AGLI Recortes de Prensa   Domingo 15 Abril 2012

Los barones del PP se alían para aprobarlo este viernes
Carmen Morodo La Razón 15 Abril 2012

«Este próximo viernes van a cambiar muchas cosas». Ésta fue una de las primeras reflexiones de uno de los barones del PP que ayer asistió a la cumbre extraordinaria que Mariano Rajoy convocó en Génova para envolverse en el apoyo de sus presidentes autonómicos y dirigentes territoriales ante el drástico proceso de ajuste del gasto público que se concretará en los próximos días y que obligará en primera persona a las comunidades autónomas (CC AA).

El objetivo de partida era doble. Por un lado, el Ejecutivo quería reforzar su posición ante la negociación de esta semana, ya en un marco multilateral, es decir, con comunidades no controladas por el PP y que en algunos casos, como el andaluz, plantarán batalla contra las propuestas del Gobierno. Por otro, seguir lanzando mensajes de confianza al exterior sobre su margen para conseguir que las CC AA sí hagan sus deberes este año y cumplan con el déficit del 1,5 por ciento. Ganar la confianza en esta materia se considera imprescindible en un momento en el que Alemania ha vuelto a meterse por medio para interrumpir el grifo del Banco Central Europeo (BCE).

El lunes se reunirá la conferencia interterritorial de Educación, y el miércoles, la de Sanidad. Y aunque ahí se terminará de poner el lazo a las medidas que el viernes recogerán sendos decretos leyes sobre Sanidad y Educación que aprobará el Consejo de Ministros, ayer Rajoy consiguió meter en su saco un previsible apoyo sin fisuras de todos sus barones para hacer suyos sus ajustes y llevarlos a sus Presupuestos –los 10.000 millones extraordinarios de ahorro–. Pero también el respaldo sin fisuras para asumir decisiones costosas ante la opinión pública en lo que afecta a la revisión de servicios que hasta ahora eran gratuitos, y para acelerar estos ajustes y la estabilidad presupuestaria.

Uno de los elementos más positivos de la reunión fue el clima en el que se desarrolló. Los presidentes autonómicos casi no hablaron de sus problemas concretos, sino que sintonizaron con la demanda de Rajoy de colocar las luces largas y prestaron más atención al análisis del problema en su conjunto, es decir, de España. Obviamente sí hubo referencias a cuestiones concretas que creen que hay que corregir en Sanidad y en otras áreas: los representantes del Gobierno, Rajoy y también la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros Luis de Guindos y Cristóbal Montoro tomaron nota de las aportaciones.

El cónclave sirvió, sin duda, para que los consejeros se fajen esta semana en las trascendentes cumbres sectoriales en Educación y en Sanidad, en las que se revisarán cuestiones claves del actual modelo. Muchos de los dirigentes territoriales aprovecharon su intervención para poner el acento en los fallos de la comunicación por parte del Gobierno y del partido de las decisiones que se están adoptando y de los motivos en los que se justifican. Éste es un debate que se ha puesto de plena actualidad esta última semana, aunque ya venía arrastrándose desde atrás. Al relevante Consejo de Ministros del viernes también parece que irá la revisión del modelo de televisiones autonómicas desde la perspectiva de su privatización. Y, dado que algunos de los barones se quejaron de la situación de RTVE, el Gobierno podría incluir en su agenda al ente público (sigue pendiente el relevo de su dirección por la falta de acuerdo con el PSOE).

Uno de los puntos sobre el que hubo acuerdo entre los barones populares fue el de que el problema del Estado autonómico pasa hoy por la reordenación de las competencias, y no por su devolución al Estado, medida que planteó la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, tras reunirse esta semana con Rajoy. Pero a puerta cerrada no hablaron de competencias concretas sobre las que hacer efectivo ese principio de «eliminación de duplicidades y ordenación».

En el debate sí que estuvo la necesidad de poner orden en materias autonómicas sensibles. Y es que uno de los acuerdos sellados más relevante es el de que asumen que ha llegado el momento de acometer una profunda reforma del conjunto de las administraciones públicas, pero también de los servicios que prestan. Detrás de esta teoría están medidas, de las que ya ha informado este periódico, como la revisión de tasas y del catálogo sanitario de prestaciones, el aumento del número de alumnos por aula (se ha manejado elevarlo de 25 a unos 35/40) y de las horas lectivas, la reforma del gasto farmacéutico y el copago por medicinas. Cuestiones que irán todas al Consejo de Ministros una vez cerrado el acuerdo con las comunidades.

Cambios para funcionarios
Sobre la mesa del Gobierno también hay cambios en el área de los empleados públicos, como la revisión de los días por asuntos propios, de los complementos o de los trienios, pero la decisión es esperar un poco para compensar el coste de las iniciativas que aprobarán el viernes y no soliviantar en exceso a los funcionarios.

La gravedad de la situación, y lo que vendrá con el próximo Consejo de Ministros, se resume en una de las frases de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal: «No hay que dejarse llevar por quienes llaman derechos sociales a beneficios que en época de bonanza han podido disfrutar los españoles». Citó, como ejemplos, los libros o el transporte público gratuito para todo el mundo. Cospedal solemnizó una vez más el compromiso del PP con los servicios sociales. «Estamos comprometidos con los servicios públicos esenciales y los vamos a garantizar», subrayó.

Compromisos de los barones del PP
- Reforma de las Administraciones Públicas y de los servicios que prestan.
- Eliminación de duplicidades y ordenación de competencias.
- Aplicación inmediata de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de la Ley de Transparencia.
- Lealtad institucional: a cambio exigen al Estado que se comprometa a no imponer o regular obligaciones de gasto de las comunidades sin financiación.
- Nueva normativa sobre la unidad de mercado.
- Centrales de compra y otras medidas para disminuir los costes empresariales y mejorar la calidad-precio de los productos.
- Trasladar a sus presupuestos el recorte de 10.000 millones de euros y cumplir con el déficit del 1,5 por ciento.

A Esperanza Aguirre solo le faltó presentar la dimisión
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 15 Abril 2012

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA

Era lo obligado en coherencia con lo dicho. Propuso Aguirre devolver las grandes competencias al Estado, y a los Ayuntamientos otras no menos importantes para suprimir gastos ingentes, mucho personal y hasta los parlamentos regionales con su potestad legislativa y función de representación, claro está. El equivalente a deshacer el estado de las autonomías, destruir la Constitución actual y redactar otra con un diseño de organización territorial bien distinto al existente. ¡En un plis plas y de Madrid al cielo! Lo piensa mucha gente, no hay duda. Mucha gente importante de esa que ha recibido grandes subvenciones de los gobiernos autonómicos y que ha hecho grandes negocios del brazo de los amigos consejeros y presidentes regionales. ¡Si lo sabrá Esperanza Aguirre! Si lo sabrán en el PP de Matas, Camps y otros cuantos jerifaltes populares o no. Ahora que después de treinta años la crisis nos pone delante del espejo y nos muestra que lo que, se decía, funcionaba razonablemente bien deja mucho que desear y ha sido causa y tapadera de no pocos desmanes, viene Aguirre a denunciarlo con la brocha gorda del centralismo más reaccionario y del ultraliberalismo más antisocial. Ella que fue ministra, presidenta del Senado y desde 2003 presidenta de Madrid dice ahora que nos podíamos haber ahorrado las autonomías.

Sobran provocaciones y discursos bordes como el de Aguirre. Más ahora que hace falta mucho tacto para no alimentar el legítimo enfado de millones de ciudadanos que han pagado religiosamente sus impuestos, que no han saqueado las arcas públicas, ni recibido subvenciones, ni colocado a los parientes en la administración autonómica, ni esquilmado a las cajas de ahorro donde los mandones autonómicos y sus arrogantes cohortes de vanidosos emprendedores de la nada han metido la mano sin luz ni control. Lo de Aguirre es la provocación de una irresponsable por frívola, por ignorante y por su inaudita desfachatez. Sería excusable en la soflama de un taxista o en el arrebato de un perdedor pero no es tolerable en la dirigente madrileña. Las autonomías tienen que apretarse el cinturón, no desentenderse de sus responsabilidades y, eso sí, en cuanto sus electores puedan que echen a gobernantas como Aguirre.

Ni siquiera llega a globo sonda la torpe provocación de Aguirre. Rajoy y Beteta, al secretario de Estado de Administraciones Públicas que la conoce bien porque trabajó años a su lado en la Comunidad de Madrid, le han dado un no rotundo y otros la oposición y los partidos nacionalistas. Una cosa es hacer reformas y reconducciones serias y pactadas y otra muy distinta es coger la escoba y barrer treinta años de autonomías como si fuera coser y cantar. Es la vieja y salvaje reacción de la derecha ultramontana a lo largo de nuestra historia. Como en 1814, como en 1936, pero esta vez, menos mal, con una escoba en la mano.

La cátedra de la sinrazón
Nota del Editor 15 Abril 2012

Si hubiese algún servicio que a nivel autonómico pudiera ser más efectivo que a nivel nacional, habría que crear la autonomía correspondiente para poder gestionarlo, pero no es el caso.

No hay servicio fundamental alguno que pueda ser más efectivo a nivel autonómico que nacional (o supranacional).

Atacar sin argumentos es lo típico de la "izquierda", el cátedro de la asingatura absolutamente prescindible da un ejemplo por escrito.

Hay que desmantelar el sistema depredador que los profesionales de la política han montado para vivir como marajás a nuestra costa, amparados en la constitución más irracional jamás escrita.

Y a ver si se enteran de que la guerra civil ya terminó, que la "izquierda" la perdió y que la "izquierda" después de la caída del muro de Berlín ha quedado como para que se callen para siempre.

Escribo "izquierda" porque su empleo no tiene sentido, ni político ni social, la civilización tiene tantas facetas que separarlas en dos bloques es tarea inútil.

REUNIÓN CON RAJOY
Portazo, pero con matices, a la última idea de Aguirre para ahorrar
EP www.elsemanaldigital.com 15 Abril 2012

Los barones del PP han desechado en Génova la última y drástica apuesta de la presidenta madrileña para recortar 48.000 millones de golpe pero no ha caído en saco roto.

Los barones del PP han descartado este sábado devolver competencias al Estado, tal como apuntó el pasado lunes Esperanza Aguirre en La Moncloa para ahorrar unos 48.000 millones de euros, pero su propuesta no ha caído en saco roto del todo porque sí han defendido la necesidad de "reordenarlas" y "eliminar duplicidades".

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y sus presidentes autonómicos y regionales del PP se han comprometido a "garantizar" los servicios sociales básicos que reciben los ciudadanos, pero para ello se han marcado como reto establecer un "sistema de prioridades" porque "de otra manera, sería imposible mantenerlos", debido a la situación económica "heredada" del PSOE.

"El compromiso con la ciudadanía española y el mantenimiento de lo servicios sociales básicos es absolutamente total, como lo es el establecimiento de prioridades para garantizar esos servicios básicos", ha declarado la secretaria general del partido y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, que ha recalcado que no se pueden considerar derechos sociales los beneficios de los que han disfrutado los ciudadanos en época de bonanza económica, como libros o transporte gratis.

En la reunión en Génova, que se ha prolongado más de dos horas, los presidentes del PP se han comprometido a "racionalizar" las administraciones, evitar duplicidades y ordenar las competencias, con el fin de "gestionar el dinero de los ciudadanos de la manera más austera y sobria posible", en palabras de Cospedal.

Además, la número dos del PP ha señalado que el jefe del Ejecutivo ha trasladado un mensaje de "confianza" y ha destacado que España saldrá de la crisis si cumple el objetivo de déficit y sigue adelante con las reformas. "Ese mensaje de confianza absoluta ha sido apoyado y respaldado por todo los presidentes del PP", ha dicho, para subrayar que todos los presidentes se han comprometido con el cumplimiento del objetivo de déficit del 1,5% fijado para las CC.AA.

Rajoy y los presidentes del PP han suscrito una declaración, que Cospedal ha definido como "el gran pacto del Partido Popular", al que ha invitado a sumarse a otros grupos políticos. De hecho, ha asegurado que el Ejecutivo no renuncia a un gran pacto con el primer partido de la oposición, si bien ha recordado que el PSOE votó en contra de la Ley de Estabilidad Presupuestaria esta misma semana en el Congreso.

Unidad para el ajuste en educación, sanidad y televisiones autonómicas

Racionalización autonómica
El Editorial La Razón 15 Abril 2012

La crisis económica mundial ha tenido una víctima, por muchos inesperada, en el sistema autonómico español, el gran pilar del mantenimiento del Estado del Bienestar, al que hoy dedicamos un amplio análisis en el que se incluyen las opiniones de los presidentes autonómicos y de expertos en la materia, bajo el lema «España es nuestra Razón». El estudio coincide además con la reunión de ayer de Rajoy y su equipo económico con los barones autonómicos y líderes regionales del Partido Popular. Se logró un buen pacto por la austeridad, la estabilidad presupuestaria y la garantía de los servicios sociales básicos, pero la reunión responde también a la necesidad de abordar un capítulo de la crisis que se ha desvelado tan importante o más frente a la situación internacional que las propias medidas de ajuste. Se trata de reordenar las prestaciones que corresponden a las comunidades y evitar duplicidades y servicios no imprescindibles en momentos de escasez. Es la única fórmula para poner orden y transparencia en las cuentas y acabar con la mala imagen de una Administración derrochadora. El PP no ha querido poner ahora sobre la mesa la polémica sobre una reforma del modelo y, por el contrario, defendió ayer en bloque el Estado de las Autonomías.

Pero lo cierto es que nuestro sistema despierta hoy recelos en los mercados y existen fuera de nuestras fronteras quienes no creen posible la disciplina fiscal y la generación de riqueza con la actual política autonómica. Es una gravosa desconfianza que anula en buena parte el tremendo esfuerzo de ajuste realizado por España y que se expresa en el castigo a la deuda y a los planes de recuperación. Por eso urge que el compromiso alcanzado ayer por las comunidades del PP se extienda al resto de las autonomías. El comportamiento del PSOE de Rubalcaba, al romper unilateralmente el consenso en torno a la Ley de Estabilidad presupuestaria, hace ahora poco creíbles sus llamadas al diálogo y a la colaboración con el Gobierno. Sin embargo, el apoyo de la oposición es necesario para abordar la clarificación de las competencias de regiones y ayuntamientos. La crisis debe ser, en este sentido, una oportunidad para revisar un sistema que ha funcionado bien durante más de 30 años, y lo hará durante muchos más. Aunque también ha visto crecer disfunciones en su desarrollo que no fueron previstas cuando se redactó la Carta Magna y que pueden ser abordadas por consenso, sin cambios en el texto constitucional. La defensa y la supervivencia del Estado del Bienestar no dependen de grandes declaraciones o de encerrarse en castillos ideológicos o nacionalistas, sino de que seamos capaces de efectuar un análisis del problema para racionalizar la prestación de los servicios y adaptar el gasto a la actual situación. Las autonomías, como los ayuntamientos y el Gobierno central, son España, y de su viabilidad y buena marcha depende el futuro de todos.

Harakiri autonómico o harakiri español
Nota del Editor  15 Abril 2012

Del PSOE, lo único decente que se puede esperar, es que desaparezca (previa devolución de la pasta y limpieza de los trapos sucios); en cuanto al PP, del que siempre hemos dicho que
es parte importante del problema, seguimos en las mismas.

Veamos: proponen eliminación de duplicidades y ordenación de competencias, dicho en otras palabras, harakiri de las autonomías, lo demás es marear la perdiz.

Nueva normativa sobre la unidad de mercado, es decir, que ahora hay diecisiete normas y con la nacional dieciocho, y quieren otra más, total diecinueve, no hay disparate mayor (salvo la existencia del PSOE). El presidente francés, Sarko, promete en su programa electoral que no se aprobará norma alguna que no conlleve la eliminación de otras dos, tal es el estado normativo asfixiante en el que se encuentran los franceses.

Ley de transparencia: si no derogan todas las leyes sobre lenguas regionales, esta ley no tiene sentido. Y de paso pueden despedir a todos los interventores que han dejado a los profesoinales de la política campar a sus anchas.

Y la lealtad institucional basada en la existencia de financiacion, o sea "lealtad" comprada con nuestro dinero.

destapa los excesos del 'café para todos'
Comunidades autónomas: tormenta de gastos y sequía de ingresos
I. Manchobas y H. Asensio www.gaceta.es 15 Abril 2012

La falta de recursos alimenta la idea de devolver competencias. La proliferación de normas y legislación regional amenaza la unidad de mercado.

Las declaraciones realizadas esta semana por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, defendiendo la oportunidad de devolver al Estado las competencias de sanidad, educación y justicia, las dudas de las agencias de calificación y organismos internacionales sobre la capacidad de las autonomías para cumplir con los objetivos de déficit y el renovado azote de los mercados contra España han vuelto a situar en primera línea de actualidad el modelo autonómico. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha dejado claro que su reforma no está en la agenda, aunque las ineficiencias, duplicidades y excesos del actual sistema, en el que casi todo se multiplica por 17, cuesten millones.

Aguirre cifró en 48.000 millones de euros el ahorro derivado de la recentralización de competencias, una cantidad que desde las filas de su propio partido se ha calificado de “exagerada”, según la consejera de Hacienda de Castilla y León, pero nadie duda de que los excesos del sistema autonómico generan una factura inasumible en tiempos de crisis, cuando las arcas autonómicas están secas y los Gobiernos regionales, obligados a recortar el déficit desde el 2,9% del PIB al 1,5%.

“Nos hemos pasado [con el Estado autonómico] y creo que la mayor parte del país lo sabe, pero dar marcha atrás es muy difícil y hay que hacerlo sin romper las expectativas de nadie, y eso es muy complicado”, asegura Joaquín Trigo, director general del Instituto de Estudios Económicos (IEE), quien ilustra la hipertrofia del sistema con un dato: “Si sumamos las páginas del BOE de todas las comunidades autónomas más el del Estado, pasan del millón”, apunta. En total, 18 legisladores que generan leyes sin descanso y que, según Trigo, ponen en riesgo la unidad de mercado. “Tenemos el doble de ayuntamientos que Alemania cuando nuestra población es la mitad, y el doble de autonomías que Länder existen en Alemania. Eso no es lógico”, concluye.

En opinión de Luis Caramés, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Santiago, las palabras de la presidenta madrileña constatan que “el modelo de la tarta de los quesos o el café para todos de Adolfo Suárez y su ministro Clavero Arévalo tenía mucho de artificial” y que más allá de Cataluña, País Vasco y Galicia, “existen territorios que han alimentado también identidades que, en ciertos casos se mezclan con las rentas de situación de la clase política”.
El informe El coste del Estado autonómico, elaborado por el grupo de Administración Pública de UPyD y publicado por la Fundación Progreso y Democracia, destaca que España es el Estado “con mayor porcentaje de descentralización en el gasto en manos de entes territoriales”, 10 puntos por encima de los Länder alemanes y 20 puntos más que los austriacos. Concluye que el modelo de descentralización español “se ha desarrollado fundamentalmente por impulsos (casi espasmos) electorales-sectoriales sin un modelo general racional siquiera como referencia teórica”.

El peso del Estado se ha ido reduciendo paulatinamente en favor de las autonomías y ayuntamientos. En 1984 la Administración central (Estado y Seguridad Social) representaba el 72,6% del total de gasto. En 2009 suponía el 49,7%. En el mismo periodo, el trozo del pastel para las autonomías ha pasado del 14,4 al 36,4%, según los economistas José Luis Álvarez y Juan Carlos Molero.

El aumento del gasto autonómico, vinculado a la asunción de nuevas competencias con una elevada carga presupuestaria, como la sanidad o la educación, ha disparado el personal al servicio de las autonomías, pero lo ha hecho hasta niveles que superan con creces lo que les correspondería por su peso en el gasto. Según el estudio de UPyD, las autonomías acaparan el 50,6% del personal público, cuando gestionan cerca del 36% del Presupuesto. Si se suma a los ayuntamientos, que concentran el 23,8% de la plantilla pública y gastan cerca del 15% del total, el resultado es que autonomías y entidades locales gastan la mitad del presupuesto, pero acaparan casi al 75% de todo el personal público.

Esta expansión del personal responde en muchos casos, según Trigo, al “efecto emulación” que caracteriza a las autonomías y que, en la práctica, supone multiplicar por 17 casi cualquier organismo, desde el Defensor del Pueblo a las televisiones.

Embajadas por el mundo
Un ejemplo es la proliferación de oficinas de representación de las comunidades autónomas en el extranjero. El secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, afirmó recientemente que España “no se puede permitir tener 120 oficinas comerciales en el exterior de comunidades autónomas además de las 100 del Estado”, o que en una ciudad como Sao Paulo “haya 11 oficinas comerciales de autonomías, además de la del Estado”.

De Nueva Delhi a Dubái, pasando por Tianjin, Caracas, Nueva York y las grandes ciudades europeas, las autonomías han desarrollado una amplia red de representación exterior, aunque algunas empiezan a dar marcha atrás para ahorrar costes, como la Comunidad Valenciana, que ha decidido integrar sus 13 oficinas en la red del Estado.

Y es que gastar más no significa ser más eficiente. Según el mencionado informe El coste del Estado autonómico, las regiones más derrochadoras (que combinan más personal público y menos incremento del PIB) son Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha, mientras que las más eficientes son Asturias, Madrid, Baleares y Canarias.

Las ineficiencias de CCAA y municipios cuestan 40.000 millones al año
Incluso con el sistema actual, regiones y ayuntamientos tienen margen de ahorro si copian a los más eficaces.
Documento: El coste del Estado autonómico http://www.libertaddigital.com/documentos/el-coste-del-estado-autonomico-41912579.html
D. SORIANO Libertad Digital 15 Abril 2012

¿Cuánto le cuestan el actual sistema autonómico y municipal a los ciudadanos españoles? Calcular esta cifra es una misión casi imposible. Si las regiones devuelven sus competencias, entonces el Estado vería cómo se incrementa su gasto. Medir las duplicidades y coste de los organismos superfluos, también es muy complicado. Y conocer el coste de todas las empresas públicas diseminadas es una tarea de chinos.

Sin embargo, desconocer la cifra exacta no supone ignorar que las administraciones públicas españolas gastan mucho más de lo que deberían. Cuando se habla de ahorro en el Estado autonómico hay dos formas de plantearlo.

Una posibilidad es cambiar el sistema (devolución de competencias, reducción de entes, un incremento del control del Gobierno central sobre los regionales, eliminación de diputaciones y ayuntamientos, etc...).

La otra opción es aplicar los mejores criterios de eficiencia al actual sistema.

Evidentemente, no son dos alternativas excluyentes, sino que puede aplicarse al mismo tiempo, para maximizar el ahorro. De esta manera, Esperanza Aguirre cifró esta semana en unos 48.000 millones anuales el ahorro que tendría para el Estado la devolución de las competencias en sanidad, educación y justicia.

Este viernes, UPyD ha presentado la segunda edición de su informe El coste del Estado autonómico (ver documento adjunto). Según sus cálculos, el sobrecoste derivado de las ineficiencias de regiones y ayuntamientos supone a las arcas públicas algo menos de 40.000 millones al año (muy superior al ajuste de 27.000 millones anunciado por el presidente en los últimos Presupuestos). Es decir, incluso manteniendo el sistema actual, podrían ahorrarse esta cantidad sólo aplicando los criterios de eficiencia de las administraciones mejor gestionadas.

CCAA: 17.000 millones
Las cuentas del partido de Rosa Díez son relativamente sencillas de hacer. Según ha explicado Álvaro Anchuelo (responsable del área económica de la formación), se circunscriben sólo al gasto de personal, al corriente y al de externalización de servicios. Esto quiere decir que dejan fuera inversiones, subvenciones, pagos a los ciudadanos o gastos financieros. Podríamos decir que sólo cogen el gasto que utiliza cada administración en su funcionamiento diario.

Con estos datos, lo que han hecho ha sido ver qué tres comunidades gastan menos en estas tres cuestiones en términos per cápita. Luego, han dicho, si todas las autonomías gastasen en la misma proporción que estas tres regiones (Madrid, Valencia y Baleares), ¿cuánto nos ahorraríamos? La cifra es de 52.827 millones en los últimos tres años (unos 17.000 millones al año).

Esto no quiere decir que estas tres comunidades sean las más austeras (aunque Madrid sí encabeza los rankings de déficit y deuda), puesto que a lo mejor gastan poco en personal y a cambio abren empresas públicas o derrochan en grandes infraestructuras no necesarias. De hecho, Valencia y Baleares son dos de las regiones más endeudadas. Lo que dicen las dos siguientes tablas es que todas las regiones pueden gastar en su día a día, para sus funciones convencionales, mucho menos de lo que dicen sus Presupuestos.

En resumen, esos 17.000 millones anuales son el ahorro sólo desde el punto de vista de la eficiencia, luego habrá que meterse con los gastos superfluos, las duplicidades entre administración central y regional, las empresas públicas o las inversiones absurdas.

Grandes ayuntamientos: 6.200 millones al año
Siguiendo la misma metodología seguida con las autonomías, UPyD ha medido cuánto podrían ahorrarse los 40 grandes ayuntamientos españoles si gastasen de forma eficiente en el desarrollo de sus servicios básicos. En este caso, los tres modelos serían Vigo, Gijón y Hospitalet de Llobregat. Pues bien, si el resto de los municipios tuviesen un gasto per cápita en personal y gastos corrientes igual al de estos tres ayuntamientos, el ahorro anual sería de unos 6.200 millones de euros.

Eliminación de municipios y diputaciones: 16.000 millones al año
Además, UPyD ha calculado cuánto podríamos ahorrar si aplicásemos un sencillo plan de racionalización de la administración territorial consistente en acabar con las diputaciones provinciales y fusionar pequeños ayuntamientos (dejando un tamaño mínimo del municipio de unos 20.000 habitantes). En este caso, el ahorro anual calculado por la formación asciende a unos 16.000 millones. De nuevo, sin tocar servicios públicos ni perjudicar la atención al ciudadano, podría conseguirse un ahorro muy importante de un día para otro. Por poner un ejemplo, una medida como esta dejaría el número de concejales en toda España en unos 21.000, cuando en estos momentos suman más de 68.000.

La guerra de las cifras
Como decíamos al comienzo del artículo, sacar una cifra exacta del sobrecoste del Estado autonómico (y municipal) es imposible. Lo que hace UPyD en este documento es mostrar que existen formas sencillas de ahorrar, incluso sin tocar el sistema. Como explicaba este viernes Álvaro Anchuelo "se han creado mini-estados" que han generado "duplicidades" y "gastos superfluos", tanto en cosas no necesarias como en cuestiones esenciales "que se "han disparado por la burocracia".

Siempre que se publica un informe de este tipo, salen corriendo cientos de contraataques que cuestionan los datos. Pero como explicaba Anchuelo: "La cifra nos da igual. Si no son 40.000 millones y son 35.000 lo que estamos gastando de más. Perfecto, que se reduzcan 35.000 millones. Y si son 20.000, pediremos perdón por habernos equivocado, pero por favor, que se eliminen esos 20.000 millones. No nos quedemos en el debate sobre las cifras para no hacer nada".

La inevitable poda del Estado autonómico
¿Hay alternativa sostenible a la recentralización que propone Esperanza Aguirre? Los «think tank» llevan años planteando ideas para hacer viable y eficiente el actual modelo
BLANCA TORQUEMADA ABC 15 Abril 2012

Órdago a la grande, y en La Moncloa. Esperanza Aguirre aprovechó la rueda de prensa tras su reunión del martes con Mariano Rajoy para romper un tabú del discurso político oficial de los dos grandes partidos nacionales (el de que no es posible ni aconsejable una vuelta atrás en el Estado de las Autonomías), al expresar su disposición a renunciar a las gravosas competencias de Educación, Sanidad y Justicia y al apuntar que, si todas las Comunidades hicieran lo mismo, se ahorrarían 48.000 millones de euros. El argumento cayó como un obús (o como un tiro), y fue rápidamente contrarrestado por el propio presidente del Gobierno: a Rajoy le faltó tiempo para manifestar en el Senado que no cuestiona en absoluto el modelo autonómico consagrado en la Constitución. Pero el debate quedó abierto, con muchas preguntas sin respuesta.

Porque en tiempos de extremada penuria económica tanto el Partido Popular como el PSOE justifican su confianza en la España de las autonomías en que aún es posible una «racionalización» que, sin embargo, no se termina de concretar. Se comparte el discurso de que ha habido excesos y de que existen duplicidades, pero no se dan a conocer las fórmulas exactas para reconducir y estabilizar el engranaje territorial, al rescate de la cohesión nacional.

¿Hay alternativa sostenible a la «recentralización» bizarramente propuesta por Aguirre? En la cocina de ideas del Partido Popular se cree que sí, y en esa convicción se sustenta el discurso del Gobierno de Mariano Rajoy. El PP considera inasumible, además de irresponsable, el coste político y social de una devolución de competencias, a estas alturas. Y tampoco está dispuesto a hacer el juego al soberanismo catalán con el punto final del «café para todos» que ha pedido Artur Mas, aprovechando de forma torticera la ofensiva de Aguirre. Lo que sí tiene claro el Ejecutivo es que urge acabar con esa huida hacia delante, tanto política como financiera, que hoy suponen las autonomías. Hay que estabilizar el modelo y delimitar de una vez por todas las atribuciones y responsabilidades de unos y otros, dentro de un proyecto común.

El diputado Gabriel Elorriaga es coautor de un informe para FAES, el «think tank» presidido por José María Aznar, en el que se aportan ideas para una racionalización sin desmontaje. Como preámbulo, deja claro que el actual modelo no es el único posible ni viene predeterminado por la Constitución de 1978, pues, como apunta, la Carta Magna «no establece que el territorio deba integrarse en comunidades autónomas». En consecuencia, el actual entramado del poder territorial es «el producto del peso de la historia y de la negociación política más que de una reflexión económica». En su opinión, el «pecado original» que ha derivado en dispendios y desajustes ha sido el hecho de que la Constitución «no dice apenas nada de cómo ha de organizarse ese modelo, porque el famoso título VIII es casi meramente procedimental. Cualquier país con el nivel de descentralización de España recoge en su Constitución una regulación amplísima que aquí, simplemente, no existe».
La fuerza del poder territorial

Apunta además Elorriaga una realidad que no ha calado en la opinión pública: la de que el autonomismo está en la esencia del PP «pos-Fraga». Él mismo lo esbozó también en su documento para FAES: «La evolución política del Partido Popular le llevó a ser una verdadera alternativa de gobierno sólo a partir de que alcanzó el poder territorial». Recuerda que en ese ámbito se forjaron tanto José María Aznar (que presidió la Junta de Castilla y León) como Mariano Rajoy, que fue presidente de la Diputación de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta de Galicia. En suma, buena parte de la masa muscular del gran partido del centro-derecha cobró vigor gracias a la existencia de esos poderes periféricos.
La anomalía del PSOE

Lo del PSOE responde a otro diagnóstico. Es más su anómala estructura confederal (el complicado encaje de un PSC que trata al PSOE de tú a tú y lo somete a permanente presión) lo que lo convierte en «autonomista» forzoso. De ahí derivó la mayor y más peligrosa disfunción en el modelo: la aprobación del nuevo Estatuto de Cataluña, con la irresponsable connivencia de José Luis Rodríguez Zapatero. Y por eso la racionalización territorial esgrimida por Alfredo Pérez Rubalcaba no ha ido más allá de la propuesta puntual de supresión de las Diputaciones provinciales. Tales circunstancias maniatan también a la Fundación Ideas, el gran «think tank» del PSOE presidido por Jesús Caldera, que aún no ha elaborado un informe sobre el modelo territorial ni tiene, por tanto, fijada posición al respecto. Solo brinda aportaciones teóricas puntuales como la del constitucionalista Antonio Arroyo, quien cimienta la defensa del Estado de las Autonomías en su papel socioeconómico de igualación entre españoles. Con datos contrastables, como la sustancial reducción de la brecha entre ciudadanos catalanes y extremeños (por ejemplo) en las últimas décadas.

En ese escenario en el que los dos grandes partidos no quieren (ni pueden) dar cabida su discurso a una jacobina «poda» de competencias es donde encuentran su hueco nuevos actores como UPyD, debutante sin ataduras. Solo el partido de Rosa Díez puede permitirse el lujo de una propuesta política de corte «centralista».

Un aspecto interesante del informe de FAES es su análisis sobre la buena opinión que los ciudadanos tienen del Estado de las Autonomías. Aunque en los últimos tiempos se haya deteriorado notablemente esa percepción, los estudios del CIS continúan mostrando que la actual forma de organización territorial goza de amplio respaldo. La explicación de este fenómeno es perspicaz: «La falta de visibilidad del coste tributario de los servicios ha podido generar un proceso de ilusión financiera favorable a los gobiernos autonómicos: una Administración pública que ofrece servicios básicos sin reclamar los ingresos necesarios para pagarlos es una especie de maná llamado a triunfar». El espejismo ha durado muchos años y solo se empezó a disipar a partir de la manida apelación a la «corresponsabilidad», con elementos como el «céntimo sanitario» que dejan patente el hecho de que también las autonomías aprietan el cinturón a los ciudadanos. Pero —alerta Elorriaga— abundar en ceder a las autonomías ese tipo de instrumentos conlleva el riesgo de una perniciosa «dispersión fiscal». El equilibrio es complicado.

El camino de la racionalidad se empezó a andar tímidamente con el acuerdo PP-PSOE para la reforma de la Constitución del pasado verano y la fijación de un tope de déficit, pero se ha quedado sin consenso al no haber respaldado los socialistas la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

Recetas de Funciva
También la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), presidida por Andrés Ollero, ha reflexionado sobre las posibilidades de embridar el desmadre territorial y ha resumido sus conclusiones en el documento «Diez propuestas para la racionalización del Estado autonómico». Esos «mandamientos» son, resumidamente: la limitación de la dimensión institucional del Estado autonómico (o sea, liquidar sus Defensores del Pueblo, tribunales de cuentas o consejos consultivos), la «desprofesionalización» de los Parlamentos territoriales (para su actividad legislativa sería suficiente el abono de dietas a los diputados, no hay por qué tenerlos a sueldo), la agrupación de municipios, la redefinición de las diputaciones, la privatización de las televisiones autonómicas, la reordenación del mapa universitario, el control efectivo del déficit de las comunidades autónomas y las Administraciones locales, el refuerzo de la unidad de mercado (ello requiere reforma constitucional), la no discriminación por razones lingüísticas en el ámbito de la Administración y la enseñanza, y, por último, la aprobación de una Ley General de Cooperación, inspirada en la doctrina alemana del principio de lealtad federal.

El director general de Funciva, José María Román, estima que con la implementación de estas medidas el Estado autonómico sería viable, sostenible y cohesionado, y permitiría superar el discurso crítico contra los «diecisiete miniestados». Recuerda que la Constitución fijó un camino posibilista para el encaje de Cataluña y el País Vasco y, de paso, de Galicia. Las distorsiones, explica, llegaron con el paso del tiempo, «porque la creación de autonomías no nacía del afán de organizar el conjunto, sino desde el estímulo interno de las autonomías, de cada una de ellas, para “ser más”». Solo la crudeza de la crisis económica ha frenado esa tendencia.

Pero no por ello cree Román que el modelo autonómico haya resultado fallido. Lo defiende y estima que «no es pensable una realidad diferente para el futuro de nuestra sociedad». Arguye que no hay que relacionar esa organización territorial con unos independentismos «que jugarían el mismo papel político, o peor, con o sin autonomías». Eso, en las regiones donde pesan los nacionalismos. Porque para el resto, dice, ha supuesto una fórmula «de cierta igualdad y de superar agravios históricos». Por lo que concluye que unas autonomías responsables y sometidas a racionalización aún son útiles. Y, en su opinión, integradoras.

Barcelona
CiU sanciona por motivos lingüísticos en 2011 al mismo ritmo que el tripartito
Los datos son solo de Barcelona. 97 sanciones en 2011, una menos que en 2010. En 2009, 67 empresas fueron multadas. En 2008, 92. Y en 2007 se llevaron a cabo 50 sanciones por motivos lingüísticos. La Generalidad sigue multando por motivos lingüísticos en relaciones particulares, pese a que el Tribunal Constitucional declaró nulo cualquier tipo de ‘imposición’ lingüística por parte de la Administración autonómica.
Redacción www.vozbcn.com 15 Abril 2012

Multas en Barcelona por un importe total de 69.950 euros durante 2011. En total, 97 sanciones. ¿El motivo? Lingüístico. La Generalidad de Cataluña sigue multando por motivos lingüísticos (es decir por el uso de una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad) pese a que el Tribunal Constitucional ha tumbado de facto las sanciones lingüísticas.

El consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena (CiU), ha detallado los datos de multas en la ciudad de Barcelona a petición de una pregunta por escrito del PP en el Parlamento autonómico. Así, los datos arrojan todavía 97 sanciones, solo el año pasado.

La Generalidad, a través de la autonómica Agencia Catalana de Consumo (ACC), ha recibido 585 denuncias. De estas, 26 expedientes se abrieron por una delación de un particular y en un caso, por la denuncia de una entidad, que la Consejería no a especificado su nombre.

Excusa informática
De esta manera, CiU mantiene el ritmo sancionador que estableció el tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) pues en 2010 se sancionaron a 98 empresas, una más que en 2011. En 2009, 67 empresas fueron multadas. En 2008, 92. Y en 2007 se llevaron a cabo 50 sanciones por motivos lingüísticos. Estos datos corresponde solo a Barcelona.

Sorprendentemente, en la respuesta de Mena al PP se excusa en una problema de la ‘aplicación informática’ para no especificar cuáles de estas sanciones son por no utilizar el catalán en los rótulos de las empresas y comercios.

La respuesta de la Consejería de Empresa y Empleo está desglosada por sectores. El más sancionado, en 2011, ha sido el comercio minorista, con 35 multas. Tras este, el sector de la telefonía (18 sanciones), el de la rehabilitación de viviendas (4 multas), el sector inmobiliario (3 multas), el sector de alimentación (3 multas) y los mayoristas (otras 3 sanciones). Además, hubo dos sanciones en compañías del textil y calzado, dos más en el de los transportes, dos en el de la informática y una en el de los electrodomésticos y venta y reparación de automóviles.

El Constitucional tumba las multas lingüísticas
Estas cifras de Barcelona se incluyen en las del conjunto de Cataluña. En este caso, Artur Mas (CiU) ya ostenta el lamentable récord de ser el presidente de la Generalidad bajo cuyo mandato se han impuesto más multas lingüísticas en un año. En concreto, durante 2011, recaudó 176.100 euros mediante 226 sanciones a empresas por motivos lingüísticos. La cifra total de multas por este motivo ya supera el millar desde 2004.

La ACC realizó 6.552 actuaciones en 2011 solo en el ámbito lingüístico, entre las que han destacado las relativas a la no utilización del catalán en los carteles, señalizaciones y ofertas de las empresas. Una situación que está bien alejada de la que se vive en el País Vasco, donde el Parlamento autonómico ha eliminado cualquier obligación al uso de una de las dos lenguas oficiales (español y vasco), aunque incentiva el uso de una de ellas.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha declarado nula de todo derecho cualquier imposición lingüística en la relación entre particulares. En la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional lo deja claro:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

El autonómico Código de Consumo -aprobado por la Cámara autonómica en junio de 2010- impone a las empresas la obligación de utilizar el catalán oralmente y por escrito en múltiples circunstancias, tales como las ofertas, las invitaciones a comprar, los rótulos, la información de carácter fijo, y toda la documentación contractual, entre otros elementos. Además, insta a los consumidores a ‘cooperar’ con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de esta legislación mediante la denuncia. Esta norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Cataluña
Cara, monolingüe y nacionalista”
Lo que irrita de TV-3 al frente nacional español es que explique el mundo desde una perspectiva catalana
Redacción www.vozbcn.com 15 Abril 2012

Joan B. Culla i Clarà, historiador y colaborador de TV3 desde los años 90, en un artículo publicado este viernes en El País:

‘[...] Los 378,5 millones de euros del presupuesto de TV3 para 2012, ¿son mucho o poco, en comparación con los 219 millones de Canal Sur (que no tiene ninguna lengua propia que defender), o con los 131,8 millones de Telemadrid, televisión de una Comunidad inventada cuya agenda informativa está generosamente atendida por todas las cadenas de ámbito estatal, públicas o privadas? ¿TV3 es cara o barata, con relación a los 1.200 millones que, el año pasado, los contribuyentes le pagamos a escote a RTVE, independientemente de qué porcentaje de su programación -cada vez menos- emitía en la lengua propia de cada uno de esos contribuyentes?

No, lo que de TV3 irrita al frente nacional español no es la factura, sino el hecho de que -como señaló en su día el presidente Maragall, para escándalo de unos cuantos hipócritas- una lengua es también una cosmovisión, y TV3 explica el mundo desde una perspectiva catalana, y en esa medida constituye un modesto instrumento de construcción nacional. Mucho menos potente que Televisión Española, desde luego. ¿Ejemplos? Pese a que ya estábamos en crisis, me gustaría saber cuántos euros nos costó la cobertura de los triunfos de la Roja en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010 y cuántas horas de emisión les dedicó TVE. También, e incluso bajo los dramáticos recortes presupuestarios que está sufriendo, me agradaría conocer cuánto prevé gastarse la cadena pública estatal en la Eurocopa de Polonia y Ucrania del próximo verano, especialmente si la Roja hace un buen papel. Y bien, ¿no es todo esto puro dispendio patriótico-identitario, solo que español?

Luego está la cuestión de la supuesta falta de pluralismo ideológico en las tertulias y los debates de TV3, presuntamente copados por opinadores “nacionalistas”. Puesto que no es un tema fácil de cuantificar en términos absolutos, acudiré a la memoria y a los ejemplos. A lo largo de la última década, que yo recuerde, han participado en los espacios de opinión de los medios de la Generalidad personas como el notario Pedro Lecuona; los periodistas Pablo Planas -hoy flamante director de COM Ràdio-, Francisco Marhuenda, Álex Salmon y, más recientemente, Sonia Doménech; los articulistas y opinadores Miquel Porta Perales y Juan Carlos Girauta; los catedráticos Montserrat Nebrera y Julio Añoveros…; profesionales a los que no cabría calificar de nacionalistas catalanes sin ofenderles gravemente, y de alguno de los cuales sostener que habla catalán provocaría estremecimientos en la tumba de Pompeu Fabra. En ocasión de debates específicos, TV3 ha abierto sus estudios a defensores de tesis tan rematadamente hostiles a la opinión mayoritaria en Cataluña como Julio Ariza -presidente del Grupo Intereconomía- y Alfredo Urdaci, el ínclito director de informativos de TVE cuando Aznar tuvo mayoría absoluta, entre otros de perfil semejante’.

avance islámico en europa
Musulmanes regalan 25 millones de coranes en Alemania: “Los cristianos y los judíos se van al infierno si no abrazan el islam”
www.minutodigital.com 15 Abril 2012

Musulmanes del movimiento salafista repartieron este sábado por segunda vez de forma gratuita ejemplares del Corán en varias ciudades de Alemania, levantando una fuerte polémica en el país.

La distribución tuvo lugar en menos ciudades de las 30 anunciadas en Internet. En la céntrica Potsdamer Platz de Berlín y en Hannover, Fulda y Kassel, entre otras, fueron instalados stands informativos donde eran entregados los Coranes.

Los islamistas habían anunciado que regalarían 25 millones de ejemplares del Corán en alemán a no musulmanes en zonas peatonales de las principales ciudades y a través de Internet.

Detrás de la campaña está la red “La religión verdadera” liderada por el predicador radical Ibrahim Abou Nagie. La distribución del Corán “es la obligación de todo musulmán”, sostuvo el líder salafista y anunció que la cumplirá pese a ser “aterrorizado” día a día por policía y servicios secretos y sufrir “la caza de brujas de los medios”.

Abou Nagie tachó de “hipócritas” a los estudiosos del islam y musulmanes que criticaron sus planes. “Alá les tiene prometido el infierno”. Llamó “traidores” a los musulmanes que ponen su religión a la misma altura que las de los alemanes. “Los cristianos y los judíos se van al infierno si no abrazan el islam”, advirtió.

Las palabras de Abou Nagie no contribuirán a calmar los ánimos, ya caldeados desde hace días. El diputado de la conservadora Unión Social Cristiana Hans Peter Uhl, calificó a los salafistas de “extremistas peligrosos y enemigos de la Constitución” que buscan reclutar a nuevos adeptos a través de la campaña de Coranes gratuitos.

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Lo siento: España está rota
Carlos Dávila www.gaceta.es 15 Abril 2012

Paso a paso, utilizando fórmulas diferentes, dos regiones de España se están marchando; fíjense, este euro del que algunos irresponsablemente se quieren salir, y que es probablemente el único símbolo unitario de Europa, puede salvar la unidad de la Nación española

Lean ustedes: “Es necesario un Gobierno de emergencia nacional cuya primera medida sería la aprobación de una ley orgánica que suspenda las autonomías, como paso previo a una revisión constitucional que permita recuperar al poder central la mayoría de las competencias transferidas”. Ustedes son listos: si este párrafo, esta iniciativa, se le hubiera ocurrido o bien a un miembro destacado del Partido Popular o hasta quizá a un periodista de los llamados “reaccionarios” y hasta “fachas”, periodistas a los que fumigan diariamente en confidenciales sediciosos dirigidos por sujetos cuyas biografías avergonzarían al propio Rubalcaba, toda la izquierda del país, todo el personal progresista, se hubiera puesto de acuerdo para tildar de golpista o al pobre Ejecutivo popular o, sobre todo, al pobre plumilla que, con toda certeza, según ellos, está en destruir la democracia que presumen, en solitario, claro, “haberse dado”.

El gran problema político
Y miren por dónde, no; ni populares ni periodistas, no. Esto lo ha escrito muy recientemente un intelectual –al parecer lo es– que suele enviar sus ideas a una revista, Temas, cuyo presidente del Consejo de Redacción ¿saben quién es?, pues el mismísimo Alfonso Guerra, diputado aún por Sevilla, vicesecretario general que fue del PSOE, vicepresidente que también fue del Gobierno de Felipe González, y uno de los padres, auténticos padres (con el centrista Abril Martorell), de la Constitución Española. El intelectual en cuestión se dedica por lo común a la economía y atiende por Manuel Muela. Repito: ¿qué suerte de escándalo hubieran organizado los medios de la izquierda y qué hubiera dicho esta Elena Valenciano que insulta desde un partido, el PSOE, que en su momento quiso encarcelar a su padre, Luis Valenciano, por corrupto?

Las cosas en España son así. Ahora, es lógico: estamos enfrascados todos en la discusión sobre la tragedia económica que una cuadrilla de incapaces al mando de Zapatero nos ha dejado a nosotros, a nuestros hijos y probablemente a nuestros nietos. Es natural. Tanto lo es, que hasta los más indoctos en esa ciencia abstrusa y de plastilina que es la economía –la dedicación del citado Muela– nos pasamos horas y días discutiendo como si fuéramos Hayek o Friedman (a Keynes no le cito porque su solo apellido –¡qué decir de sus postulados!– me produce urticaria) de la prima de riesgo o de la deuda. Por tanto, nada que reprocharnos: estamos en la ruina a la que nos han conducido estos sujetos letales del pasado, y ello nos hace olvidar o, para ser más generoso, nos impide recaer en el gran problema político, histórico, que padecemos ahora mismo los españoles: el debate autonomías sí o autonomías no, que afortunadamente se ha instalado en nuestro país, con provocaciones tan adecuadas y pertinentes como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Pero el panorama es más sombrío que la mera discusión autonómica, porque el gran problema es que más temprano que tarde nos tendremos que enfrentar a la fuga, que ya parece irreversible, de dos regiones tradicionales de nuestro mapa español: el País Vasco y Cataluña. No se trata aquí, por tanto, de revisar competencias, por importantes que sean, en sanidad o educación; no, de lo que estamos hablando es de la intención declarada, sin ambages, absoluta y decidida de independencia que están mostrando dos territorios que desde hace siglos forman parte de nuestra gran Nación.

Solución constitucional
Supongo que a estas alturas no es necesario acreditar los objetivos de los secesionistas catalanes, Convergència, Esquerra Republicana y, desde luego, el PSC; ni la presión terrorista que ha heredado, con enorme agrado, la proetarra Bildu; ni tampoco la insistencia del PNV en abandonar lo más pronto posible el cuadro de lo que ellos denominan, al más puro estilo fascista por cierto, “Estado español”.

Ninguno de estos separatistas está (como es el caso de Esperanza Aguirre) en discutir –al menos discutir– la conveniencia de que las competencias susodichas regresen al poder central: todos están en marcharse de España. El diagnóstico no tiene dudas; es este y hay que denunciarlo. Ahora bien, cada vez que preclaros miembros de nuestra sociedad civil exponen el peligro con enorme claridad y brillantez, con menos dosis de estas dos cualidades, yo pregunto: bien, de acuerdo, y ¿qué hacemos para evitarlo? Y ahí nos quedamos todos: por miedo a responder o por incapacidad y más miedo aún a imaginar la solución.

Curiosamente, sin embargo, la solución es tan constitucional como la propia definición de España como un “Estado social y democrático de Derecho”. Hay dos artículos muy cercanos en nuestra Norma Suprema, el 150 y después el 155, que nos instruyen en lo que nuestro Estado tendría que hacer (no digo “debería”, escribo “tendría”) en el caso, nada improbable, de que dos autonomías se declarasen en rebeldía. Por no cansarles: el primer artículo, en su apartado 3, reserva al Estado la potestad de “dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las comunidades autónomas”. Y estas leyes afectan incluso a las materias que ya tienen atribuidas estas regiones. O sea, una Loapa en serio, sin las penalidades que sufrió la anterior y supongo que aprobada en su momento por un Tribunal Constitucional que sea más riguroso, menos pacato y menos atemorizado por ETA que el que en su momento se cargó aquel proyecto de García de Enterría.

“España está rota”
Pero si este artículo ofrece al poder central la posibilidad de limitar las competencias casi omnímodas de que ahora gozan las comunidades, el 155 es tajante porque se pone el caso de que una comunidad se niegue a cumplir las propias obligaciones de la Constitución, y advierte de que en ese caso, con la aprobación mayoritaria del Senado, “se podrán adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella [la Comunidad] al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones”. Verde y con asas. Y para que se entienda del todo: si Cataluña, de la mano del separatista Mas y con el apoyo de la sediciosa Esquerra, de los tonticios del PSC y hasta de la españolísima Vanguardia, se decide a convocar un referéndum de independencia, el Gobierno no es que debería –repito–, es que tendría que “adoptar las medidas necesarias” para impedirlo. ¿Y cuáles son estas? Pues el que quiera asustarse, asombrarse o tirarse de los pelos, si los tiene, que lo haga, pero significa enviar a los agentes del orden, de todo orden, para que actúen evitando que la consulta se celebre. Ni más ni menos. Lo proclama la Constitución. El caso es por supuesto asimilable al vasco, donde –como se sabe– los proetarras de Bildu y los nacionalistas del PNV están dispuestos a declarar unilateralmente la independencia. Así son las cosas.

Los socialistas siempre les hizo gracia cuando gobernaban (bueno, eso de “gobernaban” es un decir, la verdad es cuando maltrataban al país) esa permanente preocupación de muchos que incidía en una frase que calificaban, claro, de apocalíptica: “Se está rompiendo España”. Pues bien, paso a paso, utilizando fórmulas diferentes pero ambas disgregantes, dos regiones de España se están marchando entre amenazas dia-lécticas unos y violentas los otros. Nos debe agobiar la trágica situación económica en que nos encontramos, pero sépase lo siguiente: la propia crisis está siendo aprovechada por los secesionistas para acelerar sus proyectos. Cuando algún insensato proclama su interés por salir del euro, pienso, muy en contra, que esa moneda, signo de una Europa unida, puede ser nuestra salvación como Nación eterna. Queda dicho.

Afinar el desconcierto autonómico
Sobre la nueva estructura del Estado en España
Ramón Tamames La Razón 15 Abril 2012

Es necesario dar un mensaje de que las autonomías no son el problema para espantar las suspicacias del mercado pero, a la vez, no hay que perder la oportunidad para cambiar lo que no
funciona y evitar el despilfarro, a veces escandaloso


Entre 1975 y 1978, merced a los desarrollos legislativos de las Cortes Generales ya democráticas, y sobre todo con base en la propia Constitución –por su Título VIII–, España pasó de ser un Estado unitario y fuertemente centralizado, a convertirse en un Estado de las Autonomías, con 17 comunidades y dos ciudades autónomas.

Que necesitábamos un cierto nivel de autogobierno a escala regional era cosa que nadie dudaba. Pues como puso de relieve nuestro gran filósofo José Ferrater Mora, lo contrario constituía una obsesión inútil; que frenaba una comprensión más profunda y realista de lo que es España.

Sin embargo, en la elaboración del Título VIII, tal vez «nos pasamos de rosca»; como le dije a un gran amigo (Gonzalo Sol) en una reunión que tuvimos en esos tiempos en que andábamos configurando la Constitución en el Parlamento. Seguramente fuimos demasiado lejos, y aunque no estoy en contra del «café para todos» de Adolfo Suárez y su ministro Manuel Clavero, la verdad es que las competencias transferidas a las CC AA, desbordaron todo lo previsible; lo que nos está llevando a un grave deterioro de la propia estructura del Estado.

En el presente año de 2012 en que conmemoramos el segundo centenario de nuestra iniciática Carta Magna de Cádiz —la tercera Constitución más antigua del mundo, después de las de EE UU y Francia—, será bueno percatarse que, lejos de haberse fortalecido la Nación Española que nació en el orgulloso reducto de Cádiz, hoy nos encontramos con más de un soberanismo hostil dentro de nuestra propia casa común; en busca de ampulosas emancipaciones argumentadas, desde pretensiones absurdas de naciones que nunca lo fueron. Es el caso, en Cataluña, de muchos de los que votan a CIU, ERC y otros grupos; y el del País Vasco en lo que concierne a los dirigentes del PNV, Amaiur, y otras formaciones políticas, pacíficas o violentas. El tema, en Galicia, parece más atemperado, en busca de una personalidad propia, si bien dentro de un Estado español que funcione. La «madre del cordero» de la situación actual en que nos encontramos está en el ya aludido Título VIII de la Constitución, donde en el artículo 149, al enumerarse las prerrogativas exclusivas del Estado, se establece, en la mayoría de los casos, el principio de que habrá «leyes de bases»; que ulteriormente son objeto de regulación específica por las asambleas legislativas de las comunidades. Lo cual recuerda aquello del Conde de Romanones, cuando decía que las leyes las redactara el Gobierno en vigor, y que los reglamentos se los dejaran a la oposición en que estaba él. Eso es lo que sucede «hic et nunc»: las leyes regionales se convierten en reglamentos de bases; en cada comunidad con sus propios criterios, casi siempre disonantes de unas regiones a otras. Lo que nos ha conducido a la virtual desintegración del mercado español en 17 compartimentaciones tan absurdas como antieconómicas.

La responsabilidad del escenario en que hoy nos movemos se corresponde con la preconstitucional Ley Electoral de 1977, que sometió a una serie de gobiernos minoritarios –en tiempos de Suárez/Calvo Sotelo, Felipe González, Aznar y Rodríguez Zapatero– a buscar los necesarios apoyos nacionalistas en el Congreso de los Diputados, siempre negociados a un alto precio. De modo que fueron «quedándose en la gatera más pelos de los inevitables»; en forma de cesiones que algunos ya consideran irreversibles; pero que en manera alguna lo son.

La irracionalidad del actual Estado español se hace aún más patética por el hecho de que formamos parte de la Unión Europea y muy especialmente de la Eurozona de 17 Estados, con el Eurogrupo vigilando ya muchas de sus actividades fundamentales. Sobre todo, a partir del Consejo Europeo de 9 de diciembre de 2011, premonitorio de la Unión Fiscal y de la supervisión presupuestaria, con su «regla de oro» de déficit cero cuanto antes mejor. Por ello, cabe preguntar a quienes cuestionan la Nación Española, levantando sus pendones secesionistas: ¿es que no tenemos que hacer dentro del Estado español lo que ya España se ha comprometido a hacer dentro de la Unión Europea?

En definitiva, parece que ha llegado la «hora de la verdad», para rectificar sabiamente y ajustar con racionalidad nuestro periclitado modelo de Estado. Una apreciación que gana en fuerza cuando estamos atravesando la peor crisis económica y social desde 1975; «y lo que te rondaré morena», porque crisis queda para rato.

En definitiva, los soberanismos de los Artur Mas de hoy, y de los Ibarretxe de ayer y de los Urcullu de ahora, son vivencias trasnochadas, en pos de falsas soluciones que serían ineficientes y destructivas; con argumentaciones que datan de las «Bases de Manresa» de 1892 (con todo lo que de lógico tenían algunas de ellas), y de las prédicas de Don Sabino Arana (funestas casi todas). Dos plataformas dialécticas, más o menos transformadas en la actualidad, pero que son instrumentos obsoletos y contrarios a la Constitución de 1978; refrendada que fue el 6 de diciembre de aquel año por el 87,87 por 100 de la ciudadanía española.

Adicionalmente, los egoísmos soberanistas contra la Nación Española, además de trasnochados, se revuelven contra sus propios protagonistas y más aún contra quienes les padecen como electores. ¿Cuánto tiempo y esfuerzo se perdieron con el desdichado Plan Ibarretxe? ¿Y cuánto con la frustrada constitución (sic) de Cataluña de tres años de idas y venidas con un Estatuto de 223 artículos más que el repertorio de la propia Constitución Española con 169? Un Estatuto por demás, con criterios intervencionistas que aspiran a reglamentarlo todo, sin dejar respiro a las propias instituciones catalanas y al pueblo de Cataluña.

Y ahora viene lo principal. Más que entrar en una fase de devoluciones de competencias como las que preconiza, con inteligencia pero sin suficiente base argumental, la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que debemos plantearnos es la Reforma de la Constitución. Y no sólo para cuestiones dinásticas o temas presupuestarios. Es preciso revisar el Título VIII de la Constitución (y algunos artículos más, por su conexión). No para desmantelar el Estado de las Autonomías, sino para racionalizarlo. Sobre todo a partir de los artículos 148 y 149, a fin de redistribuir funciones competenciales, y evitar el vaciamiento del Estado. No se olvide que ese Estado, que también debe racionalizarse a fondo es la configuración política instrumental de la Nación Española. Justicia, sanidad, educación, economía, etc., son, todos ellos, temas sobre los que hay que volver en cuanto a su adscripción y funcionamiento, con detalles en los que aquí y ahora no vamos a entrar.

Claro es que un cambio constitucional de esa envergadura, necesita del acuerdo de los grandes partidos de ámbito nacional, PSOE y PP. Porque los artículos 167 a 169 de la Constitución son una especie de gran muralla para dificultar la reforma; desde el punto y hora en que para reconfigurarla es indispensable reunir dos tercios de las Cámaras; y una mayoría absoluta en el subsiguiente referéndum. Por eso, por encima de los muchos y graves problemas que tiene el Gobierno Rajoy, y de las dificultades del principal partido de la oposición, sin prisas pero sin pausas debería irse articulando una senda reconstituyente. En lo cual, la mayoría de los que se sienten españoles de verdad, seguramente podrían ponerse de acuerdo.

No podemos seguir así, y algo tenemos que hacer. Y no en un horizonte lejano, sino que el gran cambio ha de plantearse para 2016. Más tarde que eso, las cosas se complicarían inevitablemente.

La Diputación foral de Guipúzcoa (Bildu) excluye a los niños castellanohablantes de los campamentos de verano que subvenciona
EIG. Redacción. San Sebastián.http://www.paisvasco-informacion.com 15 Abril 2012

La Diputación foral de Guipúzcoa, en manos de Bildu, continúa apostando por el adoctrinamiento totalitario y la exclusión. La institución encabezada por Martin Garitano, que solamente hace unas semanas ponía en marcha su plan para censar a los ciudadanos vascoparlantes de la provincia, ha diseñado ahora un programa para convertir los campamentos de verano que organiza para el disfrute de los niños guipuzcoanos en un terreno vedado para los chavales castellanoparlantes.

Sabedores de que en la convocatoria que el ente foral publica en su Boletín Oficial para ofrecer estas plazas de ocio a los más pequeños no es posible legalmente incluir un apartado en el que se exija la obligatoriedad de expresarse en euskera, el Departamento de Cultura, Juventud y Deporte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que organiza anualmente estas actividades infantiles y juveniles, ha optado por otra vía más sutil para castigar a los pequeños hablantes de español que osen querer asistir a las colonias.

Así, en el decreto foral en el que se establecen las bases sobre las que habrán de regirse estas campañas de verano, se incluye una serie de finalidades que “deberán tenerse en cuenta” para “la interpretación de los preceptos reguladores”. Estas “recomendaciones”, que han de ser asumidas por los progenitores de los niños que deseen participar en las colonias, establecen, entre otras cuestiones generales, que los campamentos “posibilitarán el uso del euskera como medio de comunicación en todos los ámbitos de la vida de los/as participantes en la campaña, como rasgo definitorio de su propia identidad cultural”. Es decir, que el programa vacacional diseñado por la Diputación bildutarra advierte, literalmente, de lo que puede ocurrir con los pequeños que participen en el mismo sin hablar vascuence: que pasarán a formar parte de una “identidad cultural” diferente y que, consecuente y lógicamente, serán excluidos y apartados.

Hay que recordar que hace dos años estos mismos campamentos de verano patrocinados por la Diputación foral de Guipúzcoa ya levantaron una fuerte polémica cuando, en algunos de ellos, los monitores prohibieron que niños de entre 9 y 11 años vieran la final del Campeonato Mundial de Fútbol que la selección española jugó, y ganó, contra Holanda.

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