AGLI Recortes de Prensa   Jueves 12 Abril 2012

ARTÍCULO DEL PRESIDENTE Y EDITOR DE LA VOZ DE GALICIA
Antes de la bancarrota
Santiago Rey Fernández-Latorre La Voz 12 Abril 2012

Tras tantos años advirtiéndolo desde estas páginas ante la indiferencia de muchos, nadie duda ya de que España ha viajado sin remedio hacia el fondo del pozo. Hoy, cuando el país vive sus horas más amargas, acribillado por el mayor destrozo jamás visto en su economía, y prácticamente abandonado por quienes tenían que haber presentado batalla, la sociedad asiste entre la ira y la resignación a una catástrofe sin precedentes que mina su fe, agrede su dignidad y destroza su esperanza.

Haber alertado hasta la saciedad del peligro no ha evitado, por desgracia, que la situación empeorase hasta ver cómo España ha dejado de ser dueña de su destino, zarandeada día a día por el terrible rigor de la intervención financiera que alientan sus acreedores. Caer en esa red -si de algún modo no hemos caído ya- solo podrá traer más desgracia a los españoles y más descrédito a quienes, teniendo en sus manos los resortes políticos y económicos, han eludido flagrantemente sus obligaciones.

Las eludieron, en primer lugar, aquellos que no solo negaron la crisis, sino que exacerbaron sus pésimos efectos incrementando los desajustes y comportándose irresponsablemente, como hizo el anterior Gobierno en Madrid y el bipartito en Galicia, con una arrogancia y una temeridad impropias de gobernantes juiciosos. Y parecen también dispuestos a eludir sus obligaciones quienes, tras heredar la peor situación imaginable, responden con la única receta que practican, que es aquella que solo garantiza más pobreza y más padecimiento a la clase media.

Mientras la tenaza aprieta más y más, el sistema financiero recibe a manos llenas el dinero oficial, y en lugar de dedicarlo a reactivar la economía lo niega constantemente a la gente. No solo eso: también le expropia lo que es suyo, como les sucede a las miles de personas que en Galicia están atrapadas en un impresentable corralito.

Más de cinco millones de personas están pagando con su angustioso presente y su desesperanzado futuro haber ido a caer en las listas negras del desempleo. Miles de comerciantes y autónomos se ven forzados cada día a dar por fracasados sus esfuerzos y a peregrinar por las entidades financieras dando la cara para sobrellevar con presencia de ánimo su bancarrota.

Y no faltan, desde luego, los empresarios que, tras levantar grandes proyectos y dar sustento a decenas o a centenares de familias, tienen que liquidarlos o encogerlos porque ni las ventas ni la financiación ni la tan habitual traición a las reglas de la competencia les permiten mantenerlos en niveles solventes.

Este es el retrato que hoy se puede hacer de España y de Galicia si se mira a los ojos de la gente. Pero también se puede trazar otro no menos real ni menos desesperante si se observa el entorno esperpéntico de las instituciones que rigen su vida.

Diecisiete Gobiernos autónomos con sus diecisiete Parlamentos -muchos de ellos inventados en comunidades sin personalidad definida- han dado lugar a reinos de taifas, donde se instalan el despilfarro, el sinsentido y, en ciertos casos, la corrupción más obscena casi a la vista de todos. Cincuenta diputaciones que no tienen más objeto que repartir prebendas y favores entre los afines. Cuatro mil chiringuitos con sus gestores, plantillas y presupuestos sustraídos al control público. Numerosos defensores del pueblo mientras el pueblo permanece indefenso. Sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos mantenidos a expensas del dinero público, conseguido a veces de forma irregular, que trabajan para cualquier cosa menos para el interés general. Cámaras inútiles como el Senado. Miles de ayuntamientos inflados de nóminas y concejalías, pero vacíos de recursos. Trece televisiones autonómicas que consumen cada año 1.650 millones de euros en presupuesto y suman una deuda conjunta semejante. Y clubes de fútbol convertidos en nidos de trapicheo y marrullería que deben a todos los españoles más de 700 millones de euros.

Nada de esto es nuevo ni se dice por primera vez en este diario. Pero su sola enumeración una vez más debiera sobrecoger, porque muestra la punta del iceberg de un Estado insostenible. Y revela, sobre todo, la falta de valentía de quienes, por haber sido elegidos con los votos de los que sufren la crisis, están obligados de forma imperativa a acabar con semejante desatino.

Si además de valientes -algo todavía no probado- fuesen sabios, habrían entendido hace tiempo que las debilidades de España no se arreglan únicamente con medidas que solo conducen a un empobrecimiento general de la sociedad, ni con encarecer nuestra sanidad y nuestra educación, sino que es preciso emplear con rigor la cirugía justamente donde se ha desarrollado el cáncer del despilfarro, la burocracia y la corrupción. Es ahí donde se pueden ahorrar -no un año, sino siempre- esos puntos del PIB que nos exigen para ser un país fuerte y respetado.

Para ello no solo es preciso el coraje -si lo tuviese- del que gobierna. También es necesario el concurso de la oposición y de cuantos se sienten demócratas y comprometidos con su país. Si fue posible en tiempos de bonanza firmar el Pacto de Toledo, también debiera serlo ahora afrontar la reforma más constructiva que requiere el país.

Y debiera ser ya. Rápido. Antes de la bancarrota. Porque no hay tiempo que perder. Del mismo modo que sobró determinación para cambiar la Carta Magna prácticamente en minutos por imperativo de Europa, debería haber arrojo para llevar a cabo este reto nacional por primordial necesidad ciudadana. Se trata de no sangrar más a las personas mientras rezuman despilfarro las estructuras.

Porque si, pese a todo, lo que tiene en mente el Gobierno es dedicar las próximas semanas a castigar más la cartera y los derechos de los ciudadanos con recortes hasta ahora inimaginables, solo va a lograr sumar más desafección y poner en riesgo su continuidad con un abandono masivo de votantes, por cierto, casi en vísperas de las elecciones gallegas. Y aun más que eso: a la vista está que por este camino incluso ha entrado en riesgo la pervivencia del propio sistema y de la paz social.

España no quiere ni debe seguir la suerte de los desdichados griegos. Está en la mano de sus gobernantes evitarlo. Y en la de los ciudadanos, exigirles responsabilidades.

Estamos tocando hueso
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 12 Abril 2012

Cuando uno se enfrenta a una amenaza grave, la técnica que implica fracaso seguro es esconder la cabeza en la arena.

Tal como demostró la etapa Zapatero, el pensamiento mágico, que consiste en fabricar una fantasía y autoconvencerse de que es real, suele acabar con el soñador. Ahora que por suerte tenemos un Gobierno con los pies en el suelo sería absurdo caer en la tentación de hacer el avestruz.

Nos lo dicen los fríos números, nos lo reitera la Comisión Europea, nos lo advierte el Banco Central Europeo, nos lo recuerda el Fondo Monetario Internacional, nos lo remacha el Ecofin y lo acaba de proclamar, con su habitual y desacomplejada franqueza, Esperanza Aguirre: el Estado de las Autonomías en su actual estructura es insostenible y nos lleva irremisiblemente a la intervención.

Por consiguiente, cada día que seguimos empeñados en que las dificultades derivan de una gestión inapropiada y no queremos admitir que la arquitectura del sistema debe ser reformada en serio, avanzamos un paso hacia el colapso. Posiblemente sea una verdad incómoda que choca con muchos intereses creados, pero es una evidencia insoslayable que hay que proceder a una redistribución de competencias, a un cambio profundo de la financiación y a una poda implacable de la frondosidad de objetos administrativos superfluos que pende del árbol autonómico.

El camino a recorrer puede pasar a medio plazo por una revisión sustancial del Título VIII de la Constitución mediante el procedimiento previsto en el artículo 167, previo acuerdo de los dos grandes partidos, y a corto, por la utilización masiva del artículo 151.3 sin miedo a blandir en caso de necesidad el 155, todo ello resultando en la aprobación de un conjunto apropiado de leyes orgánicas. Asimismo, nada impide el recurso a la vía fáctica y que el Gobierno central y las Comunidades de su mismo color político, trece de las diecisiete, pacten una amplia devolución de competencias al Estado, tal como lúcidamente ha apuntado la Presidenta de la Comunidad de Madrid.

Capítulo aparte, pero que solicita a su vez atención inmediata, es el local, que requiere una reducción drástica del número de municipios y de su correspondiente guirnalda de entes variopintos mayoritariamente prescindibles. Yendo a las grandes cifras, en un horizonte de una década el volumen total de asalariados públicos tendría que disminuir un 20%. Nos hemos pasado treinta y cuatro años cortando trozos de carne a la Nación para echarlos en las fauces insaciables de los nacionalistas y en las bocas golosas de las oligarquías regionales y locales de los dos principales partidos nacionales. Ahora ya estamos tocando hueso y el festín se va a acabar, por las buenas o por las malas. Si nos quedara un resto de sensatez, sería por las buenas.

Aguirre, Bruselas y la tormenta autonómica
José Antonio Gundín www.elsemanaldigital.com 12 Abril 2012

Aunque el momento procesal no sea el más oportuno, siempre quedará Esperanza para recordarnos que el Estado autonómico ha tocado fondo y necesita cambios.

La pelota, al fin, ha llegado al tejado de las autonomías. Ya era hora. Gracias a Europa, todo hay que decirlo, porque debido a las críticas de Bruselas a las cuentas de los virreyes autonómicos podrá abordarse con seriedad y rigor un problema que llevamos arrastrando desde año muchos años. El Estado de las autonomías ya no da más de sí, ha sido la casa de tócame Roque y el-aquí-mando-yo, una sucesión de cortijos donde los respectivos partidos gobernantes han actuado como sátrapas. Pero la fiesta se ha terminado.

Aunque el ministro Cristóbal Montoro ha puesto su gesto más adusto para amenazar a las comunidades incumplidoras y el propio Rajoy se ha sumado al ultimatum, quien de verdad ha planteado la cuestión con toda su crudeza ha sido Esperanza Aguirre. Como casi siempre. Hace ya muchas legislaturas que la presidenta madrileña perdió el temor reverencial a lo políticamente correcto y a ella le debemos que el debate conserve cierta frescura, algo de agitación y bastante de provocación. Hay muy pocos políticos como ella capaces de sintentizar en un frase, un enunciado o un gesto el sentir de amplias capas de la población.

Precisamente por esa cualidad, sus enemigos la tachan de populista, cuando deberían reconocerla como intérprete del pueblo. Sólo por eso, por la capacidad que tiene de desquiciar a la oposición socialista y de convertir a esos relamidos intelectuales de la izquierda en posesos echando espuma por la boca, Esperanza Aguirre debería ser declarada bien de interés nacional. Y especie protegida, claro.

El caso es que su propuesta de que el Estado recupere las competencias en Sanidad, Educación y Justicia ha desatado una verdadera tormenta a la que no le ha faltado el aparato eléctrico de rigor: rayos y truenos desde los "posesos" hasta cierta incomodidad desde sus propias filas. Por supuesto, a los nacionalistas catalanes le faltó tiempo para jalear la propuesta, pero eso sí, para que se aplique a las demás autonomías, no a la suya. Ni que decir tiene que la inmensa mayoría de la gente que ha participado en encuestas y debates por Internet apoyan a Aguirre. Y si se hiciera un sondeo entre los funcionarios de Bruselas, me temo que la propuesta arrasaría.

Sin embargo, parece que no es el momento procesal oportuno para llevarla a cabo. Hay demasiadas cosas sobre la mesa y más urgentes que requieren atención y solución. Pero a medio plazo, una vez que España haya salido de la crisis, habrá que recuperar el debate y replantear a fondo la estructura autonómica. Han pasado treinta años desde su puesta en marcha y el modelo ha tocado fondo. Fin de trayecto. Siempre nos quedará Aguirre para recordarlo.

Crónicas de un diplomático jubilado
Aguirre, las autonomías y el eco exterior
Inocencio Arias El Mundo 12 Abril 2012

Rajoy le podría mandar un recadito a Sarkozy para que las patadas que le quiere dar a Zapatero y a su rival en las elecciones ("si gana Hollande" pondrá a Francia de rodillas") no aterricen en nuestro trasero y nuestro bolsillo. La insistencia del Presidente francés en el estado decrépito en que Zapatero dejó a España no nos están haciendo ningún bien. En estos momentos, atraer la atención de cualquier analista sobre nuestro país sólo nos acarrea una mayor pérdida de imagen y de confianza. Recientes artículos del New York Times y de la revista Time, sin atacar a nuestro gobierno, dan cuenta del delicado momento económico que vivimos. Le Monde titula: 'En España los inversores esperan que los cadáveres salgan del armario'. Esto en publicaciones de enorme impacto.

La creencia generalizada entre los observadores extranjeros de que uno de los mayores problemas, un cáncer según alguno, de nuestra postrada situación radica en el crecimiento desmesurado de la arquitectura de las autonomías se ha visto recrudecida con las declaraciones de Esperanza Aguirre. Con el olfato que tiene para decir cosas que por su claridad gustan no sólo al electorado de derechas, la Presidenta de la Comunidad madrileña declara con desparpajo que las Comunidades autónomas deberían devolver al Estado las competencias en Sanidad, Justicia y Educación.

La propuesta es sugestiva porque ello podría implicar una disminución de la costosa duplicidad administrativa que existe en España, y que en algunas autonomías pequeñas resulta incluso hilarante, pero, como la señora Aguirre sabe muy bien, su moción es claramente irrealista.

¿Es concebible, por citar sólo un ejemplo, que una Autonomía en la que en las últimas semanas:

a) sus dirigentes no acuden a Cádiz a conmemorar el aniversario de la primera constitución democrática que en 1812 se dieron todos los españoles a pesar de que diputados de esa región de España jugaron un papel destacado en la elaboración del texto

b) su televisión autonómica se niega a dar el mapa metereológico de España mostrando sólo el de la autonomía como si fueran dos universos distintos y distantes

c) su Vicepresidenta manifiesta que insistir en que ondee la bandera de España en los Ayuntamientos es una "provocación"...,

¿Es concebible, repito, que esa Autonomía -me estoy refiriendo obviamente a Cataluña- pueda devolver las competencias de educación al gobierno central? ¿Es remotamente imaginable? No y no. Un amigo catalán me decía con gracia que el gobierno de la Generalitat, éste o el anterior del tripartito, sería capaz de privar de postre a sus ciudadanos durante diez años antes que devolver una brizna de competencias de educación.

No sería la única autonomía que reaccionara de forma similar. La educación es la clave del sueño identitario, el instrumento indispensable para demostrar que se es algo distinto.

Me imagino, entonces, no sólo me lo imagino, me lo han comentado colegas extranjeros, lo que estarán enviando a sus gobiernos las Embajadas acreditadas en Madrid y que telegráficamente se resume así:

"Gobierno: Rajoy ha tomado medidas, en general sensatas, en tiempo récord. Algunas de ellas sus rivales los socialistas sienten no haberlas adoptado. Miembros del gobierno, sin embargo, hacen declaraciones contradictorias. La política informativa es pobre.

Oposición socialista: no da tregua ni siquiera en medidas que ellos saben habrían tenido que tomar. Es constante el improperio demagógico de que gobierno rompe el consenso y principios básicos de la Constitución

La complejidad de cuestión de las autonomías complica situación. Varias de las más importantes, Vasconia, Cataluña, Andalucía.... muestran disconformidad, que roza la insumisión, con política del gobierno. No es claro que gobierno pueda imponer su voluntad.

Miembros esta Embajada no están en condiciones de aventurar que destino espera a España"

Los telegramas de las Embajadas importantes no diferirán mucho del bosquejo que he hecho. Es sombrío.

De las anécdotas a la categoría
FERNANDO FERNÁNDEZ ABC  12 Abril 2012

EL gobernador del Banco de España comparece ante las Cortes Valencianas para declarar sobre la quiebra y posterior intervención de la CAM. No estamos ante un ejercicio de descentralización administrativa, sino de soberanía política, la misma que ejercieron todas las comunidades autónomas con pleno consentimiento del Tribunal Constitucional, cuando decidieron convertir unas fundaciones o cooperativas de crédito, las Cajas de Ahorros, en bancos de desarrollo regional. Mientras el Gobierno central afortunadamente privatizaba la banca pública, porque no me quiero imaginar el lío en que ahora estaríamos si no hubiera sido así, las comunidades, que estaban todas construyendo un Estado, no encontraron mejor atajo que controlar una parte del sistema financiero. El resto es historia y un completo fracaso. El fracaso de la recapitalización del sistema financiero por falta de coraje político para abordar el tema de fondo que no es otro que desnacionalizar las Cajas de Ahorros. El martes el gobernador, con escandaloso retraso, nos hablaba en un Encuentro Financiero de ABC de la necesidad de que las Cajas salgan de los bancos, lo que traducido quiere decir que los políticos salgan del negocio financiero. Todavía andamos en eso y nos sorprendemos de que España haya perdido credibilidad.

Pero hay más anécdotas jugosas: la presidenta de la Comunidad de Madrid pide devolver al Gobierno central las competencias en sanidad, educación y justicia, lo que ahorraría unos 48.000 millones de euros, curiosamente la cifra en que tiene que reducirse el déficit estructural de la economía española. La prensa supuestamente progresista ?nunca he entendido por qué la izquierda española abandonó el jacobinismo y se hizo nacionalista, si no es por pura táctica electoral? monta en cólera y habla de involución autonómica. Palabras gruesas que no utiliza sin embargo cuando el presidente de Cataluña habla de autonomías artificiales, a las que sí se les puede recortar competencias, añado yo, porque son un invento constitucional y no tienen bases medievales o feudales. Es decir la soberanía original no nace en la Constitución, sino en la leyenda, el mito o la historia sesgada. Traducido en términos prácticos, para algunos el despropósito no está en que el gobernador del Banco de España tenga que desfilar por cuanto parlamento autonómico tenga esa ocurrencia, sino que no lo haga solo en el catalán, vasco, gallego y supongo que el navarro por eso de los fueros.

El debate autonómico está servido y el Gobierno se equivoca en querer ignorarlo. Está servido porque los números no cuadran, los europeos se ha enterado del lío que hemos montado y los inversores andan mosqueados y exigen números claros y contundentes. Algunos ven la solución en acabar con el café para todos y dejar claro que la autonomía política es un privilegio que solo alcanza a algunos españoles, precisamente los que quieren dejar de serlo. Otros hablan abiertamente de recentralizar el Estado limitando el desarrollo autonómico a una descentralización administrativa, sin carga política alguna, cuando así se justifique por razones de eficiencia. Otros más, entre los que están indudablemente los socialistas, han trazado una inviolable raya roja y colocado el actual modelo autonómico al mismo nivel que el Estado de Bienestar. Sólo hace falta más coordinación y un poco de buena voluntad en el control del gasto. ¿Dónde están el Gobierno y el Partido Popular? Si está en esta última tesis, que lo diga y que explique cómo va a ajustar el déficit estructural.

Grandes remedios
ISABEL SAN SEBASTIÁN ABC 12 Abril 2012

PARECE que ni el Gobierno ni los ciudadanos ni mucho menos la oposición calibran bien la magnitud de la tormenta económica que nos azota. No, a juzgar por las respuestas que suscitan las propuestas proporcionadas a la envergadura de la catástrofe. Y como sabemos de sobra, gracias a la gestión de quienes hoy rechazan oír hablar de la herencia que dejaron, lo que sucede cuando se mira hacia otro lado, hay que tener el valor de llamar a las cosas por su nombre y actuar en consecuencia.

Esperanza Aguirre, la única presidenta autonómica que tiene las cuentas cuadradas, ha dado un paso al frente en esa dirección al proponer sus recetas. Era consciente, supongo, de las críticas que iban a lloverle al instante, porque está acostumbrada a ellas. Y le han llovido, en efecto, no sólo del Partido Socialista, cuya tendencia a gastar sin control incurre en lo patológico, sino de quienes dentro del PP tiran con pólvora del rey con más alegría de la responsable. Los nacionalistas, por supuesto, han aprovechado para afirmar que el «café para todos» nunca será una solución ya que ellos exigirán doble ración de lo que haya; lo de siempre.

Ha planteado la líder del PP madrileño devolver competencias al Estado en Sanidad, Educación y Justicia, a fin de ahorrar unos 50.000 millones de euros, sin otro coste que enviar a unos cuantos políticos a engrosar las listas del paro. ¿Dónde está el problema? ¿Es que la Constitución está llamada a durar mil años petrificada en su redacción actual? ¿Tendrán que pagar nuestros nietos los errores de una Transición que creyó erróneamente resolver uno o dos problemas graves multiplicándolos por diez y siete? El modelo de Estado que Rajoy pretende mantener intacto es inoperante y además cuesta mucho más de lo que podemos pagar. Cuanto antes lo reconozcamos antes saldremos del túnel.

Pero hay más. Las tarifas del transporte público, de la educación superior o de la justicia en apelación han de acercarse a lo que realmente cuestan esos servicios, so pena de verlos saltar por los aires. ¿Tan difícil es asumir que a coste cero demanda infinita? Luego será preciso establecer medidas compensatorias para ciertos colectivos, pero lo que no es viable es perpetuar una red de subsidios que desvirtúa la concepción de lo que son «derechos» a la vez que agiganta el agujero de nuestras finanzas.

Y voy con lo más polémico. Lo que me valdrá, seguro, más de un insulto en twitter. No importa; llevo calado el yelmo y sé que pongo por escrito lo que muchos españoles piensan aunque, en virtud de la «corrección política», pocos se atrevan a decirlo. Allá va: la sanidad pública, una de las mejores del mundo, no puede ser universal y gratuita para quienes nunca han cotizado al sistema o lo han hecho únicamente por espacio de algunos meses. Es insostenible que todos los extranjeros que ponen pie en nuestro suelo tengan inmediatamente acceso no ya a una atención de urgencia, que no puede negársele a nadie, sino a toda clase de tratamientos por caros y complejos que resulten. Ningún país de nuestro entorno funciona así. Sólo hace falta hablar con el personal de los hospitales y centros de salud para constatar que esto que hoy yo digo ellos llevan años advirtiéndolo sin éxito. Es aparentemente más «progre» combatir el desfase presupuestario obligando a repagar las medicinas a quienes puedan hacerlo; hablar de «rentas altas» y echar otra nueva carga sobre las espaldas de la clase media. Pero también es más injusto y no deja de ser un parche que pronto se quedará corto. Grandes males precisan grandes remedios y coraje. No más paños calientes.

La reconstrucción del Estado
Xavier Pericay http://xavierpericay.com 12 Abril 2012

Para el común de los españoles, las principales preocupaciones del Gobierno deben ser el paro y los problemas de índole económica. Y deben serlo por la sencilla razón de que son también, a juzgar por los últimos barómetros del CIS, las del común de los españoles. No es de extrañar, por tanto, que en el largo centenar de días que llevamos de legislatura, casi todas las actuaciones gubernamentales hayan tenido por objeto reformar aquellos aspectos del tejido productivo que, de un modo u otro, impiden hoy en día que esas preocupaciones se vayan disipando. Por desgracia, no parece que las políticas emprendidas puedan dar frutos de forma inmediata. Pero lo que sí dan es la sensación, a pesar de algún que otro vaivén, de que alguien gobierna desde la realidad, contando con ella y dispuesto a moldearla en la medida de lo posible y sin perder de vista el imprescindible concierto con las directivas que emanan de la Unión Europea.

Aun así, disposiciones como, por ejemplo, las tendentes a reducir el déficit y controlar el gasto arrojan también otras lecciones, al margen de las que provienen de ver a un gobierno gobernar. Y entre esas lecciones está la evidencia de que en España sigue habiendo un Estado. La necesaria sujeción de las Comunidades Autónomas y las diversas entidades de la Administración local a unos parámetros establecidos por el Gobierno central permite que aflore lo que nunca tendría que haberse desvanecido; esto es, que lo mismo los entes regionales que los locales forman parte del Estado, son Estado. Y que, en consecuencia, sus actos de gobierno, y, en particular, los que atañen a la gestión presupuestaria, los realizan también en nombre del Estado. De lo que se deduce, claro, que todos ellos, con independencia de cuál sea su nivel, deben o deberían sentirse concernidos —desde la lealtad, el compromiso y la responsabilidad— por sus tribulaciones, que son, al cabo, las de todos sus ciudadanos.

Esa resurrección del Estado, sobra decirlo, no obedece a ningún milagro. Al contrario, deriva del estado de necesidad en que se encuentra el país y de la voluntad de ponerle remedio. De ahí que resulte sin duda más apropiado hablar de reconstrucción. Entre otros motivos, porque sólo se reconstruye lo que previamente ha sido destruido. No creo que merezca la pena perder ni un solo segundo en detallar lo ocurrido en España desde que estallaron las crisis financiera y económica hasta que las urnas decidieron que la culpa no era únicamente del hedor de las hipotecas basura o del capricho de los mercados; de todos es sabido y de muchos recordado. Pero lo que ya no suele tenerse tan presente, por cuanto la primacía de asuntos como el paro o la crisis —o incluso la corrupción— los relegan por lo general a un segundo plano, son otros aspectos de ese proceso de erosión sufrido por el Estado. Me refiero, en concreto, a todo aquello que, sin pertenecer ya al ámbito económico, guarda relación con el llamado modelo territorial y cuyos estragos van revelándose poco a poco en la medida en que determinadas actuaciones gubernamentales vienen a subsanar la herencia recibida.

Es el caso, por ejemplo, de los símbolos nacionales. El hecho de que en el balcón de la Casa Consistorial de la localidad barcelonesa de Sant Pol de Mar ondee la bandera española junto a la catalana y la del lugar no debería constituir noticia alguna, si no fuera porque la enseña nacional no ondeaba allí desde hacía años y porque su colocación se produjo tras el apremio de la delegada del Gobierno en Cataluña a la alcaldesa del lugar, de Convergència i Unió, para que cumpliera la ley. (Lo que no impidió, por cierto, que la bandera fuese quemada por los bárbaros irredentos de turno —al igual que lo fue un mes más tarde la del Ayuntamiento de Begues, también en la provincia de Barcelona— y tuviera que ser repuesta tras una nueva requisitoria.) Añadan a lo anterior que la misma ilegalidad se da por lo menos en un centenar de municipios catalanes —por no hablar aquí de los del País Vasco donde ocurre otro tanto— y comprenderán hasta qué punto el desistimiento, cuando no la complicidad, pueden llegar a laminar el Estado.

Como lo han laminado las leyes que han regido y siguen rigiendo nuestro sistema educativo, tan permisivas con el derecho de cada una de las diecisiete porciones del queso hispánico a fijar sus propios contenidos, elegir su propio profesorado y educar, en suma, según sus propios criterios. Hace cosa de un mes, el ministro de Educación anunciaba la redacción de una «Carta de derechos básicos» cuyo propósito principal ha de ser el de reducir las diferencias de nivel entre educandos y garantizar que todos ellos, estén donde estén del territorio español, puedan acceder a una enseñanza de calidad. A falta de saber en qué acabará concretándose esa carta, es de esperar que entre los derechos básicos en ella recogidos figuren el de estudiar en la lengua común del Estado y el de recibir una enseñanza de la historia acorde con aquello que ha hecho de España lo que es, o sea, un Estado. Ni más, ni menos.

En un orden distinto, y reculando algo más en el tiempo, la negativa a permitir que el diputado de Esquerra Republicana Alfred Bosch forme parte de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso en representación del Grupo Mixto constituye asimismo una señal de ese fortalecimiento estatal. No por lo que atesore o deje de atesorar el diputado en cuanto a honorabilidad personal o méritos novelísticos, sino por el riesgo que conlleva, para la seguridad del Estado, que determinada información reservada pueda llegar a manos del representante de una formación que ha suscrito acuerdos electorales con una de las fuerzas políticas que integran Amaiur y se ha opuesto en todo momento a la Ley de Partidos con el argumento de que Batasuna y ETA no son uno y lo mismo. Por no aludir, simplemente, a lo paradójico que hubiera resultado confiar la seguridad del Estado a la lealtad del representante de una formación cuya máxima aspiración es destruir ese mismo Estado aunque sea por medios democráticos.

Y, en fin, sin movernos del tema vasco, esa reconstrucción del Estado a la que venimos refiriéndonos se refleja igualmente en la postura de firmeza que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, mantiene en lo tocante a una posible negociación con la banda terrorista o sus representantes en la arena política. Que después de los bandazos de estos últimos años, marcados por el imperio del relativismo y del pensamiento (¿?) deliberativo, volvamos a estar donde le corresponde a un Estado democrático, esto es, enfrentado al terrorismo, aunque este se presente ahora adormilado, cual lindo gatito, no deja de producir en la gran mayoría de los ciudadanos un enorme alivio, como se desprende del último estudio postelectoral del CIS.

Durante demasiado tiempo ese Estado de las Autonomías que es el nuestro ha evolucionado con la atención puesta en el encaje del complemento del sintagma, con la obsesión por encontrarle acomodo, sin reparar en el desgaste que tales manejos ocasionaban al núcleo mismo. Ya va siendo hora, pues, de que todo vuelva a su sitio, de que, más allá de las Autonomías, el Estado vuelva a ser Estado.

(ABC, 11 de abril de 2012)

Cataluña
La Generalidad mantiene el veto a las empresas y particulares que no usen el catalán y opten a subvenciones
La exclusión afecta a las ayudas a las consultorías para empresas culturales; a la implantación de sistemas voluntarios de gestión ambiental; a los proyectos de cooperación al desarrollo; y a las becas para estancias en las ‘embajadas’ autonómicas y para estudios de postgrado en Estados Unidos.
Redacción www.vozbcn.com  12 Abril 2012

CiU ha decidido intensificar la discriminación hacia los castellanohablantes de Cataluña. Esto es lo que se deduce de la última ronda de subvenciones de los más diversos ámbitos convocadas por la Generalidad, y que establecen la obligatoriedad del uso del catalán a todos aquellos que quieran optar a estas ayudas, bien sean personas o empresas.

De esta forma, el Gobierno autonómico sigue incumpliendo de forma sistemática la doctrina del Tribunal Constitucional, que en su sentencia de junio de 2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña decretó que el catalán no podía ser lengua ‘preferente’ para la administración, y dictaminó que el deber de disponibilidad lingüística ‘sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’, pero nunca entre privados.

Consultorías para empresas culturales
El Instituto Catalán de las Empresas Culturales, dependiente de la Consejería de Cultura, ha aprobado las bases (resolución CLT/617/2012) para ‘la concesión de subvenciones para la realización de consultorías para empresas, tanto personas físicas como jurídicas, y entidades de los ámbitos de las artes escénicas, de las artes visuales, del mundo editorial, del videojuego, del multimedia, del discográfico y musical, del audiovisual y de otros ámbitos de la vida cultural en las siguientes modalidades’, tal y como recoge el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOCG) de este miércoles.

Entre los requisitos exigidos a las empresas o entidades que quieran acceder a estas ayudas, que forman parte del Programa Consultoría Cultura, destaca el cumplimiento de los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística, que obligan a rotular todos los carteles -internos y externos- y a redactar todos los documentos de oferta de servicios, al menos, en catalán.

Implantación de sistemas voluntarios de gestión ambiental
Ese mismo día, el DOGC ha publicado las bases que regulan ‘las subvenciones para la implantación de sistemas voluntarios de gestión ambiental’ (orden TES/81/2012). Se trata de unas ayudas otorgadas por la Consejería de Territorio y Sostenibilidad destinadas a empresas, tanto privadas como públicas, entes locales, asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

En esta ocasión, también es preceptivo para quienes quieran optar a estas subvenciones cumplir los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística, que obligan a las empresas y entidades a utilizar, al menos, el catalán en sus señalizaciones y rótulos.

Proyectos de cooperación al desarrollo
Por otra parte, este jueves el DOGC ha abierto la ‘convocatoria pública para la concesión de subvenciones para proyectos de cooperación al desarrollo’ para el ejercicio 2012 (resolución PRE/637/2012), siguiendo las bases aprobadas hace dos semanas. En esta ocasión, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), dependiente del departamento de la Presidencia de la Generalidad, repartirá dos millones de euros.

Como es habitual, las ONG que quieran solicitar estas subvenciones tienen que cumplir, entre otros requisitos, los artículos 32.1, 32.3 y 36.4 de la Ley de Política Lingüística, que obligan a las entidades a que ‘la señalización y los carteles de información general de carácter fijo y los documentos de oferta de servicios para las personas usuarias y consumidoras de los establecimientos abiertos al público deben estar redactados, al menos, en catalán’, y ‘los rótulos e informaciones de carácter fijo y que contengan texto que han de constar en el interior de los centros laborales dirigidos a las personas que trabajen en los mismos deben figurar, al menos, en catalán’.

Becas para estancias en las delegaciones en el exterior
En el mismo DOGC se recoge la aprobación de las ‘bases reguladoras de los procedimientos para la concesión de los diferentes programas de becas ofrecidas en el ámbito de la acción exterior del departamento [autonómico] de la Presidencia’ dirigidas a titulados universitarios (orden PRE/82/2012). Estas becas incluyen estancias en las delegaciones en el exterior -las denominadas embajadas autonómicas-; la realización de prácticas en organizaciones internacionales (Becas Canigó); ayudas para miembros de las comunidades catalanas en el exterior; y becas para estancias en comunidades catalanas del exterior.

El importe de los subsidios pueden alcanzar hasta los 1.800 euros mensuales durante un curso completo por persona. Eso sí, para poder optar a estas becas los interesados deberán acreditar un nivel C de catalán (el segundo más alto de los cinco niveles existentes), mientras que bastará con ‘tener un buen conocimiento oral y escrito del castellano y la lengua del país donde se realiza la estancia’, o bien, realizar una ‘declaración personal responsable de que se conoce la lengua del país de destino de manera suficiente para el desarrollo adecuado de la beca’.

Becas para estudios de postgrado en Estados Unidos
Por último, el DOGC recoge otra convocatoria de ayudas para estudios de postgrado: las Becas Balsells-Generalidad de Cataluña (resolución ECO/630/2012). En esta ocasión, se trata de ayudas destinadas a la realización de ‘estudios de posgrado y estancias de investigación posdoctorales en el ámbito de las ingenierías y las ciencias experimentales en la University of California, Irvine (BBI)’.

La Consejería de Economía y Conocimiento repartirá 332.562,50 dólares entre once personas para el curso académico 2012-2013, pero para poder optar a ellas deberán presentar una descripción del proyecto que quieran desarrollar en la citada universidad redactado en catalán y en inglés.

"Mostrar la realidad catalana"
La Generalidad diluye el español entre el chino mandarín y el urdu
ÁNGEL LEÓN. BARCELONA www.gaceta.es 12 Abril 2012

El Gobierno catalán promueve la pluralidad lingüística mientras incumple las sentencias del Supremo. El Consorcio para la Normalización sufraga en Hospitalet una muestra de diversidad lingüística.

El Consorcio para la Normalización Lingüística, entidad dependiente de la Generalidad y de una treintena de ayuntamientos catalanes creada para la promoción del catalán, lleva a cabo en Hospitalet (Barcelona) un proyecto para mostrar la diversidad lingüística de la segunda ciudad de Cataluña y la "realidad socio-cultural de la población".

Una de las actividades desarrolladas consistió en traducir a 12 lenguas y 4 dialectos del catalán un fragmento del poema "Vistes al mar", de Joan Maragall, con el objetivo de detectar los diferentes idiomas de los alumnos de los cursos de catalán, la captación de los diversos alfabetos y la plasmación de esa pluralidad lingüística en un mapa del mundo. El centro ha puesto especial énfasis en destacar la unidad de la lengua catalana mostrando cuatro de sus variedades dialectales e incluyendo una lámina con la localización geográfica de estos dialectos.

A raíz del éxito de esta primera actuación, el Centro para la Normalización Lingüística decidió ampliar a 24 el número de lenguas a las que podía traducirse el fragmento del poema de Joan Maragall, como el árabe, el polaco, el ruso, el turco, el albanés, el chino mandarín, el quechua (lengua indígena amerindia de los Andes) y el duala -una lengua de la familia bantú hablada por algunos pueblos del Camerún-, entre las que también aparece el castellano junto al urdu (hablado en la India y Pakistán), el vascuence y el ucraniano.

El trabajo de campo realizado por esta entidad -cuyo objetivo, según sus estatutos, es la “divulgación de la lengua propia de Cataluña”- se plasmó en una exposición en la que se exhibieron las traducciones y las láminas ilustrativas de las variantes dialectales del catalán y el mapamundi con la distribución geográfica de la veintena de lenguas estudiadas. Todo este material se recopilará en un libro que editará el Centro de Estudios de Hospitalet -asociación cultural subvencionada por la Generalidad y el ayuntamiento-.

Entre los objetivos que figuran en la convocatoria del proyecto figura, además de difundir y valorar la diversidad lingüística, la de fomentar el respeto por todas las lenguas. Cabe suponer que, entre este magma babélico, también debe valorarse y respetarse de manera especial el español, lengua cooficial -junto al catalán- en la comunidad autónoma.

Sin embargo, mientras la Generalidad impulsa estos ambiciosos y loables proyectos, se niega a cumplir las cinco sentencias del Tribunal Supremo que reconocen al español el carácter de lengua vehicular en la enseñanza. El último episodio de este litigio se produjo hace apenas un mes, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó un auto en el que indirectamente avaló la postura del gobierno de Artur Mas, al no obligar a la Generalidad a modificar el sistema educativo para que permita también la enseñanza en español, tal como establece el fallo del Supremo y la previa sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña.

Convivencia Cívica Catalana presenta este viernes el libro más reciente de Alejo Vidal-Quadras
Convivencia Cívica Catalana 12 Abril 2012

Estimado amigo,

Como probablemente sabrás, Alejo Vidal-Quadras fue el fundador en 1998 de nuestra asociación, Convivencia Cívica Catalana.

Y nosotros en Convivencia siempre nos enorgullecemos de ello. Probablemente Alejo Vidal-Quadras es de las personas que más claro ha hablado en España sobre los peligros que entraña el nacionalismo catalán y el vasco. De ahí, la animadversión que siempre le han profesado los nacionalistas, ya desde los tiempos de Jordi Pujol a la actualidad.

Recientemente Alejo, actualmente eurodiputado en Bruselas, ha publicado un libro de cabecera para los que admiramos su trayectoria. Se trata de “Ahora, cambio de rumbo”, un manifiesto breve, completo y preciso en el que Alejo Vidal-Quadras marca un camino para el nuevo Ejecutivo surgido de la voluntad popular el pasado 20 de noviembre.

En su opinión, “España demanda no sólo reformas, sino una regeneración de fondo”. “No son momentos para la cautela, el tactismo o el refugio en un centrismo descafeinado y pusilánime. Los tiempos son de prueba y exigencia y demandan valentía, convicción, compromiso, firmeza y capacidad de arrastre. La hora del cambalache entre partidos ha terminado”.

En este enlace encontrarás más información sobre esta obra:
http://www.diarioelaguijon.com/noticia/329/CULTURA/alejo-vidalquadras-%E2%80%9Cen-espa%C3%B1a-llegado-punto-fracaso-colectivo%E2%80%9D.html

Sin lugar a dudas, se trata de un libro de gran interés. Por ello, CONVIVENCIA CIVICA CATALANA junto con el FORO ESPAÑA HOY convocan a nuestros simpatizantes a la presentación de “AHORA, CAMBIO DE RUMBO”:

El Acto-Coloquio contará con la presencia de Alejo Vidal-Quadras y tendrá lugar este viernes 13 de Abril, a las 19:30 en los salones del HOTEL HUSA ILLA en la Avda. Diagonal 555 de Barcelona.

Debatiremos con Alejo sobre su obra y pensamiento. Para ello también contaremos con otras personalidades de relieve político y social, con las que podremos incidir y polemizar sobre los puntos de más actualidad y que más nos preocupan e interesan en torno a la obra y en torno a nuestra nación, España.

Nos gustaría poder contar con tu asistencia y participación y como siempre te pedimos que difundas esta convocatoria entre amigos e interesados.

Ojalá tuviéramos en España más políticos con la clarividencia, la honestidad y la firmeza de convicciones de Alejo Vidal-Quadras. Probablemente nos iría bastante mejor.

Contar con él en este acto en Barcelona es para Convivencia Cívica Catalana un honor y un placer que queremos compartir contigo. Te esperamos.

Atentamente, Convivencia Cívica Catalana
www.convivenciacivica.org
http://facebook.com/ConvivenciaCivicaCatalana

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La famosa disposición adicional
Francesc de Carreras. La Vanguardia 12 Abril 2012

Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Con la presentación por el Gobierno del proyecto de ley de presupuestos vuelve a invocarse el incumplimiento por parte del Estado de la famosa disposición adicional tercera del Estatut. Según fuentes autorizadas del Govern de la Generalitat, dicha disposición establece que el Estado está obligado a invertir en Catalunya en materia de infraestructuras por un valor equivalente al porcentaje del producto interior bruto (PIB) catalán en relación con el PIB del conjunto del Estado. De acuerdo con este criterio, en dichos Presupuestos debería figurar una partida de 219 millones para inversiones en Catalunya, el 18,6% del PIB español, que no aparece por ninguna parte.

Pues bien, tales afirmaciones parten de una premisa falsa: la disposición adicional citada no adopta tal criterio. Y si la premisa es falsa, su consecuencia es errónea: no existe, pues, obligación jurídica alguna por parte del Estado para llevar a cabo tal inversión. Ello hace que todo el argumento sea inconsistente. ¿Por qué la premisa es falsa? Porque el Estatut no es sólo el texto aprobado por las Cortes Generales y ratificado en referéndum sino que es este mismo texto leído a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional.

El texto de la disposición adicional tercera del Estatut, en la parte que nos interesa, dice así: "La inversión del Estado en Catalunya en infraestructuras (...) se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Catalunya con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años". A primera vista parece que la interpretación del Govern se corresponde con el texto estatutario. El error consiste en que esta interpretación literal conduce al absurdo: esto es lo que desvela el TC en su sentencia, con razones de una aplastante obviedad jurídica y lógica.

En efecto, como sucede con muchos otros preceptos estatutarios también invalidados, el fondo del asunto reside en que el Estatut es una norma cuyo ámbito de aplicación debe limitarse al territorio de Catalunya y no puede vincular jurídicamente a órganos situados fuera de este territorio. Las inversiones del Estado en Catalunya en materia de infraestructuras -ojo: no las de la Generalitat- deben estar previstas en la ley de Presupuestos Generales del Estado que aprueban las Cortes Generales. Es evidente que una ley territorial como el Estatut no puede determinar una materia de exclusiva competencia estatal como es la elaboración y aprobación de sus propios presupuestos, es decir, sus partidas de ingresos y gastos.

Todo ello lo reconoce la sentencia, recordando doctrina anterior, al sostener que "no puede admitirse que la disposición adicional tercera vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (...) pues es al Estado a quien le corresponde en exclusiva (...) decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución (Hacienda general)". En consecuencia, la disposición adicional en cuestión, "debe, pues, interpretarse en el sentido de que no vincula al Estado en la definición de su política de inversiones, ni menoscaba la plena libertad de las Cortes Generales para decidir sobre la existencia y cuantía de dichas inversiones. Interpretada en estos términos -concluye la sentencia- la disposición adicional tercera, apartado 1, no es contraria a la Constitución".

La sentencia se excede salvando preceptos que deberían haber sido declarados nulos porque su significado es opuesto, en cualquiera de sus acepciones, al que le atribuye el Tribunal y este es un caso prototípico. Nunca se había utilizado con tanta profusión la técnica de la interpretación conforme. Es por ello que el Estatut debe ser leído con las correcciones que la sentencia introduce, para lo cual una guía sumamente útil es el libro del profesor José Carlos Remotti, El Estatuto de Autonomía de Cataluña y su interpretación por el Tribunal Constitucional (Bosch editor, Barcelona, 2011), que tras cada artículo estatutario sintetiza la doctrina constitucional y reproduce los párrafos esenciales que la justifican. Cargos públicos, funcionarios y periodistas deberían tener este libro siempre a mano para navegar con una cierta seguridad por los difíciles vericuetos que resultan de combinar texto y sentencia.

En cualquier caso, la famosa disposición adicional tercera del Estatut no establece obligación alguna para el Estado en materia de inversiones en Catalunya. Otra cosa es que el Estado decida libremente invertir el 18,6%. O más. O menos. Pero el Estatut no puede vincular las decisiones del Estado, algo de puro sentido común que sólo una reforma estatutaria tan disparatada como la catalana -imitada después en este punto por la mayoría de las demás reformas- podía establecer. Sin embargo, aún peor es obstinarse en sostener que el Estatut dice algo que no dice. Dudo que sea fruto de la ignorancia y prefiero no pensar que es fruto de la mala fe.

"Mariano, ¿me prestas unos milloncejos para independizarme?"
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital 12 Abril 2012

¿Os imagináis a Simón Bolívar pidiendo oro a Fernando VII para pagar a sus soldados criollos? ¿O a Lumumba firmando cheques contra el Reino de Bélgica? Pues en España, siempre surrealista, los separatistas quieren que la independencia se la paguemos los demás.

¿Qué puede ser más humillante para un nazionalista catalán que tener que pedir dinero prestado a Madrit? Pocas cosas. Ya dijo Artur Mas que a él no le importaría tener una nieta musulmana si hablaba catalán. Quizás que la hija favorita, musulmana o no, se case con un sargento de la Legión o que l'hereu se haga costalero en una cofradía.

Pues ElConfidencial ha publicado que Artur Mas pagó las nóminas de marzo con un adelanto que le dio Rajoy. Los mismos que se quieren independizar del resto de España tienen que pedir fondos a la hacienda estatal (ésa a la que los Mas estafaron varios millones de euros). De chiste. Y luego Mas dice que Cataluña pertenece a España por la fuerza. ¡Menudo negocio estamos haciendo los colonizadores con esta colonia, donde hay unos sueldos que no tenemos en Madrit!

¿Dónde quedan la autonomía y la responsabilidad fiscal y gubernativa? ¿Para qué sirven las autonomías? Un gobiernito autonómico puede derrochar lo que quiera, porque siempre irá la Nación, o sea todos, a prestarle todavía más. Y en el caso catalán, encima ni lo agradecen los mismos que han convertido Cataluña de ser una región industrial en una región subvencionada.

España siempre asombrando al mundo: el descubrimiento de América, el Siglo de Oro, la victoria de Lepanto, la batalla de Bailén, la transición pacífica a la democracia (jo, jo, jo) y la independencia pagada por los colonizadores. Que aprendan los escoceses.

Por cierto, ¿cuándo se va la señora Cataluña?.
(Lo anterior demuestra que el separatismo sólo existe por los tontos de Madrid.)

EL ESTATUT, SOMETIDO AL CONTITUCIONAL
Francesc de Carreras publica en La Vanguardia una excelente tribuna en la que vuelve a explicar que el Esattuto catalán está sometido a la Constitución y la Tribunal Constitucional:
el Estatut no es sólo el texto aprobado por las Cortes Generales y ratificado en referéndum sino que es este mismo texto leído a la luz de la sentencia del Tribunal Constitucional.

Si el PP no hubiese recurrido el Estatuto de marras, tal como pretendían Zapatero, Chacón, Rubalcaba, González y Alfonso Guerra, el saqueo de las arcas públicas por la oligarquía catalana sería legal. Al lado de la española, la izquierda francesa es la Atenas de Pericles.

Círculo Balear denuncia el adoctrinamiento político del Instituto Marratxí de Mallorca
Elaboran un video en el que se refleja el atropello y la ilegalidad de la campaña 'Enllaçats pel català'
 www.lavozlibre.com 12 Abril 2012

Madrid.- Alumnos del IES Marratxí de Mallorca han solicitado ayuda y apoyo a la Fundación Círculo Balear (FNCB) para denunciar el adoctrinamiento político nacionalista que están sufriendo en el Instituto. Como respuesta a los videos que están difundiendo los profesores catalanistas con el respaldo del sindicato nacionalista STEI-i, han elaborado un video en el que se reflejan los atropellos y la ilegalidad de la campaña ‘Enllaçats pel català’.

El video demuestra el adoctrinamiento pancatalanista que sufren los alumnos en este Instituto, y en otros centros: obligados a escuchar manifiestos políticos en horario lectivo, manifestaciones independentistas, instalación de banderas catalanas, arengas nacionalistas, etc. Dentro de las aulas, y en los patios. Todo ello infringiendo la ley y la normativa disciplinaria que afecta a los docentes y que les obliga a mantener la neutralidad ideológica y política en el ejercicio de su cargo y en instalaciones educativas.

Tal y como denuncia Círculo Balear, en el IES de Marratxí vienen sufriendo desde hace más de un año la politización en sus aulas por las acciones ilegales que impulsa el director del centro, Jaume March, contravieniendo la legislación vigente. Últimamente, con la campaña ‘Enllaçats pel català’, este Instituto está desafiando a la Consejería de Educación del Gobierno balear incumpliendo las instrucciones que el consejero Rafael Bosch remite para que cese la politización pancatalanista en las aulas.

Por eso, esta asociación, que ya ha registrado una denuncia, exige a Rafael Bosch que tome “de una vez por todas, las medidas oportunas para que la legalidad se cumpla, sancionando a los docentes y directivos de los centros que, como el IES Marratxí, se jactan de incumplir la ley”."La Consejería de Educación tiene la obligación de ayudar a los alumnos, padres y profesores que han apoyado la realización de este video como grito de auxilio ante los atropellos que vienen sufriendo. De lo contrario la responsabilidad recaerá en el Consejero de Educación por no hacer cumplir la ley", señalan.

El propio presidente fundador del Círculo Balear, Jorge Campos, ha ofrecido su apoyo y asesoramiento a los alumnos, profesores y padres del IES Marratxí para que cese la politización en las aulas y el adoctrinamiento de los alumnos menores de edad.


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