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Recortes de Prensa   Martes 20  Marzo 2012

 

O actuamos sobre el gasto o España se va al carajo
S. McCoy El Confidencial 20 Marzo 2012

Mucho ha dado que hablar el dato de endeudamiento público dado a conocer el pasado viernes. De acuerdo con las cifras suministradas por el Banco de España, la Administración en sus distintos niveles debe el 68,5% del PIB, 735.000 millones de euros, casi el doble que al inicio de la crisis y 92.000 más que a cierre de 2011.

A los optimistas no les ha faltado tiempo para poner esta cifra en contraste con el resto de nuestros socios europeos y alabar, de este modo, lo lejos que aún estamos de ellos en esta parcela concreta. Los pesimistas, por el contrario, no dudan en tirar de catastrofismo para advertir que, uno, el importe no incluye los avales prestados por el Estado, contingencia cada vez de más probable materialización en la medida en que el entorno se deteriora, y dos, que añadido a la deuda privada y exterior estamos en el furgón de cola de las economías desarrolladas mundiales.

Ambos tienen parte de razón. Y ambos se equivocan. El volumen de deuda, como tal, importa un comino. Literalmente. Por tanto centra el debate en él es absurdo. Los factores determinantes que condicionan su idoneidad o imposibilidad son la generación de ingresos suficientes para pagarlo, el coste asociado al mismo y el plazo de vencimiento. El primero de ellos es común a cualquier partida de gasto. Los otros dos son específicos del endeudamiento.

Y España está mal en relación con esos tres elementos.
Yendo de atrás adelante. El BCE ha puesto una fecha límite a las posibilidades de financiación de nuestra economía. Dentro de tres años, si no hay un programa similar al actual, la banca europea en general y española en particular tendrán que devolver al banco central un billón de euros, de los que una buena parte han ido a parar a nuestro país. Un dinero que, indirectamente, ha permitido salvar las sucesivas subastas de letras y bonos y mejorar la situación de su mercado secundario a través del llamado carry trade. Cuando toque la hora de devolver el pasivo bancario, a ver qué pasa con ese activo.

Vayamos ahora con el coste. Es evidente que economías como la japonesa, la estadounidense o la británica se encuentran en una situación objetivamente igual de mala o incluso peor que la española en términos de deterioro de las finanzas públicas y niveles de endeudamiento.

Sin embargo disfrutan de una doble ventaja: una política de tipo de cambio propia que les permite actuar sobre su moneda de manera arbitraria y, sobre todo, una condición refugio que les lleva a financiarse en el mercado a tipos irrisorios, cuando no nominalmente negativos. Es verdad que eso no resta ni un ápice de peligro a su situación (incluso Japón genera fiscalmente al año menos que los intereses que paga) pero a día de hoy, no se ven afectados por la ‘tragedia’ que aflige a la periferia europea, esa que provoca que, aunque la deuda no creciera, que no es el caso, el impacto sobre las arcas públicas sea superior.

Queda, por último, la obtención del dinero necesario para acometer en tiempo y forma intereses y vencimientos. Aquí cobra un papel esencial el superávit primario, que los ingresos sean superiores a los gastos corrientes. El desplome de la recaudación fiscal y la estructuralidad de los desembolsos de la administración convierten tal objetivo en un reto titánico a día de hoy que, además, solo se puede resolver con certeza por una vía: la de los pagos.

¿Por qué? Porque es el único factor directamente controlable por los gestores. Al igual que ocurre en la iniciativa privada, la ‘facturación’ es siempre una estimación mientras que los costes son perfectamente estimables. Se puede subir el número de tributos o sus tipos de aplicación pero no es garantía de mayor ayuda presupuestaria. Puede incluso alimentar ese fraude que es el verdadero pecado capital de las finanzas de la administración, donde ésta debería centrar sus esfuerzos. Mucho más eficaz sería la elminación de buena parte de las deducciones y bonificaciones de determinadas figuras tributarias pero, en el entorno actual. su impacto sería limitado.

Sin embargo, el gasto es fácilmente identificable y mesurable, no solo en términos de rentabilidad sino de sostenibilidad. Su gestión exige quitar lo superfluo y poner las bases para que no vuelva a acumularse en el futuro; evitar los abusos o las gratuidades innecesarias, a través de establecimiento de tasas en función de la renta o la recurrencia injustificada y la lucha contra el parasitismo social de quienes pudiendo contribuir al bien común han decidido no hacerlo.

Pero, sobre todo, requiere el establecimiento de prioridades, donde lo mayor puede ser enemigo de lo mejor y lo inmediato obstáculo para el futuro. Obviamente, ajustar en momentos de recesión es la pescadilla que se muerde la cola, el cuento de nunca acabar. Suicida. De ahí que el calor de este gobierno, de cualquier gobierno, se deba medir en términos de capacidad de cumplir con los objetivos sin condenar a varias generaciones, de conciliar inversión-crecimiento con recorte-moderación.

Esos son los frágiles tres pilares sobre los que se sujeta nuestra deuda. Como ven, no hay cifra alguna. No importa. Lo esencial es que, siendo mucha, poca o regular, podamos pagarla a un coste razonable y en el plazo previsto. O rezar porque llegue una inflación galopante que, empobreciéndonos a todos, reduzca su valor real. Pero hasta eso parece un imposible a día de hoy…

Buena semana a todos.

De La Pepa a la actual decadencia de España
Pablo Sebastián http://www.republica.com 20 Marzo 2012

La Constitución Española de 1812, La Pepa, la provocó Napoleón en España, como respuesta del pueblo español rebelde contra su invasión y contra el reinado de su hermano José ‘el ilustrado’ (mientras mantenía secuestrado al rey felón Fernando VII), y también como réplica española al absolutismo imperante en línea con las corrientes liberales y revolucionarias de aquellos tiempos. Y puede que La Pepa también llegara a nuestro país (y a las incipientes repúblicas hermanas de América) como respuesta a la Constitución liberal bonapartista de Bayona (1810) donde se perfilaron contenidos que luego se desarrollaron y ampliaron en Cádiz, excepción hecha de laicismo del texto ilustrado y pro francés.

Sin la presencia de Napoleón en España, pues, La Pepa nunca hubiera existido porque los liberales e ilustrados emergentes españoles no podían enfrentarse al inmenso poder político, económico, religioso y militar del Antiguo Régimen del Rey Fernando VII quien, después de ser salvado por el “inocente” y valeroso pueblo español, abolió La Pepa para regresar a su cerril absolutismo sin que nadie consiguiera hacer frente a esta involución que volvió a meter a este país en el negro túnel del tiempo y la postración.

Las Cortes constituyentes de Cádiz debieron abolir la monarquía de manera implacable –como lo habían hecho los franceses en los años anteriores- porque liberalismo y absolutismo eran posiciones irreconciliables, y esa ausencia de ruptura con el poder absoluto del Rey dio luego alas al monarca para eliminar la Constitución de 1812, reducida a un espejismo de unos pocos años y liquidada con el exilio, destierro y persecución de los nuevos padres de la Patria liberal y democrática.

Algo así –aunque salvando las libertades y un mínimo juego de apariencia democrática- nos pasó a los españoles a la muerte del dictador Franco en 1975, donde se optó por el mal menor de un pacto controlado de “la transición” en lugar de alcanzar la ruptura democrática frente a la dictadura. Se hizo bajo el discurso posibilista de la reconciliación nacional en pos de un régimen de libertades y a la vez “partitocrático”: el Gobierno y la Soberanía caían en manos de los jefes de los partidos, pero no en las manos del pueblo; no se garantizó la separación de los poderes del Estado; y se aceptó la restauración monárquica impuesta por el dictador y “colada de matute” en el texto de la Constitución de 1978, sin referéndum directo sobre la forma del Estado, Constitución que don Juan Carlos I firmó pero no juró (como Fernando VII tampoco juró la Carta Magna de 1812). Y todo ello vigilado por los poderes fácticos de los últimos años del franquismo y sometido a la larga mano de ciertas potencias extranjeras, de Estados Unidos a Francia pasando por Alemania e Inglaterra y, por supuesto, por el Vaticano (los de siempre, los que tras abolirse La Pepa restauraron La Inquisición).

Y de esos pactos no rupturistas de la transición y de la Constitución de 1978, que llevaban en su seno la vigente “medio democracia” a la española y el virus de los poderes fácticos (los mismos que en 1812 ayudaron a Fernando VII a volver al absolutismo) han salido ahora a flote, al socaire de la vigente crisis, los lodos de la nueva decadencia actual de España. Donde la corrupción, el despilfarro, el abuso de poder y las reglas poco democráticas y poco representativas del juego político español han permitido que los malos e indocumentados gobernantes, llegados al gobierno por la gatera de la mediocridad de los aparatos de los partidos (véase Zapatero como ejemplo flagrante), estén también en la base y en el origen del desastre nacional de la España actual. Al que se han unido la crisis económica internacional, agravada en España por la locura de la especulación inmobiliaria y la ausencia de un sentimiento patriótico nacional (perdido en la España Plural de Zapatero, y el previo Pacto del Mayestic de Aznar), sin el que será muy difícil abandonar el pozo decadente en el que estamos hundidos.

Ahora, la derecha española, vestida de liberal en políticas y en ciertas –no todas- costumbres, pero dotada de sólidas convicciones conservadoras en el uso y el disfrute del poder económico, se encuentra, bajo la presidencia de Mariano Rajoy con un inmenso poder nacional, autonómico y local en sus manos. Y también frente al gran desafío y la pésima herencia de la crisis económica y social. Pero a la vez ante la oportunidad de utilizar la coyuntura no solo para las llamadas reformas estructurales sino para la necesaria reforma democrática y la reconducción del caótico modelo autonómico español. Aunque mucho nos tememos que esta derecha es más conservadora y confesional que reformista y liberal, y guarda en algún cajón añoranzas del Antiguo Régimen que liquidó La Pepa y del Régimen reciente del desaparecido general, y por lo tanto se conformará con el disfrute de su mayoría absoluta, conseguida a la sombra de la crisis española e internacional y del desastre y la incompetencia del anterior Gobierno del PSOE, partido hoy inmerso en una profunda crisis de liderazgo, ideológica y programática que deja al Gobierno sin oposición, y de la que no sabemos como saldrán. Y así, otra vez en la decadencia, todo apunta a que los españoles vamos a perder una nueva oportunidad, con el argumento interesado y perezoso (y falto de grandeza y de histórica visión) de que todo a la vez y en tan difíciles circunstancias no se puede reformar.

Ayer en Cádiz escuchamos al Rey don Juan Carlos I pedir un esfuerzo de unidad a los españoles y al presidente Rajoy decir que estos tiempos difíciles no deben de impedir las reformas de orden económico que impulsa su gobierno. Pero nada se escuchó de las necesarias reformas democráticas y ninguno de los dos declaró algo así: “Españoles: ‘nuestra’ monarquía es vieja; mi misión se dirige a renovarla y os haré gozar de los beneficios de una reforma… Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad a lo que habéis llegado. No es culpa vuestra, sino del mal Gobierno que os regía. Tened esperanza, y confianza en las circunstancias actuales; pues yo quiero que mi memoria llegue a vuestros últimos nietos, y que exclamen: es el regenerador de nuestra patria”. Estas palabras, que hoy siguen teniendo vigencia a la luz del postrado momento español, las pronunció el 25 de mayo de 1808, el mismísimo Napoleón.

Terrorismo
El horror, veinte años después
Julián Schvindlerman Libertad Digital 20 Marzo 2012

Dos décadas atrás esta semana, Buenos Aires fue sacudida por un atentado contra la sede diplomática del Estado de Israel, provocando la muerte a veintinueve personas e hiriendo a decenas. Aquel fue el primer acto de terror perpetrado por el fundamentalismo islámico en el hemisferio occidental. Dos años más tarde, la sede de la comunidad judía de la Argentina, AMIA, sería atacada por Hezbollah, ocasionando la muerte a ochenta y cinco e hiriendo a cientos. Aquél sería el más grande ataque antisemita fuera de Israel desde la Segunda Guerra Mundial. Ambos atentados llevaron el sello de fábrica de la violencia política transnacional patrocinada por Irán.
Recientemente, varios atentados fueron frustrados contra diplomáticos y ciudadanos israelíes en Tailandia, Georgia, India, Turquía, Egipto y Azerbaiján. El gobierno israelí ha acusado a Teherán de planificar tales agresiones. Estos últimos días, tuvo lugar una nueva confrontación entre el ejército israelí y movimientos terroristas en la Franja de Gaza, especialmente con la Jihad Islámica Palestina. Al igual que Hezbollah desde el Líbano, este grupo opera en Gaza bajo los auspicios de Irán. Gaza, cabe recordar, esta siendo gobernada desde hace alrededor de siete años por Hamas, que en árabe quiere decir movimiento de resistencia islámico, y que ha estado bajo la influencia iraní por varios años. Sólo muy recientemente Hamas ha comenzado a distanciarse de su patrón persa.

La actual conmemoración de la voladura de la embajada israelí ocurre en un contexto mundial convulsionado por el avance en el programa nuclear iraní. En los últimos tiempos, la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha publicado informes muy comprometedores acerca de la naturaleza no pacífica de ese programa. En noviembre de 2011, este organismo de las Naciones Unidas aseguró que Irán trabajó “en el desarrollo de un diseño local de un arma nuclear”. En febrero del corriente, dijo tener “serias preocupaciones relativas a las posibles dimensiones militares del programa nuclear de Irán”. Al recordar los estragos que la violencia interestatal fomentada por Teherán ha causado en nuestro país, resulta pertinente imaginar la dimensión del daño que un Irán nuclear podría ocasionar, aquí o en cualquier otra parte.

La capacidad para el mal de la que el gobierno Ayatollah es capaz no debe ser subestimada. Es aleccionador el informe de treinta y seis páginas que publicó la semana pasada la Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la ONU en el cual documenta las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos fundamentales que el régimen iraní comete continuamente contra su propia población. El reporte afirma que “Irán ha aumentado dramáticamente las ejecuciones durante la última década y ha abusado los derechos de los estudiantes, de las mujeres, de los periodistas y de las minorías religiosas”. También indica que al menos seiscientas cincuenta personas fueron ejecutadas en Irán durante el 2011 y que quince hombres y mujeres ya enfrentan condenas a muerte por lapidación bajo acusaciones de adulterio en lo que va del 2012. Además sostiene que cuarenta y dos periodistas están en prisión -lo que sitúa a Irán al tope de encarcelamientos mundiales de periodistas- y que a trescientos sesenta y cuatro estudiantes se les prohibió acceso universitario de por vida debido a sus posturas políticas. A estos datos suministrados por la ONU se puede agregar el arresto, en los últimos meses, de homosexuales, diseñadores de moda, cineastas y disidentes y la condena a muerte de un pastor cristiano por oponerse a que sus hijos recibieran educación islámica.

Así es que mientras la AIEA desde Viena denuncia el peligro del programa atómico de Irán y la CDH desde Ginebra alerta acerca del tamaño de la tiranía que reina en la nación persa, en Buenos Aires recordaremos esta semana las consecuencias del terrorismo patrocinado por Teherán. Es una combinación de hechos elocuente que, al rendir tributo a la memoria de las víctimas inocentes del extremismo que sacudió a nuestra capital veinte años atrás, no debemos ignorar.

El Sr. Schvindlerman es escritor y analista político. Autor de Roma y Jerusalem: la política vaticana hacia el Estado judío (Debate) y Tierras por Paz, Tierras por Guerra (Ensayos del Sud)

Minuto Digital www.minutodigital.com
Nota del Editor 20 Marzo 2012

Durante varios años hemos tenido la suerte de contar con Minuto Digital y su cercano conocimiento de los problemas de las víctimas del terrorismo a causa de los terroristas y filoterroristas nazionalistas en las vascongadas.

También informan de las graves consecuencias de la islamización, y ahora han decidido decantarse exclusivamente sobre ello, por lo que, y a pesar de compartir su preocupación, y dado que no es el tema principal de nuestra línea editorial, no recortaremos sus noticias.

Les deseamos éxito en su nueva dirección, éxito que será para España, los españoles y la civilización que llamamos occidental, donde las personas tienen (o deberían tener) los mismos derechos y digo personas y no la estupidez de separar por género.

Hacienda propone bajadas de sueldo y despidos a los Ayuntamientos
Estas medidas se incluyen en el "modelo del plan de ajuste" que los Consistorios deben enviar a Hacienda para garantizar su estabilidad presupuestaria
 www.lavozlibre.com 20 Marzo 2012

Madrid.- El Ministerio de Hacienda ha planteado que los 4.622 Ayuntamientos que se han acogido al plan de pago a proveedores puedan despedir a trabajadores municipales o bajarles el sueldo para sanear sus cuentas, según informa ‘El País’. Estas medidas se incluyen en el “modelo del plan de ajuste” que los Consistorios tienen que enviar a Hacienda para garantizar su estabilidad presupuestaria.

El modelo requiere a las corporaciones locales que precisen, entre otros conceptos, “la reducción de costes de personal (reducción de sueldos o efectivos)” o la “regularización de cláusulas indemnizatorias de acuerdo a la reforma laboral”, que plantean despidos procedentes con indemnizaciones más bajas en caso de insuficiencia presupuestaria.

Los alcaldes también deberán concretar el impacto de la “reducción del número de personal de confianza” o el ahorro que supondrá “la regulación del régimen laboral y retributivo de las empresas públicas”. Hacienda pedirá, asimismo, que se especifiquen las “subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias”.

El titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, insiste en que el plan para pagar a proveedores “permitirá crear o salvaguardar entre 75.000 y 100.000 empleos públicos”. Montoro aseguró que “no se va a destruir empleo público, ni se va a bajar el duelo de los funcionarios”.

El modelo incluye también medidas de ajuste de gastos y de ingresos. En concreto, Hacienda pide a los Ayuntamientos que especifiquen las “subidas tributarias, supresión de exenciones y bonificaciones voluntarias”.

El plan de pago a proveedores, en el que participarán todas las entidades financieras, incluido el ICO, ha puesto a disposición de los Consistorios una línea de crédito de 35.000 millones de euros para pagar las facturas pendientes de Ayuntamientos y comunidades autónomas. Este sistema permitirá que los proveedores puedan cobrar sus facturas directamente a través del Fondo para la Financiación de Pago a Proveedores. Los Ayuntamientos tendrán que pagar un cinco por ciento de interés y tendrán diez años para amortizar el préstamo con dos años de carencia. El Ministerio de Economía y Competitividad aportará hasta 6.000 millones de euros, de los que 1.500 millones serán depositados este mismo año.

Cataluña
La Generalidad veta las becas a los jóvenes profesionales de los ámbitos artístico y creativo que usen el español
El paroxismo identitario del Gobierno autonómico llega al extremo de exigir a los que optan a las ayudas destinadas al mundo del periodismo fotográfico que el texto ‘con una breve explicación que relate por qué se ha escogido el tema presentado en las fotografías, tiene que ser en catalán’.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com  20 Marzo 2012

La Agencia Catalana de la Juventud ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de las becas Conéctate del Carné Joven 2012, que se otorgan a través del departamento autonómico de la Presidencia y de la Consejería de Bienestar Social y Familia, según recoge el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña de este lunes.

Se trata de unas ayudas que la Generalidad de Cataluña entrega anualmente desde 2008 para ‘favorecer los procesos de emancipación de las personas jóvenes promoviendo la formación en diferentes ámbitos profesionales, potenciando aquellos sectores de carácter creativo y artístico como son el diseño, el periodismo, la radio, las publicaciones en revistas o el periodismo fotográfico’, y que en esta ocasión se ha ampliado a nuevas modalidades, como la televisión, la informática y la ingeniería.

Solo se puede optar si se utiliza el catalán
En la edición de este año el Gobierno autonómico de Cataluña repartirá, por este concepto, 60.000 euros, y, como ya es habitual, el Ejecutivo autonómico presidido por Artur Mas (CiU) ha establecido que el uso del catalán sea un requisito imprescindible para poder optar a ellas, a pesar de que el Tribunal Constitucional, en su sentencia sobre el Estatuto, dictaminó que es ilegal establecer la ‘preferencia’ por parte de la Administración hacia una de las dos lenguas oficiales.

Así, según recogen las bases, ‘los trabajos deben ser en catalán’ y ‘en los carteles ha de aparecer el título de la temática en catalán’, en el caso de las becas para diseño; los ‘artículos’ a presentar deben estar escritos en catalán, en el caso de las ayudas del ámbito del periodismo; las ‘grabaciones’ deben ser realizadas en catalán, para poder optar a las becas sobre el mundo radiofónico; las ‘tiras cómicas’ deben estar rotuladas en catalán, en caso de tratar de obtener las ayudas destinadas a ‘jóvenes dibujantes y guionistas de viñetas’; el ‘texto con una breve explicación técnica que explique cómo se ha sido desarrollado y cómo funciona la aplicación presentada’ debe ser en catalán, si se quieren conseguir las becas del ‘mundo de la ingeniería informática’; e incluso, en el caso de optar a las becas destinadas al ‘mundo del periodismo fotográfico’, el texto ‘con una breve explicación que relate por qué se ha escogido el tema presentado en las fotografías, tiene que ser en catalán’.

Cinco millones para combatir la pobreza… únicamente en catalán
Tal y como se puede comprobar en los decretos y resoluciones del último año, la discriminación hacia los castellanohablantes por parte de la Generalidad, lejos de atenuarse, y más allá del incumplimiento de las sentencias sobre bilingüismo escolar, se ha visto intensificada con la llegada de CiU al Gobierno autonómico, hasta convertirse en una práctica sistemática.

El caso más sangrante conocido en los últimos tiempos es, probablemente, el de los cinco millones de euros anunciados hace tres semanas por la Consejería de Bienestar Social y Familia para subvencionar a las entidades que promuevan la lucha contra la pobreza, especialmente la de los niños. El requisito para acceder a estas ayudas: que estas organizaciones utilicen el catalán en sus avisos y rótulos.

La discriminación lingüística abarca todos los ámbitos de la Administración
Pero no se trata del único caso; al contrario, las situaciones absurdas e ilegales son abundantes y alcanzan casi todos los ámbitos: desde las multimillonarias subvenciones de la Consejería de Cultura, hasta las sanciones a los comerciantes por no rotular -al menos- en catalán; pasando por los protocolos lingüísticos para que el personal sanitario solo utilice el catalán; la censura al español en TV3; la organización de actos en favor de la prohibición del castellano en las escuelas públicas (pero, paradójicamente, no del francés); las ayudas para la investigación; las subvenciones a los medios de comunicación y las aulas de acogida para inmigrantes, todo ello supervisado por una red de comisarios lingüísticos.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Barcelona -también en manos de CiU- no le va a la zaga en esta materia a la Generalidad. Así, además de bloquear el español en los menús de los teléfonos digitales de los funcionarios municipales, prefiere no pagar las multas de aparcamiento antes que rotular las señales en las dos lenguas oficiales, tal y como establecen las leyes.


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Un nuevo TC
Josep Maria Francàs Porti  www.gaceta.es 20 Marzo 2012

Viendo el espectáculo político de ayer uno aprende a sobrevivir con la ignorancia. Viva 'La Pepa', ¿quién es? Esto es lo que parecían necesitar preguntar cientos de políticos y comentaristas deslumbrados por un titular del pasado sin el más mínimo atisbo ni de conocimiento ni de critica.

Allá ellos, el ridículo es personal y algunos lo asimilan bien. La verdad que el espectáculo fue superficial, pero barato, y ya es mucho. La ignorancia o mejor, la desfachatez de algunos, suele salirnos al pueblo demasiado cara.

La España actual tiene Tribunal Constitucional sabían, ¿no? En teoría este tribunal debería ser el garante de la constitucionalidad de nuestras leyes. Tendría que ser ágil, claro y por ende, eficaz. Sus componentes tendrían que ser ante todo independientes y, como no, de sabiduría probada dado que lo que ellos resuelven, resuelto está.

Si uno revisa la historia de este Tribunal: sus miembros, sus decisiones, su velocidad, su eficacia... poca primavera atisba, traigo a colación esta romántica estación porque hace pocas horas que se ha hecho presente en nuestras casas aunque con tintes del constitucional: triste, fría, lenta y no sigo.

Su declinar empezó con la sentencia de Rumasa, y siguió y siguió. La politización, su falta de independencia, lo llevaron a dilatar hasta magnificar el conflicto del sin duda inconstitucional 'Estatut de Cataluña'.

Su autoatribución de funciones le llevaron a enmendar la sentencia del Tribunal Supremo sobre Bildu, legalizándolo y consiguiendo que sus miembros se hicieran con multitud de instituciones vascas..

Pocos dudan de que la necesaria independencia de poderes exige un cambio -cuando no la desaparición- de este tribunal malcriado. El nuevo TC debe ser independiente por la independencia de sus miembros y debe ser solo Tribunal Constitucional y no último recurso para que la política, los políticos más bien, corrijan según sus intereses las sentencias que no les interesan del Tribunal Supremo.

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Muera la Pepa, vivan las cadenas. Muera España, vivan los privilegios
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 20 Marzo 2012

¿200 años de Constitución? No, por desgracia. Más bien dos siglos de abuso y mal uso de la Ley, llamando libertades a los privilegios y derechos a las injusticias.

En este año de centenarios, el viernes 16 de marzo fue celebrado por la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra recibiendo y escuchando a Gloria Rekarte, autodesignada o titulada por los conocidos demócratas de Etxerat como "presa política". La señora o señorita Rekarte puede ser muchas cosas, algunas de ellas seguramente no publicables aquí, pero con seguridad lo que ni es ni ha sido es "presa política"; se trata de la asesina condenada del artificiero Francisco Berlanga y del civil Pedro Fernández, los dos en 1979. Una miembro de ETA, una criminal que sólo ha cumplido en prisión, por dos asesinatos y otros delitos, veinte años de condena.

No estoy yo muy seguro que los navarros que en 1212 arrasaron a la morisma en las Navas, ni sus descendientes que en 1512 aclamaron a Fernando el Católico, ni sus representantes que en 1812 se reconocieron miembros de la Nación española, "reunión de todos los españoles de ambos hemisferios", estuviesen muy de acuerdo con un homenaje rendido a una terrorista marxista etarra, la señora o señorita Rekarte. Aclamar la presencia, las ideas y las propuestas de un enemigo de la Nación supone tanto como negar a ésta la soberanía y aplaudir la existencia de castas privilegiadas. Algo muy lejano al patriotismo afirmado el 19 de marzo por Mariano Rajoy en Cádiz, y al reconocimiento de la indignidad de algunos de sus antepasados por el monarca hoy reinante. Así que todos los que asistieron al triunfo "foral" de la señora o señorita Rekarte se unieron al grito de ¡vivan las caenas!, como enemigos de la libertad, la grandeza y la unidad de la Nación española que son todos los que así actúan.

Esto es sólo el aperitivo, por supuesto. Los enemigos de la Pepa y de sus principios, enemigos de España en cualquiera de sus formas, tienen a madame Rekarte sólo como símbolo y anticipo de lo que planean imponernos. Fieles siempre a la invención de Sabino Arana, en torno a su fiesta de la Pascua de Resurrección esperan una gran eclosión política y propagandística del montaje abertzale. Antes de intentar hacer un esfuerzo reuniendo a sus masas en Pamplona (y bien saben que no llegarán en ningún caso a igualar la masa españolista congregada en 2007), quieren unir sus fuerzas en lo que llaman un "Acuerdo Estratégico Nacional", que arrejunte en una sola sigla a todos los discípulos políticos de ETA-Batasuna, con Aralar, Amaiur, EA, Bildu y demás.

¿Qué quieren? En resumidas cuentas, establecer nuevos privilegios de casta (acercando y soltando a los criminales de ETA antes del tiempo debido, no juzgando los delitos pendientes y amnistiando los ya condenados), negar la libertad y la identidad de los navarros (abriendo espacios a la anexión y utilizando los que indebidamente se dejaron en anteriores momentos de cobardía) y romper la unidad y la soberanía de la Nación (llamando "paz" al establecimiento como resultado de sus crímenes de una independencia, autodeterminación o como se quiera llamar). Y eso es, aunque en el PSOE no todos terminen de entenderlo, exactamente lo contrario a lo que los navarros celebramos en el segundo centenario de la Constitución de 1812.

Así que, si de verdad queremos celebrar la Constitución de 1812, lo primero que hay que hacer es no prestar relevancia política a los asesinos abertzales. Sobre todo porque cualquier victoria de éstos y de sus presos será una derrota del constitucionalismo español y un paso hacia la división entre los españoles y hacia el establecimiento de privilegios entre ellos. Por eso, y sin ninguna duda, el mejor homenaje a la Pepa es comprometernos todos a que Gloria Rekarte no volverá a tener entrada a las instituciones navarras y a que ninguno de sus objetivos políticos, totalitarios todos, tiene posibilidades de hacerse real en la España del siglo XXI. Si es que de verdad la queremos libre y de verdad estamos dispuestos a luchar por la libertad por todos los medios.

La etarra Gloria Rekarte en el Parlamento y los parlamentarios escuchándola son una reivindicación de las cadenas y de los privilegios, de los que se desean si no es de los que se añoran. Por cierto que la Constitución de 1812, como la de 1978 pero con palabras más claras, no sólo exige fidelidad al mismo texto sino, antes y como obligación previa, "el amor de la Patria", incluyendo además la obligación de todo español de "defender la Patria con las armas". O con lo que haga falta: que no se hagan ilusiones, que ni con tregua ni sin tregua los asesinos tienen otro destino que la cárcel. No desde luego el Parlamento, sean cuales sean las mezquindades de partido que hayan permitido esta miseria moral precisamente estos días.

Cataluña
muchos ciudadanos catalanes, [son] plurales en su propia identidad
Redacción www.vozbcn.com  20 Marzo 2012

Joseba Arregi, presidente de Aldateka y ex consejero de Cultura del Gobierno autonómico del País Vasco con el PNV, en un artículo publicado este martes en El Periódico:

‘[...] Si comprensible es que [el Gobierno autonómico de] Cataluña reclame una mejor financiación, la revisión incluso del conjunto del sistema autonómico, lo que no parece tan comprensible es la forma de plantearlo. Un sistema no se mejora con planteamientos que apuntan a su quiebra. Y plantear un pacto fiscal similar al concierto vasco -y navarro- es apostar, tal y como se ha permitido que se desarrolle en la práctica el concierto vasco por medio del cupo, por la quiebra del sistema. Aunque quizá sea eso lo que se persigue.

Incluso la reclamación de una agencia tributaria propia [autonómica] sería asumible por el sistema, pues hay países federales en los que la recaudación de los impuestos regulados en la Constitución, los más importantes, es cuestión de los estados, de los länder o de las autonomías. Sabemos que en España si este planteamiento implica problemas no es por una cuestión de lógica del sistema, sino por la desconfianza mutua que existe entre el Gobierno central y las autonomías, o al menos algunas de ellas, las que puedan estar gobernadas por nacionalistas que quieren que se confíe en ellos pero que afirman que no quieren estar en España, desconfianza cuya responsabilidad es, al menos, compartida.

Pero los últimos movimientos del nacionalismo catalán, la aprobación de la ley de consultas no vinculantes, abriendo así la puerta al nacionalismo de bolsillo, a confiar en que la ciudadanía vote a favor de que se llene su bolsillo, no solo buscan solucionar un problema que requiere un arreglo con urgencia, sino que pretenden saltar sobre la realidad plural de la sociedad catalana apostando por la homogeneidad que puede producir coger a los ciudadanos por donde más duele, en especial en época de crisis: por el bolsillo.

[...] ¿Y si las cosas no funcionan así? ¿Y si al final aparecen efectos no deseados por el nacionalismo catalán? Si algo caracteriza, además de lo dicho, a las sociedades actuales es que se han convertido en sociedades cada vez más imprevisibles, menos atadas a la tradición, más variables, menos fiables en sus comportamientos, lo que desespera a los políticos que tienen que desayunar todos los días las correspondientes encuestas para saber por dónde se les pueden escapar los votantes.

Lo que es terrible es que cada vez se tiene más la impresión de que a los responsables políticos lo que menos les importa es la libertad de los ciudadanos, que lo que menos les importa es garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, la libertad de conciencia, la libertad de identidad, la libertad de lengua, la libertad de sentimiento de pertenencia como aplicaciones actuales de la aconfesionalidad del Estado.

Pudiera ser que el nacionalismo de bolsillo le funcionara al nacionalismo catalán, y que dentro de poco tiempo hubiera una mayoría clara y suficiente para declarar la independencia de Cataluña. Pero entonces, como ya he escrito en estas páginas [de El Periódico] alguna vez, igual se le plantea a Cataluña el problema que desde el nacionalismo catalán se afirma que España no ha sabido gestionar: el plurinacionalismo de los catalanes, el hecho de que muchos ciudadanos catalanes, sin renunciar a sentirse catalanes, tampoco renuncian a sentirse españoles, plurales en su propia identidad, lejos del monismo y del reduccionismo identitario, y ello como garantía de su libertad de conciencia.

El nacionalismo de bolsillo, además, se puede encontrar con un problema añadido: ese bolsillo es insaciable, crece a medida que se va llenando, y el gobierno que lo promueve es, desde el principio, prisionero de lo que ha puesto en marcha’.

Conflicto
Convivencia Cívica Catalana recurre ante el TS el blindaje de la imposición lingüística
Los líderes de la plataforma han llevado el recurso de casación a la sede del TSJC, que ahora tendrá un plazo de 30 días para trasladarlo al Supremo
Europa Press www.lavozlibre.com 20 Marzo 2012

Madrid.- La plataforma Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha presentado este martes un recurso contra la "reforma" dictada por el Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC) sobre el auto del Tribunal Supremo (TS) respecto a la imposición lingüística en las escuelas catalanas.

Los líderes de CCC han llevado el recurso de casación a la sede de la Sala Contenciosa Administrativa del TSJC, que ahora tendrá un plazo de 30 días para trasladar el recurso al Supremo.

Hace unos días, el TSJC, en un auto contradictorio, refrefendó el modelo catalán de imposición lingüística en las escuelas, a la vez que reconocía el derecho de los padres que así lo solicitaran de escolarizar a sus hijos en castellano. Esta sentencia fue dictada después del recurso que la Generalitat interpuso al auto en el que el propio TSJC obligaba a la Consejería de Educación a equiparar en un plazo máximo de dos meses el castellano y el catalán en las escuelas de Cataluña.

Para el abogado de Convivencia Cívica Catalana, Ángel Escolano, su principal argumento para recurrir es que que el auto del TSJC no ejecuta la sentencia del TS en la que instaba a la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para "adaptar el sistema de enseñanza a la nueva situación creada por la declaración de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional (TC) que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán".

Para Escolano, existe una incongruencia entre el fallo del TSJC y la sentencia del TS y asegura que el tribunal catalán no puede rectificar el sentido de una sentencia del Supremo.

Además, afirma que la parte del auto del TSJC en la que obliga a la Generalitat a prestar atención lingüística personalizada sienta jurisprudencia y de momento la plataforma ya cuenta con cinco sentencias favorables en este sentido.

Cataluña
Cataluña exigirá nociones de catalán a los inmigrantes para obtener el arraigo
La instrucción, que hoy ha sido enviada a todos los ayuntamientos, pone el acento en «valorar el esfuerzo de integración de las personas que solicitan el informe de extranjería»
EFE / BARCELONA ABC  20 Marzo 2012

La Generalitat ha pactado con las entidades municipalistas -FMC y ACM- los nuevos criterios generales para elaborar los informes de extranjería, que tendrán en cuenta sobre todo las condiciones de habitabilidad de su vivienda y el conocimiento del catalán y castellano de los inmigrantes.
«Se trata de valorar el esfuerzo de integración que ha hecho la persona», señala Clèries
En una entrevista con Efe, el conseller de Bienestar Social, Josep Lluís Cleries, ha avanzado a Efe que la instrucción, que hoy ha sido enviada a todos los ayuntamientos, pone el acento en "valorar el esfuerzo de integración de las personas que solicitan el informe de extranjería", ya sea para acreditar su arraigo y legalizar su situación, renovar su residencia temporal o pedir reagrupamiento familiar. En el caso de reagrupación, también se valorará que el nivel de ingresos del solicitante sea suficiente para su familia.

Desde que la Generalitat tiene la competencia para emitir los informes de extranjería -junio del año pasado-, ha registrado un total de 23.059 solicitudes, de las que ya ha emitido 15.406 informes, 636 de ellos desfavorables, ha explicado Cleries.
«Esfuerzo de integración»

El arraigo se valorará en función de si el solicitante "conoce suficientemente la sociedad catalana y tiene las competencias comunicativas básicas en las lenguas oficiales de Cataluña y si ha participado en servicios de acogida o en la red asociativa".
Será suficiente acreditar nociones del idioma catalán
"Se trata de valorar el esfuerzo de integración que ha hecho la persona, porque creemos que el cumplimiento de los deberes del recién llegado como ciudadano contribuye a la cohesión y la convivencia", ha explicado Cleries.

El conseller ha afirmado que será suficiente acreditar nociones del idioma catalán y, en todo caso, se pospondrá el informe hasta que el solicitante haya hecho algún curso de lenguas oficiales.

Para elaborar este documento de arraigo, los inmigrantes tendrán que acreditar 3 años de permanencia en España, documentar sus medios económicos (contrato laboral, autónomo u otros), sus vínculos familiares y si participa en programas sociolaborales o cursillos.
Informe desfavorable

"En caso de que no pueda comunicarse mínimamente en las dos lenguas oficiales, se le pedirá haber iniciado una formación en la lengua o lenguas que desconozca con un mínimo de 20 horas ya cursadas en el momento de la entrevista", establece la instrucción.

"Si no se comunica en las dos lenguas oficiales de Cataluña y no se ha hecho este esfuerzo complementario el documento propuesta y el consecuente informe será desfavorable", dice la nueva normativa, que únicamente exigirá "un mínimo de sesiones formativas" para las personas que sean analfabetas o discapacitadas.

El otro nuevo requisito imprescindible son las condiciones de salubridad y habitabilidad de la vivienda del solicitante. La nueva norma establece una inspección ocular "imprescindible" del piso, para "valorar el uso de la vivienda y el número real de personas que viven en ella, para lo cual se podrán hacer diversas visitas", lo que en la práctica descarta que un inmigrante que viva en un piso patera pueda obtener un informe favorable.

El alcalde defiende que el Ayuntamiento impulsa el uso del gallego
Negreira compromete la cooperación municipal con la Real Academia Galega
La Opinión  20 Marzo 2012

El Ayuntamiento coruñés defiende siempre "el impulso del gallego", manifestó ayer el alcalde, Carlos Negreira, tras la entrevista que mantuvo en el Palacio Municipal con el presidente de la Real Academia Galega, Xosé Luís Méndez Ferrín, de quien valoró su defensa del diálogo entre las instituciones.

Negreira incluyó esta reunión, en la política del Gobierno local en favor de la cooperación con las diferentes administraciones y todo tipo de entidades e informó de que transmitió a Ferrín la voluntad del Ejecutivo municipal de que se promueva la "pluralidad lingüística y cultural como una oportunidad para los coruñeses".

El alcalde puso de relieve el "destacado papel" de la Real Academia en el desarrollo social de Galicia, en especial en A Coruña, por lo que agradeció que la institución tenga su sede en la ciudad desde 1906, el año de su fundación.

La llegada del Partido Popular a la Alcaldía coruñesa supuso la desaparición de la Concejalía de Normalización Lingüística, creada por el anterior Gobierno local a instancias del BNG, con el argumento de que no era necesario normalizar ninguna situación en este terreno. El reciente cambio del nombre del programa juvenil Noitenova por el de Nocturnia llevó al BNG a acusar al PP de atacar al gallego.

Juicio en la audiencia nacional
Tres etarras se jactan de pertenecer a ETA y llaman a seguir atentando
Los tres son juzgados por un atentado en Santander, cometido en 2002.
agencias Libertad Digital 20 Marzo 2012

Los etarras Idoia Mendizabal, Jon Kepa Preciado y Jon González se han mostrado "orgullosos" de pertenecer a ETA y han instado a "darle duro hasta conseguir la independencia" ante el tribunal que les ha juzgado por colocar un coche-bomba el 22 de junio de 2002 en Santander.

Así lo han asegurado los acusados en la vista celebrada ante la sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en la que el fiscal Pedro Martínez ha mantenido su petición de 20 años de cárcel para Preciado y González y de 26 años para Mendizabal.

Precisamente ha sido la terrorista la que ha asegurado en euskera que "lo único" que tenía que decir es que pertenece a ETA y está "muy orgullosa de serlo", informa Efe, tras lo cual ha rechazado responder a las preguntas al no reconocer al tribunal.

A continuación, su compañero Jon Kepa Preciado también ha negado la legitimidad de los magistrados antes de subrayar: "Jo Ta Ke Independentzia ETA Sozialismoa Lortu arte (dale duro hasta conseguir la independencia del socialismo)".

Gonzalez es el único que ha hablado en castellano para señalar que "como militante de ETA" nunca ha tenido que ver con el ‘comando Olaia’ ni con uno de sus taldes, el ‘Jata’", al que se atribuye este atentado, en el que resultaron heridas seis personas y provocó gran cantidad de daños materiales en los edificios y viviendas en la zona del edificio de Nuevos Ministerios de Santander

En el juicio ha declarado como testigo el excoordinador del grupo Vizcaya Gorka Martínez Arkarazo, que ha reconocido que colaboraba con la banda alquilando un piso en Amorebieta (Vizcaya) al que "de vez en cuando venía gente a pasar unos días", así como una lonja en Galdácano.

Según ha relatado, su función se limitaba a proporcionar esta vivienda a miembros de la banda "y nada más" y, preguntado por si en la lonja se guardaban explosivos, ha admitido que "vio un montón de cosas" cuando acompañó a la policía a hacer los registros tras ser detenido en septiembre de 2003.

Asimismo, ha precisado que mientras permaneció arrestado, cuando reveló los nombres de los componentes del "Olaia", fue sometido a torturas, por lo que esas declaraciones no fueron "para nada voluntarias".

Uno de los ertzainas que asistió a su declaración ha insistido en que Martínez Arkarazo reconoció haber comprado para el comando una máquina de escribir que sólo usaba Mendizabal y que la transcripción de una de las cintas de la misma reveló la descripción de esta acción.

De ahí que el fiscal sostenga que la terrorista era la "dinamizadora" de este grupo, encargándose de captar a colaboradores y la que, junto a sus compañeros Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga -muertos en septiembre de 2002 en Basurto (Vizcaya) al explotar la bomba que manipulaban en el interior de un vehículo-, introdujo en el coche que habían robado previamente, el artefacto que habían preparado con unos 30 kilos de explosivo.



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