AGLI Recortes de Prensa   Domingo 25  Marzo 2012

Los expertos en bazofia se pronuncian
EDITORIAL Libertad Digital 25 Marzo 2012

La presencia del equipo de "intelectuales" orgánicos de la izquierda en los actos de apoyo a la huelga del próximo jueves es una escena habitual en este tipo de rituales. Los mismos que apoyaron a Zapatero hasta que acabó de destrozar a la nación entera, condenando a casi dos millones de familias a la indigencia, ahora tienen el cuajo de reverdecer pasadas afinidades políticas para protestar contra los que intentan poner remedio a la tragedia provocada por las ideas que todos ellos profesan.

Como las ratas de los barcos desvencijados, todos sin excepción saltaron de la nave patroneada por su admirado Zapatero cinco minutos antes de que se estrellara en los acantilados electorales pero, superado el estupor, vuelven de nuevo a la carga defendiendo las mismas estrategias políticas de la mano de unos sindicatos con los que compiten en nivel de patetismo.

Estos autodenominados representantes de la cultura son tan desvergonzados que se atreven a denunciar un sistema, el de libre mercado, gracias al cual muchos de ellos, precisamente los que llevan la voz cantante en estos aquelarres promarxistas, son hoy ricos y famosos. Sus ataques a la libertad que les permite un elevado tren de vida sólo cabe entenderlos desde su interés en evitar la competencia, porque si es cierto que actúan con sinceridad cuando denuncian el "capitalismo" entonces entraríamos de lleno en el terreno de la psiquiatría clínica.

Su apoyo a la huelga general del próximo jueves es otro más de los "servicios cívicos" de esa parte de nuestros artistas, muchos de los cuales viven a costa del esfuerzo de todos los que pagamos impuestos porque su talento les impide valerse por sí mismos. En lugar de callar pudorosamente dada su condición de paniaguados, llegan al extremo de tratar de insultar a los medios de comunicación que critican las estratagemas de dos corporaciones paraestatales, empeñadas en cercenar el presente y el futuro de los que no pueden lucir relojes de alta gama o viajar en cruceros de lujo como hacen sus principales dirigentes.

Una vez más, los parásitos de las partidas presupuestarias de la cultura y los millonarios talentosos llevan la voz cantante para promocionar una algarada que bajo pretextos laborales va a suponer un grave perjuicio a todo el país. Sólo una ventaja tendrá la participación de todos ellos en la jornada de huelga. Al menos por un día, dejarán de maltratar a la verdadera cultura española y de ofender a los que les pagamos el diezmo obligatorio.

España castiga la corrupción
En 2010, la Fiscalía cursó 3.874 avisos sobre casos sospechosos
La corrupción, el estigma de la política
M. Casado La Razón 25 Marzo 2012

MADRID- La corrupción política se ha convertido en una lacra difícil de erradicar, venga de donde venga y más allá de siglas y partidismos. En 2010, a petición del Congreso de los Diputados, el fiscal general del Estado por aquel entonces, Cándido Conde-Pumpido, informó a sus señorías de que la Justicia había tramitado nada menos que 730 causas en las que se investigaba a cargos públicos por corrupción. Lo de menos era si el PSOE tenía más (264) o el PP tenía menos (200), lo importante era el número desorbitado de casos.

En ese informe, que hacía referencia a datos de 2009, la Fiscalía General del Estado ya avisó de que la corrupción no era «un fenómeno generalizado, pero sí preocupante». Y no se equivocaba. Ante el volumen de casos que iban surgiendo, se vieron obligados a crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada que, sólo en 2010, recibió 249 denuncias y cursó 3.874 comunicaciones. Así figura en la última memoria presentada por la Fiscalía, que no duda en mostrar su perplejidad ante las nuevas «armas» de corrupción.

Atrás quedaron ya las grandes tramas urbanísticas. Ahora, está en alza el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, la prevaricación, el abuso o uso indebido de información privilegiada... e, incluso, sorprende la capacidad de algunos cargos públicos para idear nuevos delitos, como el de fraude contra el empleo. Y es que el caso de los ERE irregulares en Andalucía ha marcado un antes y un después a muchos niveles.

Es un hecho. La actividad de esta Fiscalía es vertiginosa, si bien es cierto que también contempla los delitos contra el crimen organizado. En 2010 presentó 28 escritos de acusación, frente a los 17 del año anterior, y asumió 14 nuevos procedimientos judiciales, seis más que en 2009. Pero quizá sean los 35 procesos penales en los que interviene donde más se haya notado su trabajo. De hecho, a lo largo de 2010 se dictaron siete sentencias, todas ellas condenatorias.

Y como no todo se reduce a datos, desde la Fiscalía del Estado han denunciado presiones. En su última memoria, destacan su firme acción contra la corrupción política, «pese a los permanentes intentos de ejercer presión sobre la Fiscalía tratando de desligitimar, por interés político» su actividad en este terreno. Un esfuerzo, el de cerca de 40 fiscales repartidos por toda España, que ha dado como fruto el «afloramiento de conductas que con anterioridad permanecían ocultas e impunes».

Ante el Congreso, Conde-Pumpido, quizá con ánimo de echar un capote a la clase política, dijo que la corrupción sólo afectaba al uno por ciento de los cargos públicos españoles. Pero lo que trasciende no es eso. Lo llamen como lo llamen: Malaya, Andratx, Gürtel, ERE falsos, Pretoria, Palau, Nóos, Campeón... y lo enmascaren como lo enmascaren, todo se reduce a lo mismo, corrupción. Desde ministros a concejales, pasando por presidentes autonómicos y alcaldes, los casos se acumulan.

Llegan las sanciones
La futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que pasó su primer trámite en el Consejo de Ministros del pasado viernes, pretende marcar un punto de inflexión en la lucha contra esta lacra y establece una serie de sanciones para los cargos públicos, impensables hasta ahora. Los contratos irregulares, las adjudicaciones o subvenciones a dedo y el desvío de fondos a amiguetes tienen los días contado. Este anteproyecto determina que aquel cargo público que oculte facturas o falsee datos contables podrá ser sancionado con hasta diez años de inhabilitación. La pena máxima contempla inhabilitación y multa, pero si ésta última no se paga, la pena se transforma en cárcel. Un último detalle: para que haya delito tiene que ser «a sabiendas» y «causar un perjuicio económico».

«Caso Malaya»
Trama de corrupción urbanística, dirigida por Juan Antonio Roca, que desvió fondos municipales, concedió licencias y blanqueó capital en Marbella.
«Caso ERES FALSOS»
Fraude llevado a cabo en Andalucía durante el mandato socialista, en el que se subvencionó, de manera irregular, a más de 68 empresas por un valor de 1.400 millones de euros
«Caso Matas»
El ex presidente balear y ex ministro del PP ha sido condenado a 6 años de prisión por delitos de fraude a la Administración, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos.
«Caso Palau»
Felix Millet, ex presidente del Palau de la Música, junto a otros cargos de esta entidad, desvió más de 10 millones de euros a empresas que supuestamente realizaban trabajos para el Palau.
«Caso SGAE»
De los más recientes casos de evasión de capitales, esta vez, dirigido por el ex presidente de la SGAE, Teddy Bautista y otros cargos de la cúpula, imputados también por apropiacion indebida.
«Caso GESCARTERA»
En 2001 fue intervenida esta sociedad de inversión al descubrirse un agujero patrimonial de 50 millones de euros.
«Caso ROLDÁN»
Luis Roldán ex director de la Guardia Civil, se enriqueció ilícitamente con el robo de fondos reservados y cobro de comisiones en obras por valor de 13 millones de euros.
«Caso GUERRA»
El hermano del ex vicepresidente socialista Alfonso Guerra fue condenado por delitos como cohecho, fraude fiscal, prevaricación y malversación de fondos.
«Caso FILESA»
El PSOE cobró una gran cantidad de dinero por unos supuestos asesoramientos para bancos y empresas importantes, que nunca llegaron a producirse.
«caso FONDOS»
Desvío de 5 millones de euros, destinados inicialmente a la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, para uso privado y sobresueldos de 7 funcionarios socialistas.

Este es mi cortijo
900 millones de euros es aproximadamente el dinero desviado del «fondo de reptiles» en la trama de los ERE falsos que han acabado con el ex director general de empleo en la cárcel.
De Guerra a Guerrero
Lucas Haurie La Razón 25 Marzo 2012

La palabra que encabeza este artículo no es una concesión al tipismo, sino la que mejor explica la realidad del régimen andaluz que hoy, urnas mediante, debe caer. En los cortijos hay señoritos, gañanes y «agradaores», una reproducción casi milimétrica de la sociedad feudal con sus terratenientes, sus siervos y sus bufones. En Andalucía, hay políticos socialistas, hay contribuyentes y hay un aparato propagandístico que bendice el «statu quo». Una estructura perversa que Javier Arenas tendrá que demoler a partir de mañana, si es que recibe tal mandato de los electores.

Durante la primera década de la autonomía, en la edad de la inocencia, la corrupción se tenía por consustancial al gobernante, un viejo vicio del franquismo que el nuevo poder había heredado. Alfonso Guerra, todavía hoy gran ideólogo del PSOE andaluz, lo sintetizó en la fórmula «to par pueblo». El pueblo eran ellos, claro, igual que Luis XIV encarnaba al estado, y bien que lo demostraba el entonces vicepresidente del gobierno cuando movilizaba a un avión militar para llegar a tiempo a La Maestranza. De José Rodríguez de la Borbolla era proverbial su habilidad para manipular marisco. La anécdota, apócrifa, lo retrata en una singladura en «bateau mouche» durante un acto de promoción de la Consejería de Turismo en París, anonadando a la concurrencia mientras pelaba dos langostinos a la vez, uno con cada mano.

El responsable político como amo del cortijo no es sólo una metáfora cuando se alude al Plan de Empleo Rural. La Administración, sobre todo en su versión local, es la «empresa» que más peonadas genera en Andalucía. La fórmula es tan sencilla como eficaz y ha perpetuado la tradición caciquil en las zonas rurales: 35 jornadas de trabajo certificadas por el Ayuntamiento permite el acceso al subsidio durante todo un año.

¿Quién le negaría el voto al alcalde que su firma ese acceso al maná? Esto explica por qué el PSOE ha mantenido el gobierno autonómico durante tres décadas cuando, al menos desde mediados los noventa, ha perdido casi todas las elecciones en las capitales de provincia.

El de Juan Guerra fue el caso fundacional de la corrupción a gran escala, por más que desde los ochenta ya empezaban a llamar la atención algunas operaciones urbanísticas. Los negocios que el hermano del dirigente socialista gestionaba desde un despacho oficial plasmaban la confusión entre lo público y lo privado propia de todo régimen. Las lagunas en la legislación impidieron condenas en los tribunales pero terminaron por costarle el puesto a Alfonso, a quien Juan Guerra se refería como «mienmano».

Pedro Pacheco, alcalde andalucista de Jerez y hacedor de frases memorables, sintetizó en un titular el «caso Ollero», el cobro de comisiones a las contratas que construyeron la red de autovías andaluza. Una de esas carreteras, la A-92, estaba profusamente bacheada y el regidor jerezano explicó el motivo: «El asfalto que falta se lo han llevado metido en los maletines». Había varias consejerías implicadas en la trama con, al fondo, unas nunca demostradas sospechas sobre la financiación del partido. De nuevo, desapareció el dinero sin que ningún responsable político fuese condenado. También salió incólume Chaves tras las comisiones cobradas por su hijo y las subvenciones millonarias concedidas a la empresa en la que trabajaba su hija.

Si, como asegura Griñán, la trama de los ERE es responsabilidad exclusiva de un par de golfantes, estaríamos ante los mayores cerebros criminales de la historia de España. Nadie ha sido capaz de apropiarse de 900 millones de euros sin la asistencia de una gran organización, y mucho menos sin que se haya percibido una gran variación patrimonial, simplemente para fundirse tamaña cantidad de dinero en vicios mundanos. Como poco, los dirigentes del PSOE han pecado por omisión pero la juez que instruye el caso no piensa lo mismo, pues ya ha imputado a un antiguo miembro del ejecutivo regional y amenaza con seguir disparando por elevación.

El debate de la transparencia
José Luis Requero, magistrado
«Hay una percepción en los ciudadanos mucho más extendida de lo que aparece en los medios, sobre todo, a nivel local, en los Ayuntamientos».

Daniel Portero, Presidente de DYJ
«La Justicia debe perseguir siempre esta lacra vanidosa de los políticos corruptos, que se quieren enriquecer a costa de nuestros impuestos».

Francisco Rodríguez Adrados, Académico
«No se han tomado las medidas necesarias a tiempo, no es más que un resultado marginal de la crisis. Estamos todos escandalizados».

Enrique López, magistrado
«Tenemos que reforzar nuestras normas penales y administrativas para combatir los procesos de corrupción. Combatirla en todos los ámbitos»

Todo por la casta
Corruptelas y caciquismo. Del maestro Berlanga a Torrente, la pantalla ha dado fe de los vicios políticos
Lluís Fernández La Razón 25 Marzo 2012

Es sabido que ni novelistas ni cineastas abordan la realidad candente, ni siquiera cuando el tiempo ha domado su ímpetu y puede plantearse ya como una reflexión crítica. En España, los guionistas siguen enganchados al «piko» de la Guerra Civil, quizá para evitar el abordaje de la corrupción, ya que pondría en peligro las cuantiosas subvenciones de que disfrutan. Al ser la corrupción transversal, gustosos pagan el precio de la amnesia. Pero no el maestro Berlanga, que siempre a contracorriente planteó en «La escopeta nacional» (1977) la corrupción política en el tardofranquismo. Visto con distancia crítica, este esperpento parece un cuento de hadas comparado con los tejemanejes de los crímenes del GAL, el expolio de los fondos reservados y la financiación ilegal del PSOE, a los que siguieron espectáculos tan alucinantes como la Marbella de Cachuli, el 3% del «estanco dorado» del oasis catalán, los «eres» y «peres» del cortijo socialista andaluz y docenas de «gúrteles» que vienen afectando a todos los partidos políticos.

De nuevo fue Berlanga quien recurrió a la bonita metáfora de «Todos a la cárcel» (1993) para poner en escena aquellos convolutos, desmadres y corruptelas del socialismo, un título que ha quedado como ese lugar imaginario donde se envía a los políticos sin escrúpulos, a falta de una justicia independiente que haga eso, justicia.

Quien definió a priori lo que iba a significar el ascenso del PSOE fue Mariano Ozores en «¡Que vienen los socialistas!» (1982). Las fuerzas vivas se confabulan para comprar al delegado socialista que ganará las elecciones utilizando todo tipo de sobornos con tal de no perder sus prebendas políticas y económicas. Al modo berlanguiano, Ozores fija magistralmente el cuadro de la casta parasitaria en su momento inaugural, aquel que anuda con una lazo pringoso los restos del franquismo con el socialismo rampante, al grito de: ¡Todo por la casta! Lástima que Ozores no dirigiera una peli sobre la trama de Marbella titulada «El caso Mala-haya». Sí lo hizo Santiago Segura, digno heredero de este cronista político de la España más cutre, en «Torrente 2, Misión en Marbella» (2001), en la que se parodia el submundo corrupto de «tal y tal» y el latrocinio institucionalizado del Ayuntamiento marbellí, similar a «Huevos de oro» (1993), de Bigas Luna, rodada en Benidorm, en la que el entramado de urbanismo salvaje, coca y cohechos mil jalonan la vida política local en promiscua alianza con el constructor hortera. Aunque a decir verdad, la única película que aborda de forma descarnada la corrupción es la serie televisiva «Crematorio» (2010). Aquí sí se funde corrupción urbanística con planes generales, concejales prevaricadores, subvenciones y financiación de partidos en una trama de caciques locales de la costa mediterránea valenciana, aunque los ecos de «Villa PSOE» o cualesquiera de los mil y un pelotazos que se han denunciado en la Prensa serviría para el caso.

Se diría que la corrupción política que ocupa a diario las portadas de los medios es mucho más estupefaciente que su pobre plasmación cinematográfica, sobre todo, cuando son los socialistas quienes ponen en escena espectaculares detenciones y macrojuicios, al estilo de los «realities» televisivos. Así no hay competencia posible.

El debate de la transparencia
Francisco Nieva, ACADÉMICO
«Es inherente la corrupción al ser humano. Quienes viven de cerca este tipo de situaciones se vuelven más tolerantes, se callan y miran para otro lado».

En una década se ha defraudado el equivalente al 0,41% del PIB o el 3,7% de lo que se invierte al año para pagar pensiones
4.200 millones
F. M. La Razón 25 Marzo 2012

Madrid- No es fácil cuantificar con total exactitud el dinero defraudado en los casos de corrupción política, aunque desgranando los procesos abiertos más importantes puede hacerse una aproximación bastante cercana. Prácticamente, analizando casos como «Pretoria», «Andratx», «Gescartera» o «Malaya», en la primera década de este siglo podrían haberse sustraído cerca de 4.200 millones. Prácticamente la mitad de esta cantidad correspondería a la trama urbanística destapada en el Ayuntamiento de Marbella encabezada por Juan Antonio Roca.

Pero esos 4.200 millones robados tienen muchas lecturas. Así, por ejemplo, con ese dinero podrían construirse unos 700 kilómetros de autovías o casi un millar de colegios para 455 alumnos. En cifras más económicas, esos miles de millones representan el 0,41 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) o el 5,79 por ciento de lo recaudado a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF).

Si nos centramos en dos palabras que con la crisis han sonado cada vez más –pensiones y prestaciones–, el dinero defraudado supone un 3,7 por ciento de lo que se invierte al año para pagar pensiones o el 13,64 de lo que se dedica anualmente a las prestaciones de desempleo. En definitiva, una cifra demasiado alta para que quienes la sustrajeron no queden impunes.

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Cataluña, como el País Vasco: soberanía y pacto fiscal
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 25 Marzo 2012

Desde ayer Convergencia Democrática de Catalunya (CDC) celebra su XVI Congreso en la ciudad de Reus. Se trata de un acontecimiento muy importante porque la organización nacionalista más representativa de Cataluña va a consumar un giro estratégico. Seguramente, el más significativo desde su fundación en 1974. Los más de 1.800 delegados tendrán que votar una ponencia (La transición nacional) que, sorteando la reclamación de la independencia y de un Estado propio, aspira a la “plena soberanía” para Cataluña, una de cuyas expresiones, la más decisiva, es la consecución del llamado Pacto Fiscal que, según encuestas reiteradas, apoyan de forma trasversal hasta el 75% de los catalanes. Y este nuevo planteamiento lo aborda CDC entregando la Secretaría General del partido a Oriol Pujol, hijo del ex presidente de la Generalitat, y la presidencia de la organización a Mas, asumiendo Jordi Pujol la presidencia honorifica del partido como fundador.

Este congreso de CDC se celebra en un contexto extraordinariamente complejo para los nacionalistas catalanes que les ha radicalizado (un 71% de los delegados quisieran un Estado propio para Cataluña según encuesta hecha pública ayer por Oriol Pujol). Porque, de una parte, han de manejar estratégicamente el enorme fiasco del Estatuto de 2006 que el Tribunal Constitucional demedió en aspectos sustanciales provocando una enorme frustración en el catalanismo político; y de otra, CiU debe enfrentarse a una ruinosa situación económica debida tanto a la crisis como a la anterior mala gestión de los dos gobiernos tripartitos de izquierda (Maragall y Montilla).

Los catalanes han reparado en que, efectivamente, las haciendas vascas y la navarra son prácticamente soberanas
La convergencia de ambas circunstancias se ha materializado en la reclamación de un pacto fiscal que vendría a ser un concierto económico de la misma factura del que disponen los territorios forales vascos y la comunidad de Navarra. En el pacto fiscal centran los nacionalistas el llamado derecho a decidir y la equidad, alterada ahora, dicen, por una aportación al resto de España manifiestamente desproporcionada: Cataluña, según Andreu Mas-Colell, aporta 16.000 millones más de los que recibe, lo que lleva al consejero de Economía de la Generalitat a considerar esta cantidad casi como “un diezmo”. Es decir, un abuso medieval. Los catalanes han reparado en que, efectivamente, las haciendas vascas y la navarra son prácticamente soberanas y justo es esa soberanía fiscal –plena en el ingreso mediante la recaudación y gestión de los impuestos e, igualmente, plena en el gasto— la que ellos desean.

En un artículo muy revelador de Jordi Pujol (Que no se repita), publicado en La Vanguardia del 5 de noviembre del pasado año, aseguraba que no era estrictamente cierto que en la discusión del primer Estatuto catalán no se hubiera planteado un sistema concertado. Dice Pujol que tanto CDC como ERC lo hicieron pero no prosperó porque faltó “una voluntad clara”. Tal voluntad, escribió entonces el ex presidente de la Generalitat, “no existió durante la preparación del Estatut del 79 en Sau, ni en su discusión y aprobación por parte catalana en Barcelona ni finalmente en la del texto final en Madrid. Se nos ha reprochado más de una vez –continuaba Pujol—(…) que si no teníamos mejor financiación –incluso una financiación en la línea del concierto— era porque desde Catalunya nadie lo había pedido cuando la discusión del Estatut.” Y sentencia Pujol: “Catalunya realmente no lo pidió, pero CDC y ERC, sí”. Es importante este reconocimiento de la omisión institucional catalana en el debate estatutario de 1979 porque connota el pacto fiscal como reclamación sobrevenida después de que la Generalitat haya aceptado varios sistemas de financiación diferentes, todos ellos finalmente cuestionados.

Nacionalismos económicos
Sin embargo, el planteamiento concertado es reivindicado en Cataluña como reclamación centenaria. Así lo han manifestado en un texto conjunto –también publicado en La Vanguardia el 28 de octubre de 2011— personalidades tan relevantes como Miquel Roca, Joaquim Gay de Montellá, Baldiri Ros y Francesc Cabanas, según los cuales “la reivindicación del concierto económico para Catalunya no es una ambición que tenga fundamento en la Constitución española de 1978 o en los sucesivos Estatutos de autonomía aprobados por el pueblo de Catalunya (…) A finales del siglo XIX, desde el año 1897 a 1899 un ancho movimiento liderado por la Societat Econòmica Barcelonesa d´Amics del País, el Foment del Treball Nacional, el Institut Agrícola de Sant Isidre, el Ateneu Barcelonés y la Liga de Defensa Comercial e Industrial (hoy desaparecida) plantearon a las autoridades españolas la necesidad y urgencia de atender aquellas reivindicaciones del concierto”. Esta referencia histórica es cierta. Tanto como lo es que la representación catalana en el debate del Estatuto de Sau no la reformuló, en tanto que el PNV si lo hizo para Vizcaya y Guipúzcoa (Álava y Navarra no fueron privados por el franquismo de su régimen financiero foral) y para el conjunto del País Vasco.

Hoy los nacionalismos más fuertes en Europa –el vasco, el catalán, el escocés—han ido mutando a motivaciones económico-financieras. El primer ministro de Escocia, Alex Salmond que, al frente del SNP, propugna su independencia del Reino Unido después de obtener una rotunda mayoría absoluta en mayo de 2011, desea plantear un referéndum en 2014, no tanto de independencia plena como de incremento de la autonomía económico-financiera escocesa que cuenta con la fuente de riqueza excepcional del petróleo del Mar del Norte. De tal manera que los conceptos que se manejan en las organizaciones nacionalistas y que aluden a la soberanía se reconducen al establecimiento de marcos de relación con el Estado de máximo autogobierno económico. Naturalmente, se trata de un autogobierno que se fundamenta en factores de identidad que en el caso catalán están constituidos por la lengua, el sistema institucional propio y una conciencia de diferenciación que se refleja en la composición de su Parlamento en el que, salvo PP y Ciudadanos, todas las fuerzas políticas comulgan con el catalanismo que acoge desde los independentistas (ERC y CDC) hasta los autonomistas a ultranza (Unió Democrática de Catalunya).

Hoy los nacionalismos más fuertes en Europa –el vasco, el catalán, el escocés—han ido mutando a motivaciones económico-financieras
Sin embargo, la mayor y más rotunda refutación del pacto fiscal está procediendo de las filas socialistas –el PSC no se ha comprometido con el proyecto de CiU, al menos de momento--, tanto desde el punto de vista político (Chacón dijo que se opondrá “con uñas y dientes”) como del académico. El catalán Antoni Zabalza, catedrático de Economía y secretario de Estado en los Gobiernos de Felipe González, experto en financiación autonómica, escribió en El País del pasado 9 de noviembre (El pacto fiscal que España y Cataluña necesitan) un artículo contundente. Sostenía que “si el sistema de concierto es una anomalía en el panorama del federalismo fiscal, ¿por qué lo tienen el País Vasco y Navarra sin que ello suponga un descalabro para España? La razón es la relativamente pequeña dimensión de las dos comunidades forales. Entre las dos, utilizando datos de 2010, representan el 8% del PIB español. Cataluña representa el 18,6%. Restar al Gobierno español un 8% de la autonomía fiscal que debería tener es un mal soportable. Restarle cerca del 27% sería muy preocupante. Si el sistema de concierto se generalizara, restarle el 100% sería una irresponsabilidad”.

Zabalza mantiene que si Cataluña quiere plantear un pacto fiscal al Estado debe abandonar el modelo del concierto. Cree que en el futuro es preciso: 1) reformar el proceso descentralizador (cambiar el Senado y el Consejo de Política Fiscal y Financiera), 2) reformar el sistema de financiación que “debe incorporar fuertes incentivos marginales al esfuerzo fiscal de las comunidades” y 3) encajar los regímenes foral y común, debiendo el primero “converger” con el segundo para ser más equitativo.

Las reivindicaciones de Cataluña –en temas económicos y de otra naturaleza— se han agudizado porque allí se ha interiorizado que el proyecto común español “se ha malogrado” (palabras de Pujol). Han de valorar los catalanistas, sin embargo, cuánta de su frustración procede de dos circunstancias endógenas: la izquierda catalana se entregó a Zapatero que quebró el sistema autonómico con un Estatuto que, de facto, establecía una confederación incompatible con el artículo 2º de la Constitución, y la propia pluralidad de Cataluña que, aunque transversal en su percepción de diferencia avalada por la identidad lingüística, cultural e histórica, plantea modelos de gestión del autogobierno y de relación con el Estado, diferentes y no siempre conciliables.

A los demás –teniendo siempre en cuenta el papel estabilizador que ha jugado de antiguo el nacionalismo moderado catalán—nos correspondería no ignorar la verdad de la diferencia catalana (decía Ortega que “cualquier verdad que se ignora prepara su venganza”) y no cansarnos jamás de favorecer la unidad de España a través de la más extrema concepción de la diversidad. Como quiso la Constitución de 1978, que por alguna razón distinguió entre nacionalidades y regiones. Vuelvo a Ortega: los esfuerzos inútiles –bien de ir más allá de lo posible en el caso de los nacionalistas, bien de mantenerse enrocado en posiciones de incomprensión en el caso del Estado—nos conduciría a “la melancolía”. Dijo también el maestro madrileño que “El Estado es la superación de toda sociedad natural, es mestizo y plurilingüe.” Y tenía razón.

«ETA logró su objetivo al echarnos»
LORENA GIL lgil@elcorreo.com | BILBAO. El Correo 25 Marzo 2012

El Gobierno vasco anunció la pasada semana que reformará la ley de víctimas para favorecer el retorno de los amenazados
Tres 'exiliados' por la violencia terrorista opinan sobre su posible regreso a Euskadi

El consejero de Interior, Rodolfo Ares, anunció la pasada semana que el Gobierno vasco reformará la Ley de Reconocimiento y Reparación a las Víctimas del Terrorismo con el fin de incluir una batería de ayudas que favorezcan el regreso a Euskadi de las personas que por la amenaza de ETA se vieron obligadas a dejar su tierra, muchas hace décadas. Entre esas medidas, el acceso a una vivienda de protección o a la renta de garantía de ingreso.

Ahora bien, la incógnita no solo reside en conocer el número, aunque solo aproximado, de personas que tuvieron que irse del País Vasco, sino también en saber cuántas decidirán emprender el camino de vuelta tras el cese de acciones armadas decretado por la banda terrorista. EL CORREO se ha puesto con contacto con tres de los llamados 'exiliados' por el terrorismo para conocer de primera mano su desgarradora experiencia y comprobar que el sentir y los temores de este colectivo de víctimas son muy variados.

José Virgilio Menéndez Exconcejal del PP:  «Cuando te vas como yo, las ganas de volver son mayores»
José Virgilio Menéndez acababa de llegar a su domicilio, situado en Fadura, cuando un artefacto colocado en el descansillo de la vivienda, que compartía con su madre y hermana, arrancó la puerta de cuajo. Pocos minutos después, y sin apenas tiempo para reaccionar, una segunda detonación en el garaje común del complejo residencial destruyó su vehículo. Más de 200 vecinos tuvieron que ser desalojados en plena madrugada como consecuencia de aquel sabotaje sin precedentes contra el por aquel entonces concejal del PP en Getxo.

El doble ataque se produjo el 10 de abril de 1999, en plena tregua de ETA -la banda no hizo pública su decisión de romper el alto el fuego hasta el mes de diciembre-. Pero no fue la única amenaza que sufrió por parte del entorno de la banda, desde que con solo 19 años entrara a formar parte de las Nuevas Generaciones del PP. José Virgilio Menéndez fue edil en Galdakao, asesor del grupo popular en el Ayuntamiento de Bilbao y concejal en Getxo. «Me hicieron pintadas y había manifestaciones delante de casa casi cada semana; el acoso era permanente y me sentía muy desprotegido», recuerda. En enero de 2000 su nombre apareció «muy señalado» en varios papeles incautados al 'comando Bizkaia' y desde la delegación del Gobierno le recomendaron que se marchara «una temporada». «Sabía que aquello acabaría en un atentado», admite. A los 29 años, cogió las maletas y puso rumbo a Madrid «con lo puesto», a casa de unos familiares. «La primera sensación fue de frustración y de derrota, porque te vas, crees que eres un cobarde y que dejas a la gente tirada para huir», admite. «La segunda, de alivio. De estar vigilado por tus vecinos pasas al anonimato», explica. José siguió en la vida política, vinculado al Ministerio de Trabajo y al Gobierno de la Comunidad de Madrid, «pero no tiene nada que ver» con la labor que desempeñaba hasta la fecha. «La motivación que tienes para meterte en política en el País Vasco es otra cosa, quieres luchar por la libertad y la democracia», señala.

Desde que se vio obligado a abandonar Euskadi, el exedil del PP siempre ha tenido en el horizonte la «vuelta». Suele viajar cada cierto tiempo al País Vasco a visitar a algunos familiares. Su madre tuvo que vender el piso de Getxo y seguir los pasos de su hijo porque tampoco pudo aguantar la presión de los radicales. «Sientes nostalgia, la morriña que dicen los gallegos. Cuando te vas de un sitio como me tuve que ir yo, tus ganas de volver son mayores. Cada vez que miras atrás sufres la misma rabia; yo no siento Madrid como mi tierra», remarca.

Sin embargo, José es consciente de la dificultad que supondría ahora mismo una mudanza para regresar a Euskadi. Tras doce años en el 'exilio', casado y con hijos, quiere que el día que dé ese paso «sea en firme». Está al tanto de la reforma de la ley de víctimas del terrorismo en la que trabaja el Gobierno vasco para favorecer el retorno a Euskadi de los damnificados. El exconcejal popular reconoce que, en su caso, más que ayudas económicas, lo importante es que se lleve a cabo una «compensación moral»: «Reconocer cómo nos fuimos y restaurar nuestros derechos, entre ellos el de voto», subraya.
«No sé cuántos somos, pero ETA ha logrado sus objetivos al echarnos de nuestra tierra. La democracia está en deuda con nosotros. Sin duda, los perjudicados han sido los no nacionalistas», censura. José es «optimista» respecto al final de ETA. Ahora bien, tiene claro que «la convivencia normalizada tardará su tiempo». En su mente están ahora las próximas elecciones autonómicas. En concreto, el temor a «que se repita la pinza PNV-Batasuna». «La izquierda abertzale no ha hecho aún el recorrido democrático», apostilla. Y el «miedo a lo desconocido» pesa mucho todavía.

J. K. Ertzaina: «A mi hija de nueve años le dijeron que era la hija de un 'zipaio'»
Hace diez largos años que J. K. -prefiere guardar el anonimato-, ertzaina de profesión, abandonó Euskadi. «El acoso y derribo» que sufrió por parte del entorno de ETA no le dejó otra opción que abandonar la localidad vizcaína de Durango y trasladarse a Cantabria. «Diez años de mi vida que me han quitado, diez años de impotencia, de indiferencia», resume. Las amenazas empezaron en 1996. «Al principio eran llamadas a casa, por la tarde, por la noche... Primero, insultos; luego, amenazas más graves», relata. J. K. tuvo que cambiar de número telefónico y evitar que apareciera en la guía. Más tarde llegaron las pintadas en el portal de casa y las amenazas a sus familiares. «A mi hija, que tenía nueve años, la dijeron que era la hija de un 'zipaio' y que sabían dónde vivía», revela.

En 1998 le quemaron parte del coche y apenas dos años después detuvieron a un grupo de jóvenes por kale borroka que portaban el número de la matrícula de su vehículo nuevo y la dirección de su casa. El agente solicitó hasta en dos ocasiones al Departamento de Interior que le proporcionara toda la información recogida por la lucha antiterrorista en la que se mencionara su persona. Los datos se remontaban a 1995, cuando ya apareció en unos papeles de ETA. Además, en el año 2000 la Policía gala detuvo a dos terroristas que llevaban un apunte con su nombre.

J. K., al igual que la mayoría de los amenazados, no pudo soportar la presión, sobre todo por el daño que ésta producía en su familia. Su mujer dejó el trabajo, malvendieron el piso, que ya tenían pagado, y dejaron Euskadi. «Estuvimos todo un verano buscando otra vivienda y otro colegio para mis dos hijos, que no entendían nada; y todo ello sin tener ningún tipo de ayuda porque no nos consideraban víctimas», relata. La nueva ley aprobada por el Congreso en septiembre del pasado año reconoce por primera vez a los amenazados como víctimas.

Una década después, reconoce que «le ha cambiado el carácter». Su mujer tuvo que acudir a lo largo de cinco años a un psicólogo. «Durante mucho tiempo se ha mirado para otro lado mientras sufríamos en la sombra», reprocha. El agente admite que él no quiere volver al País Vasco. «Ya no me siento de ningún sitio», lamenta. Pero su pareja sí. «Tenemos a toda la familia allí», apunta. Una pregunta le asalta de inmediato: «Pero, ¿cómo vuelvo?». Asegura que «no se trata de dinero». Y enumera, entre otras medidas, el acceso a una vivienda de protección o a becas de estudio para los hijos.
J. K. ve «bien» la decisión del Ejecutivo de Vitoria de reformar la ley para facilitar el retorno de los 'exiliados' por la amenaza de ETA. Aunque como suele pasar en estos casos, «hasta que no lo veo...», matiza. Pese a las dudas que, por ahora, pueda suscitar el paso anunciado por el consejero de Interior, el ertzaina sostiene que «todo lo que sea reconocer lo ocurrido será bienvenido». Tiene claro que «si de verdad queremos una sociedad que avance, no podemos tapar lo que ha pasado».

Carlos Fernández de Casadevante Profesor universitario: «Me vi obligado a irme ante la indiferencia de todo el mundo»
Hasta 1998 Carlos Fernández de Casadevante (Irún, 1956) trabajó como profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad del País Vasco en San Sebastián, que tuvo que abandonar por las amenazas del entorno de ETA. El acoso empezó con dos anónimos y una pintada en la pared de su despacho, en la que se le tildaba de «carcelero por llevar el lazo azul». «Los terroristas habían secuestrado a personas inocentes y ellos nos llamaban a nosotros carceleros», critica. Fue el caso del empresario José María Aldaia, el abogado Cosme Delclaux o el funcionario de prisiones José Ortega Lara.

El detonante que motivó su marcha a Madrid, en concreto, a la Universidad Rey Juan Carlos, fue el hallazgo, también en su despacho, de un paquete del que sobresalían unos cables cortados. Tenía 42 años y su vida hecha en Euskadi. «Me vi obligado a hacer algo que no quería», resume. Cogió un tren y dejó atrás a su mujer, que trabaja en el País Vasco, y a sus cinco hijos, entonces de entre 2 y 16 años. Su casa pasó a ser una habitación de alquiler, «ante la indiferencia de todo el mundo».

«El desarraigo es total», asegura Carlos, que prefiere el término de «desterrado» al de 'exiliado'. Expresidente del club de fútbol Real Unión, «los dos primeros años» fuera de Euskadi «fueron los más duros». «Te pierdes el estar con los tuyos, los detalles. Son las cosas pequeñas de la vida las que echas en falta», se sincera. Tras catorce años en Madrid reconoce que «la herida ahora duele, pero no sangra». Eso sí, Carlos sigue estando empadronado en el País Vasco, lo que le permite votar en su tierra. «Nunca renuncié a ese derecho, lo tenía claro; jamás se lo di a ellos», subraya.
Catedrático de Derecho Internacional, entiende que haya personas que pasaron por su misma situación y que deseen volver a Euskadi. Pero no es su caso. «Ni me lo planteo, quiero vivir en libertad», afirma. Para Carlos, «todo sigue igual e incluso peor, porque quienes apoyaron a ETA están ahora en las instituciones. El clima de opresión, sobre todo en los municipios pequeños, es el mismo, aunque algunos no quieran verlo», sostiene. Para él, la situación de Gipuzkoa es especialmente dura, con Bildu gobernando en feudos tan destacados como la Diputación y el Ayuntamiento de San Sebastián. «Las elecciones fueron el fracaso de la sociedad vasca», lamenta. A su juicio, lo único que ha cambiado en Euskadi es que ETA «no mata», pero ni la banda ni la izquierda abertzale tradicional «han reconocido aún el daño causado».

Actualidad
La locura autonómica (1): País Vasco: del Museo de la Boina al del Txakoli o el Olentzero
El gobierno vasco destinó en 2011 cerca de 10 millones de euros en un centenar de salas de exposiciones
 www.lavozlibre.com  25 Marzo 2012

Madrid.- Los días de vino y rosas en los que durante algunos años estuvo instalada España han dejado paso a tiempos de tijera y recortes. Y es precisamente ahora, cuando la crisis económica ha alcanzado su punto álgido y cuesta encontrar espacio en el cinturón para hacer un agujero que lo pueda apretar un poco más, cuando uno se acuerda de los despilfarros y excesos cometidos en los últimos años, sin los cuales no se habría llegado a la situación actual.

Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB). En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más llamativos o surrealistas.

El caso de hoy nos lleva al País Vasco, donde en los años previos a la crisis se abrieron todo tipo de museos. Así, en 2011, el gobierno vasco destinó cerca de 10 millones de euros en el centenar de salas de exposiciones con los que cuenta la región. Museo de la Boina, del Olentzero (el equivalente al Papá Noel vasco), de la Sokatira (un deporte rural vasco). Cualquier signo identificativo o tradición de Euskadi fue susceptible de tener su propio museo, con el gasto en infraestructura que ello conlleva.

El último ejemplo es el del Museo del Txakoli (la típica bebida vasca) en el municipio vizcaíno de Bakio. Pese a que estaba previsto para el verano de 2009, a día de hoy aún no ha abierto sus puertas, ya que la falta de liquidez ha paralizado en reiteradas ocasiones un proyecto en el que ya se han destinado 5 millones de euros. Aún así, y si no hay nuevos retrasos, el objetivo es que se inaugure a finales de este año.

La locura autonómica (2): Una montaña artificial en Mallorca para esconder el Hospital de Son Espases
El Gobierno de Baleares se gastó 2 millones de euros en un talud vegetal para que el nuevo centro hospitalario no se vea desde un monasterio cercano
 www.lavozlibre.com 25 Marzo 2012

Madrid.- Los días de vino y rosas en los que durante algunos años estuvo instalada España han dejado paso a tiempos de tijera y recortes. Y es precisamente ahora, cuando la crisis económica ha alcanzado su punto álgido, cuando uno se acuerda de los despilfarros y excesos cometidos en los últimos años, sin los cuales no se habría llegado a la situación actual.

Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB). En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más llamativos o surrealistas.

El caso de hoy nos lleva hasta Mallorca, donde el gobierno balear presidido por Francesc Antich (PSOE) tuvo la ocurrencia de construir una montaña de tierra para ‘esconder’ el nuevo Hospital de Son Espases, para lo cual invirtió 2 millones de euros.

Durante el proyecto de traslado del Hospital de Son Dureta a Son Espases, se levantó un talud vegetal para impedir que el edificio se vea desde el Monasterio de La Real, situado a escasos metros del centro hospitalario. Además, con el mismo objetivo de quitarlo del campo de visión del citado Monasterio, se soterró el edificio industrial del hospital, que contiene servicios como lavandería, cocinas, mantenimiento, almacén de material y de suministros médicos.

La locura autonómica (3): Cantabria: un aeródromo en Valderredible en el que no pueden despegar aviones
El Gobierno cántabro gastó 1,5 millones en su construcción, pero nunca llegó a estar operativo porque se encontró un molino de viento en la línea de despegue
 www.lavozlibre.com 25 Marzo 2012

Madrid.- En estos momentos en los que la crisis económica ahoga a España y gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos se aprietan el cinturón, es cuando uno echa la vista atrás y se acuerda de los despilfarros y excesos cometidos en los últimos años, que han contribuido a que se haya llegado a la situación actual.

Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB). En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más llamativos o surrealistas

El caso de hoy nos lleva a Cantabria, donde se cometió uno de los dispendios más clásicos, el de invertir en infraestructuras aeroportuarias inútiles. El Gobierno cántabro decidió en 2006 proyectar un aeródromo en el término municipal de Valderredible para luchar contra los incendios forestales. Tras su construcción y gasto de 1,5 millones de euros, se descubrió que en la línea de despegue había un aerogenerador, es decir, un moderno molino de viento procedente de un parque eólico próximo que impide despegar.

Por si eso fuera poco, cuando se comenzó a prestar atención al problema se supo que ese parque eólico, que supuestamente se había construido en terrenos de Burgos (municipio de Sargentes de Lora), podría estar, en parte, en terreno de Cantabria.Las negociaciones para tratar de aclarar el entuerto entre las administraciones de ambas comunidades y municipios no han dado resultado y, aunque el Gobierno de Cantabria, reconvirtió el proyecto del aeródromo en un helipuerto -con el mismo objetivo de combatir los incendios- , éste todavía no está operativo.

La locura autonómica (4): Andalucía: 38.000 móviles públicos y 300 coches oficiales
Con un terminal corporativo por cada seis empleados públicos, la Junta ha gastado 145 millones de euros en teléfono en los tres últimos años
 www.lavozlibre.com 25 Marzo 2012

Madrid.- La crisis económica ahoga a España y las tijeras han salido a pasear en comunidades autónomas y ayuntamientos para tratar de recortar al máximo el gasto. Es precisamente en estos momentos cuando uno echa la vista atrás y se acuerda de los despilfarros y excesos cometidos en los últimos años, que han contribuido a que se haya llegado a la situación actual.

Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB). En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más llamativos o surrealistas.

El caso de hoy nos lleva a Andalucía, quizás el máximo exponente de la cultura del derroche que se ha practicado en España en los tiempos de ‘vacas gordas’. Sin ir más lejos, en los últimos tres años, la Junta gastó 145 millones de euros sólo en teléfono. Y es que la Región mantiene una de las Redes de telecomunicaciones más grandes de toda Europa, con, por ejemplo, 38.000 móviles públicos. Es decir, por cada 6,7 funcionarios hay un terminal corporativo.

la mayoría de estos móviles son, además, de última generación y iPhone y Blackberry son las marcas que la Junta pone en mayor medida a disposición de todos los altos cargos y los puestos de libre designación, como subdirectores, coordinadores o jefes de servicio. El reparto llega, en ocasiones, hasta las secretarias de los altos cargos y otros colectivos. Asimismo, estos terminales también son usados por personal de las empresas públicas y fundaciones de la administración.

Pero no sólo en móviles despilfarra la Junta, también en coches oficiales. En total, el parque de la administración andaluza es de 300 vehículos de alta gama, cuyo precio oscila entre los 60.000 y 80.000 euros por cada uno de ellos. En prestaciones tampoco se quedan cortos. En el Catálogo de Bienes Homologados de la Dirección General de Patrimonio se especifica que todos ellos tienen GPS a color, manos libres, bluetooth, radio cargador frontal, altavoces o incluso MP3 con mando satélite.

Según los datos de la consejería de Economía, tienen vehículo oficial el presidente Griñán, los consejeros y viceconsejeros, los delegados provinciales así como los máximos responsables de organismos autónomos y empresas públicas.

LA LOCURA AUTONÓMICA (5): Comunidad Valenciana: Terra Mítica, la 'montaña rusa' del despilfarro
Desde su inauguración, en el año 2010, el complejo lúdico de Benidorm ha perdido, además de ingentes cantidades de dinero, más de la mitad de sus trabajadores
 www.lavozlibre.com 25 Marzo 2012

Madrid.- La crisis económica conlleva pesimismo en un presente ruinoso y en un futuro incierto. Durante los últimos años, el dinero público, el de todos, se ha malgastado en cometidos y/o proyectos que se sabían deficitarios antes incluso de que viesen la luz. Contentar a los votantes o querer ser más que el vecino ha sido la toníca general de la misma clase política que ahora exige a la ciudadanía esfuerzos adicionales.

Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB). En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más llamativos o surrealistas.

Hoy viajamos hasta la Comunididad Valenciana, un ejemplo claro de las políticas desmedidas que se han protagonizado en la región mediterránea. La historia de Terra Mítica es la historia de un parque temático que, ni tan siquiera en sus primeros años de andadura, logró los benificos que las autoridades políticas de turno esperaban. El 27 de julio del año 2000, el Príncipe de Asturias inauguraba Terra Mítica. Casi 12 años después, el complejo de ocio acumula pérdidas superiores a los 200 millones de euros. Ninguno de los tres presidentes del Partido Popular - Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Alberto Fabra - que han ostentado el cargo en esta comunidad autónoma, han echo un gran esfuerzo por evitar tal dispendio de dinero público.

Terra Mítica, sito en el municipio alicantino de Benidorm, se proyectó tras ver como era París y no España la sede de Disney en Europa. Grandes empresas valencianas, Bancaja y la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) cuentan con participaciones en el parque temático. La Generalitat Valenciana vendió su parte en el complejo de ocio en diciembre del año 2011 por apenas 65 millones de euros. Desde su inauguración, Terra Mítica no sólo ha perdido grandes cantidades de dinero público y privado, sino de trabajadores.La nueva temporada, que comenzará el próximo 30 de marzo, lo hará con la mitad de la plantilla original, ya que el último ERE aprobado por la empresa gestora del parque y los sindicatos se ha llevado por delante a dos centenares de trabajadores.


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