AGLI

Recortes de Prensa   Jueves 15  Marzo 2012

 

No más subidas de impuestos
Editorial www.gaceta.es 15 Marzo 2012

Rajoy tiene margen para actuar sobre el gasto.

Mariano Rajoy confirmó ayer en el Senado que la Administración central asumirá en su totalidad el ajuste extra que la Comisión Europea ha impuesto a España para situar el déficit público al final del 2012 en el 5,3% del PIB, pero no dio ni una sola pista acerca de las medidas de ajuste que se incluirán en los Presupuestos Generales del Estado. Sobre el cómo, el ministro de Hacienda había anticipado que parte del ajuste vendrá por la vía del gasto pero abrió la puerta a más subidas de impuestos. Y ante el mutismo del presidente, todo son cábalas, aunque el sentido común invita a descontar una subida de Impuestos Especiales, la revisión del Impuesto de Sociedades y la subida de algunas tasas, sin descartar la implantación de peajes en las autovías.

La apelación a nuevas subidas de impuestos no parece la vía más acertada. En primer lugar, porque todo lo que se detraiga vía impuestos afectará irremediablemente al consumo, al crecimiento y a la deseable recuperación económica. Ayer mismo, Rajoy reconocía que la lucha contra el déficit tendrá “un costo” en términos de crecimiento en el corto plazo. Pero es que, además, no parece razonable apelar a los impuestos cuando hay margen más que suficiente para actuar en el capítulo del gasto. Pero claro, nuestros sagaces políticos –todos– a los que les gusta gastar a manos llenas, parecen haber hecho frente común para convenir que hay ciertas partidas del presupuesto que, a modo de insuperables líneas rojas, no deben tocarse bajo ningún concepto, ni aunque sea para racionalizar y acabar con despilfarros y duplicidades que se dan en muchas de esas rúbricas, como en la educación, la sanidad, las prestaciones de desempleo o la función pública.

El futuro de España y de la sostenibilidad del crecimiento económico pasan, sin duda, por traspasar estas líneas rojas y acabar con el mantra de que el Estado de las autonomías y el Estado del Bienestar son dos cuestiones intocables. En primer lugar, porque no lo son. Más bien al contrario. Si hay dos reformas estructurales que son absolutamente indispensables para salir de la crisis en que los socialistas han sumido a España, son estas, porque la economía nacional no se puede permitir seguir manteniendo semejante despilfarro. Y si a nuestra clase política se le está atragantando el adelgazamiento del déficit es por esos mantras absurdos y socialistoides que se han ido imponiendo poco a poco con el beneplácito de la mayoría.

Ya va siendo hora de aparcar lo políticamente correcto y las decisiones facilonas para afrontar los problemas con perspectiva y visión de futuro. No se puede seguir exprimiendo a los contribuyentes, que padecen una de las presiones fiscales mayores de Europa mientras las Administraciones despilfarran a manos llenas. Con firme voluntad –por ejemplo– se pueden recortar gastos en la sanidad sin mermar los servicios asistenciales. Basta con corregir las numerosas ineficiencias del sistema, como el desacople entre las necesidades de la población y la oferta hospitalaria, la fragmentación territorial de las competencias, el excesivo gasto en diagnóstico o los vicios seculares del absentismo laboral o de mantener unos precios de los medicamentos entre los más bajos de Europa.

Es sólo un ejemplo, pero es el camino a seguir. Lo demás –recorte de la inversión y subidas de impuestos– es lo fácil pero la peor solución posible porque, a corto plazo, retrasan la recuperación, y a la larga no corrigen los problemas estructurales. Hasta el 29 de marzo hay tiempo para reflexionar y tomar el camino correcto.

Libertad de idioma
Tiempos envenenados
Antonio Robles Libertad Digital 15 Marzo 2012

La actitud del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) enmendando la plana al Tribunal Supremo (TS) sobre la inmersión para pasar desapercibido en el paisaje catalanista sin irritar, plasma, como ninguna otra evidencia, la sumisión de la sociedad catalana al acaso moral del nacionalismo. Ni un resquicio por donde respirar, hasta el último rincón cívico es subvencionado si pertenece a la manada, sofronizado si está en edad escolar, jaleado por sus medios de comunicación y amedrentado si ofrece resistencia; en cualquier caso, advertido. Nada se escapa a su control.

Sin hacer un alarde semiótico del Auto del TSJC, su simple lectura provoca vergüenza ajena. La interpretación forzada que hace de la sentencia del TC en la que instaba al Gobierno de la Generalidad a devolver el estatus de lengua docente al castellano junto al catalán, denota un esfuerzo bochornoso por hacerle decir a la sentencia lo que no dice para hacerle decir lo que la presión nacionalista deseaba. Uno tiene la sensación ante tanta cobardía ética, que está ante ese tipo de tesis históricas interesadas, que primero se inventan y después se buscan los argumentos para justificarlas.

Llevo toda una vida denunciando estas cobardías de campanario. Volver sobre ello es redundante y tedioso. Sísifo, déjà vu. Todo está asumido, el mangoneo de los políticos, la comodidad del ciudadano tipo; pero uno esperaba que un Tribunal de Justicia estuviera a la altura. Ni separación de poderes ni gaitas. Todos en el mismo lodo. A los hechos me remito. El Auto del TSJC, que tenía la responsabilidad de ejecutar la sentencia ante la negativa del Gobierno de la Generalitat a cumplir con el mandato del TS para que introdujera el castellano como lengua docente junto al castellano, ha permitido al Gobierno nacionalista seguir excluyendo al español como lengua docente, ha permitido pervertir el derecho de las familias recurrentes a su derecho de estudiar en castellano mediante el cambiazo de la atención personalizada, y por primera vez (al menos hasta la definitiva sentencia del TS, ahora pendiente), el nacionalismo puede decir con propiedad que un tribunal ha avalado la inmersión lingüística. Por primera vez, nunca antes tribunal alguno se había atrevido a semejante atentado contra la letra y el espíritu de nuestra Constitución. Aunque a decir verdad, lo hace de forma indirecta, sin avalar la inmersión, pero tampoco desautorizándola; no podía ser de otra manera si no quería entrar en contradicción flagrante con el TC y el TS. Pero esas manos de Pilatos sirven para que el nacionalismo siga afirmando que el modelo de escuela catalana en lengua y contenidos no ha sido derrocado porque el auto limita el derecho a estudiar en lengua española únicamente a los padres recurrentes, dejando fuera de la obligación "al entero sistema de enseñanza de Cataluña".

Parece que para el TSJC, el que el fundamento jurídico séptimo de la sentencia del TS sentencie: “En consecuencia la Generalidad deberá adoptar cuantas medidas sean precisas para adoptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán”, no le parece suficientemente claro. Como no le parece claro el Fundamento jurídico 10 de la STC 337/1994 donde se fundamentan las sentencias de 2010 del TS: "Es legítimo que el catalán, en atención al objeto de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma".

Y como no le parece suficiente claro al TSJC, se atreve a tirarle de las orejas como si el Alto tribunal fuere un estudiante extralimitándose en sus funciones, a la vez que escurre el bulto para no hacer cumplir la sentencia al Gobierno de la Generalitat: "Pretender extraer, desde una lectura descontextualizada y literal de una frase del fallo del alto Tribunal, un pronunciamiento general sobre el uso del castellano como lengua vehicular en el sistema educativo de toda Cataluña, (…) es algo que excede en mucho de lo que es la función propia de este órgano jurisdiccional, actuando como mero ejecutor del Fallo por otro, y superior, Tribunal".

Como ven, enmenda la plana al TS, cuando su potestad se limitaba a ejecutar la sentencia, no a juzgar lo sentenciado en última instancia por un tribunal superior, ni a reinterpretar lo sentenciado en contra, incluso, de su propia decisión de hace siete meses instando a la Generalitat a adaptar el sistema educativo a la conjunción lingüística como había sentenciado el TS. Lo único que le salva, es que será el propio TS quién volverá a tener la última palabra para aclarar definitivamente la sentencia.

Quizás lo más bochornoso, una vez ha reconocido el derecho de los recurrentes a la enseñanza en castellano, haya sido que de lo concluido por su auto, se colige que, para disfrutar de un derecho constitucional, se ha de recurrir a los tribunales de justicia para hacerlo efectivo. Una barbaridad jurídica impropia de un Tribunal y la evidencia de su claudicación ante las presiones políticas del nacionalismo.

Acataremos la sentencia, pero no cejaremos hasta devolver a la ley lo que sus responsables han renunciado a preservar. Esta batalla dura ya 30 años de mentiras, exclusiones y desacatos. Aún queda el TS. Pero en el mejor de los casos, el TSJC habrá permitido al nacionalismo disponer de su más querido argumento, el victimismo: Los tribunales de Madrid nos roban lo que nuestros tribunales nos garantizan. Y vuelta a la "puta España", y a "España nos roba", y a volem bisbes catalans, tribunales propios, y a la sumisión fiscal, al derecho a decidir, y, no soy independentista, pero la cerrazón centralista me ha hecho así… Una retahíla de agravios sin fin. Los últimos, la tramitación de ley de consultas y la insumisión fiscal del Ayuntamiento de Gerona con la complicidad del mismo PSC. Es hora de que el PP y PSOE dejen de tratar estas cuestiones como pataletas coyunturales del nacionalismo radical. Deben afrontar lo evidente: los desafíos del nacionalismo no son un juego, son una estrategia para erosionar día tras día los lazos emocionales, económicos y políticos con España y crear cada vez mayor resentimiento contra su unidad. Con la calle resentida por tanto agravio, la Ley de Consultas servirá para confrontar la legitimidad del Estado con la legitimidad emocional del pueblo de Cataluña. Es el tiempo de los demagogos. Será difícil explicar lo evidente.

A esta altura de la película, no verlo y no actuar en consecuencia, es de cómplices.

En Gerona confían en que Rajoy no hará nada
EDITORIAL Libertad Digital 15 Marzo 2012

El artículo 61 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, permite al Consejo de Ministros "proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los órganos de las corporaciones locales en los supuestos de gestión gravemente dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales". Pues bien, parece evidente que los miembros del pleno del Ayuntamiento de Gerona deben confiar muy firmemente en que el Ejecutivo de Rajoy no ejercerá estas facultades, ni tampoco instará a la fiscalía a actuar en el ámbito penal, desde el mismo momento en que han votado favorablemente una resolución que respalda, nada menos, que la insumisión fiscal contra la Hacienda del Estado Español. La moción, presentada por la agrupación separatista de la CUP, ha sido aprobada gracias también a los votos favorables de ICV y a la abstención de CiU y PSC. Los únicos votos en contra han sido los del PP.

Es probable, efectivamente, que desde el gobierno de la nación no se responda a este gravísimo desafío contra el ordenamiento constitucional vigente, bien por que se le quite importancia, bien porque lo consideren un mero "brindis al sol" sin mayores consecuencias. De hecho, la única reacción en el ámbito nacional acorde a esta rebelión institucionalizada sin parangón en ningún otro país civilizado ha sido la de la dirigente de UPyD, Rosa Diez, quien ha preguntado al presidente del gobierno si "va a hacer algo" al respecto y si "la Constitución va a seguir estando vigente en Cataluña".

En cualquier caso, conviene recordar que en algunos aspectos la Constitución ha dejado de estar vigente en Cataluña desde hace mucho tiempo. Así lo ejemplifican la celebración ilegal de no pocos referéndums de autodeterminación, o la inconstitucional y vigente inmersión lingüística que erradica el español como lengua vehicular en la enseñanza catalana, o los acuerdos de investidura de Mas, quien logró la abstención del PSC a cambio del compromiso público de hacer caso omiso a la entonces reciente sentencia del Tribunal Supremo que amparaba el derecho de los catalanes a estudiar también en español. En este sentido, la insumisión fiscal, aprobada en el Ayuntamiento de Gerona, o el no menos reciente apoyo "jurídico e institucional" que el gobierno de Artur Mas acaba de ofrecer a los ayuntamientos que retiren la bandera de España de los edificios oficiales nos son más que nuevos pasos en la tarea de demolición de nuestra nación entendida como Estado de Derecho; pasos que los nacionalistas han dado en la confianza, muchas veces confirmada, de que quienes tienen que impedirlo no harán nada.

El tiempo dirá si, también en este caso de la insumisión fiscal, esa confianza nacionalista está fundada. De lo que no debemos tener ninguna duda es de que si los nacionalistas pinchan y notan blando seguirán profundizando.

Terrorismo
Para satisfacción de los asesinos del 11-M
Guillermo Dupuy Libertad Digital 15 Marzo 2012

Hay quienes dicen que "las víctimas del terrorismo siempre tienen razón". Aunque pueda compartir semejante aseveración cuando nos referimos con ella a que todas tienen derecho a la memoria, a la dignidad y a la justicia o a que no se pague a sus verdugos ningún precio político o penitenciario –valga la redundancia-, las víctimas del terrorismo tienen razón...cuando la tienen.

Para empezar, ser víctima del terrorismo es una circunstancia dramática que debe concitar la solidaridad y el ansia de Justicia de todos nosotros, pero que no confiere a quien la padece ninguna clase de "infabilidad" moral e intelectual. Además, no todas las víctimas opinan siempre lo mismo sobre todo; y, aunque la mayoría de ellas, afortunadamente, se opongan a cualquier diálogo o negociación con los terroristas, no siempre tiene por qué ser así. José María Aznar, por ejemplo, ya había sido víctima de un atentado de ETA, y eso no le impidió en 1998 autorizar contactos con los criminales "miembros del MLNV" ni ofrecerles "generosidad" en el ámbito penal: El haber sido objetivo de un atentado terrorista, sencillamente, no le salvó del error –grave error- de no fiarse a pies juntillas del chantajista comunicado de tregua en el que los terroristas condicionaban claramente su cese temporal de la violencia a la consecución de lo acordado poco antes con los separatistas en Estella.

Más aun podríamos decir, por ejemplo, de un dirigente socialista como Ernest Lluch: El hecho de ser una bellísima persona y haber sido víctima de ETA hasta el extremo de ser asesinado, no convierten en acierto el error en el que Lluch vivió siempre instalado, como era el de defender el diálogo con el terrorismo como vía para ponerle fin.

Pero quizá el ejemplo más elocuente de que ser víctima del terrorismo no confiere, por sí mismo, rigor intelectual ni siquiera moral a nadie es el hecho de la existencia de lo que conocemos por síndrome de Estocolmo.

No se si Pilar Manjón padecerá algo que pueda estar relacionado con ese síndrome. Lo que es un hecho innegable es que la Sra Manjón es una víctima del 11-M –perdió nada menos que a un hijo en los atentados-, y, pese a ello, ha contribuido a un acto que debe ser motivo de satisfacción para los autores de aquella matanza como es el hecho de que, ocho años después, aquella masacre sirva nuevamente para atacar políticamente a un gobierno del mismo signo que aquel contra el que fue dirigida. A diferencia del 11-S, ante el que todos los norteamericanos se unieron con el gobierno contra los terroristas, en el 11-M mucha gente y no pocas víctimas sirvieron activamente a los terroristas en su objetivo de lograr que la lógica ira ciudadana causada por los atentados no fuera contra ellos, sino contra el partido en el gobierno. Y colaboraron con los terroristas sobre la base de que habían sido galgos y no podencos los que trataban de desbancar al PP del poder mediante el impacto electoral de ese derramamiento de sangre.

Como ven, no sólo reprocho la actitud de Manjón por su despreciable oposición a que la Justicia investigue lo mucho que queda por aclarar de aquella masacre en la que fue asesinado su hijo. La critico, sobre todo, aun dando por cierta e incontestable la autoría islamista de aquella masacre, tal y como dictamina la versión oficial. Durante aquellos días de infamia, ninguna mezquita sospechosa de predicar la yihad ni ninguna sede de simpatizantes del terrorismo islámico fueron acosadas por los manifestantes. Las sedes que fueron acosadas fueron las del partido en el gobierno, para regocijo público –pero silenciado- de todas las organizaciones relacionadas con el terrorismo islámico del planeta.

El hecho de que este domingo los sindicatos hayan utilizado el recuerdo de aquella masacre para oponerse a la política de un gobierno legítimo habrá vuelto a ser motivo de satisfacción para todo tipo de terroristas. Y eso por mucho que a ese regocijo hayan contribuido algunas víctimas como la Sra. Manjón

Escándalos socialistas
El Editorial La Razón 15 Marzo 2012

El PSOE atraviesa su etapa más complicada desde la recuperación de las libertades. A su desplome político, que le ha conducido a las menores cotas de poder institucional de la democracia, se le han sumado un número creciente de casos de corrupción con protagonismo de destacados dirigentes, ex ministros, altos cargos autonómicos, alcaldes y concejales significados. Asuntos como el fraude de los ERE, Invercaria, la «operación Campeón», el «caso Arcos», «Ibiza centro», la compra de votos en Melilla, el «caso Facturas» en Elche, el «caso Plasencia», el «caso Unión» de Canarias y distintas tramas urbanísticas en al menos 17 ayuntamientos, entre otros, configuran un mapa de corruptelas y abusos que ha socavado la imagen y el crédito de un partido incapaz de ofrecer respuestas convincentes. Anteponiendo la presunción de inocencia, lo cierto es que los últimos datos que se barajan hablan de un centenar de socialistas imputados que pudieron mantener sus cargos públicos con la aquiescencia de la dirección del partido. El último de esos episodios ha sido el del alcalde de Lugo, que esta misma semana fue respaldado por la Ejecutiva de Rubalcaba. Es evidente que la gran mayoría de los socialistas españoles son gente honrada que se equivocó o acertó en su labor sin vulnerar la Ley. Sería injusto generalizar la actitud reprobable de unos pocos, pero es obvio que la reacción ante los escándalos resultó insuficiente. Quienes promovieron auténticas cacerías políticas y procesos inquisitoriales contra los adversarios sin respetar procedimientos judiciales ni mínimos parámetros morales justifican hoy encastillamientos insólitos y estrategias provocadoras como la de José Antonio Griñán y los socialistas andaluces, con campañas de difamación contra la juez instructora del fraude de los ERE que, entre otras cosas, ha identificado 887 ayudas arbitrarias a socialistas con fondos de todos los andaluces, en lo que sólo puede catalogarse como un asalto a las arcas públicas. España es el cuarto país de la zona euro donde más preocupa la corrupción y eso no puede ser casualidad. Los partidos tienen el deber de desterrar a los sinvergüenzas y dignificar el servicio público, porque con ello dignificarán la democracia. El PSOE no es un partido corrupto, pero tiene un serio problema de corrupción sin resolver y, lo que es peor, sin reconocer. No se trata de criminalizar a nadie ni de interpretar restrictivamente la presunción de inocencia, pero tampoco de ponerse una pinza en la nariz y mirar para otro lado. Los socialistas están inmersos en una travesía del desierto complicada, y se supone que también en un tiempo de renovación de proyecto y de estructuras. No hacerlo desde la autocrítica, con una regeneración exigente, hará que su futuro se parezca demasiado a un pasado para olvidar.


Cataluña
Ofensiva judicial en Cataluña contra el fallo del TJSC que avala la inmersión
Convivencia Cívica se querella contra la consejera Rigau y pide indemnizaciones para los padres demandantes
ESTHER ARMORA / BARCELONA ABC Cataluña


Convicencia Cívica Catalana (CCC) ha anunciado que presentará una querella por prevaricación contra la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por incumplir deliberadamente la ley al negarse a conceder a ochocientas familias solicitantes enseñanza individualizada en castellano para sus hijos. La asociación presentará asimismo un recurso de casación ante TS para que el gobierno catalán cumpla los fallos de este tribunal que obligan a devolver al castellano el carácter de lengua vehicular en la enseñanza pública en Cataluña.

En el marco de esta nueva ofensiva judicial, la asociación elevará también una queja ante el Consejo del Poder Judicial para denunciar las presiones ejercidas sobre el Alto Tribunal catalán antes de que éste emitiera el fallo del pasado día 8. En paralelo a estas acciones judiciales, CCC ha anunciado hoy que ha remitido a la consejería de Enseñanza cinco solicitudes de indemnización para los padres que llevan años luchando para que sus hijos puedan ser escolarizados en castellano, los mismos que han motivado las cinco sentencias del Supremo.

Francisco Caja, presidente de CCC, ha avanzado que el importe medio de la indeminzación será de unos 18.000 euros por familia (3.000 euros por niño y año). "La cantidad es por alumno. Es una forma de que los padres sean compensados por todos los años en los que sus hijos no han recibido clases en castellano, un derecho constitucional que les corresponde por ley", ha afirmado Caja.

Consuelo Santos, una de las madres demandantes, ha afirmado que luchará hasta el final para que sus dos hijas tengan acceso a ese derecho constitucional. "No quiero que mis hijas acaben la enseñanza con un castellano de 'Gran hermano'", ha asegurado.

Cataluña
La Generalidad sigue sin incluir la casilla lingüística en la hoja de preinscripción escolar

La hoja de preinscripción escolar para el curso 2012-2013, que está disponible en las escuelas de Cataluña, incumple la obligación de preguntar a los padres en qué lengua oficial prefieren escolarizar a sus hijos, para que, de esta manera, la Consejería de Enseñanza pueda realizar el currículo de los centros y establecer las proporciones lingüísticas en las asignaturas. Varias sentencias del Tribunal Supremo y el TSJC obligan a la Generalidad a incluir la casilla lingüística.
Redacción www.voz

Hoja de preinscripción escolar para el curso 2012-2013, en la que sigue sin figurar la pregunta lingüística que el Supremo y el TSJC han dictado.

La Generalidad de Cataluña sigue sin incluir la casilla lingüística en las hojas de preinscripción, pese a que hay varias sentencias del Tribunal Supremo que establecen que la Consejería de Enseñanza debe aplicar el bilingüismo en las escuelas y otros cuatro fallos, tres del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y otro del Supremo, obligan a la Administración autonómica a preguntar por la lengua oficial en la que quieren los padres escolarizar a sus hijos.

La hoja de preinscripción escolar para el próximo curso, 2012-2013, que ahora está disponible en las escuelas de Cataluña para que los padres inicien el proceso de matrícula de sus hijos incumple la obligación de preguntar a los padres en qué lengua prefieren escolarizar a sus hijos, para que, de esta manera, la Consejería de Enseñanza pueda realizar el currículo de los centros y establecer las proporciones lingüísticas en las asignaturas.

‘Lenguas que entiende’

Tal y como ha adelantado, este jueves, Abc y ha podido comprobar LA VOZ DE BARCELONA, la hoja de preinscripción (disponible en la web, tanto en español como en catalán) sigue sin incluir la opción de ser escolarizado en español (ya que por defecto la Consejería incluye a todos los alumnos en la inmersión lingüística obligatoria en catalán, sin conocer la voluntad de los padres), y lo único que se pregunta en materia lingüística es sobre las ‘lenguas que entiende’ o el idioma extranjero que domina el niño. También se pregunta, entre otras cosas, por la opción religiosa de los padres: católica, evangélica, islámica o judía, entre otras opciones.

De este modo, los padres que desean que sus hijos estudien en español la primera enseñanza de Primaria deben leer con atención la letra pequeña de la segunda hoja (la preinscripción son dos folios), en los anexos, en el apartado de información general que explicita el proceso de matriculación. Y, además, solo para ser escolarizados con una atención individualizada, algo que el Tribunal Supremo ha dictado ilegal.

La Generalidad, que incumple las cinco sentencias del Tribunal Supremo que le obligan a aplicar el bilingüismo en todas las etapas de la educación obligatoria en Cataluña (tanto en Primaria, como en Secundaria), incumple, así, otros requerimientos judiciales en materia lingüística, que han sido denunciados por distintas asociaciones cívicas de la Comunidad. Solo PP y Ciudadanos, en el ámbito político, han criticado este desacato de la Consejería de Enseñanza. La CONCAPA e incluso el Síndic de Greuges también han reconocido que la Administración autonómica está incumpliendo la ley.

Desacato al Tribunal Supremo

Las sentencias judiciales en contra de la práctica de la Generalidad y a favor de los padres demandantes empezaron en septiembre de 2004. El TSJC emitió un fallo que obligaba a la Consejería a preguntar a los padres en la hoja de preinscripción sobre la lengua en la que querían escolarizar a sus hijos. Un año después, el mismo TSJC se manifestó en el mismo sentido, según la sentencia del 24 de noviembre de 2005, la Administración autonómica debe:

‘Adoptar las medidas necesarias para que en el modelo oficial se pregunte por su lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos en los cursos escolares en centros sostenidos con fondos públicos por su lengua habitual, antes del inicio de la matriculación, a fin de poder hacer efectivo su derecho a recibir en aquélla la primera enseñanza’.

Tres años después, en 2008, primero el TSJC y luego, en diciembre, el Tribunal Supremo, exigieron explícitamente a la Generalidad que incluyera la casilla lingüística en la hoja de preinscripción. Y, posteriormente, en otra sentencia del Supremo, una de las que establece que el español debe reintroducirse en el modelo escolar de Cataluña, para que ambas lenguas oficiales, español y catalán, sean vehiculares, se recuerda a la Generalidad que la hoja de pre inscripción debe preguntar por la elección de los padres en materia lingüística.

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Un auto judicial elusivo
¿Cómo se debe ejecutar una sentencia? Básicamente, haciendo que se cumpla íntegramente "en sus propios términos"
Francesc de Carreras La Vanguarcia 15 Marzo 2012

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Ni la llamada sentencia es una sentencia sino un auto, ni su contenido avala la política de inmersión lingüística, como han interpretado la mayoría de políticos y medios de comunicación. La confusión, buscada o no, sigue siendo una de las características del derecho al uso de las lenguas.

Me refiero, naturalmente, al auto de la pasada semana dictado por el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ejecuta una sentencia del Tribunal Supremo (TS) de 9 de diciembre de 2010. En esta sentencia se reconocía el derecho de los demandantes a que el castellano sea, junto al catalán, lengua vehicular de la enseñanza. El caso provenía del lejano 2006, en el que un padre, en nombre de sus hijos menores, interpuso un recurso contencioso-administrativo porque en las escuelas de sus hijos la única lengua utilizada como vehicular era el catalán. El TSJC desestimó esta pretensión que, sin embargo, fue apreciada por el TS en la citada sentencia de 2010, dando así la razón al padre demandante y no a la Administración educativa de la Generalitat.

Como soporte jurídico de peso para apoyar su decisión, el TS aducía la doctrina de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut. Recordemos que en dicha sentencia el TC sostenía que, a pesar de que literalmente allí se dijera que la lengua vehicular de la enseñanza era el catalán, sin mencionar para nada al castellano, debía entenderse que este obviamente también era vehicular al ser lengua oficial. Como es sabido, la Constitución y la ley establecen que las sentencias del TC son vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos: jueces, parlamentos, gobiernos y administraciones públicas.

¿Cómo se debe ejecutar una sentencia? Básicamente, haciendo que se cumpla íntegramente "en sus propios términos", en el sentido que determine el fallo. Si ello no sucede, según una temprana doctrina del Tribunal Constitucional, se vulnera el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. ¿Ha sido ejecutada íntegramente en sus propios términos la sentencia del TS por parte del TSJC? No, lo ha sido sólo en parte.

En efecto, el auto en cuestión olvida una importante disposición incluida en el fallo: aquella que obliga a la Generalitat a "adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar su sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Catalunya junto con el catalán". Un olvido significativo.

Pero hay más, el TSJC llega, incluso, a poner en cuestión la competencia del TS para hacer este pronunciamiento y se atreve a decir, sorprendentemente, que ello le convierte en un mero ejecutor del fallo del TC. Según su ley reguladora, los jueces están vinculados por las sentencias del TC, no sólo por el contenido del fallo sino también por la doctrina que se desprende de sus fundamentos Por ello es una sorpresa que el TSJC critique al TS por tomarse en serio esta obligación. Por tanto, el auto del TSJC, además de no ejecutar la sentencia en su integridad, reinterpreta el fallo, excediendo así en mucho de sus competencias.

Nos encontramos, por tanto, ante un auto elusivo: soluciona conforme a derecho un problema individual, dando la razón al padre de los alumnos, pero elude su responsabilidad de dar una solución general al conflicto planteado, al no imponer a la Generalitat el deber de adoptar las medidas necesarias para garantizar derechos sin tener que acudir a los tribunales caso por caso, una carga excesiva que no es justo atribuirla a los ciudadanos.

En efecto, los derechos deben establecerse de forma clara en leyes generales, iguales para todos. Si las lenguas vehiculares en la enseñanza son el catalán y el castellano, repartidas en una proporción adecuada y razonable, ello debe constar en la ley y no quedar casi oculto, de forma indefinida, en una sentencia del TC. El Parlament de Catalunya y la administración educativa de la Generalitat, si tuvieran un comportamiento leal con el derecho, ya deberían haber modificado la regulación lingüística, en este y otros aspectos, para adaptarla a la sentencia del Estatut. ¿De qué sirve una sentencia del TC si no se ejecuta?

Ahora bien, no hace falta ninguna resolución judicial para cumplir una sentencia del TC. Basta con un comportamiento de los poderes respetuoso con las reglas de la democracia: el Parlament debe cambiar unas leyes -la de política lingüística y la de educación- que se oponen a lo constitucionalmente declarado por los tribunales. Es su deber para no dejar a los ciudadanos en situación de constante inseguridad jurídica, al arbitrio del poder de turno.

El TS, con su mandato a la Generalitat para que adaptara su legislación a la sentencia del TC, pretendía salvaguardar los derechos lingüísticos de una manera general. El legislador abdica de sus funciones si deja al ciudadano abandonado buscando individualmente protección ante los tribunales. Este auto ha sido una ocasión perdida para solucionar el asunto. Habrá más ocasiones.

Euskera de verdad
editorial El Correo 15 Marzo 2012
El homenaje en la RAE subraya el valor cultural de la lengua vasca

El acto de reconocimiento al euskera que ayer tuvo lugar en la sede de la Real Academia Española ofreció una buena oportunidad para proyectar la existencia de dicha lengua más allá de su ámbito geográfico de uso como un valor cultural del que todos los ciudadanos españoles pueden sentirse orgullosos. Pero la propia celebración del homenaje -el primero de estas características que realiza la RAE en su historia- y las palabras de quienes intervinieron en él permitieron recordar también que el euskera y sus hablantes han sido percibidos hasta ahora con la indiferencia, el desdén o el prejuicio fomentados desde una concepción uniformizadora de una realidad lingüística plural. Algo a lo que ha favorecido sobremanera la utilización simbólico-ideológica del euskera y de su promoción.

El ideal de convivencia de una sociedad vasca multilingüe en una España idiomáticamente heterogénea constituye una utopía realizable. Bastaría con desterrar la ignorancia respecto a la riqueza cultural, la intolerancia frente a todo cuanto suene distinto, así como la mitificación de la lengua propia y su manipulación excluyente. Bastaría con acercar la defensa del euskera a la verdad de su uso social, con abrir la producción cultural realizada en dicha lengua a su evaluación en términos de calidad, con orientar los esfuerzos de promoción hacia metas socialmente beneficiosas. Solo así el euskera podría dejar de ser una obligación para convertirse en vehículo de comunicación cotidiano.

Sería importante que en el resto de España el euskera se oyese con naturalidad, aunque no se entienda lo que dice; que se conociera su existencia como una lengua culturalmente tan digna como cualquier otra. Pero ese también es un deseo aplicable en el propio País Vasco, donde en muchas ocasiones la exaltación del euskera oculta la persistencia de su infravaloración.

El neovascuence como herramienta de inoculación nazionalista
Nota del Editor 15 Marzo 2012

El neovascuence, mezcla sintética del vascuence de varios valles y por tanto sin valor como lengua histórica, al utilizarlo los pederastas lingüísticos como
mecanismo para crear una sociedad cerrada e incomunicada se ha convertido en un mecanismo para conculcar los derechos humanos y constitucionales de todos los españoles.

Cualquier defensa es un insulto a la razón y al derecho. Los disparates que se permiten decir, demuestran la locura de quienes andan a su alrededor.

Cataluña
La Generalitat reincide y esconde la casilla del castellano en la preinscripción escolar
Cataluña desoye cuatro sentencias que le obligan a preguntar a los padres en qué lengua quieren escolarizar a sus hijos
ESTHER ARMORA / BARCELONA ABC Cataluña 15 Marzo 2012

Nuevo desacato del Gobierno catalán en materia lingüística. Pese a cinco sentencias firmes del Tribunal Supremo (TS) que exigen la cooficialidad del castellano en las aulas catalanas y a cuatro fallos anteriores —tres del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y otro del Supremo— que obligan, específicamente, a restaurar la casilla lingüística en el formulario de preinscripción escolar, la Generalitat sigue burlando la ley.

Según ha podido comprobar ABC, el nuevo folleto de preinscripción para el curso 2012-2013, que ya puede consultarse en la web oficial del departamento de Enseñanza, tampoco da a los padres la oportunidad de elegir de forma directa —marcando una casilla— la lengua en la que desean que sus hijos reciban la primera enseñanza. Como viene ocurriendo desde 2005, la opción de ser escolarizado en castellano no aparece en la página principal del folleto de preinscripción, en la que sí figuran los datos del alumno y los padres, y en la que se pueden seleccionar, por ejemplo, las lenguas que entiende o el idioma extranjero que domina el alumno. De este modo, las familias que desean que sus hijos aprendan en español deben leer con atención la letra pequeña del segundo folio, en el que se explicitan las instrucciones sobre cómo y dónde debe presentarse la solicitud.

Es en ese anexo, en el que se da a los padres o tutores la opción para que los niños sean escolarizados en castellano en el primer año de enseñanza (siguiendo el modelo de atención individualizada que establece la Ley Educativa Catalana). La propuesta aparece camuflada entre otras recomendaciones como la de usar bolígrafo y mayúsculas para rellenar el formulario.
«Una larga peregrinación»

Los padres no sólo no pueden marcar directamente —a través de una casilla— la lengua en la que quieren que sus hijos reciban la primera enseñanza sino que la Generalitat les dirige a la dirección del colegio a solicitar esa opción emprendiendo así una «larga y tortuosa peregrinación que hace que muchas familias se lo piensen antes de solicitar esta opción que les corresponde desde el punto de vista constitucional y legal», según ha denunciado Convivencia Cívica Catalana (CCC) en reiteradas ocasiones.

Ningún pronunciamiento judicial ha hecho reaccionar aún al Gobierno catalán, que sigue burlando la justicia parapetado en la Ley de Educación de Cataluña (LEC), que defiende el actual modelo de inmersión, y ahora en el reciente fallo del TSJC —del pasado 8 de marzo— que avala el modelo y también la atención individualizada. Todos los partidos políticos, excepto el PP y C's, son cómplices de ese desacato.
Lluvia de fallos

La lluvia de sentencias empezó en septiembre de 2004 a raíz de varias denuncias de padres. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña emitió un fallo el 14 de septiembre de 2004 que obligaba al Govern a preguntar en las hojas de preinscripción sobre la lengua materna de los alumnos. Un año más tarde, en noviembre de 2005, el mismo tribunal se pronunció en el mismo sentido, fallo que fue de nuevo obviado por la Generalitat.Tres años después, el 14 de mayo de 2008, otra sentencia del TSJC obligaba a instaurar explícitamente la casilla en la preinscripción, opción que ratificó el propio Tribunal Supremo (TS) en un nuevo fallo en diciembre de ese mismo año.

Sólo una sentencia del TSJC (de noviembre 2009) ha avalado el actual modelo de preinscripción, frente a cuatro que lo desautorizan. Incluso en una de las tres sentencias del Supremo de diciembre de 2010 —las que indican que debe darse al castellano el rango de lengua vehicular—, el alto tribunal señala que «el modelo actual de preinscripción debe preguntar por la lengua habitual a los padres o tutores de los niños preinscritos».

Quieren asfixiarlas
Las víctimas temen que exista un plan para que Otegui sea lehendakari
Ángel León. Barcelona www.gaceta.es 15 Marzo 2012

Las asociaciones de víctimas creen que se intenta neutralizarlas por asfixia económica. El objetivo final sería la pacificación del País Vasco a costa de facilitar el control político a los etarras.

Las asociaciones de víctimas del terrorismo de toda España han reducido drásticamente sus ingresos, provenientes de las aportaciones de las administraciones públicas en forma de subvenciones, lo que se interpreta como una estrategia concertada para anular su capacidad de influencia y despejar el camino a una supuesta pacificación del País Vasco a costa de cegarles sus fuentes de financiación.

Es el caso de la mayoritaria Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), presidida por Ángeles Pedraza, que recientemente instaló mesas petitorias en Madrid para allegar fondos ante la falta de recursos, y de la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT), que en los próximos días cerrará la sede de Barcelona porque carece de fondos para pagar el alquiler, a la espera de la aportación comprometida por la Generalidad y que todavía no se ha satisfecho. Su presidente, José Vargas, en declaraciones a Radio Intereconomía en Cataluña, ha dicho que "existe una hoja de ruta herededa del gobierno anterior, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, que podría haber sido asumida por el actual ejecutivo de Mariano Rajoy que tiene como objetivo último que el entorno de ETA se haga con el poder en Vascongadas, a cambio del cese de la violencia".

Para conseguirlo, según Vargas, las asociaciones de víctimas resultan un estorbo, por lo que es necesario desmantelarlas de forma encubierta. La vía escogida, a juicio del presidente de ACVOT, es asfixiarlas económicamente, "negándoles cualquier tipo de financiación para que acaben extinguiéndose por sí mismas, y así conseguir su disolución y la dispersión de sus miembros".

Además de la AVT y de la ACVOT, otras asociaciones de víctimas, como las de Valencia, Andalucía, Extremadura y Murcia han visto mermada sustancialmente su financiación en los últimos meses, lo que, para Vargas, no puede entenderse como algo casual.

Asimismo, la posibilidad de que el etarra Fernado de Luis Astarloa, actualmente preso en el centro alavés de Nanclares de Oca, condenado a 100 años por dos asesinatos y varios atentados, pueda disfrutar de la libertad condicional, es un indicio más que abona la idea de que se está apostando por una vía para la pacificación del País Vasco a costa de ceder el poder a los terroristas y su entorno. El propósito último sería, en palabras de José Vargas, "invertir la situación, llegando a la cruel paradoja de presentar a los asesinos como víctimas y a las auténticas víctimas como enemigos". El presidente de ACVOT cree que en este escenario adquiere todo el sentido la hipótesis de que Arnaldo Otegui, ex portavoz de Batasuna actualmente encarcelado en la prisión de Logroño, pueda aspirar a ser el próximo presidente vasco tras las elecciones autonómicas de 2013.

El actual lehendakari, el socialista Patxi López, reforzó recientemente esta posibilidad al afirmar en una entrevista en el diario filoetarra Gara que la sociedad vasca no ve con buenos ojos la permanencia de Otegui en prisión y que el Gobierno debería dar algunos pasos para flexibilizar la política penitenciaria. A finales del próximo mes de abril debe conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el recurso de casación contra la condena de 11 años impuesta a Otegui por reconstruir la cúpula de la ilegalizada Batasuna.

La izquierda abertzale confía en la absolución del dirigente pro-etarra, con vistas a presentarle como candidato a la presidencia vasca en los próximos comicios en la lista de la coalición independentista que pretender integrar con las formaciones radicales Sortu -actualmente ilegalizada-, Eusko Alkartasuna (EA), Aralar y Alternatiba.

Las víctimas del terrorismo también han visto con recelo y preocupación la sorprendente entrevista que mantuvieron hace apenas dos meses el ex presidente Rodríguez Zapatero y el actual titular de Interior, Jorge Fernández Díaz, a los pocos días de que este último tomara posesión como ministro, de la que no trascendió detalle alguno y que muchos han interpretado como el traslado al ejecutivo de Mariano Rajoy de la hoja de ruta pactada por el anterior gobierno con ETA.

La medida, propuesta por el PNV y dotada con 1.000 euros, se aprobó ayer en el Ayuntamiento de Elorrio
Bildu subvencionará el carné de conducir a quienes se examinen en euskera
Los abertzales se niegan a limpiar las pintadas a favor de ETA
C. S. Macías La Razón 15 Marzo 2012

MADRID- En un momento en el que toda la Administración trata de apretarse el cinturón, evitando gastarlo en cosas superfluas, el Ayuntamiento de Elorrio (Vizcaya) subvencionará el carné de conducir a aquellos ciudadanos que decidan realizar el examen en euskera. Aprender a conducir no es barato y desde el consistorio quieren premiar a quienes decidan marcar sus test en esta lengua.

La medida, que reserva una partida de 1.000 euros para este fin, se aprobó ayer en junta de portavoces y a propuesta del PNV. La propuesta salió adelante con el voto favorable de los nacionalistas vascos, que gobiernan el municipio vizcaíno y a la que se sumó también la coalición abertzale Bildu. En esta ocasión tuvo más peso el factor nacionalista que el económico.

El concejal del PP, Carlos García, se desmarcó del habitual apoyo mutuo que mantiene con el PNV en asuntos económicos y votó en contra por considerar que se trata de una medida «discriminatoria». Según explicó, esta iniciativa excluye a los que hablan castellano e incluso a los vascoparlantes que decidan examinarse en castellano «porque son muchos los que dominan mejor esta lengua». Además, cree que también discrimina a los que hablan euskera vizcaíno, el mayoritario entre los vascoparlantes de Elorrio y que se aprende en casa.

Esta ayuda únicamente va dirigida a los ciudadanos que dominan el euskera académico, denominado batua –significa unidad–. Las pretensiones de los nacionalistas que gobiernan en el consistorio son, una vez más, promocionar el euskera y que alguien haga el examen en esta lengua.

De nuevo, los nacionalistas vuelven a apostar por el euskera discriminando de esta manera al castellano. Esta medida se une a la que recientemente propuso el grupo del PNV en el Ayuntamiento de Vitoria, que exigía al gobierno municipal del PP una mayor programación de teatro en euskera «ante el fuerte recorte que viene sufriendo durante el primer semestre de este año». A finales de febrero, representantes de política lingüística de País Vasco, Navarra y Aquitania (Francia) exigieron en el Parlamento Europeo apoyo para el euskera y su promoción como lengua ejemplar para otros idiomas en la UE.

Allí pretendieron convencer de las bondades del traductor automático euskera-castellano www.itzultzailea.euskadi.net pese a los defectos detectados. Así, la viceconsejera de Política Lingüística del Gobierno vasco, Lourdes Auzmendi, defendió los «buenos resultados» del traductor frente a las críticas recibidas a su funcionamiento, y explicó los «fallos» que presenta, porque es una herramienta «automática, no un traductor humano».

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