los brazos de los nacionalistas y ahora va de Agustina de Aragón por la vida... aunque, ahora bien: la verdad es la verdad la diga Agamenón o su porquero, y lo de ETA huele a chamusquina. No quiero pensar en que nos vayamos a tragar a los asesinos con patatas como si fueran el preso ese que se ha pasado toda la vida en cárcel por chorizo.

Valencia
¿Recortes? ¿Dónde?
Juan Ramón Rallo Libertad Digital  23 Febrero 2012

La Generalitat Valenciana no es precisamente un ejemplo de buena administración del dinero público, aquel que ni era ni sigue siendo de nadie. Desde 2003, sus gastos han aumentado más de un 50% y su endeudamiento se acrecentó alrededor de un 150%, colocándola a la cabeza de todas las autonomías por pasivos sobre el PIB. Por si lo anterior fuera poco, que no lo es, su déficit estimado para 2011 asciende a más de 3.000 millones de euros sobre un presupuesto de apenas 14.000 millones.

En este contexto, uno desearía ver recortes mucho más enérgicos en todas las materias –recortes que, en honor a la verdad, las autonomías no pueden acometer en buena parte a menos que el Gobierno central reforme mucha legislación básica que les impone unos infinanciables niveles de prestaciones mínimas– para, al final, disponer de un presupuesto equilibrado, saneado y austero que permita a las autonomías cumplir con todos sus compromisos sin exprimir al contribuyente.

Pero hete aquí que, en este contexto de cuasi-bancarrota, los imprescindibles recortes son recibidos con indignación por los grupos sociales más o menos organizados que se benefician directamente de esas insostenibles transferencias de renta. Uno de esos grupos son claramente los estudiantes y los profesores de la enseñanza pública, que inconscientes o despreocupados de la crítica situación financiera de su empleador, se sublevan en contra de la más mínima racionalización del gasto.

Y sí, digo mínima porque el gasto en educación no universitaria presupuestado por la Generalitat para 2012 apenas ha sufrido una minoración del 3% con respecto a los desembolso de 2010. ¡Del 3%! Las empresas están cerrando a ritmos alarmantes, el paro se dispara a niveles jamás vistos, los impuestos sobre la renta acaban de ser incrementados a salvajes cotas expropiadoras, y la indignación se conjura por unos muy modestos minirrecortes educativos.

Minirrecortes que, en todo caso, deberían relacionarse con la evolución experimentada por esta rúbrica en los últimos diez años: y es que, entre 2003 y 2012, los gastos de la Generalitat en enseñanzas no universitarias ha crecido más de un 70%. Ahí es nada. Corregida tal explosión de los desembolsos educativos por la inflación y el número de alumnos, llegamos a la igualmente llamativa cifra de que, incluso después de los minirrecortes de 2012, el gasto por alumno habrá aumentado cerca de un 18% con respecto a 2003. Todo lo cual permitirá financiar, en estas caninas épocas de crisis, una ratio de 11,5 alumnos por profesor y de 328 estudiantes por centro. ¿Quién dijo que necesitábamos flexibilidad interna en las empresas? ¿Los mismos que parecen olvidarse de que, a la luz de la evidencia, necesitamos mucha más flexibilidad interna en la administración?

Por supuesto, la parquedad de los recortes es completamente compatible con el hecho de que la Generalitat esté retrasando tanto como se sea capaz los pagos de sus facturas. Una cosa es presupuestar un gasto (adquirir el compromiso de transferir una suma de dinero) y otra disponer del efectivo suficiente para realizar el correspondiente pago. Pero tengámoslo claro: que no se disponga del dinero no significa que se haya recortado demasiado el gasto, como parecen creer las turbas levantinas, sino más bien que se ha recortado demasiado poco.

Al cabo, lo que ilustra la iliquidez de una administración es que ésta ha asumido muchas más promesas de pago (ha gastado mucho más) de lo que estaba realmente a su alcance. Ni dispone de los ingresos ni nadie se fía lo suficiente de ella –por su deteriorada solvencia y su elevado déficit– como para prestarle la diferencia. Si lo que molesta es que la Generalitat no pague a tiempo, seamos coherentes y reclamemos que asuma sólo los compromisos que pueda cumplir, es decir, reclamemos más recortes del gasto. Pero acaso sea pedir demasiado a quienes pretenden convertir un problema presupuestario en una palanca primaveral para retomar la cruzada anticapitalista de los quinceeme.

El PP añadirá otra "provincia" vasca y acabará con el ghetto etarra
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com  23 Febrero 2012

¿Voto libre y secreto? Durante décadas los abertzales, ayudados por ETA y su mundo, lo han impedido. El PSOE callaba. ¿Qué pasa si los perseguidos, exiliados y víctimas vuelven a votar?

Dice Ramón Jáuregui, que del PSOE y del País Vasco sabe mucho y algo menos de Navarra, que estamos ahora disfrutando "una realidad sin violencia". No soy yo tan optimista, viendo criminales juzgados por asesinatos hasta ahora impunes, otros detenidos en Andoain, exhibiciones radicales de apoyo a la banda, cientos de muertes y miles de delitos aún sin investigar y un claro proyecto de control social totalitario (sustituyendo por conveniencia y por ahora las armas por las urnas). Pero en fin, admitamos que don Ramón tenga razón, que no la tenga su antes amiga Rosa Díez y que eso que los etarras y los ilusos llaman "tregua" pueda traer de verdad un tiempo nuevo a estas tierras y a toda España.

Para que realmente el tiempo sea nuevo hay que dejar que hablen los que no han podido hacerlo por la violencia. La violencia de ETA y de sus secciones locales, que no sólo mataba, mutilaba, secuestraba y extorsionaba, sino que además reprimía, perseguía, acosaba, extorsionaba, insultaba, zahería y mentía, ha cambiado en unas décadas muchas cosas en muchos de nuestros pueblos y ciudades. Sin ETA muchas cosas eran diferentes, y fingir que aquí no ha pasado nada sólo con que los asesinos nos regalen una pausa en su quehacer sería una gran estafa.

¿Queremos presumir sin sonrojarnos de "una realidad sin violencia"? Hay un camino. Aparte de asegurarnos del fin completo, real e inconmovible de ETA, de la destrucción de la banda terrorista marxista, hay que certificar que en lo posible se corrigen todas las consecuencias, también políticas, de lo que ETA ha hecho. Por supuesto que no podemos devolver la vida a los muertos. Pero sí podemos devolver la libertad a quienes la han ido perdiendo, de un modo u otro.

Por de pronto, señor Jáuregui, usted que es guipuzcoano sabe muy bien hasta qué punto es difícil no ser nacionalista en muchos lugares del País Vasco y en algunos de Navarra, aún hoy. Durante décadas, los patriotas españoles, los sencillamente españoles y también los indiferentes han sido objeto de esa violencia, y no han sido libres de expresar su identidad. No sólo porque los asesinasen, sino también porque su vida era, y es, más difícil. Es muy difícil recuperar esa libertad perdida, y es imposible hacerlo de golpe incluso aunque se adopten medidas valientes y profundas. Eso sí, hay que empezar ahora para que algún día pueda hablarse, de verdad, de "una realidad sin violencia". Que sigue sin existir.

Que hablen los que tuvieron que callar, y que callen los que amenazaron
Pero lo que sí es más sencillo de hacer es fomentar que vuelvan los que tuvieron que irse por esa violencia, esa persecución, esa falta de libertad. Desde el Gobierno nacional y desde los regionales cabe hacer mucho para que se garantice a los exiliados vascos y navarros un regreso en absoluta libertad. Y eso sí se puede hacer rápidamente, y se tendrá que hacer si de verdad alguien quiere hablar de "paz" sin que se le caiga la cara de vergüenza. Hay muchas medidas administrativas y de todo tipo para estimular esa vuelta, y ante todo habrá que garantizar la represión implacable de todo lo que prolongue las secuelas de la violencia física y moral abertzale.

Y lo primero es que voten los refugiados, los huidos, los desterrados. Su marcha fue una ayuda política para todos los nacionalistas y más aún para los batasunos; el primer paso para que vuelvan es anular esa consecuencia política del terrorismo: que puedan volver a votar en su lugar de origen los que como consecuencia directa o indirecta del nacionalismo violento se marcharon de allí. Y sus descendientes, como es lógico.

Hay que reconocer el acierto de Carlos Salvador, o mejor dicho la oportunidad con la que Unión del Pueblo Navarro ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados solicitando que se reconozca y devuelva el derecho al voto a todos los navarros y vascos que han tenido que abandonar su tierra. Poco después, en el Congreso del PP de Sevilla vascos y navarros propusieron lo mismo, que fue aprobado como política del Partido.

Técnicamente, esto supone una reforma de la legislación nacional (la Ley Orgánica del Régimen Electoral General) y de la autonómica vasca y navarra, y quizás pasos más complicados. Dice ABC que Mariano Rajoy ya ha tratado la cuestión con Antonio Basagoiti, y que la Abogacía del Estado está ya estudiando todos los matices jurídicos de la cuestión. Es indudable que muchas personas han dejado de vivir en las tres provincias y en Navarra a causa de la situación pretotalitaria que se vivía. Ahora queda definir los términos en que esas personas, sin volver físicamente –cosa que en muchos casos es aún imposible, no seamos hipócritas-, podrán recuperar su libertad política perdida y podrán ejercer sus derechos políticos allí donde los perdieron. No es sencillo delimitar quién y cómo fue o se sintió amenazado, aunque quizá convenga que sean ellos mismos y las víctimas quienes lo definan, ya que un político profesional, un aspirante a tal o un burócrata pueden ser demasiado distantes para lo que el caso requiere.

Nadie lo sabe con certeza, pero en conjunto podría tratarse de 250.000 con derecho a voto en el País Vasco, o incluso más. Es una "cuarta provincia" que, si se añade antes de las elecciones regionales de 2013, puede cambiar algunos equilibrios y frustrar algunas esperanzas. Por supuesto, los que se fueron y sus hijos serán libres de ejercer su derecho o no, y podrán votar al partido que quieran, también a Amaiur o como se llame, aunque no sea lo más probable. Esa nueva provincia no es más que la concreción –la primera- de ese fin de la violencia.

Si ese paso no se diese, no podríamos hablar de democracia. Incluso si se da, quedarán muchas cosas por hacer, como cada día obliga a recordar la antes socialista Rosa Díez, "ven y cuéntalo". Y esa situación no es en absoluto comparable a la de los criminales exiliados, del mismo modo que las víctimas de ETA nada tienen que ver con los presos de ETA, ni cabe comparar su sufrimiento. En esta historia hay buenos y malos, hay criminales y víctimas, y debe haber vencedores y vencidos. A un lado España, al otro sus enemigos. Quien se niegue a este paso ya sabe dónde se coloca: del lado del mal, del crimen y de su derrota.

"yo no criticaré a Rosa Díez"
Mayor Oreja: "La pregunta es si Otegi va a ser candidato o será inhabilitado"
Dieter Brandau ha entrevistado a Jaime Mayor Oreja en esRadio sobre la situación actual de ETA y la negativa del PP a ilegalizar a Amaiur.
esRadio Libertad Digital  23 Febrero 2012

En una entrevista en Es Noticia de esRadio, Jaime Mayor Oreja ha hablado sobre diferentes asuntos de la actualidad que tienen que ver con ETA.

En relación con la moción de Rosa Díez en la que instaba al Gobierno a ilegalizar a Amaiur y a Bildu y que rechazó el PP tras pactar con el PSOE, el eurodiputado señaló que "no hay que desenfocar el conjunto del problema, no estamos administrando el final de ETA, estamos pasando de un proceso pactado con el Gobierno de Zapatero a un desafío que llegará a su punto definitivo en las próximas elecciones vascas".

Según el eurodiputado, "la pregunta es en qué consiste ese desafío y cuáles son las medidas inteligentes para hacerle frente". Mayor Oreja se pregunta si "el señor Otegi va a ser candidato o será inhabilitado por el Tribunal Supremo".

Jaime Mayor Oreja ha mostrado su convencimiento de que "Amaiur estará en las elecciones, aunque no tengo tan claro que Otegi sea el candidato" y ha apuntado que "estamos ante una estrategia diferente de ETA en vísperas de abrir un debate sobre la autodeterminación, alrededor de España".

Sobre el descontento expresado por Ana Iríbar, viuda de Gregorio Ordoñez, en Libertad Digital ante la no ilegalización de Amaiur, Mayor Oreja ha mostrado su "admiración y respeto por Ana Iribar, la conozco y dice lo que tiene que decir". Además ha añadido que "de mí no me saldrá una crítica a Rosa Díez, no me ha salido nunca y no me saldrá".

Mayor Oreja ha insistido en que no quiere "entrar en el detalle, hay que dedicar tiempo a concienciar sobre el momento político que estamos viviendo" y ha hecho un "llamamiento para comprender el desafío, que lo tenemos en un año. Además ha subrayado que "ETA está ganando la batalla, no la está perdiendo, si confirma además la confirmación de Otegi como candidato está más cerca de sus objetivos políticos, es decir, la autodeterminación".

En ese momento, según Mayor Oreja, "viviremos en España una desdramatización de la autodeterminación, como decía Eguiguren el otro día, si hay una constitución española por qué no va a haber una vasca".

Para Mayor Oreja, "el riesgo es la cohesión de España, ese es el proyecto de ETA, la ruptura de España, hay que saber quiénes van a ser sus aliados en un proceso que se abrirá a partir de un resultado de abril del año que viene".

Entre los aliados ha señalado a ERC y al PNV, que "hace unos días dijo que la autodeterminación en los mismos términos que en Escocia es deseable para el País Vasco". Del PSOE ha opinado que "no sé cuántos meses tardarán en decir que Rajoy y el PP son incapaces de administrar un proceso que ellos lo hicieron muy bien, el PSOE acabará usando este tema como arma arrojadiza contra el PP".

El eurodiputado también ha señalado que "hay que concienciar y explicar en qué consiste el desafío, que van a usar lo que está pasando en Escocia o Kosovo". Lo primero que hay que hacer explicar el fondo del debate, necesitamos una mayoría de españoles que deben estar cohesionados para decir que no a la autodeterminación, que no es posible esa gran trampa que significaría la destrucción de España".

"El proceso de Zapatero cuando negocia con ETA hace un daño terrible al constitucionalismo, que estaba sin duda en una buena posición en el País Vasco, le ha hecho perder sentido de la utilidad". Mayor Oreja ha dicho además que "la gran pugna es entre PNV y ETA, y eso es un desastre, una mala perspectiva".

Por último, sobre la decepción con el PP mostrada por Toñi Santiago, madre de la niña asesinada por ETA en la casa cuartel de Santa Pola, ha dicho que "cuando una víctima dice lo que dice es un motivo de reflexión. Les diría que hay otras personas que desde el PP explicamos desde mucha soledad el proceso que se da todos los días. Siempre que habla una víctima tiene razón".
 

ETA
Mejor solos que en malas compañías
Ana Iríbar Libertad Digital  23 Febrero 2012

Cuando escuchaba este martes a Rosa Díez en el Parlamento, pensaba en la soledad de otro político, la de Gregorio Ordóñez, y recordaba que para él, defender sus principios y lo que creía más justo y razonable en cualquier momento y especialmente, para todo lo relacionado con ETA, no era una cuestión de bulto, ni de propaganda, ni de marketing, ni de buenas o malas compañías, sino de honradez personal, de ética democrática, de justicia hacia las víctimas del terrorismo.

La soledad frente a los grandes solo hace a estos más pequeños, sobre todo, cuando no tienen razón. Que nos expliquen por qué no se puede pretender ilegalizar a Bildu y a Amaiur y a cualquier otra formación que guarde una mínima relación con ETA. ¿Tan difícil es para nuestros demócratas ser coherentes con la legislación que ellos mismos aprueban?

Acaban de aprobar una ley integral de apoyo a las víctimas en la que rechazan cualquier asomo de etarras en nuestras calles. Pues que empiecen por las instituciones. No basta con borrar los nombres de los etarras de nuestras calles, es un contrasentido inmoral mantenerlos como si fueran uno más sin que hayan ni tan siquiera condenado a ETA y toda su historia delictiva, mientras ETA no se haya entregado y disuelto, mientras no se colabore con la justicia para resolver los más de 300 casos pendientes. ¿No es esto acaso lo suficientemente importante para cualquier democracia que se precie? ¿No debería acaso marcar esa línea roja que unos y otros tanto defienden?

Estamos hartas ya de tanta ambigüedad, esa que el PSOE y el PP tanto han criticado siempre. La soledad en política, a veces, es hasta buena. Ya se sabe: vale más estar solo que mal acompañado, sobre todo cuando se desnuda la verdad del gigante al que uno se enfrenta: derrotar a ETA desde la dignidad y la coherencia democráticas.

La Sra. Iribar es viuda de Gregorio Ordóñez, portavoz del PP en el Ayuntamiento de San Sebastián, asesinado por ETA en 2002.

Colectivos de víctimas se colocan al lado de Rosa Díez en su petición de ilegalizar Amaiur
MADRID. El Correo  23 Febrero 2012

La decisión del PP contraria a secundar la reclamación de UPyD para iniciar el procedimiento de ilegalización de Bildu y Amaiur ha provocado el malestar no solo de la AVT, sino también de Covite. Las dos asociaciones, que engloban a muchas de las víctimas de ETA, han sido contundentes a la hora de expresar su apoyo a la posición mantenida por la portavoz de esta formación en el Congreso, Rosa Díez, en contra del resto de fuerzas parlamentarias.

Como también lo fue Ana Iriíbar, la viuda del dirigente del PP vasco Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995, quien ayer mostró su solidaridad con la dirigente de Unión, Progreso y Democracia y consideró un «contrasentido inmoral» mantener a Bildu y Amaiur «como si fueran uno más, sin que hayan tan siquiera condenado a ETA». «Estamos ya hartas de tanta ambigüedad -señaló en relación a las víctimas del terrorismo-, esa que el PSOE y el PP tanto han criticado siempre».

«La soledad en política a veces es hasta buena», agregó Iribar en una carta publicada por la web de la fundación que lleva el nombre de su marido. «Siempre consideraremos que los sospechosos de ser los herederos de Batasuna solo tienen una forma de dejar de serlo, que no es otra que la condena de la historia de terror de ETA, no de los atentados hipotéticamente futuros, ése es el fraude, sino de todos y cada uno de los atentados de nuestros familiares», defendió el Colectivo de Víctimas del Terrorismo en un comunicado.

Los populares insisten en que no hay pruebas suficientes que permitan acudir a los tribunales para ilegalizar Bildu y Amaiur con garantías de éxito y esgrimen un informe hecho público por la Fiscalía esta misma semana en el que se «constata» que no existe «base probatoria» contra ambas formaciones. Intentarlo y fracasar, alegan, sería perjudicial para el Estado de Derecho y daría oxígeno al mundo de la izquierda independentista radical.

Las víctimas rechazan el argumento. Y coinciden con populares del sector 'duro' como los parlamentarios europeos Carlos Iturgaiz y Alex Vidal-Quadras. El primero de ellos recalcó ayer que Amaiur «debería estar ilegalizada hace mucho tiempo» y advirtió que ETA «se frota las manos con la división de los demócratas».

La viuda de Buesa advierte del riesgo de cerrar el problema de ETA «deprisa y mal»
Natividad Rodríguez exige una «profunda autocrítica» a la izquierda abertzale al cumplirse doce años del asesinato de su marido y su escolta
IGNACIO MARTÍN El Correo  23 Febrero 2012

Por primera vez en doce años, la Fundación Fernando Buesa conmemoró ayer «sin la amenaza terrorista» el aniversario del atentado que mató al parlamentario socialista y a su escolta, el ertzaina Jorge Díez. Es tiempo, por tanto, para «la esperanza» y la «alegría», pero en ningún caso para las urgencias y la amnesia, advirtió Natividad Rodríguez, la viuda del que fuera vicelehendakari, en la apertura del homenaje que se celebró en el Teatro Principal de Vitoria con una destacada representación institucional encabezada por el lehendakari Patxi López y la presencia de los familiares de Buesa y Díez y otras víctimas.

El «cese definitivo» de ETA el 20 de octubre pasado eclipsó otro acontecimiento que vino a reabrir las heridas de las familias del político y de Jorge Díez: la comparecencia de sus tres asesinos en el juicio contra Francisco Javier García Gaztelu, 'Txapote', que acabó condenado a 105 años de cárcel por haber ordenado el atentado. El 'comando Ituren' admitió entonces que el crimen se planeó en la tregua de 1998. Ahora, «quienes saben de esto nos aseguran que no hay marcha atrás», señaló ayer Natividad Rodríguez, que pese a ello advirtió de que si no se produce por parte de la izquierda abertzale «una profunda autocrítica, persistirá la desconfianza y el temor a volver a situaciones ya vividas».

«Arrogancia y desafío»
La viuda de Buesa, a quien sucedió en el uso de la palabra el filósofo y experto en cuestiones relacionadas con la memoria de las víctimas Manuel Reyes Mate, alertó especialmente contra el peligro de cerrar «deprisa y mal» el problema del terrorismo. De hacerlo así, «por muchos años que pasen, el daño sigue latente», argumentó Natividad Rodríguez, que recordó lo ocurrido con las dictaduras argentina y chilena o «aquí con los crímenes del franquismo». «No cabe pues que nadie nos apremie, y menos aún quienes han tardado tantos años en dejar la violencia» y aún hoy mantienen en los juicios «actitudes de arrogancia y desafío» o utilizan expresiones que «ahondan en la exclusión», entre las que citó las de 'presos políticos' o 'conflicto vasco' y las alusiones a 'las múltiples violencias'.

La viuda de Fernando Buesa abogó por la regeneración de la política para que pueda dirigir con credibilidad la recuperación de la convivencia en Euskadi y advirtió de que ésta no se podrá construir sin que la violencia quede «claramente deslegitimada y se reafirme el respeto a la vida, a la dignidad y a la libertad de todas las personas».

También el lehendakari y el líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se conjuraron contra el olvido en la ofrenda floral que, como cada año, dedicó el PSE a Buesa y Díez en el monolito erigido en el lugar del atentado, y a la que también acudieron compañeros del ertzaina, que previamente le habían rendido otro homenaje en la Academia de Arkaute. Rubalcaba abogó además por conciliar el respeto a la legalidad con el «uso inteligente» de las posibilidades que ofrece la democracia para acabar con ETA.

La izquierda ‘utiliza’ a los menores
Editorial www.gaceta.es  23 Febrero 2012

Lo de menos es el motivo, lo importante es violentar los ánimos y calentar el ambiente y deteriorar la imagen de un país que necesita todo lo contrario.

La pregunta que se hace estos días todo ciudadano con sentido común es ¿quién está utilizando a los estudiantes del Instituto Lluís Vives de Valencia para que salgan a la calle a protestar porque no tienen calefacción en sus aulas, y terminen cortando calles del centro de la ciudad y enfrentándose a la Policía? Con el paso de las horas, queda cada vez más patente que los incidentes de Valencia no fueron fortuitos, sino que estaban planificados por sectores de la izquierda radical y no tan radical. Sin ir más lejos, varios miembros del PSOE –entre ellos, el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la diputada Leire Pajín– han contribuido con sus acusaciones y excesos verbales a magnificar una carga policial que, como han mostrado todas las imágenes de televisión, fue similar a otras que se practicaron en Madrid o Barcelona durante el Gobierno de Zapatero, y que, en cambio, no merecieron ninguna queja política ni ninguna protesta por parte de una izquierda que ahora se rasga las vestiduras.

De los 14 heridos que hubo durante el enfrentamiento del lunes, 11 fueron, según los partes médicos, miembros de la Policía. También hay que recordar, para una mejor comprensión de los hechos, que de los 25 detenidos ninguno era estudiante del Instituto Lluís Vives. Es más, muchos de los participantes en los altercados sobrepasaban con creces la edad para estudiar en un instituto. Entre los alumnos que se manifestaban en Valencia se infiltraron decenas de radicales y otros miembros de colectivos de izquierda –convocados a través de la web del grupo político Compromís–, que aprovecharon la ocasión para calentar la protesta y agredir a la Policía, que sólo actúo –como también reflejan las cámaras de televisión– después de avisar reiteradamente a los cabecillas de la manifestación ilegal de que los agentes actuarían si se cortaba alguna calle y se impedía el paso libre de los ciudadanos.

Han transcurrido apenas dos meses de la llegada del PP al poder, y lo que muchos temían que llegara –quizá no tan pronto–, que la izquierda tomara las calles para protestar como en la época del “No a la guerra”, ya ha sucedido. Lo de menos es el motivo, lo importante es violentar los ánimos y calentar el ambiente y deteriorar la imagen de un país que necesita todo lo contrario. Mucho odio y mucho rencor contra el PP se adivina en estas actitudes tan poco democráticas, y de algunos políticos que en vez de condenar una protesta ilegal y violenta, la justifican y la magnifican. Cuesta entender aún más que, horas después, cientos de radicales bien organizados apedrearan la sede del PP en Madrid y cortaran la calle Génova. Ante este atentado contra la dignidad de un partido democrático cabía esperar el apoyo de los otros líderes políticos, pero ninguno –hasta la fecha– ha condenado este irresponsable acto contra la sede de los populares. Lo que si ha hecho Rubalcaba, en un gesto inaudito para un ex ministro del Interior, es condenar la actuación de la Policía. Pero sin criticar un ápice a los violentos manifestantes ni a los centenares de personas que se manifestaron ilegalmente –como en la infausta noche del 13-M– frente a la sede del PP. Quizá sea esta la oposición “constructiva” que prometió hacer Rubalcaba hace días, aunque más parece una oposición irresponsable, como la actitud de los radicales. En los próximos días veremos si vuelve la cordura o si, como dijo Alberto Ordóñez, presidente de la Federación Valenciana de Estudiantes: “Vamos a continuar quemando las calles de Valencia”.

Cataluña
El gasto catalán en prebendas identitarias pone en peligro el pacto de Mas con el PP
Artur Mas ocultó a los populares las partidas por valor de 435 millones dedicadas a esos asuntos

MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA ABC Cataluña  23 Febrero 2012

El empeño de Artur Mas en subvencionar a entidades dedicadas a defender la independencia de Cataluña ha puesto en peligro su reciente pacto presupuestario con el PP. La presidenta de los populares catalanes, Alicia Sánchez-Camacho, advirtió ayer de que las generosas ayudas a entidades como Òmnium Cultural llevan a su formación a replantearse su apoyo a las cuentas catalanas de 2012.

Pero el gasto identitario va más allá y, a según los datos recopilados por el PP catalán, los presupuestos de la Generalitat incluyen 435 millones de euros destinados a empresas privadas que, como Òmnium, mantienen convenios a los que el ejecutivo catalán no da la suficiente transparencia. Camacho afirma que es precisamente ahí donde Mas puede aplicar sus recortes, en lugar de seguir pidiendo sacrificios a los ciudadanos. De hecho, el PP cree que se puede recortar un 17,36% en el gasto destinado a esas empresas. Pero hay otras partidas, a su juicio, susceptibles de rebaja, como la Casa de Perpiñán (294.000 euros); la Delegación del Gobierno en Madrid (494.550 euros); delegaciones («embajadas»), oficinas y misiones en el exterior (1,1 millones de euros); estudios y dictámenes (11,8 millones de euros); el Memorial Democrático (1,8 millones, que el PP propone eliminar del todo); el Centro de Estudios de Opinión (1,2 millones) o publicidad y campañas institucionales (31,1 millones), entre otras partidas, que suman 577 millones y que el PP propone reducir en 95.
Sanciones lingüísticas

Camacho reclama, en definitiva, menos política identitaria lo que incluye, según se supo ayer, la imposición de 226 sanciones en 2011 por no rotular en catalán —en 2010 se pusieron 205—, lo que supuso la recaudación de 176.100 euros. La líder del PPC afeó a Mas su proclama independentista en el diario «Le Monde». «No vaya por los diarios del mundo diciendo que lo que necesita Cataluña es la independencia; no es ésta precisamente la imagen que garantiza la confianza de los inversores», dijo la líder del PPC. «Yo en los diarios del mundo seguiré diciendo lo que tenga que decir, le pido que respete mis opiniones», replicó el presidente catalán.

Las exigencias de los populares tuvieron como escenario el Parlamento catalán, donde Mas volvió a jugar a la equidistancia con un guiño al concierto económico que reclama ERC y con una invitación al PSC a sumarse.

persecución
La Generalitat multa con 126.000 euros a 226 empresarios por rotular y etiquetar sus productos en español
 Minuto Digital  23 Febrero 2012

España debe ser el único país del mundo donde la utilización de la lengua descrita por la Constitución como la oficial de todos es severamente castigada. El consejero catalán de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena ha explicado en el Parlament que la Generalitat impuso durante el año 2011 un total de 226 sanciones a comercios o empresas por incumplir la obligación de rotular o etiquetar sus productos “como mínimo” en lengua catalana, de acuerdo con el Código de Consumo y la ley de política lingüística.

Así lo ha confirmado en respuesta a una interpelación presentada Uriel Bertran, diputado de Solidaritat. También ha dicho que durante el año pasado fueron levantadas 6.552 actas por no rotular, no etiquetar o no informar en catalán como mínimo. Fueron enviados a los comercios y empresas 1.012 requerimientos y 2.471 denuncias, la tramitación de las cuales concluyeron con 226 sanciones por un valor total de 126.000 euros. Lo que no dijo es es que todos los requerimientos y las denuncias fueron enviadas a responsables de etiquetar sus productos o rotular sus establecimientos en la lengua oficial de España y no por ejemplo en los idiomas árabe, urdu o chino.

Bertran se ha interesado por “la falta de cumplimiento por parte de la Generalitat de la legalidad vigente que obliga a todas las empresas que operan en Cataluña a etiquetar sus productos, como mínimo, en catalán”. “Hay cientos de denuncias presentadas por consumidores catalanes contra estas empresas porque no se respetan sus derechos lingüísticos que están garantizados por ley sin que se tenga constancia de la apertura de expedientes sancionadores”, ha explicado.

En este sentido, Bertran ha apuntado a un estudio elaborado por la Plataforma por la Lengua que demuestra que “sólo uno de los 30 productos más consumidos en nuestro país está etiquetado en nuestra lengua”. El diputado independentista ha mostrado indignado por el hecho que “la lengua griega o la eslovaca tengan más presencia que el catalán en los productos que se venden en Cataluña”. “Esta situación les debería hacer caer la cara de vergüenza” remachó Bertran.

Mas bate récords y recauda 176.100 euros con 226 sanciones lingüísticas en 2011
La Agencia Catalana de Consumo realizó 6.552 actuaciones, de las cuales 2.245 fueron relativas a la no utilización del catalán en carteles, señalizaciones y ofertas de empresas
 www.lavozlibre.com  23 Febrero 2012

Madrid.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, tiene un nuevo record que sumar a su lista de logros al frente del Gobierno autonómico. El líder de CiU se ha convertido en el presidente catalán que más multas lingüísticas ha puesto en un año. En todo 2011, la Agencia Catalana de Consumo (ACC) recaudó 176.100 euros a través de 226 sanciones a empresas por no incluir, al menos, el catalán en sus comunicación. Desde 2004 se han interpuesto un millar de sanciones.

El consejero de Empresa y Empleo de la Generalitat, Francesc Xavier Mena, confirmó las cifras en el Parlamento catalán este miércoles. Según los datos aportados por Mena, en concreto, la ACC, realizó 6.552 actuaciones en 2011, destacando las 2.245 relativas a la no utilización del catalán en los carteles, señalizaciones y ofertas de las empresas. De estas, 226 derivaron en sanciones.

Mena ofreció estos datos ante la pregunta del diputado de Solidaridad Catalana por la Intendencia (SI), Uriel Bertran. Bertran criticó durante la sesión que el Ejecutivo autonómico “no esté haciendo nada para garantizar los derechos de los catalanes” y se lamentó que, de los 30 productos más consumidos en Cataluña, sólo uno esté etiquetado en catalán, así como que sea más habitual el etiquetaje en griego o en eslovaco. “Sin Estado propio no hay normalización del uso del catalán”, concluyó Bertran.

En 2010 la Generalitat impuso 205 sanciones lingüísticas, a través de las que recaudó más de 182.000 euros. Entonces no había entrado en vigor la última reforma del Código de Consumo que fijaba nuevas multas si los consumidores no eran atendidos oralmente y por escrito en catalán.

Mena explicó que el Código de Consumo, que regula el etiquetado está en fase implantación y que, en un primer momento, se insta a las empresas a cumplir con la normativa. Si no lo hacen, entonces se recurre a la sanción. De acuerdo con el consejero, el Gobierno de Mas se ha fijado como próximo objetivos en este sentido obligar a las empresas a utilizar el catalán en sus relaciones comerciales privadas.

El Código de Consumo fue aprobado por el Parlamento catalán en 2010 e impone utilizar el catalán oralmente y por escrito en invitaciones, rótulos, información de carácter fijo y documentación contractual. Además, insta a los consumidores a que denuncien si alguna empresa no cumple el requisito.

Este Código fue recurrido ante el Tribunal Constitucional, aunque no tiene validez jurídica, puesto que dicho Tribunal ya se pronunció sobre él en la sentencia del Estatuto, afirmando que no se podía imponer el catalán a empresas públicas o privas o establecimientos abiertos al público. Ciutadans ya ha animado a los empresarios sancionados a que recurran estas multas por inconstitucionales

Aprobados por el PSOE para utilizar en el Senado
El PP quiere eliminar los 12.000 euros por sesión de las lenguas autonómicas
 www.gaceta.es  23 Febrero 2012

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, considera que la medida es un error porque todos los parlamentarios comparten el castellano, y recuerda el elevado coste que supone.

El portavoz del PP en el Senado, José Manuel Barreiro, ha asegurado que su partido planteará al resto de los grupos de la Cámara Alta si mantienen o retiran la posibilidad de usar las lenguas autonómicas en los Plenos, una medida que a su juicio ha sido "equivocada" y no solo por el coste que tiene, "que también".

"Es obvio que lo vamos a hablar", ha dicho el portavoz en declaraciones en Telemadrid, recogidas por Europa Press. Barreiro ha explicado que su partido quiere abordar el asunto pero que, pese a la mayoría absoluta que tiene, no puede adelantar "cuál va a ser el resultado". "Estaría presumiendo una posición que no ha tenido un debate previamente", ha dicho.

El portavoz 'popular' ha reiterado la oposición del PP a que el euskera, el gallego, el catalán y el valenciano puedan emplearse en los Plenos del Senado para debatir las mociones cuando todos los parlamentarios comparten un idioma, el castellano, y ha recordado que estas lenguas ya se podían utilizar en la Comisión General de Comunidades Autónomas, el ámbito adecuado para ello, a su juicio.

Ha acusado además a los impulsores de la medida de "hipocresía" por no haber ampliado el uso de estos idiomas a los debates con el Gobierno, a las preguntas e interpelaciones al presidente y los ministros, para evitar la foto "en Europa".

"La postura como gallegohablante, ha sido una medida equivocada", ha insistido. Preguntado sobre si se plantearán una marcha atrás en esta legislatura, ha respondido que se planteará. "Es obvio que lo vamos a hablar. No le voy a decir cuál va ser el resultado de eso, estaría presumnento una posición que no ha tenido un debate previamente", ha concluido.

Las lenguas autonómicas podrían tener los días contados en el Senado
El PP planteará acabar con una medida que entró en vigor en 2011 y que tiene un coste de 12.000 euros por sesión
 www.lavozlibre.com  23 Febrero 2012

Madrid.- El uso de las lenguas autonómicas en los debates del Senado podría tener los días contados. Y es que el portavoz del PP en la Cámara Alta, José Manuel Barreiro, ha anunciado que su partido planteará al resto de los grupos la retirada de esta medida, que entró en vigor en enero de 2011 y que tiene un coste de 12.000 euros por sesión. Es decir, que en un mes se gasta más que en todo 2010, donde se destinaron 20.000 euros al servicio de intérpretes, que incluía la traducción de los plenos y su transcripción escrita en la lengua correspondiente.

“Es obvio que lo vamos a hablar. Mi postura como gallegohablante es que ha sido una medida equivocada, no sólo por el coste, que también”, ha dicho el portavoz en una entrevista en Telemadrid. Barreiro ha explicado que su partido quiere abordar el asunto pero que, pese a la mayoría absoluta que tiene, no puede adelantar “cuál va a ser el resultado”.

El portavoz 'popular' ha reiterado la oposición del PP a que el euskera, el gallego, el catalán y el valenciano puedan emplearse en los Plenos del Senado para debatir las mociones cuando todos los parlamentarios comparten un idioma, el castellano, y ha recordado que estas lenguas ya se podían utilizar en la Comisión General de Comunidades Autónomas, el ámbito adecuado para ello, a su juicio.

Ha acusado además a los impulsores de la medida de "hipocresía" por no haber ampliado el uso de estos idiomas a los debates con el Gobierno, a las preguntas e interpelaciones al presidente y los ministros, para evitar la foto "en Europa".

El Ayuntamiento de Barcelona 'pasa' de la ley y permitirá llevar el 'CAT' en la matrícula
El alcalde Xavier Trias dice que no multarán a los conductores que tapen la ‘E’ con ese distintivo, pese a que la normativa de Tráfico lo prohíbe
 www.lavozlibre.com  23 Febrero 2012

Madrid.- El alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), ha decido hacer oídos sordos a las normativas de Tráfico y, pese a la prohibición expresa al respecto, ha asegurado que no se multará a los conductores que tapen en la matrícula de su vehículo la ‘E’ de España con una pegatina con las iniciales ‘CAT’ de Cataluña.

“Nosotros no tenemos por qué multar a la gente que lleva el ‘CAT’. Los agentes de Guardia Urbana de Barcelona han de saber que no tienen de poner multas por llevar ese adhesivo en las matrículas”, ha señalado en Catalunya Ràdio Trias, añadiendo que el trabajo de los agentes de tráfico es “agilizar la circulación y no perseguir a la gente que lleva el ‘CAT’”.

Precisamente, la semana pasada, el grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento de Barcelona se abstuvo en una votación para promover el uso del adhesivo ‘CAT’ como distintivo territorial en las matrículas de los vehículos a motor. La proposición de Unitat per Barcelona pretendía, entre otras cosas, que el Instituto Municipal de Hacienda anulase de oficio todas las multas motivadas por lucir ese distintivo territorial.

La iniciativa de poner el ‘CAT’ en los vehículos nació en el año 2000, cuando desapareció el distintivo provincial. En ese momento entró en vigor el decreto actual que regula las características que deben tener las matrículas en España, que en lo referido a este asunto, dice textuamente: “En la parte izquierda de la placa de matrícula se incluirá, sobre una banda azul dispuesta verticalmente, el símbolo de la bandera europea, que constará de 12 estrellas de color amarillo, y la sigla distintiva de España representada por la letra E de color blanco". Además, establece que “queda prohibido que en las placas de matrícula se coloquen, inscriban o pinten adornos, signos u otros caracteres distintos de los señalados”.

El asunto del ‘CAT’ en la matrúcla cobró mucha fuerza este verano, después de que el propio portavoz de la Generalitat, Francesc Homs, animara a los catalanes a tapar la ‘E’ de España, afirmando que no había ningún impedimento legal para hacerlo. Sin embargo, la realidad es muy diferente y las sanciones por colocar otros caracteres distintos a los que vienen de serie en cada matrícula pueden llegar a los 200 euros.


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