AGLI Recortes de Prensa   Jueves 5 Abril 2012

España se nos muere
Francisco Rubiales Periodista Digital 5 Abril 2012

Ayer estuve de rodillas ante el sevillano Cristo del Calvario, en su parroquia de La Magdalena. Apreveché el momento para meditar en su presencia, decirle que "España se nos muere" y pedirle que nos socorra.

España se nos está muriendo y pocos parece darse cuenta de la tragedia. Siguen cerrando empresas y la cifra de parados crece cada mes, sin que el nuevo gobierno de Rajoy consiga detener la hemorragia. La duda de que España sea capaz de pagar sus deudas se agranda en todo el mundo. Cada semana, a un rítmo infernal, se producen nuevos recortes y subidas: la luz, el gas, los impuestos, las tasas...

La oposición socialista que lidera Rubalcaba, digna heredera de Zapatero, no colabora sino que contribuye a la demolición, en espera de heredar los despojos de España. Es evidente que el país necesita un esfuerzo colectivo y una política de unidad para lograr la salvación, pero el país no reacciona porque previamente ha sido destrozado por una clase política que ha corrompido las instituciones y ha sembrado la sociedad de división, rencillas, odios y envidias.

La policía es la única institución del país que crece y no tiene recortes porque los políticos esperan y temen disturbios callejeros cada día más intensos, generados por la desesperación, la falta de recursos, el hambre y el odio.

La esperanza de que el Partido Popular utilizase la mayoría absoluta que le ha obsequiado el pueblo español para erradicar la corrupción y el abuso de poder por parte de los políticos se desvanece ante la evidencia de que el PP ha optado por la cobardía, por cerrar los ojos ante el pasado y por seguir manteniendo vivas y activas las dos peores enfermedades de España:

Un Estado gordo, dividido en autonomías engreídas y gastosas, todo un tinglado insostenible, dotado de corrupción, abuso de poder, leyes injustas y de una desmedida adhesión a las subvenciones, privilegios y vagancia.

Una estructura política que en nada se parece a la verdadera democracia, corrompida, sin separación de poderes, con ciudadanos marginados, sin controles suficientes para frenar a los partidos políticos y en la que los delincuentes políticos gozan de una insoportable inmunidad práctica.

La gente está desesperada, angustiada, desanimada y empieza ya a acumular odio hacia la clase política, a la que culpa, con razón, de sus males, hacia los que ordeñan el Estado a diario, como los partidos políticos, sindicatos y patronales, receptores de subvenciones que nadie entiende y que si fueran sometidas a referendum serían barridas, hacia todo el que detente el poder, al cual se desprecia y odia por su incapacidad de liderar la regeneración.

Exhausta, derrengada y sin esperanza, la sociedad española, esquilmada y moralmente destruida por una de las peores y más irresponsables clases políticas del planeta, no está preparada para lo que le está demandando la Historia: un esfuerzo colectivo sobrehumano, la única vía posible hacia la resurrección.

Los políticos en el poder son sucios y despreciables ejemplos vivientes de todo lo que no hay que hacer en tiempos de crisis: están divididos, son incapaces de ser ejemplares, no renuncian a sus inmerecidos privilegios e, incapaces de liderar el esfuerzo ilusionante de la regeneración, siguen alimentando la división y el enfrentamiento. Sin duda, ellos son lo peor de España y hemos tenido la mala suerte de que la escoria haya asumido el poder.

Jesús: ¡socórrenos!
¡Zapatero debe ser castigado!

Voto en Blanco

Los reinos de taifas y la prima de riesgo
EDITORIAL Libertad Digital 5 Abril 2012

Los inversores han mostrado su creciente desconfianza en España un día después de la presentación de los presupuestos del Estado. La prima de riesgo se ha disparado hasta los 390 puntos básicos, los máximos desde finales de noviembre, antes de la llegada al poder de Mariano Rajoy. Mientras tanto, la bolsa ha sufrido la segunda caída consecutiva superior al 2%, lo que la ha llevado a marcar mínimos anuales por debajo de los 7.700 puntos.

Ante este hecho, unos podrán arremeter contra la "irracionalidad de los mercados" o la "acción desestabilizadora de los especuladores". Otros, por el contrario, podrán comprender la reacción de los inversores sobre la base de que los presupuestos de 2012 no son ni tan acertados, ni tan austeros, ni tan creíbles como los presenta el Gobierno.

Al margen del impacto entre sus electores, el hecho de que el gobierno de Rajoy haya relajado el objetivo de reducción del déficit del 4,4% al 5,3% y, asimismo, haya renunciado a conseguirlo sin subir impuestos, por la exclusiva vía de reducción del gasto, no ayuda, ciertamente, a dar confianza entre los inversores. Tampoco ayuda el hecho de ver a un presidente de Gobierno dando muestras públicas de ser incapaz siquiera de concebir otra alternativa a su insuficiente reducción del gasto público, que no sea la de reducir aun menos el peso del sector público en la economía, opción "infinitamente peor", ciertamente.

A ello habría que sumar la posibilidad de que los efectos recaudatorios de la nueva vuelta de tuerca fiscal sean menores de los que el gobierno espera. Sin embargo, uno de los factores que pueden ser más explicativos de la desconfianza en los presupuestos es que, para que sean mínimamente creíbles, las autonomías deberán responder como un solo hombre a los llamamientos de reducción del déficit hechos por el gobierno central. Montoro les ha facilitado la tarea elevándoles las transferencias, pero advirtiéndoles, al mismo tiempo, que no admitirá "más excusas ni pretextos".

Es ciertamente encomiable la contundencia con la que Montoro ha advertido que todas las administraciones territoriales tendrán que cumplir con su objetivo de déficit y aquellas que no lo hagan verán al Gobierno ejercer los procedimientos de "control, vigilancia e intervención" que la ley le ofrece. Sin embargo, la decisiva cuestión sigue siendo la misma que ya planteáramos en nuestro anterior editorial: ¿cumplirá el Gobierno de Rajoy su amenaza en el caso de que sea necesario?

El tiempo lo dirá. Pero desde luego el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, ha tardado bien poco en dejar en evidencia la nula credibilidad que otorga a las advertencias de Montoro: sin ni siquiera molestarse en disimular su nula voluntad de cumplimiento, Homs ha declarado este miércoles que tanto en CiU como en el Gobierno catalán "nos preocupamos sólo de los ciudadanos de Cataluña; somos una fuerza nacionalista y nos debemos a los ciudadanos catalanes". Eso, sin dejar de amenazar con "llevar al Estado a los tribunales" si no les paga sus "deudas".

Lo que debería resultar evidente a estas alturas, y por mucho que algunos sólo hayan tenido ojos para la crisis económica, es que España padece además una gravísima crisis como nación, y que ambas crisis, lejos de ser compartimentos estancos, están íntimamente conectadas. La falta de vertebración y los reinos de taifas en los que ha degenerado el Estado autonómico constituyen, desde hace muchísimo tiempo, uno de los principales factores que han elevado la prima de riesgo de la deuda española.

Claro que, siempre quedarán quienes lo atribuyan todo a la "irracionalidad de los mercados".

Cien días de Rajoy
Román Cendoya www.gaceta.es  5 Abril 2012

Es el tiempo de empezar a ejercer el mandato que las urnas dieron al PP.

Ya han pasado los primeros cien días y no se puede decir que hayan sido tranquilos. Una montaña rusa en la que los ciudadanos hemos descubierto que el déficit dejado por Zapatero y Salgado no era del 6%, sino del 8,51%. Hemos constatado que falsear las cuentas públicas y mentir en las mismas queda impune y que el Gobierno de Rajoy no hace nada al respecto contra los responsables de esa ruina que tenemos que pagar entre todos, y que por eso nos han subido esos impuestos que nunca nos iban a subir. Cien días que han puesto en evidencia la desfachatez de los sindicatos de clase alta que se echan a la calle a pesar de que el PP les sigue pagando y que no sirve de nada retrasar los Presupuestos y no hacer política e ir por la vida con el perfil bajo porque así es como se pierden 420.000 votos sólo en la Andalucía de los ERE falsos. Cien días en los que Rajoy ha demostrado ser un bien mandado que está haciendo lo que Europa le ordena en esa intervención encubierta en la que vivimos. Unos presupuestos que ni a Rajoy ni a su Gobierno les gustan.

O sea, hace lo que haría cualquiera que fuera medianamente serio y responsable. Pero nada más. Cien días en los que el Gobierno del PP sigue sin hacer comunicación, como sigue sin hacer política. Cien días que han enervado y preocupado a las víctimas del terrorismo.

¿Qué nos espera ahora pasada la mítica barrera de los cien días? Los siguientes cien días que deberían ser el tiempo de hacer política porque dinero para gestionar no tienen. Es el tiempo de empezar a ejercer el mandato que las urnas dieron al PP con una mayoría absoluta. Una mayoría para no depender de CiU y el PNV. Una mayoría para abordar las reformas del Estado autonómico, de la justicia, de la educación y de las libertades. Un tiempo en el que demostrar que mereció la pena votar Partido Popular.

Andalucía y Cataluña protesta
Iñaki Zaragüeta La Razón 5 Abril 2012

Quien siembra vientos, recoge tempestades. Ahora le echan la culpa a la crisis, pero hubiera sido otra razón, porque, como hizo famoso Guerra, Rafael no Alfonso, «lo que no puede ser, no puede ser y, además, es imposible». Los Presupuestos Generales del Estado, amén de responder a una «economía de guerra», han desvelado un problema que nuestros políticos, en una demostración de irresponsabilidad, crearon cuando modificaron los Estatutos de Cataluña y Andalucía. Estas dos comunidades, al conocer que los Presupuestos no incluyen las partidas para inversión a las que tienen derecho por esas dos leyes orgánicas, han puesto el grito en el cielo. La contradicción era evidente y lo escribí ya en 2007, en 2008 y en 2009. Los respectivos estatutos consagraban una injusticia: «Las inversiones del Estado en infraestructuras durante los próximos siete años se harían en función de su participación en el PIB nacional para Cataluña y en proporción a la población para Andalucía. Como la primera es la que más aporta al PIB y la segunda, la que más población tiene, han de recibir más dinero que los demás. Al Gobierno le obliga la ley orgánica. Tienen derecho por Ley a lo que nunca debieron aprobar PSOE y PP. Y el Ejecutivo de Rajoy, en la época que vivimos, quiere hacerse el sordo, o el ciego. Quienes inventaron esos polvos, tienen estos lodos. El PSOE apoyo el «destarifo» institucional de Cataluña, y el PP hizo lo propio con el de Andalucía. Había que cuidar a Javier Arenas. ¡Toma ya estrategia!. Además de injusto, es imposible. Porque tener distintas varas para la proporcionalidad –PIB, población, extensión geográfica...– superaría de largo el cien por cien. Habría que inventar el dinero. Nunca podrían hacerlo. Ahora menos. Así es la vida.

La desconfianza aumenta

Luis de Velasco www.republica. com 5 Abril 2012

Se pierden en el olvido aquellos tiempos en los que el PP proclamaba que con su victoria electoral y la llegada de Rajoy a la presidencia del gobierno la desconfianza (por cierto bien justificada) respecto de Zapatero y sus decisiones económicas desaparecerían, se instalaría la confianza, ese difícil intangible, y a partir de ahí se iniciaría el camino para nuestra recuperación económica. Todo ello vendría aderezado con una política de reducción decidida del déficit presupuestario basado siempre en la disminución del gasto público, nunca en el aumento de los impuestos. En suma, esa doctrina de la “austeridad expansionista” que proclama que el decidido recorte del gasto público aumenta la confianza empresarial y de los consumidores y a partir de ahí todo es felicidad al entrar en un círculo virtuoso.

Los meses transcurridos desde la toma de posesión de Rajoy y tras el torrente de medidas económicas no parecen confirmar esos pronósticos. Más bien lo contrario a la vista de la reacción de los mercados si tenemos en cuenta la evolución de la prima de riesgo y la última subasta de deuda este reciente miércoles. Ello parece indicar que los presupuestos recién presentados no convencen a los prestamistas. Pero ¿no convencen porque no se creen que el objetivo de déficit será alcanzado o porque creen que el problema central es el paro como consecuencia primera de una economía que no crece sino que decrece y que va a seguir, como mínimo, estancada en los años inmediatos? Seguramente ambos factores influyen, lo que no es posible decir en qué proporción cada uno. Mala cosa en cualquier caso.

Como tampoco ayuda a esa confianza el anunciar hasta la saciedad que los impuestos no subirían y esa fue la primera medida adoptada. (A los operadores en los mercados les tiene sin cuidado si suben o no y si son o no equitativos. Lo que les inquieta es la rectificación en cuanto significa incertidumbre.) Como tampoco ayuda el retraso electoralista en la aprobación de los presupuestos, con la complicación adicional del resultado en Andalucía. Como tampoco ayuda la falta de decisión en encarar una auténtica reforma del sistema financiero, archivado ya definitivamente aquello del sistema financiero más sólido del mundo y las famosas provisiones genéricas.

Seguramente lo más importante y que una y otra vez los agentes externos desde Berlín, Frankfurt o Bruselas hasta Washington o las agencias de calificación repiten: el gasto autonómico y la falta de decisión del Gobierno central de encarar seriamente este tema clave. Cierto que el actual gobierno muestra más decisión que el anterior (tampoco hace falta mucho) pero los datos del presupuesto son poco alentadores. El recorte es casi en su totalidad a la administración central y las medidas previstas o avanzadas para controlar a las autonomías resultan insuficientes. El Gobierno ha optado por lo más sencillo: recortar “en casa” y no enfrentar a los jerarcas autonómicos y sus poderosas redes clientelares. Y sin embargo, si quiere empezar a solucionar la crisis tendrá que decidirse a ir a la raíz de la misma que es más que económica. La incógnita es si tiene decisión y apoyos para esa hercúlea tarea. Lo veremos en los meses inmediatos.

Inconstitucionalidad de la amnistía fiscal
FRANCISCO J. BASTIDA www.laopinióncoruña.es 5 Abril 2012

FRANCISCO J. BASTIDA ES CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL El reciente Real Decreto-ley 12/2012 establece que los contribuyentes del IRPF (renta de personas físicas), IS (sociedades) o IRNR (rentas de no residentes), que sean titulares de bienes o derechos que no se correspondan con las rentas declaradas en dichos impuestos a 31 de marzo de 2012, podrán regularizar su situación fiscal pagando a la Hacienda Pública un 10 por ciento del importe o valor de adquisición de los bienes o derechos objeto de tributación. Además, se añade en la Ley General Tributaria la exoneración de responsabilidad penal por regularizaciones voluntarias efectuadas antes del inicio de actuaciones de comprobación o investigación. Es decir, no sólo pueden pagar tarde, sino también en un porcentaje muy inferior al que tributaron los que cumplieron con sus deberes fiscales y, además, sin consecuencia penal alguna. Todo ello pone de manifiesto dos cosas. La primera es que la obsesión por la recaudación está por encima de cualquier otra consideración política o moral. La segunda que robar o intentar robar a la Hacienda Pública tiene para el Gobierno un reproche menor que el robo o el hurto de la propiedad privada. Es terrible constatar el sadomasoquismo del Gobierno -del actual, pero también del anterior- que le lleva a despreciar al ciudadano de a pie, contra el que está dispuesto a descargar toda su artillería presupuestaria, fiscal y penal, mientras consiente que los poderosos le impongan cuándo y cuánto quieren contribuir al sostenimiento de las cargas públicas.

La mencionada medida de regularización tributaria ha sido muy criticada desde el punto de vista político y moral, porque ciertamente es una invitación para ser defraudador o para sentir que el pago de impuestos no es un deber ciudadano, sino una injusticia ineludible.

Pero la norma es criticable también desde el punto de vista jurídico, hasta el extremo de poder considerarla inconstitucional. Para empezar, es dudoso que por decreto-ley se pueda exonerar la responsabilidad establecida en una ley orgánica, como es el Código penal; menos lo es que se puedan afectar los deberes (tributarios) de los ciudadanos regulados en el Título I de la Constitución (CE), lo que infringiría el art. 86 CE. También es inconstitucional, porque vulnera el art. 31 CE, que dispone que "todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad" y es claro que la norma aprobada va en la dirección contraria.

Sobre todo es inconstitucional porque la Constitución prohíbe la amnistía y el Decreto-ley la establece. No se trata de una amnistía en un sentido genérico y periodístico, para referirse a que el Gobierno perdona a los grandes defraudadores una cantidad de dinero, si deciden emerger los bienes no declarados. En sentido estrictamente jurídico la amnistía tiene un contenido penal y se refiere a la exención de responsabilidad criminal para un colectivo de personas por determinados actos delictivos, hayan sido o no juzgados. La medida dictada por el Gobierno encaja en este concepto de amnistía porque, a partir de determinada cantidad, la defraudación constituye un delito fiscal y lo que hace el Decreto-ley es eximir de responsabilidad penal a los que, al someterse a la regularización fiscal, ponen al descubierto la comisión de un delito o delitos contra la Hacienda Pública.

La Constitución no prohíbe expresamente la amnistía, pero sí impide que la ley autorice indultos generales (art. 62, i). El indulto presupone que el indultado ya ha sido juzgado y condenado y, por diversas circunstancias, se le concede la medida de gracia. Por el contrario, la amnistía borra el delito cometido, sin necesidad de ser juzgado. Si la CE prohíbe el indulto general, con mayor motivo impide que la ley autorice una amnistía, se refiera a delitos fiscales o de cualquier otra naturaleza.

¡Cómo no se va a deslegitimar el Estado democrático si parece que para los poderosos sólo hay tres normas, la prescripción, el indulto y ahora también la amnistía! ¿Habrá 50 diputados o senadores que tengan la decencia de interponer un recurso de inconstitucionalidad?

Mi juramento
Alfonso Ussía La Razón 5 Abril 2012

Me llegan noticias tristes. Parece ser que no ha caído bien en nuestro hermano ABC el esfuerzo que «La Razón» ha dedicado a Mingote. Que se ha presionado a políticos y personalidades para que no escribieran en nuestro periódico. Mingote es de ABC, pero también de todos. Y me duele que se haya puesto en duda que en diciembre de 2008, Antonio Mingote a un paso, muy pequeño, brevísimo, estuvo de «La Razón». Parece ser que el Director de ABC ha dicho que todo responde a la falsedad, y por ahí no paso, entre otros motivos porque cuando se produjo el hecho, el Director de ABC no estaba en ABC. Hablar de dinero es una grosería. La grosería mengua cuando los que hablan de dinero son dos amigos sin dinero. Antonio e Isabel pasaban por malos momentos, despojados por una triquiñuela bancaria de la casi totalidad de sus ahorros. Y me interesé por la cuantía del contrato de Mingote, que se me antojó vergonzosa. El genio, la referencia y la principal columna de ABC, después de 55 años de diaria culminación de su talento al servicio de ABC, percibía una cantidad muy lejana a la justicia y a la generosidad. Hablé con Mauricio Casals, presidente de «La Razón», y obtuve su permiso para ofrecerle las páginas de «La Razón». Antonio se sentía profundamente ligado al ABC tradicional, el de Juan Ignacio, Torcuato y Guillermo Luca de Tena, pero alejadísimo de los nuevos socios de Vocento, algunos de ellos nacionalistas camuflados en las cenizas del esplendor de Guecho. Avisé a Soledad –Petisa– Luca de Tena de nuestro propósito. Jamás traicionar a los amigos. La cuestión era sencilla. Si Antonio aceptaba la oferta de «La Razón», ganarían «La Razón», Antonio e Isabel. Si ABC igualaba o superaba la oferta, nuestro fin estaba cumplido. Ante el terror a perderlo, ABC correspondería, al fin, con justicia y generosidad al talento de Antonio y al futuro de Isabel. Como era de esperar, ABC mejoró sus condiciones y Antonio se mantuvo en donde había estado 55 años de su vida. Comprendimos su postura y aplaudimos la resolución del caso. Pero las cosas se torcieron, como casi siempre. Y por segunda vez, Antonio Mingote, sintiéndose humillado por la negociación, me hizo ver su ilusión por incorporarse a nuestro periódico. No estaba contento. Y lo prueba esta carta, enviada en enero de 2009 al Consejero Delegado de Vocento, José Manuel Vargas, en su papel timbrado de la Real Academia Española. «A D. José Manuel Vargas. Vocento. Mi distinguido amigo: Desde hace cincuenta y cinco años vengo publicando mis dibujos en ABC. En este periódico empezó mi vida profesional, y a mi trabajo en él le debo mi más o menos sólido prestigio. Siempre he creído que ABC era «mi» periódico, del modo más cordial y desinteresado. Las muestras de mi desinterés son abundantes. Mi ligazón a ABC ha sido siempre más sentimental que laboral.

Hasta hoy.
Ese desmesurado contrato que me propones es sencillamente humillante, aunque su lectura me ha producido más bochorno y vergüenza que humillación. ABC ha dejado de ser esa casa amistosa y acogedora (aunque no siempre generosa) para transformarse en una empresa que pretende convertirme en poco menos que un siervo provechoso y explotable. La sombra de Juan Ignacio se ha desvanecido para dejar paso a unos directivos atentos exclusivamente a sus ganancias, objetivo por otra parte, legítimo.

Pero lo cual ha dado un vuelco a mi conducta. Le he prohibido a Isabel que siga negociando ese contrato, para dejar la tarea en manos de mi abogado, que sabrá hacerlo con Vocento sin el lastre de nuestra vieja devoción a ABC.

He dejado de ser un amistoso y leal colaborador para convertirme en un asalariado que procura mejorar su condición. Con mis mejores deseos, Antonio Mingote. Enero de 2009».

Este documento estremecedor estaba condenado al silencio, pero las mentiras hay que responderlas con contundencia. Todo lo aquí escrito es más que mi propia verdad. Antonio no ha sido todavía incinerado. Está sobre la tierra, y por su memoria juro –soy católico–, que nada de lo aquí narrado pertenece a la fantasía ni a la desavenencia profesional. Tal como lo cuento, sucedió.

Cataluña
La Generalidad no devolverá el arte sacro a Aragón, “independientemente de lo que digan los jueces”
El contencioso se arrastra desde 1995, cuando un centenar de parroquias -de las que procedían las obras depositadas en el museo ilerdense desde hace más de un siglo- fueron segregadas del Obispado de Lérida y traspasadas al de Barbastro-Monzón.
Redacción www.vozbcn.com 5 Abril 2012

La conservadora Carmen Berlabé junto a la tabla del profeta Jeremías, originaria de un templo oscense no determinado, en la portada del 'Heraldo', en diciembre de 2011.

Una vez más, la justicia ha dado la razón al Obispado de Barbastro-Monzón, en relación a los bienes sacros que, actualmente, se encuentran en el Museo Diocesano de Lérida. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha rechazado admitir a trámite un recurso de casación interpuesto por el museo contra la sentencia de la Audiencia de Lérida de 2011 que obliga a trasladar 85 de las 113 obras depositadas en el museo ilerdense.

Sin embargo, este miércoles, tras conocer la no admisión a trámite del recurso, Carme Vidal, responsable de los Servicios Territoriales de Cultura en Lérida de la Generalidad, ha negado cualquier posibilidad de traslado de las piezas artísticas sacras, en contra de lo que han dictado los tribunales, aduciendo que los bienes del Museo Diocesano están protegidos por una ley autonómica “independientemente de lo que digan los jueces”, según ha informado Efe.

Vidal ha explicado que pese a que, una vez más, la justicia les ha quitado la razón, para la asociación Amics del Museu de Lleida, que fueron los que llevaron el asunto a los tribunales, la autonómica Ley de Patrimonio Cultural garantiza la unidad de la colección expuesta en Lérida, y que, por lo tanto, los bienes no van a salir del museo ilerdense, por más que lo digan los tribunales, y el Vaticano.

La reacción de la Generalidad viene a responder a las críticas que desde los partidos políticos de Aragón se han manifestado este mismo miércoles, llegando incluso, algunos, a pedir que la Guardia Civil entre al museo ilerdense a requisar las obras para llevarlas bajo protección del Obispado de Barbastro-Monzón. “Seguro que sí que va a pasar eso”, ha ironizado Vidal.

La Generalidad hace oídos sordos
El contencioso se arrastra desde 1995, cuando un centenar de parroquias -de las que procedían las obras depositadas en el museo ilerdense desde hace más de un siglo- fueron segregadas del Obispado de Lérida y traspasadas al de Barbastro-Monzón. En mayo de 2008, tras una orden del Vaticano, ambos obispos acordaron la devolución de las obras de arte a la diócesis aragonesa, pero el acuerdo nunca llegó a cumplirse por la negativa de la Generalidad a acatarlo, alegando que formaban parte de una colección catalogada.

Posteriormente, Amics del Museu de Lleida llevó el asunto a los tribunales, que siempre han rechazado sus argumentos, como en las sentencias de septiembre de 2010 y septiembre de 2011. Además, en enero de 2011, los obispos de las diez diócesis de Cataluña, en una declaración conjunta, instaron al consorcio que gestiona el museo (Generalidad, Diputación, Ayuntamiento y Consejo Comarcal, además del Obispado) a devolver las obras a Aragón, aunque su petición fue nuevamente desoída.

El museo ilerdense es depositario, pero no dueño
La Audiencia de Lérida, en su sentencia de 2011, desestima que el propietario de las obras sea el Obispado de Lérida por usucapión, es decir, por su posesión pacífica y continuada durante el tiempo previsto por la ley, que en el caso de la legislación en Cataluña es de entre tres y seis años. Y subraya que solo fue su depositario.

‘La situación procesal de esta segunda instancia es paradójica’, insiste la Audiencia, ‘mientras la asociación Amics del Museu quiere que se declare que el Obispado de Lérida es propietario por usucapión de una serie de obras de arte, en cambio, el Obispado de Lérida está de acuerdo con la sentencia que deslegitima esta pretensión’.

Una manera de desencallar este conflicto, confían desde la Generalidad, se iniciará en la próxima reunión entre los dos presidentes autonómicos. Artur Mas (CiU) y Luisa Fernanda Rudi (PP) se verán en las próximas semanas para tratar diversos temas. Uno será el del arte sacro (otro, por ejemplo, el de la atención médica recíproca). Sin embargo, el asunto no dejará a todos satisfechos pues las obras solo pueden estar en Aragón, según la justicia, y en Lérida, según la Generalidad. O una cosa o la otra.

ley de banderas
900 euros por cumplir la Ley y colgar la bandera de España en el Ayuntamiento de Sarria de Ter
 Minuto Digital 5 Abril 2012

Noche de fiesta, un joven tras divertirse con sus amigos, ve que en la fachada del Ayuntamiento de Sarria de Ter no se cumple con la ley de banderas, que obliga a tener la bandera de España colgada en el Consistorio y que debe ocupar un lugar bien visible, sin que el tamaño de las otras banderas que se puedan colgar sea mayor que el de la enseña nacional, y decide colgar una bandera de España.

Tal como informa Intereconomía, el hombre consiguió el objetivo, aunque fuera sólo por unos minutos, ya que fue denunciado por unos vecinos de la localidad, que le fotografiaron y grabaron en vídeo. Con la documentación gráfica se hizo posible la identificación por parte de la policía del municipio regido por ERC.

El autor del hecho fue multado con 900 euros y que por el pronto pago de la sanción se quedó en 450 euros. Tanto el alcalde, Roger Torren y Ramió, quien sí da cumplimiento a las sanciones municipales pero que hace oídos sordos a la Constitución Española y a las leyes del Gobierno de España, como el PSC y CiU, no han mostrado su rechazo a la medida.

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ETA dice a sus presos que el Estado incumple lo pactado con Rubalcaba
J. M. Z. La Razón 5 Abril 2012

MADRID-Una circular enviada por ETA a sus presos acusa al Estado de no haber cumplido compromisos relativos a los reclusos etarras y a la legalización de la izquierda abertzale que habrían sido adoptados por el Gobierno del PSOE. El documento, al que ha tenido acceso la agencia Vasco Press, está fechado el pasado mes de febrero, fue remitido por el «aparato de makos» de la banda a sus presos, y confirma las informaciones que ha publicado LA RAZÓN esta semana. Asimismo, demuestra que el alto el fuego y el supuesto «cese armado» fueron anunciados a cambio de que se cumplieran una serie de condiciones (no eran incondicionales), según subrayan expertos consultados por este periódico. Además –agregan– el texto es anterior a la decisión del Tribunal Constitucional, en el sentido de avalar la «Doctrina Parot», por lo que el malestar habrá subido «muchos enteros». En la circular, se admite que el Estado «no tomó ningún compromiso para con ETA ni para con la izquierda abertzale». Precisa, sin embargo, que el Gobierno «ante otros agentes», (los intermediarios internacionales), «tomó compromisos concretos (la llamada «hoja de ruta» o «cronograma») en los ámbitos de los presos políticos vascos y de la legalización de la Izquierda Abertzale». «No ha cumplido ninguno de ellos. Esa jugada no es nueva dentro del gobierno del PSOE, pero que sea la jugada de siempre no quita su gravedad». Lo que no aclara la banda es por qué aceptó seguir con el «proceso», ante la previsible victoria del PP, y si, dentro de las «mentiras» que le dijeron, estaba la de que Rajoy estaba de acuerdo, lo que era rotundamente falso.

A este respecto, analiza lo que cree que va a hacer el actual gobierno del PP. Asegura que «jugará a alargar la situación de bloqueo en todos los sentidos». «No quiere tomar riesgos, porque tiene grandes presiones encima. La decisión sobre Amaiur en el Congreso es significativa». Advierte de que el PP «ha salido muy fortalecido» de las elecciones y que, pese a la fortaleza de la izquierda abertzale, «no le ha obligado a dar pasos en el proceso». «Seguramente en los próximos meses veremos algún movimiento hacia atrás junto con un gesto positivo. El PP quiere dejarlo en una situación de ni para delante, ni para detrás. Alargándolo todo lo posible, con la intención de desfigurar el proceso lo máximo posible y de concebir una solución técnica vacía». Más adelante, señala que el Gobierno va a utilizar a las víctimas y la exigencia del desarme y la disolución de la banda «para no dar pasos».

UPyD critica la "pasividad" del PSE y del PP frente a las discriminaciones lingüísticas
Gorka Maneiro: "Tres años después, se siguen produciendo discriminaciones lingüísticas flagrantes en el acceso al empleo público en Euskadi"
Europa Press www.lavozlibre.com 5 Abril 2012

Gorka Maneiro denuncia que se mantengan situaciones propias de los nacionalistas UPyD critica la "pasividad" del PSE y del PP frente a las discriminaciones lingüísticas

Vitoria.- El parlamentario de UPyD en la Cámara vasca, Gorka Maneiro, ha denunciado la "pasividad" del Gobierno Vasco del PSE-EE, así como del PP -su socio de legislatura- a la hora de acabar con "las discriminaciones lingüísticas que se producen el acceso al empleo dependiente de las administraciones públicas". El representante de UPyD ha exigido que se presente de forma urgente el análisis cualitativo de la idoneidad de los perfiles lingüísticos asignados a cada uno de los empleados públicos, con lo que "se podrá demostrar que no es una asignación lógica y acorde a las funciones que desempeñan esos trabajadores". Maneiro, a través de un comunicado, ha insistido en la necesidad de reformar las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración Pública Vasca y del sector público en lo que se refiere a los perfiles lingüísticos. A su juicio, dichos perfiles "deben adecuarse a lo que realmente necesitan los trabajadores de la Administración Pública Vasca y del sector público".

El parlamentario de UPyD ha explicado que "tres años después del cambio" en el Ejecutivo autonómico y ante la "pasividad" del gabinete de Patxi López y del PP, se ve en "la obligación" de volver a plantear este tema en el Parlamento vasco. "Tres años después, se siguen produciendo discriminaciones lingüísticas flagrantes en el acceso al empleo público en Euskadi. Este gobierno no ha hecho más que dar largas, ha pasado un año en blanco, y el PP ha mirado para otro lado", ha denunciado. Maneiro ha presentado una nueva iniciativa en al que exige al Gobierno que presente de manera urgente el análisis cualitativo de idoneidad de los perfiles lingüísticos.

Además pide que se reformulen todas las Relaciones de Puestos de Trabajo de la Administración General de la CAPV y de su sector público en lo que se refiere a las exigencias de perfiles lingüísticos, de tal manera que dichas exigencias "se adecuen a las necesidades de la prestación del servicio".


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