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Recortes de Prensa   Viernes 9  Marzo 2012

 

Déficit
La reforma del Estado autonómico
Mikel Buesa Libertad Digital 9 Marzo 2012

La descentralización ha llegado en España muy lejos, de manera que en estos últimos años más de un 35 por ciento del gasto público lo vienen ejecutando las Comunidades Autónomas. Una simple comparación con los Estados federales de la Unión Europea señala que nuestro país supera en diez puntos porcentuales el promedio que esa ratio alcanza en éstos. Pero más allá de este argumento cuantitativo, lo que se ha venido constatando en estos tiempos de crisis es que la estructuración de las Administraciones Públicas resulta disfuncional con respecto a las necesidades de la política económica.

Así, por una parte, el Estado central ha disminuido su papel de tal manera —sólo es responsable de una quinta parte del gasto total— que apenas le quedan recursos para el desarrollo de políticas discrecionales; y cuando éstas se han emprendido con intensidad, como ocurrió durante los gobiernos de Zapatero, ello ha sido a costa de un incremento desmesurado del endeudamiento público.

Por otro lado, las Comunidades Autónomas han inscrito su expansión en una estrategia de emulación de las funciones estatales cuyo resultado no ha sido otro que el de su hipertrofia —singularmente en lo que al empleo público se refiere— y su permanente incapacidad para financiarse con los recursos disponibles. Esa estrategia emergió de las pretensiones nacionalistas en Cataluña y el País Vasco y fue sorprendentemente imitada en las demás regiones con independencia de cuál fuera el partido que las gobernara.

Y a todo ello se añade que, debido al difícil equilibrio político que emerge de nuestro sistema electoral, en el que los partidos nacionalistas juegan un papel arbitral por el que se cobran abundantes réditos, el Estado ha renunciado, en la práctica, al ejercicio de sus competencias coordinadoras y armonizadoras, así como a su papel para disciplinar el gasto de las demás Administraciones.

Este sistema político-administrativo ha llegado a su límite. La crisis ha puesto dramáticamente de relieve que, en condiciones normales, la economía española no puede generar los recursos suficientes para sostenerlo. Y si ello no se ha sabido antes es, sencillamente, porque la expansión de los ingresos fiscales asociada a la burbuja inmobiliaria ocultó, tras la euforia especulativa, la realidad que ahora se muestra con toda su crudeza.

No sorprende, por ello, que cuando el Gobierno de Rajoy, por la fuerza del déficit acumulado, se ha visto impelido a plantear una severa senda de consolidación fiscal, haya tenido que señalar a las Comunidades Autónomas para imponerles un esfuerzo de dimensión importante y de ejecución ineludible. No entraré a valorar ahora si ha sido o no acertada la decisión del presidente para hacer, por este año, más parsimonioso el ajuste que se exige desde el programa europeo de estabilidad —y, por tanto, para atemperar su impacto sobre los gobiernos autonómicos—, pues, aunque no me inclino a elogiarla, creo que la respuesta a esta cuestión sólo se podrá obtener a partir de los datos que nos depare el futuro.

Más importante me parece, en este momento, entrar a discutir si la estrategia establecida por el Gobierno es la más adecuada para solucionar el problema de la hipertrofia autonómica. De acuerdo con las más bien parcas declaraciones del presidente Rajoy en sus intervenciones parlamentarias, parece que esa estrategia se vertebra sobre dos ejes normativos fuertes —por un lado, el de los Presupuestos Generales del Estado y, por otro, el de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera—, así como sobre actuaciones de menor calado en materia de supresión de duplicidades competenciales —que parece fiar a la voluntad política de los gobiernos regionales— y de afirmación de la unidad del mercado nacional.

Una estrategia así puede tener un recorrido más o menos largo, dependiendo de la firmeza que muestre el Gobierno en su consecución. La inflexibilidad ante los déficit en las cuentas autonómicas que, de momento, defiende con vehemencia el ministro de Hacienda, pudiera quebrarse si las exigencias nacionalistas, tanto en Cataluña como en el País Vasco, acaban introduciendo una fisura independentista en la arena política. Y también si la dirección nacional del Partido Popular no logra apaciguar completamente los descontentos que han surgido en sus filas regionales, en las Comunidades Autónomas donde gobierna.

Además, la Ley de estabilidad presupuestaria, pese a la aparente consistencia de sus principios y de la robustez de sus procedimientos preventivos y correctivos —según se muestra en el proyecto remitido al Congreso—, contiene también elementos de discrecionalidad que pueden debilitar su aplicación al encarrilar dentro del tráfico político la apreciación de las situaciones de excepcionalidad que pudieran justificar una ampliación del déficit aceptable —como, por ejemplo, el impacto de las catástrofes naturales, las situaciones de emergencia o las coyunturas recesivas de la economía—. En definitiva, el equilibrio de las cuentas públicas acabará dependiendo de los acuerdos que, en cada momento, pudieran adoptarse en el Congreso de los Diputados para establecer una interpretación más o menos flexible del principio de estabilidad presupuestaria. Y ya sabemos que tales acuerdos no responden a la rigidez de las leyes económicas sino a la más sutil conveniencia que se deriva de los procesos electorales.

En resumen, la estrategia que, según parece, va a seguir el presidente Rajoy para afrontar el problema autonómico, más allá de las convicciones y de la voluntad política que, por ahora, muestra su promotor, puede no ser suficiente, especialmente en el largo plazo. Ello quiere decir que, aunque en lo inmediato se atenúen las tensiones financieras de las Administraciones Públicas y su déficit se encarrile hacia la senda europea, el problema de la inestabilidad presupuestaria asociada a las pretensiones expansivas del poder autonómico puede volverse a reproducir. Y en estas circunstancias, sería razonable que el Partido Popular se embarcara en un proyecto de reforma del Estado autonómico con una perspectiva de largo alcance que permitiera replantear la distribución territorial del poder, precisando sus límites. Tal reforma requiere un cambio constitucional para determinar lo que el Título VIII de nuestra carta magna dejó indefinido, y para establecer unas reglas del juego que incentiven la lealtad institucional y repudien los comportamientos oportunistas de quienes promueven la fragmentación de España.+

El Sr. Buesa Blanco es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

La poda del Estado autonómico
Fermín Bocos EDT 9 Marzo 2012

Lo malo no es el sistema autonómico, lo malo ha sido el despilfarro con el que buena parte de los gestores de los gobiernos regionales han tirado alegremente de presupuesto. Se sentían nuevos ricos y actuaban como tales: construyendo carísimos aeropuertos "peatonales" (Ciudad Real, Castellón, etc.); costosas y vacías Ciudades de la Cultura (Galicia) o desplegando, Cataluña a la cabeza, pero también Murcia o Valencia, más de un centenar de delegaciones en el exterior a modo de "embajadas" de las respectivas taifas. Por no hablar de multimillonarias partidas para empresas públicas innecesarias. O subvenciones a fondo perdido con criterios más que discutibles: unas veces a instituciones relacionadas con las obsesiones identitarias (Cataluña, País Vasco); otras, a beneficio de ONG de sospechosa afinidad política (Andalucía) o costosísimas inversiones en infraestructuras ferroviarias de dudoso retorno (Castilla-La Mancha) o, en fin, autovías de imposible rentabilidad (Castilla y León o Cantabria). Por no hablar de los 200 kilómetros de metro de Madrid.

Junto a esta relación sumaria de despilfarros, de gastos que, sencillamente, no nos los podíamos permitir y que nos han llevado al déficit que ahora con muchos sacrificios tendremos que ir enjugando, también habría que decir que las comunidades autónomas también han gastado mucho dinero en servicios y bienes que sí estaban justificados: nuevos y modernos hospitales, colegios, eficientes servicios de urgencias, pabellones de deportes, etc, etc.

En buena medida, el Estado de las autonomías ha sido la mano visible que en los últimos treinta años ha cambiado la faz de España. Para bien. Ha sido un éxito hasta que, al generalizarse el despilfarro, ha entrado en un registro insostenible, próximo al colapso financiero y al surrealismo organizativo. Desde esta perspectiva, los recortes que anuncia el Gobierno Rajoy se revelan tan urgentes como justificados: supresión de empresas públicas, reducción de personal, liquidación de duplicidades, devolución de competencias (Justicia, tal vez Educación, en algún caso, Sanidad), etc. Una poda en toda regla que el jardinero mayor deberá llevar a término sin hacer distingos entre las comunidades "históricas" y las demás porque, recordemos la Constitución (Art. 138.2): "Las diferencias entre los Estatutos de las distintas CC.AA. no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales". Pues eso.

Estado de excepción en Cataluña
Francisco Caja www.vozbcn.com 9 Marzo 2012

El Tribunal Superior de Justica de Cataluña (TSJC) se ha pronunciado respecto a la ejecución de cinco sentencias del Tribunal Supremo por las que ordenaba a la Generalidad a ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’.

El pronunciamiento del TSJC se puede sintetizar del siguiente modo: el poder político autonómico puede mantener impunemente el sistema de inmersión lingüística que significa la exclusión del castellano como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña, siempre y cuando los padres no emprendan uno por uno un proceso judicial individual para que el Tribunal Supremo les reconozca el derecho a que sus hijos reciban una enseñanza bilingüe.

Con esta decisión el TSJC enmienda de manera inusitada la plana al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional que se han pronunciado taxativamente afirmando que ‘el sistema de inmersión lingüística es contrario al espíritu y la letra de la Constitución’. De esta forma el TSJC avala de manera aberrante la vulneración de un derecho constitucional fundamental siempre y cuando la víctima de tal violación no lo denuncie y emprenda acciones judiciales. Lo que equivale a declarar la independencia judicial de Cataluña que con tanto ahínco han perseguido los nacionalistas desde siempre.

Con esta decisión, a partir de ahora, se instituye en Cataluña un Estado de excepción en el que no existen derechos fundamentales individuales… si no los ampara tras un largo proceso judicial el Tribunal Supremo de la nación, España. Lo que equivale a la restauración de los viejos privilegios feudales, incluido el viejo derecho de abuso y maltrato medieval del que disfrutaban los señores feudales en Cataluña.

Convivencia Cívica Catalana espera que el Tribunal Supremo de la nación restaure de inmediato el imperio de la ley en Cataluña y no permita que impere un Estado de excepción en el que los ciudadanos se conviertan en súbditos para los que los derechos fundamentales son graciables: siempre que el poder político tenga a bien concedérselos. Lo contrario de una democracia constitucional, el régimen que en los albores de las democracias occidentales decía uno de sus padres, el abate Sieyès, que sólo existían si se garantizaba la vigencia efectiva por encima de todo de los derechos y libertades individuales y la separación de poderes, fundamentalmente la independencia judicial. El poder judicial está obligado en todo caso y en la presente circunstancia a preservar nuestra democracia constitucional.

Francisco Caja es presidente de Convivencia Cívica Catalana

Elecciones andaluzas
La campaña decisiva
Pedro de Tena Libertad Digital 9 Marzo 2012

La campaña electoral andaluza de 2012, bicentenario de unas Cortes que se celebraron en Cádiz y dieron a España la buena nueva de la democracia liberal, única democracia coherente, va a ser la campaña autonómica más importante de la historia de España desde la transición. Ni las primeras catalanas y/o vascas tuvieron tal trascendencia histórica. En la campaña andaluza que comienza este jueves se decide el futuro del conjunto de España por dos grandes razones: el cambio en Andalucía podría traer como consecuencia un equilibrio regional desconocido hasta ahora en la España democrática con el consiguiente fortalecimiento de un gran Sur español desde Madrid a Andalucía incluyendo a Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia y Valencia y como consecuencia de dicho cambio, podría producirse la refundación de la socialdemocracia española hundida por la oligarquía filototalitaria y aética consagrada en Suresnes.

En mayo de 1988, hace nada menos que 24 años, se escribía en El País: "Andalucía está a punto de cumplir nueve años como comunidad autónoma con los mismos problemas que sirvieron de argumentos para las ya lejanas elecciones de mayo de 1979: un desempleo casi 10 puntos por encima de la media nacional y una infraestructura de servicios públicos y comunicaciones con niveles más bajos que el conjunto del país. Esta situación se mantiene pese a que la economía andaluza ha crecido más que la media de España en los últimos años. Ésta es también la comunidad que maneja un presupuesto mayor: casi 800.000 millones de pesetas este año".

Treinta y dos años después de 1979, el PSOE ha mantenido a Andalucía en una situación semejante. Paro escandaloso del 32 por ciento, niveles más bajos que el conjunto del país en infraestructuras, educación, PIB, salarios, pensiones,etc. y presupuestos altísimos asentados en la solidaridad nacional (más de 32.000 millones de euros este año) ayudados por la Unión Europea(casi 70.000 millones de euros desde 1986).

Sólo estas circunstancias harían natural un cambio político en Andalucía. Pero además, el bendito Sur ha sido escenario de un estallido de corrupción que ha dejado entrever con claridad la espesa, pegajosa y terrible tela de araña que se ha extendido sobre la sociedad andaluza desde 1982. Si el próximo día 25 de marzo, ambos vectores consiguieran el éxito electoral del PP andaluz como resultante político, el proyecto político de reformas que inspira a Javier Arenas podría poner término al régimen que ha obstaculizado, y de qué modo, el desarrollo de Andalucía como sociedad abierta y podría poner los cimientos de un renacimiento que Andalucía espera desde la segunda mitad del siglo XIX, único período en que el primer liberalismo la convirtió en región de referencia para el conjunto de España. Una Andalucía fuerte en un Sur de España fuerte hará imposible la hegemonía de los regionalismos separatistasa que tan caro cuesta a los ciudadanos de esta democracia y haría posible que, por fin, los andaluces, no en la propaganda sino en los hechos, esto es, empleo, PIB, renta, servicios, etcétera, fueran ciudadanos de primera en la España común.

Pero además, el cambio en Andalucía tendría que producir como corolario el fin de la oligarquía monipodiana gestada en Suresnes que desplazó a lo más razonable y ético del socialismo español dando paso a una refundación sólidamente socialdemócrata en la que los valores democráticos estuvieran por encima del partido como fin en sí mismo, modelo totalitario propio del leninismo y el nazismo. Cada persona, cada ciudadano es el fin en sí mismo, como quería Kant y la mejor socialdemocracia europea y esa asunción es la asignatura pendiente de un socialismo hispano que predicó el cambio y nos dio a todos el cambiazo desde 1982, que ese sí que fue un cambiazo.

Si Javier Arenas gana en Andalucía, la izquierda española podrá tener la esperanza del futuro abierto y Andalucía saboreará la esperanza de cumplir sus sueños de equiparación con las mejores regiones de España y de Europa.

Por ello, Andalucía va a ser testigo de una importante batalla. Un PP que lleva perdiendo elecciones sin levantar la voz desde 1982 tendrá oportunidad de demostrar la madera ética y política de la que está hecho en una región que necesita su impulso y cumplir con un papel histórico que ningún otro partido puede cumplir en este momento: la regeneración y el desarrollo económico,social, educativo y cultural. Un PSOE andaluz, carcomido por la herencia de Suresnes y ahogado en su propia degeneración e ineficacia, buscará en una Izquierda Unida, que no tiene la talla de la que alumbraron Anguita y Rejón, perpetuar unos años más su poder y su aparato logístico nacional que sólo en los fondos andaluces podría encontrar financiación adecuada.

Esta noche comienza una de las campañas más importantes de la historia democrática de España. La libertad y la razón pueden hacer que los andaluces se atrevan a hacer lo que es preciso hacer.

El Sr. De Tena es corresponsal político en Andalucía de Libertad Digital. Autor del libro La tela de araña andaluza.

Autonómicas
Urnas y papeletas
Emilio Campmany Libertad Digital 9 Marzo 2012

En la última encuesta del CIS para las elecciones autonómicas del próximo 25 en Asturias y en Andalucía hay interesantes datos de los que extraer algunas consecuencias. El primer elemento llamativo es el hundimiento de Álvarez Cascos en Asturias. A bote pronto, es ésta una mala noticia porque el naufragio de Foro favorecería la victoria del PSOE y, si una victoria socialista es siempre algo luctuoso, en los tiempos de crisis que corren lo que el CIS anuncia es casi un cataclismo. Sin embargo, hay en ello más cosas positivas que negativas. Que se venga abajo un proyecto político personal donde el partido se llama como se llama para que sus siglas coincidan con las del nombre de quien lo encabeza ha de ser necesariamente bueno. España ha padecido el fulanismo político más que ninguna otra nación occidental y comprobar que esta patología pierde virulencia en el siglo XXI es mejor que si no lo hiciera. Luego, un resultado como el que pronostica el CIS, obligaría a Foro y al PP a hacer lo que los personalismos no les han permitido hacer hasta ahora, que es ponerse de acuerdo y gobernar.

En Andalucía, el CIS nos cuenta que allí no está todo el pescado vendido todavía. El PP podría lograr la mayoría absoluta o quedarse a un escaño de ella. Veremos pues si los andaluces prefieren el paraíso de algodón hecho de eternas subvenciones sinfín y simas de corrupción o eligen el purgatorio levantado a base de recortes del gasto y apretones de cinturón que el PP ha empezado a construir en toda España y que Arenas impondrá allí. Los andaluces, que llevan lustros siendo narcotizados con chutes de dinero público, han preferido hasta ahora cerrar los ojos a las tropelías que con sus impuestos y los de los demás hacían los camellos que los esclavizaban. Veremos si son capaces de desembarazarse de ellos e irse con quien les promete sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor para hoy y el verdadero paraíso para mañana, el de trabajar y no tener que depender de la prestación pública.

También sería relevante que en Andalucía, como parece que hará en Asturias, irrumpiera UPyD. El CIS cree que no lo hará, pero falta poco. Rosa Díez se queja siempre del sistema electoral, hecho para favorecer a los partidos grandes. Pero, ese mismo sistema le ha de terminar permitiendo arrojar al PSOE a la marginalidad y hacerse con el liderazgo de la izquierda hispana si consigue ir metiendo la cabeza en todas partes. Basta que un día se corra la voz de que el voto útil es el suyo para que el sorpasso se dé de una tacada y sea UPyD el que reciba de golpe todos los beneficios de los que disfrutan los partidos grandes y el PSOE el que padezca los castigos previstos para los partidos pequeños. A tales efectos, entrar en el parlamento andaluz sería una magnífica noticia. Ojalá lo consiga.

El Sr. Campmany es jurista y escritor, comentarista político de esRadio. Autor de la novela Quién mató a Efialtes. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

Convivencia Cívica Catalana recurrirá ante el Tribunal Supremo en defensa de los derechos de los padres
Convivencia Civica  9 Marzo 2012

Estimado amigo,

Como probablemente sabrás por los medios de comunicación el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha pronunciado respecto a la ejecución de cinco sentencias del Tribunal Supremo de padres asesorados por nuestra asociación, Convivencia Cívica Catalana.

El Tribunal Supremo ordenó al gobierno autonómico catalán de forma clara a “adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la
nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al español como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”.

El pronunciamiento que acaba de hacer el TSJC restringe de forma exclusiva la aplicación de lo ordenado por el Tribunal Supremo a las familias que lo demanden y no con carácter general como se deduce de forma directa de las sentencias del Tribunal Supremo.

Convivencia Cívica Catalana considera que con esta decisión el TSJC enmienda de manera inusitada la plana al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional que se han pronunciado taxativamente afirmando que de forma global “el sistema de inmersión lingüística es contrario al espíritu y a la letra de la Constitución”.

En definitiva, la decisión del TSJC no satisface en modo alguno nuestras expectativas basadas en el cumplimiento en toda su extensión de aquello ordenado por el Tribunal Supremo.

Por todo ello, Convivencia Cívica Catalana junto con los padres afectados ha decidido recurrir esta decisión. En unos días presentaremos un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con la confianza que éste restaure de inmediato el respeto a la legalidad y a las sentencias del propio Tribunal Supremo en Cataluña.

Convivencia Cívica Catalana va a seguir defendiendo como siempre ha hecho en Cataluña un modelo de enseñanza bilingüe respetuoso con ambos idiomas
oficiales y que utilice ambos de forma conjunta y equilibrada en la educación de nuestros hijos frente al modelo de la inmersión monolingüe sólo en catalán impuesta por el nacionalismo.

Con esfuerzo y tenacidad vamos a seguir defendiendo los derechos de los padres, el sentido común, y la convivencia de nuestras dos lenguas en la escuela frente a la exclusión y la intolerancia del nacionalismo catalán.

Atentamente,
Convivencia Cívica Catalana
www.convivenciacivica.org
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Tel. 626 377 683 /659 055 939

Cambio imprescindible
Editorial www.gaceta.es 9 Marzo 2012

Las revelaciones de Laura Gómiz en unas grabaciones y las declaraciones ante la juez de Guerrero, ex director general de Trabajo, señalando directamente a Chaves y Griñán, demuestran que el Andalucíagate es una maraña corrupta con varias patas –Invercaria, falsos ERE– y una sola cabeza –la cúpula de la Junta–. Sólo un centro neurálgico político, que estuviera al tanto de todo, podía conectar las distintas tramas cuyo objetivo era desviar fondos, bajo distintas capas como facturas falsas o créditos a empresas sin actividad, para favorecer a amiguetes. Ese centro neurálgico era el Palacio de San Telmo, habitado primero por Chaves y después por Griñán.

Si ya las cintas de la ex directora de Invercaria apuntaban genéricamente hacia arriba (“todos los que están por encima de mí”), la declaración del responsable de los ERE falsos señala expresamente a los presidentes socialistas de la Junta. A Chaves al contar que recibió una llamada desde su Gabinete para que solucionara una problema laboral de una empresa de limpieza, y a Griñán al contar que supervisó las transferencias ilegales de los fondos de la Consejería de Empleo. Y no sólo los presidentes, sino también los consejeros estaban al tanto de la corruptela e incluso hacían un seguimiento. Es el caso de José Antonio Viera, ex líder de PSOE sevillano, que se interesaba por las operaciones que afectaban a su provincia y que incluso siguió concediendo ayudas irregulares cuando ya no estaba en el Gobierno; o de Gaspar Zarrías, secretario general del PSOE de Jaen, que controlaba todas las que se referían a su provincia. Guerrero fue categórico ante la juez: “Nadie del Gobierno andaluz puede decir que se haya hecho algo a sus espaldas”. Que Griñán no busque más excusas, tras esas declaraciones, debería dimitir él y toda la cúpula y su antecesor, Manuel Chaves, ofrecer explicaciones.

Después de treinta años de expolio sistemático de Andalucía, las cosas pueden empezar a cambiar con las investigaciones de la juez Alaya –que deberá esclarecer las responsabilidades penales–, y con las elecciones que pueden desalojar al PSOE del poder. Las encuestas dan ganador al PP, pero su victoria sería pírrica si no lo hace por mayoría absoluta. Si simplemente la roza y el 25-M se repite la radiografía del sondeo del CIS publicado ayer –que da a IU una subida de 6 a 10 escaños–, los socialistas podían seguir en la Junta aliados con el partido de Cayo Lara. Esta subida de IU –que reedita el crecimiento que tuvo el 20-N– se explica por el trasvase de voto socialista y también por el espantajo del miedo a la “derechona” que esgrimen los antiguos comunistas. Una indeseable pinza que perpetuaría el neocaciquismo de los últimos treinta años y frustraría la esperanza de cambio que representa el PP. Pero el cambio es imprescindible.

Por eso resulta irónico que Rubalcaba dijera que en Andalucía va a comenzar a resurgir de nuevo la socialdemocracia. ¿Qué socialdemocracia? ¿La del cortijo donde una casta de señoritos –Chaves, Griñán, Zarrías y compañeros socialistas– han medrado a costa de una región con un 30% de paro? Tiene gracia que el principal argumento electoral de Griñán en la campaña que empieza hoy sea explotar el miedo a un PP que va a recortar derechos sociales. El mismo que se ha visto implicado en un engranaje de desvío de fondos de dinero público para favorecer a los amiguetes.

escandaloso auto del tsjc
La educación en español en Cataluña, supeditada a la autorización de un juez
El TSJC falla en contra del TS. Sólo reconoce el derecho a las familias a solicitar educación en castellano a través de la vía judicial.
Olivia Moya Libertad Digital 9 Marzo 2012

Casi tres horas más tarde de lo previsto, el Pleno de la Sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha emitido su auto sobre el recurso interpuesto por la Generalidad, que defiende la imposición lingüística en las escuelas.

El gobierno de Artur Mas interpuso este recurso contra el utimátum que dio el propio TSJC instando a la Administración a que en el plazo de dos meses implantara el castellano como lengua vehicular en los colegios para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que así lo establecen.

Ahora, el mismo tribunal da la razón a la Generalidad que alegaba en su recurso que con su actuación para garantizar el conocimiento de ambas lenguas oficiales a los escolares está "debidamente ejecutada" la sentencia del Supremo y cumplida la legislación vigente y la doctrina del Tribunal Constitucional (TC). El Departamento de Educación argumentó también que el fallo del Supremo, dictado a instancias de tres familias que exigían ser escolarizadas en castellano (representadas por Convivencia Cívica Catalana), afecta exclusivamente a esos alumnos, a los que ya se ofreció atención lingüística personalizada. Y que así ocurre cada vez que una familia lo solicita.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha avalado así el sistema de imposición lingüística en catalán con excepciones para aquellas familias que quieran que sus hijos estudien en castellano, que tendrán que recurrir a los jueces. En cambio, el TS instaba a introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza. Por tanto, el alto tribunal catalán "mantiene el modelo que se está llevando a cabo", según un comunicado de la institución.

El TSJC, en su auto, acusa a las familias demandantes (representadas por Convivencia Cívica Catalana), de sacar de contexto la sentencia del TS en lo referente a que el castellano sea lengua vehicular en Cataluña:

Pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del alto Tribunal, un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña, que podría ir más allá de lo que, en respeto al principio de congruencia, podía haber llegado a decidir la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del fallo dictado por otro, y superior Tribunal.

Tan sólo el propio Tribunal Supremo, hubiera podido en su momento, vía aclaración de sentencia, haber precisado el contenido de aquella frase; y aún podrá hacerlo al conocer, en su caso, de los pronunciamientos que en esta pieza de ejecución se formulen. Nunca podría, sin embargo, hacerlo esta Sala del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Las sentencias son muy claras
Sin embargo, a pesar de que el TSJC alega que no está claro que el Supremo ordenara introducir el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, y que por ello le vuelve a pasar la ‘patata caliente’ para que lo aclare, el TS instaba específicamente a la Generalidad a "adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán", y especificaba que el castellano debía ser "reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria".

La sentencia del Constitucional a la que hacía referencia el Supremo también es clara a este respecto. "Las Administraciones públicas (...) no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales". Eso rompería "el equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que, en ningún caso, deben tener un trato privilegiado". "Sólo los particulares (...) pueden preferir una u otra de ambas lenguas. Y hacerlo, además, en perfecta igualdad de condiciones (...), lo que excluye que (...) quienes prefieran el castellano hayan de pedirlo expresamente".

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, pues, se enmienda también la plana a sí mismo: deja sin efecto su propio auto, donde dio un ultimátum de dos meses a la Generalidad para que cumpliera lo que el Tribunal Supremo establece. "(...) Procede dejar sin efecto el auto en cuanto se refiere al entero sistema de enseñanza en Cataluña", dice ahora.

Por otra parte, tal y como avanzó Libertad Digital, el auto cuenta con votos particulares; en concreto con un voto particular. Pero éste es aún más favorable a las tesis de la Generalidad. (Lea aquí el voto particular traducido al castellano).

En declaraciones a los medios nada más conocer el auto, el abogado de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, ha explicado que el TSJC ve válido el modelo, y ha avanzado que la atención lingüística individualizada sólo se ejecutará para los padres que han reclamado y que lo hagan a partir de ahora. Ha anunciado, además, que presentarán recurso contra esta decisión en el plazo establecido, diez días.

Consuelo Santos, madre demandante: 'En Cataluña estamos como en la América de los blancos y los negros'
Manifiesta su "impotencia, desamparo y frustración" por la sentencia del TSJC, pero anuncia que "la lucha continuará".
 www.lavozlibre.com 9 Marzo 2012

Madrid.- La ambigua y contradictoria sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avala el sistema de imposición lingüística a la vez que reconoce el derecho a estudiar castellano a los hijos de los padres que así lo soliciten, ha sido un mazazo para los que llevan luchando por este derecho, pues significa un paso atrás en lo conseguido hasta ahora y, sin ir más lejos, enmendar la plana a la sentencia previa del Tribunal Constitucional (TC).

Pero entre los indignados con la sentencia, sin duda, las voces más autorizadas son las de las tres familias que presentaron la denuncia, apoyados por la plataforma Convivencia Cívica Catalana. Consuelo Santos, una de las madres demandantes, ha expresado su “impotencia” ante el último auto y ha comparado la situación que se da en las aulas catalanas con la del ‘apartheid’ americano.

“No puede ser que aquí estemos como en los años 30, en la América de los blancos y los negros. Cuando se está del lado de los blancos se ve todo bien, pero esto recuerda a cuando en Estados Unidos, a principios del siglo XX, parlamentos con mayorías absolutas votaban leyes que decían que los negros no podían sentarse en los autobuses junto a los blancos o los niños negros no podían ir al mismo colegio que los blancos”, ha señalado en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Además, Consuelo Santos ha señalado que “todo lo horroroso” que pide es que sus hijas den “un par de asignaturas en castellano” y “si para ello tiene que cambiar el sistema, que lo cambien”. “Los niños castellanohablantes no tienen derecho a nada”, ha añadido en una conversación con Manel Fuentes en la que ha hablado en castellano.

Pese al “desamparo” y “frustración” que siente, esta madre no se rinde y ha anunciado que “la guerra va a continuar”. “Si hay que ir a Estrasburgo, desde luego que iremos”, afirma en ‘ABC’, donde también dice que lo que más le ha sorprendido de la sentencia es que el TSJC haya tenido “la osadía de contradecir al Supremo”.

MARINA GALA: ‘SI NO ES POR MIS HIJAS, LUCHARÉ POR MIS NIETAS’
Marina Gala, otra de las madres demandantes, considera que han pasado “de la impotencia a la tomadura de pelo”. “Esto es peor que una dictadura. Nunca había visto que un Gobierno desoiga las sentencias judiciales”, apunta, agregando, asimismo, que, “aunque la guerra será larga”, seguirá la lucha, si no ya por sus hijas, por sus nietas.

Cataluña
Escolano: “Las sentencias en este país se tienen que cumplir, nos gusten o no”
La consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), encabeza un acto de presión contra el TSJC, junto a partidos y asociaciones nacionalistas, un día antes de que resuelva el recurso de la Generalidad contra el bilingüismo escolar. Rivera (C’s) los califica de “talibanes” y “hooligans lingüísticos”, y lamenta que el PSC se una “a los que hacen llamamientos a la insumisión”.
Redacción www.vozbcn.com Miércoles, 7

La consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), se ha reunido este miércoles con representantes de CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC y Solidaritat, y de las entidades Òmnium Cultural y Som Escola, para escenificar su apoyo a la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, es decir, a la exclusión del español como lengua vehicular de las escuelas junto al catalán.

El encuentro ha tenido lugar en la sede de la Consejería, pocas horas después de que la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya pospuesto hasta este jueves las deliberaciones respecto al recurso interpuesto por la Generalidad en septiembre pasado contra la ejecución de diversas sentencias del Tribunal Supremo sobre bilingüismo escolar.

Estas sentencias obligan a la Generalidad a ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’, y especifican que el castellano debe ser ‘reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’.

Máxima presión
La Generalidad y los partidos y asociaciones nacionalistas han tratado de presionar a los magistrados del TSJC lanzando advertencias de todo tipo. Rigau ha insistido en que “la lengua [catalana] es el eje vertebrador” de Cataluña, y ha avisado de que para el Gobierno autonómico el modelo lingüístico escolar es “un tema de la máxima importancia”. Paradójicamente, la consejera ha asegurado que quiere ser “totalmente respetuosa con el proceso de deliberación” de los jueces.

La diputada autonómica de CiU Neus Munté ha reiterado el “apoyo” de su partido al modelo de inmersión obligatoria y ha reivindicado su “plena vigencia”. Anna Simó (ERC) ha señalado que el poder judicial debe “interpretar las leyes, no cambiarlas”. Dolors Camats (ICV-EUiA) ha destacado que, “más allá de las sentencias”, la Ley de Educación de Cataluña, el Parlamento autonómico y “la sociedad” defienden la inmersión. Mientras que Uriel Bertran (Solidaritat) ha pedido ”el no acatamiento” de las sentencias.

PSC: “No hay motivo” para que el español también sea vehicular
Daniel Font (PSC) ha considerado que “no hay motivo para cambiar” el modelo porque, a su juicio, “asegura los éxitos escolares de pleno conocimiento de las lenguas”. Además, ha insistido en que el actual sistema ya garantiza “los derechos minoritarios” de los padres que quieran enseñanza “individualizada” en castellano para sus hijos.

Teresa Casals, de Som Escola, ha señalado que el objetivo de su organización es el mantenimiento de “una escuela catalana en lengua y contenidos, que cada vez sea una escuela más excelente y la que convenga más a las necesidades nacionales de nuestro país [por Cataluña]“.

Mercè Escarrà, portavoz de Escola en Català, entidad que ha realizado una concentración ante la sede de la sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC mientras los magistrados estaban reunidos, ha animado a la Generalidad “no acatar” estas sentencias. En su opinión, la reintroducción del castellano como lengua vehicular escolar junto al catalán es “igual a lo que se hacía en la época de Franco”.

“Las sentencias en este país se tienen que cumplir, nos gusten o no”
Ángel Escolano, abogado de los padres que llevaron a la Generalidad ante los tribunales, en un proceso que ha durado más de media década, ha señalado que el único “debate” existente es si las sentencias del Tribunal Supremo “se tienen que cumplir o no”. Él mismo ha respondido, asegurando que “las sentencias en este país se tienen que cumplir, nos gusten o no”. “Lo que no podemos pretender es que cuando una sentencia no nos guste, no se cumpla”, ha añadido.

Escolano ha indicado que al TSJC solo le queda la opción de “ratificar” la ejecución que ya está en marcha de las sentencias del Supremo. “El TSJC no puede revisar lo que ha dicho el Supremo, puesto que sería un contrasentido jurídico”, ha subrayado, y ha recordado que no solo impugnaron el caso individual, sino también “el caso general”, por lo que las sentencias “tienen efectos sobre todo el mundo”.

“¿El PSOE está a favor de la insumisión propuesta por estos señores?”
El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha criticado la “teatralización” de la consejera de Enseñanza, que ha preferido “reunirse con los talibanes y con hooligans lingüísticos que defienden la insumisión y se dedican a comparar a los ciudadanos que hablan en castellano en Cataluña con el franquismo en sus e-mails a los magistrados” antes que con ciudadanos que defienden la convivencia y el bilingüismo en las escuelas catalanas”. “Rigau prefiere reunirse con aquellos que presionan y dinamitan el Estado de Derecho que con los diputados [autonómicos] que pedimos que en Cataluña se respeten las leyes, se respete el Estatuto y la Constitución”, ha añadido.

“Estamos ante una ejecución forzosa de unas sentencias, contra las que el Gobierno [autonómico] ha puesto muchos palos en las ruedas, y en las que se detalla que el castellano y el catalán tienen que convivir conjuntamente y de manera equilibrada”, ha insistido Rivera. Por último, ha instado a los dirigentes del PSC a “dejar de aparecer junto a los que hacen llamamientos a la insumisión, y dejar de hacer seguidismo al nacionalismo más retrógrado porque hacen un flaco favor a la socialdemocracia”. “¿El señor Rubalcaba, los miembros del PSOE, los votantes del PSOE y del PSC en Cataluña, están a favor de la insumisión que piden estos señores que se han reunido hoy?”, se ha preguntado.

Cataluña
Rivera: “La Generalidad, lo único que ha conseguido es alargar la agonía”
Ciudadanos y PP coinciden en destacar que el auto del TSJC reconoce el derecho a recibir la educación bilingüe, y consideran que el Tribunal Supremo reiterará que este es el modelo que ha de aplicarse en todo el sistema.
Redacción www.vozbcn.com  9 Marzo 2012

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha señalado que el auto emitido este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) sobre el modelo lingüístico escolar de Cataluña “ha abierto la puerta para que aquellos padres que quieran una educación bilingüe para sus hijos la puedan tener”.

Rivera, sin embargo, ha lamentado que el TSJC “no haya entrado a ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo”, al remitir a este la interpretación de una parte de la sentencia. Una situación que hace que, “paradójicamente” y hasta que haya un nuevo dictamen del Supremo, convivan dos modelos: “uno para los padres que pidan la educación bilingüe y otro con la inmersión en una sola lengua”. “Este no es nuestro modelo, sino el modelo que provoca la actitud de la Generalidad y de la señora Rigau al poner trabas a la ejecución de estas sentencias del Supremo“, ha añadido.

“Antes o después, lo conseguiremos”
El lider de Ciudadanos ha recordado que su formación defiende “el modelo que estableció claramente el Tribunal Supremo, en el que las dos lenguas oficiales son vehiculares, y añadir el inglés”. Y ha augurado que “el Supremo, en un tiempo, ratificará este modelo” de nuevo, ya que el Alto Tribunal “ha dictaminado que el sistema ha de ser con dos lenguas vehiculares conjunta y equilibradamente, lo que no tiene nada que ver con dar una atención especializada a los padres que lo pidan como si fuera una anomalía”.

Rivera ha instado a Rigau a “afrontar la realidad” y aceptar que “el sistema del siglo XXI es el trilingüismo”. “Un sistema que no incluye las dos lenguas oficiales está caducado y va contra el sentido común y la justicia, por lo que la Generalidad lo único que ha conseguido es alargar la agonía”, ha subrayado; y ha criticado al PSC por “sumarse a las tesis caducas” de la inmersión obligatoria.

“Antes o después, lo conseguiremos. Conseguiremos que la escuela catalana, pública, universal y gratuita tenga la misma calidad educativa y lingüística que tienen las mejores escuelas privadas, [...] y donde el señor Mas y el señor Montilla llevan a sus hijos. El Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que el catalán ha de ser lengua vehicular en Cataluña, pero también que, en ningún caso, el castellano puede dejar de serlo”, ha concluido.

El TSJC reconoce el derecho recibir una educación bilingüe
El diputado autonómico del PP Santi Rodríguez ha declarado que el auto del TSJC, “de forma contraria a lo que otros han expresado, solo resuelve una cuestión particular de unas familias, reconociendo el derecho a recibir la educación con el castellano también como lengua vehicular”.

Rodríguez ha destacado que el auto “no entra a dirimir sobre el modelo educativo que se aplica y que se debería aplicar en Cataluña”, y ha recordado que el Estatuto, “en su redacción constitucional, permite un bilingüismo integrador que no separe a los niños por aulas, sino que tanto catalán como castellano puedan ser lenguas vehiculares con normalidad”. El diputado autonómico popular ha insistido en que este modelo, incluyendo una tercera lengua extranjera, es el que defiende su partido.

SOBRE la exclusiva DE Libertad Digital
Pedraza: "Ha sido como un rayo de esperanza que se sacase a la luz"
La presidenta de la AVT habla en Es la mañana de los problemas económicos de la asociación y del significado del hallazgo de Libertad Digital.
libertad digital 9 Marzo 2012

Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, ha estado en los micrófonos de Es la mañana de Federico, en esRadio, donde ha tenido palabras de reconocimiento para Libertad Digital y otros medios como El Mundo, que han buscado la verdad de los hechos del 11-M hasta el hallazgo de un vagón oculto de uno de los focos de la explosión. "Doy las gracias a personas como vosotros, intentando que se sepa la verdad", dijo en Es la mañana.

La presidenta de la AVT aseguró también que tiene "esperanzas" al respecto, y que para ella "ha sido como un rayo de esperanza que se sacara esto a la luz". Pedraza confiesa que al día siguiente habló con el Fiscal General y le confirmó que se iban a abrir diligencias. "Efectivamente, no me engañó y se hizo público (...) Es una esperanza tan importante para las víctimas, que hemos perdido algo tan importante, en mi caso mi hija".

Pedraza también explicó los acuciantes problemas económicos que atraviesan las víctimas del terrorismo, y que han obligado a la asociación a colocar mesas en distintos puntos de la ciudad de Madrid, cuya ublicación -tal y como aseguró en antena- está señalada con exactitud en la página web de la asociación.

No obstante, adelantó que habrá mesas en lugares como el barrio de Salamanca de Madrid, la Plaza de Felipe II, el centro ABC Serrano, las calles de Ayala y Ortega y Gasset.

Según dijo, la asociación ha visto disminuir sus fondos a la mitad pese al hecho de que en los últimos meses ha habido 484 afiliados nuevos. "El hecho de que Bildu esté en las instituciones, de que Amaiur esté en el Congreso, ha hecho revolver las entrañas de muchos, han venido muchas víctimas más a pedir ayuda psicológica"

De hecho, ha habido comunidades autónomas como Cataluña, Andalucía o Extremadura que no han querido recibir a la asociación. Pedraza dijo que da la impresión de que quieren "callar" o "asfixiar económicamente" a las víctimas. Según reveló, "ya el año pasado no cobramos nada" de ninguna comunidad, municipio o Ayuntamiento. "Esperemos que ahora al estar otro Gobierno comiencen a recibirnos".

La AVT, recordó, está personada en 99 procedimientos relacionados con el terrorismo, ya sea del 11-M como de ETA, e incluso "alguno del Grapo". En cada uno de ellos se exige un "aval de 2.000 a 6.000 euros", y los juicios pueden tardar en salir varios años. Como consecuencia, en gran parte de los casos, ese aval todavía no se ha devuelto.

Pedraza ha dicho que ya ha transmitido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, su petición modificar esta imposición y "ver si se puede arreglar". Pedraza revela que el propio ministro le llamó "hace un mes y se comprometió a muchas cosas, espero que se cumplan". Y recordó que todavía hay "324 asesinatos de ETA sin juzgar, y 53 casos en la Audiencia de los que no existe ni documentación", que parecen haber sido "borrados", y de los que sólo ahora se ha pedido documentación a la Guardia Civil o la Policía.

Con mesas en las calles de Madrid
La AVT pone en marcha su campaña de recaudación ciudadana
Agencias www.gaceta.es 9 Marzo 2012

Los ingresos de la asociación han descendido cerca de un 50% como consecuencia de la crisis.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) pondrá en marcha este viernes la campaña de petición de ayuda pública a la que se ha visto obligada a recurrir ante la delicada situación económica que atraviesa.

Con el objetivo de concienciar a los ciudadanos, colocará mesas en las calles de Madrid para recaudar fondos que le permitan continuar con sus actividades, según adelantó a Europa Press la presidenta de la asociación, Angeles Pedraza.

A consecuencia de la crisis económica, la AVT ha visto cómo sus ingresos han descendido cerca de un 50% mientras que el número de asociados ha crecido, así como la atención que reclaman como consecuencia de las secuelas que les quedaron tras los atentados.

Concretamente, la AVT colocará siete mesas en diferentes calles de Madrid en las que distribuirá folletos entre los ciudadanos explicando su actividad. La asociación quiere transmitir a la gente que no sólo se dedica a la reivindicación política, sino que destina gran parte de sus fondos a la atención directa a las víctimas.

Además, la asociación está personada en un total de 99 procesos judiciales relacionados con el terrorismo de ETA, el 11M y los Grapo, que requieren de cuantiosos fondos.

En concreto, las mesas estarán ubicadas, entre las 11.00h y las 20.00h, en diferentes puntos del barrio de Salamanca de Madrid, como la calle Serrano, la plaza de Felipe II, la calle Alcalá o la calle Velázquez.

Disminución de las subvenciones
La financiación con la que la asociación cuenta para desarrollar sus programas es cada vez menor, ya que la crisis económica ha hecho a muchas instituciones cancelar los convenios de colaboración que habían firmado con la AVT o no conceder subvenciones a las asociaciones de víctimas como habían hecho hasta ahora.

Pedraza ha reconocido que las ayudas del Ministerio del Interior han bajado "muy poco", alrededor de un 20 por ciento, pero no es el caso de las comunidades autónomas, ya que ninguna de ellas ha realizado este ejercicio convocatoria de ayudas.

La AVT espera una respuesta muy positiva de los ciudadanos a su petición de ayuda, ya que siempre han recibido el apoyo de la gente cuando lo han reclamado. Pedraza se ha remontado incluso al nacimiento de la asociación hace 31 años, cuando sus fundadoras recibieron ayuda de la ciudadanía para poder ponerse en marcha.

Esta cuestación pública se realizará no sólo a través de las mesas instaladas en la calle, sino que la asociación también ha puesto a disposición una cuenta bancaria que se puede consultar en su página web a través de la que acepta donaciones.

José María Besteiro, el productor que se trajo a España "Sin tetas no hay paraíso"
"A la Televisión de Galicia le sobran 600 trabajadores"
"El idioma gallego no es exportable y lo que nos identifica es lo que nos limita"
Javier González Méndez Periodista Digital 9 Marzo 2012

Por la prensa escrita entonó un réquiem
Estas, entre otras paradojas y descripciones del paisaje audiovisual y mediático de Galicia, fueron surgiendo de la boca de José María Besteiro (Lugo, 47 años), el productor audiovisual lucense que introdujo en España una nueva y popular fórmula para acceder al paraíso: "Sin tetas no hay paraiso"

Durante una conferencia que pronunció en la Diputación de Lugo, organizada por la Asociación de la Prensa de esa ciudad, este hombre que, donde pone el ojo pone una serie de televisión en la cima de los ranking de audiencia, hizo una detallada radiografía de la Galicia de papel periódico, la radiofónica, la audiovisual y la digital.

El padre adoptivo de estrellas del share como "Pasión de gavilanes", y padre biológico de series en la TVG como "Libro de famlia" o "Mareas Vivas", predijo un futuro menos negro para la radio, las hermana pobre del universo mediático, por el mero hecho de que sus costes son más reducidos.

Le apasiona el mundo digital, en el que cualquier espontáneo puede convertirse en periodista, pero advierte de la amenaza que supone para el mundo en el que vivimos "que se acaba tal e como lo conocimos".

Por la prensa escrita entonó un réquiem. Si en un país de 47 millones de habitantes entran en crisis los grandes periódicos, gran parte de ellos con el agua al cuello, qué se puede esperar de los medios regionales en cuanto a su futuro se refiere.

Besteiro cerraba esta reflexión elevando a los medios escritos en lengua gallega a la categoría de utopía insostenible. En Galicia ya no queda ninguno. Y el cementerio mediático gallego padece overbooking de aventuras que duermen el sueño eterno.

"TVG le cuesta 36 euros a cada gallego"
En el ámbito de la televisión pública gallega, el productor audiovisual, que ha sido profeta en su propia tierra y fuera de ella, ha sido taxativo:

"El principal problema es que la TVG fue diseñada por los que parieron RTVE, en tiempos de bonanza y de un sistema de relaciones laborales en exceso garantistas"

Ese espíritu en exceso garantista, que mantiene a TVG encorsetada, lo atribuye a vicios franquistas en sus orígenes y vicios incorporados por el nacionalismo gallego.

Sobre el instrumento diferencial de TVG respecto a otras televisiones, o sea, el idioma gallego, el conferenciante no se anduvo con paños calientes:

"Tenemos un idioma que no es exportable y lo que nos identifica es lo que nos limita. Sólo podemos trabajar con mentalidad de hormigas para hacerle cosquillas a los elefantes"

Para Besteiro es posible hacer un mejor reparto de los 120 millones de euros destinados por la administración a los medios, considera que con apenas un millón y una buena gestión serían sostenibles canales locales y apuesta por destinar un 10% del presupuesto de TVG a los periódicos.

Al final cerró su conferencia lamentándose de que, por mantener 600 empleados de más en la televisión pública gallega, no le parecía de recibo que se vayan destruyendo puestos de trabajo en empresas privadas que están bien gestionadas y cuyos trabajadores, tan cualificados como en la pública, le cuestan a la sociedad la mitad.

"O se hace cirugía o se irá al entierro"

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Libertad racionada en Cataluña
EDITORIAL Libertad Digital 9 Marzo 2012

El Tribunal catalán ha tutelado, después de siete años de litigio, el derecho a estudiar en español de tres familias. Y ni una más. A partir de ahora, quien quiera que sus hijos cursen en esta lengua la enseñanza reglada, tendrá que pedirlo en un juzgado. Con el Auto sobre libertad lingüística, el TSJC inaugura la inaudita doctrina del racionamiento de derechos fundamentales. En contra de la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, el fallo conocido este jueves respalda el sistema de inmersión lingüística de la Generalitat, aunque, eso sí, concede a cada familia la opción de reclamar por vía judicial la escolarización en castellano. Dicho de otro modo: el único derecho de curso legal es el "derecho" de la Generalitat a imponer la lengua única en los colegios; el otro, el derecho de los padres a elegirla, es una excepción que, a partir de ahora, se dosificará mediante sentencias judiciales. En Cataluña, las personas ya no ejercerán sus derechos, entre sí y frente a los abusos de la Administración, sino que les serán retenidos en fianza por los tribunales localistas. A este grado de desamparo de la persona frente al Poder se ha llegado en el "oasis catalán". Tal es la quiebra del principio de legalidad. Así de insignificante es la libertad en esta parte de España.

Los jueces del TSJC han emitido una resolución que hace decir al Tribunal Supremo cosas que este no dice y desoye cosas que sí dice.

El Supremo ha dejado muy claro que la Generalitat tiene que ser neutral en la lengua de la enseñanza. Pertenece a los padres la libertad de elegir en qué idioma escolarizan a sus hijos. El sistema de inmersión linguística impuesto por la Generalitat es inconstitucional y debe cambiarse. Todo esto lo dice, no solo el Tribunal Supremo, sino el Tribunal Constitucional en un cuerpo de doctrina lo bastante claro y ejecutivo como para obligar a la Generalitat a cumplirlo, sin necesidad de este largo, fatigoso y kafkiano proceso de casi ocho años, en el que los niños para los que se pedía tutela han crecido y están a punto de abandonar la edad escolar.

En su resolución de este jueves, sin embargo, el TSJC atribuye al Supremo una ambigüedad que este nunca ha tenido en el tema de la libertad lingüistica. El Tribunal catalán llega a decir en su Auto que es incorrecto leer las sentencias del Supremo "en un sentido literal". Curioso principio hermenéutico, que invita a desconfiar de "lo literal" y sugiere que las sentencias no deben tomarse al pie de la letra. Según el TSJC, si se prescinde de la siempre estrecha literalidad, la doctrina del Supremo sirve para un roto y para un descosido, avala la inmersión al mismo tiempo que la libertad de los padres, el abuso y la tutela frente al mismo, la opresión y la libertad. La insólita conclusión del TSJC no es aclarar a los padres los límites que el Poder político no puede traspasar, a la luz de la inequívoca doctrina del Supremo, sino pedir al Supremo que se aclare. Mientras no lo haga, dice el TSJC, la Generalitat puede seguir imponiendo la lengua única en los colegios. Sería un mal chiste, si no fuera una pesadilla perfecta.

El Auto del TSJC ha sido celebrado por el presidente de la Generalitat, señor Artur Mas, que se ha reafirmado en la política de inmersión, de la que Cataluña "no se moverá", según ha anunciado. Su júbilo es directamente proporcional a la indefensión en la que quedan los ciudadanos. La ley y las sentencias siguen sin cumplirse en Cataluña.

Un Estado que no cumple las leyes ni las hace cumplir es una amenaza para la libertad. Unos ciudadanos sin la tutela de la ley frente a los abusos han dejado de ser ciudadanos para ser súbditos. Un sistema en el que los jueces rinden servicios al Gobierno y no a la ley ha dejado de ser una Democracia para ser un régimen. El TSJC ha proclamado este jueves la independencia judicial de Cataluña y el desamparo irremisible de los derechos constitucionales. La pregunta es: ¿qué hará el Gobierno del señor Rajoy por la igualdad ante la Ley de todos los españoles, también de los catalanes que quieren ejercer y no delegar su libertad?

Cataluña
El 'mandaMás'
José Domingo Libertad Digital 9 Marzo 2012

El Tribunal Supremo dejó bien claro que el castellano debe ser reintroducido como lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña y ordenó que la Administración educativa catalana adoptará las medidas necesarias para hacerlo posible. La inmersión en lengua catalana es una de las principales líneas rojas trazadas por el nacionalismo catalán para delimitar su campo de juego y para evitar que ninguna institución o particular, nada ni nadie, las traspase acuden a la coacción y a la manipulación.

Al cobijo de la sombra del mandaMás han florecido plataformas como Som Escola o Escola en Català, que han enviado miles de correos electrónicos y han convocado manifestaciones delante de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para advertir a los magistrados de que si se atrevían a saltar la raya del monolingüismo catalán corría peligro la paz social. El Parlamento catalán, por su parte, ha desafiado al Poder Judicial aprobando resoluciones en las que declaraban que el catalán sería la única lengua vehicular de enseñanza, con independencia de lo que dijeran los Tribunales.

En ese contexto, el Tribunal catalán le ha pegado un capotazo al toro y lo ha devuelto, casi entero, al Tribunal Supremo. Le ha faltado valor. Recrimina a la Administración catalana que no haya ejecutado la sentencia, pero achica seguidamente los espacios y reduce las medidas para hacer posible que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza a una enigmática “situación jurídica individualizada” que delega la forma de concretarlas en el centro donde estudien los niños de las familias afectadas. Conscientes de que la solución no es la definitiva, los magistrados sugieren en el controvertido auto que la última palabra sobre este tema la tendrá, otra vez, el Tribunal Supremo.

Al Poder nacionalista le ha faltado tiempo para tratar de confundir a la opinión pública. Tras salir con el espantajo de la segregación y de las dos líneas separadas y recordar por enésima vez a Franco, se atreven a afirmar, sin pestañear, que la inmersión lingüística ha sido avalada por el Tribunal Superior de Justicia catalán. Falso. De hecho de los veinticuatro magistrados que componen la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sólo uno –el que ha emitido el voto particular- ha defendido que el catalán debe ser la lengua vehicular de la educación. Los veintitrés restantes no han dicho ni una palabra al respecto y, por el contrario, han reiterado que el castellano también debe ser lengua docente en la enseñanza.

La guinda la ha puesto la valoración de la Consejera de Enseñanza. Las sentencias del Tribunal Supremo se jibarizan y quedan comprimidas por la Honorable convergente en un grotesco derecho a la atención individualizada en castellano en la educación infantil, que sarcásticamente es definido como “un mecanismo para tranquilizar a las familias”, es decir, un placebo. El engrudo, según Rigau, consiste en que: “Si tienes la sensación de que un niño no te ha entendido a la hora de explicar unas normas, en vez de hacerlo públicamente y repetirlo todo en castellano, después te diriges a él y le dices: mira, lo que queríamos decir es que, al acabar la clase, la silla se pone sobre la mesa. Son una serie de pautas y de instrucciones que se personalizan.”

Esa rueda de prensa la tiene que ver el Ministro de Educación, Cultura y Deporte para que analice como la Generalitat cumple las normas educativas en Cataluña y se decida, de una vez, a modificar la Ley Orgánica del Derecho a la Educación para incluir el derecho de los alumnos a ser educados en castellano en todo el territorio nacional y a poner los medios para hacerlo efectivo. Así de sencillo.

El Sr. Domingo es presidente de Impulso Ciudadano y exdiputado del Parlamento de Cataluña.

Nota de prensa de Impulso Ciudadano ante el auto del TSJC
LA INMERSIÓN LINGÜÍSTICA NO HA SIDO AVALADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

IMPULSO CIUDADANO   9 Marzo 2012

IMPULSO CIUDADANO expresa su posición ante el contenido del auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña relativo a la ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el régimen lingüístico del sistema educativo catalán.

En primer lugar, rechaza por inexacta la interpretación que ha hecho el Gobierno de Cataluña de la resolución judicial. Es completamente falso que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya avalado la inmersión lingüística obligatoria en catalán. El Tribunal no se pronuncia sobre ello. Es más, la única defensa de las posiciones de la Generalitat se contiene en el voto particular de la sentencia, es decir de 24 magistrados solamente una ha defendido que el catalán sea la única lengua vehicular de enseñanza en el sistema educativo catalán.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declara expresamente que la Generalitat no ha ejecutado debidamente el fallo de la sentencia del Tribunal Supremo que, se ha de recordar, obligaba a la Administración educativa catalana aadoptar las medidas necesarias para hacer del castellano también lengua vehicular.
Impulso Ciudadano lamenta que la resolución procesal del asunto se demore a una nueva resolución del Tribunal Supremo, dado que son muchos los alumnos catalanes afectados por un sistema que impide hacer del castellano y catalán las lenguas vehiculares de forma equilibrada y racional en una sociedad bilingüe. En todo caso, se ha de entender de la lectura del auto que en aquellos centros educativos en los que cursen las alumnos afectados por la sentencia se ha de reintroducir el castellano como lengua vehicular junto con el catalán.

Impulso Ciudadano rechaza la manipulación de la opinión pública llevada a cabo por las autoridades catalanas y advierte que, en modo alguno, puede darse por finalizado el conflicto en la escuela catalana mientras se sigan conculcando los derechos de miles de padres y alumnos que defienden la educación bilingüe en Cataluña.En este sentido, se ha de recordar que ya existen abiertos nuevos procesos judiciales que denuncian la inconstitucionalidad del sistema educativo catalán.
En todo caso, es imprescindible que, para resolver esta situación conflictiva que se arrastra desde hace muchos años, el Gobierno de la Nación impulse las medidas legislativas necesarias, en concreto en la Ley Orgánica del Derecho a laEducación, para reconocer el derecho de los españoles a ser educados en castellano en todo el territorio nacional.

COMUNICADO DE PRENSA ANTE EL AUTO DEL TSJC
Frente a la decisión falsamente ‘salomónica’ contenida en el auto del TSJC de ocho de los corrientes
Asociación por la Tolerancia  9 Marzo 2012

El TSJC no ‘legitima’ el sistema de inmersión lingüística, sino que deja en suspenso su decisión de julio de 2011, que obligaba a la Generalitat a reintroducir el castellano como lengua vehicular en la escuela, hasta tanto el Tribunal Supremo no interprete con mayor claridad el alcance de su sentencia de diciembre de 2010. Al mismo tiempo, se reconoce el derecho de los demandantes a que sus hijos reciban educación en castellano y a recibir las comunicaciones en esa lengua.

El auto en cuestión es, ciertamente, sorprendente por cuanto la sentencia del Supremo es extremadamente clara incluso para legos. Por si la fórmula: considerar ‘también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán ’ presentara alguna duda, el propio voto particular de la magistrado Doña Núria Clèries Nerín (nada sospechoso, porque el auto le parece muy débil en su apoyo a la política lingüística de la Generalitat) cita literalmente al Supremo en estos términos: “se deberá otorgar al catalán un trato diferenciado sobre el castellano en una proporción razonable, que, sin embargo, no haga ilusoria o simplemente constituya un artificio de mera apariencia en la obligada utilización del castellano como lengua vehicular”.

A juicio de esta Asociación, son inadmisibles las presiones a que se ha sometido al TSJC (que responden ya a una tradición originada con el ‘caso Banca Catalana’ y repetidamente utilizada) desde ciertos sectores sociales y, lo que es peor, por parte de los más altos responsables políticos de Cataluña. La expresión pública de la voluntad de desobedecer las sentencias de los tribunales constituye el peor ejemplo que se puede ofrecer a los ciudadanos y los deja en una situación de inseguridad jurídica y de desamparo frente a la arbitrariedad del poder.

En Barcelona, a 9 de marzo de 2012
Junta de la Asociación por la Tolerancia

Cataluña
Un paso más cerca
Pablo Yáñez Libertad Digital 9 Marzo 2012

En los últimos días, el nacionalismo catalán ha afirmado vivir con miedo a lo que ellos llamaban las "amenazas al sistema de inmersión lingüística". Esas amenazas no eran sino la posibilidad de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se pronunciase sobre la necesidad de que se reconozca también al castellano como lengua vehicular en las aulas catalanas.

Ese miedo, que forma parte del continuo victimismo nacionalista, se ha manifestado a través de las llamadas al desacato de las sentencias judiciales, mediante presiones públicas a los miembros del tribunal así como desde el más absoluto desprecio al funcionamiento de la justicia al que tan acostumbrados nos tienen desde que el por entonces President Montilla se colocase tras la pancarta de la manifestación contra la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut de Cataluña.

Hoy conocíamos el auto y se desvelaba un episodio más de la serie de actuaciones judiciales que para tristeza de los nacionalistas, a nadie quepa duda, volverá a instalar el castellano en los centros educativos de Cataluña.

Con el fallo del TSJC, se viene a confirmar el derecho de las familias denunciantes a recibir la educación en castellano, o lo que es lo mismo, la obligación de la Generalitat de Cataluña a articular una respuesta eficaz a esa demanda.

Hoy, los insumisos del coche oficial se jactan de que con unas cuantas "atenciones individualizadas" conseguirán perpetuar un modelo educativo totalitario que impide a los padres elegir para la formación de sus hijos la lengua oficial del Estado en el que viven.
Pero nada más lejos de la realidad en la que nos encontramos. Ya existen sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que sitúan ese modelo monolingüe fuera de los límites que marca la legalidad. Ya hay obligación por parte de la Generalitat de Cataluña de adecuar la Ley de Educación Catalana a la sentencia del Constitucional sobre el Estatut. Y ya hay la demanda social de que ambas lenguas cooficiales puedan estar presentes en el camino educativo de los niños catalanes.

Lo que queda hoy en día son unos representantes políticos lanzados a una huída de la ley. Unos gobernantes que se enorgullecen públicamente de no acatar las sentencias de los Tribunales de justicia. Un Presidente de la Generalitat que se disfraza de insumiso para reírse del Estado del que es el máximo representante en aquella Comunidad Autónoma.

Contamos con los instrumentos judiciales para empezar a recuperar todo el terreno perdido en las últimas décadas por el avance de un nacionalismo cada vez más radical que en nombre del "proyecto nacional" no ha dudado en recortar derechos y aniquilar libertades individuales.

Necesitamos una labor de concienciación social que permita a la sociedad catalana y a la española en su conjunto ofrecer una "tolerancia cero" a quienes desde el despacho oficial afirman crecidos vivir de espaldas a la ley. Como Estado de Derecho debemos poner en valor la legalidad y la lealtad institucional y no permitir que los principales enemigos de nuestro sistema vivan y se favorezcan a su costa.

Esas familias tienen reconocido su derecho. Y la Generalitat debe hacerlo efectivo. El modelo educativo monolingüe catalán no se ajusta a la Constitución y por tanto debe ser cambiado. Y aquellos que desobedecen las leyes y desacatan las sentencias prevarican, y deberán, por tanto, responder ante la justicia si queremos que esta sea igual para todos los ciudadanos. Hoy los demócratas hemos avanzado un par de pasos más. Y sería un error retroceder ante los insumisos del nacionalismo catalán.

El Sr. Yáñez es presidente de la Asociación Nacional por la Libertad Lingüística.

Terrorismo
¿Que lo justo no condicione el futuro?
Juan de Dios Dávila Libertad Digital 9 Marzo 2012

En esta segunda parte del partido en el que nos estamos jugando el ser o no ser de España, ya se están produciendo declaraciones que parecen querer desdramatizar un final pactado con ETA, el blanqueo del terrorismo, la institucionalización en el Congreso de los Diputados de la banda terrorista, la ruptura de España.

Las declaraciones de doña Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial, han sido: "Las víctimas no deben condicionar la evolución sociopolítica de España".

Estas declaraciones son lo mismo que decir que lo justo no debe condicionar el futuro.
Hay que insistir en que las víctimas lo han sido fruto de la injusticia ejercida por unas personas, militantes de ETA, cuya finalidad ha sido, es y será, imponer su proyecto político, que pasa por la destrucción de España y la aniquilación de todo aquel que se oponga a su proyecto.

Esas declaraciones suponen que todo aquel que sencillamente quiere que se cumpla la ley, que la sociedad sea justa, todo aquel que no quiere dejar su futuro en manos de asesinos, es una persona desequilibrada a la que hay que silenciar y, por supuesto, impedir que tenga una participación política decisiva en el futuro de la sociedad española. Son personas peligrosísimas, porque creen que la sociedad debe ser justa. Hoy parece que no se quiere que lo justo condicione el futuro de España.

Seguirán insistiendo en esta segunda parte de la negociación iniciada por el gobierno de Zapatero, y todo parece indicar que continuada por el gobierno de don Mariano Rajoy, que Bildu-Amaiur son distintas de ETA. Que si queremos la "paz", algo habrá que dar a cambio, en este caso, la independencia. Que las víctimas de ETA son muy buenas personas. Que las comprendemos e incluso las ayudamos, pero que su sufrimiento las hace estar fuera de la realidad, al pretender que la sociedad sea justa.

Nadie que haya vivido en las provincias vascongadas, puede negar que Bildu-Amaiur son herederas de Herri Batasuna, Eukal Herritarok; el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), Acción Nacionalista Vasca (ANV), en una continuidad nunca rota de votantes, medios materiales, ideología y fines. Quienes niegan esta pertenencia si están fuera de la realidad.

Pretender que la sociedad acepte la injusticia, y por tanto, a los injustos como principales protagonistas del futuro de España, no es admisible por ninguna persona en su sano juicio y que quiera tener una mínima posibilidad de vivir un futuro en paz.

En estos momentos, la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley recae sobre jueces, fiscales y miembros del gobierno. Si alguno de ellos se siente incapaz de cumplir con el deber que han jurado o prometido, es el momento de retirarse. Pero su incapacidad, o su miedo, o su pereza, no puede suponer que se justifiquen disfrazando el vicio de virtud, la mentira de verdad, la injusticia de justicia.

La Paz sólo se puede dar en una sociedad justa. Este es el reto que estamos viviendo, al que tenemos que dar una respuesta personal, incluso en las urnas.

El Sr. Dávila Garijo preside la Fundación Unidad+Diverisidad. Exconcejal del PP en Hernani. Hermano del teniente coronel Fidel Dávila, asesinado por ETA.

Protestas
Dejen de llorar
Serafín Fanjul Libertad Digital 9 Marzo 2012

Hace un mes señalábamos en estas mismas páginas digitales la necesidad, por simple lógica, de esperar algún tiempo para enjuiciar los efectos de las medidas económicas del gobierno, aunque a nadie guste pagar más impuestos, incluido el arriba firmante. Pero hay capítulos que están inquietando cada vez más a los votantes del PP, conforme pasan los meses y don Mariano Rajoy que, sin duda, está trabajando mucho, insiste en llevar a rajatabla aquello de ocuparse sólo de "lo que interesa a los españoles". Lo cierto –que hemos apuntado desde hace años– es que a los españoles nos interesan muchas cosas: una, la economía, pero hay otras de no menor importancia (la educación, la política cultural, la catástrofe autonómica, la desafección por España o…el orden público). De los últimos meses de Rodríguez y su connivencia con perroflautas, mafias sindicales, etarras y cualquiera que ocupase violentamente las calles, no hablaremos porque ahora hay otro gobierno. Ni siquiera de que anden enviscando a los mequetrefes, con o sin micrófono, que insultan y atacan a la policía: es su papel y estaba cantado que ésa sería la leal oposición de Alfredo Pérez.

Sin embargo, hay otro capítulo que sí concierne al gobierno actual: la timidez, y hasta pusilanimidad, con que están abordando (es decir, no están abordando) asuntos tan serios como la desinfección de la RTVE ( de la cual dependen la información sobre los hechos y aun los hechos mismos) o la postura ante acontecimientos políticos que se van presentando y ante los cuales el gobierno camina a remolque, pidiendo perdón y, en definitiva, escondiéndose. Respecto a la TV, da la impresión de que Rajoy la menosprecia o infravalora en demasía ("Si hemos ganado con RTVE en contra, podemos seguir así", la pregunta es por qué debemos seguir así), con lo cual sobrevalora el alcance y significado de su propio triunfo, conseguido más por hartura y rechazo de los socialistas que por convencimiento del votante. Grave error y encima quejándose aquí o allá por los desmanes que siguen perpetrando los progres en la televisión pública, crecidos ante la pasividad del gobierno.

Pero hay más. Los autodenominados sindicatos de clase anuncian manifestaciones en Madrid para el 11 de marzo, ofendiendo la memoria de las víctimas y el sentimiento de sus familiares, y la única solución que se ocurre a la Comunidad y al Ayuntamiento (gobernados ambos por dos señoras a las que respeto enormemente) es cambiar la fecha de la conmemoración, aun con la opinión en contra de varias asociaciones, como es lógico. La delegada del gobierno, la gran historiadora Cristina Cifuentes (a tenor de sus mofas y desdén por el Diccionario Biográfico de la R.A.H., para hacerse la guay con los periodistas) dirige una cariñosa y amable carta a los niños mal educados para que, a ver, por favor, si son buenos y cambian la fecha, porque esto no se hace, hombre, no está bien, hay que ser humanos, etc. Inquietante: ¿Es que no puede prohibir o modificar la fecha, o el trayecto, de la panda sindical? ¿Es que no gobierna ella el orden público?¿Cuántas manifestaciones prohibió, modificó, limitó Alfredo Pérez, con acoso policial (en Colón) y multas incluidas, cuando se trataba de clamar por las víctimas del terrorismo, el aborto, el adoctrinamiento socialista en la enseñanza? Doña Cristina todavía no se ha enterado de que los permisos y revocaciones dependen de ella, por ejemplo por riesgo de incidentes. Pero también es grave el silencio de la caterva de periodistas y tertulianos, proclives al PP, que plañen por la insensibilidad sindical y aun no han caído en la cuenta (o eso simulan, como doña Cristina) de que el Ministerio del Interior tiene facultades para actuar y es a él a quien se debe reclamar, no a los perroflautas y gamberros asimilados. De ésos ya sabemos lo que se puede esperar.

Y Valencia. Omitimos el relato de los sucesos, por sabidos y vamos con otros hechos: un día oigo al Sr. Cotino – creo que presidente de las Cortes valencianas – plañendo porque los socialistas han invitado a la tribuna al tal Alberto Ordóñez, Lenin de bolsillo en espera de lo que caiga. Y me pregunto: ¿es que el Sr. Cotino no tiene autoridad para impedir la entrada en las Cortes a cualquier indeseable, por muy de la manita que vaya con el Lucero del Alba?¿Por qué lloriquea en vez de actuar? ¿Por qué el día anterior la delegada del gobierno – doña Paula Sánchez de León – recibió al gamberro que aullaba para “incendiar, a sangre y fuego, las calles de Valencia”? Un anticipo de fallas, pero con revolución, que durante cinco días (¡cinco!) disfrutó – no sé si sigue - Rita Barberá ante su casa, cencerrada cañí o repudio a la cubana, sin que nadie mueva un dedo. Eso sí: con acompañamiento de condenas y quejidos de doña Paula en Intereconomía, una de las pocas televisiones en que permiten asomar tranquilamente a los dirigentes del PP. A propósito, ni siquiera los periodistas de Intereconomía se han percatado de que el orden público es cosa del gobierno y, por tanto, el ministro no puede largarse regalando combustible al de los incendios hablando de “excesos policiales”, sin siquiera tener los informes oportunos, ni el director de la policía – de quien tengo buen concepto y cuyo nombramiento me alegró – debe empantanarse en la milonga de la proporcionalidad. Pues claro que proporcionalidad, pero a la policía, ni un insulto, ni un desprecio, si queremos que actúe con eficacia; y a los votantes del PP, ni una tomadura de pelo, porque – tarde o temprano – se notan.

Dejen de llorar y gobiernen: para eso tienen los votos. Si –como dicen- Rajoy se las tiene tiesas a Angela Merkel, poner en su sitio a los dominguillos de Alfredo Pérez resultará un juego de niños. Sólo falta tener ganas.

Terrorismo
Las víctimas y la evolución sociopolítica de España
Guillermo Dupuy Libertad Digital 9 Marzo 2012

Durante unas jornadas que llevan por título "El nuevo panorama del terrorismo en España", celebradas en la Universidad de Alicante, la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, ha declarado que "las víctimas no deben condicionar la evolución sociopolítica en España".

Dado que en ese mismo foro, Dña Gabriela también se ha mostrado partidaria de que no quede "ningún atentado sin esclarecer, ningún culpable sin condenar y ninguna víctima sin atender", tal vez su anterior declaración haya podido ser sacada de contexto. Puede ser también que Dña Gabriela haya querido poner una vela a Dios y otra al Diablo, si se me permite la expresión tan escasamente laicista. No lo sé; pero, ¿qué quieren que les diga? La frase de marras no deja de recordarme aquella según la cual "la Justicia no debe ser obstáculo para el proceso de paz", que el anterior Fiscal General del Estado pronunció durante la anterior tregua terrorista, muy poco después de que la banda exigiera en uno de sus "pacifistas" comunicados que "ningún ordenamiento jurídico, ninguna ley y ninguna constitución sea obstáculo para alcanzar la paz en Euskal Herria".

Y es que si hay algo que caracteriza a la inmensa mayoría de las víctimas del terrorismo es su reclamación de Justicia. Y se supone que quienes no deben condicionar la "evolución sociopolítica" de España, no son las víctimas en su legítima e irrenunciable aspiración, sino los etarras. Son los terroristas, y no sus víctimas, los que no nos deben condicionar, ya sea por matar o por dejar de hacerlo. Y lo cierto es que, a pesar de los autoengaños de buena parte de nuestra clase política y mediática, los terroristas han condicionado nueva y claramente, negro sobre blanco, su "cese definitivo" de la violencia a la consecución de aquellos objetivos, políticos y penitenciarios –valga la redundancia- por los que han matado y han anunciado treguas en el pasado.

Dña Gabriela se ha mostrado también partidaria en ser "contundentes" en la aplicación de la Ley, lo cual está muy bien. Mi duda, sin embargo, es si Dña. Gabriela considera una muestra de "contundencia" en la aplicación de la ley la forma en la que se ha observado la Ley de Partidos, que ha permitido a los testasferros de ETA volver a las instituciones y a la propia banda celebrar públicamente el "haber ganado la batalla de la ilegalización". También me pregunto si Dña Gabriela considerará "contundente" la observancia que ha tenido la ley que castiga con penas de cárcel a "la autoridad que eludiese su obligación de detener a delincuentes" durante el tiempo en que representantes del gobierno español se han sentado a dialogar con criminales prófugos de la Justicia, como Josu Ternera. Me pregunto también si considerara "contundente" olvidarse del cumplimiento integro de las penas para pasar a defender los "beneficios penitenciarios" para los etarras presos con la excusa de que no se trata de un indulto general o una amnistía. No lo se. Lo cierto es que Dña Gabriela tampoco ha querido aclararlo.

En cualquier caso, considero que ninguna "evolución sociopolitica de España" sería tan indeseable como la que debilitara aun más su configuración como Estado de Derecho. Y más aun si esa evolución tuviera como objetivo la satisfacción de las condiciones que para la paz, nos exigen, no las víctimas, sino sus verdugos.

A cualquier precio
Los tribunales dirimen un conflicto que no enfrenta a los defensores de catalán o castellano como única lengua vehicular, sino a los primeros con los que desean que ambas lo sean
JUAN CARLOS GIRAUTA ABC Cataluña 9 Marzo 2012

CADA paso adelante en la construcción nacional de Cataluña exige un paso atrás en las libertades y derechos de los catalanes, y hay que ser cándido para ver aquí una paradoja. ¿Dónde está escrito que una nueva nación soberana, producto de la quiebra de España, haya de procurarnos mayores cotas de bienestar, más anchos horizontes o más plenas libertades de las que ya gozamos? No nos engañemos; salvo honrosas excepciones en forma de «independentismo no nacionalista» (tendencia muy minoritaria), los precursores del abandono de España están dispuestos a sacrificar estabilidad, prosperidad, libertades, Unión Europea y el futuro de sus hijos (y de los ajenos) en pos de un conglomerado emocional, no racional; un ensueño sentimental, no un proyecto práctico; una quimera romántica (en sentido estricto) y una pasión arrebatada de identidad y pertenencia, no un perfeccionado Estado de Derecho. Los últimos avatares de la lengua vehicular en la escuela ilustran el juego. En Cataluña hay dos lenguas oficiales y sólo una de ellas es vehicular.

Es un caso de discriminación objetiva que los nacionalistas intelectualmente más exigentes ya no se molestan en negar. Los tribunales dirimen un conflicto que no enfrenta a los defensores de catalán o castellano como única lengua vehicular, sino a los primeros con los que desean que ambas lo sean. El Tribunal Constitucional dio la razón a estos últimos. Asimismo el Tribunal Supremo, como ya lo había hecho el TSJC. Instado a cumplir con la ley y las sentencias, el gobierno de la Generalitat presentó recurso mientras anunciaba que no alteraría el modelo actual.

Venda antes de la herida, o desacato preventivo. Como suele suceder por estos lares, en el momento oportuno se han movilizado las múltiples y bien financiadas terminales que los cachondos llaman «sociedad civil», sometiendo al TSJC a una presión que, obviamente, no ha soportado. Para que un tribunal se desdiga y enmiende la plana al Supremo hay que minar su independencia.

Así se ha hecho. Por una causa mayor. La que todo lo justifica. Cuando seamos independientes, no quedará sobre este suelo nada parecido a las libertades políticas.

Francisco Caja López, presidente de Convivencia Cívica Catalana.
Francisco Caja: "Cataluña se convierte en un Estado de excepción"
Gaceta.es  9 Marzo 2012

El presidente de la asociación que ha defendido ante el TSJC que se pueda aprender español en las escuelas espera que el Tribunal Supremo restaure de inmediato el imperio de la ly en Cataluña.

Tras el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que mantiene el sistema de inmersión lingüística en los colegios públicos, el presidente de la Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, señala que el TSJC se ha pronunciado al respecto de las cinco sentencias del Tribunal Supremo que ordenan a la Generalitat "adoptar cuantas medidas sean necesarias para adaptar el sistema de enseñanza a la nueva situación creada por el Tribunal Constitucional". Es decir, se obliga a que el español sea vehicular en Cataluña.

Así, el presidente de esta entidad, que ha defendido a las familias que pedían la escolarización en español, resume el auto de los 22 jueces "el poder político autonómico puede mantener impunemente el sistema de inmersión lingüística". Esto es, la exclusión del español como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña siempre y cuando los padres no emprendan uno por uno un proceso judicial individual para que el Tribunal Supremo les reconozca el derecho a que sus hijos reciban una enseñanza bilingüe.

Enmendando la plana
Para Caja, el TSJC enmienda de forma "inusitada" la plana al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional que se han pronunciado taxativamente afirmando que "el sistema de inmersión lingüística es contrario al espíritu y la letra de la Constitución".

En este sentido, califica de aberrante el aval que han dado los jueces del TSJC a la vulneración de un derecho constitucional fundamental "siempre y cuando la víctima de tal violación no lo denuncie y emprenda acciones judiciales". Al respecto, considera que esta forma de actuar es uno de los objetivos de los catalanes, tener la "independencia judicial".

Con esta decisión a partir de ahora, se instituye, según el presidente de CCC, en Cataluña un estado de excepción en el que no existen derechos fundamentales individuales, si no los ampara tras un largo proceso judicial el Tribunal Supremo de España.

Lo que equivale a la restauración de los viejos privilegios feudales, incluido el viejo "derecho de abuso y maltrato" medieval del que disfrutaban los señores feudales en Cataluña.

Así, espera que el Tribunal Supremo restaure de inmediato el imperio de la Ley en Cataluña y no permita que impere un "Estado de excepción" en el que "los ciudadanos se conviertan en súbditos" y que sus derechos se concedan por la gracia del señor feudal: "siempre que el poder político tenga a bien concedérselos".

Lo contrario de una democracia constitucional, el régimen que en los albores de las democracias occidentales decía uno de sus padres, el abate Sièyes, que sólo existían si se garantizaba la vigencia efectiva por encima de todo de los derechos y libertades individuales y la separación de poderes, fundamentalmente la independencia judicial. El Poder judicial está obligado en todo caso y en la presente circunstancia a preservar nuestra democracia constitucional.

El fallo sólo reconoce el derecho a escolarizar en castellano a quienes recurran a un juez
El TSJC cede a la presión nacionalista y mantiene la inmersión lingüística
Joan Planes La Razón 9 Marzo 2012

BARCELONA- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) emitió ayer un fallo que, por una parte avala el modelo de inmersión lingüística en las escuelas catalanas, que discrimina el castellano, pero por otra parte indica que la Generalitat tiene que ofrecer atención individualizada a las tres familias que recurrieron al Tribunal Supremo (TS) para que sus hijos sean escolarizados en español. El tribunal no indicó el método para llevar a cabo este tipo de atención a los niños.

La resolución del TSJC no dejó contento a nadie, y menos a las familias demandantes. Los 22 jueces del Alto Tribunal catalán que se reunieron votaron masivamente a favor de la inmersión lingüística, y de esta manera contradijeron su fallo de septiembre de 2011, que daba a la Generalitat un plazo de dos meses para obedecer anteriores sentencias del Supremo.

Presión nacionalista
Éstas fallaron que el castellano también tiene que ser lengua vehicular en las aulas catalanas. Cabe recordar que todos los partidos catalanes, excepto el PP y Ciutadans, se reunieron el miércoles para intentar presionar la decisión del TSJC. Muchas presiones para los jueces, unidas a numerosas campañas de entidades independentistas, que llevan meses llamando a boicotear cualquier sentencia contraria a los intereses nacionalistas.

La citada resolución de septiembre ha quedado en el olvido y, en definitiva y en la práctica, se mantiene el catalán como lengua vehicular. El problema vendrá ahora, para garantizar esta atención individualizada a estos niños. Ángel Escolano, el abogado de Convivencia Cívica Catalana (CCC), la entidad a través de la cual se interpusieron estas denuncias, se mostró optimista de cara a conseguir este tipo de atención.

Escolano lamentó que «parece que a partir de ahora sólo se va a escolarizar en castellano o a medias entre las dos lenguas a las familias que demanden su situación a la justicia», y se mostró optimista a que el fallo del TSJC sente jurisprudencia.
CCC presentará en los próximos días un recurso al TS para volver a intentar que este tribunal obligue a la Generalitat a equiparar de una vez por todas en las aulas el castellano con el catalán.

Las reacciones no se hicieron esperar. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, defendió una vez más el modelo de inmersión lingüística y señaló que «estamos donde estábamos y nos moveremos de aquí», quizá en referencia a que el gobierno catalán no acatará, como ha hecho hasta ahora, otra sentencia del Supremo. La consejera de Educación, Irene Rigau, señaló que el fallo del TSJC «no cuestiona nuestro sistema educativo» e incluso desafió al Supremo diciendo que «no tiene competencias para cambiar nuestro modelo». En definitiva, únicamente se comprometió a estudiar los casos de estas familias.

No obstante, Escolano recordó que hay otras 505 denuncias de familias que quieren escolarizar a sus hijos en castellano en Cataluña, que están aún pendientes de resolución, y que la bola de nieve se puede ir haciendo más grande en los próximos meses.

Por su parte, el portavoz adjunto del PP en el Parlamento catalán, Santi Rodríguez, mostró su respeto hacia el fallo del TSJC, pero recordó que el modelo que establece es el del bilingüismo, basándose en una sentencia del Tribunal Constitucional.

«Nuestro modelo no se toca»
El presidente de la Generalitat Artur Mas, afirmó ayer que «debemos mantener la convicción y el compromiso en el modelo que nos ha funcionado 30 años». «lo que debe procurar la escuela es cuidar al catalán», insistió, antes de añadir que «el modelo no se debe tocar».

Cataluña
El Supremo volverá a pronunciarse sobre la inmersión lingüística obligatoria
Los editoriales de la prensa de papel recuerdan que la decisión del TSJC solo hace que sea el Tribunal Supremo el que tenga que volver a pronunciarse. Lo hará sobre lo ya dictado por el propio Alto Tribunal. Para ‘El Punt Avui’ y ‘Ara’, la Generalidad debe desobedecer al Supremo.
Andreu Caballero www.vozbcn.com  9 Marzo 2012

Una de las maneras de valorar el auto que este jueves hizo público el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) es ver los editoriales de la prensa de papel de este viernes. Al margen de las portadas de los diarios, todos llevan el desaire del TSJC al Tribunal Supremo como tema destacado, la opinión de las empresas editoras (solo El País no editorializa sobre el asunto) difieren en la valoración pero todas tienen un punto en común: será el Supremo (tras el recurso de los padres afectados) el que decidirá, finalmente, sobre la aplicación de las leyes y el cumplimiento de las sentencias del propio Alto Tribunal.

En este sentido, el editorial más claro y clarificador es el que El Mundo ha publicado: El Supremo ha de hacer valer la Constitución. El TSJC ‘se ha burlado del Supremo’, ya que el Alto Tribunal ha dejado establecido en 2010 que ‘la Generalidad debe modificar el sistema de inmersión por ser inconstitucional’, se ha apuntado en el texto editorial.

Pese a que el TSJC cree que la sentencia del Supremo es confusa, sigue el editorialista del diario de Unidad Editorial, ‘la sentencia del Supremo no deja lugar a dudas’ e insta a que el español sea reintroducido como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña. En este sentido, El Mundo ha recordado la pretensión de los partidos nacionalistas de que el TSJC fuera la última instancia judicial en Cataluña:

‘Todo indica que el TSJ catalán ha claudicado a las presiones políticas. En siete meses ha pasado de urgir a la Consejería -como era su obligación- a realizar la requerida ‘adaptación’ del ‘sistema de enseñanza’, a desmarcarse del Supremo; y ha pasado de admitir que el fallo podría afectar ‘de forma genérica a todas las escuelas’, a ofrecer enseñanza en castellano de forma individualizada y sólo a quienes la soliciten por vía judicial. Y ahí está lo surrealista del planteamiento del TSJ: pretender que, una vez reconocido el derecho a recibir la educación en la lengua oficial del Estado, ese derecho sólo pueda ejercerse reclamándolo ante los tribunales. Ahora se ve con nitidez porqué el Estatuto pretendía que la instancia superior en Justicia fuera el TSJ y no el Supremo’.

Y ha señalado, finalmente, que la ‘actitud’ del TSJC con el Supremo, ‘un órgano superior’, es de una ‘deslealtad’ total. Sin embargo, ‘dado que el TSJ recuerda en su fallo que el Supremo puede realizar una ‘aclaración de sentencia’ para precisar el alcance de su ‘contenido’, el Alto Tribunal debería proceder en consecuencia ante el recurso que ya han anunciado los demandantes. [...] Consuela saber [...] que la última palabra para que en España pueda estudiarse en español aún la tiene el Supremo, como advirtieron tanto el PP como Ciudadanos. Hay que confiar en la firmeza del Tribunal y en la del Estado de derecho para garantizar el cumplimiento de la ley’.

Recurso seguro ante el Supremo
Para Abc, El Tribunal se lava las manos. En uno de sus dos editoriales de este viernes, el diario del grupo Vocento ha indicado que el TSJC se ‘lavó ayer las manos a la hora de llevar a la práctica estas decisiones judiciales [del Tribunal Supremo]‘. Pese a que considera que el tribunal autonómico avala la inmersión lingüística porque ‘rehúye los temas más conflictivos, reconoce el derecho de los padres a dirigirse a la Administración autonómica para reclamar la enseñanza en castellano para sus hijos’.

Portada de 'Abc' de este viernes.
Sin embargo, el editorialista de Abc ha señalado que ‘reconocer como derecho individual la ‘atención personalizada’ equivale a establecer una excepción que margina a las familias y a los escolares‘. Y ha indicado que:

‘La presión política de nacionalistas y socialistas dejaba poco margen de acción a unos magistrados que han preferido nadar y guardar la ropa en una decisión muy discutible y que será objeto de nuevos recursos. Una vez más, el nacionalismo impone su política identitaria causando un grave perjuicio a los derechos fundamentales de la persona’.

Desde el punto de vista crítico con la decisión del TSJC también se ha situado La Razón, en uno de sus puntazos. Para el diario de Planeta, el tribunal autonómico ‘ha dictado una sentencia salomónica’ y que ‘no aplica realmente la sentencia del Tribunal Supremo en defensa del castellano como lengua vehicular junto al catalán’. Y ha animado al recurso pertinente para evitar el ‘boicoteo nacionalista’ al cumplimiento de la ley.

¿Punto final de polémicas agotadoras?
Desde otro punto de vista se han situado los diarios de ámbito autonómico (todos, firmantes del editorial conjunto previo a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía para presionar a los magistrados del Alto Tribunal) que, en su mayoría, no entrar a valorar el auto desde el punto de vista jurídico, ni tan solo sobre los derechos individuales, y respaldan a los partidos nacionalistas.

La Vanguardia, en un editorial titulado Justicia, lengua y normalidad, en el que entre otros errores confunde la decisión colegiada de los magistrados del TSJC con la votación (esta ha sido secreta y no se conoce el resultado, pero al ser una decisión colegidada solo se podían hacer público los votos particulares, solo ha habido uno, pero no quiere decir que los 21 magistrados votaran a favor del auto), se pregunta si después de la decisión del tribunal autonómico se ha llegado al punto final.

El diario del grupo Godó, tras hacer una defensa acérrima del modelo de inmersión lingüística obligatoria, considera que ‘desafortunadamente, hay quien se empeña en no querer poner el punto final a la judicialización permanente de un problema que no existe‘. Por lo que, sin decirlo, advierte que, mientras no se resuelva el ‘problema que no existe’ (es decir, que se cumpla lo que ha dictado el Supremo), no habrá ‘punto final’.

Desde El Periódico, en un texto que difiere poco del de La Vanguardia, también se ha apostado por intentar dar la imagen de que el incumplimiento de las leyes en las escuelas de Cataluña es un caso cerrado. Al contrario de la realidad. La inmersión, a salvo, es el título del editorial del diario del grupo Zeta:

‘La resolución emitida ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en torno a la lengua vehicular de la enseñanza debe significar el cierre de un largo contencioso que se remonta al 2005 y que ha puesto en riesgo el sistema de inmersión lingüística, vigente prácticamente desde la recuperación de la autonomía en los años 80′.

Para el editorialista de El Periódico, la decisión del TSJC se ha tomado ‘con buen criterio’ y ha cargado (como han hecho todos los editorialistas de la prensa concertada de Cataluña) contra los padres demandantes que solo han exigido que se cumpla la ley:

‘Es preciso insistir en que la lengua es un asunto altamente sensible en el que las actuaciones partidistas resultan particularmente reprobables. No se puede sostener, a menos que se quiera ignorar la realidad o se carezca de rigor, que el castellano está amenazado en Cataluña o que la inmersión lingüística en catalán lleva a los escolares a desconocer el castellano. [...] Convendría que la cordura se impusiera especialmente en tiempos como los actuales, en los que hay que centrar esfuerzos contra la crisis y no perder energías en polémicas agotadoras’.

Animan a la Generalidad a desacatar al Supremo
En otra dimensión, mucho más alejada de la realidad jurídica, se ha posicionado El Punt Avui. La lengua no se toca más que hasta ahora, es el titular del editorial del grupo que está en manos de un ex dirigente de CiU. Así, para el diario ‘con esta resolución [del TSJC], la situación está donde estaba: la inmersión lingüística en catalán está garantizada mientras el Tribunal Supremo no aclare la ambigüedad del significado de introducir el castellano como lengua vehicular en el sistema educativo’.

Portada de 'Ara' de este viernes.
Contradictoriamente, el editorialista ha asegurado que la decisión del TSJC, que devuelve al Supremo la ejecución de sus sentencias, ‘no es ningún paso atrás [para mantener la inmersión lingüística]‘ pese a que ‘mantiene en falso un modelo que hace décadas que ha demostrado su utilidad y su eficacia en el marco de un clima de convivencia solo alterado por el ultranacionalismo de una minoría española que no tolera que Cataluña pueda ser un país normal donde la escolarización se haga en la lengua propia del país [por Cataluña]‘.

Y, finalmente, ha exigido a los partidos nacionalistas que continúen ‘con la guardia alta’ para mantener el sistema de inmersión lingüística obligatoria en catalán, declarado ilegal por el Supremo, y lo hagan ‘por la vía que convenga’.

Por último, Ara, en un editorial titulado El TSJC salva la inmersión pero abre una grieta peligrosa, elogia la decisión de los magistrados del tribunal autonómico: ‘En una hábil maniobra, [el TSJC] ha minimizado los daños que podría haber causado la sentencia del Tribunal Supremo del 9 de diciembre de 2010, en que se reclama a la Generalidad ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”. Pero ha reconocido que la última palabra la deja ‘en manos del Supremo’.

El editorialista de Ara, sin embargo, cree que no es una buena noticia que el TSJC ‘dé la razón a los casos particulares de las familias demandantes’ y ha advertido que ‘la vía judicial, por lo tanto, continúa abierta’. Y ha concluido, como lo hace El Punt Avui, animando a la Generalidad a incumplir, si es necesario, lo que decida el Supremo:

‘Es necesario que el Gobierno [autonómico] continúe liderando la oposición a cualquier intento de poner en cuestión la inmersión y esté preparado, si llega el caso, para actuar con todas las consecuencias‘.

Sólo tres horas de castellano e individualizado
El TSJC relega el español y acepta la inmersión lingüística en Cataluña
Gaceta.es  9 Marzo 2012

Las familias que tengan la intención de que sus hijos puedan asistir a clases en español tendrán una "atención individualizada" con un máximo de tres horas y la lengua castellana no será vehicular en los colegios.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) salva el modelo de inmersión lingüística catalán salvo en el caso de las familias que recurrieron al Tribunal Supremo para que sus hijos pudieran aprender en español en los colegios. Así, el modelo catalán proseguirá como hasta ahora sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo, que declara que el español debe ser lengua vehicular en los colegios. Asunto sobre el que no se ha pronunciado el TSJC y que los abogados devolverán al Tribunal Supremo. No obstante, el Alto Tribunal no tendría competencias y será el Tribunal Constitucional el que llevase el caso. Por tanto, los alumnos, que empezaron el periplo en 2º de ESO y 3º de ESO podrían terminar ya la carrera universitaria.

Así, las familias que tengan la intención de que sus hijos puedan asistir a clases en español tendrán una "atención individualizada", esto es desde los tres a seis años de edad, como ya recoge la norma actual catalana. En este sentido, un alumno no podrá recibir clases en español más allá de las estipuladas, tres horas semanales.

Según el auto de los magistrados, en el que se estima parcialmente el recurso de la Generalitat, "no se puede hacer un pronunciamiento general sobre el uso del español como lengua vehicular a raíz de una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del Supremo" sobre la petición de estas tres familias.

Ahora, el TSJC deja sin efecto su resolución de septiembre de 2011, por lo que "mantiene el modelo que en la actualidad se está llevando a cabo", y que implica que las escuelas de Cataluña mantendrán el catalán como lengua vehicular de la enseñanza.

El auto será recurrido
Por este motivo, el abogado de Convivencia Cívica Catalana y que representa a las familias, Ángel Escolano, ha valorado negativamente el auto. Asimismo, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo.

De esta forma, los catalanistas podrán señalar con el dedo a aquellos alumnos que quieran aprender español en la escuela. Así, la doctrina de los jueces no avala la del Constitucional ni la del Tribunal Supremo, que piden que el español sea vehicular, independientemente de quien lo demande.

En el fallo, que cuenta con un voto particular, el TSJC ha estimado parcialmente el recurso presentado por la Generalitat hace cerca de seis meses contra el ultimátum que el alto tribunal le dio para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas.

El ultimátum del TSJC, que estaba suspendido a la espera de la resolución del recurso interpuesto por la Generalitat, daba dos meses al departamento de Educación para implantar el castellano como lengua vehicular en las aulas en cumplimiento de las sentencias del Tribunal Supremo (TS) que así lo establecían.

No obstante, los jueces mantienen que la sección que dictó el ultimátum no puede hacer un pronunciamiento general sobre el uso del español como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Catalunya, a partir de una "lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del Tribunal Supremo".

Según el auto, un pronunciamiento general sobre el uso del español como lengua vehicular en la educación que podría ir más allá de lo que ha resuelto el Tribunal Supremo "es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del fallo dictado por otro tribunal, y superior". "Tan sólo el propio Tribunal Supremo habría podido en su momento mediante una aclaración de sentencia haber precisado el contenido de esa frase (...) Nunca podría, sin embargo, hacerlo esta sala del TSJC". De esta forma, el auto sí puede ser recurrido.

En su resolución, el TSJC deja sin efecto el ultimátum que la sección quinta de la sala contenciosa dio a la Generalitat para implantar el español como lengua vehicular en las aulas, pero advierte de que el Departamento de Educación "no ha acreditado haber ejecutado debidamente la sentencia del Supremo" que le obliga a garantizar la escolarización en español de las familias que recurrieron.

Voto particular
De entre los 22 jueces del pleno, 21 han votado a favor de estimar parcialmente el recurso de la Generalitat, mientras que la magistrada Núria Cleries ha anotado su voto particular pidiendo la estimación en la totalidad del recurso de la Generalitat.

Ésta ha defendido que el catalán se encuentra en situación minoritaria en las escuelas, y que las familias demandantes ya han recibido esta atención individualizada en castellano, con circulares del centro en este idioma.

La Generalitat ya tiene un servicio para atender a las familias que piden más atención en castellano, aunque las familias recurrentes lo consideran insuficiente.

Llanos de Luna, a favor de una integración bilingüe
La delegada del Gobierno en Cataluña, María de los Llanos de Luna, apunta que no se puede pronunciar al respecto porque desconoce el texto de los jueces. No obstante, se ha mostrado a favor, en el programa 'Dando Caña', de Intereconomia TV, de un "bilingüismo integrador", en el que no haya segregación en las clases

Arcadi Espada: 'El auto del TSJC les dice a los ciudadanos que vayan a suplicar por su lengua'
El periodista afirma en su blog que los jueces "se limitan a aplicar el estado de excepción que ha aplicado mucho antes la política"
 www.lavozlibre.com 9 Marzo 2012

Madrid.- “Lo único que podría acabar con la inmersión lingüística es la política”. Así de contundente se ha mostrado el periodista Arcadi Espada en el blog que mantiene en el diario ‘El Mundo’. En un artículo titulado ‘El estado de excepción lingüístico española’, Espada se refiere al polémico auto emitido este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), en el que se avala el modelo educativo de la Generalitat de Cataluña.

Una política que, de acuerdo con Espada, “el Partido Popular y el PSOE se han negado a practicar durante tres décadas”. “Esconderse detrás de los jueces está ya demasiado visto”, prosigue, para referirse luego al auto del TSJC, en el que solo se reconoce el derecho a estudiar en castellano de las tres familias que presentaron la denuncia contra la Generalitat: “Este auto del tribunal catalán sitúa en su punto las cosas: le dice a ciudadanos españoles que vayan a pedir, a rogar, a suplicar, por su lengua”.

“En esta humillación”, continua, “del que en su propio país ha de acudir a una ventanilla de provincias para que le concedan la misericordia de que sus hijos puedan estudiar en la lengua común está resumido todo el asunto”.

“Los jueces, con las manos siempre bien lavadas, se limitan a aplicar el estado de excepción que ha decretado mucho antes la política”, finaliza.

Cifra en 300 las familias que quieren español
La inmersión lingüística, al nivel de la discriminación racista en EE UU
Agencias www.gaceta.es 9 Marzo 2012

"A principios del siglo XX, parlamentos con mayorías absolutas en los Estados Unidos votaban leyes a partir de las cuales los negros no podían sentarse en los autobuses con los blancos", señala una de las madres demandantes al TSJC.

La madre de una de las familias que pidieron que el castellano también sea vehicular en la enseñanza en Cataluña, Consuelo, ha equiparado la inmersión lingüística en Cataluña con la discriminación racial en Estados Unidos.

"Que se ha de votar en el Parlamento, pues muy bien. A principios del siglo XX, parlamentos con mayorías absolutas en los Estados Unidos votaban leyes a partir de las cuales los negros no podían sentarse en los autobuses con los blancos".

En cualquier caso, la mujer señala que: "lo que quiero es que mis hijas vayan a la escuela y reciban un par de asignaturas en castellano". Y ha añadido: "Esto es todo lo horrible que pido y si esto ha de cambiar el sistema, que lo cambien, yo tengo mis derechos".

La madre dijo, además, que no sólo son tres familias las que piden cambios en la inmersión lingüística, sino que serían unas 300.

El colegio da la razón a la Generalitat y al TSJC
Por otro lado, el director del Colegio La Salle de Tarragona, Josep María Prats, se ha mostrado favorable al auto del TSJC y lamenta que el debate sobre el sistema lingüístico, que funciona muy bien, eclipse los problemas reales de la enseñanza.

"Esperamos que el departamento de Enseñanza nos diga qué debemos hacer en los casos que puedan venir a partir de ahora o los que ya tenemos". Pero, ha continuado: "Quiero subrayar que es una lástima que con los problemas que tiene la Educación hoy en Cataluña haya polémica con una de las pocas cosas que funciona, que es la lengua, y hayamos de estar hablando. "

"Una nueva ley podría liarlo más"
Duran Lleida insta al PP y a C's que no hablen más sobre la inmersión lingüística
Agencias www.gaceta.es 9 Marzo 2012

El portavoz de CiU en el Congreso ve al TSJC como el órgano judicial más alto de España, por encima del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, y pide a las formaciones políticas que acaten el aval del TSJC.

El portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran i Lleida, ve al TSJC como el órgano judicial más alto de España, por encima del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, y pide a las formaciones políticas que acaten el aval del TSJC.

Además da una respuesta tajante en las pretensiones nacionalistas. Según el líder de UDC, Cataluña quiere "el catalán, que es su lengua, y, al mismo tiempo, es suficientemente inteligente para saber del valor del español y, aquí, conviven con normalidad".

Así, ha instado al PP y a Ciutadans (C's) a aceptar el modelo de inmersión lingüística en catalán en la escuela después de ser avalado por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

"Esta sentencia debería hacer reflexionar a grupos como el PP o C's en no volver a hurgar en una cuestión que la sociedad de Catalunya, de manera muy generalizada, acepta, como es el modelo de inmersión lingüística y por tanto primar el catalán con la voluntad de que los niños sepan el catalán, el castellano y espero que, en el futuro, el inglés", ha manifestado Duran i Lleida.

El presidente del grupo de CiU en el Congreso ha respondido así a a esta cuestión a preguntas de los periodistas antes de un acto de presentación en Girona de su libro "Por el nuevo rumbo". Duran Lleida ha admitido que no ha leído la sentencia, pero que las informaciones que ha recibido confirman que ésta avala el modelo de escuela catalana y, "en todo caso, admite que haya excepciones que los padres puedan pedir, así que constata que lo que se hace está bien hecho, porque estas excepciones ya existen en la ley y ya se prevén y se dan, aunque se dan muy poco".

Para Duran Lleida, la resolución del TSJC respalda "las tesis que aplica la Generalitat", aunque ha recordado que "ya hay una sentencia del Constitucional que lo deja muy claro desde hace mucho tiempo". "Una sentencia que no modifica la reciente sobre el Estatuto, así que desde la perspectiva legal no hay otro remedio que interpretar la ley como la ha interpretado el Tribunal Constitucional dos veces, una en términos expresos y otra tácitos como la reciente sentencia sobre el estatuto", ha añadido.

Sobre la opción apuntada de blindar el catalán en la escuela a través de una nueva ley, Duran Lleida ha apuntado que normativa actual es correcta. "Las sentencias le van dando apoyo y una nueva ley podría liarlo todo más, así que la legislación está bien, ha funcionado y funciona, y la mejor garantía es que el Tribunal Constitucional y el Superior de Catalunya se pronuncian a favor del modelo lingüístico catalán", ha recalcado.

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