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Recortes de Prensa   Sábado 17  Marzo 2012

 

Las garantías de la Constitución Soviética
Luis del Pino Libertad Digital 17 Marzo 2012

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 17/3/2012

Aleksandr Solzhenitsyn fue un escritor, historiador y disidente ruso, galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 1970.

Luchó en el ejército soviético contra los ocupantes alemanes entre 1941 y 1945, fecha en la que fue arrestado por verter críticas al régimen estalinista en una carta a un amigo. Fue condenado por ello a 8 años en un campo de concentración y a destierro perpetuo. En 1953, cumplida su condena y muerto Stalin, comienza a cumplir la pena de destierro en la provincia soviética de Kazajstan, dedicándose a escribir de manera furtiva sobre sus experiencias en el Gulag comunista mientras daba clases en una escuela primaria.

Liberado y rehabilitado en 1956, logra publicar en 1962 su novela "Un día en la vida de Iván Denisovitch", que narra la historia de un prisionero en un campo de concentración soviético y es acogida con entusiasmo por muchos rusos, pero que le vuelve a poner en el punto de mira de las autoridades del régimen. A lo largo de la década de los sesenta escribiría otras cinco novelas, incluida "Pabellón del Cáncer", una de sus obras más famosas, aunque sólo consiguió que le publicaran dos de esas novelas. Las otras tuvieron que circular de manera clandestina. En 1969, Solzhenitsyn es expulsado de la Unión de Escritores Soviéticos, precisamente por denunciar la censura imperante en aquella dictadura.

Cuando le concedieron el Premio Nobel de Literatura en 1970, Solzhenitsyn se negó a ir a recoger el galardón a Estocolmo, ante el temor de que las autoridades comunistas no le dejaran volver a su país. Por aquel entonces ya estaba inmerso en la finalización de la que sería su obra cumbre, "Archipiélago Gulag", un ensayo sobre los inhumanos métodos de la policía política comunista y sobre los campos de concentración en que se basaba el sistema represivo soviético. Solzhenitsyn entrevistó, para escribir la obra, a más de 200 supervivientes de aquel infierno que se cobró la vida de tantos millones de rusos.

La primera versión del libro "Archipiélago Gulag" se perdió al ser detenida con el manuscrito la secretaria de Solzhenitsyn, que terminó suicidándose después de ser torturada por el KGB. La policía política comunista intentó asesinar al propio Solzhenitsyn en agosto de 1971, envenenándolo. Finalmente, el escritor consiguió sacar clandestinamente de Rusia otro manuscrito de la obra, cuya primera parte se publicó en París en 1973.

Ante el inmediato éxito internacional de "Archipiélago Gulag", las autoridades rusas reaccionaron retirando a Solzhenitsyn la ciudadanía, expulsándolo del país en 1974 y emprendiendo una sofisticada campaña de descrédito contra él. No volvería a su patria hasta 20 años más tarde, después de que en 1990 le devolvieran su condición de ciudadano ruso. Murió el 3 de agosto de 2008 en Moscú, a los 89 años de edad.

En una entrevista concedida a varios medios de comunicación occidentales después de su expulsión de la Unión Soviética, contaba Solzhenitsyn una anécdota que merece la pena resaltar. Explicaba el escritor su enorme sorpresa cuando, tras la muerte de Stalin, encontró un día en una librería de viejo un ejemplar de la Constitución Soviética de 1936 y vio cómo en esa Constitución se garantizaba a los ciudadanos la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión y la libertad de asociación. Y cómo se declaraba también el derecho a no ser detenido ni condenado arbitrariamente, así como la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia personal.

¡En el régimen del Gulag - se sorprendió Solzhenitsyn - los ciudadanos contaban con derechos constitucionales básicos que hubieran debido impedir la propia existencia del Gulag! Pero el problema era, claro está, que aquella Constitución de 1936 no regía en la práctica. De hecho, la inmensa mayoría de los rusos, incluido Solzhenitsyn, desconocían su existencia. Y, aunque la hubieran conocido, a nadie se le habría ocurrido exigir su aplicación.

Las leyes, incluidas esas normas supremas llamadas constituciones, no sirven de nada cuando su inobservancia se convierte en norma, cuando su aplicación se transforma en un ejercicio de arbitrariedad.

De hecho, lo que diferencia a las dictaduras de las democracias no es el reconocimiento formal de los derechos de los ciudadanos, sino el cumplimiento de las leyes que los regulan. En una democracia, el ciudadano cuenta con mecanismos que le permiten exigir los derechos que tiene reconocidos legalmente. En una dictadura, los derechos no existen más que sobre el papel, sustituyéndose en la práctica por decisiones arbitrarias de quienes ostentan el poder.

Entre los dos extremos, entre el estado democrático perfecto y la dictadura más feroz, existen infinitos puntos intermedios, pudiéndose caracterizar la calidad democrática de un régimen sin más que analizar el grado de respeto a los derechos que la Ley consagra.

Hemos asistido estos días pasados a un espectáculo que deja bien las claras qué podemos esperar del nuevo reparto de poder político surgido tras las elecciones del 20 de noviembre pasado. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha convertido en papel mojado el derecho de los padres catalanes a elegir como lengua de enseñanza para sus hijos el idioma oficial reconocido en la Constitución de 1978. Y lo ha hecho contraviniendo las sentencias previas tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional. Y lo ha hecho sin que el gobierno del PP, con mayoría absoluta, haya reaccionado de manera inmediata para garantizar esos derechos constitucionales que la Generalidad de Cataluña persiste en vulnerar.

En España contamos con una constitución, sí, y esa constitución establece una serie de derechos para los ciudadanos. Pero no todos esos derechos tienen validez absoluta, estando sometidos muchos de ellos al arbitrio del poder político. El derecho a la propia lengua, por ejemplo, se ve violentado en Cataluña con la tolerancia del gobierno central, mientras que en Galicia o en Valencia es el propio Partido Popular el que viola directamente ese derecho, sin necesidad de ninguna ayuda de partidos nacionalistas.

Ninguno de los partidos mayoritarios está dispuesto, a lo que parece, a respetar nuestros derechos en materia lingüística. Lo cual plantea con meridiana claridad que la pelea en la que estamos inmersos no es una lucha entre derechas e izquierdas, ni entre nacionalismo y centralismo. Es, por el contrario, una lucha entre los ciudadanos a los que la Constitución reconoce una serie de derechos y la clase política que se niega a respetar esos derechos que la Constitución les otorga.

En esa lucha, las armas son tremendamente desiguales: la clase política cuenta con el Boletín Oficial del Estado. Nosotros, solo contamos con nuestro voto. Pero, por esa misma razón, el hacer buen uso de ese voto resulta fundamental para garantizar que los derechos básicos expresados en la Constitución se respeten.

¿Quiere usted que sus derechos se respeten? Pues muy sencillo: no vote usted a quien le engaña, a quien le niega tus derechos o a quien no le defiende con todos los recursos que tiene a su alcance.

De otro modo, no habrá forma de evitar que alguien encuentre en el futuro, en alguna librería de viejo, un ejemplar de la Constitución de 1978 y se sorprenda, como Solzhenitsyn se sorprendió, al comprobar con qué naturalidad se ignoran las leyes supremas y los derechos que en ellas se consagran.

Para oponerse al copago
140.083 millones de razones
Pablo Molina Libertad Digital 17 Marzo 2012

El Servicio Estadístico del Banco de España ha dado a conocer este viernes la situación de la deuda pública a 31 de diciembre del año pasado, que en el caso de las comunidades autónomas asciende ya a más 140.000 millones de euros, lo que equivale al 13,1 por ciento de toda la riqueza que produce el país entero a lo largo de un año. El dato tiene su importancia tratándose de unos organismos creados de forma artificial no para dar respuesta a las necesidades ciudadanas, sino para usurpar competencias ajenas y formar un paisaje político en el que las aspiraciones nacionalistas tuvieran cabida constitucional.

¿Para qué sirve una comunidad autónoma? Evidentemente, para nada; para nada bueno, me refiero. Sólo para depredar la riqueza de los ciudadanos y exacerbar las contiendas con el resto de autonomías y el gobierno central, al objeto de que la nutridísima clase política periférica pueda justificar su provincianismo cateto de boina, chapela, barretina y mariscada.

El eje vertebrador de la política autonómica es el victimismo hacia un agravio ancestral, unas veces cometido por el Estado y otras por las provincias limítrofes, cuya solución histórica exige un esfuerzo económico cada vez mayor de los contribuyentes, los mismos a los que jamás se ha pedido opinión por esas supuestas traiciones de las que son objeto por parte de sus compatriotas.

Con las transferencias en educación y sanidad, decisión de Aznar por supuesto sin consultar a los usuarios, la ruina del sistema era sólo cuestión de tiempo. Ese momento ha llegado y la solución que se nos propone es pagar todavía más por unos servicios de los que somos rehenes todos los ciudadanos, porque la clase política se cuida mucho de no permitirnos elegir acerca de la forma de educar a nuestros hijos, cuidar nuestra salud o garantizarnos el retiro.

El mal llamado "copago" -porque no se va a pagar a medias con otro y además se trata técnicamente de una nueva tasa autonómica -, es la última afrenta de una casta política que ha hundido el sistema sanitario y aún así se niega a renunciar a sus prebendas devolviendo la competencia al gobierno para su gestión de forma centralizada. Falta dinero para financiar la sanidad pública, pero en lugar de ahorrar 20.000 millones de euros agrupando compras, costes y suministros, los políticos han decidido mejor dejar todo como está y sacar esos millones adicionales del triste bolsillo de los contribuyentes.

Siempre ha habido razones más que suficientes para execrar el sistema autonómico. En el mismo momento de su creación, pero especialmente ahora que nos ha llevado a la ruina al país entero. Desde 2008, año en que comenzaron a hacerse patentes los efectos de la crisis, las comunidades autónomas han duplicado el volumen de su deuda pasando de 72.000 a 140.000 millones, un baldón infame que esmalta esta construcción sociopolítica tan española, cuya principal utilidad ha sido el servir de colocación para doce mil desocupados con carné de partido.

Ciento cuarenta mil millones de euros, veintitrés billones de pesetas, es el montante del pufo autonómico. ¿Le parecen a la ministra Mato pocas razones para oponerse al copago?

La dieta más necesaria
Editorial www.gaceta.es 17 Marzo 2012

Reducir el peso del sector público es una de las grandes prioridades que se ha fijado el Gobierno de Mariano Rajoy y que ayer empezó a cumplirse. El Consejo de Ministros puso la primera piedra del plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y acordó la supresión de 24 de las 142 empresas públicas de titularidad estatal y de nueve fundaciones. El plan afectará a corto plazo a más de medio centenar de empresas inmersas en procesos de liquidación o de desinversión. Con estas medidas el Gobierno quiere adelgazar un entramado estatista cada vez menos justificable y sostenible y reorganizarlo bajo los principios constitucionales de eficiencia, economía y estabilidad presupuestarias.

Con este plan, Rajoy indica el camino a seguir a las comunidades autónomas, que son las que acumulan la mayoría de las empresas, fundaciones y organismos públicos. Un entramado de enormes proporciones y un gran despropósito que, en muy poco tiempo, ha ido convirtiéndose en uno de los principales sumideros de recursos del sector público y en un pozo de corruptelas y redes clientelares, que tiene en Andalucía su caso más paradigmático: en 30 años de Gobiernos socialistas la red empresarial de la Junta ha logrado reunir una plantilla muy superior a la de los funcionarios de la comunidad.

En fechas recientes, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, encendía la luz de alarma sobre la proliferación de empresas que no generan servicios, sino que son tapaderas de innumerables corruptelas. Una anomalía de enormes proporciones y un auténtico sinsentido, dado que la empresa pública tiene su razón de ser en la medida que acomete actividades no cubiertas por la iniciativa privada. De ahí la necesidad de abordar la reforma y adelgazar el sector público empresarial introduciendo criterios de transparencia en el acceso por parte de los proveedores a esos servicios públicos, hasta ahora sumidos en un ámbito oscurantista y anómalo en su gestión.

Las cifras son elocuentes de la proporción de este disparate nacional. En 2002 había en España 1.636 empresas públicas; en 2006, se contaban más de 3.000; ahora mismo, según los datos que maneja el Gobierno la cifra supera las 4.000. Un aumento superior al 150% porque los políticos autonómicos y locales han descubierto una manera muy fácil de colocar a simpatizantes, darse publicidad y desviar deuda.

Un dato ya recogido en un reciente informe elaborado por los ministerios de Hacienda y Presidencia que revelaba el crecimiento injustificado de estas sociedades, a las que se ha recurrido para huir de los controles presupuestarios que tiene la Administración. Una burda argucia que ha disparado la deuda de estos entes, que alcanzaba los 55.865 millones a finales de 2011. Una cifra que representa el 5,2% del PIB, frente al 2,3 que suponía en 2004.

Con el plan acordado ayer por el Gobierno se pone coto al sinsentido y a los privilegios de la empresa pública, ese reducto que se ha resistido a los recortes, al control de la Administración y a la reducción de empleo. Un terreno abonado para que los políticos locales y regionales anduvieran a sus anchas y con las manos libres para montar sus particulares redes clientelares, una malla empresarial fuera del control, con una plantilla que algunas estimaciones cifran en alrededor de medio millón de empleados, pero que se financia a través de los presupuestos públicos. Un derroche que huele a podrido pero que, afortunadamente, toca a su fin.

Una deuda insoportable
El Editorial La Razón  17 Marzo 2012

La cifra real de la deuda de las administraciones era una de las últimas grandes sorpresas de la pésima herencia del Gobierno del PSOE. El Banco de España informó ayer de que en 2011 creció un 14,2% hasta sumar 734.961 millones de euros, lo que supone un 68,5% del PIB, el máximo histórico. España incumple así el límite del 60% comprometido por los socialistas con la UE en el Pacto de Estabilidad. Aunque se mantiene por debajo del 87,4% de media de la zona euro, resulta ya una carga insoportable sobre las espaldas de los ciudadanos. Cada español debe hoy 15.571 euros.

Los ayuntamientos se han contenido, y su endeudamiento creció sólo un 0,03% hasta un total de 35.420 millones, el 3,3% del PIB. Pero no hay sorpresas con las autonomías, que han sido las que más se han endeudado, con un incremento del 17,2% y más de 140.000 millones, con Cataluña a la cabeza y seguida de Valencia y Castilla-La Mancha. El caso catalán, donde los nacionalistas de CiU gobiernan ya desde hace prácticamente 15 meses, es especialmente llamativo al acumular el mayor volumen de deuda, 41.778 millones, que es el 29,8% del total de las comunidades. Pero también llama la atención que la deuda de Cataluña haya crecido hasta suponer el 20,7% de su propio PIB. O que, al acabar 2011, el endeudamiento de sus empresas públicas fuese casi la mitad de los 13.870 millones que deben en su conjunto las compañías públicas de todas las autonomías.

La herencia primero del Tripartito y ahora de los nacionalistas que deben asumir los catalanes se añade a la generada por otros gobiernos autonómicos en el resto de España. El grave deterioro económico justifica hasta hacerlo imprescindible el proyecto reformista del PP de Rajoy, y la necesidad urgente de volver a una política de disciplina presupuestaria que limite la capacidad de los políticos de turno para gastar sin tasa con la idea de que «el dinero público no es de nadie». El Ejecutivo socialista eliminó, por oportunismo electoral, el sistema de límites al gasto público establecido por Aznar, que habría evitado en buena parte la pésima situación actual. Por eso ahora se deben arbitrar medidas con vocación de continuidad como el nuevo proyecto de Ley de Estabilidad Presupuestaria, con supervisión de los presupuestos autonómicos, o la reducción del número de empresas públicas anunciada ayer. Es necesario que el proceso de reducción sea ahora seguido por autonomías, diputaciones y ayuntamientos.

La tarea del Gobierno pasa por restaurar la confianza en España como país solvente y a ello contribuye el plan de apoyo a las comunidades y los ayuntamientos. Gracias a ello han aflorado casi dos millones de facturas municipales impagadas. Es un paso más en el camino de recuperar el sentido común a la hora de gastar el dinero de los ciudadanos.

Un hervidero de facturas sin pagar
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 17 Marzo 2012

Han tenido que empezar a hervir las facturas para que algunos se dieran cuentan que lo que se llevaba cociendo ya semanas era la acción económica más cercana y positiva de cuantas ha emprendido el Gobierno de Rajoy. El pago directo (porque esa es la clave) a proveedores de ayuntamientos, primero, y comunidades, después, es mucho más que una noticia, es lo que se tenía que haber hecho hace tiempo y no se quiso hacer. Es lo que se debió haber hecho en vez de aquel malhadado Plan E de tanta cartelería, oropel y pajareras en el jardín cuando se nos empezó a caer la casa encima. Y por ello de ella es de lo que algunos no quieren ni hablar.
Tampoco les cuadra ni les interesa mencionar el plan antideshaucios que el Gobierno ha logrado que la banca acepte (que lo ha hecho en tropel), y que es al menos un intento de paliar el drama social de cientos de miles de familias que amen del trabajo están en trance de perder su último refugio: su hogar. De la otra pancarta tantas veces exhibida , cacareada y nunca aplicada de rebajar los sueldos a los banqueros (a los que el Estado puede rebajar) para los socialistas es ahora cosa ni de mencionar.

La semana del rigodón del déficit al 5,3 y de donde se van a recortar los 5.000 millones añadidos que hay que ahorrar (Rajoy ha conseguido a la postre casi un punto sobre el 4,4 imposible y la UE que no se menoscabara su autoridad) se ha completado con una nueva línea de adelgazamiento, la de esa pléyade de empresas públicas muchas de las cuales son manifiestamente mejorables y en bastantes casos perfectamente prescindibles. 24 desaparecieron ayer de golpe amen de 9 fundaciones y tan sólo son el principio de una senda que ahora han de continuar las Comunidades Autónomas donde han florecido sin mesura ni control. Esta ha sido la semana donde ya ha asomado lo que mas pronto que tarde no tiene más remedio que asomar. ¿Cómo podemos sostener nuestra sanidad?.

Tenemos el sistema publico de salud quizás mejor de toda Europa. Algo, esto también, que está en el habe de nuestros gobiernos pasados, empezando por el de González. El problema es que cada vez es más claro que si no se hace algo y urgente, así no lo podemos mantener. La bicha es el copago, palabro inventado ex profeso para que suene mal. Y es que sabe aún peor.

Cataluña se ha adelantado con lo del euro por receta. Y cuando acaben de pasar todas las urnas de eso es de lo que va a tocar hablar. A uno le parece que no es descabellado. Sobre todo si se aquilata a quien se aplica y quedan claramente excluidos quienes, pensionistas que no estén en el tramo máximo, parados y familias con pocos recursos, no deben pagar. Para todos los demás es posible que sea algo que debamos asumir si es que queremos de verdad sostener eso bueno que tenemos y que bajo ningún concepto debemos dejar quebrar.

Pero eso solo ni me vale ni es justo. Porque antes o al mismo tiempo hay otras muchas cosas que hacer y controlar. Por ejemplo centralizar la compra de medicamentos, que ahora descoordinado lo único que consigue es multiplicar la factura. Por ejemplo controlar ese exceso y despilfarro de fármacos que se acumulan en toda las casas, que no se utilizan, que sobran y que caducan y se tiran. A todos nos cuestan caros. La próxima reforma, y no es de las pequeñas ni intrascendentes, ha de ser, obligatoriamente la de la sanidad. Porque nadie quiere que se cierren quirófanos, ni que no haya camas ni que se restringa el acceso de todos a la salud. Porque es algo muy preciado que hemos conseguido y una línea que no se puede traspasar. Como la del subsidio de paro o la de las pensiones. Igual.

E igual que en los tiempos de Roma se dijo aquello de que “La mujer de Cesar no solo debe ser honestas, sino también parecerlo”, hoy cuando resulta que el Cesar es mujer debe ser su marido quien amen de honrado lo parezca. Por ello la renuncia del esposo de María Dolores de Cospedal a ese puesto tan bien remunerado de consejero de Red Eléctrica Española era un gesto ineludible y en sintonía con estos nuevos y suspicaces tiempos. También lo ha hecho, y ha hecho bien, el hermano del asesor económico más destacado de Rajoy, Alvaro Nadal. La empresa sólo es un 20% pública y por ello sus emolumentos quedaban fuera de los restrictivos baremos aprobados, pero eran difícilmente comprensibles en estos momentos de agobios y necesidad. Nadie dudaba de capacidad pero mucho si de oportunidad. Que de estas habrá más. Como por ejemplo la del despotricador contra la “mamanduria”, el palabro favorito de Graciano Palomo, hasta justamente conseguir la suya como consejero de la Agencia EFE. No le arriendo las ganancias a su presidente, excelente y prudente profesional,Jose Antonio Vera, que en su caso si ha hecho el sacrificio de renunciar al aceptar el cargo a buena parte de sus ingresos, con tal fichaje que no ha propiciado pero que sufrirá.

Alegría es, por el contrario, la que ha provocado la sentencia contra la directora de la quebrada CAM. Nunca ha habido más justo despido y si a no tener que pagar indemnización se une que también se le despoja del botín de esos 360.000 anuales que se autoconcedió como pensión vitalicia, mejor que mejor. Algo parecido a lo del capitoste de la SGAE, Teddy Bauitista, a quien han denegado indemnización alguna y que a ver si con suerte también le impiden que se lleve como pretende 23.000 euros mensuales de vellón.

Y alegría y no pesar me causa que se impute de nuevo y se aclare del todo la implicación de Barcenas y Cia con la Gurtel, y que Matas si es culpable pague y devuelva los dineros, y que Urdangarin responda de los suyos, y Blanco de sus casas y los jerarcas andaluces de todo ese estercolero de ERES y saqueos. Si algo de verdad desea con fervor España y ansían los españoles, si algo puede recuperar la confianza en nuestros políticos y prestigiar nuestras instituciones es que contra la corrupción: tolerancia cero. Y si el pillado con las manos en la masa es de casa: ¡aun menos!.

Que en esto por lo que principiaba, lo del pago de facturas, algunas muy malas cosas veremos. No se si a corrupción llegaran, pero a trampa y despilfarro más de una. Y habrá que revisarlas una a una. Que unas sí serán trabajos, pero en otras bien puede haber cualquier cosa menos horas echadas en el tajo. Y sí banquetes suntuarios, sí globos hinchados, sí favores cargados al dinero de todos. Esas que las pague quien se lo ha comido y se lo ha gastado.

Gasto público
Un poco de respeto para el contribuyente
Emilio J. González Libertad Digital 17 Marzo 2012

Lo malo de la clase política española es que, después de más de tres décadas de democracia, muchos de sus componentes son políticos profesionales, esto es, personas que no tienen más oficio, ni beneficio, que vivir de una u otra forma de la política, porque jamás han trabajado en el sector privado. Y otros muchos de los que cuentan con algún tipo de experiencia laboral es en la función pública, donde los sueldos y los empleos no dependen de la marcha de la economía ni nada parecido. En consecuencia, no tienen ni la menor idea de lo que a los españoles les cuesta ganarse la vida todos los meses.

Seguro que les preguntamos a muchos de ellos cuál es el esfuerzo laboral que tiene que realizar un ciudadano para llevar 250 euros netos a su casa que muchos no saben ni qué contestar. Una pista: para el 40 por ciento de los trabajadores de este país les supone, como mínimo, una semana de esfuerzos laborales.

Todo esto viene a cuento de la alegría con la que los políticos, sean los nacionales, los autonómicos o los locales, dilapidan el dinero de los impuestos, que es el de todos. ¿Qué no hay bastantes recursos para financiar la sanidad? Pues vamos a estudiar fórmulas como el céntimo sanitario, en vigor en varias autonomías, o el copago que acaba de introducir CiU en Cataluña.

Sin embargo, a quienes plantean semejantes cuestiones jamás se les escucha decir, bueno, si no tenemos bastantes recursos entonces tendremos que reordenar y redistribuir el gasto público para que nunca falte dinero en los servicios esenciales, por ejemplo, sanidad y educación. Que va, su primera tentación es ver de dónde pueden recaudar más, sin pararse a pensar en un solo momento que ese dinero sale del bolsillo de todos los españoles, en especial de las más que maltratadas fiscalmente clases medias, y que cuesta mucho ganarlo, especialmente en estos tiempos de crisis.

Lo mismo cabe decir con el desparpajo con el que acuden a las emisiones de deuda. ¿Que se hunden los ingresos por culpa de la crisis? Pues a seguir gastando como si nada y a endeudarse para financiar aquello a donde no lleguen los ingresos, que ya se devolverá cuando vengan tiempos mejores. Lo malo es que la deuda no es gratis.

Hay que pagar intereses por ella, intereses que se suman al conjunto del gasto público. Cuando la deuda vence y se tiene que devolver el dinero, como, en general, no lo hay, sobre todo en las autonomías y en los ayuntamientos, pues se renueva y a seguir pagando intereses de por vida, porque la deuda temporal acaba por consolidarse en deuda permanente. Esos intereses se abren paso en el presupuesto de un país como el nuestro, que tiene serios problemas para financiar su sanidad y su sistema de pensiones. Y como el político no tiene respeto por el ciudadano-contribuyente, pues su solución es buscar nuevos impuestos, los llame como los llame, y bajar las pensiones.

Ese es el círculo vicioso en el que nos ha metido nuestra clase política, que no sabe lo que cuesta ganarse el pan todos los días.

Así se pasa de primer ministro a presunto delincuente
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 17 Marzo 2012

Geir Haarde, presidente del Partido de la Independencia de Islandia, gobernó su pequeño país desde 1991 a 2009. Desde el pasado día 5 de marzo se sienta en el banquillo ante el tribunal especial de Landsdomur -creado hace más de un siglo para estos menesteres y hasta ahora inédito- para responder de negligencia en la gestión de la crisis que en 2008 hizo quebrar el entero sistema bancario islandés. Haarde ha balbuceado su excusa: “No podíamos expresar públicamente el miedo que nos producían los bancos creando justo lo que se pretendía evitar: el pánico”.

La triste y aleccionadora historia de lo que ocurrió en Islandia la relata de manera extraordinaria -estuvo sobre el terreno- Michael Lewis, historiador, economista, escritor y columnista de The New York Times y Vanity Fair entre otros medios. Y la publica en el libro, recién distribuido por Editorial Deusto (Planeta) en España, titulado ‘Boomerang. Viajes al nuevo tercer mundo europeo’. Resulta especialmente interesante porque ofrece una buena respuesta a tantos miles de ciudadanos -quizá millones- que se preguntan cómo es posible que políticos irresponsables no hayan sido condenados penalmente por su desastrosa gestión. No sólo los ciudadanos se declaran perplejos ante esa impunidad. También personalidades como William White, en la actualidad presidente del comité de Economía de la OCDE y antes economista jefe del Banco Internacional de Pagos, quien ha declarado: “Es sorprendente que tan pocos banqueros hayan ido a prisión, especialmente en Estados Unidos y en el Reino Unido”.

Parece evidente que sólo conductas incursas en delitos de estafa o apropiación indebida -usualmente acompañadas de falsedad en documento privado y público- como las de Bernad Madoff, han sido sancionadas, pero se ha considerado que la imprudencia, por temeraria que fuera, tanto en la gestión financiera como en la política, merecía un reproche pero sin carácter penal. No, sin embargo, en el caso del ex primer ministro islandés, que es considerado, a la espera de la sentencia, como un delincuente por una negligencia que por ser extrema se aproxima al dolo eventual.

Como cuenta Lewis, Islandia se encaramó en 2008 como el primer país en el ranking del Índice de Desarrollo Humano de la ONU. En muy pocos años, a partir de 2003, los principales bancos pasaron de activos modestos a contabilizar otros por 140.000 millones de dólares. Entre ese año y 2007 el mercado de valores islandés se multiplicó por nueve; el precio de la vivienda en Reikiavik se triplicó. En 2006 la familia islandesa era tres veces más rica que en 2003. Los ciudadanos de Islandia amasaron deuda por el importe del 80% de su PIB. Cuando llegó el colapso en forma de bancarrota de los tres bancos (Landsbanki, Kaupthing y Glitnir), los islandeses comenzaron a lamentar haber pedido préstamos en yenes y francos suizos en vez de en su moneda nacional, la corona. Con ese dinero, en 2007 multiplicaron por cincuenta sus activos extranjeros respecto de 2002. Y todo eso ocurría en un Estado de poco más de 300.000 habitantes. Y el Gobierno parecía no enterarse.

Memos o codiciosos
Haarde, sin embargo, recibió avisos indubitables del despropósito que Lewis documenta con precisión: el Danske Bank (danés) redactó un informe afirmando que Islandia iba derecha al desastre y calificó el crecimiento financiero de “demencial”. El analista que se desplazó a Reikiavik fue recibido con hostilidad y los criterios que expuso se consideraron propios de “una conspiración” contra el país, independizado de Dinamarca. En abril de 2006, el profesor emérito Bob Aliber (Universidad de Chicago) calificó a Islandia de “burbuja perfecta”, voló al país y allí dijo a los islandeses: “Les doy nueve meses. Dentro de nueve meses sus bancos quebrarán. Sus banqueros son unos memos o unos codiciosos”. No le hicieron caso.

El caso de Zapatero y el de Haardeson son muy diferentes. Salvo en que ambos fueron tozudamente irresponsables. La gama de la imprudencia va de la simple a la temeraria y llega al dolo eventual

Otros muchos se aprovecharon y fueron corresponsables de la bancarrota. Los bancos alemanes invirtieron 21.000 millones de dólares; los holandeses, centenares, y hasta los del Reino Unido desembolsaron más de 30.000 millones de dólares. “Solo la Universidad de Oxford perdió 50 millones de dólares”. Y, cuando todo estalló, Haarde se quedó en Islandia: “Los peces gordos han huido a Londres o tratan de pasar desapercibidos y han dejado que el pobre primer ministro cargara con la culpa e hiciera frente a los iracundos manifestantes”, sentencia Lewis. Los islandeses, tras el crack, por una parte, se han vuelto a dedicar a la pesca, y, por otra, han dejado buena parte de la gobernación del país a las mujeres.

Visto como Lewis relata la crisis de Islandia es probable que a Haarde le caiga una condena porque consintió convertir el país en “un fondo de capital riesgo”. ¿Fue más imprudente que otros? Rotundamente, lo fue porque la progresión financiera -vertiginosa y evidente- y las dimensiones de Islandia -controlables- hicieron más injustificada su inacción. No faltan observadores, sin embargo, que sospechan que una condena a Haarde cambie el baremo con el que se juzgan las responsabilidades de gestión de los políticos en otros países. Si de Islandia ha venido el escarmiento financiero, podría también venir el sancionador.

La “tozudez infantil” de Zapatero
¿Qué ocurrió en España? Lo cuenta de forma sintética y acertada el periodista Enric Juliana, director adjunto de La Vanguardia, en su último libro (Modesta España. Paisaje después de la austeridad, Editorial RBA) quien apuesta por atribuir a una “tozudez casi infantil” de Rodríguez Zapatero el retraso en tomar medidas ante el tsunami que se nos venía encima. Y sigue: “Al aparecer los primeros síntomas del colapso financiero, José Luis Rodríguez Zapatero, no tuvo mejor idea que negar la existencia misma de la crisis, con dos objetivos: evitar la derrota en las elecciones del ocho de marzo de 2008 y proteger a la banca española.”

Continúa Juliana:“Superadas las elecciones, no hubo rectificación. El presidente se obsesionó en seguir negando la crisis cuando ésta era ya algo más que una evidencia para todos los analistas. Se creó en el segundo trimestre del 2008 una situación verdaderamente kafkiana. Todo el país hablaba de la crisis y el jefe del Ejecutivo se obstinaba en evitar esa palabra, como si hubiese hecho un voto religioso, como si temiese un sortilegio. Agotados todos los eufemismos y con evidentes signos de irritación en la opinión pública, el 8 de julio, cinco meses después de las elecciones generales se dio por vencido en una entrevista en TVE: “lo que me importa es lo que va a hacer el Gobierno ante las dificultades de los españoles. A otros les preocupan los nombres mientras que a mí me preocupan los problemas de los trabajadores, de los jubilados, de los pensionistas (…) no me niego a usar ninguna palabra, sólo quiero tomar decisiones (…) en esta crisis, como ustedes quieren que diga, hay gente que no va a pasar ninguna dificultad”. Provoca un cierto sonrojo transcribirlo tres años y medio después, cuando estamos en el tramo más negro de un túnel de incierto final. Cuando la crisis se escribe con mayúsculas y en letra gótica.

El caso de Zapatero y el de Haardeson muy diferentes. Salvo en que ambos fueron tozudamente irresponsables. La gama de la imprudencia va de la simple a la temeraria y llega al dolo eventual. Quizás una comisión de investigación en el Parlamento sobre el origen de la crisis y la reacción del Gobierno ante ella nos evitaría que aquí y en otros países con democracias parlamentarias, los gestores políticos se vayan silbando y con las manos en los bolsillos a sus cuarteles de invierno, se sitúen estos en León o en Somosaguas.

Cataluña
Ovejero: “Parte de los complejos del PP son responsabilidad de la izquierda”
El profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona critica la transformación del ideal de ciudadanía y de lucha contra los privilegios que había caracterizado tradicionalmente a la izquierda, y que le ha llevado a adoptar los postulados nacionalistas.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 17 Marzo 2012

“Hay una parte de los complejos del PP que son responsabilidad de la izquierda, que ha apestado hasta tal punto al PP de forma que, si la izquierda se naturalizase a una posición razonablemente ciudadana en lugar de a un nacionalismo de segunda línea, el PP podría vivir con mayor naturalidad, sin el temor a quedarse solo acusado de españolista”.

Esta ha sido una de la múltiples críticas a la evolución de la izquierda española, en general, y catalana, en particular, que Félix Ovejero ha expuesto, este viernes, durante una conferencia celebrada en la librería La Jurídica de Barcelona, con motivo de la presentación de su último libro, La trama estéril. Izquierda y nacionalismo.

El desencanto del tripartito y de Zapatero
El profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales de la Universidad de Barcelona ha reflexionado sobre la transformación del ideal de ciudadanía y de lucha contra los privilegios que había caracterizado tradicionalmente a la izquierda, y ha cargado duramente contra la adopción de los postulados nacionalistas, por parte de esta, “con argumentos que son pura chatarra intelectual”.

Como en otras ocasiones, no ha podido disimular su desencanto ante esta deriva que, en su opinión, ha desactivado a la izquierda. Una desilusión que, en su caso, empezó con el primer tripartito en Cataluña y cristalizó con la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a la Moncloa y “el lío de la restructuración del Estado tras su promesa de un nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña“.

Ante esto, Ovejero no se quedó de brazos cruzados y, a mediados de 2005, junto a otros 14 intelectuales, creó la plataforma Ciutadans de Catalunya, embrión del partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que unos meses después obtuvo tres representantes en el Parlamento autonómico, y desde entonces mantiene la representación parlamentaria.

El profesor universitario ha lamentado que la izquierda haya asumido los principios del nacionalismo en la mayoría de los ámbitos, lo que ha calificado de “error” porque “la gente prefiere el original a la copia”. “Parece ser que la lengua que hay en la calle, no hay que aprenderla en la escuela; y que el hecho de que todos los estudiantes esten juntos escolarizados en las dos lenguas [oficiales], divide fratricidamente a esas gentes. Y, si protestas, estás politizando la lengua, cuando los nacionalistas hacen una política lingüística que abarca todos los aspectos de la vida cotidiana”, ha señalado, y ha advertido de la barrera laboral para los ciudadanos del resto de España que suponen los requisitos lingüísticos que actualmente se exigen.

Continuas cesiones a los nacionalistas
Durante su intervención, también ha criticado la utilización que se hace de las balanzas fiscales, no solo en los cálculos: “¿Dónde empieza ese nosotros y ellos? ¿Por qué entre Cataluña y el resto España? ¿Por qué no entre las tierras del Ebro y el resto de Cataluña? ¿Por qué no entre las diferentes clases sociales?“.

Buena parte de la situación actual la ha atribuido a los diferentes gobiernos que han permitido a los nacionalistas “ir cultivando el chiringuito de la identidad”, una coyuntura que se mantiene en la actualidad con el PP al frente del Ejecutivo y que, a pesar de tener mayoría absoluta, continúan cediendo ante CiU.

Ovejero ha defendido el papel del Estado como elemento clave en la consecución de la igualdad de los derechos de los ciudadanos, y ha considerado que la coyuntura actual, con la crisis, es “un buen momento” para “tensar la cuerda, en vez de engrasarles el camino a los independentistas o evitar su envite”. Su propuesta pasa por explicar con claridad “las desventajas de la independencia”; una independencia “que no sale gratis, que tiene costes”, empezando por “la pérdida inmediata del mercado español” que, “en gran medida”, es una realidad “porque todavía existe una trama de afectos” común española.

En este sentido, ha lamentado que la izquierda no haya reaccionado, cuando podría haber reprochado con fuerza el despilfarro de los gobiernos autonómicos de corte nacionalista “en cuestiones identitarias”. “La crisis sería una razón para revelarse contra esta situación, pero la izquierda no lo ha hecho”, ha insistido.

“Una izquierda con mala conciencia”
Según Ovejero, “el nacionalismo es muy eficaz, es un mecanismo muy eficaz, primitivo e irracional, es muy fácil decir que hay un enemigo exterior”, y si a esto “se le añade una izquierda con mala conciencia y una clase obrera que arrastra una ausencia del concepto de ciudadanía, como sintiéndose invitados a Cataluña, como le han repetido los nacionalistas, herederos del franquismo en esto, nos encontramos con un terreno abonado para entender esta situación”.

Y ha añadido:
“Hay falta de vértebra intelectual en la izquierda, mala conciencia, oligarquías de partidos y la propia atomización de los partidos que los convierte en decorativos, como el caso de ICV-EUiA particularmente, que ya son grupos de amigos intelectuales que escuchan el eco de su propia voz y que están desprendidos de cualquier vínculo con las realidades sociales que supuestamente dicen defender”.

Su confianza en el PSC es nula. “Lleva camino de convertirse en un partido residual compitiendo con alguien que hace mejor lo que ellos podrían hacer”, ha indicado. Pero sí se ha mostrado moderadamente esperanzado respecto al PSOE, puesto que actualmente “no tiene nada que perder”:

“Está en una posición bastante buena como para poder mirar las cosas de otro modo. Ahora, cuando está todo perdido para el PSOE y va a tener una travesía del desierto bastante larga, sería la ocasión para decidir empezar a reconstruir algo razonable, sobre todo viendo al PP en connivencia con CiU. El PSOE, como cualquier partido de cierta magnitud, ya no reacciona por convicciones, sino que reacciona por la pérdida de mercados de votos, pero circunstancias como el fortalecimiento de UPyD puede llevarles a moverse. Y tiene argumentos de fondo, como el hecho de que el Estado es el instrumento básico de redistribución, y que ya no tienen que rascar en esta Comunidad de la que han dependido en el pasado. Este conjunto de circunstancias podría hacerle cambiar”.

“¿Qué pinta la izquierda en todo esto del nacionalismo?”
Ovejero ha contado con dos escuderos de lujo: Francesc de Carreras y Javier Nart. El profesor de Derecho Constitucional de la UAB ha destacado la “independencia” y la “coherencia intelectual” de Ovejero, y ha criticado que “todas las decisiones políticas que se toman en Cataluña” siempre “tienen que ver con el nacionalismo” y con un supuesto “enemigo exterior, que es Madrid”. En su intervención, De Carreras ha hecho un repaso de los tópicos nacionalistas y se ha preguntado: “¿Qué pinta la izquierda en todo esto del nacionalismo?”.

Nart, por su parte, ha tildado de “doloroso” el “ocaso progresivo de los conceptos históricos de la izquierda”, que “frente a la igualdad ciudadana, ciencia y conocimiento, ha abrazado los conceptos mitómanos de la construcción de un referente utópico y se ha aplicado a los sentimientos por encima del conocimiento“. El abogado, escritor y periodista ha señalado que “la Transición fue extremadamente ilusionadora e inmensamente decepcionante”, y ha considerado que “precisamente porque el nacionalismo fue combatido por Franco, llegó a ser asumido por la izquierda”.

España
Los funcionarios de Baleares ya no tendrán que hablar catalán
El Gobierno de Bauzá quiere impedir que personas cualificadas se queden sin acceder a la Administración
ANTONIO LIMONGI / PALMA DE MALLORCA ABC17 Marzo 2012

El Gobierno autonómico de José Ramón Bauzá aprobó ayer la modificación de la Ley de Función Pública, que da luz verde para que el catalán deje de ser un «requisito» en el acceso a la Administración pública de las Islas Baleares y que esta exigencia pase a ser solamente un «mérito».

La modificación ha establecido una serie de excepciones en la función pública, para «garantizar que los ciudadanos tengan el derecho a ser atendidos en las dos lenguas» y afecta a los puestos de trabajo de asesoramiento lingüístico y de atención directa al público, así como atención telefónica. El catalán también será un requisito para acceder y ocupar puestos de la función pública docente, que se deberá regir por su normativa reglamentaria específica.

El portavoz del Ejecutivo autonómico y consejero de Educación, Rafael Bosch, explicó ayer en Menorca que para llevar a cabo esta modificación «se ha tenido en cuenta la legislación vigente, así como la expresión del poder judicial en diversas sentencias». Además, precisó que durante el camino de elaboración del texto se han tenido que modificar algunos artículos de otras leyes por «coherencia jurídica». Éstas son la Ley de Normalización Lingüística, la Ley de Régimen Jurídico de la Administración de la Comunidad Autónoma y la Ley de Coordinación de Policías Locales. Tanto Bosch, como el presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, y el consejero de Presidencia, Antoni Gómez, se han venido reafirmando en su defensa del bilingüismo.
Mayor cualificación

En todas las modificaciones, solo se ha tocado aquello que hace referencia a la necesidad de acreditar un determinado nivel de conocimiento de la lengua catalana para acceder a un puesto de trabajo. En el caso concreto de la Ley de Normalización Lingüística, también se ha modificado el artículo que hace referencia a la toponimia, hasta ahora exclusivamente en catalán. En el nuevo redactado, se deja claro que cada consistorio de Baleares podrá proponer la inclusión de la fórmula castellana junto a la catalana. También se reconoce como órgano competente a los Consejos Insulares, para decidir si desean la toponimia sólo en catalán o en las dos lenguas. Bosch recalcó que con esta reforma se pretende atraer a la comunidad a las personas más preparadas laboralmente, sin prejuicio de su lengua.

Concretamente, especificó que con las nuevas medidas se intenta instrumentalizar los mecanismos necesarios para que los procesos selectivos permitan el acceso de las personas «mejor cualificadas y que superen las pruebas con más nivel en la Administración balear, sin que la falta de un determinado nivel de catalán sea un obstáculo».

Según el Gobierno autonómico balear, todo ello no es impedimento para que, una vez dentro de la Administración pública, todas las personas interesadas en alcanzar un determinado nivel de catalán puedan formarse o mejorar en el conocimiento de esta lengua con la colaboración de la propia Administración o con el fomento de los cursos necesarios.

"Para una solución pacífica"
Israel da la última oportunidad a Irán
Agencias www.gaceta.es 17 Marzo 2012

Ante la posibilidad de un ataque contra Irán, Teherán no excluye la posibilidad de cerrar el estrecho de Ormuz o un ataque con misiles contra Israel.

El ministro de Exteriores de Israel, Avigdor Lieberman, ha afirmado que ha acordado con la secretaria de Estado estadounidense, Hillary Clinton, que las conversaciones que comenzarán el próximo mes (entre el Grupo 5+1 --compuesto por Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido, China y Alemania-- e Irán) son "la última oportunidad para Teherán para solucionar el asunto pacíficamente".

"Preferimos que la comunidad internacional solucione el problema a través de conversaciones, negociaciones y otros medios, pero, si esto no pasa, nos reservamos el derecho a defendernos", ha agregado Lieberman.

Asimismo, ha indicado que, pese a las sanciones contra Irán, Teherán no ha mostrado signos de voluntad de abandonar su programa nuclear.

Lieberman ha señalado que el Estado hebreo cree que la comunidad internacional "es capaz" de detener el programa nuclear iraní y ha subrayado que "es sólo una cuestión de determinación y de ser firmes", según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.

Israel ha planteado en varias ocasiones la posibilidad de lanzar un ataque militar contra las instalaciones nucleares de Irán para evitar que el país persa consiga desarrollar armas nucleares, ya que Tel Aviv percibe a Teherán como "una amenaza existencial". Sin embargo, Irán ha reiterado en múltiples ocasiones que su programa nuclear tiene únicamente fines pacíficos.

Reino Unido y Francia, se han mostrado en contra de la idea. Así, el primer ministro británico, David Cameron, ha considerado que Tel Aviv carece de argumentos para emprender un ataque unilateral contra las instalaciones y ha defendido la vía diplomática y de las sanciones para presionar a Teherán en relación a su polémico programa de enriquecimiento de uranio.

El ministro de Exteriores de Francia, Alain Juppé, ha asegurado que "solo" estaría del lado de Israel en caso en que esta nación fuera atacada.

No obstante, Juppé ha señalado que Francia rechazaría apoyar a las autoridades israelíes en caso de iniciasen una acción armada contra Irán para evitar que la República islámica se hiciese con la bomba nuclear.

Estas declaraciones por parte de Cameron y Juppé se han producido horas después de que el secretario del Alto Consejo para Derechos Humanos de Irán, Mohammad Javad Larijani, pidiera cooperación a la comunidad internacional antes de permitir la entrada de los inspectores de la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AIEA) en la base militar de Parchin, al sur de Teherán, y negara que se hayan llevado a cabo experimentos nucleares en el lugar, pese a que se sospecha que probó explosivos para un dispositivo nuclear a principios de la pasada década.

"Si la comunidad occidental nos pide más transparencia, entonces debemos esperar más cooperación", dijo.

El Grupo 5+1 aceptó la oferta de Teherán de retomar las conversaciones sobre el programa nuclear iraní. "La ecuación es simple. La comunidad occidental nos pide más transparencia. Lo que pedimos a cambio es cooperación. Quiero decir que son líneas paralelas. Un paso de transparencia por nuestra parte, un paso de cooperación por parte de Occidente. Tenemos sospechas de las intenciones de Estados Unidos y Occidente", valoró Larijani.

Posible ataque
Ante la posibilidad de un ataque contra Irán, Larijani dijo, en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN, que Teherán no excluye la posibilidad de cerrar el estrecho de Ormuz, línea de paso del petróleo extraído en los países del Golfo, o un ataque con misiles contra Israel.

"Aquí me gustaría copiar las palabras del presidente (de Estados Unidos, Barack) Obama. Todas las posibilidades están sobre la mesa", agregó Larijani.

Finalmente, quitó importancia a los comentarios atribuidos al presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, hace varios años en los que sugirió que Israel debería ser borrado del mapa.

Larijani puntualizó que esos comentarios no "tenían un significado militar" y que esa no es "la política de Irán".

islam en españa
España se enfrenta a una islamización progresiva
By Soeren Kern Minuto Digital 17 Marzo 2012

Un predicador radical islámico ha sido arrestado en España por llamar a los musulmanes a usar la violencia física y psicológica para “disciplinar” a las esposas errantes que se niegan a someterse a la ley islámica de la Sharia y obedecer a sus maridos.

Abdeslam Laaroussi, un carismático imán de Marruecos que predica en una gran mezquita en Terrassa, una ciudad industrial situada a 30 kilómetros al norte de Barcelona, ??es culpable de “incitación a la violencia contra la mujer” por “proporcionar ejemplos concretos de la manera en que las esposas deben ser golpeadas, la forma de aislarlas en el interior de la casa de la familia y la forma de negar las relaciones sexuales.”

La policía dice que los testigos les proporcionaron las grabaciones de los sermones predicados por Laaroussi en la mezquita Badr en el centro de Terrassa (donde más de 1.500 personas asisten a los servicios de oraciones todos los viernes) en la que instruyó a sus oyentes a “golpear a las mujeres con el uso de un palo, el puño o la mano para que no haya huesos rotos y la sangre no se vea.”

Laaroussi fue interrogado por la policía el 6 de marzo, pero se negó a proporcionar pruebas porque no reconoce la legitimidad del Estado español. Si es hallado culpable, podría enfrentar hasta Laaroussi a tres años de prisión.

El incidente es sólo uno de una larga y creciente lista de controversias relacionadas con el Islam en España, donde el número de musulmanes ha aumentado a 1,5 millones en 2011 frente a 100.000 en 1990. A medida que su número crece, los musulmanes en España se ponen más firmes que nunca.

En enero de 2012, por ejemplo, dos televisiones radicales islámicas comenzaron a emitir, desde nuevos estudios en Madrid, las 24 horas del día, en habla española para el público en España y América Latina . El primer canal, patrocinado por el gobierno de Irán, se centra en difundir el Islam chiíta, la religión dominante en Irán. El segundo canal, patrocinado por el gobierno de Arabia Saudita, se centra en la difusión de sunitas, el Islam wahabí, la religión dominante de Arabia Saudí.

En diciembre de 2011, unos 3.000 inmigrantes musulmanes se lanzaron a las calles del centro de Terrassa para protestar por los recientes recortes en las subvenciones de bienestar social. El tamaño y la espontaneidad de la protesta, que se organizó con la participación de los inmigrantes marroquíes, tomaron a los funcionarios locales por sorpresa.

También en diciembre, la ley islámica llegó a la ciudad vasca de Bilbao cuando un inmigrante checheno trató de asesinar a un joven de 24 años, un cristiano, porque le pidió casarse con su hija, musulmana, de19 años de edad.

En septiembre, inmigrantes musulmanes fueron acusados ??de decenas de envenenamiento de perros en la ciudad de Lérida, donde 29.000 musulmanes constituyen actualmente alrededor del 20% de la población total de la ciudad. Los residentes locales dicen que los musulmanes mataron a los perros, porque de acuerdo a la enseñanza islámica, los perros son “sucios” animales.

También en septiembre, el gobierno regional de Cataluña reveló que durante los seis primeros meses de 2011, se impidieron 14 matrimonios forzados y la mutilación genital de 24 niñas musulmanas.

En agosto, en el municipio de Salt, un pueblo cerca de Barcelona, ??donde los inmigrantes musulmanes ahora constituyen el 40% de la población, se aprobó la prohibición, durante un año, para la construcción de nuevas mezquitas. Es la primera prohibición de este tipo en España. La moratoria sigue la indignación pública sobre el proyecto para construir una mega mezquita financiada por Arabia Saudí.

En diciembre de 2010, un profesor de secundaria en la ciudad sureña española de La Línea de la Concepción fue demandado por los padres de un estudiante musulmán que dijo que el maestro había “difamado al Islam”, por hablar de jamón español en la clase.

También en diciembre, Lérida se convirtió en el primer municipio de España para prohibir el burka y el velo en todos los espacios públicos. Las mujeres que violen la prohibición serán multados con hasta 600 €.

En noviembre de 2010, las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, dos enclaves en el norte de África, fue reconocida oficialmente la festividad musulmana de Eid al-Adha (Fiesta del Sacrificio), como un día festivo. De este modo, Ceuta y Melilla, donde los musulmanes representan más del 50% de la población total, se convirtieron en los primeros municipios españoles donde, oficialmente y por primera vez, se celebra una festividad islámica desde que España se liberó de la cautividad musulmana en el año 1492.

En octubre de 2010, la Asociación Islámica de Málaga, en el sur de España, exigió que Televisión Española (TVE), la estatal emisora ??nacional de televisión pública, dejara de mostrar una serie de televisión en español porque era ” contra los musulmanes” por criticar ciertos aspectos del Islam, como los matrimonios forzados y la falta de derechos de las mujeres en países musulmanes.

Ese mismo mes, los residentes de la ciudad de Bilbao encuentraron sus buzones llenos de propaganda, en español y árabe, de la Comunidad Islámica de Bilbao pidiendo dinero para construir una mezquita de 650 metros cuadrados por un valor 550.000 €. Su página web dice: “Nosotros fuimos expulsados ??(de España) en 1609, en realidad no hace tanto tiempo …. El eco de Al-Andalus aún resuena en todo el valle del Ebro [España] Hemos vuelto para quedarnos, si Alá lo quiere.”

En septiembre de 2010, la Asociación Watani para la Libertad y la Justicia, un grupo local de activistas de Marruecos, presentó una carta al Consejo de Lérida, en la que pidió al alcalde que les proporcionara tierra libre para que puedan construir una mezquita en el centro de la ciudad. La mezquita se financiaría con Marruecos y competiría en Lérida con otro proyecto de la mezquita financiada por Arabia Saudí.

También en septiembre, una discoteca de la localidad española de Águilas (Murcia) se vio obligado a cambiar su nombre y el diseño arquitectónico después de que islamistas amenazaran con iniciar “una gran guerra entre España y el pueblo del Islam” si no lo hiciera. (La discoteca llevaba por nombre “La Meca”).

En enero de 2010, Mohamed Benbrahim, un imán en la ciudad de Tarragona, ??fue detenido por forzar a Fátima Ghailan, una mujer de 31 años de edad, marroquí, a cubrir la cabeza con el hiyab islámico. El imán había amenazado con quemar la casa de la mujer porque, según él, ella es “infiel”, trabaja fuera del hogar, conduce un automóvil y tiene amigos no musulmanes.

En diciembre de 2009, nueve islamistas en la ciudad de Reus, secuestraron a una mujer, la juzgaron por adulterio sobre en base a la ley Sharia, y la condenaron a muerte. La mujer pudo escapar y salvar la vida. Los denunció y los 9 fueron detenidos.

En otro caso, un tribunal de Barcelona encontró a Mohamed Kamal Mustafa, un clérigo musulmán de una mezquita en la ciudad de Fuengirola, culpable de incitar a la violencia contra las mujeres después de que publicara un libro titulado “La mujer en el Islam”, en el que aconseja a los hombres sobre cómo golpear a sus esposas sin dejar marcas incriminatorias. Un arrepentido Mustafa caracteriza sus 22 días en la cárcel como un “retiro espiritual”.

Estos conflictos, y cientos más como ellos, son un presagio de lo que vendrá, sobre todo porque la población musulmana en España está a punto de dispararse.

Las tasas de fertilidad musulmana son más del doble que la de la población autóctona española. Actualmente, España tiene una tasa de natalidad de alrededor de 1,4, que es muy por debajo del 2,1 necesario para reemplazar la población. Con las tasas actuales, los demógrafos dicen que el número de españoles nativos se reducirá a la mitad en un par de generaciones, mientras que durante ese mismo período, la población musulmana en España se cuadruplicará.

El primer niño nacido en España en 2012 fue Fátima, cuyos padres son musulmanes. Según una estimación, el 75% de todos los bebés nacidos en España el 01 de enero 2012 han nacido de padres inmigrantes, principalmente procedentes de Marruecos.

DICE QUE EL NÚMERO ES DESPROPORCIONADO
Abdulaziz bin Abdulá, gran muftí de Arabia Saudí: “Todas las iglesias deben ser destruidas”
 Minuto Digital 17 Marzo 2012

El gran muftí de Arabia Saudí, el jeque Abdulaziz bin Abdulá, ha afirmado que todas las iglesias de la península Arábiga han de ser destruidas en respuesta a una pregunta sobre esta cuestión formulada por una ONG kuwaití.

El parlamentario kuwaití Osama al Munawar pidió en febrero que se prohibiera la construcción de nuevas iglesias en el país. La ONG Sociedad para el Renacimiento del Patrimonio Histórico preguntó al jeque Abdulá para que clarificara cuál era la postura del Derecho Islámico sobre este punto.

El gran muftí, el más elevado cargo en materia religiosa del país, así como presidente del Consejo Supremo de Estudiosos del Islam, ha citado al profeta Mahoma, quien dijo que en la península Arábiga ha de existir una única religión.

En base a ello ha concluido que es necesario para Kuwait, siendo parte de la península, destruir todas las iglesias en su territorio. La propuesta de Al Munawar incluía la prohibición de construir nuevas iglesias, pero no contemplaba la destrucción de las ya existentes.

El parlamentario Mohammed Hayef respaldó a Al Munawar y argumentó que el número de iglesias en el país es desproporcionado respecto al número de cristianos que viven en el emirato.

En cuanto a Arabia Saudí, todas las religiones que no sean el Islam están prohibidas y no existen iglesias, pese a lo que la minoría cristiana puede teóricamente practicar su religión en la privacidad de su vivienda.

Las declaraciones del gran muftí han causado una dura respuesta de los cristianos que habitan en Oriente Próximo a través de la red, a los que se han unido múltiples ONG, según ha informado la cadena de televisión rusa RT.

“Considerando la histeria que sacude Occidente cuando cualquier persona sin autoridad ofende al Islam, imaginemos lo que pasaría si un cristiano del peso del gran muftí, digamos el Papa, declarara que todas las mezquitas de Italia deberían ser destruidas”, ha escrito Raymond Ibrahim, miembro del blog Yihad Watch, crítico con el extremismo en las leyes islámicas.

“Imaginemos la locura que se desataría en los medios occidentales y los gritos sobre ‘intolerancia’ y ‘fanatismo’, así como las demandas de disculpas si no dimisión o artículos de altos cargos políticos”, ha apostillado.

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El insufrible drama de la clase política española

Francisco Rubiales Periodista Digital 17 Marzo 2012

El Consejo de Ministros, con una lentitud desesperante, sigue adelante con sus reformas y recortes y decidió ayer suprimir 24 de sus 228 empresas públicas, algunas de las cuales, según la vicepresidenta Soraya, tenían más consejeros que empleados y otras estaban sin actividad, pero con gente cobrando, desde hacía más de veinte años. La reducción afectaría solo al 10 % y no al 17, como dijo el Gobierno. Contando entidades de autonomías y entidades locales hay 2.372 empresas públicas, 626 fundaciones y 1.055 consorcios, de los que más de la mitad son prescindibles, según diversos informes de expertos.

La medida es insuficiente, pero digna de elogio y demuestra también, hasta más allá de toda duda, que los gobernantes españoles han cometido abusos intolerables en su delictiva orgía de despilfarro, creando miles de instituciones y empresas públicas innecesarias a lo largo y ancho del país, una actuación contraria al bien común que debería tipificarse como delito y castigarse como estafa y fraude a unos ciudadanos que, para costear esos despilfarros, se encuentran postrados y esquilmados por los impuestos.

Las fechorías de los gobernantes son tantas y tan profundas e indecentes que dan asco y demuestran, una y otra vez, con certeza milimétrica, que el mayor problema de España, el origen y el causante de casi todos los demás, desde el desempleo masivo a la pobreza y la quiebra económica, son sus políticos, arrogantes, aislados del pueblo, ajenos a la democracia y muchos de ellos corruptos y delincuentes.

Uno de los ejemplos más gráficos y didácticos del abuso, la indecencia y la iniquidad política se está produciendo en Cataluña, donde la Generalitat ha aprobado el injusto "copago" en Sanidad, lo que significa expoliar todavía más al ciudadano, obligándole a pagar dos veces por el mismo servicio básico, sin otro fin que mantener las pensiones de lujo que cobran los expresidentes Pujol, Montilla y Maragall, sin haber realizado muchos recortes en sus propios lujos y privilegios, sin haber cerrado la costosa televisión autonómica, ni las subvenciones a la lengua catalana, ni las embajadas ridículas en el exterior, ni los muchos despilfarros vigentes.

El Ministro Montoro dice que con sólo pagar las deudas de las administraciones públicas a los proveedores, se recuperarán 100.000 puestos de trabajo, lo que significa reconocer que los impagos del Estado, impunes y contrarios a la ley vigente, aunque ese delito, como otros muchos cometidos por los políticos, nunca haya sido perseguido, han destruido miles de empresas y debilitado mucho el tejido productivo español.

Si a esas actuaciones de impagar las deudas, crear empresas e instituciones innecesarias se agregan otras cometidas también por los políticos con poder, tendríamos argumentos más que suficientes para que una justicia independiente y justa procesase a los actuales grandes partidos gobernantes, incluyendo a algunos nacionalistas, como asociaciones de malhechores.

Los partidos, desde el poder, han cometido una lista de abusos, corrupciones y hasta delitos inmensa, entre los que destacan los siguientes: despilfarro, endeudamiento enloquecido, enriquecimiento ilícito, manipulación de concursos públicos, manipulación de subvenciones, robo del dinero público, manipulación de oposiciones, otorgamiento de contratos y de puestos de trabajo a dedo, sin respeto a las normas legales, persecución, marginación y acoso de los críticos y de los que piensan distinto que el poder, utilización del dinero público y de los recursos públicos en beneficio propio, creación de instituciones, empresas y puestos de trabajo innecesarios, sin otro fin que colocar a amigos del poder o burlar las leyes y normas que limitan el endeudamiento público, cobro de comisiones ilegales, algunas en nombre "del partido", y un largo etcétera que convierte a la clase política española en una de las más corruptas y repugnantes de Occidente.

Los ciudadanos, ante esos abusos, algunos tan trascendentes y dañinos como los que ha cometido el gobierno de Zapatero, que han dejado a España al borde de la quiebra y han arrebatado al país la credibilidad y el prestigio internacional, no pueden hacer prácticamente nada, salvo arriesgar su seguridad y hasta sus vidas con revueltas callejeras más o menos violentas y desesperadas, porque los políticos, previamente, han cometido otro delito que, aunque, como otros muchos, no esté tipificado, constituye el peor atentado contra la decencia y la dignidad de una nación y de sus habitantes: haber alterado las leyes democráticas para poder actuar, desde el gobierno, con una despreciable impunidad práctica.

Voto en Blanco

Terrorismo
ETA y Batasuna comparten eufemismos
ALBERTO LARDIÉS. MADRID. www.gaceta.es 17 Marzo 2012

El último documento de la izquierda ‘abertzale’ copia en fondo y forma los pronunciamientos de la banda. Los expertos subrayan que ambas nunca han roto. Abogan al unísono por una negociación.

El último documento presentado por Batasuna, pomposamente titulado Vientos de solución, ha sido aplaudido en no pocos foros por incluir, por primera vez en la historia del brazo político de ETA, una referencia al “profundo pesar” por las víctimas. Otro presunto paso, ya el enésimo, de la autodenominada izquierda abertzale para impulsar el “proceso democrático” que alumbre una “paz” tan ansiada como manida. Otra declaración que multitud de formaciones políticas y hasta el Gobierno consideran “insuficiente”. Otra muestra pretendidamente irrefutable de que los batasunos se desligan de los etarras.

Sin embargo, una mera comparación entre este texto y el último pronunciamiento público de la banda criminal deja bien a las claras que las diferencias son mínimas entre los pistoleros que han regado España de sangre y dolor durante años y los posibilistas que hoy dicen apostar por las vías políticas cuando ayer amparaban, justificaban y hasta celebraban los crímenes de sus mayores.

Mismas palabras
Como puede verse en el gráfico adjunto, ETA y Batasuna siguen compartiendo ese lenguaje eufemístico, alambicado y calculadamente ambiguo que llama “acciones” a los atentados o “luchadores” a los terroristas. Y es que el texto Vientos de solución. Construyamos la paz en el proceso democrático comparte el fondo y la forma con la entrevista que concedió ETA a Gara el pasado 11 de noviembre. Hasta utilizan las mismas palabras y las mismas expresiones. Ambos textos se refieren a “todas las violencias” y “todas las víctimas”.

También coinciden, casi escandalosamente, en presentar a Euskal Herria como la “principal víctima” del trillado y falso “conflicto político”. De la declaración de Batasuna presentada en San Sebastián el pasado domingo, llamó la atención que se utilizase el término “insensible” para referirse al dolor de las víctimas. Pero no era nuevo, porque ETA ya lo había usado en idéntico sentido tres meses atrás. “No somos insensibles”, aseguran militares y políticos, precisamente quienes han asesinado y quienes no han condenado los asesinatos, respectivamente.

Y, por supuesto, encapuchados y portavoces apelan a la necesidad del “diálogo y el acuerdo” para encauzar y terminar ese engendro que denominan “proceso democrático”. Todo ello acabaría, cómo no, en la “desmilitarización”. Este es el término acuñado por ETA y Batasuna para referirse eufemísticamente a su soñada expulsión del País Vasco de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les combaten eficazmente desde hace años.

Varias semanas atrás, Maite Pagazaurtundua, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT) y víctima directa de la sinrazón etarra –la banda asesinó a su hermano Joseba–, definió el documento de Batasuna, antes de conocerlo, como una nueva “operación de marketing”. Y, tras insistir en que “los portavoces de Batasuna hablan por la voz de la boca de la serpiente de ETA”, remarcó que “los magos de las palabras” intentan volver a engañar y trampear con el lenguaje para conseguir por dejar de asesinar lo que no consiguieron cuando asesinaban.

Esta opinión clarividente de una voz más que autorizada entre las víctimas de la barbarie terrorista es compartida, al cien por cien, con las fuentes de la lucha antiterrorista consultadas por LA GACETA que, eso sí, dan una explicación más técnica de por qué el lenguaje sigue siendo el mismo para Batasuna y ETA.

Básicamente, explican estas fuentes, ocurre que Batasuna y ETA nunca han roto, aunque sí se han distanciado. No puede negarse, según ellos, que los Oteguis o posibilistas han llevado a los etarras más ortodoxos, golpeados una y otra vez por las Fuerzas de Seguridad, al redil de las “vías pacíficas y democráticas”. Pero, como han dicho desde hace meses a LA GACETA estas fuentes, se trata de una diferencia de matiz desde el punto de vista estratégico. Es decir, Batasuna, como ETA, no se arrepiente de los crímenes perpetrados durante tantos años, sino que piensa que en este momento los atentados no son eficaces. Además, insisten en remarcar que la denominación “izquierda abertzale”, cuando va en boca de los propios batasunos, incluye también a la banda terrorista.

De ahí que los expertos sean más que pesimistas respecto a la posibilidad de que los batasunos acaben por pedir perdón a las víctimas de ETA. Adoba esta tesis el hecho objetivo e innegable de que todos los documentos incautados por las Fuerzas de Seguridad –el último, uno enviado a los presos etarras el pasado octubre– van en la línea de “nada de pedir perdón o mostrar arrepentimiento”.

La libertad de Otegi, la doctrina Parot y la legalización de Sortu
Carlos Fonseca. El Confidencial 17 Marzo 2012

La Justicia debe resolver en las próximas fechas tres causas que lleva meses demorando por la enorme repercusión política que tendrán los fallos. El primer turno le ha correspondido al Tribunal Supremo (TS), que el próximo día 28 debatirá el recurso presentado por Arnaldo Otegi contra su condena a 10 años de reclusión en el conocido como “caso Bateragune”. El tribunal que lo juzgó consideró probado que el líder abertzale era miembro de ETA en grado de dirigente, y que junto a otros intentaba refundar la ilegalizada Batasuna siguiendo órdenes de la banda terrorista.

La revocación del fallo dejaría a Otegi en libertad (no tiene ninguna otra causa pendiente) y permitiría a la izquierda abertzale recuperar a un líder reconocible, algo de lo que carece en este momento, al menos de puertas para fuera. El “cese definitivo” de la violencia anunciado por ETA y el golpe de timón de su trama política facilitó a Bildu, en las municipales y forales, y a Amaiur en las generales, recuperar a muchos votantes que coinciden en el objetivo de la independencia, pero no en la violencia como instrumento para conseguirla.

El próximo año el desafío será mayor, con unos comicios autonómicos en los que los abertzales aspiran a arrebatar al PNV la hegemonía nacionalista. Para semejante tarea no valen candidatos de cartón piedra como el alcalde de San Sebastián o el diputado foral de Gipuzkoa, dos perfectos desconocidos que han rentabilizado de maravilla el momento político que les ha tocado vivir. Rufi Etxeberría, el exdirigente de Batasuna más conocido de los que están en libertad, no alcanza el perfil exigido. Es un tramoyista que se mueve mejor tras el telón que en escena. El perfecto segundón.

Carente de referentes, Arnaldo Otegi es el único capacitado para intentar el asalto a Ajuria Enea, pero antes tiene que recuperar la libertad

Carente de referentes, Arnaldo Otegi es el único capacitado para intentar el asalto a Ajuria Enea, pero antes tiene que recuperar la libertad. Si lo consigue asistiremos a una situación cuanto menos paradójica, la de pasar de tener por delante diez años de prisión por terrorista, a ser candidato a lehendakari.

Los otros dos casos le corresponde resolverlos al Tribunal Constitucional (TC): la doctrina Parot, que ha permitido prolongar hasta diez años la permanencia en prisión de muchos etarras, y la legalización de Sortu. Resolver el futuro de los presos es fundamental para la izquierda abertzale, porque hay internos y familiares para los que todo va demasiado despacio y empiezan a desesperar. Conscientes de ello, los líderes abertzales no pierden la ocasión de exigir en público la excarcelación de todos, sin distingos de delitos ni del tiempo cumplido o por cumplir, aunque saben que no habrá una salida colectiva.

Lo difícil es convencer a quien lleva años en prisión que va a tener que permanecer en ella aunque ETA desaparezca y, además, con un Gobierno que se niega a hacer gestos, como sería su acercamiento a cárceles próximas al País Vasco o la excarcelación de los gravemente enfermos.

La derogación de la doctrina Parot haría que en torno a 70 etarras recuperaran la libertad de forma inmediata, y acercaría a ella a muchos más que fueron condenados con el Código Penal de 1995, que permitía la acumulación de penas en una sola con un cumplimiento máximo de 30 años y posibilidades de redimir condena. Otra cosa son todos aquellos condenados con la reforma del Código Penal de 2003, que establece el cumplimiento íntegro de las penas hasta un máximo de 40 años.

El asunto más intrascendente en este momento es la legalización de Sortu. La izquierda abertzale ya está en las instituciones gracias a dos coaliciones (Bildu y Amaiur), y nada impide que presente una nueva marca electoral para las autonómicas de 2013. Por eso, legalizar Sortu tendría un efecto más simbólico que efectivo. El simbolismo de que todo un Tribunal Constitucional daría el visto bueno a una izquierda abertzale que lleva en la clandestinidad desde la ilegalización de Batasuna en 2002 gracias a la Ley de Partidos.

Si Sortu es legalizado, la izquierda abertzale se quitará el corsé y tendrá que empezar a pensar en una identidad única que aglutine su imagen y su discurso, y acabe con la macedonia de siglas a que la Justicia le ha condenado hasta ahora. Los recursos de amparo ante el TC no tienen un plazo de tramitación, pero es deseable que los fallos no se demoren demasiado. Ganaremos todos.

Hasta el próximo fin de semana.

Alabama
Lo que juzgan intolerable es que no puedan escolarizar a sus hijos en “la lengua oficial, la única lengua oficial del Estado”
Joan B. Culla i Clarà El País Cataluña 17 Marzo 2012

El pasado viernes, en el curso del programa El matí de Catalunya Ràdio, Manel Fuentes entrevistó a Consuelo Santos Neira, madre de una de las tres familias cuyas demandas judiciales han puesto en entredicho el modelo de inmersión lingüística catalán. En un momento de la conversación, y para deslegitimar el abrumador apoyo democrático que ese modelo ha mantenido durante décadas en el Parlamento catalán, la señora Santos argumentó lo que sigue: “También a principios del siglo XX, en Estados Unidos, Parlamentos con mayorías absolutas votaban leyes que decían que los negros no podían sentarse en los autobuses junto a los blancos. (…) Es lo mismo. Los niños castellanoparlantes no tienen derecho a nada”.

Nadie que resida en Cataluña desde hace algún tiempo (ya sea catalanoparlante, castellanoparlante o urduparlante) y no padezca una severa patología socio-ideológica es capaz de comparar la situación de quienes, escolares o no, tienen aquí el castellano como lengua materna con la de los negros en la América de la segregación racial. Esa clase de analogías delirantes, como la que asimilaba el régimen lingüístico catalán con el apartheid sudafricano o aquella otra, tan sobada y tan indecente, de los judíos y los nazis, solo se les ocurren a Alejo Vidal-Quadras y a sus discípulos y epígonos, con la esperanza de impresionar a quienes desconocen la realidad.

Pero es preciso desconocerla mucho para no apercibirse de que la supuesta negritud oprimida sigue ocupando una sólida posición de hegemonía en los quioscos y en los diales, en los juzgados y en la Administración periférica del Estado, en las carteleras cinematográficas, en las librerías, en el etiquetaje comercial… o en los programas informáticos. Y hay otro pequeño detalle que a la señora Santos se le escapa: en aquella América del Ku Klux Klan a la que ella se siente trasladada, los negros no habían podido votar a esas asambleas donde se promulgaban leyes discriminatorias contra ellos, ni tenían las espaldas cubiertas por todo el aparato de un Estado, desde el Tribunal Supremo hasta la Guardia Civil.

Lo cierto es que a lo largo de casi tres décadas la inmersión lingüística en catalán no ha generado ningún conflicto social digno de tal nombre, y ningún seísmo sociolingüístico

Con respecto a la situación del castellano en Cataluña ha ocurrido lo que pronosticó Joseph Goebbels sobre una mentira repetida mil veces, pero al revés: los mismos que llevan 30 años (recordemos el famoso Manifiesto de los 2.300) faltando a la verdad, intoxicando y sembrando cizaña en la materia, han terminado por creerse sus propias falacias. Solo así se explica que, el otro día, un articulista de Abc (César Alonso de los Ríos) pudiese iniciar su columna de esta guisa: “Tal como van las cosas, la presencia del castellano en Cataluña va a quedar como cosa del Instituto Cervantes. Y de alguna ONG cultural”.

Lo cierto es que el castellano goza en Cataluña de una salud envidiable y de una posición predominante en casi todos los campos. Lo cierto, también, es que a lo largo de casi tres décadas la inmersión lingüística escolar en catalán no ha generado ningún conflicto social digno de tal nombre, y tampoco ningún seísmo sociolingüístico. Pero sí ha excitado la hostilidad de unas tan exiguas como ruidosas minorías (desde CADECA a Convivencia Cívica Catalana) que, con excelente cobertura mediática y política, luchan no por el huevo, sino por el fuero. Lo que las moviliza no es que los niños castellanoparlantes salgan de la enseñanza obligatoria hablando un catalán excelente y un castellano pésimo (hipótesis que ningún estudio ni informe ha podido demostrar); lo que juzgan intolerable es que, si estamos en España, no puedan escolarizar a sus hijos en “la lengua oficial, la única lengua oficial del Estado”, como subrayó la señora Santos en la entrevista antes citada.

En todo caso, quedan ustedes avisados: estamos en Alabama, no sé si en Selma o en Montgomery, allá por 1955; Convivencia Cívica Catalana es como la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color); Consuelo Santos es un trasunto de Rosa Parks, y Francisco Caja, la reencarnación de Martin Luther King… Sería cómico si no resultase tan grotesco.

Joan B. Culla i Clarà es historiador.

Historietas
Nota del Editor 17 Marzo 2012

Este miserable intoxicador se dedica a la historieta y tendría que haber titulado su cuento "Cataluña a través del espejo" pues tal es su inversión de la realidad.

Para adornar su idílico mundo al revés, se queja de la pujanza del español en los kioskos, pero no dice nada de los medios públicos, por ejemplo TV3 donde el español está vetado, o peor aún, en todos los centros de enseñanza (realmente de intoxicación), en la sanidad pública, en la administración, en las calles, en los plano.

Vilipendia a personas que no se niegan a estudiar la lengua regional, pero que quieren estudiar en español, lo que es un sacrilegio al otro lado del espejo.

Tiene suerte de no conocer la posición de los que estamos detrás de los derechos humanos y constitucionales de los españoles que defendemos la libertad de no estudiar lengua regional alguna, le podría causar un problema siquiátrico grave.

Pero la solución está al caer, lo que queda de España no tiene más remedio que derogar todas las leyes de lenguas regionales y desmantelar el tinglado autonómico como primeras medidas serias para no seguir tirando de Europa para hundirnos juntos.

Las víctimas organizan en San Sebastián unas jornadas contra la impunidad
Con motivo del 15º aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco y ante la situación de «supuesto final de ETA», la fundación que lleva el nombre del concejal de Ermua organiza hoy unas jornadas en San Sebastián bajo el título «¡La Paz sin justicia es un espejismo.
Madrid - C. S. Macías La Razón 17 Marzo 2012

No a la impunipaz!», en el que víctimas y diferentes expertos analizarán y debatirán sobre la justicia y la lucha contra la impunidad. Marimar Blanco, Ángeles Pedraza, Daniel Portero, Conchita Martín, Ana Velasco, Cristina Cuesta y Rubén Múgica serán algunos de los participantes que, junto a los analistas y profesores universitarios Aurelio Arteta, Carlos Fernández de Casadevante, Eduardo Uriarte y Javier Corcuera, reflexionarán sobre la impunidad judicial, política, ética y social y la lucha democrática para la derrota del terrorismo.

Esta jornada tendrá lugar en el hotel Aránzazu. A la 13:00, se concentrarán ante los jardines de Alerdi Eder, en el monumento a las víctimas que hay frente al ayuntamiento de San Sebastián, hoy gobernado por Bildu, donde realizarán una ofrenda floral y a la que animan a participar a todos los ciudadanos de bien.

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