AGLI

Recortes de Prensa   Viernes 23  Marzo 2012

 

¿Quiénes son los bárbaros?
Joaquín Marco La Razón 23 Marzo 2012

El Imperio Romano sobrevivió siglos rodeado e infiltrado por bárbaros (extranjeros o extraños) hasta que, decadente, fue invadido. Pero el mundo actual no rueda a la velocidad de otros siglos, quizá más oscuros, y se introducen de diversas formas hasta al corazón mismo del imperio estadounidense. Cuando un terrorista –no puede calificarse de otro modo– asesinó en Montauban y Toulouse a unos indefensos soldados o a un maestro y a unos niños judíos, los políticos franceses decretaron de inmediato la máxima alerta, porque estimaron que podría tratarse de alguien o algunos, entrenados para matar, próximos a una posible facción neonazi. No sería la primera. Se generalizó el temor, porque en el seno de la sociedad francesa pueden descubrirse signos de exclusión social y fracturas. La velocidad con la que su Policía descubrió y rodeó la casa de Mohamed Merah, detuvo a su hermano y concluyó que, al día siguiente, el terrorista se había propuesto continuar su personal exterminio, resulta admirable. Este joven de tan sólo veinticuatro años, francés de origen argelino, según parece, esgrime motivos para justificar su acción: el infanticidio palestino por Israel, la intervención francesa en Afganistán o la prohibición total del velo femenino en Francia. Aún antes de dar con él, se detectaron sus dos viajes a Afganistán y Pakistán, su posible paso, aunque desmentido, por la cárcel de Kandahar, su entrenamiento militar y varias detenciones por pequeños robos allí y en Toulouse. Su abogado refiere un último caso: conducir sin carné.

Se admite su radicalización yihadista y salafista y él mismo parece declararse miembro de una dispersa Al Qaeda que sigue infundiendo razonable temor. También España puede contar sus víctimas. Se nos ofreció el retrato de un fanático. Su adscripción favorecerá, tal vez, a la extrema derecha francesa a la puerta de las elecciones. Sarkozy y Hollande han rechazado utilizar este conmovedor desastre como motivo electoral, pero Sarkozy ya había aludido a un cierre de fronteras. Y las palabras nunca son inocentes, mucho menos en política. Aún es pronto para adivinar si esta conmoción nacional influirá en la votación de los franceses. Pero la candidata Le Pen estaba, vestida de riguroso luto, en la primera fila del funeral de los militares. Los cadáveres de los niños judíos fueron trasladados a Israel con el ritual de los mártires, víctimas de un denunciado antijudaísmo que, según Israel, se manifiesta de nuevo en Europa. Permanece el recuerdo imborrable de la tragedia del Holocausto. Pero las iniciales dudas nos llevan a advertir también de que bajo la Europa agitada por la crisis económica subyacen rechazos de toda índole. Hoy advertimos la presencia de otros «bárbaros» con los que convivimos. Hay quienes entienden todavía que hombres y mujeres no son iguales, que los seres humanos se diferencian según su lugar de nacimiento, vocación de pertenecer a una determinada religión, raza o nación, exista ésta o no en el mapa. Fue en su día Jordi Pujol quien dictaminó que era catalán quien vivía y trabajaba en Cataluña. Eran otros tiempos. Pero hasta el patriarca se ha radicalizado y cuenta más para buena parte de la juventud lo que separa «de Madrid» que lo que une, aunque existan siglos de historia y empresas comunes.

Merah fue detectado, sin embargo, hace cinco años por la Guardia Civil en la frontera, acompañado de otros tres hombres. Tal vez procedían de Cataluña. Por fortuna, los servicios de inteligencia, coordinados, no están ociosos. España, Cataluña o el País Vasco han sido siempre zonas de aluvión, de sucesivas inmigraciones. Convendría, pues, preguntarse quiénes deben considerarse hoy nuestros bárbaros o extraños y cómo es posible, si lo es, asimilarlos. Los autóctonos (o quienes creen serlo) se ven obligados a competir con los «otros» en el mercado laboral y en la vida diaria. Nuestras dificultades, creen algunos, son resultado de su presencia y no un problema propio. Cuesta admitir que aquel oasis de antaño no fuera tal y camparon en él la corrupción y el despilfarro. Pero en la actualidad los «otros» han logrado penetrar hasta el meollo del Imperio.

Los estadounidenses tienden a encerrarse en sí mismos, porque perdieron la guerra en Viet-Nam, fracasaron en Irak y en breve tiempo dejarán Afganistán más o menos como lo encontraron. Asia les acecha. Ya no imponen su garrote en el sur del continente. Los hispanos van penetrando por los resquicios de sus fronteras. ¿Y qué sucede en el núcleo europeo más duro? Alemania necesitó la mano de obra turca y Francia, la de argelinos y marroquíes. Hay, pues, una legión de bárbaros de distinta naturaleza. Aquí, en un mundo globalizado y sin un euro, emergen viejos y nuevos fantasmas. Son otros los que nos sojuzgan y se apropian de nuestra creatividad. Porque somos, uno a uno, los mejores, aunque no acabemos de diagnosticar lo que sucede: caldo de cultivo para terroristas organizados o fanáticos solitarios.

Crónicas del despilfarro
Y Rajoy subvencionado a los huelguistas
Guillermo Dupuy Libertad Digital 23 Marzo 2012

De entre todo el despilfarro que Rajoy ha decidido mantener, aun a costa de incumplir con sus electores tanto en el ritmo de reducción del déficit como en su promesa de no subir los impuestos, quizás sean las multimillonarias subvenciones a los sindicatos y a la patronal el dispendio más hiriente y estúpidamente suicida. No digo yo que no lo sea también el multimillonario derroche que suponen las transferencias a la televisión pública –donde, por cierto, tan activa permanece la propaganda a favor del PSOE-; o los miles de millones a la llamada ayuda al desarrollo, o cualquiera de las superfluas partidas cuya supresión, en conjunto, hubiera permitido afrontar el déficit supuestamente imprevisto que habían dejado, además de los socialistas, no pocos gobernantes manirrotos, locales y autonómicos, del PP.

Sin embargo, la decisión del Ejecutivo de Rajoy de mantener el 80 por ciento de las subvenciones directas y el 100% de las indirectas a los sindicatos se lleva la palma. Y se lo lleva hasta el extremo de evocarme aquella frase atribuida a Lenin que decía que "estos burgueses nos venderán la soga con la que les ahorcaremos". La diferencia está, naturalmente, en que Lenin en esto de ahorcar a los adversarios se lo tomaba, el hombre, muy al pie de la letra, mientras que los sindicatos -sin negarles sus pulsiones violentas-, no llegan ni mucho menos a tanto.

Con todo, qué duda cabe que las subvenciones a los sindicatos forman parte de ese gasto público que está asfixiando a los ciudadanos en forma de mayores impuestos y endeudamiento. Y qué duda cabe, también, que, sin esas mordidas al contribuyente, los sindicatos lo tendrían infinitamente más difícil para tratar de estrangular políticamente a un gobierno en lo poco que ha hecho positivo, como es su reforma laboral.

Se dice, y con toda la razón, que, entre las muchísimas cosas que Rajoy debería haber hecho nada más llegar al gobierno, está una Ley que regule el derecho de Huelga. Pues bien: Tanto o más urgente era erradicar esas subvenciones que tanto facilitan a los sindicatos su tarea de violar, mediante la huelga, el derecho al trabajo de los que no la secundan, causar cuantiosas pérdidas económicas a la sociedad que vampirizan o perjudicar políticamente al gobierno que se lo consiente.

Terrorismo
El coste económico de la lucha contra ETA
Mikel Buesa Libertad Digital 23 Marzo 2012

La importante caída que, desde hace algo más de dos años, han experimentado las actividades terroristas de ETA, ha suscitado una cierta reordenación de la política antiterrorista destinada principalmente a la reducción de su coste económico. Recordemos algunas de las cifras fundamentales a fin de eludir las impresiones difusas que pueden dar lugar a valoraciones poco fundamentadas.

Por una parte, es meridiano que las acciones terroristas se han ido difuminando: desde agosto de 2009, ETA no ha cometido ningún atentado en España —aunque se anota dos actos de este tipo en Francia, uno en 2010 y otro en 2011—; el terrorismo callejero, aunque no ha desaparecido completamente, se ha atenuado, de manera que se ha pasado de 155 incidentes en 2009, con un coste de 2,6 millones de euros, a 50 en 2011, con unos daños de apenas 76.000 euros; también se han reducido los robos de vehículos, explosivos y otros materiales destinados a la realización de atentados; y las últimas cartas de extorsión a empresarios datan de noviembre de 2010. No significa todo esto que la amenaza terrorista haya desaparecido, pues de hecho ETA sigue en activo como tal organización y el movimiento que lidera ha obtenido importantes progresos en el terreno político. Pero sí puede afirmarse que el nivel de esa amenaza violenta es ahora sustancialmente inferior al que existía hasta hace un par de años.

La reducción de las actividades de ETA guarda una estrecha relación con la intensidad de la lucha policial contra esta organización terrorista. Recordemos que, por mencionar sólo el último quinquenio, las fuerzas de seguridad han desmantelado 88 depósitos de material logístico, incautándose de 105 armas y 7,4 toneladas de explosivos, además de otros tipos de materiales; que también han detenido a 486 militantes o colaboradores de la banda, así como a 487 individuos implicados en el terrorismo callejero. Y recordemos asimismo que ha sido la acumulación de acciones represivas la que, como he mostrado en un reciente informe publicado por la Cátedra de Economía del Terrorismo, ha inducido la progresiva incapacidad de ETA para sumar nuevos actos a su larga carrera delictiva.

Pues bien, el coste de la política antiterrorista, en lo que atañe a ETA, se ha cifrado en unos 700 millones de euros al año —690,2 en 2011, para ser más precisos—, de los que cerca de tres cuartas partes han correspondido a la Administración del Estado y el resto al Gobierno Vasco. Ha sido un coste importante que, desde una perspectiva estrictamente económica, puede justificarse por el hecho de que la reducción de los atentados que ha tenido lugar en el quinquenio anterior a su cese, ha evitado unas pérdidas anuales del orden de 1.043 millones de euros para el conjunto de la economía española.

Tal vez convenga explicar este último dato. Los estudios sobre la economía del terrorismo que se han desarrollado durante la última década han destacado que esta forma de violencia política, cuando adquiere un carácter recurrente a lo largo del tiempo, rebaja las expectativas de los consumidores y los empresarios, dando lugar a una reducción del nivel de inversión y afectando, por esta vía, al crecimiento económico. Éste, a su vez, se ve también mermado por la necesidad de destinar recursos a incrementar las políticas de seguridad, reduciendo las disponibilidades de otros destinos más productivos para el gasto público. En conjunto, según las estimaciones más recientes de los profesores Khusrav Gaibulloev y Todd Sandler para los países de Europa Occidental, la variación en el tiempo de una unidad por cada millón de habitantes en el número de atentados provocados por organizaciones terroristas internas, da lugar a un cambio, en sentido inverso, de 0,17 puntos porcentuales en la tasa de crecimiento del PIB. Tomando esta cifra y teniendo en cuenta que, en España, los atentados de ETA se redujeron desde 1,07 a 0,53 unidades por millón de habitantes entre la primera y la segunda mitad de la pasada década, se llega a la cifra de algo más de mil millones anuales que antes se ha mencionado al valorar el efecto positivo de la política antiterrorista sobre el crecimiento del PIB.

Lógicamente, esta mejora del PIB derivada de la reducción del terrorismo se ha mantenido en un nivel similar con el cese casi completo de las acciones violentas durante los dos últimos años. Pero esta última circunstancia señala que ya no quedan apenas ganancias económicas futuras que puedan derivarse del sostenimiento de la política antiterrorista en los mismos términos que se han mantenido hasta ahora. Dicho de otra manera, el argumento económico señala que es razonable plantear una reducción de los recursos destinados a combatir a ETA salvo que ésta volviera a ejercer la violencia.

Naturalmente, la lógica económica no es lo único que hay que considerar, pues, debido a que ETA aún no se ha disuelto y entregado sus armas, deben tenerse en cuenta también los aspectos políticos implicados en este asunto. Ello hace que lo prudente sea una reducción parcial y paulatina de los recursos económicos destinados a la lucha contra esta banda que permita aminorar significativamente los costes de la política antiterrorista. Esto es lo que, a la vista de las informaciones que se han ido publicando en los últimos meses, parecen haber entendido tanto el Ministerio del Interior como la Consejería de Interior del Gobierno Vasco.

En efecto, desde septiembre de 2010 se ha asistido a una reducción de los efectivos policiales destinados a la protección de personalidades. Y lo mismo ha ocurrido, un año más tarde, con respecto a la contratación de escoltas privados con la misma finalidad. Las acciones emprendidas por los responsables de Interior han posibilitado, ya en 2012, un ahorro de unos 100 millones de euros en cuanto al empleo de empresas privadas de protección. Por otra parte, se ha anunciado una reducción del 70 por ciento en los efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil destinados a la misma tarea para derivarlos hacia otras funciones policiales no relacionadas con el terrorismo. Ello afectará a alrededor de 1.850 miembros de las fuerzas de seguridad, con una reducción de costes para la política antiterrorista de algo más de 110 millones de euros. Y lo mismo se puede decir con respecto a la Ertzaintza, cuya plantilla de escoltas se ha reducido en unos 300 ertzainas, con un ahorro de 22,5 millones de euros.

Todo ello señala que, en 2012, el coste de la lucha contra ETA se va a quedar, seguramente, en unos 460 millones de euros, lo que, teniendo en cuenta los argumentos antes expuestos, parece bastante razonable. Este coste se va a aproximar, por otra parte, al que corresponde a la prevención del terrorismo yihadista internacional, que actualmente se estima en unos 370 millones de euros al año. Y si la actividad terrorista de ETA no repunta e incluso desaparece, es probable que, en años sucesivos, veamos un ajuste adicional, con lo que la sociedad española habrá empezado a disfrutar del dividendo económico del final del terrorismo.

El Sr. Buesa Blanco es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense de Madrid. Miembro del panel de Opinión de Libertad Digital.

Cataluña
Reforma laboral y privilegios territoriales
Antonio Robles Libertad Digital 23 Marzo 2012

El despilfarro del dinero público y la irresponsabilidad del sistema financiero nos han hipotecado el futuro, además de empobrecernos el presente. Más allá de las medidas de austeridad que cualquier Gobierno ha de tomar para reflotar las finanzas públicas y activar la contratación laboral, de lo que nadie puede dudar es que las reformas emprendidas por nuestro Gobierno recortan los derechos de los trabajadores. No sólo recortan derechos coyunturales, caso de la bajada temporal de los sueldos a los funcionarios, sino buena parte de los estructurales (caso del coste por despido laboral), muchos de los cuales has costado décadas en conquistar. Pueden estar justificados o no, pero la evidencia es que después de la reforma, los trabajadores tendrán menos derechos. No sólo eso, es ese colectivo de los asalariados, junto a profesionales liberales y pymes, quienes en mayor grado sufren las consecuencias de la mala gestión de los responsables políticos.

Paradójicamente, mientras el Gobierno recorta los derechos de los trabajadores, deja intactos los territoriales. Algo incomprensible si se tiene en cuenta que son las autonomías, en buena media, las culpables del despilfarro que nos ha hundido en la miseria. En el mejor de los casos, el Gobierno de la nación limita alguno de sus
derechos coyunturales, como su capacidad de endeudamiento, pero deja intactos los estructurales, que son a la postre la fuente de sus excesos y la excusa para derrochar en frivolidades identitarias.

Para más INRI, algunos poderes territoriales acosan al Estado con la exigencia de pactos fiscales. Es el caso de Cataluña. Por boca de su presidente, Artur Mas, ya sabemos que la futura Ley de Consultas populares que está en trámite parlamentario servirá para envenenar al pueblo de Cataluña con la consulta sobre el déficit fiscal. Aunque no tenga la apariencia: "¿A quién puede incomodar o dar miedo la democracia y que se pregunte a la gente?", ha dicho al respecto desde Bruselas con cinismo infinito. A uno se le viene a la cabeza enseguida el por qué entonces no permite que las hojas de inscripción de principio de curso se pregunte a los padres en qué lengua escolar quieren que estudien sus hijos.

Un instrumento de agitprop, el último por ahora, de acoso al Estado. Es tan sucio el juego, que sus líderes ya se permiten cualquier exabrupto: todo parece colar en esta sociedad nacionalista enamorada de sí misma. Lo dijo Durán i Lleida y lo ha repetido Oriol Pujol a propósito de las críticas del Gobierno del PP a la Ley de Consultas cuya competencia es exclusiva del Estado: "Es un simple ejercicio de democracia. ¿A quién puede molestar la democracia? Solo a los que no son demócratas". Y se quedan tan anchos.

¿Qué se piensan que es la democracia? ¿El sentido que tienen ellos de lo correcto, o el respeto a unas normas? Si el derecho a convocar referendos es competencia exclusiva del Estado, sólo el Gobierno de la nación tiene potestad para hacerlos o permitirlos a terceros. Si al Sr. Durán o al Sr. Pujol, no les gusta la norma, que busquen los votos para cambiarla, pero en ningún caso saltarse la ley. En ese caso, los únicos que no son demócratas son ellos, y su proceder, inaceptable para la democracia.

Bien saben ellos la fuerza que su sofisma provoca en las gentes. Les eximen de comportarse con responsabilidad de Estado y de asumir el bien común que la progresividad fiscal garantiza. Bien lo saben ellos, por eso lo hacen. Saben que tienen un filón victimista en época de crisis donde la mera mención de mayores recursos genera expectativas favorables.

Que el agitprop nacionalista haga esto, es parte del circo; que el Gobierno de la nación no tome en consideración la deuda de las comunidades autónomas que en el 2011 ha registrado 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB), poniendo en riesgo servicios sociales esenciales como la sanidad (las listas de espera en los hospitales de Cataluña han aumentado hasta el 43%), es para reflexionar por qué los poderes territoriales son intocables. Curiosamente, la más endeudada de las comunidades es Cataluña, con 41.778 millones de euros, el 29,8% del total de la deuda acumulada en el conjunto de las comunidades. El segundo paso es detectar en qué se lo gastan, y el tercero en hacer una reforma territorial al modo y manera que se pretende hacer con la reforma laboral para evitar duplicidades, despilfarro y su programada erosión del Estado.

La ciudadanía ha de tomar conciencia del mal intrínseco que ha generado un sistema no limitado de soberanías compartidas entre el Estado y las diversas autonomías. Sin lealtad por el bien común de los ciudadanos españoles, los gobiernos territoriales tienden a generar su propia estructura política a imagen y semejanza del Estado, y en algunos casos, con proyectos de construcción nacional. Ese poder tiende al clientelismo, como los propios partidos que la alimentan y del que viven. En el proceso se trafica con todo tipo de subvenciones interesadas para fidelizar clientes en el proyecto de construcción nacional, y a la vez, el propio proyecto se convierte en ubre imprescindible de los que nacieron para construirlo. Un círculo vicioso que lleva a suplantar la soberanía nacional y activar todo tipo de propaganda sentimental para sostener el tinglado. La ley de consultas es uno de esos instrumentos y el referéndum consiguiente (aunque le llamen consulta), la fórmula mágica para tirar al pueblo de Cataluña contra el Estado. No estaría mal que ya que venden la consulta del déficit fiscal como democrática, se envalentonen y pregunten también al pueblo de Cataluña si quieren pagar impuestos, o jubilarse a los cincuenta años. ¡Son tan democráticos!

Elecciones andaluzas
¿Socialismo o barbarie?
Agapito Maestre Libertad Digital 23 Marzo 2012

Las campañas electorales de los socialistas nunca se han caracterizado por la discusión de programas, análisis de propuestas y debates de carácter más o menos racional con sus contrincantes políticos, sino por los trazos gruesos y exagerados del irracionalismo de representar al resto de fuerzas políticas, especialmente a los candidatos del PP, como apestados sociales. La arena electoral fue siempre para los socialistas el lugar ideal para estigmatizar al adversario político hasta el punto de convertirlo en un enemigo horrible, entre otras cosas, porque ellos siempre se presentaban como los representantes del bien.

Sin embargo, el irracionalismo socialista, en la actual campaña de las elecciones en Andalucía, ha batido todos los récords de desvergüenza, cinismo e inmoralidad. La señora Valenciano ha llegado a decir que si gana el PP, no sólo peligra la democracia sino que los andaluces nunca serán felices. Este tipo de declaración apocalíptica es propia de terroristas de la época de la Revolución francesa. El irracionalismo del PSOE, como en otras campañas, no ha estado solo, sino que está muy bien acompañado por millares de profesores de enseñanza media y universitaria que no han cesado, desde hace meses, de repetir la consigna revolucionaria: “Si gana el PP, se cargarán todo”; “si gana el PP, se cargarán las pensiones, los hospitales, la enseñanza y, en fin, todos los servicios sociales”. También los cárteles y panfletos que dominan las universidades andaluzas son una continúa apelación al miedo que traería a la sociedad una victoria del PP. Periodistas, vinculados a Canal Sur y a otros cientos de medios socialistas, han lanzado cientos de soflamas de carácter tan revolucionario como apocalíptico contra el PP y siempre, naturalmente, amenazando sobre el terror que traería una victoria del PP.

¿Por qué han recurrido los socialistas a este tipo de campaña de catastrofista propia del socialismo más viejo y ajado? Es obvio, en primer lugar, porque no tienen nada que ofrecer salvo estigmatizar al adversario; pero, sobre todo, porque tratan de eliminar cualquier mínimo análisis de carácter racional de la Autonomía andaluza. En otras palabras, cualquier persona con un poco de “sentido común” percibe inmediatamente lo obvio: son excesivos 34 años de gobierno seguidos; los datos de educación, paro, sanidad, etcétera son los peores de España; la comunidad andaluza es el arquetipo de comunidad corrupta, por ejemplo, cómo se puede obviar que Griñán se presenta con un consejero imputado, un exdirector general en la cárcel, etcétera, etcétera. Por lo tanto, los socialistas han optado por elevar la campaña típica del miedo (a que viene la derecha) hasta la enésima potencia. Con este griterío ridículo de “socialismo o barbarie” tratan de encanallar a toda la sociedad contra la política en general y contra el PP en particular.

Por suerte, la indeterminación democrática, o mejor dicho, que el voto sea secreto, puede deparar grandes sorpresas y sustos a los socialistas la noche del 25 de marzo. Su campaña de “socialismo o barbarie” los silenciosos y sufridos electores la han traducido en otra alternativa más real, a saber, “sentido común” o “irracionalidad socialista”. Estoy convencido de que la mayoría de los ciudadanos optarán por el sentido común; sospecho que bajas están las expectativas socialistas en las encuestas, pero creo que aún serán más bajas en los resultados reales, porque los que callan, en este caso, cuando se les pregunta en los sondeos de opinión, votarán al PP. El miedo, que han creado los socialistas en esta campaña electoral, ha sido tan exagerado e indecente que la gente ha preferido guardar silencio e indiferencia por educación, pero el día 25 con su voto castigará todo el daño y las ofensas gratuitas que los socialistas han dirigido a los ciudadanos de Andalucía.

Lecciones de Toulouse
EDITORIAL Libertad Digital 23 Marzo 2012

Capturado y eliminado. Así termina para Mohamed Merah su guerra santa contra los infieles. El asedio policial duró más de 30 horas y el asalto final fue respondido a tiros, lo que indica la determinación del terrorista para hacer el mayor daño posible. Dos agentes de élite resultaron heridos. Un disparo en la cabeza acabó con el asesino que quiso "poner de rodillas" a Francia, el gélido, fanático y despiadado verdugo de tres soldados y de otras tres personas (dos niños y un adulto) en un colegio judío de Toulouse. Fin de la historia para esta brutal alimaña y comienzo de otra historia, la de las enseñanzas que Francia y Europa deben sacar de este nuevo episodio de terrorismo islamista.

La edad de Merah, 23, y su condición de nativo francés, de ascendencia argelina, parecen confirmar, al igual que en los atentados del 7-J en el Metro de Londres, que hay una joven generación de yihadistas nacidos y criados en Europa, que están siendo reclutados por Al Qaeda. No son inmigrantes, son franceses, ingleses, alemanes o españoles que abrazan el islamismo fanático y actúan con una brutalidad instruida en los campos de entrenamiento que la red terrorista global posee en Afganistán y Pakistán.

El segundo aspecto relevante a tener en cuenta es el individualismo con el que ha actuado Mohamed Merah. No es un lobo solitario, lo que requeriría que actuase de manera aislada, sin una organización que le diese cobertura. Es un yihadista conectado a una trama global, pero único en su célula, a falta de más datos que habrá de arrojar la investigación policial. Algunos observadores lo interpretan como un signo de debilidad de Al Qaeda. La organización necesitaría recurrir a asesinos jóvenes si más cobertura local que la casa de sus padres. Puede ser. O también puede ser que, en la lógica de los terroristas, una célula unipersonal y nativa sea más discreta y, por tanto, eficaz. ¿Cuántos terroristas como Merah, europeos nativos, jóvenes de nuestras ciudades, estarán siendo incubados en los campos de entrenamiento de Al Qaeda o cortejados en las mezquitas y las madrassas de Occidente?

Los Estados deben adaptarse lo antes posible a esta nueva realidad del terrorismo islamista practicado por jóvenes europeos. Es una realidad descorazonadora, pero cuanto antes se asuma, antes se podrá responder de manera eficaz a esta amenaza.

Una tercera lección es la ejemplar respuesta del Estado frances a los atentados de las últimas semanas. La Policía ha actuado con una diligencia encomiable: se comprobaron, desde el lunes, más de tres millones de llamadas telefónicas y se rastreó meticulosamente la huella digital del asesino hasta dar con su guarida. El presidente de la República, Nicolás Sarkozy, ha liderado una respuesta unitaria de una clase política que se encuentra en plena carrera hacia las Elecciones presidenciales de este año.

Esa respuesta ha incluido dos mensajes fundamentales: el primero, que no hay diálogo ni concesión posible a los terroristas. Se les persigue y se les elimina. Punto. El segundo, que ésta es una guerra contra el terrorismo, no contra la comunidad musulmana, que en Francia es particularmente significativa.

En el pasivo de la respuesta a los ataques yihadistas hay que anotar esa peregrina idea del presidente Sarkozy de promover una reforma legislativa para perseguir a quienes visiten sitios web que promueven el terrorismo. Se equivoca de enemigo el señor Sarkozy. La lucha contra el terrorismo no debería hacerse a costa de algunas libertades básicas.

Otro aspecto deplorable ha sido el desconcierto de la Prensa francesa, mayoritariamente progresista, al conocerse que el asesino era un islamista fanático y no un neonazi, como presumieron en un primer momento, después del ataque a la escuela judía. Se habían preparado para culpar a la derecha y se encontraron con que la realidad volvía a chocarles en la cara. Pero esto no es ninguna novedad en una Europa cobarde y negacionista de la amenaza que supone la expansión del integrismo islamista en su propio hogar.

El BCE estudia retomar la compra masiva de bonos españoles para evitar el colapso
El Gobierno emitirá 30.000 millones en «hispabonos» para salvar a las CC AA
B. Carrascosa/L. R. E. La Razón 23 Marzo 2012

MADRID- El Gobierno realizará antes del verano la primera emisión de «hispabonos», subastas por las que espera captar hasta 30.000 millones de euros anuales en dos años para financiar a las comunidades autónomas. El objetivo de la operación es reducir el interés que las regiones pagan por financiar su deuda, y el Ejecutivo logrará que las autonomías capten capital a precios más asequibles (prevé un ahorro de entre 800 y 1.000 millones sólo en intereses). El aval del Estado reabrirá las puertas del mercado a las CC AA, cerradas desde hace meses por los problemas de déficit y deuda y por los recortes de calificación crediticia sufridos en las últimas fechas.

A pesar de que los «bonos patrióticos» de las autonomías han desmostrado ser ineficaces para captar la atención de los inversores, Cataluña anunció ayer una subasta de estos títulos por valor de 2.000 millones de euros. Ofrecerá una rentabilidad del 4,5% a los inversores que suscriban bonos a un año y un 5% anual a quien los adquiera a dos años.

El mercado juega con España
Riesgo de quiebra en España, «hispabonos», descenso de la actividad en Alemania y Francia, segunda recesión en Irlanda, posible nuevo rescate de Portugal... El mercado sucumbió ayer ante la realidad de la zona euro, que está lejos de zanjar sus problemas, y los inversores pulsaron el botón de «vender» desde primera hora en otra sesión nefasta. El Ibex 35 se dejó los 8.400 puntos, con un descenso del 1,62%, mientras que la prima de riesgo de nuestro país –diferencial frente al bono alemán a diez años– se disparó otro 4,54%, hasta los 358,3 puntos básicos.

Quebrada Grecia, España y Portugal se sitúan en la primera línea de los problemas de la zona euro, pero es nuestro país, particularmente, el que más sufre el ataque de los inversores. Citi habló de «alto riesgo de quiebra» en la víspera, lo que disparó el interés del bono. Ayer, el rendimiento de la deuda a diez años volvió a crecer por novena sesión consecutiva en el mercado secundario y rozó el 5,5%, en niveles de enero, lo que es un síntoma más del nerviosismo del mercado respecto a todo lo que sucede en nuestro país.

El Banco Central Europeo (BCE) discute si debe reanudar las compras masivas de deuda española en el mercado secundario para frenar la sangría, ya que los expertos temen que el incremento brutal de la deuda pública conduzca al país al abismo. El miedo a España es el peor escenario al que podría enfrentarse la zona euro, y lo cierto es que la posibilidad de un rescate y una reestructuración de deuda ya se antoja como una de las soluciones para está situación.

Lo que está claro es que la «dictadura del mercado» precipitará los acontecimientos. Las inyecciones de liquidez del BCE han sido un completo fracaso en términos de trasladar capital a la economía real, lo que impacta decisivamente en el crecimiento. Las caídas en el PIB de España, Portugal, Italia e Irlanda dominarán las noticias macroeconómicas de los próximos meses. Además, Alemania y Francia dieron ayer un nuevo aviso al constatar la debilidad de sus cifras de producción, e Irlanda anunció su vuelta a la recesión.

Sarkozy anuncia la reforma del Codigo Penal francés para castigar a quienes consulten webs integristas
Ofensiva contra el extremismo
Álvaro del Río La Razón 23 Marzo 2012

PARÍS- Si Mohamed Merah estaba fichado por los servicios del contraespionaje por sus vínculos con el islamismo radical, ¿por qué no estaba más vigilado? La polémica empezaba ayer a cobrar fuerza cuando el presidente francés decidió zanjarla de un golpe de mano, previniendo así las posibles tentaciones de la oposición de sacar partido de las posibles deficiencias antiterroristas que algunos denunciaban ya ayer.

Finalizado el asalto en el que murió el «asesino de Toulouse», Nicolas Sarkozy desgranó una serie de medidas destinadas a prevenir en el futuro actos de terrorismo.

«La República debe ser implacable en la defensa de sus valores. No tolerará ni la captación ni el condicionamiento ideológico sobre su propio suelo», dijo antes de anunciar la creación de dos nuevos delitos en el Código Penal. El primero condenará a toda persona que consulte «de manera habitual» páginas de internet que hagan apología del terrorismo o apelen al odio y a la violencia. El segundo sancionará a quien viaje al extranjero para someterse al «adoctrinamiento de ideologías que conduzcan al terrorismo». La Inteligencia gala calcula que hay «varias decenas» de jóvenes yihadistas que regresan de las zonas tribales paquistano-afganas y cuyo paso a la acción constituye la principal amenaza para Occidente.

Ventaja en los sondeos
Además, la propagación y la apología de ideas extremistas serán reprimidos con los medios de la lucha antiterrorista, dijo Sarkozy, que, por la tarde enfundado de nuevo en el traje de candidato, prometió más firmeza. La apología del terrorismo se pagará con «penas de prisión», anunció durante un mitin en Estrasburgo en el que dijo que no hay «explicación» que buscar a los actos de Merah. «Esos crímenes no son los de un loco. Un loco es irresponsable. Son los de un fanático y un monstruo», sentenció el presidente al que la rápida y eficaz gestión de la tragedia podría ponerle el viento a favor.

Dos sondeos evidencian que es el candidato más favorecido por el «caso Merah». En la encuesta de CSA se colocaría en cabeza para la primera vuelta, con un 30%, adelantado en dos puntos al socialista François Hollande (28%), cuya tibieza y falta de propuestas en seguridad podrían socavar su ventaja en una campaña que ha dado un giro. Al contrario, la ultraderechista Marine Le Pen pierde 2,5 puntos, hasta el 13,5%, uno de sus resultados más bajos.

Se reanuda la campaña electoral
La campaña electoral para la Presidencia de Francia se reanudó por la tarde tras suspenderse el lunes por la matanza en el colegio judío Ozar Hatorah. El 22 de abril, fecha de la primera vuelta. está en el horizonte, y tanto Sarkozy en Estrasburgo como Hollande en Aurillac retomaron los actos para promocionar su candidatura.

Cataluña
El ex responsable del informe PISA confirma que este no evalúa el nivel de español de los alumnos catalanes
Joaquim Prats Cuevas reconoce ante la Comisión de Enseñanza y Universidades del Parlamento autonómico de Cataluña que el informe PISA en Cataluña “se hace en catalán, por tanto, no mide la comprensión lectora en castellano”.
Alejandro Tercero www.voz 23 Marzo 2012

Joaquim Prats Cuevas, ex responsable del informe PISA en Cataluña y ex presidente del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de la Generalidad, ha reconocido este jueves que ninguna de las tres ediciones del informe PISA que ha recogido una muestra específica de Cataluña (correspondientes a los años 2003, 2006 y 2009) han evaluado el nivel de comprensión lectora en español de los alumnos catalanes.

Prats ha desmontado, de esta forma, uno de los mitos -otro más- repetidos una y otra vez por los partidos políticos y entidades nacionalistas, y ha confirmado la veracidad de las denuncias que la entidad Convivencia Cívica Catalana ha venido presentando en los últimos tiempos.

“PISA se hace en catalán”
De hecho, tanto la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, como el presidente de la Generalidad, Artur Mas, han apelado en reiteradas ocasiones a los informes PISA como muestra de que el nivel de lengua española de los alumnos catalanes es similar o, incluso, superior, al de los alumnos del resto de España.

Prats, en cambio, ha sido contundente durante su intervención en la Comisión de Enseñanza y Universidades del Parlamento autonómico de Cataluña:
“El [informe] PISA se hace en catalán, por tanto, no mide la comprensión lectora en castellano“.

“¿Por qué miente Irene Rigau y por qué miente Artur Mas?”
Prats también ha señalado que “quedan excluidos” de la realización de las pruebas “los alumnos que no tienen un dominio idiomático suficiente [de la lengua] en que se hace la prueba”, esto es, el catalán, lo que también ayuda a que los resultados sean más altos. En Cataluña, en concreto, un 3,73% de los escolares llamados a hacer los exámenes fueron excluidos por este motivo en la última evaluación, realizada en 2009.

El diputado autonómico de Ciudadanos Jordi Cañas ha cargado duramente contra los dirigentes nacionalistas. “¿Por qué miente Irene Rigau y por qué miente Artur Mas?”, ha preguntado. Y ha considerado que, una vez confirmada esta cuestión, “una parte de las mentiras que sustenta la excelencia y la perfección del modelo de inmersión lingüística quedan desmentidas“.

Sin embargo, Prats, que ha destacado que las pruebas PISA en el País Vasco se han hecho en la lengua oficial que ha elegido cada alumno, ha defendido el sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que, de forma ilegal, se aplica en Cataluña. En su opinión, este sistema evita “discriminar socialmente a grupos de estudiantes provenientes normalmente de familias menos pudientes”. Además, ha tratado de exculpar a Rigau y a Mas apuntando que sus declaraciones pueden responder a un error, puesto que “no son técnicos”.

El Ministerio tampoco evalúa el nivel de castellano en Cataluña
Por otra parte, según el ex responsable del informe PISA en Cataluña, “todas” las evaluaciones que ha hecho el Ministerio de Educación a nivel nacional han estimado el nivel de conocimiento de catalán y de castellano, y han dado un resultado similar a “la media española”.

Sin embargo, la propia Generalidad ha desmentido esta última afirmación de Prats, ya que, en un documento emitido el año pasado por el autonómico Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo, aseguraba que la ‘prueba estatal de competencia lingüística’ correspondiente a la Evaluación General de Diagnóstico de 2009 se realizó en Cataluña únicamente en catalán.

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ETA sigue en las calles
El Editorial La Razón 23 Marzo 2012

El terrorismo callejero ha sido siempre un instrumento que ETA ha modulado en función de sus intereses y de las coyunturas. Ha sido un método útil y concluyente de enviar mensajes a los gobiernos de turno, a la clase política y a la propia sociedad. En los meses trascurridos desde el presunto cese armado definitivo de la banda, anunciado en octubre, la naturaleza de la «kale borroka» no ha cambiado, porque tampoco ha desaparecido, pese a que desde el socialismo vasco y la izquierda abertzale se haya defendido lo contrario.

LA RAZÓN publica hoy un informe que repasa los 33 actos de intimidación perpetrados en el País Vasco y Navarra en este tiempo, entre los que hay ataques contra las Fuerzas de Seguridad y sus familias, instalaciones oficiales, sedes de partidos políticos y quema de banderas. Resulta muy grave que el Gobierno vasco haya mantenido primero una política de ocultación y después de exculpación de la denominada izquierda abertzale. Hasta el punto de que el consejero Rodolfo Ares insistiera ayer mismo en que la «kale borroka», como una violencia organizada y planificada por ETA, «ha desaparecido». El PSOE tendrá que responder antes o después de su decisión política de «blanquear» al brazo político de la banda y de preservar a toda costa la ficción de que los terroristas son un pasado que no volverá.

El problema añadido es que ese discurso político pueda traducirse en una relajación en la lucha contra la coacción y en la recuperación de espacios de libertad, como parece suceder. Que los violentos campen a sus anchas con tan sólo alguna mínima respuesta para salvar la cara es un grave error. La laxitud ha reforzado siempre a los asesinos y no al contrario. Esta misma semana varios presos etarras animaron en la Audiencia Nacional a «dar duro» hasta conseguir la independencia y no dieron síntomas de asumir ese supuesto «tiempo nuevo» que nos anuncian desde octubre.

En esa línea, actuaciones como la segregación de los no vascoparlantes en una relación fiscal impulsada por el Gobierno guipuzcoano de Bildu no es anecdótico ni inocente y refuerza nuestra convicción de que los demócratas deben mantener una tensión máxima en la aplicación de la Ley contra ETA y su mundo. Esos 33 actos de terrorismo callejero no pueden ser actos de nostálgicos ni de elementos incontrolados. Nada funciona así en ese mundo y todos los saben. La amenaza etarra sigue presente, el miedo crece y la libertad mengua. Vivimos, sufrimos más bien, un proceso tutelado en parte por los terroristas en función de sus intereses electorales. Algunos participan de un juego tan peligroso como desleal. El Gobierno debe mantenerse como hasta ahora en la aplicación estricta de una política de derrota de la banda sin concesiones ni distracciones.

La basura de Bildu en Guipúzcoa
Juan Carlos Olarra Estrella Digital 23 Marzo 2012

Los ciudadanos de Guipúzcoa hemos decidido que BILDU (para los que no lo recuerden es como ETA pero sin enseñar las pistolas) administren nuestros destinos, incluidos los más cotidianos, lo cual alcanza a la obligación de ocuparse de nuestros desperdicios. En esto como en otras cosas los bildutxos han encontrado un nuevo modelo, que se denomina puerta a puerta. Esta expresión, aparentemente tan próxima, puede tener connotaciones más inquietantes viniendo de quien viene. Y es que viniendo de BILDU, puerta a puerta suena tan poco tranquilizador como “aquí nos conocemos todos…”

Para implantar el nuevo modelo de gestión de la basura BILDU ha creado una sociedad llamada GARBITANIA, que no está claramente incardinada en el entramando institucional de los ayuntamientos ni en el de la Diputación, sino que es una mercantil cuyos socios son ayuntamientos batasunos 'patanegra' (empezaron por 3 y ya son 37) y que está dirigida y controlada por lo más granado del poder municipal filoetarra de las últimas décadas. El objeto fundamental del proyecto GARBITANIA es paralizar cualesquiera actuaciones encaminadas al tratamiento de residuos de gran volumen (plantas de compostaje, tratamiento y similares) e imponer un modelo de tratamiento doméstico, traslado y exportación de la basura. Esto en cuanto al fin último. En cuanto a la recogida, el modelo puerta a puerta requiere la identificación del titular concreto de la basura a través de su depósito en compartimentos localizados en postes o muros numerados, para que se sepa cuáles son los desperdicios de cada uno.

Ocurre otra vez que, lo que en cualquier lugar de España podría ser anecdótico (que alguien pueda acceder a lo que yo deshecho como basura) en Euskadi puede resultar mucho más inquietante. Baste recordar que en diciembre de 2010 varios vecinos de Hernani recibieron una carta del Ayuntamiento comunicándoles que "existen sospechas" de que "no utilizan los ganchos para colgar sus residuos", lo que hace pensar al Consistorio que "llevan sus basuras a otro sitio o, peor aún, a un vertedero incontrolado". La misiva advierte de que, si no cambia la situación, "se tomarán medidas" (fuente Noticias de Gipuzkoa). Es importante subrayar que, según la misma fuente, el Consistorio identificó a los vecinos sancionados a través de fotos y datos bancarios que depositaron mezcladas entre sus basuras. A las críticas recibidas por el procedimiento por el que fueron identificados los vecinos, el Consistorio respondió que no cometía ninguna ilegalidad al revisar la basura "porque los desperdicios de un hogar o empresa dejan de tener dueño cuando son depositados en la calle”

Imagínense lo que puede llegar a sospechar y pensar el consistorio de los ciudadanos en función de lo que tiran y de lo que no tiran a la basura y las medidas que pueden llegar a tomar…Y es que, dado que uno de los objetivos fundamentales de los totalitarios como BILDU es catalogar y segmentar a la gente en función de toda la información sobre ellos a la que se pueda acceder, la posibilidad de tener a los comisarios políticos hurgando en la basura con nombres y apellidos es enormemente intranquilizadora. Entre otras cosas porque, si de algo han dado muestras en las últimas décadas, es de que entre la basura se sienten como en casa.

BILDU nos pide también ahora que en la declaración de la renta le digamos si queremos seguir recibiendo información institucional en castellano (sic) o si preferimos recibirla únicamente en euskera. Con eso elabora un censo patriótico que permite llevar a cabo adecuadamente la segregación. Pero como la gente a veces miente cuando pone las cruces, siempre quedará la opción de comprobar, corroborar o rectificar sus informaciones hurgando adecuadamente en nuestra basura. Y una vez que se sepa quiénes son los buenos y quienes
son los malos, a los últimos también se les podrá administrar el tratamiento puerta a puerta.

LA AMENAZA TERRORISTA
Vuelve el miedo: 33 actos de «kale borroka» desde el «fin» de ETA
Los proetarras han intensificado los ataques y su dureza al no avanzar el «proceso»
En los últimos atentados han utilizado artefactos típicos de la «borroka»
J. M. Zuloaga La Razón 23 Marzo 2012

MADRID-Un total de 33 acciones de lo que ETA denomina «lucha-X» e «Y», se han producido en el País Vasco y Navarra desde que la banda anunció, en octubre del año pasado, el cese armado definitivo, según han informado a LA RAZÓN fuentes antiterroristas. Este tipo de delincuencia incluye la llamada «kale borroka» (lucha callejera), ataques contra las Fuerzas de Seguridad, sus familias e instalaciones; contra sedes de partidos políticos; quemas de banderas, etcétera.

Los que aún defienden el llamado «proceso democrático», pactado, a través de intermediarios, por nacionalistas y socialistas con ETA y su entramado durante la anterior legislatura, tratan de restar importancia a estos hechos, cuya gravedad subrayan las mencionadas fuentes.

Al fin lo reconoce
Hasta hace pocas fechas, el consejero de interior del Gobierno vasco, el socialista Rodolfo Ares, no ha reconocido formalmente la reanudación de la «kale borroka», aunque ha negado que esté organizada y la ha desvinculado de la llamada «Izquierda Abertzale» (Batasuna). La atribuye a «grupos de nostálgicos».

Los expertos consultados por este periódico opinan, por el contrario, que el terrorismo callejero no se puede desvincular de la banda, ya que responde a la estrategia que marcan en cada momento sus cabecillas para todo el entramado.

Según los datos que ha recopilado LA RAZÓN, este tipo de actividad delictiva tardó pocos días en ponerse en marcha, una vez anunciado por ETA el cese armado. El 7 de noviembre del año pasado, un grupo de individuos lanzaron, en Pamplona, objetos contundentes, huevos y clavos contra una furgoneta electoral del Partido Socialista de Navarra.

Contra la Ertzaintza
El día 20 de ese mismo mes, los «borrokeros» se mostraron particularmente activos. En la localidad alavesa de Alegría, lanzaron una garrafa de plástico, con material inflamable (salfumán), contra una patrulla de la Ertzaintza. Sólo provocó una humareda y los agentes resultaron ilesos. En Lequeitio, Vizcaya, fueron incendiados cinco contenedores en dos ataques distintos.

Diez días después, el objetivo de la agresión era la sede del PNV en la localidad guipuzcoana de Oñate, contra la que lanzaron pintura roja y amarilla y realizaron pintadas contra el Tren de Alta Velocidad; el Superpuerto exterior; una incineradora; las detenciones, etcétera. Ese mismo día aparecieron, en este pueblo, otras pintadas contra la Guardia Civil para que abandone el País Vasco.

Quema de bandera
El 1 de diciembre, la agresión fue contra la sede en Guernica, Vizcaya, del diario «Deia», con la realización de pintadas en las que se decía que «Euskal Herria no está en venta» y «españoles». Cinco días después, individuos desconocidos quemaron la bandera española que ondeaba en el Ayuntamiento de la localidad navarra de Espronceda. En San Sebastián, aparecieron pintadas, en las inmediaciones del cuartel del Ejército del barrio de Loyola, en las que se exigía «que se vayan» las Fuerzas Armadas.

El 11 de ese mismo mes, las pintadas fueron en la calle Iturribide de Bilbao, con «vivas» a ETA y otras similares. El día siguiente, los ataques se produjeron en la localidad navarra de Alsasua, con el incendio de varios contenedores en dos lugares diferentes. Tres días después, el escenario fue Vitoria, tras la detención de Ekaitz Samaniego Curiel. Grupos proetarras lanzaron todo tipo de objetos contra la Ertzaintza y realizaron pintadas en el Casco Viejo. El día siguiente, tras el arresto de tres presuntos etarras en Francia, fueron quemados varios contenedores en la calle Gordoniz de Bilbao.

El día 19, en Alonsótegui, fue cortado un cable de los que sujetan la catenaria de la vía férrea de FEVE, provocando el corte de la circulación de trenes entre la capital vizcaína y León.

Un día después, aparecieron en Vera de Bidasoa (Navarra) pintadas con una diana en las que figuraba el apellido de un guardia civil, destinado en la localidad, con la palabra «muerto» y un tricornio tachado. El 5 de febrero, en Bolivar, Vizcaya, apareció una pintada con la palabra «GAR» (Unidad Antiterrorista Rural de la Guardia Civil) en el centro de una diana. Tres días después, fueron quemados varios contenedores en Alsasua y un grupo de desconocidos atacó un bar en la misma localidad, cuya propietaria tiene lazos sentimentales con agentes de la Benemérita destinados en la localidad. Levantaron la persiana de cierre e introdujeron petardos incendiarios. No contentos con ello, pegaron a la fachada un contenedor en llamas. Cuatro días después, los proetarras volvieron a quemar más contenedores .

El 17 de febrero, con motivo de la bienvenida a la presunta etarra Lorena López Díez, del «comando Otazua», puesta en libertad tras el pago de una fianza de 10.000 euros, aparecieron pintadas en la calle Gordoniz de Bilbao en las que se indicaba que «la lucha es el camino».

Al día siguiente, durante la celebración del Carnaval en Pamplona, un grupo de individuos cortaron, mediante una barricada incendiaria, la calzada en la Avenida de Villaba. Asimismo, quemaron una bandera nacional de gran tamaño. Uno de los proetarras fue detenido por la Policía.

El 22, el ataque fue en la localidad vizcaína de Lequeitio, con la quema de seis contenedores y dos vehículos que estaban estacionados. Tres días después, aparecieron pintadas en Andoain (Guipúzcoa) en las que se acusaba al PP y al PSOE de «torturadores»; y al PNV, de «colaborador».

El pasado 3, de nuevo Alsasua fue escenario de quema de contenedores. Al día siguiente, el incendio de este tipo de mobiliario urbano fue en Vitoria y Bilbao.

Contra UPN
El pasado 11, en la localidad navarra de Vera de Bidasoa, aparecieron pintadas en la capilla del cementerio, contra Unión del Pueblo Navarro (UPN). Se trataba de dianas con las siglas de la formación política. En un polígono industrial de la zona, se podía leer la palabra «asesinos» referida al mismo partido.

El 14, los proetarras subieron el nivel del ataque y el objetivo fue una subestación eléctrica en Güeñes (Vizcaya). Con neumáticos y líquido inflamable, inutilizaron el cuadro de mandos. Ese mismo día, en Vitoria, proetarras lanzaron varios botes de pintura contra una sucursal bancaria. Y, el pasado 19, se produjo un ataque en Salvatierra, Álava, contra una oficina de empleo, que Ares ha reconocido como «kale borroka». El artefacto estaba formado por un recipiente con gasolina, unido, mediante cinta aislante, a un petardo, que ejerció de iniciador.

Se quitan la careta
Al día siguiente, en una intervención policial, duramente criticada por Batasuna (que no agradece las palabras de comprensión de Ares, que les desmarca de esta violencia terrorista), fueron detenidos dos individuos, que habían lanzado, junto a otros dos, piedras y pintura contra tres entidades bancarias de Amurrio (Álava).

Los proetarras, sin reparar que dejaban en evidencia a los que tratan de ampararles, se quejaban de que «en este nuevo escenario, las diferentes fuerzas policiales continúen aferrándose a medidas de excepción y a la represión».

Una «lucha» diseñada para amenazar
Lo que ETA denomina lucha «X» e «Y» está concebida por como una actividad que sustituye de los atentados, cuando, por razones tácticas, no interesa cometerlos. Se trata de mantener la amenaza sobre la población y recordarle que la violencia que encarna ETA y su entramado, no ha desaparecido. La victoria del PP en las pasadas Elecciones, y el consiguiente parón en el «proceso» que se había iniciado en la anterior legislatura, ha hecho que la banda haya reactivado, de manera gradual, este tipo de actividad delictiva. Desvincularla de ETA y presentarla como cosa de «nostálgicos», responde más a un deseo que a la realidad.

Cataluña
Cataluña resucita un Tribunal del año 1934 para asumir un recurso de casación propio
La Generalitat se arroga competencias procesales y materias reservadas al TSLa ley, publicada en el BOE, se basa en el Estatuto y contradice otras sentencias del TC
MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA ABC Cataluña 23 Marzo 2012

La independencia judicial es uno de los objetivos que recoge el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y a pesar de las advertencias de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) al respecto, el Gobierno autonómico comienza a dar pasos de gigante en ese sentido. El pasado sábado, el Boletín Oficial del Estado publicaba la ley 4/2012 sobre el recurso de casación en materia de Derecho Civil de Cataluña. Esta norma, aprobada por el Parlamento catalán, convierte el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en última instancia para unificar doctrina sobre Derecho civil catalán y abre la puerta a un desarrollo procesal catalán que colisiona con las competencias estatales en esta materia.

El TSJC ya ejercía como última instancia judicial en cuestiones de Derecho Civil, tanto en aquellas que afectan específicamente al Código Civil español como al catalán. Sin embargo, la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye al Tribunal Supremo (TS) la casación de asuntos civiles en los que se produzca una infracción constitucional. La ley catalana arrebata al TS esa competencia y se la otorga también al TSJC, que de esta forma se asemeja a aquel Tribunal de Casación de Cataluña que estuvo vigente entre 1934 y 1938. «La alegación de la infracción de un precepto constitucional o de la doctrina del Tribunal Constitucional con relación al Derecho Civil catalán da acceso a la casación ante el TSJC en los casos y con los requisitos establecidos por la presente ley, si no procede la casación ante el Tribunal Supremo», indica la norma catalana recién aprobada.
Inconstitucionalidad

«Modificar una ley orgánica a través de una ley autonómica es una clara intromisión en las competencias del Estado», asegura la diputada del PP catalán, María José García, quien defendió el voto contrario de su partido a la ley cuando fue debatida en el Parlamento autonómicos. Los populares fueron los únicos que se opusieron a esta norma, elaborada por el anterior Gobierno tripartito liderado por el PSC, y que quedó en suspenso debido a la disolución de la Cámara catalana. La ley fue aprobada finalmente el pasado 22 de febrero.

Ahora, la Abogacía del Estado tiene un plazo de tres meses para decidir si presenta un recurso ante el TC. Según García, es muy probable que esta impugnación prospere, pues además la Generalitat se atribuye competencias procesales que no le corresponden. La ley catalana regula la forma procesal en que se debe realizar la casación civil ante el TSJC. El artículo 149.1.6 de la Constitución afirma que la competencia legislativa en Derecho procesal pertenece, en exclusiva, al Estado. No obstante, la Generalitat se agarra al artículo 130 del Estatuto, que le atribuye la «competencia para dictar las normas procesales específicas que se deriven de las particularidades del derecho sustantivo de Cataluña».

A juicio del PP, la ley catalana no entra en particularidades y no justifica esa regulación procesal. Se da la circunstancia de que, recientemente, la sentencia 21/2012 del TC declaró recientemente inconstitucional el artículo 43.1 del Código Civil catalán porque introducía una norma procesal no justificada por la peculiaridad del derecho civil catalán. El artículo anulado determinaba que en un mismo pleito se podían resolver el divorcio y la adjudicación de bienes, pero según el TC, el Código Civil español establece la obligación de que se sigan dos litigios diferentes. El TC también se pronunció sobre la competencia procesal en el caso de Galicia, comunidad cuya ley de casación civil también fue rectificada por el alto tribunal en la sentencia 47/2004, que expresó la ausencia de justificación para regular esas innovaciones procesales.

Escasos recursos
En el caso de Cataluña, el gobierno autonómico alegó como causa para ampliar las atribuciones del TSJC —y así se contempla en el preámbulo de la ley— el reducido número de recursos de casación que llegan a este tribunal y que éstos estaban circunscritos a determinados ámbitos del derecho catalán. La ley del recurso de casación en materia de Derecho Civil de Cataluña aprobada forma parte del desarrollo judicial del Estatuto de Autonomía de 2006, que contempla una Justicia catalana prácticamente disgregada del régimen común español y que fue enmendada por el TC.

Una ofensiva judicial de tinte soberanista
Tribunal creado en 1934. El Tribunal de Casación de Cataluña estuvo vigente entre 1934 y 1938. Hasta ahora no se había vuelto a recuperar esta figura de tinte soberanista como pulso al la legislación del Estado en materia de Justicia y también al Supremo.

Casación estrictamente catalana. Existen leyes gallegas —pulida por el TC— y aragonesa sobre casación foral. No obstante, la catalana se excede porque no justifica sus especialidades procesales. Simplemente Cataluña decide que tiene que haber una casación abierta y genérica a cualquier litigio civil.
Las consecuencias: Invade competencias del Estado, rompe el principio de unidad jurisdiccional y socava al Tribunal Supremo.

Cerco al despilfarro
Rebelión nacionalista a favor del «pinganillo» en el Senado
CiU, la Entesa y PNV responden a las declaraciones de García Escudero en LA RAZÓN sobre el uso de lenguas cooficiales
La Razón 23 Marzo 2012

MADRID- El pasado miércoles en el «Encuentro con Pío García Escudero» que celebró LA RAZÓN, el presidente del Senado afirmó respecto a la posible retirada de las lenguas cooficiales de la Cámara Alta que «volver atrás exigiría un cambio de reglamento, y yo no puedo hacer nada. La iniciativa tiene que venir de los grupos parlamentarios». Las reacciones de los grupos parlamentarios nacionalistas en el Senado no se han hecho esperar. Los grupos de CiU, la Entesa y el PNV señalaron ayer que el uso de las lenguas cooficiales no está en discusión y recalcaron la importancia de que se hable el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano en la que es la cámara territorial del Estado.

El portavoz de CiU en el Senado, Jordi Vilajoana, señaló que el acuerdo sobre el uso de las lenguas en el Pleno que recoge el Reglamento del Senado «no tiene marcha atrás». Vilajoana hizo hincapié en que «no tiene sentido» que un Senado que quiere ser cámara territorial «no utilice las lenguas de los territorios que quiere representar».

Por su parte, el portavoz de la Entesa, José Montilla, subrayó que su grupo no se plantea «ninguna discusión» sobre el uso de las lenguas, «fundamentalmente», porque el PP no ha presentado ninguna iniciativa en ningún órgano del Senado para modificar el Reglamento de la Cámara en este punto. Montilla manifestó que para su grupo es esencial el acuerdo por el que los senadores pueden utilizar las cuatro lenguas cooficiales durante el debate de las mociones en el Pleno y ha recordado que fue un gran avance que costó mucho conseguir.

Por su parte, el senador del PNV Iñaki Anasagasti aseguró que cuestionar su uso sería un «salto atrás absolutamente negativo» e incidió en que una cámara de representación territorial que no tenga ese tipo de planteamiento de respeto a las lenguas cooficiales «dista mucho de serlo».

El PSOE eludió hacer comentarios a las declaraciones del presidente del Senado y fuentes de este grupo parlamentario señalaron que se pronunciarán sobre este asunto si se plantea en la Junta de Portavoces de la Cámara.

La iniciativa de García Escudero partió de una posible opción de llevar la austeridad a la Cámara Alta «si hubiese un esfuerzo de buena voluntad de todos los grupos de decir: “Hasta que pase la crisis vamos a dejar de hablar en nuestras lenguas, nos ahorramos el coste de traductores y, cuando pase la crisis económica, ya veremos”».

Cataluña
«Cataluña ha pasado de poner barreras lingüísticas a económicas»
La idea de cobrar por los estudiantes de otras comunidades indigna a PP y C's
ESTHER ARMORA / BARCELONA ABC Cataluña 23 Marzo 2012

Cataluña pide dinero por acoger a universitarios de otras comunidades
Utilizar las tensiones de tesorería para hacer política a costa de los derechos de los universitarios es perverso». A juicio de Albert Rivera, presidente de Ciutadans (C's), la medida planteada por el Gobierno catalán de cobrar por los universitarios que acoge de otras comunidades autónomas «atenta contra la libre circulación de los estudiantes» y puede impactar negativamente en el sistema universitario actual.

«Poner más barreras no es bueno, especialmente ahora en que Bolonia las levanta todas», afirma Rivera, a la vez que recuerda que «no es el primer filtro que pone esta comunidad». «Primero fue la barrera lingüística y ahora es la económica. Está claro que tantas trabas solo conducen al empobrecimiento cultural de Cataluña, que debería únicamente preocuparse de captar talento», denuncia el responsable de Ciutadans.

Uso «perverso» de los datos
La cifra facilitada ayer por la Generalitat respecto al gasto extra que le suponen los 12.500 universitarios que recibe de otras comunidades, que asciende a unos cien millones de euros, es, según Albert Rivera, «tendenciosa» y supone un «uso perverso de unos datos descontextualizados». «El debate que plantea el Gobierno catalán es parcial porque no tiene en cuenta que esos universitarios aportan también mucha riqueza a Cataluña», aclara el líder de C's, y aboga por mantener el actual sistema. «Si tuviera que cambiar algo, lo lógico sería que cada comunidad pidiera directamente al Gobierno recursos en función de los servicios que presta, aunque no sería el modelo de compensación que plantea CiU».

El diputado del PP en Cataluña Pedro Chumillas coincide con Ciutadans en que «cualquier universitario español tiene derecho a circular por todas las universidades del Estado». Precisamente por este motivo censura también la propuesta del secretario de Universidades catalán, Antoni Castellà. «Es soprendente que salgan con esta medida cuando hay un espacio común que garantiza la libre circulación de estudiantes», recuerda el portavoz popular, quien avanza que su grupo pedirá en breve la comparecencia de Castellà en el Parlament para explicar la iniciativa.

«En ningún caso puede compararse con lo que ocurre en materia sanitaria porque no es igual el coste que supone operarse o tratarse aquí con el de acoger universitarios que siempre acaban generando riqueza para la Comunidad de acogida», denuncia Chumillas.

A su entender, el modelo que CiU planteará al Gobierno en la próxima Conferencia General de Educación, a finales de abril, «es contraproducente en una situación de crisis como la actual». «En un momento económico tan complicado, hay que simplificar las cosas. Lo más racional es dejarlas como están porque funcionan», concluye Pedro Chumillas.

«Va contra la solidaridad»
Javier Caballero, estudiante de la UAB
Javier Caballero, natural de Madrid, es uno de los 12.500 universitarios de fuera que estudian en las universidades catalanas. Realizó el primer ciclo de Periodismo en Madrid y optó por cerrar los estudios en la Universidad Autónoma de Barcelon (UAB). Ahora cursa cuarto de carrera y está sumamente satisfecho con su decisión. Por este motivo, cree que la iniciativa de la Generalitat de cobrar a las comunidades por los estudiantes de fuera que acoge «no es una buena opción», «vulnera el derecho de solidaridad» y puede acabar suponiendo un freno para la llegada de estudiantes de fuera. Según Javier, tener que pagar por los estudiantes que envías a otro territorio podría limitar la movilidad y eso, según afirma, «sería muy negativo». «Madrid recibe el doble de alumnos de fuera y no se lo ha planteado», concluye.

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