AGLI

Recortes de Prensa   Sábado 10  Marzo 2012

 

El estado de excepción lingüístico
Arcadi Espada El Mundo 10 Marzo 2012

El periódico sitúa el asunto de la inmersión lingüística en el terreno jurídico. Tiene motivos coyunturales. Pero es un camino cegado. Lo único que podría acabar con la inmersión lingüística es la política. La política que el Partido Popular y el PSOE se han negado a practicar durante tres décadas. Esconderse detrás de los jueces está ya demasiado visto. Este auto del tribunal catalán sitúa en su punto las cosas: le dice a ciudadanos españoles que vayan a pedir, a rogar, a suplicar, por su lengua. En esta humillación del que en su propio país ha de acudir a una ventanilla de provincias para que le concedan la misericordia de que sus hijos puedan estudiar en la lengua común está resumido todo el asunto. Los jueces, con las manos siempre bien lavadas, se limitan a aplicar el estado de excepción que ha decretado mucho antes la política.

El recorte del gasto público y la hora de la verdad
José Luis Villar Ezcurra*. El Confidencial 10 Marzo 2012

Parece que las cosas se están poniendo feas ante la necesidad de que todas las Administraciones públicas realicen recortes en sus presupuestos porque ya no existe más margen de maniobra en Bruselas. Todo esto va a resultar especialmente ilustrador en las CCAA, a quienes se les pide y exige el cumplimiento de un techo de déficit (cifrado, por ahora, en el 1,5 %) para lo cual tendrán que elegir entre recortar los servicios sociales (educación y sanidad) o recortar sus gastos en aparato político, burocrático y propagandístico. Este es el dilema real que tienen ahora todas las comunidades autónomas, prescindiendo de mensajes demagógicos, porque así vamos a entenderlo los ciudadanos. No caben ya posicionamientos ambiguos ni recurrir al "y tú más" al que nos tienen acostumbrados, porque la cosa va en serio y habrá que poner todas las cartas sobre el tapete. Paradójicamente, esta catastrófica situación en la que vivimos va a tener un lado positivo si todas las CCAA nos desvelan en qué demonios se están gastando realmente el dinero público (que es de todos, y no de ellos y sus amigos).

Aunque ignoro cuál es el nivel real de fiscalización de los caudales públicos (los diferentes Tribunales de Cuentas cuentan más bien poco), resulta claro que es muy deficiente ya que, de otro modo, no se entendería que nos enteremos de muchas cosas por los medios de comunicación. Y no me refiero solo a los asuntos turbios en el manejo de los fondos públicos -eso ya es cuestión de juzgados y tribunales penales-, sino a la desfachatez y a la ligereza con la que se han venido utilizando estos fondos en varios escenarios (se me ocurren al menos cuatro). El primero es el de la inversión, porque parece existir una notable confusión entre lo que realmente son gastos de inversión (que producen rentabilidad) y los gastos de consumo inútiles, como puedan ser las estaciones o aeropuertos sin pasajeros y otras muchas cosas similares. El segundo escenario, no menos importante que el anterior, es el del endeudamiento real (sin trampas contables) de todo lo que se debe a las empresas; esto es la denominada "deuda comercial", que ha de ser pagada cuanto antes so capa de colapsar todo el sistema económico.

A las CCAA se les va a ver el plumero, porque antes de meter la tijera en el coste de los servicios sociales o incrementar sus tributos van a tener que justificar la imposibilidad de ‘adelgazar’ sus propias estructuras

El tercer escenario se correspondería con los gastos corrientes en donde quedaría encuadrada la estructura de las propias Administraciones públicas y las miles de empresas públicas absurdas que pululan por toda nuestra geografía y que carecen de cualquier clase de utilidad económica o social. Finalmente, quedan los gastos en servicios esenciales (educación, sanidad o seguridad ciudadana) que reportan utilidad social y contribuyen, en muy buena parte, a eso que llamamos Estado del Bienestar.

Todos estos posibles escenarios del gasto público se corresponden -más o menos- con los diferentes Capítulos de los Presupuestos públicos, aunque se encuentran descritos de forma bastante más asequible para el común de los mortales que en la legislación presupuestaria (tanto la del Estado como la de las diferentes comunidades autónomas). En esencia, vienen a representar las dos grandes partidas del destino de los dineros públicos: la que se atribuye a inversiones (con rentabilidad económica o social) y la que se destina al mero gasto de mantenimiento. A ello se le ha agregado -por la importancia que representa en la actualidad- un escenario específico para el pago de la "deuda comercial" pendiente, bajo la hipótesis de que se trata de un pago absolutamente indispensable para evitar más paro. Por tanto, y teniendo en cuenta esto último, así como que el primer escenario (el de la inversión) quedará reducido al máximo, al menos hasta finales de 2013, parece que los recortes habrán de orientarse hacia los escenarios tres y cuatro porque no restan otras alternativas.

Quede claro, no obstante, que nada es gratis y que tiene que ser pagado bien a través de los usuarios (es el caso de los peajes en autopistas o los servicios prestados contra remuneración, como el suministro de agua o los trasportes), bien a través de los impuestos como sucede con la sanidad la educación o la seguridad ciudadana. Este dato, aunque se encuentra relacionado con los ingresos, resulta sumamente importante porque existe una excesiva carga de demagogia en torno a la supuesta "gratuidad" de los servicios sociales -que no es tal- así como a los estándares de calidad que deben tener. Ahora no quiero entrar en ese debate (aunque sí lo haré en otra ocasión) pero me gustaría adelantar que no guarda, necesariamente, relación directa con el incremento o disminución del gasto público sino con la gestión eficiente del mismo. El hecho de que estos servicios sociales sean prestados directamente por las Administraciones públicas no debe ser vinculado -como relación de causa a efecto- ni con su coste ni con su calidad; pero, como ya he dicho, eso es otra historia...

Ahora sucede que las CCAA tienen que asumir recortes en sus presupuestos (tanto mayores cuanto mayor sea su déficit) y se les va a ver el plumero, porque antes de meter la tijera en el coste de los servicios sociales o incrementar sus tributos van a tener que justificar la imposibilidad de adelgazar sus propias estructuras. Será la pugna entre los escenarios descritos como tres y cuatro (o sea, gastos corrientes versus servicios sociales) la que obligará a justificar hasta el último céntimo que se utilice en gasto corriente. O sea, que embajadas, subvenciones para la cuida de hipopótamos, cargos públicos de confianza, amigos y demás, o colegios y hospitales. De otro modo, será muy difícil explicar a los ciudadanos por qué que el bienestar de unos pocos se hace a costa del bienestar de todos, salvo que el posible ahorro en la prestación de servicios sociales se deba a una mejor gestión de los mismos. Claro que, en cualquier caso, hará falta que las cuentas de las Administraciones públicas dejen de ser opacas para evitar que no se produzcan chanchullos en lugar de pretender taparlos cuando salen a la luz.

*José Luis Villar Ezcurra es Profesor Titular de Dº Administrativo de la UCM

La huelga de los parásitos
Editorial www.gaceta.es 10 Marzo 2012

No le han dado ni cien días al Gobierno antes de desempolvar las pancartas y pedir a sus liberados que se desperecen, que toca huelga, bocadillo y algarada.

Con la convocatoria del 29-M, al grito de huelga general “justa y necesaria”, la irresponsabilidad sindical ha llegado al límite. Es una triste gracia ese lema de huelga, porque si en España hay algo injusto y necesario son los dos grandes sindicatos de clase, que han vivido como señoritos a costa de los trabajadores.

Nunca se repetirá lo suficiente que fue la izquierda caduca de Zapatero y Rubalcaba, con el apoyo subvencionado de los sindicatos –que hasta pusieron al ministro de Trabajo–, la que destruyó en España más de tres millones de empleos, que son más de tres millones de dramas. A falta de poder exigir una responsabilidad penal, al menos las urnas ya han colocado en su sitio al PSOE. Pues ahora les toca a CC OO y UGT pagar su complicidad con este holocausto laboral, frente al que no sólo se mantuvieron en silencio, sino con el que hacían un negocio a través de los ERE.

Con el dinero de todos pagamos la estafa de la PSV y, desde entonces, estos parásitos del régimen no han dejado de enriquecerse, mientras asalariados y autónomos veían descender sus derechos y su renta. Sus líderes viven con el lujo de nuevos ricos –cruceros, áticos y joyas–, sus organizaciones se han convertido en estructuras de poder asimilables sólo a las que existían más allá del Muro. Sus cuentas son tan millonarias como opacas y la única certeza contable es que las pagamos entre todos, porque casi no existe partida del presupuesto de la que no saquen tajada, ya sea estatal, autonómica o local. Sus tentáculos abarcan desde los consejos de entidades financieras hasta la violencia impune de los piquetes, pasando por los sillones de decisión de la televisión pública, y hasta participando del negocio de las empresas de trabajo temporal. Y todo ello gracias a las prebendas de las que disfrutan desde la Transición, primero con el reparto del antiguo patrimonio sindical y después gracias a las subvenciones –las cuotas de afiliados sólo representan un 26% de su financiación, frente al 74% procedente del maná público o del beneficio de sus empresas–.

De hecho, si se movilizan ahora, después de años de cómplice silencio mientas se destruía empleo, es porque ven peligrar su poder e influencia con la reforma laboral. Eso es lo que les quita el sueño a Méndez y Toxo y no la suerte de los desempleados. Por dicho motivo van a una huelga general que va a suponer una pérdida de 4.700 millones de euros. Lo que nos faltaba.

Tampoco les preocupa la desgracia de las víctimas del terrorismo, y no tienen empacho en instrumentalizar la fecha del 11-M para movilizarse en un nauseabundo intento de apropiarse de la efeméride y su fuerte contenido simbólico. Porque no hay nada casual en elegir marzo para las movilizaciones: los sindicatos pretenden sustituir su nulo crédito por la resurrección del enfrentamiento ideológico y una nueva criminalización del PP. Cualquier cosa les sirve para desviar la atención sobre la insoportable carga que constituye su existencia para nuestros bolsillos, al igual que su responsabilidad directa en las causas de la crisis y en los obstáculos para superarla.

IU avalará la corrupción del PSOE en Andalucía
Alfredo Casquero www.elsemanaldigital.com 10 Marzo 2012

no cabe ninguna duda que la continuidad del PSOE al frente del Gobierno andaluz es la peor de las opciones.

Lo que se decide en Andalucía el 25 de marzo no es sólo un cambio de Gobierno. No es sólo la sustitución democrática y saludable de un partido por otro, ni la de una persona y sus equipos por otra. Se decide el fin de un régimen de nepotismo, corruptelas y control asfixiante de los medios públicos. Se elige entre la perpetuidad de unas siglas con algunas luces y muchas sombras. Eso, y no otra cosa, es lo que los ciudadanos andaluces votarán en marzo. IU, residuo arcaico y estrecho de los comunistas, hace gala de compromiso democrático con el rostro siempre amargo y negativo de su líder (sic) Cayo Lara. Propagandas vacuas aparte lo cierto es que en todas las oportunidades que ha tenido ha preferido ser fiel a sus siglas más que a la democracia o a los españoles. Al igual que el contumaz sectarismo de Llamazares se opuso al pacto higiénico en Extremadura, los que quedan tras Cayo avalarán la ingente corrupción que ensucia la limpieza del campo andaluz, enturbia las relaciones entre la administración y los administrados, y consolida definitivamente el desequilibrio de poder perjudicial e insano en un estado de derecho.

IU, partido residual y anacrónico que bebe de los deshilachados restos tras el paso de Rodríguez Zapatero por el PSOE, avalará con su voto y con su apoyo la corrupción del PSOE en Andalucía, el casi treinta por ciento de paro, y una administración plenamente trufada de amiguetes que con cafelito o sin él, han sustraído de las arcas públicas millones de euros en los treinta años de régimen. Puede que Arenas no sea el mejor candidato ni el PP el mejor partido, pero lo que no cabe ninguna duda es que la continuidad del PSOE al frente del Gobierno andaluz es la peor de las opciones.

Los sindicatos tragones y trincones, metidos de lleno en la campaña electoral, disponen ya a sus liberados, siempre que no caiga en puente, para llenar las calles de ruido y demagogia. Para sostener al PSOE de sus millones en el poder y no perder el último reducto que soporta la indolencia sindical y sus trampas. Vende el Sr. Griñán en su defensa, el progreso evidente de Andalucía en estos años. Pero es un mensaje, como todo en él, falaz, por lo incompleto. La cuestión no es que se ponga en duda el progreso andaluz, sino si tras tantas décadas Andalucía ha progresado en la medida en que debía haberlo hecho de no mediar tanto saqueo, amiguismo y corrupción generalizada.

IU debería presentarse a las elecciones, por honradez, en coalición con el PSOE. Lo que pretende hacer es un fraude al ciudadano. Un engaño más, común en toda la clase política, en la que se pide el voto para luego escanciar el resultado en los despachos de las cúpulas de los partidos. La urna no es soberana. Es apenas un paso, un divertimento con el que se intenta hacer creer que la decisión del pueblo es la que se lleva al Parlamento.

Si el PP no obtiene la mayoría absoluta a la desastrosa gestión en términos de paro y honradez del PSOE se unirá el sectarismo atávico, la inmisericorde tozudez de un partido que a base de fanatismo ideológico cambia la higiene por la poltrona y el futuro de un pueblo por un cargo bien remunerado.

La coalición IU-PSOE se prepara para el desembarco, con la inestimable ayuda de TVE y Canal Sur, bastión hermana mayor de Telemadrid, pero de la que ningún sindicato ni periodista con ínfulas de payaso propone salvar. Andaluces os guarde Dios, uno de los dos coaligados, ha de romperos el corazón.

Libertad lingüística
Cuestión de tiempo
Maite Nolla Libertad Digital 10 Marzo 2012

Cuando pasen los días y se enfríe el asunto del Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y sus consecuencias, supongo que alguien se acordará del caso concreto, y si el Auto en sí puede haber resultado tremendo, lo que acarrea para la familia que presentó el recurso resulta tremebundo. Me refiero a que el Auto de marras pone de manifiesto que en España se puede ganar un caso en el Tribunal Supremo y que eso no tenga ningún efecto beneficioso en la práctica. Porque si los lectores de Libertad Digital están, creo yo, más bien en contra y seguramente escandalizados por el contenido del Auto, si hacemos un breve repaso de las fechas nos damos cuenta de que con el tiempo se ha hecho lo de "la bolita, la bolita". Porque todo esto se inicia en 2006. El Tribunal Supremo da la razón a los recurrentes en 2010. Y después de casi dos años, el asunto vuelve a estar donde empezó: en la nada y en el Supremo.

Y de eso quiero hablarles: de la forma en la que se ha jugado con el tiempo, siempre en contra de las personas que ya tenían una sentencia a su favor. Nos podemos preguntar, por ejemplo, por qué motivo sus ilustrísimos magistrados/as, han necesitado siete meses para resolver un recurso de reposición. Porque este Auto viene de eso, de un recurso de reposición, que tampoco es para tanto, jurídicamente hablando. Siete meses que casualmente coinciden con el inicio del curso escolar y que hacen inútil cualquier pretensión de los padres respecto a este curso y al siguiente. Y también hay que preguntarse por qué la Sala decide suspender la ejecución. Está claro que si a alguien le ha causado un perjuicio esa suspensión ha sido a la familia que ya tenía una sentencia favorable, pero de la que, visto lo visto, podrán disfrutar sus hijos…cuando decidan escolarizar a los suyos propios.

Yo no digo que la demora y la suspensión del procedimiento, evitando que pudiera cumplirse la sentencia en este curso, hayan sido intencionadas; pero no puedo evitar que ustedes, queridos lectores, lo piensen. La Sala sabía desde el principio que esto iba a acabar en el Supremo sí o sí, con lo cual incluso para la atascada Justicia de los “altos” y no tan altos Tribunales, siete meses resultan excesivos. No digo yo que sea adrede, pero que es demasiado y que a los señores magistrados la "situación jurídica individualizada" parece que les ha traído al pairo, es evidente. Vaya, que no ha sido sólo una cuestión de fondo y de forma; también lo ha sido de tiempo.

Bilingüismo o trilingüismo
Carmen Gurruchaga La Razón 10 Marzo 2012

El pronunciamiento del TSJC enmienda la plana al Constitucional, y también al Supremo, que hasta en cinco ocasiones ha reiterado que la enseñanza en Cataluña ha de ser bilingüe en todo el sistema educativo autonómico. Pero en este caso, en lugar de entrar a ejecutar la sentencia del Supremo propone algo inconcebible y es que el Alto Tribunal interprete su propio auto cada vez que una familia haya emprendido un proceso judicial individual para que les sea reconocido el derecho constitucional a que sus hijos reciban una enseñanza bilingüe. Es una manera de no caer en el desacato y poner el balón nuevamente en el tejado del Supremo. Mientras tanto, el castellano será excluido de la enseñanza catalana hasta que el Alto Tribunal aclare aquello que el TSJ catalán no ha querido entender. Pero olvidemos que este dislate judicial por la enseñanza sucede en Cataluña y analicemos qué pensaríamos si nos enteramos de que el gobierno de una pequeña región, en cuyo país se habla uno de los idiomas más conocidos del mundo, rechaza incluir esta lengua en la enseñanza, para favorecer la inmersión lingüística en el habla regional. Es decir, que impone que sus alumnos sean monolingües en la lengua materna y, en todo caso, bilingües, pero con un idioma extranjero. Llegaríamos a la conclusión de que, en el mejor de los casos, los responsables de educación de ese territorio no son conscientes de que están perjudicando severamente a los educandos al impedirles ser bilingües o trilingües, pues está demostrado que apara un niño es fácil adquirir con naturalidad dos o tres lenguas. Entonces, ¿por qué privarle del aprendizaje de la del país al que pertenece? La explicación podría estar más relacionada con las vísceras que con la razón.

La esponja
Nota del Editor 10 Marzo 2012

Hay demasiada gente que sufre el síndrome de Stockholm y que da por buena la imposición de las lenguas regionales, lo que es claramente anticonstitucional,
por muchas vueltas que el TC le haya dado a la CE. La CE establece el deber de conocer el español y no establece deber de conocer lengua regional alguna.

Lo que está meridianamente claro, es que en la situación en la que han hundido y siguen hundiendo más España, el comienzo de la solución es la derogación
de toda la legislación de lenguas regionales, coste cero y ventajas enormes, y a continuación el desmantelamiento del tinglado autonómico, coste muchos cientos de
miles de desempleados, pero beneficios enormes que permitirán generar empleo de verdad, empleo productivo, no empleo a costa de los ciudadanos que es un robo
además de un disparate, y se terminará la compra de votos y apoyos en contra nuestra y con nuestro dinero.

Hay otras personas, bastante indocumentadas por cierto, que piensan que los niños no tienen cerebro, que tienen una esponja sobre la que se pueden inyectar
montones de idiomas, ciencias, física, matemáticas, filosofía sin límite. El proceso cognitivo implica el conocimiento progresivo y profundo de un idioma, cuanto más rico, más tiempo requiere su aprendizaje inicial, y sin este bagaje es imposible progresar. Los idiomas son sistemas dinámicos de comunicación, están en permanente evolución con las innovaciones y descubrimientos desarrollados en el propio idioma y los adquiridos de otros.

Relato chino para un Estado al borde de la quiebra
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 10 Marzo 2012

La movilización sindical y de la izquierda política, mañana, octavo aniversario de los atentados del 11-M, tiene connotaciones muy sugestivas y todas ellas preocupantes. Emocionalmente, la fecha elegida es un error, más allá de cualquier lectura políticamente intencional. Resulta difícil comprender que el aniversario del mayor atentado terrorista de nuestra historia, y de la de Europa, no excluya cualquier otra expresión pública que no sea la de conmemoración y recuerdo de las víctimas, por más que algunas de ellas sean solidarias con los manifestantes. La tragedia es, desde luego, la familiar de los fallecidos y heridos, pero, en su vertiente social, fue una enorme tragedia colectiva y trasciende la privacidad del dolor de las víctimas directas.

El derecho de manifestación, sin embargo, es siempre legítimo, aunque, como ocurrirá mañana, arañe el sentimiento colectivo que reclamaría un recuerdo silencioso. No siempre, sin embargo, lo legítimo es oportuno ni útil. La movilización contra la reforma laboral y la huelga general convocada para el próximo día 29 constituyen recursos que no cambiarán la decisión gubernamental validada por el Parlamento y, por ello, entre otras razones, resultarán procedimientos de oposición política anacrónicos.

Como ha escrito el sociólogo José Luis Álvarez*, “una de las conclusiones más robustas de la sociología de los movimientos sociales es que estos no triunfan en los peores momentos de una crisis, cuando mayor es la sensación subjetiva de injusticia en los desfavorecidos. Los conflictos se extienden cuando se dan condiciones objetivas, como unas élites divididas y tácticas adecuadas de contestación. Y hoy las élites no muestran fisuras y los métodos de movilización -huelgas, marchas, ocupaciones de propiedad privada, asambleas, alborotos, saqueos, barricadas, acampadas en espacios públicos, etcétera- no están actualizadas para enfrentar un capitalismo global. Las nuevas tecnologías pueden acelerar los tiempos de movilización y ampliar las bases de los convocados, pero no responden a las preguntas estratégicas: contra quién, cuándo y dónde descargar la fricción contestataria”.

En otras palabras: el derecho a protestar en la calle y el de huelga son plenos, pero no son útiles y, especialmente, no son ya contemporáneos. A menudo contribuyen a empeorar las cosas y no a resolverlas. La sola posibilidad de una huelga general ha provocado en las encuestas recientemente publicadas un rechazo importante de los ciudadanos, a muchos de los cuales tampoco gusta la reforma laboral, ni otras con las que se trata de afrontar la crisis. La izquierda, no obstante, en la que cabe incluir a las Centrales Sindicales, es “un terreno yermo” en palabras del profesor Félix Ovejero Lucas*, que aunque impugna la prepotencia de los mercados y se duele de “nuestra triste izquierda” observa en Francia, por ejemplo, algunos elementos de “radicalidad”, que “no es enemiga de la calidad”, propuestos por intelectuales que tratan de inyectar ideas allí donde hay inercias que han dejado el socialismo en barbecho.

El grave problema para la izquierda -y, en menor medida de la derecha, por razones obvias- es que no se ha dicho la verdad de lo que sucede y que consiste en que el Estado del bienestar -y en España, además, el autonómico- se asoma peligrosamente a la quiebra. El gran drama es que la estructura estatal prestataria de servicios públicos y sobreprotectora de derechos de los trabajadores, está en fase agónica. Se derrumba. Y no hay receta ideológica que la rescate, ni huelga general -todo lo contrario- que lo remedie.

El grave problema para la izquierda es que no se ha dicho la verdad de lo que sucede y que consiste en que el Estado del bienestar -y en España, además, el autonómico- se asoma peligrosamente a la quiebra

Lo explica con claridad el profesor Daniel Innerarity: “Uno de los planteamientos menos afortunados a la hora de entender la crisis económica ha sido interpretarla en el interior del debate entre el neoliberalismo y la socialdemocracia, como si éste fuera el verdadero campo de juego ideológico en el que habrían de moverse las posibles soluciones; sin entender que es precisamente esa alternativa la que ha dejado de tener sentido a la hora de abordar crisis globales. El neoliberalismo ha salido peor parado de la crisis, pero eso no da motivo para celebraciones especiales entre quienes auguran un retorno del Estado y no están en condiciones de aclarar qué puede significar dicho retorno. Lo que hay que explicar -y a lo que debe hacerse frente- es que el Estado que emerge tras la crisis es un Estado menos poderoso, debido a la naturaleza global de la crisis y la limitada eficacia de los instrumentos tradicionales de la política económica.”

Los bazares chinos
La reivindicación del pasado y, lo que es peor, el fantaseo de que es posible regresar al bienestar de antaño suponiendo que estamos ante una crisis cíclica, no sólo es una ingenuidad, en este caso por parte de la izquierda -razón de su desconcierto-, sino también una temeridad política. El caso español es paradigmático: hicimos un Estado del bienestar para la bonanza y dogmatizamos que los servicios básicos -sanidad, educación y sociales- resultaban prestaciones imprescriptibles en su universalidad y amplitud. Sencillamente, ese dogma se ha caído aunque ni el anterior ni el actual Gobierno quieran reconocerlo.

Al imponer unos déficits determinados -1,5% a las comunidades autónomas- se está, de hecho, ofreciendo licencia para introducir elementos de alteración sustancial a las ofertas del bienestar. Sea mediante copagos o tasas; sea mediante restricciones de servicios en sanidad o en educación; sea mediante limitaciones de las prestaciones sociales, sea a través de la congelación de la inversión pública y el incremento de la fiscalidad, sea con métodos eufemísticos -pero en todo caso restrictivos- está muriendo el Estado protector y no sabemos si está emergiendo el Estado meramente cooperador. Empeñarse en mantener el primero es ir derechamente a la quiebra (como Grecia, o peor aún), y reclamarlo a quien no puede restablecerlo -el Gobierno y las instituciones- resulta un ejercicio frustrante y persistir en una vana esperanza de que volverán aquellos tiempos pasado, una condena segura a la melancolía depresiva.

Ha tenido que ser un empresario como Juan Roig, propietario de Mercadona, el que haya cantado las (desagradables) verdades del barquero. Con la legitimidad que le otorga haber creado 6.500 puestos de trabajo en 2011 y aumentado los beneficios de su empresa un 19%, el valenciano, hijo de un porquero, ha señalado la cultura del esfuerzo y la perseverancia de los bazares chinos como metáfora de cuál debe ser nuestro empeño; ha denunciado el derroche corrupto, la economía sumergida, las subvenciones improductivas y el absentismo como latrocinio social; ha reclamado “medidas disuasorias” en sanidad, en enseñanza y en justicia; se ha mostrado favorable a la reforma laboral aunque él “habría ido más lejos” y ha denunciado que cada puente festivo nos cuesta 1.200 millones de euros. Roig no reclama un nuevo esclavismo -sus empleados entran con sueldos dignos, disponen de jornadas flexibles, participan en beneficios- sino que fija una referencia, un modo de hacer que diferente. Para algunos autores, como Michael Lewis, nuestro continente se encamina a “un nuevo tercer mundo europeo” y lo explica en su indispensable libro Boomerang. O sea, que Roig no anda descaminado.

Cuando la clase dirigente no se aviene a proclamar la realidad, los sindicatos pretenden regresar a un Estado impotente y superado y la izquierda se empeña en los viejos dogmas que intenta defender en la calle como si de un mayo del 68 se tratase, la teoría de los bazares chinos -el productivismo asiático- de Juan Roig viene a ser el relato inevitable de los nuevos tiempos. No se trata de una perspectiva halagüeña, pero es lo hay.

*Los miserables del 2012 artículo de José Luis Álvarez en La Vanguardia de 5 de marzo.
*Las razones y las calles artículo de Félix Ovejero Lucas en El País de 7 de marzo.
*La democracia del conocimiento. Por una sociedad inteligente (Editorial Paidós) de Daniel Innerarity. Página 138.

¿En qué país vive Rubalcaba?
Francisco Rubiales Periodista Digital 10 Marzo 2012

Rubalcaba da a entender, en una conferencia pronunciada en Sevilla, que los ciudadanos están ahora apreciando más a los políticos que en el pasado, una afirmación falsa que contrasta con el profundo rechazo y desprecio a la clase política española que reflejan las encuestas y que se percibe en la frustrada e irritada sociedad. Contrariamente a lo que afirma el líder socialista, los políticos españoles son los mas rechazados por su pueblo en toda la Unión Europea, un rechazo que no para de crecer y que, en ocasiones, se manifiesta como desprecio y hasta odio.

El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, sorprendió a la audiencia el pasado martes, 6 de marzo, en Sevilla, cuando hablaba como presentador de José Antonio Griñan, conferenciante del Foro Joly, al afirmar con inexplicable satisfacción que, afortunadamente, ya casi no se utiliza en España el término despectivo "casta política" para referirse a los políticos, expresando así algo tan insólito y falso como que los políticos españoles ya son menos rechazados y criticados por su pueblo que en el pasado.

Rubalcaba, que hablaba ante una audiencia integrada habitualmente por empresarios, profesionales y periodistas andaluces, pero que en esa ocasión había sido "invadida" por más de un centenar de altos dirigentes del PSOE andaluz, parece desconocer datos tan sobrecogedores como que los políticos son ya considerados en Andalucía como el segundo gran problema de la sociedad, solo superados por el desempleo masivo y por delante de la crisis económica, la vivienda, la pobreza, la inseguridad y otros dramas sociales.

¿En qué país vive Rubalcaba? ¿En que datos se basa para dar esa "noticia" falsa de que los políticos españoles son ahora menos rechazados que antes, cuando nunca antes, desde la muerte de Franco, estuvieron tan desprestigiados y despreciados por su pueblo?. Él acaba de vivir en primer plano los resultados del profundo rechazo de los españoles a Zapatero, causa principal de la humillante derrota socialista el pasado 20 de noviembre.

Yo era uno de los presentes en esa desayuno-conferencia, al que acudí con la nariz tapada, sólo para enriquecer mi capacidad de análisis. En mi mesa, un joven empresario, al escuchar la opinión de Rubalcaba sobre la "casta política", comentó: "Ese tío está loco o no ha salido a la calle en su vida".

El joven tenía razón porque la sociedad española es ya un profundo e intenso clamor contra la clase política, a la que no sólo rechaza y desprecia, sino que también empieza a odiar. El rechazo y el desprecio a los políticos está detrás del aumento de la abstención, del incremento del voto en blanco en las urnas, del apoyo a muchos partidos minúsculos y, sobre todo, de la humillante derrota del PSOE y de la victoria del PP en las últimas elecciones, un partido que, en buena lógica, debería haber recibido una inmensa cosecha de votos, pero que, por causa de la decepción y el rechazo de los ciudadanos a los políticos en general, solo obtuvo una victoria matizada, por mayoría absoluta, pero sin un voto masivo, con poco más de medio millón de votos mas que en las elecciones precedentes.

Las razones para que los políticos españoles sean tan intensamente rechazados por una parte importante y creciente de la sociedad hay que buscarlas en su fracaso al gestionar la prosperidad del país y la crisis, en su desmedido poder, en su arrogancia, en sus privilegios excesivos, en la corrupción que les invade, en el abuso de poder que practican y, sobre todo, en su interés por hacer pagar a los más débiles la gran factura de la crisis, sis renunciar a privilegios y ventajas inmerecidas, que hoy resultan insultantes a un pueblo cada día más pobre y acosado por impuestos abusivos y por una austeridad creciente.

El rechazo a los políticos está presente en casi todas las manifestaciones de la vida política y social de la España actual: en las opiniones que se expresan en las encuestas, donde se observa el mayor rechazo a los políticos en toda Europa y uno de los más elevados del mundo, en las opiniones de ciudadanos en medios de comunicación, en los comentarios en centros de trabajo, bares y cafeterías, en los abucheos a los políticos en numerosos actos de masas y otras muchas manifestaciones, que el poder oculta porque para ellos resulta vergonzoso gobernar a unos ciudadanos que les rechazan, algo que en democracia deslegitima y convierte a los políticos, aunque hayan sido elegidos en las urnas, en auténticos usurpadores de la voluntad popular.

Voto en Blanco

No estamos para bromas
EDITORIAL Libertad Digital 10 Marzo 2012

Las huelgas generales tienen un difícil encaje en las sociedades abiertas contemporáneas. Lejos de ser un instrumento para la defensa de los derechos de los trabajadores, han devenido en un arma de lucha política, ajena a los mecanismos de la democracia representativa que rigen una convivencia civilizada. Por muy legal que sea la convocatoria, faltaría más, cabe cuestionar su legitimidad.

Más si dirigimos la mirada a los convocantes. CCOO y UGT, corresponsables de la desastrosa gestión de Zapatero, desempeñan un papel en eso que se ha venido a denominar ‘agentes sociales’ que nada tiene que ver con la voluntad de los trabajadores –su afiliación apenas supera el 5%–, sino de una función otorgada por el Estado desde una visión corporativista de la sociedad, puramente fascista –desde un punto de vista teórico– y heredada del régimen franquista: los sindicatos verticales. Hasta que no se financien con las cuotas de sus afiliados y compitan entre ellos por representar al mayor número de asociados no serán organizaciones eficientes ni útiles para la sociedad. Ni siquiera decentes.

En España, además, carecemos de una ley de huelga. Una tarea pendiente desde 1978 que ningún Gobierno – de izquierdas, de derechas o mediopensionista– ha tenido a bien llevar a cabo. De momento, parece que el de Rajoy tampoco está por la labor. Es una norma imprescindible para combatir las coacciones de los piquetes. Calificarlos de "informativos" es un chiste macabro, digno de la mejor tradición del humor negro español. A la espera de la Ley de huelga, corresponde al Ministerio del Interior y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado garantizar que ni un solo ciudadano vea coartado su derecho a trabajar el 29 de marzo.

Todos los matones que pretendan violentar la libertad de los españoles para circular por las carreteras, utilizar el transporte público, abrir su comercio o simplemente tomarse una caña deben ser enviados al banquillo de los acusados. Todos sin excepción. Ese es el reto que tiene ante sí el Gobierno.

La justificación de la huelga general es, por lo demás, un insulto intolerable a los millones de personas que han perdido su empleo en los últimos años. La reforma laboral es la más atinada de las presentadas por el ejecutivo de Rajoy. El drama del paro resulta insoportable y tiene mucho que ver con la extrema rigidez del mercado laboral, que es precisamente lo que los sindicatos no quieren tocar. Camino de los seis millones de parados y con una tasa que casi dobla a la de Portugal, señores Toxo y Méndez, los españoles no estamos para bromas.


Ellos no descansan
LUIS VENTOSO ABC  10 Marzo 2012
LA resaca de cuarenta años de dictadura provocó ciertas pudibundeces ridículas en el arranque de la democracia. Una de las más nocivas, cuyas secuelas estamos pagando como nunca, fue una asunción vergonzante del legítimo nacionalismo español. Dado que el dictador se había envuelto en la bandera de España, cuando por fin el país se abrió a la libertad se procedió a bajar el volumen del sentimiento nacional. Sentirse español, proclamarlo en alto, pasó a considerarse fuera de lugar. En los primeros ochenta, no había personaje que se pretendiese in y pronunciase la palabra España, sustituida por «el Estado español», un eufemismo tontolaba. Fue un repliegue absurdo, y más en una de las naciones más antiguas del mundo, con una historia asombrosa a sus espaldas.

Estados Unidos es la mayor democracia del planeta y además su federalismo es extremo. Sin embargo, el afecto a la nación que los une resulta omnipresente. Aquí, como somos dados a confundir el culo con las témporas y la gimnasia con la magnesia, decidimos guardar en el cajón el concepto España y cedimos a los nacionalistas periféricos todo el campo de juego dialéctico sobre el modelo de Estado. El resultado de esa técnica del avestruz ha sido demoledor. Los nacionalismos filoseparatistas, que en el fondo atienden a una idea de superioridad retrógrada y un pelín xenófoba, lograron investirse de una falaz etiqueta de modernidad. Mientras, el sentimiento español era caricaturizado como opresivo y retrógrado, cuando en realidad la idea de España es mucho más solidaria, avanzada y beneficiosa económicamente que la de la taifa replegada sobre su ombligo excluyente.

El comportamiento acomplejado ante Cataluña y el País Vasco de los inquilinos de La Moncloa, que cayeron en el error de cuadrar sus mayorías recurriendo a los nacionalistas, provocó cesiones onerosas. La más gravosa ha sido la miope entrega de las competencias en educación. Los gobiernos autonómicos más desleales han aprovechado esa palanca para convertir las aulas en centros de adoctrinamiento victimista. Si un escolar se pasa años escuchando que su tierra es la quinta maravilla, si se le inculca desde niño una versión deformada de la historia, si se le da a entender que su región sería Dinamarca de no ser por la bota española, cuando acabe el bachillerato sumaremos otro adepto al credo soberanista.

Esta semana se ha producido un hecho aberrante contra la justicia y el sentido común. Un tribunal catalán de menor rango se ha fumado una sentencia del Supremo para mantener la inmersión escolar en catalán. Es decir: la lengua de uso mayoritario en Cataluña, que —¡pásmense!— es el español, está prohibida de facto en la escuela. ¿Qué opinión le ha merecido al Gobierno? Paños calientes. No se puede importunar al presidente Mas, que sí tiene venia para ofender a los españoles semana tras semana. Mientras quienes creen en España callan y se resisten a difundir sus valores, ellos trabajan a tiempo completo para cuartear el país donde vivimos.

«Con el idioma español llegamos a mucha más gente»
Tras ofrecer ayer la primera rueda de prensa íntegramente en castellano, Mike Hammer, subsecretario de Prensa del Departamento de Estado de EE.UU., habla con ABC sobre la fuerza que tiene nuestro idioma en su país
maría g. picatoste / corresponsal en nueva york ABC 10 Marzo 2012

Como parte de un amplio esfuerzo por compartir la política exterior de Estados Unidos con el mundo entero, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha comenzado a utilizar el español en sus comunicaciones. El primer paso fue abrir una cuenta de Twitter (@USAenEspanol) donde informar en español sobre sus actividades y comunicarse con los hispanohablantes interesados en la política norteamericana. Ahora, el español ha llegado también a sus reuniones con la Prensa. El hombre que ha promovido esta iniciativa es Mike Hammer, el Subsecretario Interino para Asuntos de Prensa del Departamento de Estado. Este americano de madre madrileña y castellano fluido fue el encargado de responder ayer a las preguntas de los periodistas hispanohablantes.

—¿Qué opinión le ha causado la primera rueda de prensa en español?
—Ha salido bastante bien. Hemos hablado de temas de Latinoamérica, de la situación en Siria o la preocupación con Irán. Lo importante es que ha quedado claro que este tipo de ruedas de prensa no tienen un enfoque solo hacia Latinoamérica, sino mundial.

—Son temas ya discutidos en ruedas de prensa en inglés. ¿Se van a utilizar las ruedas de prensa en español como simple traducción?
—A diario hacemos nuestras ruedas de prensa en inglés, así que si llegados a la conferencia en español me preguntan lo mismo, la respuesta inevitablemente será igual. Pero si surgen preguntas sobre temas que no se han tratado en inglés entonces se escucharán novedades. Hoy por ejemplo hemos tratado casos concretos sobre Argentina y México que no surgieron en sesiones anteriores.

—Entonces, los medios en inglés también deberían prestarle atención a estas ruedas de prensa.
—Sí, claro. Hoy ya había muchos medios de habla inglesa presentes. Uno nunca sabe cuándo puede salir una noticia.

—Varios medios americanos ya tienen franquicias en español como CNN, Fox o The Huffington Post. ¿Van ustedes un poco a la zaga?
—Claramente estamos respondiendo a un mercado de interés. En Estados Unidos hay mucha gente de habla hispana, una audiencia importante con la que nos queremos comunicar. Así que sí, en ese sentido nos movemos por interés, y como parte del Gobierno nuestra labor es hacerlo lo mejor que podamos. Pero el Departamento de Estado siempre busca mantenerse al día, por eso nos hemos lanzado a utilizar herramientas como Twitter o Facebook. La secretaria Clinton nos está animando mucho a que hagamos todo lo posible para incorporarnos a toda la tecnología del siglo XXI para llegar así a más audiencias alrededor del mundo.

—¿Qué tal habla español Clinton?
—Digamos que prefiere hablar inglés. Está tan ocupada que se enfoca en hacer a la perfección su trabajo en inglés, lo cual ya es una tarea sumamente difícil de por sí.

—¿Por qué ahora en español?
—Podíamos haber empezado antes. Yo llevo mucho tiempo pujando por ello, pero siempre hay que esperar el momento para lanzarse. La cercanía de la Cumbre de las Américas ha sido un factor. Al final todo se redujo a que le comenté a la Secretaria Clinton que había mucho interés y ella me animó a lanzarlo ya.

—Así que la iniciativa no tiene intención de ayudar al presidente Obama a ganarse el voto hispano.
—Nosotros en el Departamento de Estado no hacemos política. La verdad es que nuestra labor se centra en la búsqueda de formas de comunicarnos con una audiencia global. Por eso hemos hechos ruedas de prensa en otros idiomas como el árabe o el chino, aunque ninguna ha levantado tanta expectación como la que hemos mantenido en español El español tiene más tirón.

—¿Le ha resultado más complicada que las ruedas habituales en inglés?
—Sí. Estamos acostumbrados a explicar nuestra política solo en un idioma. En el campo diplomático la manera de expresarse es muy importante, así que ha sido una labor intensa y que ha requerido mucho trabajo. Toda rueda de prensa exige una preparación en profundidad de los temas, pero en este caso ha demandado un esfuerzo adicional a la hora de formular de la mejor manera lo que estamos haciendo.

El negocio del español
Aportación al PIB
Según un informe de la Fundación Telefónica el valor económico del español representa en torno al 15,6 por ciento del Producto Interior Bruto, habiéndose producido un crecimiento de casi un 40 por ciento entre los años 2001 y 2007. El idioma crea alrededor de 3,5 millones de puestos de trabajo.

Para extranjeros
Catorce millones de personas aprenden español en el mundo y unos 180.000 estudiantes visitan España anualmente para estudiarlo. Hay 83 países donde se estudia nuestro idioma sin ser lengua oficial. Este negocio genera 370 millones de euros de facturación y en torno a 6.000 puestos de trabajo que se duplican en verano.

Una demanda que crece
La lengua es un bien sin coste de producción, que no se agota con su uso, no apropiable por parte de nadie, con un coste único de acceso y cuyo valor de uso se incrementa con el número de usuarios. En el año 2050 serán 600 millones de personas los que hablen español en 21 países de todos los continentes. Una fuente de ingresos que crece.

Internacional
El departamento de Estado de Estados Unidos ya habla español
Este jueves ofrece por primera vez en la historia una rueda de prensa completamente en castellano
maría g. picatoste / corresponsal en nueva york ABC 10 Marzo 2012

Hoy jueves y por primera vez en su historia, el Departamento de Estado de Estados Unidos va a ofrecer una rueda de prensa completamente en español. Durante la sesión, el Subsecretario Interino para Asuntos de Prensa, Mike Hammer, contestará en español a las preguntas que los medios hispanohablantes le formulen sobre temas de actualidad sobre la política exterior de Estados Unidos.

Desde su fundación en 1789, la institución actualmente dirigida por Hillary Clinton se había ceñido al inglés como lengua única para todas sus comunicaciones. Aunque Estados Unidos no tiene un idioma oficial reconocido, el inglés es la lengua más extendida y la utilizada en todas las comunicaciones oficiales. Pero la pujanza del español, un idioma hablado por cerca de 52 millones de personas según los últimos datos censuales, ha hecho que ese «status quo» comience a cambiar.

El cambio paulatino arrancó en las altas esferas de la política estadounidense, ya que fue la Administración Obama la que en 2009, al comienzo de su mandato, incorporó el español en los anuncios de su gabinete como vía para acercarse a la comunidad hispanohablante. El paso tiene mucho valor estratégico, ya que, como vaticinan varios analistas políticos, el voto de la comunidad hispana será decisivo para hacerse con las llaves de la Casa Blanca en las próximas elecciones presidenciales.

Para Obama, cuya popularidad entre los hispanos ha caído en los últimos meses, ganarse la confianza de la minoría que más rápidamente crece en el país será crucial a la hora de renovar su mandato. El presidente de EE.UU. ya comentó en octubre de 2010 que el futuro de este país está «inextricablemente unido al futuro de la comunidad hispana». Para reforzar esa unidad, la Casa Blanca ha comenzado a utilizar el español en algunas de sus reuniones informativas y diariamente en sus comunicados de prensa.

«Es parte de un esfuerzo mas amplio que estamos realizando aquí, en el Departamento de Estado, para comunicar la política exterior de Estados Unidos al mundo entero», explica el propio Hammer a ABC. El Subsecretario explica que no solo el Departamento de Estado, sino también él mismo -«dado que hablo español gracias a mi madre madrileña», explica- han recibido «muchas solicitudes para entrevistas en español». «Nuestro primer "twitter briefing" en español la semana pasada fue muy exitoso, y queremos continuar con estos esfuerzos», añadió Hammer a este periódico.

El 11-M es "el día de las víctimas"
Ángeles Domínguez, a los sindicatos: "Es una falta de respeto"
La presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M se ha mostrado especialmente molesta por la convocatoria de los sindicatos.
AGENCIAS Libertad Digital 10 Marzo 2012

La Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha recordado este sábado, con motivo del octavo aniversario del mayor atentado terrorista vivido en España el 11 de marzo de 2004 en Madrid, que se saldó con 191 fallecidos y centenares de heridos, que todavía existen supervivientes que continúan teniendo "fobia" a subirse a un tren por las consecuencias psicológicas del atentado registrado en cuatro trenes de Cercanías de la capital.

La presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, Ángeles Domínguez, ha afirmado que "muchas víctimas", a día de hoy y ocho años después de aquél día, "no son capaces de montarse en el tren" y ha lamentado que quizá no lo puedan superar nunca, ha dicho en declaraciones a Europa Press.

"Para la gente que no lo ha sufrido directamente ocho años quizá sea una pasada, pero para las víctimas no pasa el tiempo. Cualquier cosa te lleva a ese día, tenemos la sensibilidad más a flor de piel. Vivimos el día a día, pero ese día no se olvida", ha expresado.

En este sentido, Domínguez ha advertido que "superar un atentado es subjetivo" y ha afirmado que tal vez haya víctimas que "no lo superen nunca" y ha recalcado, además, que las "secuelas físicas son irreversibles".

La presidenta de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M ha remarcado que el día 11 de marzo "es un día para el recuerdo" de todas aquellas personas que no sólo fallecieron en el atentado o sobrevivieron a él, si no de "todos los ciudadanos que se sintieron víctimas".

"Siempre hemos pensado que es un día para el recuerdo. La mayoría de los ciudadanos se sintieron víctimas y es un día para dedicarlo al recuerdo de las víctimas, tanto a los fallecidos como a los que a día de hoy tenemos las secuelas", ha subrayado.

Manifestación sindical
Ángeles Domínguez ha lamentado que los sindicatos hayan hecho coincidir el domingo 11 de marzo con una manifestación contra la reforma laboral. Es el "día de las víctimas" y ha calificado esta convocatoria como "una falta de respeto".

"Una manifestación tiene 364 días al año para hacerlo, es ilógico que coincida, me parece inaceptable. Conlleva a que quieran que el 11-M se diluya, para nosotros es el día de nuestro aniversario, mucha gente se sintió víctima", ha reprochado.

Cataluña
El Gobierno critica, en privado, la ambigüedad del auto del TSJC
Fuentes del Ejecutivo muestran, sin cámaras delante, su “sorpresa”, “estupor”, y en algunos casos “escándalo” al analizar la resolución que, claramente, evita posicionarse sobre el sistema educativo catalán en su integridad y devuelve la ‘patata caliente’ al Tribunal Supremo. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), recuerda que ya hay jurisprudencia al respecto.
Redacción www.vozbcn.com  10 Marzo 2012

El Gobierno se ha mostrado sorprendido y contrariado por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, aunque ratifica el derecho a recibir educación bilingüe en Cataluña, no ordena la extensión dicho modelo de forma automática a todo el sistema educativo autonómico, tal y como establecen numerosas sentencias el Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo.

En la rueda de prensa de posterior al Consejo de Ministros de este viernes, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría (PP), se ha limitado a mostrar el “respeto” del Ejecutivo a la resolución del TSJC, “sabiendo quiénes crean o no jurisprudencia”, ha matizado en relación a las múltiples sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo en favor del bilingüismo escolar.

Los ciudadanos no tienen que “demandar que se les protejan sus derechos”
“Queda abierta una vía de recurso y habrá que esperar a lo que se diga. Este Gobierno defiende y defenderá un bilingüismo integrador que potencie en el ámbito de la escuela y en el ámbito de las Administraciones Públicas esa normalidad y cordialidad que existe en el uso de las lenguas en la calle”, ha explicado Sáenz de Santamaría.

Además, ha subrayado que todas las Administraciones Públicas deben respetar las sentencias “en la aplicación de los derechos que corresponden a los ciudadanos, sin que los ciudadanos tengan que demandar que se protejan sus derechos”.

“Sorpresa”, “estupor” y “escándalo” ante el auto del TSJC
Sin embargo, tal y como recoge este sábado El Mundo, la posición de los miembros del Gobierno en privado es mucho más contundente. Fuentes del Ejecutivo han mostrado al este diario su “sorpresa”, “estupor”, y en algunos casos “escándalo” al analizar el auto del TSJC que, claramente, se ha quitado del medio y ha devuelto la patata caliente al Tribunal Supremo.

“No se entiende que para ejercer un derecho haya que contar previamente con un pronunciamiento judicial”, han señalado estas fuentes gubernamentales al considerar que el auto del TSJC insta a acudir a los tribunales a los padres que quieran una educación bilingüe para sus hijos en Cataluña.

En este sentido, El Mundo, en su editorial de este sábado, ha aplaudido las palabras del Gobierno, pero le ha recordado que tiene una responsabilidad. ‘El PP tiene una oportunidad de oro para hacer las reformas legales que sean precisas con el fin de que el español sea también lengua vehicular en la enseñanza en Cataluña. Mariano Rajoy reiteró cuando era el líder de la oposición la necesidad de garantizar el derecho de los padres a elegir en qué lengua se tienen que educar sus hijos. Ahora que es presidente tiene el deber de llevarlo a cabo’, ha indicado el diario de Unidad Editorial.

Las sentencias ya han creado jurisprudencia
El abogado de Convivencia Cívica Catalana que defiende a las familias, Ángel Escolano, ha asegurado que las cinco sentencias del Tribunal Supremo que obligan a la Generalidad a ofrecer la enseñanza en las dos lenguas oficiales “sientan jurisprudencia” y obligan a esta a reconocer dicho derecho al resto de padres que lo soliciten, sin necesidad de acudir a los tribunales.

Además, ha insistido en que las sentencias del Supremo son muy claras, ya que, textualmente, ordenan al Ejecutivo autonómico a ‘adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la Sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán’, especificando que el castellano debe ser ‘reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’.

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Spain is back
Gabriela Bustelo www.gaceta.es 10 Marzo 2012

España ha vuelto al mundo real. Para quedarse, esperamos.

Los periódicos internacionales pueden pasarse meses sin hablar de España. En las secciones dedicadas a Europa aparecen noticias diarias procedentes de Inglaterra, Alemania y Francia, pero España parece no existir, salvo cuando alguna noticia sensacionalista se abre hueco, aparatosamente, entre el resto. Un repaso de las últimas portadas extranjeras indica que el tópico “Spain is different” sigue vigente para la democracia más peculiar de Occidente. Cuando Fraga acuñó aquel eslogan turístico tan eficaz, poco imaginaba que su frase se iba a convertir en una maldición imposible de superar.

La condición requerida para que España merezca una portada internacional sigue siendo lo pintoresco, un término políticamente correcto que en realidad significa “extraño”, “curioso”, “anticuado”, “pueblerino”. Cuando se califica algo de pintoresco, se hace siempre desde la superioridad y el paternalismo, cosa evidente en la última portada que ha concedido el New York Times a España, en esta ocasión sobre el regreso a los ruedos del torero Juan José Padilla. La dramática foto del diestro, con un parche sobre el ojo que perdió en una cogida, iba acompañada de un texto explicando que “la cornada, sucedida tras otro terrible accidente en que un toro empitonó a Julio Aparicio, desgarrándole el cuello, no parece impresionar demasiado a un país sumido en una enconada polémica sobre el toreo”.

La espectacularidad de las fotos de las algaradas de Barcelona sí ha merecido la atención de los medios internacionales, muchos de los cuales explicaban que se trata de “una ciudad española”, cosa que miles de lectores extranjeros no saben, porque el nacionalismo catalán ha añadido confusión a las dispersas noticias que salen de nuestro país. “Primero somos catalanes y luego europeos, pero ¡no nos llaméis españoles!”, era la frase con la que The Guardian abría un reportaje sobre el nacionalismo español, ilustrado con una foto de dos encapuchados flanqueando una bandera española en llamas. El diario británico, que podríamos catalogar como progre, explica que en los colegios estatales los niños estudian en catalán, pues el español está confinado, aseguran, a un máximo de tres horas semanales.

El terrorismo vasco es otro de los temas que suelen merecer un hueco en las portadas del mundo. Inolvidable la foto de octubre de 2011 en que tres etarras enmascarados, con chapela y puño en alto, proclamaban la paz. Un momento “histórico”, lo entrecomillaban con ironía los medios internacionales.

Por si todo esto fuera poco, las adormiladas actuaciones de Zapatero allende nuestras fronteras no han hecho sino confirmar ese “España es diferente” que, visto lo visto, nunca fue tan cierto como hoy. Bien lo sabe el ministro de Exteriores, García-Margallo, que hace días decía en una entrevista radiofónica una frase en inglés que sintetiza el espíritu del Gobierno de Rajoy: “Spain is back”. Con sus diferencias y peculiaridades, España ha vuelto al mundo real. Para quedarse, esperamos.

Una canallada
Carlos Dávila www.gaceta.es 10 Marzo 2012

Estamos ante la más tremenda canallada que se pueda recordar.

Me escribe la mujer de una víctima de ETA: “Si el ‘lehendakari’ López les da los asesinos de mi marido lo que ellos siempre exigieron, que no era otra cosa que reconocimiento político y discutir de igual igual con los partidos democráticos, dígame usted para qué hemos luchado cincuenta años contra estos criminales”. Le respondo aquí, casi al estilo de la Señora Francis: “Tiene usted toda la razón, lo que el jueves propuso López, aparte de una indignidad es una traición y un escarnio en toda regla a las víctimas”. Eso le digo a mi pobre comunicante, al PP le aseguro esto: cada minuto que sigan manteniendo a López se hacen cómplices de su miserable estrategia de entrega a los forajidos. Estamos ante la más tremenda canallada que se pueda recordar. Al fin, ya se sabe, la izquierda se conforta mejor con sus congéneres aunque estos vengan del asesinato. Yo no sé si esto lo acaba de entender el Partido Popular

La gran mentira de Amaiur
jaime ignacio del burgo ABC  10 Marzo 2012

EN este año, pródigo en conmemoraciones nacionales, hay una que afecta específicamente a Navarra. Se trata del V centenario de su conquista de Navarra. Para unos se trató del reencuentro definitivo del viejo reino con la comunidad española. Otros, en cambio, lloran la pérdida de nuestra independencia nacional a manos de Castilla y reniegan de una nacionalidad —la española— impuesta a nuestro pueblo a sangre y fuego.

Es lo cierto que en 1512 Fernando el Católico ordenó al duque de Alba que ocupara el reino navarro. Se trataba de asegurar el éxito de la coalición anglo-castellana que, con la bendición papal (Liga Santa), se disponía a invadir la Guyena —la actual Aquitania—, que después de trescientos años de legítima posesión por la Corona inglesa había pasado a manos de los franceses. El duque cumplió la orden con eficacia. Juan de Albret y Catalina de Foix, sin presentar batalla, huyeron al Bearne, de donde eran señores soberanos.

La legalidad internacional de la época amparaba la acción militar. Estaba en juego la plenitudo potestatis del Papa, puesta en entredicho por Francia y unos cuantos cardenales rebeldes reunidos en Pisa con la intención de destituir a Julio II. Fernando el Católico pidió a los reyes navarros que permanecieran neutrales, mientras Luis XII les recordaba su corazón francés. Juan y Catalina se hallaban en una difícil disyuntiva. Si apostaban por Francia arriesgaban Navarra. Pero unirse a la Liga Santa suponía perder sus grandes dominios ultrapirenaicos. Intentaron jugar a los dos palos, mas la neutralidad es patrimonio de los fuertes. Al final, se fueron con el francés y perdieron Navarra.

Pero la historia no se detuvo en 1512. Las cortes navarras reconocieron en 1513 como rey a Fernando el Católico, previo juramento de los fueros. En 1515, el monarca decidió que a su muerte heredarían Navarra su hija Juana (la Loca) y quienes fueran sus sucesores en los reinos de Castilla y León. Y en 1516, el futuro emperador Carlos asumió el solemne compromiso de mantener a Navarra como «reino de por sí». De modo que la incorporación de Navarra fue por vía de unión eqüae principal (entre iguales), reteniendo cada su naturaleza propia en territorio, legislación y gobierno. Cuando ese mismo año, a la muerte del rey Fernando, el emperador Carlos se ciñó las coronas de Castilla, de Aragón y de Navarra se culminó el proceso de formación de la Monarquía española.

En todo esto, Euskal Herria ni está ni se le espera. Pero los abertzales son maestros a la hora de corromper la historia. El estado de Navarra —dicen— fue la Euskal Herria medieval. Por tanto, luchar por la independencia de Navarra es combatir por la liberación de Euskal Herria.

Para dar visibilidad a este nuevo planteamiento, los abertzales dieron a su coalición el nombre de Amaiur, que es la traducción al batua de Maya, pequeña población situada a tiro piedra de la frontera con Francia, llamada así desde el siglo XIV (antes se conocía por Meyer). En el castillo de Maya se encerraron en 1521 unos doscientos caballeros navarros, defensores de los reyes destronados. Nadie les molestó hasta mediados de 1522, en que después de dos días de asedio se rindieron el 19 de julio a una expedición de tropas castellanas y navarras leales al emperador. No hubo ninguna sarracina, pues en 1524 la mayoría de los asediados se acogieron al perdón general decretado por el emperador Carlos.

Pues bien, Maya fue el lugar elegido para la presentación de Amaiur. Junto al monolito que recuerda a sus nada heroicos defensores, los candidatos abertzales del 20-N sellaron su compromiso por la independencia de Navarra. Los defensores de Maya se habrían revuelto en sus tumbas al escuchar la soflama abertzale. Porque entre quienes asaltaron la fortaleza no sólo estaban los navarros de Luis de Beaumont, sino un buen número de soldados guipuzcoanos que un año antes habían contribuido decisivamente a la derrota del ejército de Francisco I en Noáin. Eran los mismos que, en 1512, habían aniquilado en Velate, al grito de ¡Santiago y cierra, España!, y bajo las banderas de Castilla, a una columna de 3.000 mercenarios franceses a los que arrebataron doce espléndidos cañones que insertaron, con anuencia de la reina Doña Juana, en el escudo de armas de la Provincia. Sin olvidar que Íñigo de Loyola cayó herido en 1521 en el castillo de Pamplona, cuando peleaba contra los franceses por la permanencia de Navarra en España, y que en 1512 en el ejército del duque de Alba formaban 3.000 alaveses, 2.500 a 3.000 guipuzcoanos y 2.000 vizcaínos.

De modo que si fuera cierto que Navarra perdió su independencia hace quinientos años, los responsables de ese hecho por el que los abertzales derraman lágrimas de cocodrilo, fueron los vascongados. He aquí la gran mentira de Amaiur.
JAIME IGNACIO DEL BURGO. EX PRESIDENTE DEL GOBIERNO DE NAVARRA, DIPUTADO Y SENADOR CONSTITUYENTE

Decidió el pleno del tribunal cuando la competencia era de una de las secciones
Las familias denuncian errores en el fallo del TSJC contra el castellano
Mientras el Gobierno catalán afirma que la Justicia ha vuelto a avalar su modelo de inmersión lingüística en las aulas, las familias que vienen reclamando que se haga efectivo el derecho de sus hijos a recibir una educación bilingüe no piensan tirar ahora la toalla
Ana Domingo Rakosnik La Razón 10 Marzo 2012

BARCELONA- Contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que, desobedeciendo al Tribunal Supremo (TS), obvia que el castellano debe ser junto al catalán lengua vehicular del sistema educativo, cabe interponer recurso de casación en un plazo de diez días ante el TS. Esta es la siguiente batalla de quienes vienen luchando por sus derechos desde hace seis años. Y en ello está trabajando Ángel Escolano, abogado de Convivencia Cívica (CC), representante de los afectados.

Hoy está previsto un encuentro con periodistas en el que el letrado detallará el contenido del recurso, pero Escolano adelantó ayer a este diario varios puntos clave de la que va a ser la argumentación jurídica contra el último fallo del tribunal catalán.

Por un lado, y como es lógico, el recurso señalará que el tribunal catalán, a pesar de estar obligado a ejecutar la sentencia del TS por ser un órgano jurisdiccional de rango inferior, la reintrepreta. En este sentido, el TSJC afirma que las familias tienen derecho a que sus hijos reciban una atención individualizada en castellano e insta a la Generalitat de Cataluña a llevar a cabo las medidas que sean necesarias para que así sea. Por el contrario, «el Tribunal Supremo advierte de que a los alumnos no se les debe proporcionar dicha atención individualizada ya que eso supondría una discriminación», explica Escolano.

Conjunción vs inmersión
Más aún, la sentencia del TS exhorta a la administración catalana a implementar cuantas medidas sean necesarias para que el castellano sea de forma efectiva lengua vehicular, junto al catalán, de su sistema educativo, es decir en todas las aulas.Pero, el TSJC concluye que eso no ha de ser así.

Asimismo, el letrado de CC destaca que ante las posibles dudas que pueda plantear la lectura de la sentencia del Supremo y su ejecución, el TSJC falla en favor del ejecutivo catalán, aplicando el principio «indubio pro» administración que «es preconstitucional y quedó abolido por la Carta Magna», apunta Escolano.

Convivencia Cívica también denunciará varias cuestiones de las que, de momento, no ha obtenido respuesta. ¿Por qué resuelve el auto el pleno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña si era competencia de una de las secciones? ¿Por qué se dilata tanto a la ahora de resolver e instar al Gobierno catalán a que tome las medidas pertinentes ? La entidad entiende que la cuestión es preferente y que, por lo tanto, el tribunal ha hecho gala de cierta pasividad en contra de los demandantes. Además, el recurso recogerá las presiones, «inauditas», a las que se han visto sometidos los magistrados por parte del Gobierno catalán. «Lo que han hecho organismos como “Som Escola” roza lo que son las coacciones», advierte Escolano.

La Asociación por la Tolerancia, que también vela por los derechos lingüísticos en Cataluña, tildó, precisamente, a esas presiones de «inadmisibles. «La expresión pública de la voluntad de desobedecer las sentencias constituye el peor ejemplo que se puede ofrecer a los ciudadanos y los deja en una situación de inseguridad jurídica y de desamparo frente a la arbitrariedad del poder», declaró la entidad en un comunicado.

De hecho, Escolano recalca que la propia Generalitat se contradice al definir su sistema educativo. Y, es que, mientras habla de inmersión lingüística a los medios comunicación, en sus escritos jurídicos afirma que en Cataluña el modelo es de conjunción lingüística. La diferencia entre ambos conceptos es que el primero permite anteponer el catalán al castellano mientras el segundo los iguala.

Los argumentos del recurso
- A la espera de que el letrado que representa a las familias demandantes presente hoy más argumentos jurídicos, el principal parte de la base de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lejos de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo la reinterpreta.

- Mientras el Tribunal Supremo niega que deba darse una atención individualizada a los alumnos demandantes porque eso supondría una discriminación e insta a la Generalitat de Cataluña a tomar la medidas necesarias para que el sistema educativo catalán sea bilingüe, el TSJC dicta todo lo contrario.

- Convivencia Cívica señalará, asimismo, ante las posibles dudas que plantea la sentencia del TS, el TSJC falla en favor del gobierno catalán aplicando el principio de «indubio pro» administración que quedó absolido por la Constitución.

- Además, el recurso denunciará «la pasividad de la TSJC a la hora de resolver», las presiones recibidas por el tribunal por parte del ejecutivo catalán y de entidades nacionalistas y preguntará por qué la ejecución de la sentencia del TS fue vista por el pleno del TSJC y no por la sección a la que le correspndí a el proceso.

El Gobierno defiende el bilingüismo
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que el Ejecutivo «defiende y seguirá defendiendo» el bilingüismo integrador como posición política. Un bilingüismo, añadió, que potencie en el ámbito de la escuela, de la administración pública y, en definitiva, de lo público, «la normalidad y la cordialidad que existe en el uso de la lengua en la calle». Santamaría expresó el respeto a las resoluciones judiciales tanto del TSJC como del Tribunal Supremo, y subrayó que queda abierta una vía de recurso «y habrá que estar a lo que se diga en sede de ese recurso».

El Gobierno se pone de perfil ante el problema de la imposición del catalán
Ningún miembro del Gobierno del Partido Popular ha condenado la discriminación que sufren los escolares castellanohablantes en las aulas de Cataluña
 www.lavozlibre.com 10 Marzo 2012

Madrid.- El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ni está, ni se le espera, en su posicionamiento sobre la imposición lingüística del catalán que padecen los ciudadanos de Cataluña. Tanto el PSOE, como el PSC, abrazarón y apoyaron el modelo educativo nacionalista que relega el español a la categoría de marginal, cuando no perseguido y multado como en el caso de los comerciantes que utilizan el idioma oficial de todo el Estado para rotular sus establecimientos. A quien se le sigue esperando es al Gobierno de Mariano Rajoy, cuyos integrantes no han denunciado con rotundidad la problemática lingüística, por ende de libertades, que vive la comunidad autónoma catalana.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hizo público ayer el auto en el que, con matices, daba validez a la Ley de Edicación de Cataluña, que margina a los escolares y padres que quieren utilizar el español como lengua vehicular durante su formación. A pesar de que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han exigido a la Generalitat que modifique dicha ley y su estatuto de autonomía, Mas y los suyos no han dudado en hacer oídos sordos cuando no han denunciado un desacato en toda regla a las decisiones de los tribunales. "Estamos donde estábamos y no nos moveremos de aquí", aseveró Artur Mas tras conocer el auto del TSJC.

Preguntados sobre su valoración del auto del tribunal autonómico catalán, los ministros han respondido con la misma consigna: "Aceptamos las resoluciones judiciales nos gusten más o menos". Ha sido la frase utilizada, con matices, tanto por el ministro de Educación, José Ignacio Wert, como por la vicepresidenta y portavoz del Gabinete, Soraya Sáenz de Santamaría. En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la 'número dos' de Mariano Rajoy ha dado un paso más, asegurando que "el Ejecutivo sigue defendiendo un bilingüismo integrador que potencie en las escuelas la misma normalidad con la que se emplean las diferentes lenguas en la calle".

La presidenta del Partido Popular de Cataluña (PPC), Alicia Sánchez-Camacho, ha afirmado este viernes que el PP seguirá defendiendo el modelo de bilingüismo integrador recogido en la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Camacho ha aseverado que "respeta" la resolución, pero ha hecho hincapié en que la misma iba referida a unas peticiones particulares. "En absoluto esa cuestión tiene que ver con lo que el PP de Cataluña ha defendido y defiende, que es el bilingüismo integrador, la coexistencia de dos lenguas vehiculares, catalán y castellano en el modelo educativo catalán, que es lo que ampara la sentencia del TC, así como el Estatuto constitucional", ha señalado.

Conflicto
Convivencia Cívica Catalana recurrirá el 19 de marzo ante el Supremo el auto que avala la imposición lingüística
La plataforma presidida por Francisco Caja empezará a trabajar en el texto este fin de semana
Ep www.lavozlibre.com  10 Marzo 2012

Madrid.- Convivencia Cívica Catalana (CCC), presidida por Francisco Caja, recurrirá el próximo 19 de marzo ante el Tribunal Supremo el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que avala el modelo de imposición lingüística defendido por nacionalistas e independentistas y que relega al castellano a la categoría de excepcional.

Según el abogado de la plataforma lingüística, Ángel Escolano, este mismo fin de semana, se empezará a trabajar en un “esquema del recurso” y se redactará a lo largo de la próxima semana. La asociación presentará el texto final ante el Supremo el 19 de marzo, Día del Padre.

Escolano ha asegurado que están buscando una vía procesal “lo más rápida posible para conseguir aplicar la sentencia a partir del próximo curso”.

Su principal argumento en este recurso al Supremo será que el auto del TSJC no ejecuta la sentencia del TS en la que instaba a la Generalitat de Cataluña a adoptar las medidas necesarias para "adaptar el sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional (TC) que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán".

"Hay incongruencia entre el fallo del TSJC y la sentencia del TS", ha afirmado Escolano, quien apunta que el tribunal catalán no puede rectificar el sentido de una sentencia del TS.

Además, asegura que la parte del auto del TSJC en la que obliga a la Generalitat a prestar atención lingüística personalizada "sienta jurisprudencia", y ha avisado que de hecho ya es así porque bastan tres sentencias del TS para sentar jurisprudencia, y de momento la plataforma ya cuenta con cinco sentencias favorables.

'RIZAR EL RIZO'
El abogado de la plataforma ha lamentado las informaciones que apuntan a que el procurador del caso tiene vínculos con la Falange, desvinculándose de éste y asegurando que su elección es fruto del azar, por lo que "se está rizando el rizo", ha dicho.

"Solamente es un enlace entre nosotros y el juzgado y es casi al azar", ha asegurado Escolano, para quien se trata de un tema anecdótico, ya que éste no tiene ningún papel en el proceso y solamente es auxiliar en el proceso.


La Generalitat auspicia a «lobbies» en favor del catalán como lengua única
Acoso subvencionado para arrinconar al castellano
S. Doménech La Razón 10 Marzo 2012

Barcelona- La consejera de Educación, Irene Rigau, recibió la tarde antes de que el TSJC emitiera la resolución sobre el castellano a los representantes de Som Escola, «un conjunto de entidades cívicas, culturales y de todo el ámbito educativo que, a raíz de las sentencias del Tribunal Supremo español que cuestionan el papel del catalán como lengua vehicular de la educación en Cataluña, nos hemos organizado para reafirmar nuestro apoyo a la escuela catalana y al modelo de cohesión social que ésta representa».

La consejera agradecía su labor a una plataforma que ha hecho una agresiva campaña en las escuelas para concienciar a los profesores. Encabezaba la representación Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural, una de las entidades más mimadas. El pasado día 22, el Govern anunció una subvención de 1.430.000 para 2011-2013, pese a que apenas 24 horas antes la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, le había pedido suprimir estas ayudas a Òmnium. Los populares no lograron frenarlas, aunque sí aportar un poco de luz sobre unas subvenciones cuyo montante global es muy difícil calcular, ya que reciben aportaciones de distintas consejerías. En 2009, el entonces diputado José Domingo sumó que Òmnium había recibido del Govern 7,6 millones entre 2004 y 2008.

Ayer esta entidad «celebraba» el falló, aunque lamentaba que se «establece una escolarización a la carta donde es posible que unos padres decidan sobre un aspecto central del currículo educativo, por encima de la ley y de los proyectos educativos del centro». Forman parte de Som Escola otras entidades ampliamente subvencionadas, como la Plataforma pel Dret a Decidir o la Plataforma per la Llengua.

Las cifras de la política lingüística son astronómicas. Según el informe que el año pasado entregó el consejero de Cultura, Ferran Mascarell, en 2010 destinaron 159 millones. En 2012, sólo para promoción de la lengua catalana la partida es de 28.344.064 euros. Con estas cifras, no extraña que otra asociación, Escola en català, se haya atrevido a promover una acción para enviar cerca de 60.000 mails a los jueces del TSJC agitando la bandera de la insumisión.

Las ayudas no cesan: 700.000 euros para promover el uso de la lengua catalana
El Diario Oficial de la Generalitat publicaba ayer mismo una nueva partida de subvenciones para las entidades que se dedican a promocionar el catalán. Por una parte, el DOGC recogía un apartado dotado con 500.000 euros para «iniciativas de entidades sin ánimo de lucro dirigidas a promover el uso de la lengua catalana en Cataluña»; por otra, destinaba otros 200.000 euros a empresas con el mismo fin. El sector del cine, por su parte, recibía 950.000 euros para doblar al catalán películas.

... Y mientras en la Casa Blanca se habla español
Resulta, cuanto menos chocante, que mientras en Cataluña hay que recurrir a los tribunales para defender el castellano, en Estados Unidos, donde no es una lengua oficial, se utilice para actos de suma importancia. Tanto es así que por primera vez en su historia, según el Departamento de Estado de la Casa Blanca, la sede central de la diplomacia estadounidense organizó una rueda de prensa en castellano. La idea surgió del secretario de Estado adjunto para Asuntos Públicos, Mike Hammer, que ya llevaba algún tiempo concediendo entrevistas en español. Nada extraño si tenemos en cuenta que su madre es madrileña. Un buen día decidió comentarle a Hillary Clinton su intención de dar una rueda de prensa en castellano y a ésta le pareció «una buena idea». Y es que, más allá de lo anecdótico, Hammer contestó en la lengua que hablan más de 35 millones de personas, aunque no sea la oficial en EE UU. Un hecho más que revelador a tenor de lo que ocurre en Cataluña.

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