AGLI Recortes de Prensa   Jueves 29  Marzo 2012

Después de la caída
Martín Prieto La Razón 29 Marzo 2012

En una de sus horas electorales bajas, don Manuel Fraga sentenciaba: «Todas las derrotas electorales son provisionales», y de las victorias podría decirse lo mismo. Es inútil insistir en el triunfo electoral de Javier Arenas en Andalucía, porque los hechos son tercos y la matemática parlamentaria autonómica da al Gobierno esa conjunción contra natura de PSOE e Izquierda Unida. Griñán gobernará con la bota malaya de IU bien sujeta a un pie. Veremos cosas que nos asombrarán, como la legalización del cultivo del cannabis y otras cosas aún más divertidas. Lo digo porque tuve que dejar de fumar porros porque me daban ataques de risa de tres horas. Los resultados andaluces los estamos interpretando erróneamente como si afectaran a la mayoría parlamentaria del Partido Popular, y Andalucía no será una barricada para impedir que el Gobierno desarrolle su programa. Los Presupuestos seguirán siendo restrictivos por más que en Sevilla y en Ferraz festejen un cambio de rumbo.

Es cierto que la reducción del gasto territorial se enfrenta a comunidades como Cataluña, País Vasco y ahora Andalucía, pero el Estado, del que a veces nos olvidamos, tiene instrumentos poderosos para dominar los nacionalismos irredentos. Ni el independentismo sirve para gran cosa. Artur Mas y el hijo de Pujol proclaman la independencia con la boca pequeña pero no tienen carriles para llegar a ella. Habría que cambiar la Constitución para establecer referéndums secesionistas y luego ver si se ganan, lo que parece improbable. Cameron, a los escoceses: «¡Hagan el referéndum ya!». Y se han asustado. En «Después de la caída», Arthur Miller lloró tontamente la muerte de Marilyn Monroe. No sirvió para nada e hizo una obra pobre, muy inferior a «La muerte de un viajante». En un mes la caída andaluza se habrá olvidado, la corrupción continuará al alza y veremos cosas que asombrarán a los ciudadanos.
Por el pleno paro, por la ruina total, a la huelga general

Por el pleno paro, por la ruina total, a la huelga general.
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com  29 Marzo 2012

Dos legislaturas de zapaterismo han puesto a España al borde del abismo. Y sin embargo la izquierda ha conseguido que muchos españoles crean culpable a Rajoy. Brillante, mientras seguimos viviendo de políticas sociales franquistas.

Es verdad que José Luis Rodríguez Zapatero hizo campaña "Por el pleno empleo", y nos ha dejado con casi seis millones de parados, a la cabeza de Europa y del mundo occidental y sobre todo sin salida que se vislumbre. Pero también es verdad que tiene a quién parecerse. La historia del PSOE después de su reinvención (o sea después del golpismo de Indalecio Prieto, del sovietismo senil de Francisco Largo Caballero y de los cuarenta años de vacaciones durante el franquismo) empieza con los 800.000 puestos de trabajo que iba a crear Felipe González. Aún estamos esperándolos.

Hace falta mucha cara dura para apoyar una huelga general de los sindicatos "de clase" más subvencionados del mundo contra el primer Gobierno que intenta hacer algo contra la situación social y económica creada por el mismo PSOE. Aunque algunas decisiones erróneas se tomasen antes de 2004, y aunque ni ahora se hayan tomado todas las medidas necesarias ni éstas sean indiscutibles… hace falta ser Alfredo Pérez Rubalcaba para manifestarse contra el que intenta hacer algo contra un desastre que él contribuyó, y no poco, a construir.

Si uno lee la prensa extranjera o frecuenta los medios no españoles, es fácil darse cuenta de que España ahora mismo roza el desastre. Cierto, es un desastre económico, pero no es menos cierto que si avanzamos más en él será también, de todos modos, un desastre social. El núcleo de lo que llaman "Estado social" no son las prebendas, regalitos y caprichos acumulados sobre la Hacienda y sobre la Seguridad Social en las últimas dos décadas. El meollo de la cosa, estaremos de acuerdo en eso, sigue estando en la protección social de los trabajadores, en la sanidad y en la educación nacionales. Y precisamente sobrecargando esos tres pilares con derroche, amiguismo, farándula e ideología (mucha ideología progre), mientras por otro lado se recortaban los fundamentos del sistema y de sus ingresos, se ha puesto en riesgo todo.

¿Son "justos y benéficos" los empresarios españoles? No por cierto, ni lo son tampoco los grandes inversores extranjeros en España, culpables unos y otros de la deriva especulativa de nuestra economía y del abandono de la economía productiva, amén de la extensión enloquecida del derroche, de la usura y del endeudamiento. Siguen siendo muchos de ellos, miopes, egoístas y alicortos, y carecen tanto como los sindicalistas profesionales de verdadero patriotismo. Aquí se está poniendo en riesgo el futuro de España y de las siguientes generaciones, y unos y otros manipulan la información y hasta la política en defensa de sus intereses pequeños, mezquinos, rastreros. Es verdad que este sindicalismo necesita un Estado que use toda su autoridad para ponerlo en su lugar. Pero no más que el gran empresariado organizado (banca incluida), que tan a menudo utiliza como argumento los auténticos sacrificios de los trabajadores autónomos y del pequeño y mediano empresariado, verdaderos soportes del país y paganos de la crisis.

Pero la especulación de unos no legitima el latrocionio de otros. Es verdad que si no estuviésemos en la UE y en el Euro muchas otras políticas económicas, y por ende sociales, serían posibles. ¡Pero es que estamos dentro! ¡Y además entramos con el aplauso de todos ellos, de los que hoy huelgan y de los que lloriquean por la huelga! Seamos coherentes: hoy es necesaria una política de austeridad y de sacrificios, y otra cosa será cómo aplicarla. Pero España no se merece una huelga que va contra los intereses de todos, y que lejos de solucionar nada empeora todo. Y si como parte de la solución queremos que España recupere su soberanía política, económica y social no seré yo el que diga que no… pero sabiendo que costaría aún más sacrificios.

Nos metieron en la UE… pero hacen huelga contra las políticas de la UE. Nos metieron en la economía especulativa… pero hacen huelga contra la austeridad necesaria para pagar la factura. Nos metieron en la crisis… pero quieren que ésta se resuelva sola, por pensamiento mágico. Y reniegan del franquismo azul de sus padres… pero convocan una huelga general para defender unas políticas sociales que, en su parte más sana y presentable, en la que no es ni ideológica ni caprichosa, creó y multiplico el régimen de Franco. ¿Franco haría huelga? Seguramente no, pero se reiría hoy un rato del espectáculo que da la izquierda. Ahora esperamos la respuesta sólida de una derecha sin complejos.

Huelga contra España
Editorial www.gaceta.es 29 Marzo 2012

Lo que inquieta a UGT y CC OO no es la suerte de los trabajadores, sino el fin de sus privilegios.

La Constitución reconoce en el título 1 –de los derechos y deberes fundamentales– la legítima opción a la huelga (“se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores...”, reza el artículo 28). Ahora bien, esa opción queda automáticamente cuestionada, en este 29 de marzo, si reparamos en la segunda parte del artículo 28: “...para la defensa de sus intereses”. Porque, a la vista de los datos, es francamente discutible que sean los intereses de los trabajadores el verdadero motivo de esta movilización contra el Gobierno o que esta se vaya traducir en una mejora social y económica de los asalariados. Más bien lo contrario.

Cualquier observador imparcial puede fácilmente percibir que UGT y CC OO se movilizan no en defensa de los trabajadores, sino de los injustos privilegios que la reforma laboral les va a despojar, reduciéndolos a organizaciones espectrales y, sobre todo, con los bolsillos vacíos. El sindicalismo de clase se había convertido en un verdadero chollo, al reciclar a UGT y CC OO en empresas (UGT y CC OO son propietarios del centenar largo de sociedades presentes en todas las áreas económicas) y a sus líderes y la legión de liberados en señoritos que medran sin dar un palo al agua, gracias al maná del Estado, primero con el reparto del antiguo patrimonio sindical y después con las generosas subvenciones, que han permitido que conspicuos “compañeros del metal” hagan negocietes como consejeros de Banca con remuneraciones millonarias.

No fueron precisamente los intereses de los trabajadores lo que llevó a UGT y CC OO a sacar jugosos beneficios de la crisis, al embolsarse un pico por la gestión del Plan de Pensiones de la Administración socialista. Ni tampoco el paripé de huelga de septiembre de 2010 contra el mismo Zapatero que había comprado previamente su silencio mientras se destruían más de tres millones de empleos. Durante el zapaterismo permanecieron callados como muertos –salvo la farsa de huelguita general contra el amago de reformita laboral– sin que la suerte de cinco millones de españoles les quitara el sueño. Lo que ahora les desvela es la pérdida de poder e influencia que va a suponer la reforma laboral, al primar los convenios de empresa sobre los sectoriales o a liberalizarse los cursos de formación. Eso sí que es sagrado y no los parias de la tierra.

A otro nivel, tampoco parece que sean los intereses de los trabajadores lo que ha movilizado al Partido Socialista con su apoyo oficioso a la huelga y su rechazo a la reforma laboral. Más bien es la estrategia partidista y desleal, marca de la casa, la que puede explicar que parlamentarios socialistas tengan la cara dura de leer hoy en el Congreso una declaración contra la reforma laboral. ¡Precisamente ellos! Esa reforma que un Zapatero cucamente cortoplacista no quiso aplicar para evitarse disgustos y con la intención de endosar el marrón a su sucesor en La Moncloa. La jugada de acoso contra el Gobierno le sale ahora perfecta al producirse la huelga después del revés del PP en Andalucía. Singularmente porque el tándem PSOE-IU se va a erigir, desde una Junta radicalizada, en dogmático bastión contra las medidas reformistas del Gobierno, comenzando por la exigencia de reducir el déficit autonómico.

Todo lo cual deja en evidencia el sesgo descaradamente partidista del 29-M. Y por lo tanto, espurio, ya que según la Carta Magna la motivación de la huelga es la defensa de los trabajadores. En este caso, la movilización es a todas luces contraproducente. En primer lugar, porque una España al límite no puede permitirse el lujo de perder cifras millonarias como consecuencia de los paros (se estima que entre 1.000 millones de euros si la apoya el 35%, y más de 3.000 en el caso de que el seguimiento fuera total). Y en segundo lugar, porque asestará un nuevo golpe sobre la credibilidad de la economía, y se desplomará más la imagen de la marca España ante Bruselas y los mercados. Lo que nos faltaba con la prima de riesgo disparada hasta los 350 puntos y la economía entrando en recesión.

Ante esa tesitura, el Gobierno no tiene otra alternativa que sacar adelante las reformas, si quiere achicar el ingente gasto público, flexibilizar un mercado laboral decimonónico y sanear la economía para que salga del dique seco y vuelva a ser competitiva. Pero la pinza de izquierda y sindicatos de clase se obstina en remar en contra del futuro y de la racionalidad, prisioneros de trasnochados prejuicios ideológicos y sobre todo de la defensa de privilegios que sólo benefician a los zánganos de la colmena social.

Nada bueno permiten augurar las amenazas de los piquetes que van a poner en jaque otro derecho fundamental, el derecho a trabajar (artículo 35 de la Constitución). Debido en parte a su actitud, pero también a la ausencia de una Ley de Huelga, la vieja asignatura pendiente de la democracia, que serviría para fijar criterios objetivos sobre la regulación de los servicios mínimos. Y tampoco permite augurar nada bueno la, a nuestro juicio, desafortunada autorización judicial para que la manifestación de huelguistas llegue a la madrileña Puerta del Sol. UGT y CC OO tenían otros espacios a su disposición, pero han preferido reactivar el escenario del 15-M, cargado de simbólicas reminiscencias, poner en el punto de mira a Esperanza Aguirre frente a su sede, y hacer bulto con otras protestas en una plaza que a poco que se llene parece invadida. Todo lo cual demuestra que bajo el disfraz de una huelga general estamos ante una campaña de agitación partidista y ante un chantaje de una casta de señoritos contra la inmensa mayoría de los trabajadores.

El partido de la abstención y del rechazo a la "casta" política ha vencido en las elecciones andaluzas
Francisco Rubiales Periodista Digital 29 Marzo 2012

Los políticos y sus medios de comunicación domesticados lo ocultan, pero el verdadero vencedor en las recientes elecciones andaluzas y asturianas del 25 de marzo ha sido la abstención, que es la manifestación directa y palpable del rechazo a la casta política y del desinterés actual de la ciudadanía española por una política que considera de pésima calidad, corrupta, antidemocrática y opresiva.

Dicen los políticos y su corte mediática que la fuerte abstención se debió al cambio de horario o a la crisis, pero silencian que la verdadera causa de la ausencia masiva de los ciudadanos en las urnas es el descrédito y el desprecio a la casta política, un fenómeno que en España tiene una extraordinaria importancia y que, en si mismo, deslegitima al sistema.

Los políticos son en España el tercer problema para los ciudadanos, pero en Andalucía son ya el segundo, por delante, incluso, de la crisis económica y sólo superado por el terrible drama del paro.

La abastención obtuvo en Andalucía un 37.77 por ciento, mientras que el PP obtuvo un 25.16 y el PSOE un 24.45, lo que refleja una victoria abrumadora de los abstencionistas, cada día más fuerte en una España que, por falta de democracia y de liderazgo, no merece que los ciudadanos acudan a las urnas, en la que una parte de la población, envilecida y sometida, es capaz de entregar el poder a partidos políticos tan marcados por la corrupción, la arbitratiedad y el delito que, si existiera una Justicia democrática y limpia, serían juzgados como asociaciones de malhechores.

Ante la podredumbre del PSOE, que ya roba sin pudor desde la misma Junta de Andalucía, y la cobarde debilidad del PP, incapaz de afrontar con solvencia su papel y la realidad de España, muchos cientos de miles de ciudadanos han optado por abstenerse y demostrar así su desprecio a los políticos. Muchos de esos abstencionistas fueron votantes del PP en las elecciones generales del 20 de noviembre último, cuando el rechazo a Zapatero, enterrador de España, era tan grande que producía cierto espejismo de ilusión en la llegada del PP al poder. Pero ahora, una vez comprobada la cobardía débil de una derecha que se parece demasiado al PSOE, el PP ha sido abandonado por más de 400.000 votantes, un verdadero fracaso para el duo Rajoy-Arenas y para el mismo PP, que difícilmente encontrará otra oportunidad mejor para desalojar del poder andaluz al corrupto y fracasado socialismo.

Los votos obtenidos por PSOE e IU juntos suman 1.960,910, lo que equivale al 23,25% de la población andaluza, que es de 8.424.102 habitantes. Con ese pequeño porcentaje y gracias a las leyes electorales injustas y desequilibradas aprobadas por nuestros representantes políticos, ese 23,25 por ciento de complices de la corrupción y del abuso reinantes en los últimos años andaluces tiene el poder suficiente para imponer al resto de los andaluces, seis millones y medio, otros cuatro años más de gobierno infectado por la corrupción, el clientelismo, el abuso de poder y el deterioro maral, político y económico.

¡¡¡Pobre Andalucía!!!

Voto en Blanco

Fernando Fernández, del IE
"Suecia ahorró 8 puntos del PIB privatizando servicios públicos"
Según el profesor del Instituto de Empresa, "lo importante es que las prestaciones sean buenas y universales, no que sean públicas".
Libre mercado Libertad Digital 29 Marzo 2012

El profesor del Instituto de Empresa aludió a la reforma laboral en la conferencia organizada por el think tank Civismo: "No se puede hacer una tortilla sin romper huevos ni modificar el mercado de trabajo sin quitar privilegios".

Fernando Fernández, director de la Cátedra Sistema Financiero Internacional del Instituto de Empresa afirmó en Pamplona que "cuando Suecia introdujo la prestación privada de los servicios públicos para superar la crisis de los 90, su gasto público se redujo unos 8 puntos del PIB". "Lo importante es que las prestaciones sean buenas y universales, no que sean públicas", explicó el economista.

Fernández, que dedicó gran parte de su ponencia Los ajustes que España necesita: consolidación y reformas a hablar de la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, aclaró que "si éstos se realizan de una forma acertada, podemos tener un año de caída necesaria, pero si no, nos encontraremos con un estancamiento que puede durar décadas", como es el caso de Japón e Italia.

En este sentido, fijó la cuestión principal: "¿Es posible sanear las cuentas públicas y hacerlas sostenibles?". Esto, explicó, se podría hacer introduciendo competencia en la prestación de servicios públicos, aunque cree que España lo tendrá más difícil que el país nórdico: "Suecia es tan igualitario que nadie tiene privilegios; en cambio, en España se forman guetos laborales que buscan la protección del Estado".

Para el analista, este ajuste debería realizarse por el lado del gasto, ya que durante la crisis se incurrió en decisiones presupuestarias equivalentes al 5% del PIB, aparte del efecto de los estabilizadores automáticos. Fernández también recordó que durante la época expansiva el Estado había crecido a más velocidad que el PIB, incurriendo en gastos recurrentes, cuando debería haber obtenido superávits de 3 ó 4 puntos para no tener déficit estructural. Además, sentenció que "un aumento de impuestos podría agravar la depresión".

Para el profesor del Instituto de Empresa, la clave para que los inversores se fíen de España no radica tanto en el déficit como en el las perspectivas de crecimiento. En este apartado, se refirió a las cuestiones de productividad y mercado interno.

Fernández apuntó, por una parte, que hay que dejar que las empresas se desarrollen: "Mientras que nuestras pymes son menos productivas que las europeas, los estudios demuestran que las grandes empresas pueden competir con sus correspondientes en el resto del mundo". De que no puedan crecer tiene una gran culpa la fragmentación autonómica: "Muchas empresas viven en la ilegalidad, porque cumplir en un territorio significa incumplir en otro". Por esto, incidió en que hay que tender hacia una licencia única.

El ponente señaló que la reforma laboral va en le buena dirección, ya que introduce flexibilidad en "uno de los mercados más injustos e ineficientes de Europa, donde en los mejores tiempos había cuatro puntos más de paro que en el resto del continente". Uno de los mayores síntomas del fracaso, en su opinión, es que los ajustes se realizan por vía de las cantidades y no de los precios, y puso como ejemplo los convenios colectivos: "En 2009, seguían subiendo los sueldos y los convenios de la construcción fijaban aumentos cercanos al 6%". Esto da como resultado que haya "unos trabajadores beneficiados y otros perjudicados de acuerdo a su momento de entrada en el mercado laboral y no a su valía". En relación a esto, consideró lógico que los sindicatos protestaran, ya que "no se puede hacer una tortilla sin romper huevos, ni reformar el mercado laboral sin quitar privilegios".

En relación a la reforma financiera, el conferenciante aclaró que el Gobierno ha diagnosticado correctamente algunos problemas, como es la falta de veracidad de los balances, pero tiene el problema de que no puede inyectar dinero como el resto de Europa hizo en 2008. Un dinero que, precisó, en ningún caso debería utilizarse para prejubilar, sino para sanear". "Como resultado, el sector se fortalecerá: quedarán unas quince entidades, más grandes y solventes que las actuales".

En alusión a la reciente fusión de Banca Cívica, explicó que "Caja Navarra había firmado su sentencia de muerte cuando se juntó con Caja Sol", pero el error viene de antes: cuando las comunidades autónomas monopolizaron los puestos en las entidades de crédito, lo que rebajó los niveles de prudencia.

Actualidad
El Gobierno, obligado a 'podar' de funcionarios las administraciones
Los salarios del sector público consumen el 34 por ciento de los ingresos tributarios y el 48 por ciento de todo el gasto excluidas prestaciones sociales
JAVIER FLORES  www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012

Madrid.- Parece el de hoy un día apropiado para dar un breve repaso a las consecuencias que la crisis actual tiene sobre el mercado laboral español, que sin duda se está viendo afectado por la purga de los excesos del ciclo anterior y el lastre de la restricción fiscal, al encontrarse España en el proceso simultáneo de desapalancamiento privado y un duro ajuste presupuestario, lo que va a seguir afectando a la actividad económica de manera tan importante que no posible que volvamos al número de ocupados de 2008 hasta el año 2019.

De acuerdo a los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del INE conjunto del sector público (funcionarios, personal laboral e interino y en las empresas) emplea a más de 3.200.000 personas, de los que algo más de la mitad tiene estatus de funcionario. De esa cifra, el 52 por ciento está empleado en las denominadas "tareas esenciales del gobierno" (seguridad, educación, justicia y sanidad), mientras que hay 500.000 funcionarios en otras funciones y más de 1.000.000 de personal laboral y eventual en empresas públicas y otras tareas. Pero sobre todo resulta interesante fijarse en algunos datos relevantes:

Desde 1995 Las Administraciones Públicas han acumulado un millón más de empleados (270.000 en la administración local y 920.000 en Comunidades Autónomas). Asímismo, los salarios del sector público consumen el 34 por ciento de los ingresos tributarios y el 48% de todo el gasto excluidas prestaciones sociales. No parece por lo tanto extraño pensar que una parte importante del ajuste presupuestario se esté produciendo por la vía de la reducción del empleo público. Con las políticas del actual gobierno es previsible que el empleo público podría volver al tamaño de 2006 (2.900.000 personas) a mitad de la década. De modo que aunque el sector privado vaya a crear empleo (la gradual recuperación del consumo de los hogares y del turismo, nuevamente, permitirá estabilizar el empleo en los servicios, buena parte de autónomos, e incluso anima a pronosticar una tímida creación de empleo en los próximos años), esa mejora va a verse negativamente compensada por la destrucción de empleo del sector público.

Para hacernos una idea con cifras concretas sobre la dimensión del ajuste, solamente la radical concentración y ajuste de costes de la banca costará una cifra próxima a los 50.000 puestos entre despidos y prejubilaciones. Del lado de los planes de ajuste de las Administraciones Públicas la destrucción será de unos 300.000 puestos en el sector público. También pesará la caída de recursos de las ONG y el desplome de las dotaciones a la Obra Social de las Cajas.... Con este panorama podemos afirmar que España será el país de los 5 millones de parados hasta 2014, ya que solamente la leve recuperación del empleo en la industria y los servicios (al margen de su tradicional distorsión estacional) pondrá fin al deterioro del mercado laboral, permitiendo que el número de parados y la tasa de desempleo inicien una tendencia descendente, tan ligera sin embargo que no permitirá que la tasa de paro baje del 20 por ciento (4.800.000) hasta 2014.

Las previsiones no son mucho mejores a partir de esa fecha, o al menos los motivos por los que las cifras puedan mejorar: será vía menor crecimiento de la población activa (por la inmigración y caída de la natalidad en los años 80-90) que la tasa de paro baje a cifras por debajo del 20 por ciento. Aun así, sin una mejora radical de la economía internacional, el menor ritmo de crecimiento (España quedará anclada en cifras inferiores al 2%) hará que la tasa de paro oficial no baje del 20 por ciento hasta 2014 y siga del 15 (3.500.000) hasta final de la década. Una situación que como ya estamos viendo tiene entre otras consecuencias evidentes y como estamos comprobando hoy, una gran fractura social.

Javier Flores es Responsable del Servicio de Estudios y Análisis de ASINVER. Puedes seguirle en Twitter: @_JavierFlores_

Al otro lado del Eo
http://alfonsodelavega.com 29 Marzo 2012

El final de esta mezcla de novela negra, folletín por entregas, de amores y desamores, cuernos, celos y venganzas, ha resultado inesperado: Otro escaño más para el PSOE. Como un buen golpe de efecto de novelista entrenado en sorprender al lector, el nudo de la intriga asturiana ha de desenvolverse gracias a un actor invitado al reparto en el último momento y despreciado o ninguneado por todos: políticos y sindicatos del establishment, bien pensantes, oligarquía y los media.

El resultado final es toda una lección para los aprendices de brujo empeñados en no cambiar una injusta y lamentable Ley Electoral porque les resultaba favorable a sus intereses. Ahora resulta que la pelea interna entre Cascos y Mariano la va arbitrar una fuerza política emergente hasta ahora considerada maldita y, para terminar de rematar la sorpresa de la trama de enredo, gracias al extraño voto de gente que no vive en Asturias y en principio le da igual lo que pase allí porque no va a gozarlo o sufrirlo de modo directo ni va a pagar los impuestos para soportarlo. Una anomalía democrática se mire por donde se mire.

Y esa fuerza política puede decantarse salomónicamente por no dar su voto decisivo para formar mayoría parlamentaria a ninguno de los dos. ¡Qué papelón el de ambos! Y al final en Asturias o gobernaría la izquierda, otro Frente popular con apoyo controlado de UPy D. O alternativamente tiene la posibilidad de pilotar a Cascos y a Mariano casi como títeres del guiñol, dándose con el palo mientras avisan a coro con el divertido público que viene el lobo del déficit, la crisis y el equipo de inspectores de la malvada bruja Merkel, que no se fía y hace bien..

Son varias las lecciones a vuelapluma. Por mucho que los políticos profesionales piensen que todo está controlado no hay enemigo pequeño, las urnas las carga el diablo, quiero decir la gente, y cada vez la hay más harta de las fechorías y corrupciones de los partidos dominantes y mientras no cambie el régimen que las posibilita y fomenta, se abstiene o vota a formaciones hasta hora extramuros del mismo para que por lo menos enreden y alboroten el tinglado de la farsa. Y en este caso asturiano: ¡bingo!

A este lado del Eo, la peripecia asturiana debe ser motivo de alguna preocupación para las fuerzas hegemónicas. Puede introducirse en el corral de votos un cuarto agente en discordia con capacidad de decidir, además de los inciertos meteoritos en órbita o trayectoria más o menos variable resultado de la fragmentación del antiguo planeta BNG.

Que UPy D fuera el árbitro político de la gobernabilidad aquí en Galicia sin duda abriría alternativas muy sugestivas. Es de suponer que menguaría o incluso desaparecería el “galleguismo” o nacionalismo tartufesco derrochador, cuando no limitante de los derechos civiles, hoy adoptado de modo más o menos impostado por los diferentes partidos, se podría recuperar la visión integrada, progresista, en la perspectiva no solo gallega sino también española de las cosas y se combatiría el argumento (o chulería) del voto cautivo: “vótame que soy el menos malo, mira que los otros aún son peores”.

El objetivo es determinar la ocultación de los restos
La Audiencia Nacional obvia el carpetazo al 11-M y enviará nuevas pruebas a la acusación
JAVIER SEDANO. www.gaceta.es  29 Marzo 2012

Manos Limpias ha solicitado la grabación de la pericial de explosivos durante el juicio de los atentados. El tribunal ya remitió a Torres-Dulce la información de los trenes.

La Audiencia Nacional sigue adelante con el 11-M, lo que supone no sólo obviar la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de dar carpetazo a la investigación de los atentados –tras el archivo de la causa contra Juan Jesús Sánchez Manzano–, sino que pone de manifiesto la intención del Tribunal de dar por buenas las palabras del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y continuar con las pesquisas, al menos aquellas centradas en las nuevas pruebas encontradas.

Bajo ese criterio, la Audiencia Nacional decidió el pasado 23 de marzo dar por buena y acceder a la solicitud planteada, a instancias de Manos Limpias, por Coro Cillán, la juez que desde el Juzgado número 43 de Madrid mantiene viva la investigación del 11-M. La petición no es otra que proceder a la grabación de la prueba pericial de explosivos que se practicó durante el macrojuicio que Gómez Bermúdez presidió en el año 2007. La Audiencia pide a Manos Limpias que aporte 15 DVD para proceder a la grabación solicitada.

Para el sindicato acceder nuevamente a la prueba de los explosivos es fundamental para determinar qué ocurrió con los cientos de pruebas recogidas en los focos de las explosiones y que, salvo 23, nunca llegaron al juicio de la Casa de Campo; qué implicación tuvo el jefe de los Tedax, Sánchez Manzano, en la custodia de las mismas; y, finalmente, con qué objetivo se ocultaron restos de los vagones, cuando el director de la pericia, perteneciente a la Comisaría General de la Policía Científica, aseguró a los peritos independientes nombrados por Gómez Bermúdez que todos los trenes habían sido fundidos en los Altos Hornos de Vizcaya.

Tanto LA GACETA como Libertad Digital demostraron que no fue así tras el descubrimiento de un vagón y de la parte explosionada de otro que no fueron incorporados a la investigación y de los que nunca se tuvo noticia.

Esta última decisión de la Audiencia Nacional se une así a la adoptada la pasada semana por la Fiscalía del tribunal que encabeza Javier Zaragoza cuando envió al fiscal general del Estado los informes relativos a los trenes del 11-M que constan en el Sumario. Concretamente, Zaragoza envió a Torres-Dulce el informe que Renfe remitió a la Audiencia en el año 2007 sobre el desguace y será el propio fiscal general del Estado el que, si lo considera oportuno, los remita vía oficio a la Fiscalía de Madrid, el órgano encargado de la investigación y la que tendrá que determinar si los restos explosionados fueron ocultados al tribunal que juzgó la masacre. Hay que recordar que fue el propio Torres-Dulce quien ordenó abrir una nueva investigación tras el descubrimiento de los focos.

Por otro lado, otro de los asuntos que quedan pendientes en el Juzgado que dirige Cillán parece que toca a su fin y enfila el camino de la solución inmediata: la ampliación de la querella que contra el ex jefe de los Tedax planteó igualmente Manos Limpias. El anterior secretario del Juzgado, asumiendo competencias que no le eran propias, decidió rechazarla, al considerar, como estableció la Audiencia Provincial, que el auto contra Manzano abierto en el 43 ya era “cosa juzgada”. Ahora, el nuevo secretario decide lo contrario y eleva el recurso a la juez y tendrá que ser la propia Coro Cillán la que determine admitirla o no a trámite. Una decisión que mantendría viva la investigación y la causa contra uno de los principales implicados.

Coro Cillán se niega a declarar ante el fiscal

La titular del Juzgado número 43 de Madrid, Coro Cillán, se negó el pasado lunes a prestar declaración ante el teniente fiscal del TSJM, Carlos Ruiz de Alegría, dentro de la causa penal abierta contra la juez del 11-M. Su abogado, Félix Pancorbo, confirmó que la magistrada se acoge a su derecho constitucional de no declarar porque “ni es conveniente ni oportuno”. “Sólo –aseguró Pancorbo– comparecerá y declarará ante un juez”. LA GACETA ya informó a primeros de mes sobre la investigación penal a Coro Cillán iniciada por la Fiscalía del TSJM a instancias del Consejo General del Poder Judicial. Una causa que se une al expediente administrativo abierto también contra ella por el CGPJ. En todo caso, este periódico ya se hizo eco de las amenazas anónimas que la juez estaba recibiendo para que dejase la investigación del 11-M, bajo la advertencia de una querella por prevaricación. Fuentes cercanas a la magistrada aseguran que la presión es tanta que está condicionando su labor profesional.

La locura autonómica (6)
Ernest Benach y el 'tuning' a su coche oficial a cuenta de los catalanes
El ex presidente del Parlamento de Cataluña invirtió 20.000 euros públicos en dar un toque personal a su Audi
 www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012

Madrid.- Madrid.- La crisis económica se ha instalado en España y comunidades autónomas y ayuntamientos se afanan en detener la sangría de sus cuentas con recortes que, en ocasiones, afectan a materias tan sensibles como sanidad o educación. Es precisamente en estos momentos cuando uno echa la vista atrás y se acuerda de los despilfarros y excesos cometidos en los últimos años, que han contribuido a que se haya llegado a la situación actual.

Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB). En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más llamativos o surrealistas.

El caso de hoy nos lleva a Cataluña, región donde en la época precrisis los dispendios eran una norma. Ahora, sin embargo, se recorta en todo menos en políticas identitarias, donde no parece faltar dinero. Ernest Benach, de ERC, se vio salpicado por la polémica en 2008 en un caso que acaparó muchos titulares en su momento. Y es que, el entonces presidente del Parlamento catalán, no tuvo reparos en gastar 20.000 euros públicos en ‘tunear’ su coche oficial.

Al responsable de la Cámara autonómica le parecieron insuficientes las prestaciones de su Audi A-8-Limusina y le dio su toque personal: escritorio de madera a medida, reposapiés, televisión de última generación, conexión para mp3 y bluetooth. Sin duda, dado su importante puesto, gastos imprescindibles para un coche que ya de por sí estaba valorado en 110.000 euros. Eso al menos es lo que consideraba Benach, que explicó después que el ‘tuning’ “no fue un capricho, sino exigencias de su cargo”.

La locura autonómica (7)
Lagun Air: la apuesta fallida de Castilla y León en la que volaron 20 millones de euros
La Junta fue durante tres años el motor económico de esta compañía aérea leonesa creada en 2003 y que sólo llegó a los cinco años de vida
 www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012

Madrid.- En estos momentos en los que la crisis económica ahoga a España y gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos se aprietan el cinturón, es cuando uno echa la vista atrás y se acuerda de los despilfarros y excesos cometidos en los últimos años, que han contribuido a que se haya llegado a la situación actual.

Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB). En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más llamativos o surrealistas.

El viaje del despilfarro hace parada hoy en Castilla y León y el dispendio es, en esta ocasión, un clásico en esos años: aeropuertos y aviones. La administración castellano-leonesa, con el objetivo de impulsar los aeropuertos de la región, gastó 20 millones de euros en hacer de motor económico de Lagun Air, una aerolínea leonesa.

Lagun Air fue creada en 2003 por el Consorcio del Aeropuerto de León, pero sólo dos años después el proyecto entraba en barrena. Entonces, el grupo Agelco, -la Agrupación de Empresarios Leoneses de la Construcción- tomó el mando de la compañía. Bajo su control, entre 2005 y 2008 la administración pública de León se vuelca en la aerolínea.

Lo hace a través de tres entidades, el Consorcio para la Gestión de la Promoción del Aeropuerto de León, constituido por la Diputación de León, el Ayuntamiento de León y la Junta de Castilla y León; Ade Internacional Excal, una empresa pública propiedad de la Junta; y la Sociedad de Promoción del Turismo de Castilla y León, Sotur, también dependiente de la Junta. Las tres entidades públicas aportaron en tres años 20 millones de euros.

Finalmente, la aerolínea termina por estrellarse. En octubre de 2008, una vez que el gobierno de Castilla y León había decidido ya cerrar el grifo de las ayudas, se anuncia el cese de las operaciones y la entrada en concurso de acreedores, con ERE incluido para los trabajadores.

La locura autonómica (8)
Zaragoza: una telecabina que conecta el despilfarro con la ruina
Construida con motivo de la Expo de 2008, el teleférico de Aramón acumuló después pérdidas de 1,8 millones de euros al año
 www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012

Madrid.- La crisis económica ahoga a España y las tijeras han salido a pasear en comunidades autónomas y ayuntamientos para tratar de recortar al máximo el gasto. Es precisamente en estos momentos cuando uno echa la vista atrás y se acuerda de los despilfarros y excesos cometidos en los últimos años, que han contribuido a que se haya llegado a la situación actual.

Infraestructuras inútiles, instituciones sin competencias, sueldos estratosféricos, dietas, coches oficiales, millonadas en políticas identitarias… En definitiva, un sinfín de derroches que han sido habituales en las 17 comunidades autónomas y que han provocado que a cierre de 2011, la deuda global de las regiones haya alcanzado su máximo histórico, con 140.083 millones de euros (el 13,1% del PIB). En LA VOZ LIBRE hacemos un repaso a algunos de los despilfarros más llamativos o surrealistas.

El caso de hoy nos lleva a Zaragoza, donde la Expo de 2008 ha dejado un importante legado en infraestructuras inútiles. Un ejemplo es el teleférico, exitoso mientras duró la muestra internacional y altamente deficitario eposteriormente. La telecabina montada en el recinto Ranillas ha perdido 1,8 millones de euros al año al transportar diariamente entre 60 y 150 personas cuando estaba preparada para mover a 2.600 cada hora.

La instalación ha recibido muchas críticas porque, al margen de las pérdidas que acumula, es para muchos antiestética e inútil, pues ni siquiera sirve para conectar dos puntos de atracción turística de la ciudad. La explotación del teleférico corresponde al grupo de nieve Aramón -sociedad participada al 50 por ciento por el Gobierno de Aragón-, que pidió al Ayuntamiento de Zaragoza que asumiera las deudas para mantenerlo.

La telecabina, que costó 12 millones de euros, lleva cerrada al público desde febrero de 2011, después de que el Ayuntamiento diera permiso a Aramón para proceder a su desmontaje. El problema es que la operación ronda el millón de euros, motivo por el cual todavía no se han iniciado los trabajos para retirar este ruinoso equipamiento.

LA LOCURA AUTONÓMICA (9)
Navarra: un circuito de velocidad por el que sólo corre el despilfarro
En 2010, el Gobierno Foral destinó 43 millones de euros a la construcción de un circuito que no ha logrado albergar ningún evento de relevancia internacional
 www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012

Madrid.- España ya no aguanta más el despilfarro, protagonista en la gestión de las cuentas públicas de ámbito local, autonómico y nacional. Los Presupuestos Generales que el gobierno presentará en el Congreso de los Diputados se caracterizarán, como anunció el ministro de Economía, por su dureza. La consecuencias que ahora padece el país son el resultado de años de dispendios basados en la errónea premisa de que el dinero público no es nadie. LA VOZ LIBRE hace un recopilatorio de los escándalos más sonados con un denominador común: el desprecio de los gobernantes por el saneamiento de las administraciones.

En la Comunidad Foral de Navarra, cuyo Gobierno, formazo con la alianza de UPN y PSOE, en el año 2010, sin tener firmada la celebración de una carrera de prestigio internacional, decidió 'invertir' 43 millones de euros en un circuito de velocidad por el que hasta la fecha sólo corre el despilfarro. Dotado de las más nuevas y costosas infraestructuras, el circuito navarro de Los Arcos no ha conseguido que su nombre tenga eco ni dentro, ni fuera de España. Desde su presentación el 19 de junio del año 2010, la actividad deportiva en Los Arcos sólo se ha limitado a la celebración de carreras nacionales y regionales con escasa repercusión.

La consejería de Economía y Hacienda no pudo evitar reconocer a finales de 2011, que de las arcas públicas tendría que seguir saliendo partidas presupuestarias para equilibrar las pérdidas generadas por la poca actividad comercil, deportiva y de patrocinio que padece el circuito de velocidad de Los Arcos, condenado al fracaso desde antes de su nacimiento ya que Barcelona, Valencia y Jerez copan los grandes premios internacionales en el mundo del motor. El Gobierno de Navarra tendrá que invertir en esta infraestructura, al menos durante los próximos 10 años, 7 millones de euros al año.

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ahora, a trabajar

César Vidal La Razón 29 Marzo 2012

El jueves por la noche, en un descanso de la tertulia de Economía de «Es la noche de César», intercambié impresiones con Francisco Aranda sobre las elecciones andaluzas. Aranda es uno de los mayores expertos en empleo que se pueden encontrar en España, y, por añadidura, es andaluz. Yo no soy andaluz, pero siento una especial querencia por Andalucía, una tierra maravillosa que he recorrido en multitud de ocasiones y donde he ubicado no pocas –quizá las mejores– de mis novelas. Tanto Francisco como yo teníamos serias dudas de que el PP fuera a ganar las elecciones andaluzas. Ambos, por añadidura, habíamos distado mucho de manifestar el entusiasmo de tantos españoles que pensaban que el PSOE se vería desalojado del poder antes de rebasar holgadamente el récord de Franco. Aludiendo a razones como la tupida red clientelar socialista o a esa manía del PP por perpetrar campañas de perfil más subterráneo que bajo, he de decir que ni Aranda ni yo nos equivocamos.

Y aquí estamos, a día de hoy. El PP sigue teniendo dos tareas fundamentales de cara al futuro, a saber, evitar el desmembramiento nacional anunciado por el vástago de Pujol y por Bildu, y lograr que España no se precipite, tras la presente recesión, en la bancarrota. Hasta ahora, su política al respecto ha sido más bien blanda y, seguramente contraproducente, y la razón que se daba era el deseo de no asustar al elector andaluz.

Pues bien, las elecciones andaluzas han pasado, el PP ha perdido cuatrocientos mil votos en relación con los que recibió en las generales y las tareas siguen pendientes. Con una Italia más que decidida no sólo a hacer los deberes sino a dejarnos como Rufete en Lorca; con unos sindicatos descerebrados y unos nacionalistas enloquecidos, el panorama es sombrío. Naturalmente, el PP puede optar por la línea blandengue y rendirse ante esas castas privilegiadas llamadas UGT y CCOO; dar barra libre a las CCAA –¡ya sólo Cataluña es el treinta por ciento de la deuda total!– para que acaben de arruinarnos y buscar hasta el entendimiento con Bildu. Puede optar por ello, pero el resultado sería catastrófico. En estos momentos, su única salida es mantener su más que moderada reforma laboral contra viento y marea; tascar el freno a las CC AA y ayuntamientos hasta el punto de permitir su quiebra si siguen excediéndose y presentar unos presupuestos de una austeridad propia de los puritanos. Si, de la manera más enérgica y resuelta posible, no sigue esa segunda senda, es más que posible que no lleguemos a Navidades sin entrar en suspensión de pagos. De modo que no estaría mal que los estrategas de la derrota andaluza dejaran de vivir en Matrix y permitieran a la gente que vale del PP ponerse a trabajar.

Patxi López traidor
Román Cendoya www.gaceta.es 29 Marzo 2012

Intenta tapar su indignidad con palabras que se manchan en su boca.

Ya sabemos que en Euskadi el papel del lehendakari es estar con los terroristas. Lo estuvieron todos los nazionalistas y lo está el sozialista. Con el tiempo los terrorismos se unen. ETA y GAL al final buscan su solución en el olvido. Así, los que usan el terrorismo en sus proyectos políticos se convierten en iguales. Por eso, todos juntos –ETAmaiur, PNV y Gobierno Vasco (PSOE)– están presionando al Tribunal Supremo para que libere a Otegi, Díez Usabiaga y otros tres condenados por terrorismo. Francisco Javier López Álvarez –alias Patxi– ha pasado de llorar en las capillas ardientes a mearse en la memoria de las víctimas.

“Con todo respeto” quita a las víctimas el protagonismo que otorga a los terroristas. ¿Respeto? Intenta tapar su indignidad con palabras que se manchan en su boca. López, como los de ETAmaiur, se agarra a la Constitución Española para defender las políticas a favor de los presos por el mandato de la reinserción. ¿Y por qué no defiende eso de que: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”? (art.2) O todo o nada.

El traidor de López defiende que los terroristas no tengan que pedir perdón a las víctimas. Lógico. ¿Acaso han pedido perdón los responsables del GAL? El traidor de López no quiere que los vascos exiliados puedan votar en Euskadi. Exactamente lo mismo que dicen todos los nazionalistas. ¡Con lo que les costó centrifugar a tantos cientos de miles para que vengan ahora a joder el trabajo de casi cuarenta años! Muchos se fueron porque no tuvieron el privilegio de la protección de la que gozó Francisco Javier López y tuvieron la dignidad de no travestirse en Patxis. Está bien que sepamos qué piensan los sozialistas. Pero ¿El PP respalda lo que dice Oyarzábal? Y luego no saben por qué pierden votos. Nos hielan la sangre.

Bateragune burguesa
Daniel Portero La Razón 29 Marzo 2012

Y continúa la cantinela abertzale para presentar a Arnaldo Otegi como candidato a lendakari para las próximas elecciones de 2013. En el periódico proetarra Gara han desplegado toda la artillería para exigir al Poder Judicial que no aplique la Ley. Y algunos como el actual lendakari, Patxi López, hacen de palmeros y alaban la figura de Otegi como «hombre de paz» y predican al pueblo vasco sobre las bondades de un terrorista en grado dirigente como lo es este individuo. Está claro que el primer damnificado del síndrome de Euskokolmo, por no decir Estocolmo, es el tal López. Ya se nos ha olvidado que en el caso Bateragune quedó demostrado que ETA lanzó su penúltima ofensiva fagocitadora de la política vasca porque lo único que siempre le ha importado a ETA es controlar el llamado «frente institucional», es decir, a Batasuna y sus herederas.

Ya ni me sorprende ver a políticos amorales como Patxi López o Íñigo Urkullo que decían «respetar al máximo las sentencias judiciales», como fue la legalización de Bildu por el Tribunal Constitucional hace menos de un año y, sin embargo, se rasgaban las vestiduras cuando condenaban al juez Garzón argumentando que la Justicia no podía dictar sentencias tan «injustas». Es decir, para estos políticos, la clase burguesa oteguista y otros tantos, la Justicia debe ser como un chicle. Cuando me interesa estiro el chicle y cuando no me interesa pues, simplemente, no. Suerte tenemos que aún el Tribunal Supremo no es sólo competencia del magistrado Joaquín Jiménez, conocido por sus votos particulares continuamente discordantes respecto a ETA y su entorno. Gracias a la Justicia, existen muchos magistrados en el alto tribunal que aplican y no interpretan la Ley y la Jurisprudencia y, por todo ello, Otegi y sus burgueses amigos continuaran en la cárcel, viendo con envidia, como otro de los suyos se alza con el poder en Euskadi en 2013.

Acortar la transición nacional
Debemos preguntarnos si es bueno para todos mantener la incertidumbre sobre esta pugna entre la Generalitat y el Estado
Francesc de Carreras La Vanguardia 29 Marzo 2012

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Ha habido un giro en el congreso de Convergència Democrática celebrado este pasado fin de semana? Parece que sí. Ya no se pide más autonomía, o el reconocimiento de la diferencia cultural, o una imprecisa soberanía. No. Esta vez se reclama un Estado propio. Es lógico que un partido nacionalista aspire a esta finalidad. Pero hasta ahora sólo se pedía más o mejor autonomía. Ahora la independencia: es una novedad, una importante novedad.

Para ello el Govern está preparando la primera etapa: proponer un pacto fiscal al Estado en la línea del concierto económico. Ahora bien, ni la misma Convergència lo cree posible. Oriol Pujol, nuevo secretario general, declaraba estos días: "Las posibilidades de que la política española entienda y atienda los planteamientos del pacto fiscal son muy, muy, muy pequeñas". Repetir tres veces el adverbio "muy" indica una confianza mínima, por no decir nula. ¿Es el pacto fiscal, por tanto, una mera excusa para dejar transcurrir un tiempo y pasar a plantear definitivamente la independencia? ¿O es que no hay acuerdo interno en Convergència acerca de su necesidad? Difícil respuesta.

Pero la más relevante decisión del congreso no ha sido esta independencia aplazada sino otra cuestión en la que hay unanimidad: la España de las autonomías ya no resulta útil y debe reclamarse que Catalunya sea tratada como una excepción respecto a las demás comunidades, especialmente desde el punto de vista fiscal. Este será el aspecto más conflictivo en los próximos meses y años, irresoluble en el marco constitucional de hoy y muy difícilmente solucionable en un marco futuro.

En efecto, ello es irresoluble porque supone que las finanzas de la Generalitat deben regularse mediante una ley específica que no sea la común a todas las demás comunidades, a excepción del País Vasco y Navarra, es decir, la Lofca. La exclusión de Catalunya del sistema general para disfrutar de un trato singular y privilegiado resultaría ser contrario al principio de igualdad reconocido en la Constitución y requisito básico de todo Estado federal como el nuestro.

Llegados a este punto debemos preguntarnos si es bueno para todos, para los catalanes y para el conjunto de los españoles, mantener la incertidumbre sobre esta pugna entre la Generalitat y el Estado. En el plano económico, por ejemplo, se crea inseguridad respecto a inversiones futuras en Catalunya. En el político, el Estado no puede admitir la demanda, entre otras razones, porque la Constitución no lo permite. Además, los mismos dirigentes del partido que gobierna la Generalitat no creen que pueda tener éxito porque conocen perfectamente sus infranqueables límites. Y, por último, en el hipotético caso de que se consiguiera este trato singular, el partido que gobierna la Generalitat pasaría a reclamar la independencia de Catalunya, tal como ha propuesto en su congreso. Con lo cual sigue el conflicto. Volvemos a estar en tiempos parecidos a la reforma del Estatut.

En realidad, el planteamiento de este asunto oscila entre el surrealismo y la candidez angelical de quien piensa que los demás son tontos. En el fondo, la cuestión que propone Convergència es la siguiente: hago una propuesta imposible para que no me la admitan con el objetivo de sublevar a los míos contra quien la rechaza y así cargarme de razón para formular otra propuesta, la que realmente me interesa, pero que hoy es implanteable porque quizás la perdería en voto popular. Esta parece ser la famosa transición nacional, una transición en la que ya empezábamos a estar los catalanes desde 1980 cuando en las manifestaciones convergentes se coreaba el lema "Avui paciència, demà independència".

Pero los tiempos no están para experimentos ni para política ficción. Los tiempos están para resolver problemas muy complicados y hasta dramáticos. Entre las soluciones, una de las más necesarias es la reforma del Estado de las autonomías. A nadie se le ha pasado por la cabeza suprimir las comunidades o reducir su autonomía pero sí alcanzar un funcionamiento más eficiente y menos costoso. Y del Estado de las autonomías forma parte el Estado central que también debe ser reformado con los mismos objetivos. Ese es el debate. Pues bien, la famosa transición nacional catalana puede frenar este proceso porque es imprescindible la participación de la Generalitat en las mismas y si se limita a ir sólo a lo suyo, a conseguir un pacto fiscal para ella excluyendo a los demás, la reforma del conjunto se hace imposible.

Por tanto, quizás ha llegado el momento de saber cuál es la voluntad de los catalanes: si constituirse en Estado independiente o integrarse definitivamente en España. Si hay que consultar a los catalanes - por métodos democráticos y legales, faltaría más- que se haga y pronto, pero dejemos de marear la perdiz. Esta transición anunciada, que puede durar años, no hará otra cosa que impedir las reformas necesarias para solucionar la crisis económica. Sepamos, pues, cuanto antes, a qué atenernos. No es bueno estar en una transición indefinida. Cuando es estabilidad lo que se precisa, las transiciones cuanto más cortas mejor.

Las ONG que utilizan el español se quedan sin subvenciones en Cataluña
La convocatoria de subvenciones del Gobierno de Mas impone la utilización del catalán en los comunicados que emita toda organización no gubernamental
 www.lavozlibre.com 29 Marzo 2012

Madrid.- La Generalitat de Cataluña, presidida por Artur Mas, continúa con su campaña de acoso al castellano. Ahora, ha puesto sus ojos sobre las Organizaciones No Gubernamentales que no utilizan el catalán y ha vetado su acceso a las subvenciones si no utilizan la lengua autonómica en sus comunicados, según informa ‘La Voz de Barcelona’.

De acuerdo con el diario, la mayor parte de las ayudas que el Gobierno catalán publica en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOCG) tiene un requisito común y es que no se pueden acceder a ellas si no se utiliza el catalán en la actividad que motiva la petición del subsidio.

Este miércoles, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), que depende de la consejería de Presidencia, ha aprobado las “bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a dar apoyo a proyectos en el ámbito de la cooperación al desarrollo” impulsados por “entidades no gubernamentales de desarrollo” correspondientes al 2012.

Esas ayudas, que cubren “hasta un máximo del 80 por ciento del presupuesto total del proyecto”, se destinan a ONGs que realicen actividades para la cooperación del desarrollo en Cataluña o en “países socios del Sur”. Para poder acceder a estas ayudas, estas organizaciones deben cumplir con los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística.

Estos artículos obligan a estas entidades a que “la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos en catalán” y a que “los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan textos que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán”.

Así, la Generalitat insiste en contravenir las cinco sentencias del Tribunal Supremo y la doctrina del Tribunal Constitucional, que en su sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, decretó que el catalán no podía ser “lengua preferente” para la Administración y decretó que el deber de disponibilidad lingüística “sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes público y los ciudadanos”, pero nunca entre privados.
 


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