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Después de la caída
Martín Prieto La Razón 29 Marzo 2012
En una de sus horas electorales bajas, don Manuel Fraga sentenciaba:
«Todas las derrotas electorales son provisionales», y de las
victorias podría decirse lo mismo. Es inútil insistir en el triunfo
electoral de Javier Arenas en Andalucía, porque los hechos son
tercos y la matemática parlamentaria autonómica da al Gobierno esa
conjunción contra natura de PSOE e Izquierda Unida. Griñán gobernará
con la bota malaya de IU bien sujeta a un pie. Veremos cosas que nos
asombrarán, como la legalización del cultivo del cannabis y otras
cosas aún más divertidas. Lo digo porque tuve que dejar de fumar
porros porque me daban ataques de risa de tres horas. Los resultados
andaluces los estamos interpretando erróneamente como si afectaran a
la mayoría parlamentaria del Partido Popular, y Andalucía no será
una barricada para impedir que el Gobierno desarrolle su programa.
Los Presupuestos seguirán siendo restrictivos por más que en Sevilla
y en Ferraz festejen un cambio de rumbo.
Es cierto que la reducción del gasto territorial se enfrenta a
comunidades como Cataluña, País Vasco y ahora Andalucía, pero el
Estado, del que a veces nos olvidamos, tiene instrumentos poderosos
para dominar los nacionalismos irredentos. Ni el independentismo
sirve para gran cosa. Artur Mas y el hijo de Pujol proclaman la
independencia con la boca pequeña pero no tienen carriles para
llegar a ella. Habría que cambiar la Constitución para establecer
referéndums secesionistas y luego ver si se ganan, lo que parece
improbable. Cameron, a los escoceses: «¡Hagan el referéndum ya!». Y
se han asustado. En «Después de la caída», Arthur Miller lloró
tontamente la muerte de Marilyn Monroe. No sirvió para nada e hizo
una obra pobre, muy inferior a «La muerte de un viajante». En un mes
la caída andaluza se habrá olvidado, la corrupción continuará al
alza y veremos cosas que asombrarán a los ciudadanos.
Por el pleno paro, por la ruina total, a la huelga general
Por el pleno paro, por la ruina total, a la
huelga general.
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 29 Marzo
2012
Dos legislaturas de zapaterismo han puesto a España al borde del
abismo. Y sin embargo la izquierda ha conseguido que muchos
españoles crean culpable a Rajoy. Brillante, mientras seguimos
viviendo de políticas sociales franquistas.
Es verdad que José Luis Rodríguez Zapatero hizo campaña "Por el
pleno empleo", y nos ha dejado con casi seis millones de parados, a
la cabeza de Europa y del mundo occidental y sobre todo sin salida
que se vislumbre. Pero también es verdad que tiene a quién
parecerse. La historia del PSOE después de su reinvención (o sea
después del golpismo de Indalecio Prieto, del sovietismo senil de
Francisco Largo Caballero y de los cuarenta años de vacaciones
durante el franquismo) empieza con los 800.000 puestos de trabajo
que iba a crear Felipe González. Aún estamos esperándolos.
Hace falta mucha cara dura para apoyar una huelga general de los
sindicatos "de clase" más subvencionados del mundo contra el primer
Gobierno que intenta hacer algo contra la situación social y
económica creada por el mismo PSOE. Aunque algunas decisiones
erróneas se tomasen antes de 2004, y aunque ni ahora se hayan tomado
todas las medidas necesarias ni éstas sean indiscutibles… hace falta
ser Alfredo Pérez Rubalcaba para manifestarse contra el que intenta
hacer algo contra un desastre que él contribuyó, y no poco, a
construir.
Si uno lee la prensa extranjera o frecuenta los medios no españoles,
es fácil darse cuenta de que España ahora mismo roza el desastre.
Cierto, es un desastre económico, pero no es menos cierto que si
avanzamos más en él será también, de todos modos, un desastre
social. El núcleo de lo que llaman "Estado social" no son las
prebendas, regalitos y caprichos acumulados sobre la Hacienda y
sobre la Seguridad Social en las últimas dos décadas. El meollo de
la cosa, estaremos de acuerdo en eso, sigue estando en la protección
social de los trabajadores, en la sanidad y en la educación
nacionales. Y precisamente sobrecargando esos tres pilares con
derroche, amiguismo, farándula e ideología (mucha ideología progre),
mientras por otro lado se recortaban los fundamentos del sistema y
de sus ingresos, se ha puesto en riesgo todo.
¿Son "justos y benéficos" los empresarios españoles? No por cierto,
ni lo son tampoco los grandes inversores extranjeros en España,
culpables unos y otros de la deriva especulativa de nuestra economía
y del abandono de la economía productiva, amén de la extensión
enloquecida del derroche, de la usura y del endeudamiento. Siguen
siendo muchos de ellos, miopes, egoístas y alicortos, y carecen
tanto como los sindicalistas profesionales de verdadero patriotismo.
Aquí se está poniendo en riesgo el futuro de España y de las
siguientes generaciones, y unos y otros manipulan la información y
hasta la política en defensa de sus intereses pequeños, mezquinos,
rastreros. Es verdad que este sindicalismo necesita un Estado que
use toda su autoridad para ponerlo en su lugar. Pero no más que el
gran empresariado organizado (banca incluida), que tan a menudo
utiliza como argumento los auténticos sacrificios de los
trabajadores autónomos y del pequeño y mediano empresariado,
verdaderos soportes del país y paganos de la crisis.
Pero la especulación de unos no legitima el latrocionio de otros. Es
verdad que si no estuviésemos en la UE y en el Euro muchas otras
políticas económicas, y por ende sociales, serían posibles. ¡Pero es
que estamos dentro! ¡Y además entramos con el aplauso de todos
ellos, de los que hoy huelgan y de los que lloriquean por la huelga!
Seamos coherentes: hoy es necesaria una política de austeridad y de
sacrificios, y otra cosa será cómo aplicarla. Pero España no se
merece una huelga que va contra los intereses de todos, y que lejos
de solucionar nada empeora todo. Y si como parte de la solución
queremos que España recupere su soberanía política, económica y
social no seré yo el que diga que no… pero sabiendo que costaría aún
más sacrificios.
Nos metieron en la UE… pero hacen huelga contra las políticas de la
UE. Nos metieron en la economía especulativa… pero hacen huelga
contra la austeridad necesaria para pagar la factura. Nos metieron
en la crisis… pero quieren que ésta se resuelva sola, por
pensamiento mágico. Y reniegan del franquismo azul de sus padres…
pero convocan una huelga general para defender unas políticas
sociales que, en su parte más sana y presentable, en la que no es ni
ideológica ni caprichosa, creó y multiplico el régimen de Franco.
¿Franco haría huelga? Seguramente no, pero se reiría hoy un rato del
espectáculo que da la izquierda. Ahora esperamos la respuesta sólida
de una derecha sin complejos.
Huelga contra España
Editorial www.gaceta.es 29 Marzo 2012
Lo que inquieta a UGT y CC OO no es la suerte de los trabajadores,
sino el fin de sus privilegios.
La Constitución reconoce en el título 1 –de los derechos y deberes
fundamentales– la legítima opción a la huelga (“se reconoce el
derecho a la huelga de los trabajadores...”, reza el artículo 28).
Ahora bien, esa opción queda automáticamente cuestionada, en este 29
de marzo, si reparamos en la segunda parte del artículo 28: “...para
la defensa de sus intereses”. Porque, a la vista de los datos, es
francamente discutible que sean los intereses de los trabajadores el
verdadero motivo de esta movilización contra el Gobierno o que esta
se vaya traducir en una mejora social y económica de los
asalariados. Más bien lo contrario.
Cualquier observador imparcial puede fácilmente percibir que UGT y
CC OO se movilizan no en defensa de los trabajadores, sino de los
injustos privilegios que la reforma laboral les va a despojar,
reduciéndolos a organizaciones espectrales y, sobre todo, con los
bolsillos vacíos. El sindicalismo de clase se había convertido en un
verdadero chollo, al reciclar a UGT y CC OO en empresas (UGT y CC OO
son propietarios del centenar largo de sociedades presentes en todas
las áreas económicas) y a sus líderes y la legión de liberados en
señoritos que medran sin dar un palo al agua, gracias al maná del
Estado, primero con el reparto del antiguo patrimonio sindical y
después con las generosas subvenciones, que han permitido que
conspicuos “compañeros del metal” hagan negocietes como consejeros
de Banca con remuneraciones millonarias.
No fueron precisamente los intereses de los trabajadores lo que
llevó a UGT y CC OO a sacar jugosos beneficios de la crisis, al
embolsarse un pico por la gestión del Plan de Pensiones de la
Administración socialista. Ni tampoco el paripé de huelga de
septiembre de 2010 contra el mismo Zapatero que había comprado
previamente su silencio mientras se destruían más de tres millones
de empleos. Durante el zapaterismo permanecieron callados como
muertos –salvo la farsa de huelguita general contra el amago de
reformita laboral– sin que la suerte de cinco millones de españoles
les quitara el sueño. Lo que ahora les desvela es la pérdida de
poder e influencia que va a suponer la reforma laboral, al primar
los convenios de empresa sobre los sectoriales o a liberalizarse los
cursos de formación. Eso sí que es sagrado y no los parias de la
tierra.
A otro nivel, tampoco parece que sean los intereses de los
trabajadores lo que ha movilizado al Partido Socialista con su apoyo
oficioso a la huelga y su rechazo a la reforma laboral. Más bien es
la estrategia partidista y desleal, marca de la casa, la que puede
explicar que parlamentarios socialistas tengan la cara dura de leer
hoy en el Congreso una declaración contra la reforma laboral.
¡Precisamente ellos! Esa reforma que un Zapatero cucamente
cortoplacista no quiso aplicar para evitarse disgustos y con la
intención de endosar el marrón a su sucesor en La Moncloa. La jugada
de acoso contra el Gobierno le sale ahora perfecta al producirse la
huelga después del revés del PP en Andalucía. Singularmente porque
el tándem PSOE-IU se va a erigir, desde una Junta radicalizada, en
dogmático bastión contra las medidas reformistas del Gobierno,
comenzando por la exigencia de reducir el déficit autonómico.
Todo lo cual deja en evidencia el sesgo descaradamente partidista
del 29-M. Y por lo tanto, espurio, ya que según la Carta Magna la
motivación de la huelga es la defensa de los trabajadores. En este
caso, la movilización es a todas luces contraproducente. En primer
lugar, porque una España al límite no puede permitirse el lujo de
perder cifras millonarias como consecuencia de los paros (se estima
que entre 1.000 millones de euros si la apoya el 35%, y más de 3.000
en el caso de que el seguimiento fuera total). Y en segundo lugar,
porque asestará un nuevo golpe sobre la credibilidad de la economía,
y se desplomará más la imagen de la marca España ante Bruselas y los
mercados. Lo que nos faltaba con la prima de riesgo disparada hasta
los 350 puntos y la economía entrando en recesión.
Ante esa tesitura, el Gobierno no tiene otra alternativa que sacar
adelante las reformas, si quiere achicar el ingente gasto público,
flexibilizar un mercado laboral decimonónico y sanear la economía
para que salga del dique seco y vuelva a ser competitiva. Pero la
pinza de izquierda y sindicatos de clase se obstina en remar en
contra del futuro y de la racionalidad, prisioneros de trasnochados
prejuicios ideológicos y sobre todo de la defensa de privilegios que
sólo benefician a los zánganos de la colmena social.
Nada bueno permiten augurar las amenazas de los piquetes que van a
poner en jaque otro derecho fundamental, el derecho a trabajar
(artículo 35 de la Constitución). Debido en parte a su actitud, pero
también a la ausencia de una Ley de Huelga, la vieja asignatura
pendiente de la democracia, que serviría para fijar criterios
objetivos sobre la regulación de los servicios mínimos. Y tampoco
permite augurar nada bueno la, a nuestro juicio, desafortunada
autorización judicial para que la manifestación de huelguistas
llegue a la madrileña Puerta del Sol. UGT y CC OO tenían otros
espacios a su disposición, pero han preferido reactivar el escenario
del 15-M, cargado de simbólicas reminiscencias, poner en el punto de
mira a Esperanza Aguirre frente a su sede, y hacer bulto con otras
protestas en una plaza que a poco que se llene parece invadida. Todo
lo cual demuestra que bajo el disfraz de una huelga general estamos
ante una campaña de agitación partidista y ante un chantaje de una
casta de señoritos contra la inmensa mayoría de los trabajadores.
El partido de la abstención y del rechazo a
la "casta" política ha vencido en las elecciones andaluzas
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Marzo 2012
Los políticos y sus medios de comunicación domesticados lo ocultan,
pero el verdadero vencedor en las recientes elecciones andaluzas y
asturianas del 25 de marzo ha sido la abstención, que es la
manifestación directa y palpable del rechazo a la casta política y
del desinterés actual de la ciudadanía española por una política que
considera de pésima calidad, corrupta, antidemocrática y opresiva.
Dicen los políticos y su corte mediática que la fuerte abstención se
debió al cambio de horario o a la crisis, pero silencian que la
verdadera causa de la ausencia masiva de los ciudadanos en las urnas
es el descrédito y el desprecio a la casta política, un fenómeno que
en España tiene una extraordinaria importancia y que, en si mismo,
deslegitima al sistema.
Los políticos son en España el tercer problema para los ciudadanos,
pero en Andalucía son ya el segundo, por delante, incluso, de la
crisis económica y sólo superado por el terrible drama del paro.
La abastención obtuvo en Andalucía un 37.77 por ciento, mientras que
el PP obtuvo un 25.16 y el PSOE un 24.45, lo que refleja una
victoria abrumadora de los abstencionistas, cada día más fuerte en
una España que, por falta de democracia y de liderazgo, no merece
que los ciudadanos acudan a las urnas, en la que una parte de la
población, envilecida y sometida, es capaz de entregar el poder a
partidos políticos tan marcados por la corrupción, la arbitratiedad
y el delito que, si existiera una Justicia democrática y limpia,
serían juzgados como asociaciones de malhechores.
Ante la podredumbre del PSOE, que ya roba sin pudor desde la misma
Junta de Andalucía, y la cobarde debilidad del PP, incapaz de
afrontar con solvencia su papel y la realidad de España, muchos
cientos de miles de ciudadanos han optado por abstenerse y demostrar
así su desprecio a los políticos. Muchos de esos abstencionistas
fueron votantes del PP en las elecciones generales del 20 de
noviembre último, cuando el rechazo a Zapatero, enterrador de
España, era tan grande que producía cierto espejismo de ilusión en
la llegada del PP al poder. Pero ahora, una vez comprobada la
cobardía débil de una derecha que se parece demasiado al PSOE, el PP
ha sido abandonado por más de 400.000 votantes, un verdadero fracaso
para el duo Rajoy-Arenas y para el mismo PP, que difícilmente
encontrará otra oportunidad mejor para desalojar del poder andaluz
al corrupto y fracasado socialismo.
Los votos obtenidos por PSOE e IU juntos suman 1.960,910, lo que
equivale al 23,25% de la población andaluza, que es de 8.424.102
habitantes. Con ese pequeño porcentaje y gracias a las leyes
electorales injustas y desequilibradas aprobadas por nuestros
representantes políticos, ese 23,25 por ciento de complices de la
corrupción y del abuso reinantes en los últimos años andaluces tiene
el poder suficiente para imponer al resto de los andaluces, seis
millones y medio, otros cuatro años más de gobierno infectado por la
corrupción, el clientelismo, el abuso de poder y el deterioro maral,
político y económico.
¡¡¡Pobre Andalucía!!!
Voto en Blanco
Fernando Fernández, del IE
"Suecia ahorró 8 puntos del PIB
privatizando servicios públicos"
Según el profesor del Instituto de Empresa, "lo importante es que
las prestaciones sean buenas y universales, no que sean públicas".
Libre mercado Libertad Digital 29 Marzo 2012
El profesor del Instituto de Empresa aludió a la reforma laboral en
la conferencia organizada por el think tank Civismo: "No se puede
hacer una tortilla sin romper huevos ni modificar el mercado de
trabajo sin quitar privilegios".
Fernando Fernández, director de la Cátedra Sistema Financiero
Internacional del Instituto de Empresa afirmó en Pamplona que
"cuando Suecia introdujo la prestación privada de los servicios
públicos para superar la crisis de los 90, su gasto público se
redujo unos 8 puntos del PIB". "Lo importante es que las
prestaciones sean buenas y universales, no que sean públicas",
explicó el economista.
Fernández, que dedicó gran parte de su ponencia Los ajustes que
España necesita: consolidación y reformas a hablar de la próxima
aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, aclaró que "si
éstos se realizan de una forma acertada, podemos tener un año de
caída necesaria, pero si no, nos encontraremos con un estancamiento
que puede durar décadas", como es el caso de Japón e Italia.
En este sentido, fijó la cuestión principal: "¿Es posible sanear las
cuentas públicas y hacerlas sostenibles?". Esto, explicó, se podría
hacer introduciendo competencia en la prestación de servicios
públicos, aunque cree que España lo tendrá más difícil que el país
nórdico: "Suecia es tan igualitario que nadie tiene privilegios; en
cambio, en España se forman guetos laborales que buscan la
protección del Estado".
Para el analista, este ajuste debería realizarse por el lado del
gasto, ya que durante la crisis se incurrió en decisiones
presupuestarias equivalentes al 5% del PIB, aparte del efecto de los
estabilizadores automáticos. Fernández también recordó que durante
la época expansiva el Estado había crecido a más velocidad que el
PIB, incurriendo en gastos recurrentes, cuando debería haber
obtenido superávits de 3 ó 4 puntos para no tener déficit
estructural. Además, sentenció que "un aumento de impuestos podría
agravar la depresión".
Para el profesor del Instituto de Empresa, la clave para que los
inversores se fíen de España no radica tanto en el déficit como en
el las perspectivas de crecimiento. En este apartado, se refirió a
las cuestiones de productividad y mercado interno.
Fernández apuntó, por una parte, que hay que dejar que las empresas
se desarrollen: "Mientras que nuestras pymes son menos productivas
que las europeas, los estudios demuestran que las grandes empresas
pueden competir con sus correspondientes en el resto del mundo". De
que no puedan crecer tiene una gran culpa la fragmentación
autonómica: "Muchas empresas viven en la ilegalidad, porque cumplir
en un territorio significa incumplir en otro". Por esto, incidió en
que hay que tender hacia una licencia única.
El ponente señaló que la reforma laboral va en le buena dirección,
ya que introduce flexibilidad en "uno de los mercados más injustos e
ineficientes de Europa, donde en los mejores tiempos había cuatro
puntos más de paro que en el resto del continente". Uno de los
mayores síntomas del fracaso, en su opinión, es que los ajustes se
realizan por vía de las cantidades y no de los precios, y puso como
ejemplo los convenios colectivos: "En 2009, seguían subiendo los
sueldos y los convenios de la construcción fijaban aumentos cercanos
al 6%". Esto da como resultado que haya "unos trabajadores
beneficiados y otros perjudicados de acuerdo a su momento de entrada
en el mercado laboral y no a su valía". En relación a esto,
consideró lógico que los sindicatos protestaran, ya que "no se puede
hacer una tortilla sin romper huevos, ni reformar el mercado laboral
sin quitar privilegios".
En relación a la reforma financiera, el conferenciante aclaró que el
Gobierno ha diagnosticado correctamente algunos problemas, como es
la falta de veracidad de los balances, pero tiene el problema de que
no puede inyectar dinero como el resto de Europa hizo en 2008. Un
dinero que, precisó, en ningún caso debería utilizarse para
prejubilar, sino para sanear". "Como resultado, el sector se
fortalecerá: quedarán unas quince entidades, más grandes y solventes
que las actuales".
En alusión a la reciente fusión de Banca Cívica, explicó que "Caja
Navarra había firmado su sentencia de muerte cuando se juntó con
Caja Sol", pero el error viene de antes: cuando las comunidades
autónomas monopolizaron los puestos en las entidades de crédito, lo
que rebajó los niveles de prudencia.
Actualidad
El Gobierno, obligado a 'podar' de
funcionarios las administraciones
Los salarios del sector público consumen el 34 por ciento de los
ingresos tributarios y el 48 por ciento de todo el gasto excluidas
prestaciones sociales
JAVIER FLORES www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012
Madrid.- Parece el de hoy un día apropiado para dar un breve repaso
a las consecuencias que la crisis actual tiene sobre el mercado
laboral español, que sin duda se está viendo afectado por la purga
de los excesos del ciclo anterior y el lastre de la restricción
fiscal, al encontrarse España en el proceso simultáneo de
desapalancamiento privado y un duro ajuste presupuestario, lo que va
a seguir afectando a la actividad económica de manera tan importante
que no posible que volvamos al número de ocupados de 2008 hasta el
año 2019.
De acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del
INE conjunto del sector público (funcionarios, personal laboral e
interino y en las empresas) emplea a más de 3.200.000 personas, de
los que algo más de la mitad tiene estatus de funcionario. De esa
cifra, el 52 por ciento está empleado en las denominadas "tareas
esenciales del gobierno" (seguridad, educación, justicia y sanidad),
mientras que hay 500.000 funcionarios en otras funciones y más de
1.000.000 de personal laboral y eventual en empresas públicas y
otras tareas. Pero sobre todo resulta interesante fijarse en algunos
datos relevantes:
Desde 1995 Las Administraciones Públicas han acumulado un millón más
de empleados (270.000 en la administración local y 920.000 en
Comunidades Autónomas). Asímismo, los salarios del sector público
consumen el 34 por ciento de los ingresos tributarios y el 48% de
todo el gasto excluidas prestaciones sociales. No parece por lo
tanto extraño pensar que una parte importante del ajuste
presupuestario se esté produciendo por la vía de la reducción del
empleo público. Con las políticas del actual gobierno es previsible
que el empleo público podría volver al tamaño de 2006 (2.900.000
personas) a mitad de la década. De modo que aunque el sector privado
vaya a crear empleo (la gradual recuperación del consumo de los
hogares y del turismo, nuevamente, permitirá estabilizar el empleo
en los servicios, buena parte de autónomos, e incluso anima a
pronosticar una tímida creación de empleo en los próximos años), esa
mejora va a verse negativamente compensada por la destrucción de
empleo del sector público.
Para hacernos una idea con cifras concretas sobre la dimensión del
ajuste, solamente la radical concentración y ajuste de costes de la
banca costará una cifra próxima a los 50.000 puestos entre despidos
y prejubilaciones. Del lado de los planes de ajuste de las
Administraciones Públicas la destrucción será de unos 300.000
puestos en el sector público. También pesará la caída de recursos de
las ONG y el desplome de las dotaciones a la Obra Social de las
Cajas.... Con este panorama podemos afirmar que España será el país
de los 5 millones de parados hasta 2014, ya que solamente la leve
recuperación del empleo en la industria y los servicios (al margen
de su tradicional distorsión estacional) pondrá fin al deterioro del
mercado laboral, permitiendo que el número de parados y la tasa de
desempleo inicien una tendencia descendente, tan ligera sin embargo
que no permitirá que la tasa de paro baje del 20 por ciento
(4.800.000) hasta 2014.
Las previsiones no son mucho mejores a partir de esa fecha, o al
menos los motivos por los que las cifras puedan mejorar: será vía
menor crecimiento de la población activa (por la inmigración y caída
de la natalidad en los años 80-90) que la tasa de paro baje a cifras
por debajo del 20 por ciento. Aun así, sin una mejora radical de la
economía internacional, el menor ritmo de crecimiento (España
quedará anclada en cifras inferiores al 2%) hará que la tasa de paro
oficial no baje del 20 por ciento hasta 2014 y siga del 15
(3.500.000) hasta final de la década. Una situación que como ya
estamos viendo tiene entre otras consecuencias evidentes y como
estamos comprobando hoy, una gran fractura social.
Javier Flores es Responsable del Servicio de Estudios y Análisis de
ASINVER. Puedes seguirle en Twitter: @_JavierFlores_
Al otro lado del Eo
http://alfonsodelavega.com 29 Marzo 2012
El final de esta mezcla de novela negra, folletín por entregas, de
amores y desamores, cuernos, celos y venganzas, ha resultado
inesperado: Otro escaño más para el PSOE. Como un buen golpe de
efecto de novelista entrenado en sorprender al lector, el nudo de la
intriga asturiana ha de desenvolverse gracias a un actor invitado al
reparto en el último momento y despreciado o ninguneado por todos:
políticos y sindicatos del establishment, bien pensantes, oligarquía
y los media.
El resultado final es toda una lección para los aprendices de brujo
empeñados en no cambiar una injusta y lamentable Ley Electoral
porque les resultaba favorable a sus intereses. Ahora resulta que la
pelea interna entre Cascos y Mariano la va arbitrar una fuerza
política emergente hasta ahora considerada maldita y, para terminar
de rematar la sorpresa de la trama de enredo, gracias al extraño
voto de gente que no vive en Asturias y en principio le da igual lo
que pase allí porque no va a gozarlo o sufrirlo de modo directo ni
va a pagar los impuestos para soportarlo. Una anomalía democrática
se mire por donde se mire.
Y esa fuerza política puede decantarse salomónicamente por no dar su
voto decisivo para formar mayoría parlamentaria a ninguno de los
dos. ¡Qué papelón el de ambos! Y al final en Asturias o gobernaría
la izquierda, otro Frente popular con apoyo controlado de UPy D. O
alternativamente tiene la posibilidad de pilotar a Cascos y a
Mariano casi como títeres del guiñol, dándose con el palo mientras
avisan a coro con el divertido público que viene el lobo del
déficit, la crisis y el equipo de inspectores de la malvada bruja
Merkel, que no se fía y hace bien..
Son varias las lecciones a vuelapluma. Por mucho que los políticos
profesionales piensen que todo está controlado no hay enemigo
pequeño, las urnas las carga el diablo, quiero decir la gente, y
cada vez la hay más harta de las fechorías y corrupciones de los
partidos dominantes y mientras no cambie el régimen que las
posibilita y fomenta, se abstiene o vota a formaciones hasta hora
extramuros del mismo para que por lo menos enreden y alboroten el
tinglado de la farsa. Y en este caso asturiano: ¡bingo!
A este lado del Eo, la peripecia asturiana debe ser motivo de alguna
preocupación para las fuerzas hegemónicas. Puede introducirse en el
corral de votos un cuarto agente en discordia con capacidad de
decidir, además de los inciertos meteoritos en órbita o trayectoria
más o menos variable resultado de la fragmentación del antiguo
planeta BNG.
Que UPy D fuera el árbitro político de la gobernabilidad aquí en
Galicia sin duda abriría alternativas muy sugestivas. Es de suponer
que menguaría o incluso desaparecería el “galleguismo” o
nacionalismo tartufesco derrochador, cuando no limitante de los
derechos civiles, hoy adoptado de modo más o menos impostado por los
diferentes partidos, se podría recuperar la visión integrada,
progresista, en la perspectiva no solo gallega sino también española
de las cosas y se combatiría el argumento (o chulería) del voto
cautivo: “vótame que soy el menos malo, mira que los otros aún son
peores”.
El objetivo es determinar la ocultación de los restos
La Audiencia Nacional obvia el carpetazo al
11-M y enviará nuevas pruebas a la acusación
JAVIER SEDANO. www.gaceta.es 29 Marzo 2012
Manos Limpias ha solicitado la grabación de la pericial de
explosivos durante el juicio de los atentados. El tribunal ya
remitió a Torres-Dulce la información de los trenes.
La Audiencia Nacional sigue adelante con el 11-M, lo que supone no
sólo obviar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de dar
carpetazo a la investigación de los atentados –tras el archivo de la
causa contra Juan Jesús Sánchez Manzano–, sino que pone de
manifiesto la intención del Tribunal de dar por buenas las palabras
del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y continuar con
las pesquisas, al menos aquellas centradas en las nuevas pruebas
encontradas.
Bajo ese criterio, la Audiencia Nacional decidió el pasado 23 de
marzo dar por buena y acceder a la solicitud planteada, a instancias
de Manos Limpias, por Coro Cillán, la juez que desde el Juzgado
número 43 de Madrid mantiene viva la investigación del 11-M. La
petición no es otra que proceder a la grabación de la prueba
pericial de explosivos que se practicó durante el macrojuicio que
Gómez Bermúdez presidió en el año 2007. La Audiencia pide a Manos
Limpias que aporte 15 DVD para proceder a la grabación solicitada.
Para el sindicato acceder nuevamente a la prueba de los explosivos
es fundamental para determinar qué ocurrió con los cientos de
pruebas recogidas en los focos de las explosiones y que, salvo 23,
nunca llegaron al juicio de la Casa de Campo; qué implicación tuvo
el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, en la custodia de las mismas;
y, finalmente, con qué objetivo se ocultaron restos de los vagones,
cuando el director de la pericia, perteneciente a la Comisaría
General de la Policía Científica, aseguró a los peritos
independientes nombrados por Gómez Bermúdez que todos los trenes
habían sido fundidos en los Altos Hornos de Vizcaya.
Tanto LA GACETA como Libertad Digital demostraron que no fue así
tras el descubrimiento de un vagón y de la parte explosionada de
otro que no fueron incorporados a la investigación y de los que
nunca se tuvo noticia.
Esta última decisión de la Audiencia Nacional se une así a la
adoptada la pasada semana por la Fiscalía del tribunal que encabeza
Javier Zaragoza cuando envió al fiscal general del Estado los
informes relativos a los trenes del 11-M que constan en el Sumario.
Concretamente, Zaragoza envió a Torres-Dulce el informe que Renfe
remitió a la Audiencia en el año 2007 sobre el desguace y será el
propio fiscal general del Estado el que, si lo considera oportuno,
los remita vía oficio a la Fiscalía de Madrid, el órgano encargado
de la investigación y la que tendrá que determinar si los restos
explosionados fueron ocultados al tribunal que juzgó la masacre. Hay
que recordar que fue el propio Torres-Dulce quien ordenó abrir una
nueva investigación tras el descubrimiento de los focos.
Por otro lado, otro de los asuntos que quedan pendientes en el
Juzgado que dirige Cillán parece que toca a su fin y enfila el
camino de la solución inmediata: la ampliación de la querella que
contra el ex jefe de los Tedax planteó igualmente Manos Limpias. El
anterior secretario del Juzgado, asumiendo competencias que no le
eran propias, decidió rechazarla, al considerar, como estableció la
Audiencia Provincial, que el auto contra Manzano abierto en el 43 ya
era “cosa juzgada”. Ahora, el nuevo secretario decide lo contrario y
eleva el recurso a la juez y tendrá que ser la propia Coro Cillán la
que determine admitirla o no a trámite. Una decisión que mantendría
viva la investigación y la causa contra uno de los principales
implicados.
Coro Cillán se niega a declarar ante el fiscal
La titular del Juzgado número 43 de Madrid, Coro Cillán, se negó el
pasado lunes a prestar declaración ante el teniente fiscal del TSJM,
Carlos Ruiz de Alegría, dentro de la causa penal abierta contra la
juez del 11-M. Su abogado, Félix Pancorbo, confirmó que la
magistrada se acoge a su derecho constitucional de no declarar
porque “ni es conveniente ni oportuno”. “Sólo –aseguró Pancorbo–
comparecerá y declarará ante un juez”. LA GACETA ya informó a
primeros de mes sobre la investigación penal a Coro Cillán iniciada
por la Fiscalía del TSJM a instancias del Consejo General del Poder
Judicial. Una causa que se une al expediente administrativo abierto
también contra ella por el CGPJ. En todo caso, este periódico ya se
hizo eco de las amenazas anónimas que la juez estaba recibiendo para
que dejase la investigación del 11-M, bajo la advertencia de una
querella por prevaricación. Fuentes cercanas a la magistrada
aseguran que la presión es tanta que está condicionando su labor
profesional.
La locura autonómica (6)
Ernest Benach y el 'tuning' a su coche
oficial a cuenta de los catalanes
El ex presidente del Parlamento de Cataluña invirtió 20.000 euros
públicos en dar un toque personal a su Audi
www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012
Madrid.- Madrid.- La crisis económica se ha instalado en España y
comunidades autónomas y ayuntamientos se afanan en detener la
sangría de sus cuentas con recortes que, en ocasiones, afectan a
materias tan sensibles como sanidad o educación. Es precisamente en
estos momentos cuando uno echa la vista atrás y se acuerda de los
despilfarros y excesos cometidos en los últimos años, que han
contribuido a que se haya llegado a la situación actual.
Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos
estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas
identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido
habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a
cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su
máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB).
En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más
llamativos o surrealistas.
El caso de hoy nos lleva a Cataluña, región donde en la época
precrisis los dispendios eran una norma. Ahora, sin embargo, se
recorta en todo menos en políticas identitarias, donde no parece
faltar dinero. Ernest Benach, de ERC, se vio salpicado por la
polémica en 2008 en un caso que acaparó muchos titulares en su
momento. Y es que, el entonces presidente del Parlamento catalán, no
tuvo reparos en gastar 20.000 euros públicos en ‘tunear’ su coche
oficial.
Al responsable de la Cámara autonómica le parecieron insuficientes
las prestaciones de su Audi A-8-Limusina y le dio su toque personal:
escritorio de madera a medida, reposapiés, televisión de última
generación, conexión para mp3 y bluetooth. Sin duda, dado su
importante puesto, gastos imprescindibles para un coche que ya de
por sí estaba valorado en 110.000 euros. Eso al menos es lo que
consideraba Benach, que explicó después que el ‘tuning’ “no fue un
capricho, sino exigencias de su cargo”.
La locura autonómica (7)
Lagun Air: la apuesta fallida de Castilla y
León en la que volaron 20 millones de euros
La Junta fue durante tres años el motor económico de esta compañía
aérea leonesa creada en 2003 y que sólo llegó a los cinco años de
vida
www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012
Madrid.- En estos momentos en los que la crisis económica ahoga a
España y gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos se
aprietan el cinturón, es cuando uno echa la vista atrás y se acuerda
de los despilfarros y excesos cometidos en los últimos años, que han
contribuido a que se haya llegado a la situación actual.
Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos
estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas
identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido
habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a
cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su
máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB).
En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más
llamativos o surrealistas.
El viaje del despilfarro hace parada hoy en Castilla y León y el
dispendio es, en esta ocasión, un clásico en esos años: aeropuertos
y aviones. La administración castellano-leonesa, con el objetivo de
impulsar los aeropuertos de la región, gastó 20 millones de euros en
hacer de motor económico de Lagun Air, una aerolínea leonesa.
Lagun Air fue creada en 2003 por el Consorcio del Aeropuerto de
León, pero sólo dos años después el proyecto entraba en barrena.
Entonces, el grupo Agelco, -la Agrupación de Empresarios Leoneses de
la Construcción- tomó el mando de la compañía. Bajo su control,
entre 2005 y 2008 la administración pública de León se vuelca en la
aerolínea.
Lo hace a través de tres entidades, el Consorcio para la Gestión de
la Promoción del Aeropuerto de León, constituido por la Diputación
de León, el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León; Ade
Internacional Excal, una empresa pública propiedad de la Junta; y la
Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León, Sotur, también
dependiente de la Junta. Las tres entidades públicas aportaron en
tres años 20 millones de euros.
Finalmente, la aerolínea termina por estrellarse. En octubre de
2008, una vez que el gobierno de Castilla y León había decidido ya
cerrar el grifo de las ayudas, se anuncia el cese de las operaciones
y la entrada en concurso de acreedores, con ERE incluido para los
trabajadores.
La locura autonómica (8)
Zaragoza: una telecabina que conecta el
despilfarro con la ruina
Construida con motivo de la Expo de 2008, el teleférico de Aramón
acumuló después pérdidas de 1,8 millones de euros al año
www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012
Madrid.- La crisis económica ahoga a España y las tijeras han salido
a pasear en comunidades autónomas y ayuntamientos para tratar de
recortar al máximo el gasto. Es precisamente en estos momentos
cuando uno echa la vista atrás y se acuerda de los despilfarros y
excesos cometidos en los últimos años, que han contribuido a que se
haya llegado a la situación actual.
Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos
estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas
identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido
habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a
cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su
máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB).
En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más
llamativos o surrealistas.
El caso de hoy nos lleva a Zaragoza, donde la Expo de 2008 ha dejado
un importante legado en infraestructuras inútiles. Un ejemplo es el
teleférico, exitoso mientras duró la muestra internacional y
altamente deficitario eposteriormente. La telecabina montada en el
recinto Ranillas ha perdido 1,8 millones de euros al año al
transportar diariamente entre 60 y 150 personas cuando estaba
preparada para mover a 2.600 cada hora.
La instalación ha recibido muchas críticas porque, al margen de las
pérdidas que acumula, es para muchos antiestética e inútil, pues ni
siquiera sirve para conectar dos puntos de atracción turística de la
ciudad. La explotación del teleférico corresponde al grupo de nieve
Aramón -sociedad participada al 50 por ciento por el Gobierno de
Aragón-, que pidió al Ayuntamiento de Zaragoza que asumiera las
deudas para mantenerlo.
La telecabina, que costó 12 millones de euros, lleva cerrada al
público desde febrero de 2011, después de que el Ayuntamiento diera
permiso a Aramón para proceder a su desmontaje. El problema es que
la operación ronda el millón de euros, motivo por el cual todavía no
se han iniciado los trabajos para retirar este ruinoso equipamiento.
LA LOCURA AUTONÓMICA (9)
Navarra: un circuito de velocidad por el
que sólo corre el despilfarro
En 2010, el Gobierno Foral destinó 43 millones de euros a la
construcción de un circuito que no ha logrado albergar ningún evento
de relevancia internacional
www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012
Madrid.- España ya no aguanta más el despilfarro, protagonista en la
gestión de las cuentas públicas de ámbito local, autonómico y
nacional. Los Presupuestos Generales que el gobierno presentará en
el Congreso de los Diputados se caracterizarán, como anunció el
ministro de Economía, por su dureza. La consecuencias que ahora
padece el país son el resultado de años de dispendios basados en la
errónea premisa de que el dinero público no es nadie. LA VOZ LIBRE
hace un recopilatorio de los escándalos más sonados con un
denominador común: el desprecio de los gobernantes por el
saneamiento de las administraciones.
En la Comunidad Foral de Navarra, cuyo Gobierno, formazo con la
alianza de UPN y PSOE, en el año 2010, sin tener firmada la
celebración de una carrera de prestigio internacional, decidió
'invertir' 43 millones de euros en un circuito de velocidad por el
que hasta la fecha sólo corre el despilfarro. Dotado de las más
nuevas y costosas infraestructuras, el circuito navarro de Los Arcos
no ha conseguido que su nombre tenga eco ni dentro, ni fuera de
España. Desde su presentación el 19 de junio del año 2010, la
actividad deportiva en Los Arcos sólo se ha limitado a la
celebración de carreras nacionales y regionales con escasa
repercusión.
La consejería de Economía y Hacienda no pudo evitar reconocer a
finales de 2011, que de las arcas públicas tendría que seguir
saliendo partidas presupuestarias para equilibrar las pérdidas
generadas por la poca actividad comercil, deportiva y de patrocinio
que padece el circuito de velocidad de Los Arcos, condenado al
fracaso desde antes de su nacimiento ya que Barcelona, Valencia y
Jerez copan los grandes premios internacionales en el mundo del
motor. El Gobierno de Navarra tendrá que invertir en esta
infraestructura, al menos durante los próximos 10 años, 7 millones
de euros al año.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
ahora, a trabajar
César Vidal La Razón 29 Marzo 2012
El jueves por la noche, en un descanso de la tertulia de Economía de
«Es la noche de César», intercambié impresiones con Francisco Aranda
sobre las elecciones andaluzas. Aranda es uno de los mayores
expertos en empleo que se pueden encontrar en España, y, por
añadidura, es andaluz. Yo no soy andaluz, pero siento una especial
querencia por Andalucía, una tierra maravillosa que he recorrido en
multitud de ocasiones y donde he ubicado no pocas –quizá las
mejores– de mis novelas. Tanto Francisco como yo teníamos serias
dudas de que el PP fuera a ganar las elecciones andaluzas. Ambos,
por añadidura, habíamos distado mucho de manifestar el entusiasmo de
tantos españoles que pensaban que el PSOE se vería desalojado del
poder antes de rebasar holgadamente el récord de Franco. Aludiendo a
razones como la tupida red clientelar socialista o a esa manía del
PP por perpetrar campañas de perfil más subterráneo que bajo, he de
decir que ni Aranda ni yo nos equivocamos.
Y aquí estamos, a día de hoy. El PP sigue teniendo dos tareas
fundamentales de cara al futuro, a saber, evitar el desmembramiento
nacional anunciado por el vástago de Pujol y por Bildu, y lograr que
España no se precipite, tras la presente recesión, en la bancarrota.
Hasta ahora, su política al respecto ha sido más bien blanda y,
seguramente contraproducente, y la razón que se daba era el deseo de
no asustar al elector andaluz.
Pues bien, las elecciones andaluzas han pasado, el PP ha perdido
cuatrocientos mil votos en relación con los que recibió en las
generales y las tareas siguen pendientes. Con una Italia más que
decidida no sólo a hacer los deberes sino a dejarnos como Rufete en
Lorca; con unos sindicatos descerebrados y unos nacionalistas
enloquecidos, el panorama es sombrío. Naturalmente, el PP puede
optar por la línea blandengue y rendirse ante esas castas
privilegiadas llamadas UGT y CCOO; dar barra libre a las CCAA –¡ya
sólo Cataluña es el treinta por ciento de la deuda total!– para que
acaben de arruinarnos y buscar hasta el entendimiento con Bildu.
Puede optar por ello, pero el resultado sería catastrófico. En estos
momentos, su única salida es mantener su más que moderada reforma
laboral contra viento y marea; tascar el freno a las CC AA y
ayuntamientos hasta el punto de permitir su quiebra si siguen
excediéndose y presentar unos presupuestos de una austeridad propia
de los puritanos. Si, de la manera más enérgica y resuelta posible,
no sigue esa segunda senda, es más que posible que no lleguemos a
Navidades sin entrar en suspensión de pagos. De modo que no estaría
mal que los estrategas de la derrota andaluza dejaran de vivir en
Matrix y permitieran a la gente que vale del PP ponerse a trabajar.
Patxi López traidor
Román Cendoya www.gaceta.es 29 Marzo 2012
Intenta tapar su indignidad con palabras que se manchan en su boca.
Ya sabemos que en Euskadi el papel del lehendakari es estar con los
terroristas. Lo estuvieron todos los nazionalistas y lo está el
sozialista. Con el tiempo los terrorismos se unen. ETA y GAL al
final buscan su solución en el olvido. Así, los que usan el
terrorismo en sus proyectos políticos se convierten en iguales. Por
eso, todos juntos –ETAmaiur, PNV y Gobierno Vasco (PSOE)– están
presionando al Tribunal Supremo para que libere a Otegi, Díez
Usabiaga y otros tres condenados por terrorismo. Francisco Javier
López Álvarez –alias Patxi– ha pasado de llorar en las capillas
ardientes a mearse en la memoria de las víctimas.
“Con todo respeto” quita a las víctimas el protagonismo que otorga a
los terroristas. ¿Respeto? Intenta tapar su indignidad con palabras
que se manchan en su boca. López, como los de ETAmaiur, se agarra a
la Constitución Española para defender las políticas a favor de los
presos por el mandato de la reinserción. ¿Y por qué no defiende eso
de que: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de
la Nación española, patria común e indivisible de todos los
españoles”? (art.2) O todo o nada.
El traidor de López defiende que los terroristas no tengan que pedir
perdón a las víctimas. Lógico. ¿Acaso han pedido perdón los
responsables del GAL? El traidor de López no quiere que los vascos
exiliados puedan votar en Euskadi. Exactamente lo mismo que dicen
todos los nazionalistas. ¡Con lo que les costó centrifugar a tantos
cientos de miles para que vengan ahora a joder el trabajo de casi
cuarenta años! Muchos se fueron porque no tuvieron el privilegio de
la protección de la que gozó Francisco Javier López y tuvieron la
dignidad de no travestirse en Patxis. Está bien que sepamos qué
piensan los sozialistas. Pero ¿El PP respalda lo que dice Oyarzábal?
Y luego no saben por qué pierden votos. Nos hielan la sangre.
Bateragune burguesa
Daniel Portero La Razón 29 Marzo 2012
Y continúa la cantinela abertzale para presentar a Arnaldo Otegi
como candidato a lendakari para las próximas elecciones de 2013. En
el periódico proetarra Gara han desplegado toda la artillería para
exigir al Poder Judicial que no aplique la Ley. Y algunos como el
actual lendakari, Patxi López, hacen de palmeros y alaban la figura
de Otegi como «hombre de paz» y predican al pueblo vasco sobre las
bondades de un terrorista en grado dirigente como lo es este
individuo. Está claro que el primer damnificado del síndrome de
Euskokolmo, por no decir Estocolmo, es el tal López. Ya se nos ha
olvidado que en el caso Bateragune quedó demostrado que ETA lanzó su
penúltima ofensiva fagocitadora de la política vasca porque lo único
que siempre le ha importado a ETA es controlar el llamado «frente
institucional», es decir, a Batasuna y sus herederas.
Ya ni me sorprende ver a políticos amorales como Patxi López o Íñigo
Urkullo que decían «respetar al máximo las sentencias judiciales»,
como fue la legalización de Bildu por el Tribunal Constitucional
hace menos de un año y, sin embargo, se rasgaban las vestiduras
cuando condenaban al juez Garzón argumentando que la Justicia no
podía dictar sentencias tan «injustas». Es decir, para estos
políticos, la clase burguesa oteguista y otros tantos, la Justicia
debe ser como un chicle. Cuando me interesa estiro el chicle y
cuando no me interesa pues, simplemente, no. Suerte tenemos que aún
el Tribunal Supremo no es sólo competencia del magistrado Joaquín
Jiménez, conocido por sus votos particulares continuamente
discordantes respecto a ETA y su entorno. Gracias a la Justicia,
existen muchos magistrados en el alto tribunal que aplican y no
interpretan la Ley y la Jurisprudencia y, por todo ello, Otegi y sus
burgueses amigos continuaran en la cárcel, viendo con envidia, como
otro de los suyos se alza con el poder en Euskadi en 2013.
Acortar la transición nacional
Debemos preguntarnos si es bueno para todos mantener la
incertidumbre sobre esta pugna entre la Generalitat y el Estado
Francesc de Carreras La Vanguardia 29 Marzo 2012
Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB
Ha habido un giro en el congreso de Convergència Democrática
celebrado este pasado fin de semana? Parece que sí. Ya no se pide
más autonomía, o el reconocimiento de la diferencia cultural, o una
imprecisa soberanía. No. Esta vez se reclama un Estado propio. Es
lógico que un partido nacionalista aspire a esta finalidad. Pero
hasta ahora sólo se pedía más o mejor autonomía. Ahora la
independencia: es una novedad, una importante novedad.
Para ello el Govern está preparando la primera etapa: proponer un
pacto fiscal al Estado en la línea del concierto económico. Ahora
bien, ni la misma Convergència lo cree posible. Oriol Pujol, nuevo
secretario general, declaraba estos días: "Las posibilidades de que
la política española entienda y atienda los planteamientos del pacto
fiscal son muy, muy, muy pequeñas". Repetir tres veces el adverbio
"muy" indica una confianza mínima, por no decir nula. ¿Es el pacto
fiscal, por tanto, una mera excusa para dejar transcurrir un tiempo
y pasar a plantear definitivamente la independencia? ¿O es que no
hay acuerdo interno en Convergència acerca de su necesidad? Difícil
respuesta.
Pero la más relevante decisión del congreso no ha sido esta
independencia aplazada sino otra cuestión en la que hay unanimidad:
la España de las autonomías ya no resulta útil y debe reclamarse que
Catalunya sea tratada como una excepción respecto a las demás
comunidades, especialmente desde el punto de vista fiscal. Este será
el aspecto más conflictivo en los próximos meses y años, irresoluble
en el marco constitucional de hoy y muy difícilmente solucionable en
un marco futuro.
En efecto, ello es irresoluble porque supone que las finanzas de la
Generalitat deben regularse mediante una ley específica que no sea
la común a todas las demás comunidades, a excepción del País Vasco y
Navarra, es decir, la Lofca. La exclusión de Catalunya del sistema
general para disfrutar de un trato singular y privilegiado
resultaría ser contrario al principio de igualdad reconocido en la
Constitución y requisito básico de todo Estado federal como el
nuestro.
Llegados a este punto debemos preguntarnos si es bueno para todos,
para los catalanes y para el conjunto de los españoles, mantener la
incertidumbre sobre esta pugna entre la Generalitat y el Estado. En
el plano económico, por ejemplo, se crea inseguridad respecto a
inversiones futuras en Catalunya. En el político, el Estado no puede
admitir la demanda, entre otras razones, porque la Constitución no
lo permite. Además, los mismos dirigentes del partido que gobierna
la Generalitat no creen que pueda tener éxito porque conocen
perfectamente sus infranqueables límites. Y, por último, en el
hipotético caso de que se consiguiera este trato singular, el
partido que gobierna la Generalitat pasaría a reclamar la
independencia de Catalunya, tal como ha propuesto en su congreso.
Con lo cual sigue el conflicto. Volvemos a estar en tiempos
parecidos a la reforma del Estatut.
En realidad, el planteamiento de este asunto oscila entre el
surrealismo y la candidez angelical de quien piensa que los demás
son tontos. En el fondo, la cuestión que propone Convergència es la
siguiente: hago una propuesta imposible para que no me la admitan
con el objetivo de sublevar a los míos contra quien la rechaza y así
cargarme de razón para formular otra propuesta, la que realmente me
interesa, pero que hoy es implanteable porque quizás la perdería en
voto popular. Esta parece ser la famosa transición nacional, una
transición en la que ya empezábamos a estar los catalanes desde 1980
cuando en las manifestaciones convergentes se coreaba el lema "Avui
paciència, demà independència".
Pero los tiempos no están para experimentos ni para política
ficción. Los tiempos están para resolver problemas muy complicados y
hasta dramáticos. Entre las soluciones, una de las más necesarias es
la reforma del Estado de las autonomías. A nadie se le ha pasado por
la cabeza suprimir las comunidades o reducir su autonomía pero sí
alcanzar un funcionamiento más eficiente y menos costoso. Y del
Estado de las autonomías forma parte el Estado central que también
debe ser reformado con los mismos objetivos. Ese es el debate. Pues
bien, la famosa transición nacional catalana puede frenar este
proceso porque es imprescindible la participación de la Generalitat
en las mismas y si se limita a ir sólo a lo suyo, a conseguir un
pacto fiscal para ella excluyendo a los demás, la reforma del
conjunto se hace imposible.
Por tanto, quizás ha llegado el momento de saber cuál es la voluntad
de los catalanes: si constituirse en Estado independiente o
integrarse definitivamente en España. Si hay que consultar a los
catalanes - por métodos democráticos y legales, faltaría más- que se
haga y pronto, pero dejemos de marear la perdiz. Esta transición
anunciada, que puede durar años, no hará otra cosa que impedir las
reformas necesarias para solucionar la crisis económica. Sepamos,
pues, cuanto antes, a qué atenernos. No es bueno estar en una
transición indefinida. Cuando es estabilidad lo que se precisa, las
transiciones cuanto más cortas mejor.
Las ONG que utilizan el español se quedan
sin subvenciones en Cataluña
La convocatoria de subvenciones del Gobierno de Mas impone la
utilización del catalán en los comunicados que emita toda
organización no gubernamental
www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012
Madrid.- La Generalitat de Cataluña, presidida por Artur Mas,
continúa con su campaña de acoso al castellano. Ahora, ha puesto sus
ojos sobre las Organizaciones No Gubernamentales que no utilizan el
catalán y ha vetado su acceso a las subvenciones si no utilizan la
lengua autonómica en sus comunicados, según informa ‘La Voz de
Barcelona’.
De acuerdo con el diario, la mayor parte de las ayudas que el
Gobierno catalán publica en el Diario Oficial de la Generalitat de
Cataluña (DOCG) tiene un requisito común y es que no se pueden
acceder a ellas si no se utiliza el catalán en la actividad que
motiva la petición del subsidio.
Este miércoles, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
(ACCD), que depende de la consejería de Presidencia, ha aprobado las
“bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a
dar apoyo a proyectos en el ámbito de la cooperación al desarrollo”
impulsados por “entidades no gubernamentales de desarrollo”
correspondientes al 2012.
Esas ayudas, que cubren “hasta un máximo del 80 por ciento del
presupuesto total del proyecto”, se destinan a ONGs que realicen
actividades para la cooperación del desarrollo en Cataluña o en
“países socios del Sur”. Para poder acceder a estas ayudas, estas
organizaciones deben cumplir con los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de
la Ley de Política Lingüística.
Estos artículos obligan a estas entidades a que “la señalización y
los carteles de información general de carácter fijo y los
documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y
consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar
redactados, al menos en catalán” y a que “los rótulos e
informaciones de carácter fijo y que contengan textos que han de
constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las
personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en
catalán”.
Así, la Generalitat insiste en contravenir las cinco sentencias del
Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional, que en
su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, decretó que
el catalán no podía ser “lengua preferente” para la Administración y
decretó que el deber de disponibilidad lingüística “sólo puede ser
exigible en las relaciones entre los poderes público y los
ciudadanos”, pero nunca entre privados.
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