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Recortes de Prensa   Lunes 19  Marzo 2012

 

España necesita una nueva Constitución.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 19 Marzo 2012

Hoy se celebran muchas cosas importantes. La primera es la festividad de la Iglesia Católica de San Jóse, "pater putatibus" de Jesús de Nazaret, de ahí el nombre familiar de "Pepe" para todos los que así se llaman. Un nombre muy común en todos los países de influencias y raíces cristianas o hebreas, eso que molesta tanto a los progres aunque muchos de ellos así se llaman y no han renunciado a él cambiándolo por otro, cosa que la ley les permite. Lo segundo es la gran fiesta de Valencia de las Fallas, conocida mundialmente y fuente ingente de ingresos por turismo. Una fiesta de pólvora y fuego, que esta noche culmina con la quema de esas fallas. Y en último lugar y no menos importante, se conmemora hoy el 200 aniversario de la redacción de la primera Constitución de España en Cádiz, alias "La Pepa", algo simbólico y efímero que el Borbón Fernando VII, "El Rey felón", antecesor de nuestro actual Rey, se encargó de liquidar nada más volver de su dulce destierro en Francia.

Claramente hoy sin duda la mayor relevancia desde el punto de vista político es la celebración de esa fallida Constitución que tardó casi doscientos años en renovarse, aunque a peor y con unos resultados catastróficos para la unidad y consolidación de España como Nación. Un buen día para plantear con seriedad la necesidad de un cambio en profundidad de esa Constitución de 1978, principal causante de la deriva de España hacia el caos social, económico y de integridad territorial al que se enfrenta. Porque para una recuperación sólida, se necesitan unas bases sólidas donde apoyarse y reconstruir. Sin esas bases, todo lo que se haga corre el peligro de derrumbarse como un castillo de naipes.

Porque es evidente que el peor enemigo está en casa. En la Constitución de 1978 se llegaron a una serie de pactos de conveniencia, donde se hicieron concesiones a las pretensiones nacionalistas secesionistas que hoy en día se han demostrado ser un cáncer y una sangría continua que ha producido una fragmentación de la unidad de España y de la solidaridad entre los diferentes pueblos y culturas que la componen. Estas concesiones que se han dado a ritmo creciente e incesante han llevado a esos nacionalismos a una posición de fuerza y de desafío al propio Estado y a los diferentes Gobiernos de España. Una casta de políticos con nula sensibilidad a la propia idea de España como conjunto de regiones y de la que quieren separarse por la vía de los hechos consumados.

Y creo que va siendo hora de poner coto a esta serie de retos y de intentos de disgregación de España. La renovada Constitución no puede establecer, como ahora hace, distinciones ni prebendas entre españoles en función de su lugar de nacimiento o residencia. Los privilegios de los conciertos económicos de El País Vasco y de los Fueros de Navarra deben ser eliminados. El Estado ha de recuperar las competencias esenciales para el Gobierno de la Nación y la garantía de la igualdad de los servicios que los ciudadanos obtendrán de sus impuestos. La Sanidad y la Educación deben ser atribuciones del Estado irrenunciables. Igualmente las FFAA y las FFyCCSE deben unificarse y estar bajo un mando unificado dependiente del Congreso de los Diputados.

Las CCAA deben quedar como delegaciones del Estado con el solo objetivo de la optimización de los servicios a los ciudadanos, suprimiéndose las Delegaciones provinciales del Gobierno, y los Parlamentos regionales, encargándose el Senado de esa función. Se debe modificar la Ley electoral para que la democracia sea real en el sentido de que los votos no tengan diferente valor en función de la circunscripción en la que se vote. La Ley D'Hont debe dejar de aplicarse y que los resultados sean proporcionales al número de votos conseguidos. La Constitución deberá recoger la forma de Estado, Monarquía Parlamentaria o República, sometiendo las opciones a Referéndum. Caso de optar por el continuismo de la Monarquía Parlamentaria, se deberá anular la ley de prelación del hombre sobre la mujer para la Herencia Dinástica de la Corona de España.

En fin, unas cuantas ideas que solo son una muestra de lo que puede ayudar para que España tenga al fin una auténtica Constitución democrática y no la partitocracia tan desastrosa, totalitaria y corrupta que padecemos.

Arde el papel / Columnas del templo
Prada, la Constitución y la sífilis
Pedrojota indigesta a sus lectores con un discurso de cinco páginas sobre la Constitución de 1812
El Fumador. Periodista Digital 19 Marzo 2012

Hemos estado a punto de no escribir esta columna debido a la indigestión que nos ha producido la lectura, inacabada, de las cinco páginas, cinco, que ocupa la conferencia de Pedrojota Ramírez sobre la Constitución de 1812 reproducida ayer por El Mundo. En la página enfrentada a la última de su texto, un señor durmiendo. No cabe mejor resumen. Ya que Ramírez no estaba dispuesto a extractar su conferencia, al menos podía haber suprimido la página concedida a Luis María Anson, donde éste nos cuenta sus batallitas. Al final, nos hemos sobrepuesto al sopor y podemos cumplir con nuestra obligación con los lectores de Periodista Digital.

Juan Manuel de Prada merece abrir la sección de hoy porque es el único de los columnistas que tratan hoy de la Pepa que la critica, así como al movimiento ideológico que la engendró, el liberalismo:

la lealtad que se debe a la propia patria -resultado de un proceso histórico de hermanamiento de pueblos vecinos- se sustituye por la lealtad a unas leyes emanadas de una voluntad soberana y, por lo tanto, cambiantes y sometidas a veleidades políticas. A esto lo llaman «patriotismo constitucional», que entre las gentes suscita aproximadamente el mismo entusiasmo que el sistema métrico decimal. Y este proceso, en fin, es el que celebramos en estos días, lo que bien mirado es como si el sifilítico celebrase el aniversario del día que le contagiaron la espiroqueta. ¡Y viva la Pepa!

Valor no le falta a Juan Manuel de Prada, lo que sinceramente me atrae en un panorama de columnistas que buscan un señorito al que aplaudir.

También en ABC Juan Velarde reivindica de la Constitución de 1812 su intento de establecer un mercado único en España, objetivo que hoy no se ha conseguido gracias a las autonomías y la selva de legislaciones, entes públicos y aparatos clientelares que han levantado en estos años:

Un mercado amplio, único, nacional, es preciso para que todo este progreso económico vaya adelante. En el artículo 354 se manifiesta esta liquidación de las fronteras interiores que rompían la unidad del mercado, siguiendo un mensaje que Adam Smith ya había aclarado: «No habrá aduana sino en los puertos de mar y en las fronteras; bien que esta disposición no tendrá efectos hasta que las Cortes lo determinen».

En Cataluña, los agitadores siguen echando leña al fuego de la política. Francesc-Marc Álvaro compara en La Vanguardia la soberanía que reclaman los políticos españoles sobre Gibraltar con la que reclaman los políticos catalanes para su nacioncita:

Hoy sabemos que el derecho de autodeterminación -llámenlo derecho a decidir- tiene más fundamento que nunca. Los alemanes -gente seria que manda mucho en nuestras vidas- nos lo demostraron el año 1990, cuando se reunificaron.

Álvaro se olvida de que la ONU declaró hace más de 50 años a Gibraltar como territorio pendientes de descolonizar. ¿Es Cataluña una colonia... o lo es el resto de España de Cataluña?

En esta línea, Raúl del Pozo en El Mundo advierte que el separatismo catalán está alcanzando el punto de peligrosidad social:

"Todo nacionalismo es separatista." Nos decían que no, que eran histerias de Madrid; ahora los jóvenes educados en el odio a España nos van a sorprender a todos, empezando por sus padres. Madrid se levanta tarde y la van a pillar confiada e incauta.

2012: ¡Viva la Pepa y mueran las cadenas!
Manuel Romero www.lavozlibre.com 19 Marzo 2012

Era difícil imaginar que un acontecimiento de la envergadura histórica y emocional del Bicentenario de la Constitución de 1812, que se celebra hoy, fuera a pasar tan de puntillas por la epidermis de la Nación Española, esa a la que por vez primera se le reconociera la Soberanía desde un estrado del oratorio de San Felipe de Neri y acompañada por el pueblo gaditano con el grito de ¡Viva la Pepa!, mientras el ejército francés asediaba la ciudad.

Agustín Argüelles, Evaristo Pérez de Castro y Diego Muñoz-Torrero -con quien comparto la sangre del pasado en la remota historia de la localidad pacense de Cabeza del Buey- fueron los diputados que desde la comisión redactora de la Constitución asentaron de forma valerosa y clarividente los fundamentos del pensamiento democrático y liberal que, con más empeño que éxito, ha tratado de extenderse, no sólo por nuestro país, sino también por las naciones que en aquel mismo año comenzaron a forjarse en la América hispana.

Como aquellos padres de la Patria, que además de abolir la Inquisición, proclamaron la división de poderes, el principio de derechos y deberes de los ciudadanos, la representación nacional, la libertad de imprenta, y sobre todo, que “la Nación española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona” (Artículo 2) y que “la soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales” (Artículo 3), la Constitución de 1812 fue perseguida y mancillada hasta desembocar en otro grito unido a su muerte: ¡Vivan la caenas!

Con la perspectiva de hoy, 200 años, 7 reyes y reinas, 2 repúblicas y 2 dictaduras militares después, aquel escenario gaditano aún puede llegar a conmovernos e, incluso, a parecernos cercano si recuperamos el concepto esencial del que emerge la Constitución: el de la Soberanía Nacional, puesta en entredicho, cuando no claramente vilipendiada, por algunas de las instituciones que conforman el actual Estado.

No es hora de andarse por las ramas para proclamar que el sistema de división territorial de España, establecido por la vigente Constitución de 1978 y, especialmente, el manejo que se ha hecho en su aplicación, lejos de entroncar con las raíces del principio de Soberanía Nacional que surgió en Cádiz, regresa al feudalismo más atroz que precisamente quiso erradicar ‘La Pepa’.

El principio de que todos los ciudadanos son iguales y disfrutan de las mismas obligaciones y derechos en cualquier lugar de la geografía nacional es conculcado por partidos separatistas –con el apoyo en ocasiones de partidos llamados nacionales-, que no reconocen la Constitución actual y que, por supuesto, abominan y reniegan del concepto que nació en 1812.

Sólo así puede explicarse que 200 años después de que se estableciera que “todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes” (Artículo 371) y que “en todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una breve exposición de las obligaciones civiles" (Artículo 366), en cientos de localidades de España no esté permitido en las escuelas públicas ni en las privadas, adquirir la enseñanza en el idioma español, la lengua materna de esos ciudadanos libres a quiénes se reconocía en Cádiz el derecho de igualdad.

Hoy, pocos principios resultan tan revolucionarios como defender el derecho a expresar, escribir, aprender y difundir el pensamiento de aquellos ciudadanos que tienen el castellano como lengua materna y de los que hablando catalán, vascuence o gallego, quieren también usarla en las mismas condiciones que la suya. En la actualidad, aunque el derecho está recogido en la Constitución de 1978, en la práctica, y con el aval del enmarañamiento político y judicial que obliga a los padres a recurrir a los tribunales para hacerse valer, está conculcado de forma vergonzosa en una Nación que se proclama libre.

Por eso hoy, 19 de marzo de 2012, todavía tiene valor el grito de ‘¡Viva la Pepa!’ frente a quienes, desde la esclavitud por el sometimiento que los gobiernos regionales -que se autoproclaman naciones- ejercen a través de la enseñanza, proclaman su adhesión al ‘¡Vivan las cadenas!’.

Revolución por cauces constitucionales
VALENTÍN SOUTO La Opinión 19 Marzo 2012

En muchas ocasiones hemos comprobado que los programas políticos son un mero trámite para ganar unas elecciones, que se convierten en un procedimiento para que los profesionales del electoralismo -más que de la política- alcancen el poder, y con él conquistado vayan "a lo suyo", lo que puede consistir en disfrutar de un puesto de trabajo con interesante remuneración -a veces muy superior a la que sus méritos les permitirían obtener en el mercado de trabajo-y con excelentes condiciones de jubilación, o en alcanzar una posición social preeminente -con su correspondiente corte de aduladores y coche oficial-, o incluso en utilizar la cosa pública como palanca para hacer sus negocios o favorecer a quienes los hagan por ellos.

En el momento histórico que vivimos, en una situación de crisis a la que no se ve fin, se está produciendo un importante agravio comparativo entre los privilegios de la clase política y los sacrificios que se imponen al resto de la sociedad, y como consecuencia es perceptible el clamor ciudadano que solicita un cambio en la situación, mientras que los profesionales del electoralismo, especialmente los que gobiernan y los que tienen expectativas de gobierno, hacen oídos sordos a las reclamaciones populares que afectan directamente a sus intereses de clase.

En la olla a presión en que se está convirtiendo la sociedad española resulta necesario hallar una vía pacífica de canalización de la indignación social -y en ello deberían tener un importante papel los medios de comunicación-, porque de lo contrario puede producirse una quiebra en la convivencia pacífica, que es el bien más preciado con el que contamos y que es absolutamente necesario proteger.

El Estado democrático y de derecho se basa en la delegación del poder -que reside en el pueblo- en tres instrumentos entre los que se divide funcionalmente: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cabe pensar que si la delegación no responde satisfactoriamente a las aspiraciones sociales, procede avocarla parcialmente y actuar directamente. Para ello, el único cauce pacífico vigente -y subrayo pacífico- consiste en las iniciativas legislativas populares, contempladas en el art. 87.3 de la Constitución y reguladas por la Ley Orgánica 3/1984, con las cuales se puede impulsar la reordenación de asuntos que afecten a los intereses "profesionales" de los políticos, como la reducción del número de concejales, de diputados, de asesores y demás puestos políticos remunerados, la limitación del número de mandatos consecutivos, la posibilidad de que existan listas electorales abiertas, el establecimiento de responsabilidades civiles y/o penales por incumplimiento o contradicción de programas electorales, la ordenación de los salarios de los cargos públicos en función de su capacidad y de su rendimiento -por ejemplo, calculándolos incrementando un 10% los mayores ingresos por trabajo personal que hubiesen obtenido en uno de los últimos 4 años, y/o limitándolos a la remuneración del funcionario de mayor rango del órgano administrativo correspondiente incrementada en un 10%-, la regulación de sus pensiones y períodos de cotización -impidiendo que sean diferentes a las del resto de los ciudadanos-,etc.

Ciertamente, tales iniciativas tendrían la limitación constitucional de no poder modificar contenidos reservados a leyes orgánicas, y además tendrían que ser aprobadas por el Congreso constituido por políticos "profesionales" -la experiencia nos demuestra que desde la instauración de la democracia en 1978, tan solo nueve Iniciativas Legislativas Populares superaron la criba de la Mesa del Congreso y únicamente una, la modificación de la ley de Propiedad Horizontal, fue aprobada por el Pleno-, por lo cual sería preciso que estuviesen respaldadas por una mayoría suficientemente amplia de la población como para que se entienda clara y contundentemente que expresan la voluntad popular, hasta el punto de que los representantes electos del pueblo se guarden de contrariarla.

En la era de internet y de las redes sociales, es hora de que deje de ser inexorablemente cierto que todas las revoluciones que se inician para cambiar los privilegios acaben sirviendo para cambiar de privilegiados. Hagamos una revolución pacífica por los cauces constitucionales y acabemos con los privilegios que se han autoconcedido nuestros representantes. Se necesitan voluntarios.

Huelga general para un expolio de 8.000 millones
Roberto Centeno El Confidencial 19 Marzo 2012

Permítanme por una vez, iniciar el análisis sobre el actual sindicalismo depredador con una vivencia personal que ilustra cómo la izquierda española, la más cutre y radical de Europa, trata de utilizar la buena voluntad de la clase obrera para conseguir por la fuerza lo que no ha conseguido en las urnas. Soy familia de mineros sindicalistas asturianos, algo de lo que me siento honrado. Conocí por sus relatos cómo en octubre del 34 los socialistas Prieto y Largo Caballero ordenaron a miles de jóvenes idealistas de UGT levantarse en armas contra el legítimo Gobierno de la República, mientras ellos permanecían cómodamente en Madrid sin arriesgar nada.

Mi tío Carlos, uno de estos jóvenes idealistas, pensando ingenuamente que luchaba por una España mejor y no por el gulag stalinista que querían implantar estos dos siniestros personajes, abandonó su hogar en Mieres para, con cientos de compañeros, ocupar la fábrica de armas de Trubia. Ya fuertemente armados, ocuparon toda la cuenca minera. Días después, una columna enviada desde León por orden del general Franco, a quien el Gobierno había encargado aplastar la rebelión, de la que formaba parte un competente capitán africanista, Juan Rodríguez Lozano, el famoso abuelo de José Luis Rodríguez Zapatero, entró en Asturias con muy escasos efectivos para enfrentarse a 3.000 mineros armados entre los que se encontraba mi tío. El capitán Lozano y sus compañeros derrotaron tras varios sangrientos combates a los mineros, en uno de los cuales, 14 de octubre, mi tío Carlos resultó abatido por las fuerzas bajo el mando de Lozano.

Nada puedo objetar del competente capitán, que cumplía con su deber, pero sí de los miserables Prieto, Largo Caballero y Luis Companys -pretencioso genocida que se jactó en 1938 de haber exterminado a todos los curas, frailes y monjas de Cataluña-, responsables de la rebelión que se fueron de rositas. Una derecha acomplejada y cobarde, en lugar de juzgar y condenarlos les soltó enseguida para que meses después, en febrero del 36, tras unas elecciones absolutamente fraudulentas (en palabras de Largo Caballero, “si no las ganamos iremos a la guerra civil”), sumieran a España en el caos en un intento de eliminar a la mitad del país que no pensaba como en ellos.

De sindicalistas verticales a depredadores de fondos públicos
El sindicalismo en España nació del anarquismo, en Andalucía y Cataluña básicamente. Mucho más tarde apareció UGT. Antes de la Guerra Civil, la CNT anarquista era el sindicato ampliamente dominante, con casi un millón de afiliados; la UGT socialista era seis veces más pequeña. Durante la guerra, los líderes anarquistas fueron exterminados por las milicias comunistas. Después de la guerra, el socialismo y UGT pasaron “35 años de vacaciones”, una acertada frase de Ramón Tamames. Solo los comunistas mantuvieron la oposición a Franco. A partir de los años 60, Marcelino Camacho, un comunista convencido, no demasiado inteligente pero honrado, valiente y hombre de palabra, copió una idea de un falangista llamado Maeztu (no confundir con el intelectual Ramiro) que propugnaba la creación de comisiones obreras. Con la UGT desaparecida, los comunistas se infiltran en los sindicatos verticales, donde su organización sindical CCOO llegaría a tener un papel preponderante.

Representando a menos del 10% de los trabajadores, su exclusividad en la negociación en los convenios colectivos les da una representación y una importancia social de la que en realidad carecen

A la muerte de Franco, con la implantación no de la democracia, sino de una monarquía oligárquica despilfarradora y corrupta -PP, PSOE y nacionalistas- que se repartiría el país como si fuera un solar a través del sistema autonómico, reaparece una UGT, con gente poco preparada, al contrario que CCOO, que tenía gente con experiencia y formada en los sindicatos verticales. CCOO era un gigante y el partido comunista, un pigmeo. Ante tal diferencia, Marcelino Camacho pone como una vela a Carrillo y mantiene una cierta independencia. Pero aquello no duró. Carrillo, a través de sus peones, le quitó el poder de facto, y Marcelino, un sindicalista de acero que nunca dejó de ser comunista pero que se mantuvo ajeno a las intrigas del aparato, acabó sucumbiendo.

UGT, resucitada de la mano del PSOE, no es más que una correa de transmisión de éste. Al contrario que CCOO. A partir de finales de los 80, los líderes genuinamente obreros del sindicalismo, Marcelino Camacho y Nicolás Redondo, fueron desapareciendo de escena para ser sustituidos por burócratas intrigantes que jamás han trabajado y que abandonan descaradamente su razón de ser: la protección de los trabajadores. En vez de eso, se convirtieron en depredadores cada vez más codiciosos tanto de fondos públicos como de los propios trabajadores. Su dependencia de los partidos se difuminó; solo se mantuvo como fuente de prebendas y de depredación de dinero público. Desde entonces, la clase trabajadora les importa un pimiento. El incremento del paro constituye para ellos un maná del cielo, más parados suponen ríos de dinero público y ellos son los principales beneficiarios. También, al contrario que en el pasado, se lo reparten a pachas con los empresarios.

En conjunto, UGT y CCOO se embolsan anualmente de unos 8.000 millones de euros entre el Estado, las autonomías, el expolio directo a los trabajadores y las exenciones de impuestos. Esta es la principal razón de la huelga general, ya que la reforma laboral pone en riesgo cierto esa cantidad, la segunda, tan importante como la primera. Representando a menos del 10% de los trabajadores, su exclusividad en la negociación en los convenios colectivos les da una representación y una importancia social de la que en realidad carecen totalmente. Hasta el punto que sus últimas “manifestaciones” han sido un fracaso de tal calibre, que ni siquiera han conseguido la asistencia de la totalidad de sus liberados, que viven como rajás sin dar un palo al agua gracias a su condición.

El único objetivo: volver al sillón blanco a renovar sus prebendas
La subvención directa del Gobierno es de 7 millones de euros, el chocolate del loro, pero después, como tienen una federación por CCAA cada una con once secciones dividas por actividad, al final tienen (11x17) 187 organizaciones que a su vez reciben subvenciones de cada CCAA, cifras que ambas sindicatos mantienen secretas. Los dos sindicatos reciben también subvenciones para todo tipo de actividades: cooperación internacional, ideología de género, memoria histórica y otros temas peregrinos. Y luego está el “y tiro porque me toca”, que consiste en que los líderes socialistas autonómicos les dan periódicamente cantidades enormes sin razón ni justificación alguna. UGT y CCOO son unos profesionales de la depredación de fondos públicos.

Luego tenemos la gestión en exclusiva de los cursos de formación, un regalo de Zapatero, por los que recibieron más de 3.000 millones euros en 2011. Después vienen los EREs, por cuya gestión cobran una media del 8 % de la indemnización a cada trabajador, y que en 2011 ascendieron a unos 400 millones de euros. Finalmente, están las exenciones de impuestos que suponen, entre impuestos sobre beneficios e IBIs sobre su gigantesco patrimonio inmobiliario, casi 3.000 millones. UGT y CCOO jamás han permitido ser auditados y los gobiernos no han tenido lo que hay que tener para imponerlo, como era su deber.

El objetivo real de la huelga general es claro: volver al sillón blanco de La Moncloa, que consideran su sitio, y restaurar íntegramente sus prebendas. Y como la huelga será un fracaso, el acto clave será la manifestación post huelga, el gran show ante los medios, y para cuyo éxito están poniendo toda la carne en el asador. Creo que el Gobierno no cederá, porque ya no puede hacerlo. Las cifras de enero son terroríficas: el déficit del Estado se ha doblado, los ingresos caído un 14,6% y el gasto público aumentado un 40,3%. Bajar el déficit al 5,3, 5,8 o 6,5% es una quimera, y lo peor es que en solo 19 meses tendrán que reducirlo al 3%, lo que implica un recorte de 60.000 millones si los ingresos fiscales se mantienen; y a 80 o 90.000 si no lo hacen. Esto ya no lo salva, como en agosto, ni San BCE. No pueden hacer concesión alguna, ni en la reforma laboral, ni dar un euro más a la banca o a los nacionalistas, ante quienes no paran de claudicar. Las CCAA no se sostienen. Rajoy, que después de trabajar seis horas el miércoles se confesaría agotado el pobre, está literalmente contra las cuerdas.

Cádiz 1812
De nuestra anorexia patriótica
José García Domínguez Libertad Digital 19 Marzo 2012

Reza el artículo 339 de la Constitución de Cádiz: "Las contribuciones se repartirán entre todos los españoles en proporción a sus facultades, sin excepción ni privilegio alguno". Tal que así pensaban los genuinos liberales que, hoy hace doscientos años, alumbraron la Nación española dentro de una pequeña iglesia sitiada. Y eso mismo seguimos pensando algunos dos siglos después. Ocurre que la España moderna, construcción de continuo tambaleante, precaria, en cada instante a punto de deshilacharse, es el fruto histórico de la confluencia de dos miserias. Por un lado, la indigencia intelectual de la izquierda, incapaz de crear una narración propia no subordinada al discurso corrosivo de los nacionalismos periféricos.

Por el otro, la legendaria cortedad de miras de la derecha, siempre presta a suplir con retórica patriotera su responsabilidad: vertebrar la Nación a través de la labor de integración del Estado. Una misión, la nacionalizadora, que, ¡ay!, costaba dinero. Y he ahí la resultante de ambas impotencias, ese rasgo diferencial tan nuestro, lo que José Ignacio Wert bautizó "anorexia patriótica". La tara que nos inhabilita para participar de un repertorio simbólico compartido, un imaginario que trascienda las divisiones partidistas. Moldear aquello que Renan dio en llamar un "plebiscito cotidiano", los lazos de afecto que trenzan los mimbres de una comunidad por encima de los meros formalismos jurídicos, fue la misión que los liberales del XIX encomendaron al Estado-nación.

Mandato imperativo al que los constituyentes de 1812 no serían ajenos al redactar aquel trozo de papel mojado. A fin de cuentas, si hoy Francia no resulta puesta en duda por nadie, es porque la República hizo franceses. Y no con grandes discursos y banderas, por cierto, sino con escuelas públicas, obligatorias y gratuitas en cada rincón del hexágono. Porque, contra lo que pretenden los románticos de todos los partidos, es el Estado quien crea a la nación, y no viceversa. Hoy, a dos siglos del 19 de marzo de 1812, la labor ingente que se propuso La Pepa sigue a medio hacer. O mejor, a medio deshacer. Cádiz ansió izar el Estado-nación. Quién habría de decirles que, en el siglo XXI, izquierda y derecha se repartirían el trabajo de demolerlo al alimón. La una, revuelta contra la Nación. La otra, contra el Estado.

El Sr. García Domínguez es economista, comentarista político de esRadio y ABC. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital. Sígalo en Twitter: @jg_dominguez

Cádiz 1812 - 2012
El virus francés
José Carlos Rodríguez Libertad Digital 19 Marzo 2012

1812 es el año que más ha inspirado a los liberales españoles. La Constitución de aquél año ha sido una de las contribuciones de España a la política, junto con la misma palabra “liberal”, a la que está tan hermanada. Aunque tuvo escasa vigencia en España, llegamos a exportarla en la primera mitad del siglo XIX. Este lunes se cumplen 200 años de su proclamación, y a los liberales de hoy nos toca pagarle el homenaje correspondiente a aquéllos hombres que quisieron reconstruir la nación, aherrojada por los franceses, apelando a las libertades que pertenecen a la persona y que no se habían reconocido plenamente.

Pero yo creo que debiéramos reconocer que aquéllas cortes, y la Constitución que alumbraron, constituyeron un inmenso error. A aquéllos hombres, que todavía nombran nuestras calles y plazas, no se les puede negar su patriotismo, e incluso su heroísmo. Se negaron a entregarse al invasor y se propusieron aprovechar aquél peligroso trance para que la España que saliese de él fuera mejor que la que habían heredado. Pero su efecto sobre la política española a largo plazo ha sido muy negativo.

Introdujeron la soberanía nacional, una idea engañosa que en el nombre de la voluntad del pueblo le otorga al Estado el poder absoluto para decidir sobre nuestra vida. Soberanía nacional o soberanía del individuo. La segunda no llega más que hasta donde se asiente la primera. Coronada por el prestigio de la democracia, la soberanía nacional es prácticamente ilimitada. Hoy nos parece normal que el Estado decida por nosotros sobre asuntos que nos atañen en exclusiva, como lo que consumimos o la educación que le daremos a nuestros hijos.

Pero hay un cambio más sutil, pero quizás más brutal, que fue introducido por la Constitución de 1812, y es la idea de que un papel escrito por unas personalidades ilustres y en el que se expresan ideas reconocibles por muchos, puede cambiar todo el sistema político. Así, todo es mudable. Nada es fijo. Liberado del peso de la tradición, el sistema político puede encaminarse hacia la reconstrucción plena de la sociedad, sin que nada le detenga. De 1812 a 1931 sólo hay un paso.

Con La Pepa dimos varios pasos adelante, muy importantes, como el reconocimiento de varias libertades, como la de la imprenta o algunas otras de carácter económico. Pero al concederle al Estado la facultad de otorgarnos libertades, también le dimos la facultad de retirárnoslas. Había ya una Constitución española, acervo de usos e instituciones heredados de antiguo. Debía ser modificada, modernizada, reformada, para un mayor reconocimiento de los derechos de los españoles. Pero nos dejamos inocular el virus francés de la soberanía nacional y de la voluntad general, con el corolario de que nuestros derechos no tienen más consistencia que la plastilina en las manos de los políticos.

El Sr. Rodríguez es periodista de El Telediario de Intereconomía TV. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital. Sígalo en Twitter: @caraamable

La Pepa y el patriotismo constitucional
http://alfonsodelavega.com 19 Marzo 2012

Se cumple el Bicentenario de la considerada primera constitución española. El Cádiz de 1812 que acogió a unos cuantos constitucionalistas más o menos liberales se encontraba sitiada por el ejército de Napoleón, pero se convirtió en un refugio del patriotismo y de la Libertad en una España devastada por la guerra, el fanatismo o la vileza e incompetencia de la clase dirigente. Hoy podemos pensar que la España actual es muy diferente en muchas cosas aunque en otras quizás no tanto.

Ahora también nos encontramos ante una crisis nacional devastadora con el convencimiento de que muchas cosas van a tener que cambiar cuando logremos sobrevivirla. Y apenas nos queda más refugio que el amor a España y a la Libertad, las virtudes cívicas y espirituales, por lo que nos conviene acertar en el diagnóstico. Una primera necesidad es la constatación del estado de legitimidad y solvencia intelectual, técnica, económica y moral de nuestras instituciones.

Entonces como ahora, la gente más decente e ilustrada pudo comprobar que no ya no servían, que se habían constituido en un obstáculo para nuestra paz y prosperidad. Otra que la crisis puede tener una salida absolutista por la que el Deseado y su tinglado puedan perpetrar impunemente sus felonías, u otra, liberal, constitucional, que defienda que “la nación española es libre e independiente, y no puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”. Y que las cosas serán muy diferentes según qué opción consiga vencer. Y para ello es preciso o doblegar o convencer para ser mejores.

Desde que Popper escribiera su libro sobre la sociedad abierta y sus enemigos algunos de ellos han perdido importancia, otros por el contrario, como el nacionalismo y la rama islámica del integrismo religioso se han exacerbado, dando lugar, en sus formas más virulentas, al terrorismo. La presente hegemonía de la plutocracia universal es otra paradójica amenaza para la sociedad abierta y a sus instituciones.

En Occidente, a favor de la popperiana sociedad abierta, lucharon la Ilustración, la Enciclopedia, la Revolución Francesa. Su plasmación fue la instauración de una concepción laica de entender la legislación y de tratar de fundamentar la Moral pública y el ejercicio de la ciudadanía en lo que tienen de común todos los hombres.

En España, estos ideales ilustrados, mejor o peor, se trataron de reestablecer con la actual constitución. Sin embargo, se dio cuartel y hacienda a los nacionalismos integristas, herederos de los privilegios medievales, instrumentos de la reacción de la sociedad cerrada. Para colmo, los cien mil hijos de San Luis que arrumbaron el trienio constitucional serían hoy los anónimos “mercados” que avasallan las instituciones representativas.

Ahora, a falta de un mejor fundamento de lo patriótico que debería ser el bienestar de España como nación libre y avanzada, con el término de patriotismo constitucional podemos referir la causa de la sociedad abierta frente al mantenimiento de las sociedades cerradas.

Desde La Coruña, ciudad abierta y liberal, saludamos a la hermana Cádiz y lo que significa.

El triunfo de una idea fracasada
A pesar de su rotundo fracaso, la Constitución de 1812 sigue apareciendo como el paradigma del liberalismo y el constitucionalismo en España y en otros países
JORGE DE ESTEBAN El Mundo 19 Marzo 2012

El bicentenario que celebramos este año, recordando la Constitución de 1812, es un ejemplo típico de la importancia de los mitos políticos en una sociedad. En efecto, el mito político cumple una función fundamental con vistas a la cohesión y al sentimiento de adhesión en toda comunidad. Desde este punto de vista, es indiferente que la realidad que simboliza el mito haya sido verdad o no. Lo importante de los mitos no radica en que hayan sido reales, sino que las sociedades lo crean así.

La Constitución de Cádiz es el arquetipo del triunfo de una idea fracasada, porque se convirtió en mito. Ciertamente, la norma elaborada primero en la Isla de León y luego en la ciudad de Cádiz, probablemente la más cosmopolita de las ciudades españolas de esa época, no se llegó a aplicar nunca, aunque se mantiene que estuvo vigente en tres periodos de dos años cada uno. Pero precisamente por eso es por lo que 200 años después sigue apareciendo como el paradigma del liberalismo y del constitucionalismo, no sólo en España, sino también en muchos países extranjeros. Ahora bien, es cierto que no podía aplicarse tanto por cobijar dos ideologías enfrentadas, como porque no existían medios para que pudiese estar vigente nada menos que en cuatro continentes del mundo.

Sin embargo, el legado que nos ha dejado y que celebramos este año no consiste en su perfección técnica, que dejaba mucho que desear, sino en los principios y en los valores que todavía están en vigor y que han inspirado a casi todas nuestras constituciones. Por lo demás, lo primero que habría que resaltar de aquella epopeya, por encima del propio texto de la Constitución, no es únicamente lo que se hizo, sino sobre todo el cómo se hizo. La convocatoria de las Cortes, a medida que iba avanzando el ejército francés, obligó a que se reunieran los diputados en la Isla de León, hoy San Fernando, un lugar apropiado para impedir el paso de aquel, hasta que finalmente se trasladaron a la ciudad de Cádiz. Blanco White escribió que el espacio reducido de una ciudad sitiada no era el mejor teatro para empezar la reforma que necesitaba España. Lo cual es cierto, pero como la Historia se hace muchas veces a través de senderos bifurcados, el gran mérito involuntario de Napoleón al invadir España no fue ni más ni menos que el de provocar, por decirlo así, la entrada del constitucionalismo moderno en España, puesto que ésa fue la razón de que se redactasen sucesivamente dos constituciones elaboradas para los españoles, en la que intervinieron personas de diversas ideologías. Ciertamente, la Constitución de Cádiz fue, ante todo, una alternativa claramente nacional frente a la anterior de Bayona, en la que había colaborado también, dentro de unos límites, un grupo de españoles liberales denominados afrancesados. Pero como el significado y el alcance de ambas constituciones son diferentes, conviene centrarse únicamente en la propiamente española, que fue la gaditana.

El hecho de haberse elaborado después de las penalidades y aventuras que conocieron los diputados hasta llegar a Cádiz es un dato esencial para comprender el color que tiñó toda la elaboración del texto constitucional, esto es, el patriotismo. En efecto, el patriotismo de los diputados que formaron la Asamblea Constituyente es lo que explica en parte que se llegase a un acuerdo por encima de las ideologías que se enfrentaban allí. Lo primero que sorprende si analizamos el texto gaditano es que hay dos tipos de ideas que defendían los dos grandes grupos de diputados en que se podían dividir los mismos. Por una parte, estaba el grupo tradicionalista, que defendía, por encima de todo, la religión católica como la única verdadera de España. Y por otro lado, un grupo mucho más reducido, pero con una mayor preparación y cultura, que podríamos denominar los liberales, muy influidos por la Revolución Francesa y el texto constitucional de 1791. Éstos fueron los que introdujeron precisamente los conceptos básicos que confieren su personalidad a la Constitución gaditana y que constituyeron su legado para la Historia. Si tuviésemos que exponer sucintamente los mismos podríamos señalar que fueron los siguientes: primero, surge con fuerza el concepto de Nación, que aparece ahora como el autentico sujeto de la soberanía. Segundo, las Cortes dejan de ser una asamblea en la que se integran los tres estamentos de la época medieval, para convertirse, cada uno de los diputados y todos ellos juntos, en representantes de la Nación, sin ningún mandato imperativo. Tercero, es una norma liberal, porque adopta la libertad de imprenta, que es la síntesis de todas las libertades, recogiéndose además en otros artículos, desperdigados por todo el texto, los derechos fundamentales de esa época. Cuarto, se acaba con la Monarquía absoluta, dando lugar a una Monarquía constitucional o limitada, en la que el Rey está sujeto a unos límites y los españoles se convierten en ciudadanos, dejando de ser súbditos. Y, quinto, se introduce la división de poderes, según la doctrina de Montesquieu.

En definitiva, la peculiaridad, realmente milagrosa, de la Constitución de Cádiz consiste en que trata de fusionar, en un solo elemento, por decirlo así, el agua progresista con el aceite tradicional. En otras palabras, si se pudo llevar a cabo este intento constitucional contra natura, entre el progreso y la reacción, fue por la unión de ambas tendencias ante el enemigo francés. En tal sentido, el patriotismo funcionó, pero una Constitución por muy patriótica que sea, no podrá ser aplicada si se ha mezclado el aceite con el agua, porque no se pueden fusionar. Sea como sea, el mito político había surgido y, a pesar de su fracaso, triunfó en el mundo entero

Doscientos años de La Pepa
César VIDAL La Razón 19 Marzo 2012

Se cumple hoy el bicentenario de la Constitución de Cádiz –a la que los absolutistas despectivamente motejaron como La Pepa– y no han faltado los análisis de todo tipo sobre nuestro primer texto constitucional. Repasando en los últimos meses las fuentes de la época, no he podido dejar de sentir un regusto de pesar y tristeza. Sabido es que cuando Fernando VII, el rey felón, regresó a territorio español entre sus primeras villanías, se halló la de derogar la Constitución intentando que la Historia retrocediera. Menos conocido es que ese trágico destino había sido ya anunciado por José María Blanco White desde el exilio. Tras abandonar Sevilla al ser ocupada en 1810 por los invasores franceses, José María Blanco se estableció en Inglaterra, desde donde siguió con entusiasmo la peripecia de las Cortes de Cádiz. No tardó, sin embargo, en darse cuenta de que el empeño –noble como pocos– iba a concluir en fracaso.

Para Blanco White, la razón iba a ser doble. En primer lugar, que los padres de la Constitución, acostumbrados a tratar con la Junta, habían llegado a la errónea conclusión de que podrían lidiar fácilmente con el poder ejecutivo. Blanco White les advirtió de que era un grave error, ya que si el rey, al regresar del cautiverio, no contaba con frenos y contrapesos a su labor, aplastaría la Constitución sin problemas.

En segundo lugar, la Constitución –un texto liberal en el que las influencias de Locke, de la constitución francesa de 1791 y del código Napoleón resultaban manifiestas– omitía un derecho fundamental como el de la libertad de religión con lo que se entregaba algo tan importante como la conciencia a una institución –la Iglesia católica– que no se caracterizaba precisamente por su liberalismo ni por su creencia en la soberanía nacional. Si ambos aspectos no se corregían –señalaba Blanco White– la empresa constitucional naufragaría. Sabido es que el exiliado acertó en sus pronósticos y su destierro se convirtió en perpetuo. Sabido es también que de la derrota de los liberales derivó en un siglo XIX fallido en el que las disputas dinásticas apenas acertaron a cubrir la lucha entre los que deseaban modernizar España y los que pretendían mantenerla en la Edad Media.

Sabido es también que no pocos de los avances impulsados por los liberales de Cádiz –la igualdad fiscal, el mercado único entre regiones, la unidad de la legislación civil– ni siquiera a día de hoy se han llegado a imponer. Por añadidura, no pocos de aquellos liberales acabaron exhalando el último aliento en tierra extraña o sufrieron el aventamiento de sus cenizas, como pasó con las de Isidoro Antillón a manos de bárbaros carlistas. Eran de lo mejor que ha dado España y, precisamente por ello, concluyeron sus vidas fuera de ella. Gran lección –que no debería olvidarse– para la España en crisis de estos días presentes.

Cádiz 1812: Nación y Constitución
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 19 Marzo 2012

El 19 de marzo de 1812 se aprobó la primera Constitución que reconocía la soberanía exclusiva de la Nación Española. Una celebración muy importante que no ha tenido la consideración oficial debida. Pero junto a este olvido hay otro riesgo y es el de quienes, con razón, alaben esta Constitución lo hagan a costa de minusvalorar la Nación que le dio vida. Aclaremos esta cuestión: la Constitución de 1812 no creó a la Nación, sino que fue la Nación la que creó esta Constitución.

Ya he dejado escrito aquí que la Constitución de 1812 es la más importante de nuestra historia y que debiera ser el 19 de marzo el "día de la Constitución". Lamentablemente, el gobierno Rajoy no parece haber hecho nada para subsanar el escaso relieve que su antecesor ha querido dar a esta conmemoración importantísima. Es cierto que sólo lleva tres meses en el poder... pero algo más se podría haber hecho.

Ahora me preocupa otra cuestión y es la de aclarar la relación entre "Nación" y "Constitución".
Algunos sostienen que antes de la Constitución de 1812 no existió la "Nación" española. La "Nación" fue, para ellos, una "creación" de la "Constitución". Algunos matizan que lo que "creó" la Constitución fue la nación "moderna".

La tesis tiene amplias consecuencias porque su aceptación deja abierta la puerta, en relación al pasado, a considerar que hubo en esta tierra otras "naciones" distintas de la española y, en relación al futuro, a introducir como modelo el "Estado federal".

Dentro de este grupo hay quien matiza diciendo que la Constitución "creó" la nación en sentido "moderno", aunque debieran aclarar qué diferencias hay entre una nación en sentido "moderno" y en sentido "antiguo". No creo que la atribución de la soberanía sea el elemento clave porque entonces: ¿dejó España de ser una nación en sentido "moderno" los larguísimos períodos de los dos últimos siglos en los que la Nación no fue considerada como titular exclusiva de la soberanía?

No. Creo que se equivocan.
La Nación española, como he dejado dicho aquí, nace el 8 de mayo de 589, fecha en la que con el III Concilio de Toledo se fragua la unidad cultural, religiosa y jurídica de una entidad política independiente llamada HISPANIA.

Fue precisamente esa unidad PREVIA la que da TODO EL SENTIDO a lo que ocurre durante la Reconquista, período en el que hubo UNA NACIÓN dividida en VARIOS REINOS. Me remito en este punto a José Antonio Maravall y a su obra, de referencia absoluta, "El concepto de España en la Edad Media" (Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1954) así como a los trabajos de Don Ramón Menéndez Pidal.

Esa nación siguió existiendo en la EDAD MODERNA. Y para ello conviene remitirse al trabajo de Mateo Ballester Rodríguez, "La identidad española en la Edad Moderna (1556-1665). Discursos, símbolos y mitos" (Tecnos, Madrid, 2010). Esa es la nación que aparece en un autor ilustrado importantísimo como es José Cadalso en sus "Cartas Marruecas", publicadas en 1789, siete años después de la muerte de su autor.

La Nación Española, en definitiva, no se "crea" tras la invasión napoleónica. YA EXISTÍA PREVIAMENTE. No la "crea" la Constitución". Antes al contrario: ES LA NACIÓN LA QUE CREA LA "CONSTITUCIÓN".
No sería poco fruto de este aniversario que quedara clara esta idea: que la Constitución de 1812 fue posible porque ya existía una Nación. Y no viceversa.

'La Pepa' o el fracaso del liberalismo
Carlos Sánchez. El Confidencial 19 Marzo 2012

Hay un hecho que suele pasar inadvertido pero que marca el destino de España. El historiador y periodista Fernández Almagro comprobó que la Constitución de 1812 -hoy se cumplen 200 años- fue redactada por 97 eclesiásticos, ocho títulos vinculados a la Corona, 37 militares, 16 catedráticos, 60 abogados, 55 funcionarios públicos, 15 grandes propietarios, nueve marinos, cinco comerciantes, cuatro escritores y dos médicos. Hay quien sostiene que, incluso, había también un arquitecto.

La composición no reflejaba en absoluto la España real de entonces, y ello explica en parte el devenir histórico de este país durante los últimos doscientos años, marcados, salvo algunos cortos periodos, por el desprecio de la economía en favor de la política. De la mala política, habría que añadir.

En las Cortes gaditanas, no estaban representados ni los pequeños propietarios ni los jornaleros ni los arrendatarios ni los artesanos. No podía ser de otra manera en una España que salía del absolutismo y cuyo territorio había sido invadido por las tropas de Napoleón.

Había una excepción, la Isla de León, donde una muchedumbre acompañó a los ‘doceañistas’ al grito de “¡A las cortes!”, “¡A las Cortes!” mientas que los cañones franceses, fondeados en la bahía, hacían oír su estruendo. Como dijo Galdós en sus Episodios Nacionales, aquél día parecía ‘tarde de toros’. Cádiz, siguiendo el tópico, era una fiesta. Majos, contrabandistas, chalanes y menestrales querían participar en el nacimiento de la nación española.

El hecho de que sólo cinco redactores de la Constitución de 1812 fueran comerciantes frente a 97 canónigos, 60 abogados o 55 funcionarios -o, incluso, tres inquisidores- sólo refleja cómo la cosa pública quedó en manos de una clase dirigente ajena al país real. Un país de eclesiásticos y funcionarios que ninguneó el comercio y la creación de riqueza. Y que se acostumbró a perseguir hasta el exterminio a masones, liberales y afrancesados.

Muerte en el exilio
El primer orador del sistema parlamentario español -el hito que marca la transcendencia de las Cortes de Cádiz- es, de hecho, Diego Muñoz-Torrero, un fraile que representaba, sin embargo, las ideas liberales de Extremadura. Tenía 54 años, había sido rector de la Universidad de Salamanca y cuentan las crónicas que era muy versado en leyes y cánones. Como tantos otros, murió en el exilio portugués.

Su vida es fiel reflejo del fracaso del reformismo ilustrado en España, y que de forma tan precisa definió Carlos Marx cuando reflexionó sobre el significado de la Constitución de 1812: ‘Mientras en el resto de España se imponía la acción sin ideas, en el Cádiz de las Cortes triunfaban las ideas sin acción’. Y el liberalismo, que al menos como vocablo fue un invento español, murió a temprana edad.

El hecho de que sólo cinco redactores de la Constitución de 1812 fueran comerciantes frente a 97 canónigos, 60 abogados o 55 funcionarios -o, incluso, tres inquisidores- sólo refleja cómo la cosa pública quedó en manos de una clase dirigente ajena al país real. Un país de eclesiásticos y funcionarios que ninguneó el comercio y la creación de riqueza

Las Cortes que proclamaron la soberanía de la nación española, la separación de poderes o la inviolabilidad de los diputados son las mismas que proclamaron el regreso de Fernando VII, la semilla del diablo. Y son las mismas que ven con desdén el hundimiento del imperio colonial y su significado histórico. Como ha explicado el profesor Tortella, la España del XIX es escenario de repetidos fracasos del sistema liberal, que sólo acabaría imponiéndose en la Restauración, pero con su corolario de caciquismo, clientelismo político y pucherazo, esa extraña aportación de España a la teoría política.

El fracaso del liberalismo español explica muchos problemas actuales. Los orígenes, como ha explicado la ensayista Marjorie Grice-Hutchinson, tienen que ver con los principios morales de la Iglesia que consideraba al dinero “estéril por naturaleza” y, por lo tanto, “no podía dar frutos”.

La Iglesia vio en el mercantilismo una amenaza real para la fe católica. Sobre todo tras la conquista del territorio americano, rico en minerales preciosos y materias primas, lo que justificó el nacimiento de una nueva teoría del dinero que dejaba extramuros de la fe católica a quien practicase la ‘usura’ o el mercantilismo con ánimo de lucro.

No era un asunto baladí. La usura llegó a considerarse un pecado mortal que podía desembocar en una acusación mucho más grave: la de cometer herejía. Y ya en 1580, como recordaba Gerard Brenan, “las pocas fábricas de paños que existían en el país desaparecieron, y los españoles se convirtieron en un pueblo rentista, una nación de caballeros, que vivía en parasitaria dependencia del oro y la plata que les llegaban de las Indias y de la industria de los Países Bajos”.

Los grupos de presión
Con estos antecedentes, es lógico pensar que el Cádiz liberal estaba condenado al fracaso. España fue incapaz de reformarse a sí misma, como sostiene Tortella. Y eso explica errores históricos en forma de arancel impulsados por los cerealistas castellanos, los algodoneros catalanes, los metalúrgicos vascos y hasta los ferreteros malagueños.

Como ha dicho Grice-Hutchinson, el arancel del 9 de julio de 1841 significó la victoria de los intereses proteccionistas. O lo que es lo mismo, el fin del sueño liberal (no democrático) nacido en Cádiz. Y eso que España pudo contar en el siglo XVIII con uno de los economistas mercantilistas más importantes de su época; Gerónimo de Uztáriz, prócer del libre comercio y cuya obra fue traducida al inglés, francés e italiano. Uztáriz fue quien suministró a Adam Smith datos sobre España, y algunos de sus argumentos fueron incluidos por el economista escocés en La Riqueza de las Naciones.

El Cádiz liberal estaba condenado al fracaso. España fue incapaz de reformarse a sí misma. Y eso explica errores históricos en forma de arancel impulsados por los cerealistas castellanos, los algodoneros catalanes, los metalúrgicos vascos y hasta los ferreteros malagueños

No fue suficiente. Las libertades políticas nacidas en 1812 -con largos periodos de regreso al absolutismo- no desembarcaron en las orillas de la economía, y, como han descrito certeramente Mercedes Cabrera y Fernando Del Rey, lo cierto es que la mayor parte de las grandes fortunas españolas hasta la Restauración estuvieron disociadas del mundo industrial, con la excepción parcial de Barcelona, Vizcaya y Asturias. El capital “prefirió” otros horizontes de inversión de carácter más rentista que empresarial: bienes rústicos, inmuebles urbanos, préstamo privado, títulos de deuda o valores bursátiles sin riego. A mediados del siglo XIX ningún empresario industrial podía incluirse entre la élite del dinero.

No es de extrañar, por lo tanto, que la corrupción y la picaresca; el chalaneo y la mentira, formaran parte de la idiosincrasia nacional. Está acreditado que el Conde Toreno, ministro de Hacienda, dimitió no sin antes haberse embolsado cinco millones de reales de la familia Rothschild a cuenta de unos contratos de mercurio en Minas de Almadén. O que un discípulo suyo, Alejandro Mon, en plena desesperación por la anorexia económica del Estado, llegara a dar dinero a un inversor suizo que aseguraba conocer el lugar en que había un tesoro escondido.

Por supuesto que no lo había. Y, como ha sucedido en los últimos años, no había siquiera interés por la industria nacional. El historiador Josep Fontana ha acreditado que el desinterés de los políticos españoles por la industrialización del país era tan hiriente que una exploración a fondo de los diarios de sesiones de las Cortes entre 1834 y 1854 (24 legislaturas) da como resultado que no se encuentra ninguna entrada que responda a las palabras ‘industria’ o ‘manufactura’.

El fracaso del estado liberal
No sorprende, por lo tanto, que tanta desidia acabara por empobrecer el país hasta límites sonrojantes. Conviene saber que cuando las Cortes constituyentes estaban reunidas en Cádiz, la renta per cápita de los españoles era sólo algo inferior a la francesa y un 25% menor que la inglesa, en plena revolución industrial. Pero que al acabar el siglo XIX no llegaba ya ni a la mitad de Gran Bretaña, Alemania o Francia.

Lo que había fracasado era el Estado liberal. Igual que ahora. Los recientes casos de corrupción son fruto de una España clientelar (Urdagarín, los EREs de Andalucía, el ‘caso Blanco’, Gürtel, la corrupción urbanística…) que sólo se explica por la existencia de un Estado ‘benefactor’ nacido no para proteger a los más débiles, en última instancia la esencia de la sociedad del bienestar; sino, por el contrario, como un instrumento de asignación de recursos basado en la capacidad de influencia de las élites políticas.

La crisis del Estado arrastra al sector privado. O viceversa, según se mire. La inexistencia de una cultura del emprendimiento ha acabado por ahogar las finanzas públicas. El sector privado no es más que una prolongación de lo público, y cuando éste entra en barrena, sólo cabe la penuria

La crisis del Estado es, en definitiva, la crisis de la sociedad. Y ese es, probablemente, la cuestión de fondo de la actual zozobra económica. España nunca ha sabido salvaguardar al sector privado del público. Y cuando el Estado ha entrado en crisis por la incapacidad de los gobernantes de asegurar la sostenibilidad de la Administración mediante un sistema fiscal eficaz, lo que ha ocurrido es que las empresas –acostumbradas a vivir de las migajas del Estado falsamente benefactor- han acabado por sucumbir ante tanto dislate. Ante tanto dispendio.

Este es, en realidad, el fondo del problema. La crisis del Estado arrastra al sector privado. O viceversa, según se mire. La inexistencia de una cultura del emprendimiento ha acabado por ahogar las finanzas públicas. El sector privado no es más que una prolongación de lo público, y cuando éste entra en barrena, sólo cabe la penuria. El retroceso en términos históricos.

No es baladí que España sea el país del mundo donde más veces el Estado ha presentad suspensión de pagos. Como han demostrado los economistas Reinhart y Rogoff, nada menos que en diez ocasiones la Hacienda pública ha entrado en bancarrota. Lo nunca visto.

Pese a ello, el modelo constitucional continúa impertérrito. Como si no pasara nada. Sólo en la apresurada reforma del último verano –y ya con el agua al cuello- los legisladores se dieron cuenta de que el modelo de Estado es insostenible. Que la bienintencionada Constitución de 1978 –inspirada en la alemana pero sin la disciplina prusiana- es, simplemente, inaplicable si no se crea riqueza.

La misma Constitución que dice que la nación española se constituye para promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida. Y la misma que sostiene que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos. Ni una palabra sobre cómo conseguirlo.

Y esta es, en realidad de la herencia de ‘la Pepa’. Un país de leguleyos volcado en lo político que tira de voluntarismo para salir de la crisis, incapaz de entender que la economía tiene sus reglas. Su coherencia interna. Sus leyes indefectibles que hay cumplir.

Sin embargo, se construyó un mito en torno a las Cortes de Cádiz. Aunque lo cierto es que a lo largo del siglo XIX, hasta la Restauración, el Estado español se vertebró a partir de unos principios muy distintos, cuando no enfrentados, a los que la Constitución de 1812 proclama. En particular el artículo 13. Ese que dice que “el objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bienestar de los individuos que la componen”. La filantropía de la Ilustración como fuente del Derecho. Y en eso estamos. Un país al borde la bancarrota que sigue viviendo de sus mitos.

¿La derecha es gilipollas? Escuredo piensa que sí
Ricardo Chamorro www.elsemanaldigital.com 19 Marzo 2012

La violencia verbal en forma de insultos se generaliza en Andalucía por parte del PSOE

Llamándoles gilipollas se dirigía Rafael Escuredo a los dirigentes del PP ya que, según este hijo predilecto de Andalucía, “Son tan gilipollas que van de sobrados y no necesitan a nadie”. El señor Escuredo además dijo que Andalucía es la última trinchera del estado de bienestar que la derecha pretende desmantelar y apeló nada menos que a los muertos, no se sabe bien a cuales, cuando dijo “Ni un paso atrás, por nuestros muertos”.

Este profesor de derecho del trabajo que comenzó enseñando y empapándose de las normas laborales franquistas, con casi 70 años hoy, fue protagonista de la negociación preautonómica andaluza. Rafael Escuredo fue el primer presidente de la Junta de Andalucía que días antes de su elección, allá por 1979, declaró ser “socialdemócrata nacionalista andaluz” además de tener como supuesto objetivo “terminar con la corrupción de un sistema ancestral que tiene a Andalucía a los pies de los caballos”. Ese sistema ancestral al que se refería Escuredo ha mutado en el régimen mafioso de la PSOE en Andalucía que después de 30 años ha llevado a esta región a los niveles de corrupción más altos de España y con el vergonzoso escándalo de los ERES fraudulentos coleando.

No obstante lo importante de los hechos es concretamente la poca educación de los dirigentes de la izquierda a la hora de dirigirse a los contrincantes políticos, su violencia dialéctica conecta con sus manifestaciones en la calle, asaltos de sedes del PP o agresiones físicas o verbales. Hace unos días también el dirigente de IU de Utrera, Carlos Guirao, llamaba “perros fascistas” a los miembros del PP en plena campaña electoral. Aun recordamos al señor Pedro Castro ex alcalde de Getafe del PSOE y ex Presidente de la FEMP con ZP cuando dijo "¿Por qué hay tanto tonto de los cojones que todavía vota a la derecha?"

La izquierda demuestra una y otra vez su violencia, desde el sur hasta el norte son cientos las anécdotas en las que la izquierda no respeta la convivencia cívica, da igual que quien insulte sea un nacionalista socialista andaluz como Escuredo o el nacionalista socialista vasco Otegui, todos en la izquierda actúan con una violencia verbal hacia la derecha que últimamente empieza a preocupar.

Los insultos demuestran un nerviosismo cada vez mayor ante la evidencia de que la izquierda, representada por el PSOE, está a punto de perder su ultimo gran feudo y su hegemonía política se termina. La izquierda española no solo perderá su hegemonía política después de ZP sino que comienzan años duros donde la batalla de las ideas también va a ser un ámbito de lucha, la izquierda ha gozado desde la muerte de Franco del monopolio de lo políticamente correcto en este país.

Hoy distintos dirigentes populares advierten que darán la batalla, tal y como Esperanza Aguirre que hace unos días decía que "(El PP) es un partido sin complejos, que no rehúye la ley. (El Congreso ha de servir) para que el partido no se resigne nunca y quiera y sepa dar las batallas ideológicas contra los lugares comunes y esa absurda pretensión de la izquierda de alardear de superioridad moral".

Los insultos no son la mejor manera para hacer política y los fantasmas de la violencia parece que renacen por doquier en esta España de la crisis y del desempleo. Mal asunto es que los dirigentes políticos se dejen llevar por las visceralidades en este caldo de cultivo tan crítico para España, esperemos que todos pongan de su parte y que entre todos seamos capaces de encauzar los destinos de la nación española y alejarnos definitivamente de los abismos endémicos entre españoles.

www.twitter.com/rchamode

Funcionarios en pie de guerra
Juan Vicente Santacreu Estrella Digital 19 Marzo 2012

Cuando los políticos se enfrentan a “una protesta”, lo primero que hacen es verificar las armas del enemigo para combatirlo o desarmarlo. Si los políticos invirtieran tanta energía en solucionar problemas en lugar de combatirlos, España iría mejor.

He aquí el penúltimo episodio del enfrentamiento entre la administración y los funcionarios. En este caso me refiero a la Comunidad Valenciana.

El sector de la docencia se manifestó en Valencia con el apoyo de los padres de alumnos y dirigidos por sindicatos y organizaciones de izquierdas. Mientras los maestros y profesores solo acudieron para reclamar que se diera marcha atrás en los recortes salariales, eliminación de sexenios, edad de jubilación, etc... Los sindicatos canalizaron las protestas pidiendo más valenciano en los colegios, más dignidad y más calidad en la enseñanza pública... y a los concertados, ¡¡que les den!!. Nada que ver con las demandas de los funcionarios. De los salarios, nada se dijo. Los sindicatos se olvidan que los profesores de los concertados, también son trabajadores y los alumnos de los concertados, también son niños españoles.

La Generalidad Valenciana, encontrándose en quiebra técnica, ha optado una vez más por desarmar al enemigo en lugar de solucionar el problema. El Gobierno de Rajoy transfirió un buen pellizco de millones a su aliado de batalla -la Generalidad Valenciana- para hacer frente a las deudas más urgentes, anunciando que va a pagar a todos los colegios públicos y concertados.

Al pagar las deudas, los políticos han conseguido desarmar al enemigo, dividirlo y enmudecerlo. Los funcionarios de Valencia se han quedado solos. Ya no tienen apoyo de los padres ni de los sindicatos, porque ¿quién va apoyar ahora las demandas de los funcionarios?. Es más, a muchos ciudadanos les parece incluso bien que se bajen los sueldos a estos. Y es que los ciudadanos aún no han aprendido que después de recortes para unos, irán “peladas” para otros. Por eso en Masby estamos en pie de guerra, para despertar a la ciudadanía.

Cuando parecía que los funcionarios lo tenían todo perdido, resurge la indignación y empiezan a organizarse al margen de sindicatos manipuladores para canalizar sus demandas buscando acciones que predispongan a la administración a negociar en un tono dialogante.

En un momento en el que el derroche faraónico carcome los pilares de las instituciones valencianas ¿qué pasaría si todos los maestros se negaran hacer salidas extraescolares a museos e instituciones valencianas?. La respuesta es sencilla, a los millones de pérdidas que tienen todos los museos de Valencia, -que muchos ya están cerrando- habría que sumar la ausencia total de visitantes escolares, que son al fin y al cabo quienes están paliando las pérdidas. Todos los museos de Valencia, no durarían más de 6 meses con las puertas abiertas.

Solo con esta medida se pondría en jaque a la administración y seguro que empezarían los políticos a plantearse reducir gastos inútiles, como los millones que se gastan con la imposición del valenciano, con canal 9, etc.., en lugar de recortar los sueldos de sus trabajadores.

Pero hay mas medidas que los maestros pueden tomar. Imaginemos que los profesores empiezan a reutilizar los libros de texto para el año que viene boicoteando así a las editoriales. O que los maestros empiezan a celebrar en los colegios días temáticos, como “El día de la corrupción”, evidentemente con trabajos y actos culturales con la participación de niños y padres. Es cultura, al fin y al cabo, ¿no?.

También podrían renunciar a participar en la Red de Centros de Calidad, a boicotear las salidas de alumnos a visitar empresas comerciales, etc.

¿Y sobre los cursos de formación de los profesores? Otro de los recortes de los funcionarios es la eliminación de los sexenios. Si ya no se van a contabilizar los cursos para conseguir puntos para los sexenios, ¿quién hará los cursos?... y un sin fin más de actuaciones que pondrían a la Generalidad en una difícil situación.

Es posible que a estas alturas aún queden políticos y funcionarios sin saber que el “agujero negro” autonómico devora anualmente 1.900 millones de euros por mantener e imponer el valenciano. Que Canal 9 ocasiona cerca de 1.000 millones de pérdidas anuales. Solo con estos dos apartados se recortaría el déficit valenciano y no haría falta tocar el sueldo de los funcionarios. Además, a fecha de hoy, ¿sabes que se siguen dando millones de subvenciones para asociaciones valencianistas, para doblar películas al valenciano, para editar folletos en valenciano, para mantener sindicatos de extrema izquierda pro-catalanistas, etc?. En definitiva, millones para hacer el gilipollas en valenciano.

Como cada acción provoca una reacción, la administración contraataca para tapar las voces de denuncias sobre la nefasta educación por culpa del Valenciano y del derroche amenazando a los profesores y alumnos con más horas lectivas. Es de “cajón”, cuando se remueve la mierda quedan todos salpicados menos los políticos y sindicatos.

El final de la historia ya la sabes, el funcionario pringado quedará recortado y el sindicato seguirá subvencionado.

A estas alturas del problema muchos funcionarios se empiezan a plantear si quieren llegar a mitad de mes en valenciano o a fin de mes en castellano.

Así lo pienso y así lo cuento.

Elecciones andaluzas
¿Miedo? No, gracias
Pedro de Tena Libertad Digital 19 Marzo 2012

Pues tiene gracia, sí, que Javier Arenas haya propuesto una pegatina electoral con el lema: ¿Miedo? No, gracias. Pero más gracioso aún es que el PSOE diga que ha hecho encuestas en Sevilla y que ganan. El CIS no lo veía así, pero seguro que sus sociólogos son Weber al cubo. Y menos gracia que una conferencia de Borrell tiene Griñán, que ha dicho que el PP es más antiguo que el tango. Y además se gana enemigos que le cantarán el tango de Adiós, muchachos el día 25, si es que pasa lo que teme aunque dice que no pasará, como la mitinera del Instituto de Gines.

Pero lo importante es que por fin vemos medidas de gobierno, las cien primeras medidas que tomará Arenas en un documento presentado este sábado. Y Cospedal, para los viejos amigos La Cospe, replica a Griñán, con razón, que el peor recorte social es el paro y sus carencias. Y luego cantan todos, en plan Los del Río, pero más económico.

Las diez primeras de las cien son: "Convocatoria a sindicatos, empresarios y ayuntamientos para lograr un gran pacto por el empleo, supresión del 50 por ciento de altos cargos, derogación de la ley del enchufismo, reforma de la educación con ley de autoridad pública para los profesores". También, "supresión progresiva del impuesto de Sucesiones y Donaciones, un plan individual de protección para las mujeres maltratadas, plan de ahorro en el gasto corriente de la administración andaluza, sin tocar la sanidad, la educación y los servicios sociales". Y un "proyecto de ley para que las elecciones andaluzas siempre sean separadas; nuevo sistema de financiación autonómica, decir la verdad el caso de los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y recuperar todo el dinero defraudado". Y, cómo no, "un pacto para defender en Europa los intereses de la agricultura, pesca y ganadería andaluza".

Por lo menos suena mejor que el tango de Griñán.
Hay veces en que la democracia es bonita. Eso de que la cárcel donde medita la letra del cante jondo final el fondoreptilíneo ex director general de Empleo lo haya puesto a barrer, me reconforta. Lo mismo me hizo a mí la cárcel de Jerez en 1976 aunque yo fregoneaba encima. Por si no se sabe, ya hay cosas que son noticias y las publica El Mundo. "Órganos de la Junta apoyan al PSOE", vaya exclusiva. El scoop sería lo contrario, que alguien en la Junta se atreviera a respetar la democracia. Y Escuredo pide perdón por sus insultos de ayer. Recuerden lo que dijo: "Son tan gilipollas que van de sobrados". Bueno, algo es algo.

Pero pasan los años y las cabras siguen tirando al monte. Debe ser intelectualmente genético. Son los de Suresnes, los listos de la clase, los buenos de la peli, los guapos de la fiesta. Marx, san Carlos, ruega por ellos, nuestros superiores morales hasta el 25 de marzo, Dios lo quiera.

Unicaja, la de Málaga y Cádiz, se fusiona con Caja España, el Estado pone 1.000 millones y se ha acabado el mando socialista en la vieja de Ronda. Ya lo verán. Pero IU se alegra. Valderas tiene vista y dice que el PSOE ya ha tirado la toalla. Y El País hoy da la de "Arenas": "El líder de los populares andaluces destaca por ser rápido, ingenioso y un gran animador de ambientes". Me cagoenla.

(Se ha muerto Paco Valladares que era andaluz de Pilas, Sevilla. Votaba comunista, pero los ya casi viejos le conocimos bajo la bota de Franco con aquellos capítulos de Diego de Acevedo. Una vez me pidió Pilar del Río, más comunista todavía, que le escribiera el discurso en respuesta al homenaje en su pueblo. Y lo hice. Me lo agradeció con un detalle de Loewe. Pocos agradecen. Descansa, Paco. Perdonen el desvío pero ante la muerte no hay color político. Sólo danza, la danza).

El mundo acaba en 2014
maría jesús cañizares ABC Cataluña

UN astrofísico de la Universidad de Cambridge sitúa el fin del mundo en 2014, año en el que una nube de polvo cósmico destruirá la tierra y todo el sistema solar. Ya es mala pata que esta sea la fecha escogida por la Asamblea Nacional Catalana para celebrar un referendo sobre la independencia. De ser cierta la profecía de este científico, la teoría nacionalista basada en el enemigo exterior alcanzaría el paroxismo, pues sería el universo entero el encargado de acabar con toda aspiración soberanista. Por otro lado era fácil suponer que, trescientos años después del decreto de Nueva Planta, que abolió las instituciones catalanas, los planetas se alinearían para destruir de nuevo cualquier tipo de ansia separatista, tal como han hecho —según denuncian dirigentes convergentes con cierta virulencia precongresual— los sucesivos gobiernos españoles.

El mundo no se acabará en 2014, pero esa fecha se ha convertido en una especie de «finisterre» independentista más allá del cual se abre un abismo por el que se precipitará toda esperanza soberanista. Otra cosa es que el barco capitaneado por el presidente Artur Mas quiera concluir esa travesía, pues previamente hay escala en ese proyecto llamado pacto fiscal. Aseguran que, de fracasar la negociación sobre la independencia financiera, CiU recurriría al adelanto electoral. ¿Fin de trayecto o recarga de combustible para justificar la separación de España? Yo creo que eso ni lo saben los nacionalistas, por mucho que hayan impulsado una ley de consultas populares a la medida de ese pacto fiscal.

Cabe la posibilidad, avalada por la experiencia del Estatuto, de que la participación en esa consulta sea mínima —en el referendo estatutario sólo participó el 48% de la población catalana y el 74% votó a favor—, aunque la norma haya introducido elementos para ampliar la base electoral —se basa en el padrón, pueden votar ciudadanos de la UE, de Islandia, Suiza o Liechetenstein...—. La ley dice que no habrá campaña electoral. Ni falta que hace, pues ésta empezó el día después de que Mas ganara las elecciones autonómicas y cada día añade nuevos elementos reivindicativos: insumisión lingüística, amenaza de cierre de cajas, negativa municipal —bendecida por el Govern— a izar la bandera española... Por cierto, es curioso que algunos nacionalistas critiquen a la delegada del Gobierno, Llanos de Luna, por hacer cumplir la ley de banderas mientras el consejero de Interior, Felip Puig, persigue la quema de aquéllas.

Tres aeropuertos, tres universidades o dos puertos exteriores
El municipalismo le sale a Galicia por un ojo de la cara
La autonomía gallega condenada a hacerlo todo por triplicado
Javier González Méndez. Periodista Digital 19 Marzo 2012

Un artículo de Carlos Negreira, el alcalde emergente de la ciudad de A Coruña, avivaba ése fin de semana las llamas de la fiebre de fusiones municipales que se ha instalado en Galicia.

Bajo el título de “la fusión hace la fuerza”, el hombre que no quiso ser conselleiro de Feijóo para intentar ser profeta y alcalde en su tierra, se alineaba con el bando del Partido Popular de Galicia que aboga por la reducción de municipios gallegos, frente al bando del centro-derecha galaico que se niega a desmontar el minifundio municipal.

Éste carioca de nacimiento y gallego de pleno derecho, que ha sido diputado gallego, alto cargo en diversas consellerías, corresponsable en la racionalización de Correos y Presidente de Portos de Galicia, antes de convertirse en la réplica moderna y coruñesa del Alcalde de Zalamea, ha utilizado el portaviones mediático de La Voz de Galicia para lanza incruentos bombardeos sutiles contra los populares rebeldes que intentan hacerse fuertes en el sur.

Con un despliegue de argumentos de destrucción masiva, que pasan por las reformas de Bélgica, de Dinamarca o el Reino Unido para acabar con el minifundismo municipal, el gran comisonado de Feijóo para intentar unir lo que la historia fue separando en Galicia, hasta llegar a los 315 municipios, lanza al final el bombazo definitivo de la paradigmática Alemania, como canon indiscutido e indiscutible de la supervivencia ante la crisis:

"A estas alturas, no cabe duda de que una de las claves de la capacidad de reacción germana ante la crisis es la flexibilidad de sus estructuras administrativas.

Mediante fórmulas avaladas casi siempre por el consenso de los grandes partidos, Alemania amolda su federalismo para lograr una mayor cooperación, y adapta su municipalismo para reducir entidades locales poco viables".Es un claro aviso a los presidentes de las Diputaciones del sur galaico, José Manuel Baltar y Rafael Louzán, que por razones distintas y distantes, se oponen a los matrimonios municipales. Para Baltar junior, la Diputación es su castillo, la fortaleza en la que se hace fuerte para mantener su autonomía política ante la cúpula popular gallega que lleva décadas, con resultados nada halagüeños, intentado que los populares orensanos le rindan pleitesía.

Para Rafael Louzán, el último cacique, la reliquia residual de una derecha de la boina (dicho sea con todos los respetos para la inmensa mayoría de paisanos gallegos que debajo de la boina llevan una cabeza muy bien amueblada), la fusión municipal es la amenaza de una fecha de caducidad para la Diputación de Pontevedra.

Sabe que no hay vida política para él, ni para sus leales colaboradores, fuera de las cuatro paredes en las que practica el burdo clientelismo, la cultura de los estómagos agradecidos y otras maniobras orquestales en la oscuridad que Periodista Digital no está en condiciones de describir sin la presencia de sus abogados.

En esta guerra civil norte-sur, al margen del asedio de los partidos de la oposición, la derecha moderna se asienta en el norte, la derecha díscola acampa en Ourense y la derecha jurásica, demodé y caciquil (aunque la mona se vista de seda mona se queda), permanece enrocada en Pontevedra, curiosamente en torno a la ciudad de Vigo, que paradójicamente debería ser el buque insignia que arrastrara al PPdG rumbo a un nuevo mundo.

Carlos Negreira lo intenta todo en su reflexión en La Voz de Galicia, y pone la guinda cerca de final de su sermón dominical:

"La sociedad no tiene que adaptarse a la administración, sino la administración a la sociedad Habría sido un final perfecto si no fuese por la frase inicial que devalúa la exposición del señor alcalde de A Coruña. Así empieza Carlos Negreira su artículo: “SOSTENÍA MIGUEL DE UNAMUNO QUE EL NACIONALISMO SE CURA VIAJANDO”

Cuánta razón tenía Don Miguel y que poco caso le hace, a veces, Don Carlos. Porque viajando él y otros alcaldes, se darían cuenta de que en un territorio de la dimensión de Galicia existen pocos precedentes, en la Europa civilizada y racional, de tres aeropuertos, de batallitas aéreas de subvenciones al low cost, de tres universidades (con sus tres claustros, su tres administraciones, sus tres de todo), de dos puertos exteriores, en A Coruña y Ferrol, a menos de 60 kilómetros, de tanto localismo y tan poca interacción
entre municipios que, en el peor de los casos, están a una hora y media de distancia.

Naturalmente que hay que viajar más. Y a ser posible, juntos. Sobre todo Conde Roa, Abel Caballero, Carlos Negreira, los tres alcaldes que hacen las guerras por su cuenta en la Comunidad Autónoma, que ponen siempre los intereses de sus ciudades por encima de los intereses de Galicia. El Coruñismo, el Santiaguismo y el Viguismo, esas tres trasnochadas y frívolas estrategias de electoralismo patriótico, les sale a los gallegos por un ojo de la cara.

La Generalidad no acata las 5 sentencias del TS
Recurso ante el TS para que el español sea vehicular en Cataluña
EP GACETA.ES  19 Marzo 2012

La plataforma que defiende que el español sea vehicular en Cataluña, además, se querella contra la Generalidad, a la que pide 120.000 euros por alumno que no haya podido aprender en español.

La plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC), presidida por Francisco Caja, recurre este lunes ante el Tribunal Supremo (TS) el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que refrenda el modelo catalán de inmersión lingüística en las escuelas, relegando así el español a niveles del inglés. El auto sólo se refería a los hijos de los demandantes y se lavaba las manos en cuanto a las sentencias del Supremo.

Asimismo, anunciaron que se querellarán contra la consejera de Educación de Cataluña, Irene Rigau, por prevaricación, ya que la Generalidad no acata las cinco sentencias del Tribunal Supremo y una del Tribunal Constitucional en contra de la inmersión lingüística, que obligan a la Generalidad a poner el español como lengua vehicular. De esta forma, pedirá 120.000 euros por cada alumno que ha sido privado de la educación bilingüe, el número de afectados podría alcanzar los 800.

Según avanzó el abogado de la familia afectada, Ángel Escolano, su principal argumento en este recurso será que el auto del TSJC no ejecuta la sentencia del TS en la que instaba a la Generalidad a adoptar las medidas necesarias para "adaptar el sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional (TC) que considera también al español como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán".

Para Escolano, existe una incongruencia entre el fallo del TSJC y la sentencia del TS y asegura que el tribunal catalán no puede rectificar el sentido de una sentencia del Supremo.

Además, afirma que la parte del auto del TSJC en la que obliga a la Generalidad a prestar atención lingüística personalizada sienta jurisprudencia, un hecho que ya contempla la actual ley de Educación de la Generalidad. Así, este requisito sólo es aplicable desde los tres hasta los seis años de edad.

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Miradas torvas
Alfonso Ussía La Razón 19 Marzo 2012

Los vascos siempre han mirado bien. «La firme y clara mirada de los vascos», que decía Luis de Castresana. Pero un amplio sector de vascongados ha resignado la firmeza y la claridad de su mirada en beneficio del odio. Miradas torvas, amenazantes, indagadoras. Y muchas de ellas hacia el suelo, como si los zapatos tuvieran ojos. La mirada es una forma más del lenguaje, un idioma que no necesita de intérpretes, porque es la sensibilidad, y no el oído, la que capta su mensaje. En las palabras se refleja el talento y en las miradas, el ánimo. Escribió Alejandro Casona, gran autor teatral tan sólo devaluado por puntuales cursilerías, que las miradas penetran desde lejos como el olor de la hierba segada. Ojalá la penetración de algunas miradas lejanas y retiradas fuera como el olor de la hierba segada. La línea más larga que puede alcanzar una mirada, no es la del amor, sino la del odio. Y ahí están las imágenes.

Los jardines de Alderdi-Eder de San Sebastián no están programados para el odio. Principio o final del Paseo de La Concha, junto al viejo Casino monárquico, hoy Ayuntamiento de Bildu. Superado el Casino, el muelle de pescadores. Y a un mínimo esfuerzo de la mirada, la bahía de la Concha, ese prodigio vigilado por los montes Urgull e Igueldo con la isla de Santa Clara anclada entre sus tenazas. El Pico del Loro, con el Palacio Real, divide las dos playas, La Concha y Ondarreta, y desde Alderdi-Eder, el panorama es pasmoso por su belleza.

En los jardines de Alderdi-Eder, junto a una pérgola de las cantadas por la nostalgia de Jaime Gil de Biedma – yo nací, perdonadme/ en la edad de la pérgola y el tenis–, Marimar Blanco, Daniel Portero, los familiares de Fernando Múgica y otros compañeros de dolor causado por el terrorismo, depositaron un ramo de flores en recuerdo y memoria de las víctimas de la ETA. No acudió representante alguno del Gobierno de López, y menos aún, de los sesgos nacionalistas. Pero en la fotografía –ver LA RAZÓN del domingo 18 de marzo–, se advierte la indiferencia, la inhumana distancia de algunos donostiarras respecto a las víctimas de la ETA.

Un joven, con los brazos en jarras, observa con displicente mirada a la mujer que se agacha para colocar una flor blanca en el pequeño túmulo plantado en el césped. Lo mismo hace un viejo vasco, de aquellos que miraban bien y ahora lo hacen mal. Un matrimonio, con un niño, se molestan en dedicar una mirada al reducido número de personas que homenajean a sus muertos, a sus seres queridos asesinados. Ese niño, siguiendo el ejemplo del desprecio de sus padres, despreciará a quienes, siendo vascos como él, murieron asesinados por defender la libertad de su tierra. Y en la planta inferior de la pérgola, dan vueltas y más vueltas los caballitos de feria, con los niños montados en sus lomos y los padres ajenos a la sencilla y honda solemnidad del momento.

Pero molestan más las miradas displicentes que las espaldas lejanas. Esa falta de sensibilidad, esa chulería, ese desencuentro con el sufrimiento ajeno, no entraban antaño en los códigos de comportamiento de los vascos, aquellos de las miradas firmes y claras. Esos ojos que no sienten lo que ven ni compadecen a los que recuerdan a sus muertos establecen con claridad meridiana el nivel de infección social que hoy padece la sociedad vasca. Son gente de los de siempre, abuelos que descansan y hablan, padres que llevan a sus hijos a jugar a Alderdi-Eder, jóvenes que se reúnen allí para empezar su ronda de vinos. Pero miran mal. Sus miradas delatan sus ánimos. Y el odio y el desprecio se juntan y se abrazan.

ETA
Pistolas cargadas de cursilería
Emilio Campmany Libertad Digital 19 Marzo 2012

Es común a todo nacionalismo basar su movimiento en el principio de identidad entre nación y Estado. Pero, para tener una nación, hace falta un pueblo. Y para tener un pueblo, es necesario que tenga una historia. Y esa historia tiene que contar lo feliz que era ese pueblo cuando era real o imaginariamente independiente.

Unos funcionarios de la ETA se han puesto a "dibulgar" (sic.) una iniciativa a la que llaman 1512-2012 con ocasión del quinto centenario de la conquista de Navarra. Se trata de que los navarros se enteren de cómo unos españoles (aunque en realidad fueron castellanos) invadieron su reino y lo incorporaron a España a hierro y fuego privándoles de lo que los batasunos llaman su estatalidad. Cuentan que érase una vez un pueblo navarro que vivía feliz y contento desde tiempo inmemorial en una tierra próspera y rica, gobernado por reyes sabios y bondadosos. Hasta que llegó el Duque de Alba, los conquistó y se inició la tenebrosa era del dominio español que aún perdura.

Deben de creer que el reino de Navarra existió desde los tiempos de Adán y Eva hasta que unos brutos españoles decidieron acabar con él. Se olvidan los batasunos de los muchos derechos que al territorio tienen los romanos, hoy italianos, que todavía lloran haber sido expulsados de allí por los visigodos. Y si aquéllos se hubieran olvidado, habría que devolvérselo a los alemanes o ucranianos, los que con mejor derecho se crean herederos de los visigodos. Y todo ello contando con el beneplácito de los árabes, que algo tendrán que decir de la mucha violencia que contra ellos fue empleada para expulsarles de aquel paraíso. Todo eso sin contar con que tendrían que ver qué hacer con quienes desciendan de los castellanos invasores de 1512, que puede que algún batasuno sea bisnieto de uno de ellos. Sólo deberían poder disfrutar de las muchas bondades que la independencia les traerá quienes logren demostrar que son genuinos navarros, descendientes directos de los habitantes del reino antes de que fuera conquistado.

Los nacionalistas siempre tienen algo de románticos. Les gusta volver melancólicos la vista atrás a contemplar la Arcadia feliz que un día fue la propia nación, hoy sojuzgada o menospreciada. Y al hacerlo, inventan, cosa perdonable. Lo que no hay quien perdone es la cursilería. Vean por ejemplo qué dicen los pro-etarras: “La historia nos enseña que fuimos independientes, y que dejamos de serlo, no por la voluntad de nuestros antepasados, sino por las conquistas españolas y las ambiciones francesas. La guerra, la colonización y la violencia han frustrado el libre desarrollo de nuestra identidad.” Dirán que tenían que haber organizado un referéndum, institución de generalizado uso en el siglo XVI. Leer semejante majadería da vergüenza ajena y sería para partirse de la risa si no fuera porque a estos señores les da por imponer sus enloquecidos planteamientos con tiros en la nuca de quienes no los comparten. Pero, eso no quita para que sean unos cursis.

El Sr. Campmany es jurista, escritor y periodista. Su última novela publicada es Quién mató a Efialtes (Ciudadela, 2011). Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

Flores y poemas para recordar a Froilán Elespe
Familiares del edil de Lasarte asesinado y dirigentes del PSE le homenajearon ayer en su aniversario
SAN SEBASTIÁN. EL CORREO 19 Marzo 2012

Ramos de flores y el poema 'Palabras para Julia' de José Agustín Goytisolo recordaron ayer en el cementerio de Lasarte (Gipuzkoa) a Froilán Elespe, quien fuera teniente de alcalde de este municipio y al que ETA asesinó hace justo once años de un tiro en la nuca en el interior del bar Sasoeta de la localidad.

Ante su tumba, el secretario general de los socialistas guipuzcoanos, Iñaki Arriola, mostró su voluntad de alcanzar «los acuerdos y consensos necesarios» para lograr que todos los vascos puedan «construir su futuro en paz y convivencia».

Para ello, el también consejero de Vivienda, Transporte y Obra Pública aseguró «el compromiso y la voluntad de trabajo» del Gobierno vasco y censuró al PNV por estar «permitiendo que Gipuzkoa esté gobernada por Bildu», rechazando «llegar a acuerdos con el PSE» en algunos municipios.

Arriola destacó que en Euskadi «ya no se mata por tener ideas diferentes», pero recordó a los que, como Froilán Elespe, estas buenas noticias les «han llegado tarde». Se mostró convencido además de que los vascos «tenemos un horizonte nuevo de esperanza en Euskadi donde se acaben las muertes y se callen las armas».

El acto de homenaje tributado por el PSE-EE contó con la presencia de la viuda, Tomasi Peláez, y de los dos hijos del difunto edil, a los que se sumaron numerosos cargos socialistas, entre los que se encontraban, además del secretario general del partido en Gipuzkoa, su presidente, Jesús Eguiguren.

Fue precisamente Eguiguren el que protagonizó el momento más emotivo del homenaje cuando, frente a la viuda de Elespe, sacó un papel y leyó el poema de José Agustín Goytisolo 'Palabras para Julia'.

El presidente de los socialistas vascos dedicó su lectura «a todas las víctimas» del terrorismo que, añadió, «han sido luchadores» en el «nuevo tiempo» que se vive en Euskadi. «Su destino está en los demás, tu futuro es tu propia vida, tu dignidad es la de todos», recitó Eguiguren en su memoria.

Un juego sobre ‘Euskal Herria’ recibe 17.000 euros
Garitano regala tres millones a publicaciones proetarras
JAVIER MOLINA www.gaceta.es 19 Marzo 2012

El dramaturgo Alfonso Sastre es uno de los beneficiados por las dádivas de Martín Garitano.

El diputado general de Guipúzcoa, Martín Garitano, continúa la senda marcada por los consistorios gobernados por Bildu: gastar dinero en pro del separatismo. Así, la Diputación ha gastado más de tres millones de euros en subvencionar a un centenar de publicaciones culturales. Además, el Ejecutivo guipuzcoano de Bildu destina ayudas a grupos del entorno de ETA, como el batasuno Alfonso Sastre o el proetarra empresario José María Sors.

Las subvenciones aparecen recogidas en el Boletín Oficial de Guipúzcoa (DOG) con cargo a los presupuestos de la Dirección de Euskera de la Diputación General. Las partidas, amparadas en la promoción cultural, acaban siendo ayudas a las empresas, y no a los creadores.

Más de un centenar de revistas comarcales, productoras audiovisuales y editoriales se ven agraciadas por estas concesiones. Y la influencia de las ayudas dan sus frutos, ya que por ejemplo la publicación de …Eta Kitto!, que ha recibido más de 60.000 euros, incluye actividades e incluso publicidad de actos de la coalición Bildu. A la revista juvenil Gaztezulo, que hace un mes otorgó un premio a Arnaldo Otegui y que publicó en su web un vídeo propagandístico al batasuno preso, se la ha ayudado con 10.000 euros. En este medio trabajó el redactor Patxi Uranga, detenido en junio de 2009 por formar parte del comando Mikelats. La apoderada de la editora, Ainara Vázquez, también por colaborar con ETA. El periódico Berria ha recibido 16.000 euros, discriminando a otros diarios que se distribuyen en Guipúzcoa y que ofrecen algún contenido en vascuence.

Otra de las beneficiadas es la televisión digital Hamaika Telebista, de cuyo accionariado forma parte el grupo de comunicación editor de Gara. Esta televisión ha recibido 40.000 euros de la Administración dirigida por Garitano. Otros cuatro canales locales que emiten programación en euskera han sido agraciados en su conjunto con más de 160.800 euros.

También se reparten ayudas para promover “proyectos de producción y difusión de elementos de ocio infantil y juvenil en lengua vasca”. Entre estos destaca el juego de mesa del célebre programa de la televisión pública vasca Mihiluze, que ha recibido 17.000 euros, la empresa Luditoys Factory, o Zer Gara Gu Nor Gara Gu, Karta jokoa (Qué somos nosotros, Quiénes somos nosotros) de la editorial Elkarlenean, que ha obtenido más de 8.300 euros. Otro juego de mesa sobre “temas esenciales de la cultura de Euskal Herria, escrito en un euskera sencillo”, según publicitaba la web de EITB cuando salió al mercado. El administrador de esta editorial es José María Sors que estuvo huido en Francia por su presunta relación con ETA y su vinculación al complejo Sokoa. Años más tarde creó una editorial vinculada a Egin, para evitar su embargo. En la actualidad controla el accionariado de Euskal Kulturgintza. Las empresas en las que participa Sors han recibido más de 16.000 euros en subvenciones. Destacan también los 8.000 concedidos a la Fundación dirigida por Sastre, que fue condenado por pertenencia a ETA.

EN UNA PREGUNTA POR ESCRITO AL EJECUTIVO DE MARIANO RAJOY
Amaiur pide al Gobierno datos sobre el origen de militares y policías en el País Vasco y Navarra
Daniel Forcada El Confidencial 19 Marzo 2012

Primero pidieron datos sobre el número de agentes de la Policía y de la Guardia Civil que trabajan en el País Vasco y Navarra y, ahora, han decidido dar un paso más recabando información sobre la “españolidad” de los miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la Comunidad Foral y en el País Vasco. Amaiur ha registrado una pregunta en el Congreso pidiendo al Gobierno de Mariano Rajoy el porcentaje de miembros del Ejército, la Policía y la Guardia Civil destinados en ambas comunidades y que son “naturales” de la zona.

La iniciativa, firmada por el diputado abertzale Jon Iñarritu, plantea toda una batería de cuestiones sobre cada uno de los cuerpos policiales y militares que operan en ambos territorios y supone una forma de saber cuántos de los mismos han sido destinados allí sin tener ningún tipo de conexión territorial con la zona. De hecho, el texto, al que ha tenido acceso El Confidencial, pide, a su vez, el desglose de los resultados por cada una de las dos comunidades. Es decir cuántos militares vascos y navarros hay en Navarra y cuántos en el País Vasco. Una pregunta que Iñarritu extiende también a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

No es la primera vez que la coalición integrada por la izquierda abertzale, Aralar, Eusko Alkartasuna y Alternatiba quiere conocer datos especialmente sensibles sobre materias de seguridad y defensa. De hecho, esta última iniciativa es una vuelta de tuerca más a las preguntas que, a principios de marzo, dirigió también al Gobierno el diputado Rafael Larreina, que pidió por escrito información sobre el número de agentes que trabajaban en las tres provincias vascas y en Navarra, y, concretamente, cuántos correspondían en cada caso a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía.

Interés por los presos
En una anterior iniciativa Larreina pidió también a Instituciones Penitenciarias que le informase del número de reclusos que hay en cada centro penitenciario a fecha de 31 de diciembre de 2011 y cuál es la capacidad real de cada uno de los mismos.

Además, reclamó a Interior que le detallase cuántos reclusos son preventivos y cuántos no preventivos, cuántos están clasificados en grado penitenciario y cuántos están preventivos, procesados o condenados por delitos relacionados con el terrorismo.

Por último, el representante de Amaiur emplazó también al Gobierno a que le informase sobre el número de presos originarios o con domicilio en País Vasco o Navarra que se encuentran en los distintos centros penitenciarios de España y cuántos de ellos están preventivos, procesados o condenados por delitos relacionados con el terrorismo.


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