AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 4 Abril 2012

La dramática herencia del PSOE
Editorial www.gaceta.es 4 Abril 2012

Si en tiempos normales suele considerarse que los Presupuestos Generales del Estado son la ley más importante que aprueba cada año el Congreso de los Diputados, en tiempos de tribulación como los actuales lo son en mucha mayor medida. Sabido es que España lleva varios años en el filo de la navaja tanto por sus elevadísimos niveles de desempleo como por sus insostenibles y grotescos déficits públicos: son pocos los ahorradores nacionales y extranjeros que se atreven a confiar en nosotros y, mientras ello no cambie, la recuperación no llegará.

La política del PP, hasta la fecha, se ha concentrado en solventar estas dos lacras. En febrero, el Ejecutivo sacó adelante una ambiciosa reforma laboral que, pese a la dramática evolución que siguen registrando las cifras de paro –sólo en marzo el incremento del desempleo fue de casi 40.000 personas–, ya está empezando a dar sus primeros frutos (la afiliación a la Seguridad Social ha aumentado en términos netos por primera vez desde julio de 2011). Y hace unos días, el Gobierno anunció un sustancial ajuste presupuestario cuantificado en más de 27.000 millones de euros, cuyo desglose, decíamos antes, presentó ayer en el Congreso.

Ciertamente, habrá personas que estimen que el Gobierno del PP se ha excedido a la hora de meter la tijera a las cuentas públicas, pero lo cierto es que, si de algo ha pecado el Ejecutivo, ha sido de demasiado moderado. Pese a ser los Presupuestos más austeros de nuestra historia, todavía queda mucho margen para recortar, tanto en la Administración Central del Estado como, sobre todo, en las autonomías. Recordemos que, pese a la poda, sindicatos, patronal, cineastas, partidos políticos y grupos de presión muy variados siguen recibiendo cuantiosísimas subvenciones con propósitos entre ignotos y espurios que convendría eliminar por entero.

De hecho, en lugar de repartir el ajuste a partes iguales entre un aumento de los ingresos tributarios y una disminución del gasto, habría sido preferible centrar la totalidad del mismo en el lado de los desembolsos estatales: en contra de lo que patalea la izquierda, un sector público más pequeño, austero y respetuoso con la propiedad privada de los gobernados no es un obstáculo para el crecimiento económico, sino uno de sus principales impulsores.

Aun así, y pese a estas cautelas, son unos Presupuestos valientes que, combinados con el resto de reformas que ha venido acometiendo y que seguirá acometiendo el Partido Popular, deberían bastar para que fuéramos recuperando la confianza que inevitablemente perdimos bajo el zapaterismo. Ayer mismo, por ejemplo, conocimos un buen dato que aisladamente no tiene por qué ser significativo pero que, esperemos, constituirá el comienzo de esa progresiva mejora que tanto necesita nuestra economía: según el Centro de Investigaciones Sociológicas, la confianza de los consumidores experimentó en marzo un fuerte repunte gracias a la percepción de mejora de la situación actual.

En cualquier caso, será necesario esperar a que toda esta batería de reformas desplegadas por el PP comience a dar sus frutos. La austeridad y la liberalización laboral no van a ser unos revulsivos inmediatos de nuestra actividad, sobre todo en medio de un contexto internacional recesivo, pero sí constituirán la base para un robusto y esperanzador crecimiento futuro. Todo lo contrario de lo que nos legó el PSOE.

Presupuestos
Más subvenciones que con ZP
Pablo Molina Libertad Digital 4 Abril 2012

La subvención es el mecanismo a través del cual el gobierno saca el dinero de los bolsillos de individuos productivos para introducirlo en el de los ociosos, descontando aproximadamente un 30 por ciento en concepto de gastos burocráticos. Por más que los políticos se esfuercen en retorcer el lenguaje para disfrazar el latrocinio, todo el asunto se reduce al trinque puro y duro de aquellos que gozan del favor de los gobernantes, a costa del esfuerzo de los que no reúnen los requisitos establecidos por la clase política para beneficiarse del dinero ajeno.

En un contexto de grave recesión económica, que obliga a las administraciones a reducir gastos de forma inexcusable, uno esperaba que los actuales gobernantes aprovecharan la coyuntura para corromper un poquito menos a la sociedad de lo que se viene haciendo tradicionalmente. Por supuesto esa no es la política del gobierno del PP sino exactamente la contraria, aumentar aún más las subvenciones que todos los españoles sufragamos con nuestro dinero, aunque algunas partidas de carácter polémico hayan visto reducidos sus fondos de manera testimonial.

Sólo hay que echar un vistazo y comparar el capitulo IV del presupuesto, que técnicamente se denomina "Transferencias corrientes" porque llamarlo por su nombre real quedaría poco administrativo, para ver que el gobierno de Rajoy no sólo no reduce ese capítulo presupuestario, sino que lo aumenta en 6.500 millones de euros respecto al año anterior.

Así pues, se ponga como se ponga el tendido de sombra mediático que se deja las manos aplaudiendo cualquier faena de los populares, lo cierto es que el gobierno del PP sacará del bolsillo de los españoles hacendosos 6.500 millones de euros más de lo que lo hizo Zapatero el año anterior para repartirlo según su criterio.

Es cierto que el destino prioritario de este aumento de subvenciones son las comunidades autónomas, que este año recibirán 22.856 millones por 16.098 en 2011, para "ayudarles" a cumplir sus compromisos de déficit y que no se vean obligadas a reducir su ritmo alocado de gasto. Como también lo es que el gobierno va a repartir este año 2.589 millones entre las "entidades sin fin de lucro" (sólo un 13% menos que en los tiempos de ZP), con el fin de que puedan seguir organizando exposiciones sobre la Memoria Histórica, resolviendo conflictos con los hipopótamos de Guinea Bissau o cualquier otro destino elevado al que los españoles consagramos nuestro esfuerzo fiscal, aunque nadie nos pregunte nunca nuestra opinión al respecto.

En total, casi 55.000 millones de euros van a salir del bolsillo de unos españoles para ir a parar al de otros particulares, asociaciones, instituciones y empresas gracias a la coacción institucional ejercida por los poderes del Estado. En tiempos civilizados a esto se le llamaba robar. Ahora se denomina "redistribución de la riqueza". Que no se diga que no hemos avanzado.

Por qué España debe desaparecer
Pedro de Hoyos Periodista Digital 4 Abril 2012

He rescatado las siguientes noticias de los titulares de algunos periódicos. Reconozco que he "ilustrado" algunas de ellas, pero para los pesimistas al final aporto una genial solución:

• Vizcaya y Guipúzcoa se oponen a la ley de amnistía fiscal del gobierno nacional. ¿Pueden dos provincias oponerse al gobierno nacional?
• Andalucía y Cataluña, contra los Presupuestos Generales del Estado. ¿Pueden dos regiones oponerse al gobierno nacional?
• Todo el tijeretazo del Estado para pagar intereses de la deuda.
• Las Bolsas castigan los Presupuestos y hay otros 38.769 desempleados más tras el octavo mes al alza del paro.
• Los Presupuestos no frenan la sangría: la bolsa vuelve a cerrar en mínimos.
• El Gobierno prevé que se destruyan 631.000 empleos en 2012 hasta rebasar los 5,6 millones de parados.
• Abandona la cárcel sin pedir perdón el asesino de la niña de nueve años Ana Jerez tras 21 años preso.
• El presupuesto de I+D+i se reduce en casi 2.000 millones, un 25,6% menos que en 2011.
• El Gobierno recortará de todas partes menos el número de comunidades autónomas y diputaciones.
• Julia Otero regresa a la televisión con 'Entrevista a la carta', en TVE.
• Suspenden la emisión de 'Física o Química' en Italia por ser un fiel reflejo de la "España de Zapatero".
• Cataluña prefiere cerrar escuelas y hospitales a cerrar sus embajadas. Los catalanes no se rebelan contra su gobierno.
• Kiko rivera “pinchará” discos en la casa de Gran Hermano”.
• Un gran número de españoles sigue “Gran Hermano”.
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• Solución: convertirnos en colonia de otro país: Merkel dice que no traerá 'trabajadores de fuera si hay españoles en paro'

Órdago a las Autonomías
EDITORIAL Libertad Digital 4 Abril 2012

El Gobierno ha presentado hoy unos Presupuestos Generales del Estado que el propio Cristóbal Montoro calificó el viernes como “los más austeros de la democracia”. Las cuentas públicas incluyen varias subidas de impuestos (IRPF, Sociedades, IBI) y un recorte de unos 18.000 millones de euros, especialmente centrado en los ministerios de la administración central del Estado, que ven reducidos su gasto disponible en un 16,9% de media.

Lo primero que habría que decir es que las cuentas del Estado para este año no son, ni mucho menos, tan "austeras" como el ministro de Hacienda se ha esforzado en resaltar. Evidentemente, suponen una sensible mejora respecto a los PGE de la era Zapatero, pero decir que no había más margen de maniobra es casi una burla a los millones de españoles que han visto cómo les subían los impuestos en los últimos meses.

Es cierto que se reducen subvenciones y transferencias de todo tipo. También la miríada de organismos que dependen del Estado ve un importante recorte en los fondos a su disposición. Pero nada de esto impide que se mantengan decenas de partidas presupuestarias que sólo se justifican por el mantenimiento del status quo. España necesita lo que los expertos llaman un Presupuesto de base cero: el equivalente a sentarse delante de una hoja en blanco y rellenarla sólo con aquel gasto realmente imprescindible, sin que las inercias del pasado impongan ninguna obligación para el futuro.

En cualquier caso, hay que reconocer que el primer Presupuesto de Mariano Rajoy tiene al menos el mérito de haber cargado sobre los hombros del Estado y de sus ministerios la mayor parte del ajuste.

Todas las autonomías se han quejado de forma reiterada de que no tenían fondos suficientes para hacer frente a sus obligaciones. Este martes, Cristóbal Montoro les ha lanzado a los presidentes regionales un órdago en toda regla. Sus administraciones no sufrirán los rigores del recorte estatal y se beneficiarán de algunas de sus subidas de impuestos. A los barones autonómicos se les han acabado las excusas. Preguntado por los periodistas por casos concretos (Andalucía, Cataluña, Asturias), el ministro de Hacienda ha asegurado que no se tolerarán "más excusas ni pretextos". Todas las administraciones territoriales tendrán que cumplir con su objetivo de déficit y aquellas que no lo hagan verán al Gobierno ejercer los procedimientos de "control, vigilancia e intervención" que la ley le ofrece.

Las declaraciones de Montoro son quizás lo mejor del día. El ministro ha mostrado una contundencia que se ha echado de menos en el Gobierno en los últimos años. La pregunta que todos nos hacemos es si cumplirá su amenaza en el caso de que sea necesario.

La mayoría de los presidentes autonómicos se ha comportado de forma absolutamente irresponsable en los últimos años. Por un lado, socavaban el poder del Gobierno de la Nación y gastaban a manos llenas un dinero que no tenían, pero al que accedían con el respaldo del Estado. Además, sabían que de sus deudas respondería Madrid y se sentían impunes ante cualquier advertencia que llegase desde La Moncloa.

El ministro de Hacienda ha asegurado hoy que ya no habrá más avisos. A partir de ahora, el que se salte las normas se enfrentará a un castigo inmediato. Montoro, incluso, ha hablado de intervención de las autonomías que incumplan la ley, uno de los últimos tabúes que le quedan a la democracia española. Si cumple con su palabra, por fin el Estado autonómico podría dejar de ser una fuente de debilidad y convertirse en un activo más para la recuperación (y no sólo económica) española.

España
La inutilidad de las disposiciones financieras de los ‘estatutos de autonomía
Redacción www.vozbcn.com  4 Abril 2012

John Müller, director adjunto de El Mundo, en un artículo publicado este miércoles (www.elmundo.es):

‘Los derechos políticos, económicos y sociales son papel mojado si no se pueden financiar de manera sostenible. A determinados grupos en nuestro país siempre les ha parecido que esta es una afirmación bastarda que se debe soslayar con la fuerza de la ley. Por eso, nuestro texto constitucional reconoce derechos que podemos calificar de virtuales (a la vivienda digna o al trabajo), porque son imposibles de garantizar a toda la población. En realidad, ya hemos aprendido en estas tres décadas que son papel mojado.

[...] Ayer, la inutilidad de algunos textos legales volvió a quedar de manifiesto cuando Cristóbal Montoro dejó en cero euros la partida destinada a cumplir con las disposiciones financieras de los estatutos de autonomía 2.0 que son los que surgieron a imagen y semejanza del Estatuto catalán en Andalucía, Baleares, Aragón y Castilla-León.

Estos textos prevén criterios divergentes a la hora de fijar la financiación que el Estado central debe garantizarles. En Cataluña es su aportación al PIB, en Andalucía es la población, en Aragón, la superficie y la despoblación; en Castilla-León, las zonas que menos crecen…

Montoro cortó por lo sano y como no hay dinero, volvió a poner de manifiesto que esos estatutos están muy lejos de poder imponer condiciones al Estado, como ya indicó la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto [de Cataluña]. La realidad es que son estatutos sin fondos, insolventes. El ministro de Hacienda está dispuesto, con la Constitución y los tratados europeos en la mano, a hacer frente a todos los recursos que las Comunidades afectadas quieran presentar.

[...] Las Comunidades, que según los cálculos de Antonio Beteta deberían haber perdido un 5% de su financiación territorial y en cambio mejoran un 0,19%, tendrán que asumir el realismo de las cuentas presentadas ayer. La situación no deja margen de maniobra. A los 100 días, los mercados ya le han puesto la proa a Mariano Rajoy y la caída de la Bolsa, con un fuerte posicionamiento de los bajistas, sólo presagia que la tensión se trasladará a la deuda. Y nuestro principal handicap en el exterior sigue siendo la falta de credibilidad financiera de nuestro modelo autonómico’.

Agitación callejera
La democracia amenazada
Agapito Maestre Libertad Digital 4 Abril 2012

Los niveles de demagogia y radicalismo de la oposición empiezan a ser insoportables para cualquiera que defienda la democracia parlamentaria. Las formas de ejercer la oposición por parte del PSOE son todo un curso acelerado de vuelta a la caverna totalitaria. La oposición política al gobierno es la negación del debate democrático y, lo que es peor, un intento de "legitimación" de lo que no pasa de ser una ocupación de la calle para protestar por lo que pudiera hacer el gobierno. El PSOE elude discutir con argumentos serios en la sede de la soberanía popular. Desprecia la negociación política y promociona la protesta callejera. Por este camino, vamos hacia el vaciamiento de la democracia. Cuando el debate parlamentario lo llevan a la calle, estamos en un proceso demencial de encanallamiento del sistema político: se hace pasar por normal y cotidiano lo que es anormal, casi criminoso, e irregular. He ahí el principal defecto de la situación moral de España: darle más importancia a la protesta callejera que a la oposición parlamentaria es una forma de encanallamiento político y social. He ahí el gran objetivo de la izquierda española.

"La calle está caliente" fue la expresión que utilizó Pérez Rubalcaba para amenazar al gobierno de Rajoy y, de paso, desautorizar la oposición que él mismo pudiera hacer en la institución parlamentaria. Cayo Lara, después de la fracasada huelga general, vuelve a repetir que la protesta callejera es decisiva. Parece que la izquierda parlamentaria es absolutamente inconsecuente con la democracia: mata todo aquello que le da vida. Parece que esa izquierda cuestiona a cada paso la legitimidad de las urnas: olvida que los votos conseguidos en las elecciones es para representar a los ciudadanos en el parlamento. Parece que la izquierda parlamentaria es una contradicción en los términos, porque trata de hacer compatible la oposición revolucionaria en la calle con la estigmatización parlamentaria.

Porque no quiero vivir en una sociedad encanallada, es menester repetir que la lógica revolucionaria es incompatible con el proceso democrático. González, en los años ochenta, lo vio bien, cuando consiguió que el PSOE renunciara al marxismo. Hoy, por desgracia, es algo que han olvidado los socialistas en particular, y la izquierda en general. La democracia parlamentaria es sólo un subterfugio, una mera táctica, para promocionar una protesta callejera que jamás puede competir con la legitimidad democrática.

Sin embargo, los sindicalistas de CCOO y UGT, así como sus seguidores socialistas y comunistas, hablan sin vergüenza alguna de "conflictos de legitimidades". Eso fue, en efecto, lo que dijo Toxo. El sindicalista revolucionario es persona de calle y no sería realista pedirle rigor intelectual, sobre todo cuando se trata de llamar gente para ocupar ese espacio que es de todos y de nadie. Pero a veces la demagogia admisible llega demasiado lejos, sobre todo cuando juega con ideas sobre las que conviene mantener la mayor claridad posible.

La cosa no pasaría de ser, en mi opinión, una majadería en boca de un político con poca inteligencia, nada que pueda ser noticia. Lo malo es el eco que encuentra en medios que deberían haber reaccionado con contundencia. Cuando los "opinadores" oficiales y periodistas de ambos sexos se preguntan, como quien juega a las quinielas, sobre el tiempo que durará el gobierno ante la protesta callejera, han dado ya la razón a ese insensato. Legitimidad la tiene quien tiene derecho a hacerse obedecer y dispone de los medios para ello. Que un gobierno que ha alcanzado la mayoría absoluta limpiamente en unas elecciones de amplia participación pueda ser considerado rival legítimo de un líder sindical que prefiere los títulos de agitador callejero a los que el pueblo le otorga, es para hacer temer a cualquiera que quiera vivir tranquilo. Ni siquiera Grecia, donde no debe quedar mucho por quemar, ha llegado tan lejos.

Opinión
¿Mienten o no saben?
Daniel Tercero www.vozbcn.com  4 Abril 2012

Se presentó el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2012. No entro en si gustan o no. Es decir, no entro en el reparto que hace el Gobierno del dinero de todos los españoles. Me interesa el papel de la prensa. De las ediciones digitales y los periódicos nativos de internet. Del 18%, en realidad. Y de ayer.

En El País, en dos ocasiones, en El Periódico, en La Vanguardia, en El Punt Avui, en Ara, también en E-notícies, en Nació Digital, en El Singular Digital y, cómo no, en Vilaweb, por ejemplo, durante la tarde de ayer citaron que los presupuestos presentados por el PP no cumplían con el Estatuto de Autonomía de Cataluña porque, según la Disposición Adicional Tercera (DA 3ª), el Gobierno debía invertir en infraestructuras en Cataluña el peso de esta Comunidad en relación al PIB nacional. Una cantidad que podría estar en torno al 18%. El Gobierno invertirá menos.

Es cierto, el texto estatutario dice esto: el Gobierno invertirá en Cataluña según su peso en el PIB nacional. Pero el macroestatuto (223 artículos y 22 disposiciones) también tiene una macrosentencia del Tribunal Constitucional (TC), que elimina unos artículos e interpreta otros. Esto último es lo que sucede con la DA 3ª.

Para evitar suspicacias e interpretaciones aquí les dejo el texto de la DA 3ª del Estatuto, tal cual, su artículo 1:

‘La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas’.

Y, a continuación, el fundamento jurídico 138 de la sentencia del TC sobre el Estatuto que hace referencia a la DA 3ª:

‘La disposición adicional tercera establece en su apartado 1 que “[l]a inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un período de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas”. Para los recurrentes este compromiso presupuestario, además de vincular indebidamente a las Cortes Generales en el ejercicio de su competencia ex art. 134.1 CE [Constitución Española], supone un privilegio económico contrario a la Constitución (art. 138.2 CE) e incompatible con la asignación y redistribución equitativas de la riqueza nacional entre los distintos territorios (arts. 31.2, 40.1, 131.1 y 138.1 CE). El Abogado del Estado entiende, por el contrario, que sólo se trata de un compromiso político que no vincula al legislador presupuestario, mientras que el Gobierno y el Parlamento de Cataluña sostienen que el Estatuto puede incidir en la ley de Presupuestos del Estado sin vulnerar ninguna reserva constitucional, sobre todo si, como en el caso, se trata de paliar una situación concreta de déficit histórico de inversión en infraestructuras.

La censura de la disposición examinada como expresiva de un privilegio económico no puede ser aceptada, no sólo porque, a los fines de la realización efectiva del principio de solidaridad, no puede atenderse únicamente a una sola de entre las numerosas variables que, como la ahora examinada, concurren a la formación de un sistema de financiación autonómica del que han de predicarse, en su conjunto y por su resultado, los principios constitucionales invocados por los recurrentes, sino, sobre todo, porque tal disposición no puede tener, en modo alguno, como ahora se dirá, efectos directamente vinculantes para el Estado.

Y es que no puede admitirse que la disposición adicional tercera, apartado 1, vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, pues respecto de este tipo de compromisos presupuestarios formalizados en un Estatuto de Autonomía hemos dicho que no constituyen “un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los presupuestos generales de cada ejercicio económico”, pues es al Estado “a quien corresponde en exclusiva, atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las Comunidades Autónomas, a las necesidades de cada una de éstas y a las posibilidades reales del sistema financiero del Estado, decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el art. 149.1.14 CE (hacienda general). De la afirmación de la legitimidad constitucional de [un] mecanismo excepcional de financiación… no cabe concluir la consecuencia de que el Estado deba, necesariamente y en todo caso, dotar una concreta partida presupuestaria si no se ha alcanzado al efecto acuerdo entre el Estado y la Comunidad Autónoma en el seno de la Comisión Mixta”, correspondiendo “al Estado adoptar la decisión de establecer dicha dotación, si bien su actuación debe resultar presidida por el principio de lealtad constitucional que… ‘obliga a todos’ y que impone que el Gobierno deba ‘extremar el celo por llegar a acuerdos en la Comisión Mixta’ (Sentencia del Tribunal Constitucional 209/1990, de 20 de diciembre, Fundamento Jurídico 4)” (STC 13/2007, de 18 de enero, FJ 11).

La disposición adicional tercera, apartado 1, debe, pues, interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones.

Interpretada en esos términos, la disposición adicional tercera, apartado 1, EAC [Estatuto de Autonomía de Cataluña] no es contraria a la Constitución y así se dispondrá en el fallo’.

Es decir, la DA 3ª no es de obligado cumplimiento para el Gobierno. El texto es denso pero elocuente y no cabe duda alguna. Los que no lo tengan claro que lo vuelvan a leer bien despacito. Tampoco es momento de plantear ahora cómo puede ser que los sistemas político y judicial permitan estas normas tan absurdas. Las leyes, o se escriben para cumplirse, y son obligatorias, o no tienen sentido. No es el momento. Pero sí el de poner negro sobre blanco que en algunos medios de comunicación o bien se miente o, peor, no se sabe de lo que se escribe.

Es comprensible, hasta cierto punto, que los partidos nacionalistas o catalanistas falten a la verdad y exijan el cumplimiento de la DA 3ª pese a que el Gobierno no infrinja ninguna norma. Y aunque algunos superen el cinismo, pues ya han reconocido públicamente que ese precepto estatutario no tiene validez legal. Es la España de hoy, vale. Es la España de Artur Mas, que exige el cumplimiento de los presupuestos a los gobiernos de turno pero se despacha a gusto con los que debe cumplir él (como se ve en el vídeo adjunto del pasado 12 de marzo). Vale. Pero lo grave, lo realmente grave, es el papel de la prensa. ¿Toman por tontos a los lectores?

¿De verdad, nadie en El País sabe que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña? ¿A nadie se le ha ocurrido en la redacción de La Vanguardia, aunque sea por casualidad, echarle un ojo a la sentencia a ver qué dice de la DA 3ª? ¿Ni uno solo de los periodistas de El Periódico es capaz de recordar que el Alto Tribunal tocó el Estatuto? Pues bien, en ninguna de las piezas informativas de los diarios arriba citados se habla de que la DA 3ª está afectada, ¡y de qué manera!, por el Alto Tribunal. ¿Mienten o no saben? ¿Se acuerdan del mito del 4% alemán?

Daniel Tercero es periodista de LA VOZ DE BARCELONA

Del estado de demencia al estado de emergencia
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 4 Abril 201

Supuesto que el objetivo final de un gobernante consiste en seguir en el poder, la gran pregunta que suscita el duro ajuste presupuestario de Rajoy es de cajón: ¿por qué un político al que le ha costado tanto llegar a presidente asume un riesgo que podría suponer su salida del Gobierno? Para esa pregunta existen dos respuestas. Primera: que, en cuanto puede, la derecha tira al monte, dada su querencia natural a hacerle al pueblo la puñeta. Segunda: que la política de ajuste del Gobierno es la inevitable y terrible consecuencia de la crisis monumental que atravesamos.

La primera respuesta es por completo incoherente: salvo un tonto de remate, nadie castiga al electorado por gusto y para perder, así, las elecciones. Es lógico pensar que si el PP ha asumido una política que perjudica, al menos de inmediato, su interés electoral es porque ha concluido que el país no puede permitirse otra diferente. De hecho, en apoyo de esa tesis está el hecho contundente de que, al margen de colores políticos, todas las Administraciones e instituciones han decidido, al igual que el Gobierno, recortes de gasto excepcionales.

¿Por qué razón? Pues porque España vive una situación de auténtica emergencia, a la que no nos ha conducido -y este es el quid de la cuestión- quien debe ahora resolverla. Ni los cinco millones de parados, ni el hundimiento de la recaudación fiscal, ni la galopante deuda pública, ni el déficit creciente han nacido, de la noche a la mañana, durante los cien días de gobierno del PP. Muy por el contrario, tal estado de demencia es el resultado de la desastrosa política económica practicada por los Gobiernos de Zapatero, quien, además de negar la existencia de la crisis, dilapidó el dinero a manos llenas en cheques bebé, ayudas al alquiler de vivienda para jóvenes, planes E y desgravaciones de 400 euros, mientras se disparaban los gastos como consecuencia de un paro fuera de control y caían los ingresos tributarios de un modo estrepitoso. Un solo dato: la recaudación por el impuesto de sociedades pasó de 44.823 millones de euros en el 2007 a 27.301 en el 2008. Dicho en una palabra: la envergadura del ajuste de Rajoy es proporcional al tamaño del desaguisado que dejó hace cien días Zapatero.

Por eso -escandalosa amnistía fiscal aparte- los argumentos de los dirigentes del PSOE para oponerse al proyecto de Presupuestos son triplemente cínicos: porque saben que si ellos gobernasen no podrían hacer hoy otra política diferente en el marco de la UE; porque saben que los recortes del PP son el efecto inevitable de la gestión demencial del Gobierno socialista; y porque sus críticas solo pretenden evitar que la responsabilidad de los actuales gobernantes ponga aún más en evidencia la absoluta irresponsabilidad de los Gobiernos de los que formó parte Rubalcaba.

Un creador inmortal
El Editorial La Razón 4 Abril 2012

La muerte de Antonio Mingote ha dejado a España sin una de las figuras más ilustres de la cultura del siglo XX, uno de los creadores más grandes de este país, que iluminó con su sabiduría tiempos de oscuridad, sacudió conciencias, ennobleció instantes y provocó sonrisas incluso cuando no apetecía sonreír. Algo sólo al alcance de unos pocos elegidos. Antonio Mingote falleció ayer a los 93 años en Madrid, su ciudad –aunque nació en Sitges ejerció de madrileño durante toda su vida–. El aluvión de reacciones desde todos los rincones de la vida nacional fue el magnífico testimonio que correspondía a la envergadura y la personalidad del enorme humorista y humanista. Su trayectoria arrancó en la revista «La Codorniz», pero sobre todo está marcada por «ABC», donde trabajó nada menos que 59 años sin faltar un día a su cita con los lectores, además de por experiencias singulares y de éxito en televisión, radio, cine y, por supuesto, su excepcional literatura.

El que fuera director de la RAE y actual director del Instituto Cervantes, Víctor García de la Concha, definió ayer la ideología de Mingote como la del «sentido común». Y ésa fue, sin duda, una de las razones que sostuvo la trascendencia y la extraordinaria dimensión de su obra. Fue el artista que con una cuartilla, unos lápices y, sobre todo, un prodigioso talento interpretó como nadie el acontecer de este país durante décadas y lo hizo precisamente desde el sentido común y con un compromiso responsable con la verdad y con el bien. Fue la suya una manera irrepetible de diseccionar las alegrías y las tristezas de los españoles, de retratar y sintetizar como nadie las sonrisas y las lágrimas de este viejo país y de sus gentes. Sus viñetas se convirtieron en una brillante crónica de la cotidianidad, de lo que somos o fuimos, y hasta de lo que nos espera.

Autodidacta y lector empedernido, Mingote elevó el humor gráfico a cotas insuperables, con una particular maestría para plasmar e interpretar la sátira y la ironía en viñetas tan inteligentes como trascendentes, hasta convertir su obra en un legado permanente. Hablar de sus personajes es hacerlo de sus pobres, marquesas, burguesas, aristócratas, náufragos, toreros y políticos, pero sobre todo habló de esta nación como prácticamente nadie lo ha hecho. Sin duda, la suya fue la mejor historia ilustrada contemporánea del país. Con seguridad, España está obligada a tributar el homenaje que merece la grandeza de este polifacético creador, dibujante excepcional, humorista y editorialista a partes iguales, escritor, académico y hasta marqués de Daroca. Nobleza obligaba... Nobleza, sabiduría y humildad. A partir de hoy, España sonreirá de otra forma, sin duda peor, aunque sintamos que su trazo magistral nos acompañará eternamente.


Antonio Mingote, otro alférez provisional que nos deja
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital

Somos seres nacidos para la muerte. Antonio Mingote acaba de morir y en su larga vida vivió muchas cosas; una de las principales, la guerra en el bando rebelde.

Como si viviésemos en la Rusia soviética (o en la España franquista que algunos imaginan), varios medios de comunicación han ocultado que Antonio Mingote fue combatiente en la bando nacional, sí, en ése que ZParo quiso condenar como Antiespaña y en el que estuvo el abuelo que ayudó a su madre a parirle.

En La Razón, la vida adulta de Mingote comienza en 1942, con su ingreso en la Academia de Guadalajara. Antes, nada.

En El País, Antonio Fraguas comete la misma censura:

De familia aragonesa, Ángel Antonio Mingote Barrachina nació en Sitges en 1919. Hijo de un conocido músico, hizo carrera militar en la Academia de Guadalajara (donde distribuyó la revista satírica La cabra), pero pronto abandonó esa senda para estudiar Filosofía y Letras en Zaragoza. No llegó a terminar los estudios.

¿Por qué hay estos periodistas tratan de engañar así a los lectores? ¿Se creen estos tontos que no existe Internet?

Los hechos son que Antonio Mingote Barrachina fue soldado voluntario de los sublevados, alférez provisional en una unidad de requetés y ¡el primer soldado de Franco que entró en Barcelona! Así lo cuentan en ABC.

Como alférez provisional, Mingote hace la campaña de Cataluña. Le llegan noticias de que su madre y su hermana están en Barcelona, en el piso de su tío Samuel Barrachina, en la calle Muntaner (su padre permanece en la cárcel en Valencia). Y Mingote emprende la conquista de Barcelona. Su abuelo, que era carlista, no se movió de Sitges; era un sabio respetado por todo el mundo, seguía con su cuello de pajarita, sombrero, bastón, y había sido maestro de veinte generaciones de sitjetanos. Pero su tío Samuel sí era político, de derechas, y se fue.
Cuando llega a Barcelona Antonio Mingote es ya un bravo alférez provisional de la Quinta de Navarra, del Cuarto Batallón de Infantería del Regimiento de Zamora número 29, lo cual recordaba siempre con mucho cariño. La tropa para en el Tibidabo y al final de la calle Montaner, que está en cuesta, vivía su madre, a la que no veía desde hacía tres años, y probablemente su hermana.

Otro que lo cuenta es Miguel Lorenci:

combatió en el bando nacional, primero como requeté el Tercio de Santiago en la Sierra de Albarracín, y luego como alférez provisional en el frente catalán. Tras la guerra estudió en Zaragoza dos cursos de Filosofía y Letras antes de optar por retomar la vida militar y convertirse en oficial de carrera tras su paso por la Academia de Guadalajara.

¡Qué sencilla es la verdad!

CODA: Entre los constructores de la España del siglo XX que han abandonado este mundo en los últimos meses citamos a los falangistas Vicente Cebrián y Juan Antonio Samaranch y al alférez provisional Sabino Fernández Campo.

Mingote el grande o "Maxgote". D.E.P.
Nota del Editor 4 Abril 201

 



Durante los años que pudimos leer el ABC gratis en Internet, disfrutamos de la clarividente síntesis de D. Antonio Mingote de la estupidez española Aquí tenemos mas ejemplos:

" Tengo entendido (querida) que hay nacionalistas moderados... Si (querido) , y yo estoy ligeramente embarazada" (ABC 7 Junio 1998)

"A fuerza de profundizar en la España de las Autonomías, descubriremos la España de las tribus y acabaremos por regresar a la España de las hordas"

" Allí el árbol zarandeado por los asesinos. Allí Arzallus recogiendo los frutos caídos. Allí los frutos caídos disfrazados de calaveras."


¿DÓNDE ESTÁ LA CRISIS?
Las comunidades mantienen más de 120 ‘embajadas’ repartidas por el mundo
 Minuto Digital 4 Abril 201

El Ministro de Asuntos Exteriores José Manuel García Margallo puso encima de la mesa de las comunidades autónomas la sugerencia de una integración de actividades en el exterior en la red de Embajadas de España. De este modo “se evitan duplicidades” y sobre todo se “ahorran costes”. Pero ¿están dispuestas las 120 oficinas comerciales de echar el cierre?.

Las Comunidades Autónomas son las que tienen competencia en esta materia y las que tendrán la última palabra. La Riojaha sido pionera en adscribirse a esta medida de ahorro.Su oficina en Bruselas se integrara en la sede de la embajada de la ciudad belga. Ello ha supuesto una liquidez de más de 40.000 euros sólo en concepto de alquiler de la sede, informa La Razón.

En la Comunidad valenciana también lo tienen claro. Su Gobierno cerrará todas sus ‘embajadas’ y las integrará en once oficinas comerciales del ministerio de Economía y dos Consulados.

También Galicia trasladará su delegación en Sudamérica y Bruselas a las embajadas en esos países.

¿En qué países tienen más presencia las autonomías?
Después de la Bruselas, que cuenta con catorce de las 17 comunidades españolas, México es la segunda ciudad del mundo que cuenta con mayor representación española. Allí Andalucía, cantabria, Castilla y León, cataluña, Extremadura, Galicia, la Rioja y El País Vasco cuentan con embajada propia.

Sao Paolo cuenta practicamente con el mismo numero de oficinas. Cambian la Rioja por Castilla-La Mancha y eliminan Andalucía.

En el lado opuesto Singapur, Johanesburgo y Sidney tienen cada uno una embajada de Cataluña.

Actualidad
Mantener la deuda de las comunidades autónomas subió un 54% en 2011
Moody’s cree que los ‘hispanobonos’ frenaran ese gasto
 www.lavozlibre.com 4 Abril 2012

Madrid.- El gasto en intereses pagado por las comunidades autónomas durante 2011 se ha incrementado en 1.600 millones de euros, según estimaciones de la agencia de calificación Moody’s, que destaca que los gastos financieros de las administraciones autonómicas ya absorbe el 3,8% de sus ingresos operativos, frente al 2,4% del año anterior.

Así, según informa ‘El Mundo’, el gasto anual en intereses que afrontan las 17 comunidades alcanza ya los 4.600 millones de euros anuales, un 54% más que en 2010, cuando fue de 3.000 millones. Moody’s considera, sin embargo, que gracias al proyecto del Gobierno para crear una entidad que permita a las regiones emitir deuda de manera conjunta, los bautizados como ‘hispabonos’, será positivo para el perfil de crédito de las comunidades autónomas españolas y esa cifra podrá reducirse entre 700 y 1.000 millones de euros.

No obstante, la calificadora de riesgos advierte de que las implicaciones crediticias para el Gobierno español dependerán en última instancia de si este paso y el resto de medidas recientes sirven para que las regiones cumplan su parte del trato y reduzcan el déficit fiscal de acuerdo con las metas fijadas.

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El misterio del PNV
J. A. Gundín La Razón 4 Abril 2012

Los espasmos ideológicos del Partido Nacionalista Vasco presentan todos los síntomas de un fenómeno paranormal, entre la brujería y la posesión, que están pidiendo a gritos la vuelta de un exorcista como Javier Arzallus. Desde que lo fundara el meapilas de Sabino Arana, el partido basaba su fortaleza en dos pilares más sólidos que el monte Gorbea: adhesión inquebrantable a la Iglesia y su identificación con el pequeño empresario. Fe y clases medias, moderación y nacionalismo, la argamasa perfecta para gobernar hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, algo extraño ha pasando, como si un troyano maligno hubiera infectado la pureza recoleta del batzoki. Tras cien años de estricta obediencia vaticana y de ortodoxia a machamartillo, el partido de Urkullu se ha vuelto abortista, se ha tirado al monte laicista y no sólo dió sus votos para aprobar la ley de Aído-Pajín, sino también la del matrimonio homosexual. Perdido el oremus, el PNV ha perseverado en el descarrío y acaba de abandonar a sus emprendedores al votar en contra de la reforma laboral de Rajoy. Es de temer que ni siquiera esté a salvo el escudo del Atlhetic y sus aspas de la Cruz de San Andrés. Ya no se puede uno fiar ni de la derecha de toda la vida. Esto con Arzallus no pasaba, no porque fuera mejor presidente, sino por jesuita. No se alcanza a calibrar la repercusión política y electoral que pueda tener la mutación genética del PNV, pero parece ser que en los atemperados gabinetes de la diplomacia vaticana se le observa como a una secta herética a la herencia de Ignacio de Loyola. Así que una buena parte del clero vasco, de claras simpatías nacionalistas, tendrá que elegir entre el Santo Padre de Roma y el señor Urkullu de Bilbao. Nunca lo tuvo tan a mano el PP para acoger en su redil las ovejas descarriadas. A nada que Basagoiti se lo trabaje, tendrá mucho éxito.

Impuesto revolucionario, pagarés y la amnistía en Euskadi
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 4 Abril 2012

Las Diputaciones Forales vascas y sus respectivas Juntas Generales tienen un amplio margen -de ahí que se hable de "haciendas soberanas"- en materia fiscal. En los tres territorios vascos y en Navarra, no se aplican las normas fiscales del Estado. Se transponen en normas forales, a menudo idénticas, y se dictan por las Juntas Generales de cada territorio foral. Esa facultad implica la posibilidad de, manteniendo un muy abstracto principio de igualdad, crear nuevos impuestos y modificar el sistema tributario general. Lo sustancial es que la presión fiscal de Euskadi se sitúe en la media de la española. En ocasiones, las haciendas vascas se han pasado de frenada, como ejemplo con las "vacaciones fiscales" a empresas, lo cual deslocalizaba inversiones de comunidades fronterizas (Castilla y León, Rioja o Cantabria) y constituía ayudas de Estado no permitidas por la UE. Pero, otras veces, las Diputaciones, es decir, las haciendas vascas, han recurrido a recaudación mediante instrumentos opacos, como los llamados pagarés forales.

El Concierto Económico entrega a las Diputaciones un poder fiscal omnímodo en las figuras impositivas, en la gestión y en la recaudación de los impuestos. Hay límites pero son tan imprecisos y fluctuantes, que en realidad, Álava, Vizcaya y Guipúzcoa son tres haciendas soberanas. Como Navarra. Como la del Estado. De tal manera que España tiene cuatro haciendas. De ahí que los catalanes quieran un "pacto fiscal" -en realidad, un concierto- y que miren al País Vasco y Navarra como referencias de que lo que ellos piden es posible. Efectivamente, aunque con una habilitación muy específica, el Concierto Económico es posible. Y es en función de esa práctica soberanía en la se basan los territorios forales -en realidad el PNV, PSE y Bildu- su negativa a aplicar allí la amnistía fiscal prevista por el Gobierno para aflorar 25.000 millones de euros "negros" y recaudar unos 2.500. Ya he escrito aquí que esa amnistía no me gusta y que hay que tragársela por las especiales circunstancias que concurren. También es verdad que otros gobiernos -de aquí, socialistas; de fuera, de todos los colores- las promulgaron.Si alguna comunidad no puede hablar con autoridad moral en relación con la corrección fiscal es el País Vasco. Ante las narices de las haciendas forales se han consentido los chantajes de ETA

Lo que resulta insoportablemente cínico, hipócrita e inaceptable es que el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, se ponga éticamente estupendo cuando las Diputaciones vascas han emitido pagarés forales opacos para captar dinero negro -y este servidor de ustedes, a la sazón letrado de la Diputación Foral de Vizcaya cuando se pusieron en marcha esos instrumentos recaudatorios, se conoce el tema al dedillo-, y la inspección foral se ha venido llamando a andanas décadas respecto de contribuyentes y empresas que pagaban en el llamado "impuesto revolucionario". Este servidor de ustedes, conoce también este tema demasiado bien como para pedirle a los éticamente estupendos nacionalistas y socialistas vascos, que abominan de la amnistía fiscal de Rajoy, que tengan una miaja más de decencia política y callen. Porque si alguna comunidad de España no puede hablar con autoridad moral en relación con la corrección fiscal es el País Vasco. Ante las narices de las haciendas forales, muchas veces con su disimulado consentimiento y otras haciéndose de nuevas, se han consentido los chantajes de ETA y se ha recaudado con opacidad y, en tantas ocasiones, con un pactismo con el contribuyente de mesa camilla. Así que, apliquen o no la amnistía las Diputaciones vascas, pero que no añadan cinismo e hipocresía a un discurso impostadamente moralista. Porque, a los que conocemos la cocina fiscal de allí, nos produce malestar de estomago. Desde mi querida tierra, y por sus dirigentes nacionalistas, lecciones éticas, ni una. Pero ni una sola.

Esta alianza se presentará después de Semana Santa
ETA ordenó a Batasuna crear la alianza que ya ultima con cuatro partidos
ALBERTO LARDIÉS. www.gaceta.es 4 Abril 2012

En 2009, la banda terrorista urdió un plan para lograr pactos con otras formaciones. Justo lo que ahora ocurre.

El plan es viejo. La banda terrorista ETA ideó y propuso en 2009 una alianza electoral similar a la que ahora su brazo político, Batasuna, se dispone a firmar con otras cuatro formaciones. El “acuerdo estratégico nacional” que la izquierda abertzale ultima junto a Eusko Alkartasuna (EA), Alternatiba, Aralar y Abertzaleen Batasuna es sospechosamente parecido a los planes que ETA pergeñó y recogió en documentos internos que después interceptaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Varios textos de la banda criminal fechados en 2009 confirman estas similitudes. Por ejemplo, el texto Prodem (abreviatura de Proceso democrático) incluye la referencia a que se cree una “alianza política de las fuerzas que sitúan el futuro político de Euskal Herria necesariamente en su independencia y en el nacimiento de un estado propio”. Una alianza en que “los acuerdos deberían ser nacionales”, en referencia a que se produzcan en todo el ámbito de la presunta Euskal Herria (España y Francia).

“La alianza independentista trabajará la independencia y la referencia del nacimiento del Estado vasco”, escribían los gerifaltes terroristas. En ese documento, las órdenes de ETA a su rama política quedaban claras: “La izquierda abertzale debe entender todas las alianzas para la acumulación de fuerzas en perspectiva nacional”.

En la Declaración de Baiona que Batasuna y sus cuatro compañeros de viaje antes mencionados presentaron a mediados del mes pasado, se apela la “confluencia de fuerzas”. “Hemos decidido hacerlo mediante la acumulación de fuerzas para impulsar la construcción nacional y el cambio social de nuestro pueblo, teniendo como objetivo avanzar para conseguir una Euskal Herria soberana y solidaria”, escribieron las cinco formaciones.

Todo un indicador, si se tiene en cuenta que la citada declaración no es más que el tímido preludio de la coalición que los batasunos y sus aliados presentarán una vez pasada la Semana Santa.

La obsesión de los batasunos y sus aliados, como la de ETA en sus textos, es quitarle la hegemonía al PNV dentro del nacionalismo vasco. Algo que las formaciones políticas sólo pueden conseguir si se presentan coaligadas a las próximas elecciones autonómicas vascas. Y ese es precisamente su plan.

Se trata, como ayer informó LA GACETA, de repetir para los comicios del próximo año la fórmula ya utilizada con Bildu en las elecciones municipales de mayo de 2011 y con Amaiur en noviembre del mismo año. Formada por Batasuna, EA y Alternatiba, la coalición Bildu llegó a 313.000 votos en la locales. Los mismos partidos convencieron a Aralar para crear Amaiur, que superó los 333.000.

La novedad en esta incipiente alianza independentista respecto a las citadas experiencias es la inclusión de Abertzaleen Batasuna, la marca de la izquierda abertzale en Francia. Es decir, se cumple el deseo de los etarras de que los acuerdos estratégicos se desarrollen en el ámbito “nacional”.

Abogados de etarras, contra el TCMás ataques a la Justicia. Ayer, los abogados de presos de ETA denunciaron que las últimas decisiones del Tribunal Constitucional sobre la ‘doctrina Parot’ suponen “un claro ataque” al colectivo de presos (EPPK), “ahondando aún más si cabe en una política penitenciaria cruel que vulnera los derechos más fundamentales”, por lo que pidieron “rebelarse”.

Once 'embajadas' en Sao Paulo: un ejemplo más del despilfarro autonómico
La Generalitat Valenciana se deshace de sus 13 oficinas comerciales en el exterior, que pasarán a depender del Estado
 www.lavozlibre.com 4 Abril 2012

Madrid.- En Sao Paulo (Brasil) las comunidades autónomas cuentan con 11 'embajadas'. El dato fue aportado por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz, para evidenciar el elefantiásico entramado de organismos públicos autonómicos con los que la Administración cuenta en el exterior. "España no se puede permitir tener 120 oficinas comerciales en el exterior de comunidades autónomas, además de las 100 del Estado", aseguró García-Legaz.

Antes de conocer los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012, desde la Secretaría de Estado de Comercio, que dirige Jaime García-Legaz, se envió una carta a cada comunidad autónoma en la que se detallaron los planes que tenía el Gobierno para reducir el entramado de 'embajadas' regionales en el exterior. La misiva fue recibida de buen grado por las autonomías gobernadas por el Partido Popular, no así en Cataluña y Andalucía, regidas por Convergencia i Unió (CiU) y PSOE respectivamente.

La Comunidad Valenciana, donde gobierna el 'popular' Alberto Fabra,ha sido la primera en sumarse a la propuesta del Ejecutivo de Mariano Rajoy. La Generalitat ha decidido deshacerse de las trece oficinas comerciales con las que cuenta fuera de las fronteras de España, que pasarán a depender del Estado. Los delegados comerciales valencianos harán su trabajo desde la red de oficinas estatal, lo que permitirá ahorrar costes y ganar en coordinación. De los trece 'consulados' valencianos, 11 pasarán a depender del Ministerio de Economía y Competitividad, y dos del Ministerio de Asuntos Exteriores, el departamento que más tendrá que ajustar su gasto en el año 2012.

UNA POLÉMICA CÍCLICA
La Generalitat se niega a sacar el mapa de España para dar el tiempo
EP El Semanal Digital 4 Abril 2012

Al Gobierno catalán no le ha hecho demasiada gracia que el nuevo vicepresidente de la Corporación de Medios Audiovisuales intente "españolizar" la meteorología de Cataluña.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha defendido este martes que el mapa del tiempo de los informativos de TV3 siga sin mostrar toda España cuando se informe sobre la meteorología de Cataluña.

En rueda de prensa tras el Consejo Ejecutivo, ha respondido así a la petición del recién nombrado (a propuesta del PP) vicepresidente de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Armand Querol, que declaró a La Razón que "el mapa del tiempo de TV3 debe mostrar toda España".

Muy al contrario, Homs ha recalcado que la nueva dirección de los medios públicos catalanes tiene mucho trabajo como para "entretenerse" en polémicas como la del mapa del tiempo, que, además, no es la primera vez que surge.


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