AGLI Recortes de Prensa   Lunes 16 Abril 2012

Fifty-fifty
César VIDAL La Razón 16 Abril 2012

Cuando España iba bien, por utilizar la expresión archiconocida de Aznar, nadie en el exterior reparó en los posibles errores y disfunciones de nuestro sistema. A decir verdad, dado que cuatro de cada cinco puestos de trabajo se creaban en España, se habría pensado que vivíamos inmersos en uno modélico. Pero entonces llegó ZP y con él y su alianza con los nacionalistas apareció la crisis. Semejante cambio radical llevó a analizar los entresijos de la política española a los responsables de las finanzas internacionales con mucha mayor diligencia que hasta entonces. Fue entonces saltando a la vista que nuestra legislación laboral era intolerablemente rígida y que nuestro sistema bancario, gracias a las cajas, era más frágil de lo deseable.

Pero aquellas circunstancias no explicaban todo. Tardar en descubrir que la raíz de la crisis estaba en un sistema institucional disparatado como es el estado de las autonomías llevó a los especialistas financieros apenas unos meses. Y entonces se fueron sumando las sorpresas que en el exterior nunca hubieran imaginado. De entrada, se encontraron con que había regiones españolas –como las Vascongadas o Navarra– que contaban con un sistema fiscal privilegiado que, a juicio de todos los analistas extranjeros, debe desaparecer.

Luego descubrieron que las CCAA no tenían freno en su gasto y que Cataluña, por ejemplo, acumulaba una tercera parte de la deuda total, locura sin paralelos en el planeta.

Finalmente, concluyeron que, con semejante panorama, ningún gobierno puede ser considerado digno de confianza a menos que embride a los que lo mismo te abren embajadas en el extranjero que te instalan heliopuertos o estaciones del AVE absolutamente innecesarias. Con ese panorama que ahora comparten todos los economistas desde Lituania hasta Los Ángeles, los presupuestos de Montoro sólo podían tener una acogida fría en los mercados por la sencilla razón de que no recortaban un solo euro de los dispendios de las CCAA.

En estos momentos, gracias a ese sistema disparatado creado para satisfacer a nacionalistas catalanes y vascos y que sólo se ha atrevido a contemplar con sensatez Esperanza Aguirre, nos encontramos con unas probabilidades del cincuenta por ciento de entrar en bancarrota en mayo. Sólo hay una salida y es que la ley de estabilidad que el Gobierno del PP va a presentar en el Congreso impida, por ejemplo, que el Gobierno vasco multiplique por nueve el gasto como ha hecho durante la crisis o que el catalán continúe manteniendo fantasmales chiringuitos en el extranjero. Si del texto de esa ley, los mercados coligen que el Gobierno de Rajoy va a frenar un dispendio que nunca debiera haber existido, habremos sorteado uno de los momentos más graves de la crisis y quizá, para disgusto del PSOE, estaremos a punto de tocar fondo tras un lustro de caída. De lo contrario, nuestras posibilidades de quebrar son… fifty-fifty.

Rajoy improvisa el copago y se niega a reducir el Estado
@Roberto Centeno El Confidencial 16 Abril 2012

Ante la inmensa chapuza de unos PGE clamorosamente voluntaristas, en los que nada cuadra con nada, con unos ingresos inflados en 4.000 millones en la Seguridad Social, gastos en pensiones y desempleo infravalorados en 6.000, con las CCAA y ayuntamientos por libre, sin adaptar gastos a ingresos, una estimación de ingresos por IVA irreales y unas nuevas medidas que se pueden quedar en la mitad, la respuesta de los mercados ha sido demoledora. Debido a ello, un Rajoy en estado de pánico improvisó un “recorte” a boleo de 10.000 millones sin analizar una sola cifra en Sanidad y Educación. Tanto, que Ana Mato, que no tiene ni idea ni de gestión ni de Sanidad, dijo que serán las CCAA, es decir, los despilfarradores y los corruptos, quienes decidirán cómo hacerlo. Y la todopoderosa baronesa De Cospedal y los nacionalistas lo tienen clarísimo: nada de gestionar eficazmente, recortes en las prestaciones y tasas y copago a todo lo que se mueva. Los 10.000 millones saldrán del bolsillo de los ciudadanos; es el gran “compromiso” del PP para “garantizar los servicios básicos”.

Todas las medidas tomadas por Rajoy han oscilado entre la improvisación y el disparate, pero con un objetivo muy claro: proteger a toda costa los privilegios de la casta política y de la oligarquía financiera, aunque ello lleve a la ruina a las familias y a la economía productiva. El pasado 15 de febrero, De Guindos, sin que nadie se lo pidiera, autorizaría de nuevo las posiciones cortas a los especuladores, algo que no se le ocurre ni al que asó la manteca. Desde entonces, las empresas del Ibex han perdido otros 85.000 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB, una pérdida inaudita. No solo arruinan a las familias con los impuestos sobre la renta y el ahorro más altos de Europa, no solo nos suben las tarifas de electricidad, de gas y los productos petrolíferos antes de impuestos a los niveles más altos de Europa, además, estos insensatos toman medidas innecesarias que destruyen el patrimonio de millones de familias. No tienen ni idea ni de los problemas de España ni de cómo gestionar la economía de esta nación.

Pero Rajoy haría algo mucho peor que improvisar. Esperanza Aguirre, igual que Rosa Díez en el debate de investidura, ha realizado una propuesta que conseguiría de golpe el objetivo de reducción de déficit y permitiría además bajar impuestos: que las CCAA devuelvan las competencias de Justicia, Sanidad y Educación, con lo cual se obtendría un ahorro de 48.000 millones de euros, entre edificios, alquileres, altos cargos, políticos, asesores, conductores, etc… “Es imprescindible revisar de raíz el Estado de las autonomías”. La respuesta de este irresponsable fue inmediata: “Eso ni se plantea”. No le importa aniquilar a la clase media para proteger a la casta política ni dejar al Estado sin recursos, ni salvar a los banqueros corruptos saqueando íntegro el dinero que garantizaba los depósitos de los españoles, a los que nadie garantizará ya los depósitos cuando empiecen a quebrar bancos. Rajoy ha perdido la cabeza.

El disparatada gestión del Sistema Nacional de Salud
Los presupuestos de las CCAA para Sanidad en 2011 sumaban 57.400 millones, frente a 34.000 en 2002, cuando Aznar cometió el error histórico de completar su transferencia a estos irresponsables. Desde entonces, el coste de la Sanidad por habitante se incrementaría en un 67% y la calidad asistencial se hundiría. Una de las leyendas urbanas más extendidas es que la calidad de la Sanidad Pública en España es excelente, lo que era rigurosamente cierto en los años 60 y 70 en incluso en los 80, pero, desde entonces, según el Health Consumer Index, la sanidad española comenzó a declinar y hoy se encuentra a la cola de Europa en el puesto número 22, por debajo de Portugal o Hungría, y la razón estriba en la gestión en manos de políticos e indocumentados, cuando no corruptos. No es que sea mala, es sencillamente desastrosa. Como afirmaba The Economist en septiembre 2011, “los medicamentos cuestan un 40% más que en Reino Unido, los hospitales solo abren de mañana, hay varios miles de liberados sindicales, inexistentes en el resto del mundo, y el mayor absentismo de Europa”.

Como me explicaba un gran profesional de la medicina de La Paz en Madrid, “el aprovechamiento de instalaciones y medios resulta pésimo, por las tardes están desiertos, hay decenas de miles de metros cuadrados de consultas vacíos mientras se construyen hospitales innecesarios, así como miles de millones en aparatos infrautilizados”. Por si esto fuera poco, PSOE y PP decidieron dar asistencia gratuita a todo bicho viviente, con papeles o sin papeles, y a sus familiares que vienen a España para tratarse de patologías graves. El cachondeo es tan espectacular que hay mafias de los países del Este especializadas en trasladar enfermos graves, soltarlos en las urgencias de los grandes hospitales, donde les regalamos tratamientos costosísimos. ¡Los imbéciles de los españoles los pagan con sus impuestos! ¿Pretende Rajoy poner fin a este caos y gestionar racionalmente? Nada más lejos de la realidad. Como explicaron el viernes, solo pretenden expoliar 7.000 millones a base del copago en farmacia, tasas al uso de servicios y restringir prestaciones, porque “las CCAA no son el problema”.

La hundimiento de la enseñanza pública
El gasto en Educación Pública en 2011 ascendió a 52.000 millones de euros, frente a 31.238 en 2002. Los alumnos universitarios han bajado un 14% desde entonces y subido un 8% los no universitarios; en conjunto, el coste por alumno se ha incrementado en euros en un 47% y, si en Sanidad la calidad ha bajado, aquí la “pedagogía progresista” impuesta desde los 80 la ha hundido a niveles tercermundistas. Los profesores de la enseñanza pública en España son los mejor pagados de Europa, los que menos trabajan y los que peores resultados obtienen. De otro lado, el despilfarro en aulas vacías, centros y Universidades sin alumnos que nunca debieron ser construidas es, simplemente, de juzgado de guardia.

Los profesores de primaria y secundaria en España tienen salarios entre un 20-30% superiores a la media de la UE, entre un 25-40% más que Francia o entre un 10-15% más que en EEUU. Si cogemos el caso de Madrid, los profesores del Británico, uno de los centros de élite de España -la enseñanza británica está reconocida como una de las mejores del mundo- y dependiente del Gobierno inglés, ganan poco más de la mitad que los profesores de la enseñanza pública de la capital y trabajan un 20% más de horas. El ratio de alumnos por profesor (8,7) es el más bajo de la UE (12,0) y de la OCDE (13,5) y, simultáneamente, España está a la cola de Europa y del mundo desarrollado en cuanto a calidad de enseñanza, razón por la cual la OCDE cuestiona seriamente “si lo que se enseña es lo adecuado y si los docentes están capacitados”. La Ley de Calidad del PP fue eliminada por el indigente mental de Zapatero mediante un Decreto Ley en cuanto llegó al poder.

Las soluciones, sin embargo, son obvias. El coste medio por alumno en la enseñanza concertada es de 2.771 euros; en la pública asciende a 6.567. Si se optara por un 50% de enseñanza concertada el Estado se ahorraría 14.000 millones de euros. Y, lo que es más importante, según el informe PISA las CCAA españolas con mayor proporción concertada/pública son las que mejores resultados obtienen. Pero no es cuestión de imponerlo, la solución está en la libertad, algo que aterra a nuestros políticos en general y a la izquierda en particular. El cheque escolar (entréguese un cheque por un montante de, supongamos, 2.800 euros) solo utilizable para pagar el colegio que los padres elegirían entre las diversas opciones (colegios públicos o colegios concertados) y, entre ellos, los que les parecieran mejores.

Si los informes PISA han puesto en evidencia el bajo nivel de los alumnos de primaria y secundaria, la enseñanza pública universitaria, de excelente calidad hasta los años 80, se ha hundido de forma probablemente irreparable. Ninguna universidad pública española aparece en las listas o ranking de las 200 mejores universidades del mundo. Solo tres se encuentran entre el 300 y el 400, siete entre el 400 y el 500, y las otras cuarenta no están ni en el mapa. Un desastre sin precedentes ocasionado por los socialistas a partir de 1984, que destruirían la excelente enseñanza pública anterior. Los procedimientos de selección de profesorado, por ejemplo, han dado paso a una endogamia y una politización extrema en la selección de profesorado, donde ser de izquierdas -el 80% de los rectores son de izquierda o similaresfamilia. demas mporta a rajoy , es decir, un escombro. amiento ideol - por 198400, y las otras cuarenta no estan e nombre, y ni- o ser amiguete suponen el 70% de los méritos. A día de hoy, no más del 15% de los profesores y catedráticos universitarios está científicamente capacitado para impartir las materias de su responsabilidad. No hace falta tener muchas luces para comprender que una Universidad de estas características no es una Universidad, es un escombro ideológico.

España tiene en estos momentos 50 universidades públicas, no hay ninguna CCAA que no tenga al menos una universidad. Sobran universidades y profesores y faltan alumnos. ¿Creen ustedes, por ejemplo, que Andalucía necesita 9 universidades públicas?; ¿cuánto cuesta ese disparate?; ¿cómo se mantiene? Hay carreras con media docena de estudiantes. Al menos 18 universidades deberían ser cerradas, porque sería mucho barato financiar a los alumnos en Harvard que mantenerlas abiertas. Nada de esto preocupa a Rajoy, solo recortar 3.000 millones como sea, cuando la próxima EPA se estima que mostrará 395.000 parados más, 395.000 vidas rotas, ¡1.580.000 elevado a tasa anual! Como afirmaba ayer John Mauldin -The war in Spain- “ni siquiera Grecia pidió a sus ciudadanos las cuentas exteriores, ni limitó las transacciones en efectivo, ¡casi un control de cambios! Esto muestra a un Gobierno desesperado y al borde del abismo y un horizonte de miseria y lágrimas”. Y solo porque a Rajoy y a la casta política parasitaria no le da la gana de reducir sus inaceptables privilegios.

Soluciones a medias
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 16 Abril 2012

El Presupuesto tiene puntos preocupantes que pueden mermar su efectividad.

Es bien sabido que la grieta principal por la que se escapa el precioso líquido de los recursos presupuestarios es el exceso de gasto de autonomías y ayuntamientos, sobre todo las primeras. Ejemplos como los de Castilla-La Mancha en la etapa Barreda, Cataluña bajo el tripartito y Baleares sometida al heptapartito, sin olvidar la Comunidad Valenciana del periodo Camps demuestran hasta qué extremos pueden vaciar las arcas públicas Gobiernos irresponsables o megalómanos que malbaratan lo que otro recauda. Lo sabemos los españoles y también lo saben –elemento decisivo– en Bruselas, Berlín y París. Por eso, la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, consecuencia de la regla de oro recientemente incorporada a nuestra Carta Magna, que el Ejecutivo central ha presentado a las Cortes responde a la necesidad real y perentoria de poner orden en el desbarajuste autonómico y municipal.

Hasta aquí, felicitación a Cristóbal Montoro por su visión y coraje, a pesar de que hace unas semanas llegara a la conclusión extraña de que el Estado de las autonomías había sido “un éxito”. Sin embargo, esta bienintencionada norma presenta algunos aspectos preocupantes que pueden mermar seriamente su efectividad. En primer lugar, la experiencia europea ha demostrado que los controles a posteriori y las sanciones carentes de automatismo no funcionan. Sin ir más lejos, Francia y Alemania han violado en el pasado el Pacto de Estabilidad cuando les ha convenido.

Ahora el six pack y el Tratado del euro son otra cosa mucho más seria. El mecanismo que se está debatiendo en el Congreso incluye revisiones una vez realizado el gasto y atribuye al Gobierno de la Nación la facultad supervisora y correctora. Ambos aspectos de la ley, por lo que hemos visto, resultan excesivamente frágiles si deseamos de verdad embridar los corceles regionales y locales. En aquellas comunidades con mayorías socialistas o nacionalistas no va a haber ninguna lealtad ni colaboración con el planteamiento de austeridad conjunto y, por tanto, el conflicto está servido. Tampoco es seguro que el Gobierno actual de centroderecha no se vea coartado por alguna circunstancia política grave de carácter interno, como la posible evolución hacia el radicalismo secesionista en Cataluña y en el País Vasco, que le fuerce a aflojar en el terreno de la reducción del déficit. La conclusión es que hubiera sido más seguro establecer controles previos y atribuir la capacidad sancionadora a un organismo independiente libre de eventuales presiones coyunturales.

El tránsito desde situaciones consolidadas de probada inviabilidad a esquemas racionales y realistas es en ocasiones de una inquietante lentitud y de una desesperante gradualidad. Y es que las soluciones a medias no son soluciones.

España
Sostener el Estado ya cuesta más de 200.000 millones
Es la cantidad que se irá este año en pagar nóminas, gastos ordinarios de funcionamiento y coste de la deuda de todo el sector público español
ROBERTO PÉREZ / MADRID ABC 16 Abril 2012

Más de 200.000 millones de euros al año. Eso es ya lo que cuesta sostener la estructura pública de España: administración central, administraciones autonómicas y corporaciones locales —ayuntamientos, diputaciones y cabildos o consejos insulares— y la larga lista de empresas públicas, organismos y entidades ligados a todas ellas. Son más de 200.000 millones que se van exclusivamente en cubrir los gastos fijos de una estructura que suma más de tres millones de empleados públicos entre todas las administraciones y sus organismos y empresas públicas. En mantener la extensa maquinaria de su sector público, a España se le va en estos momentos casi la cuarta parte de todo su Producto Interior Bruto (PIB).

Solo para pagar las nóminas de los empleados públicos, este año España se gastará alrededor de 100.000 millones de euros. La cifra no solo incluye funcionarios, sino también la larga lista de cargos políticos y asesores, interinos y contratados en el extenso entramado de empresas y organismos públicos. El grueso de todo ese gasto en sueldos corresponde a las autonomías —unos 60.000 millones de euros—, que ya suman casi dos millones de trabajadores en nómina y cuyas plantillas han seguido creciendo en estos años de crisis económica, mientras la Administración del Estado ha reducido la suya.

Y esto es solo una parte de lo que cuesta sostener toda la estructura del sector público español, la maquinaria de la administración central, las autonómicas, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y los consejos o cabildos insulares. Y en Aragón, además, sus 32 gobiernos comarcales.
Gastos ordinarios

35.000 millones
A los costes de personal hay que sumar lo que en los presupuestos de las administraciones se denomina «gasto corriente». Son los gastos ordinarios de funcionamiento, como luz, combustible para sus instalaciones, suministros... Sumará este año no menos de 35.000 millones de euros, según los presupuestos consolidados de las comunidades autónomas y del Estado para 2012 analizados por ABC. Y a lo anterior hay que añadir otro gasto fijo: el coste de la deuda, lo que el sector público tiene que dedicar a pagar amortizaciones e intereses por los préstamos y los títulos de deuda pública con los que se ha ido cargando para cuadrar sus cuentas.

En total, entre estos tres conceptos —personal, gasto corriente y coste de la deuda—, el conjunto del sector público español tendrá que gastarse este año, por tanto, más de 200.000 millones de euros. Y el grueso de esta cantidad se concentra en las autonomías, cuyos gastos de estructura son muy superiores a los del Estado.

De hecho, la progresiva escalada del gasto público de las comunidades autónomas ha sido superior a lo que se ha ido reduciendo en la Administración del Estado. Es el desajuste económico que ha quedado conforme se ha ido completando el traspaso de competencias y la consolidación del Estado autonómico.
Autonomías

El 60%, gasto estructural
En estos momentos, los gastos de estructura de las autonomías ya suponen, de media, casi el 60 por ciento de todo el presupuesto que manejan. Es decir, desde el 1 de enero de cada año, ya tienen hipotecados seis de cada diez euros para pagar nóminas, gastos de funcionamiento y coste de su deuda acumulada. Y como los gastos superan a los ingresos, han tenido que ir recurriendo cada vez a más endeudamiento. Este año, a falta de la cifra exacta que marquen los presupuestos que presenten Castilla-La Mancha y Castilla y León, las autonomías gastarán más de 100.000 millones de euros en personal, gasto corriente y pagos por su abultada deuda financiera.
Empleados autonómicos

60.000 millones
Solo en personal ya se les va la tercera parte de todo su presupuesto. A algunas, bastante más. Cataluña es proporcionalmente la que tiene menor gasto de personal, un 26 por ciento de su presupuesto. Eso sí, también es, con mucho, la que acumula un mayor endeudamiento.

La que más tiene que dedicar a pagar nóminas es la región de Murcia: el 42 por ciento de su presupuesto para este año entre empleados de su Administración, de organismos autónomos y de empresas públicas —la suma de estas tres partes es el presupuesto consolidado—. De los 2.146 millones de euros que gastará en personal, 1.021 corresponden a sueldos de empresas públicas. Otras comunidades tienen gastos de personal que se aproximan a la cifra del 40 por ciento de su presupuesto total. Es el caso de Extremadura, Aragón, Canarias y la Comunidad Valenciana.

Aunque se han ajustado algunas partidas de los presupuestos autonómicos para este año, la realidad es que los gastos de personal, si bajan, lo hacen mucho menos que sus presupuestos totales. De hecho, hay comunidades que este año no han recortado su presupuesto y que incluso gastarán más que el año pasado. Los ajustes se han cebado con otras partidas más «flexibles», como las inversiones, que llevan años desplomándose en las cuentas del sector público español. Y este año vuelven a caer

La comisión de la verdad.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 16 Abril 2012

Esta ultraizquierda no está nunca de acuerdo con las sentencias, ni con las Instituciones, sobre todo aquellas que no les conceden lo que quieren. Hay por ahí una plataforma llamada “solidarios con Garzón” que junto a otros grupos de la llamada “memoria histórica” se han juntado en aquelarre en el auditorio “Marcelino Camacho” de CCOO. ¡Dónde si no! En esa reunión al parecer han asistido lo mejor de cada casa, a saber: Gaspar Llamazares el superviviente de IU y Diputado eterno; Cristina Almeida, abogada defensora de las causas perdidas; José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, fiel defensor de Garzón y crítico con la Justicia española a la que ha servido por más de 40 años; Jaime Ruiz portavoz de la plataforma esa de solidarios con Garzón; Julián Rebollo representante de la ” plataforma contra la impunidad del franquismo”; el escritor Luis García Montero militante de IU y otros personajes de similar filiación y catadura.

Y claro, en esa excelsa congregación no podría evacuarse otra idea que la de exigir al Gobierno que se cree la “comisión de la verdad”, para que se esclarezcan todos los crímenes del franquismo y se abarquen todos los ámbitos legales, institucionales y políticos. Y claro, se olvidan del resto de la verdad, es decir de todos los crímenes que se cometieron en el otro bando en contienda, el que perdió la guerra civil. Se olvidan que una de las claves de la transición fue dar por cerrada toda esa etapa y empezar de cero desde la Constitución. Se olvidan que la Ley de Amnistía fue general y no hizo distinciones entre bandos.

Pero es verdad que hay quien no está interesado en pasar página, salvo para aquellos asuntos que le incomodan, como es el caso del 11M, del GAL, de la traición del Faisán, de los acuerdos con ETA, de la persecución política en reuniones cinegéticas, de las escuchas ilegales, de las investigaciones policiales sin garantías judiciales, de la dilación injustificada de causas por el capricho del instructor, de la coacción indisimulada para la obtención de subvenciones. Para esos asuntos, toda la comprensión y el apoyo incondicional abanderando la defensa de la inocencia de los acusados.¡ Hay que tener la cara muy dura y una falta total de ética”!

Pues nada, que sigan estos aquelarres y que entren en el éxtasis reivindicativo y pidan todas las comisiones que se les antoje. Ya se sabe que contra el defecto de pedir está la virtud de no dar.Y eso es una gran verdad que no necesita ninguna comisión para validarla.

Los linchadores, retratados
EDITORIAL Libertad Digital 16 Abril 2012

Por méritos propios, el Rey está en el peor momento desde que sucedió Franco al frente de la jefatura del Estado, cumpliendo la voluntad del dictador. El accidente en la cacería de Botsuana, viaje privado y secreto hasta el percance, le puede costar a Don Juan Carlos mucho más que una rotura de cadera, por la que fue operado en la clínica madrileña de la que ya es un paciente habitual. Durante demasiado tiempo el Rey y la Corona disfrutaron de una inmunidad en la prensa y la opinión pública, impropia de una sociedad democrática.

La actitud genuflexa y cortesana de la inmensa mayoría de la prensa, convertía en juegos florales las loas que en esos mismos medios ensalzaban lo "moderna" que era nuestra Monarquía. Las actividades públicas y privadas del Rey, muchas de ellas criticables, escapaban al imprescindible control que la prensa debe ejercer sobre todas las instituciones democráticas. Cualquier objeción era despachada con una apelación al hondo ‘juancarlismo’ de la sociedad española.

Es cierto que tanto el Rey como la Corona han gozado de una enorme aceptación en la sociedad española, refrendada en todos los estudios de opinión publicados en las últimas décadas. Al menos hasta el escándalo protagonizado por su yerno Iñaki Urdangarín y su hija la infanta Cristina. Pero también es cierto que el papel del Rey ha distado mucho de ser ejemplar en muchos asuntos. Dejando a un lado sus actividades privadas y amistades poco edificantes, lo más grave ha sido la dejación de funciones que como Jefe de Estado le otorga la Constitución en dos asuntos tan cruciales como la reforma del Estatuto de Cataluña y la negociación con la ETA, desencadenantes de la crisis nacional que está en el epicentro de la situación de emergencia de la Nación española.

Fueron estas cuestiones y no otras las que motivaron las críticas de Federico Jiménez Losantos al Rey. Ya en el año 2007 el director de Es la mañana de Federico hablaba de la abdicación de Juan Carlos en favor de su hijo el príncipe Felipe, para un mejor funcionamiento de la Corona, en beneficio de la Nación española a la que debe servir. Estas críticas, amparadas por la libertad de expresión y opinión, al papel del monarca que no ponían en cuestión la institución, fueron utilizadas de manera torticera en la brutal campaña, que Federico Jiménez Losantos relata en El Linchamiento, que tenía como objetivo silenciar al comunicador entonces en la COPE y condenarlo a la muerte civil.

La Casa del Rey participó activamente, junto a medios de comunicación y partidos políticos en aquella siniestra operación. Hoy, cinco años después, en Zarzuela habrán tenido oportunidad de leer lo que escriben algunos de los linchadores más destacados, como es el caso del exdirector de ABC, José Antonio Zarzalejos en El Confidencial, o las declaraciones de dirigentes socialistas como Tomás Gómez, y seguramente se preguntarán: ¿utilizarán la misma soga con la que trataron de linchar a Federico Jiménez Losantos para colgar ahora al Rey?

SEGÚN EAE BUSINESS SCHOOL
El Estado cargará a cada español con 23.000 euros de deuda en 2016
La deuda pública española crecerá un 47,4% en los próximos cinco años, según EAE Business School.
AGENCIA Libertad Digital 16 Abril 2012

La deuda pública española crecerá un 47,4% en los próximos cinco años, un porcentaje solo superado por Eslovenia con un 65,2% y Luxemburgo con un 108,1%, según el estudio sobre la deuda pública mundial y española elaborado por EAE Business School.

Esto supone que cada español tendrá en 2016 una deuda pública media de 23.036 euros frente a los actuales 15.801 euros, cifras similares a las que alcanzarán Portugal y Finlandia.

En la actualidad, catalanes (5.541 euros), valencianos (4.057 euros) y baleares (3.982 euros) son los que soportan mayor deuda pública por habitante; los que menos, andaluces (1.699 euros) y canarios (1.784 euros).

Cataluña, que aglutina el 30% de la deuda de las autonomías, debe dos veces más que la Comunidad Valenciana, 2,7 veces más que los madrileños y 2,9 veces más que Andalucía.

La deuda pública de España en 2011 fue de 729.753 millones de euros, un 12,8% más que en 2010 y un 86,2% mayor a los niveles de 2005. En 2011, la deuda pública española representaba el 67,4% de su PIB, un 12,5% superior al porcentaje de 2010 y un 56,74% superior a la presentada en 2005.

En 2016, Grecia, Italia, Irlanda, Portugal y Bélgica seguirán siendo los países de Europa con mayores ratios de deuda pública sobre PIB con porcentajes del 162%, 114%, 114%, 111% y 93%, respectivamente.

Suecia (4,6%), Bulgaria (19%), Luxemburgo (19%) y Rumanía (32%) serán los países con menos deuda pública sobre PIB. España ocupará dentro de cinco años la zona media alta de la tabla con una previsión de deuda pública sobre PIB del 77,4%, por debajo de Francia, Italia o Reino Unido y un 14,8% superior al valor actual.

Por su parte, los Presupuestos Generales del Estado prevén que la deuda pública española alcance en 2012 el 79,8 % del PIB, más de once puntos por encima de la de 2011, aunque por debajo del 90,4 % de media de la UE.

Países incumplidores
Dentro de cinco años, la deuda pública de la zona euro será inferior a la de Japón y a la de Estados Unidos. Pese a todo, en 2016, 14 de los 27 países de la UE incumplirán con la exigencia europea que obliga a que la deuda pública de los países no supere el 60% del PIB y entre ellos se encuentran Alemania, Reino Unido, Italia, España y Francia.

El análisis considera que estas mejoras en los datos se deben a crecimientos en el PIB de los países, porque para 2016 en todos los países de la zona euro se incrementará la cantidad de deuda pública emitida.

Alemania, Italia, Francia y España representaron el 78% del volumen total de deuda pública emitida en la zona euro en 2011. Grecia con una deuda del 166% sobre el PIB es el país europeo con mayor porcentaje de deuda sobre riqueza del país, le siguen Italia con 121%, Irlanda con 109%, Portugal y Bélgica con 94%.

Por habitante, irlandeses, griegos, belgas e italianos son los que soportan mayor carga de deuda pública de su país con una media de 37.337 euros, 32.501 euros y 31.585 euros, respectivamente. En el lado opuesto, eslovacos, eslovenos, malteses y chipriotas con cifras inferiores a los 15.000 euros de deuda por habitante.

Internacional
Una universidad pública de Milán elimina el italiano como lengua docente
Paso adelante importante del centro universitario italiano para preparar a los mejores estudiantes de cara a trabajar en un marco laboral mundial. Objetivo: “Formar capital humano de alta calidad”.
Redacción www.vozbcn.com  16 Abril 2012

La Universidad Politécnica de Milán tendrá en 2014 el inglés como único idioma oficial de sus clases de últimos años y doctorado. Giovanni Azzone, rector de la universidad italiana, ha informado de que el centro dejará de permitir la opción lingüística en “toda la oferta magistral”, como venía haciendo hasta ahora.

En un entrevista para el diario La Stampa, Azzone ha señalado que la Politécnica de Milá da el gran paso de iniciar un proceso para cancelar el italiano y dar las clases solo en inglés. Hasta ahora, tras los tres primeros años de carrera, los estudiantes tenían la opción de escoger para sus últimos años universitarios el italiano o el inglés para las clases.

Tanto profesores como estudiantes que sean contratados o se inscriban en la universidad deberán dominar el inglés si quieren dar clases de los últimos años o acabar sus estudios, respectivamente, en Milán. Eso sí, durante los primeros tres años la Politécnica facilitará a los estudiantes el dominio de la lengua inglesa.

Formar, atraer y dar la posibilidad
Esta decisión se ha tomado en base a dos motivos principales. Uno, atraer a estudiantes extranjeros de calidad interesados en Italia pero que hoy no van al país por la barrera del idioma; y dos, preparar a los estudiantes italianos, sobre todo los que no tienen la posibilidad de estudiar en el extranjero, para trabajar en cualquier país del mundo.

Azzone considera que se trata de una “contribución al crecimiento del país” y ha indicado que “Italia solo puede crecer si atrae inteligencias”, ya que “no puede confiar en las materias primas”. Así, la mejor opción es “formar capital humano de alta calidad en un contexto internacional que debe responder a las exigencias de las empresas”, como también a las de los estudiantes que desean ser “prescindibles” en el mercado de trabajo mundial.

La universidad es pública, se fundó en 1863 como Istituto tecnico superiore, y es de carácter científico-tecnológico. Actualmente tiene alrededor de 38.500 alumnos. En 1954 inauguró el primer centro de cálculo de Europa. La decisión de la Politécnica de Milán ha sido elogiada por el ministro de Educación de Italia, Francesco Profumo.

Barcelona
CiU sanciona por motivos lingüísticos en 2011 al mismo ritmo que el tripartito
Los datos son solo de Barcelona. 97 sanciones en 2011, una menos que en 2010. En 2009, 67 empresas fueron multadas. En 2008, 92. Y en 2007 se llevaron a cabo 50 sanciones por motivos lingüísticos. La Generalidad sigue multando por motivos lingüísticos en relaciones particulares, pese a que el Tribunal Constitucional declaró nulo cualquier tipo de ‘imposición’ lingüística por parte de la Administración autonómica.
Redacción www.vozbcn.com 16 Abril 2012

Multas en Barcelona por un importe total de 69.950 euros durante 2011. En total, 97 sanciones. ¿El motivo? Lingüístico. La Generalidad de Cataluña sigue multando por motivos lingüísticos (es decir por el uso de una de las dos lenguas oficiales de la Comunidad) pese a que el Tribunal Constitucional ha tumbado de facto las sanciones lingüísticas.

El consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena (CiU), ha detallado los datos de multas en la ciudad de Barcelona a petición de una pregunta por escrito del PP en el Parlamento autonómico. Así, los datos arrojan todavía 97 sanciones, solo el año pasado.

La Generalidad, a través de la autonómica Agencia Catalana de Consumo (ACC), ha recibido 585 denuncias. De estas, 26 expedientes se abrieron por una delación de un particular y en un caso, por la denuncia de una entidad, que la Consejería no a especificado su nombre.

Excusa informática
De esta manera, CiU mantiene el ritmo sancionador que estableció el tripartito (PSC, ERC e ICV-EUiA) pues en 2010 se sancionaron a 98 empresas, una más que en 2011. En 2009, 67 empresas fueron multadas. En 2008, 92. Y en 2007 se llevaron a cabo 50 sanciones por motivos lingüísticos. Estos datos corresponde solo a Barcelona.

Sorprendentemente, en la respuesta de Mena al PP se excusa en una problema de la ‘aplicación informática’ para no especificar cuáles de estas sanciones son por no utilizar el catalán en los rótulos de las empresas y comercios.

La respuesta de la Consejería de Empresa y Empleo está desglosada por sectores. El más sancionado, en 2011, ha sido el comercio minorista, con 35 multas. Tras este, el sector de la telefonía (18 sanciones), el de la rehabilitación de viviendas (4 multas), el sector inmobiliario (3 multas), el sector de alimentación (3 multas) y los mayoristas (otras 3 sanciones). Además, hubo dos sanciones en compañías del textil y calzado, dos más en el de los transportes, dos en el de la informática y una en el de los electrodomésticos y venta y reparación de automóviles.

El Constitucional tumba las multas lingüísticas
Estas cifras de Barcelona se incluyen en las del conjunto de Cataluña. En este caso, Artur Mas (CiU) ya ostenta el lamentable récord de ser el presidente de la Generalidad bajo cuyo mandato se han impuesto más multas lingüísticas en un año. En concreto, durante 2011, recaudó 176.100 euros mediante 226 sanciones a empresas por motivos lingüísticos. La cifra total de multas por este motivo ya supera el millar desde 2004.

La ACC realizó 6.552 actuaciones en 2011 solo en el ámbito lingüístico, entre las que han destacado las relativas a la no utilización del catalán en los carteles, señalizaciones y ofertas de las empresas. Una situación que está bien alejada de la que se vive en el País Vasco, donde el Parlamento autonómico ha eliminado cualquier obligación al uso de una de las dos lenguas oficiales (español y vasco), aunque incentiva el uso de una de ellas.

Sin embargo, el Alto Tribunal ha declarado nula de todo derecho cualquier imposición lingüística en la relación entre particulares. En la sentencia sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el Tribunal Constitucional lo deja claro:

‘El deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o establecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos’.

El autonómico Código de Consumo -aprobado por la Cámara autonómica en junio de 2010- impone a las empresas la obligación de utilizar el catalán oralmente y por escrito en múltiples circunstancias, tales como las ofertas, las invitaciones a comprar, los rótulos, la información de carácter fijo, y toda la documentación contractual, entre otros elementos. Además, insta a los consumidores a ‘cooperar’ con las administraciones públicas encargadas de velar por el cumplimiento de esta legislación mediante la denuncia. Esta norma está recurrida ante el Tribunal Constitucional.

Cataluña
Soberanismo, el cuento de la lechera
‘Hay un dato revelador del que CiU no habla [...]. Desde que comenzó la crisis, la Seguridad Social gasta en Cataluña mucho más de lo que recauda: 1.200 millones ya solo en 2009’
Redacción www.vozbcn.com  16 Abril 2012

Joaquim Coll, historiador, en un artículo publicado este sábado en El Periódico:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/opinion/soberanismo-cuento-lechera-1660682

‘En las últimas semanas hemos vuelto a comprobar que el debate sobre la cuestión territorial está dominado por dos posiciones que, si bien representan visiones enfrentadas, en la práctica comparten estrategias. Neocentralismo y soberanismo son dos imaginarios regresivos en relación al pacto constitucional, pues propagan la tesis del fracaso del modelo autonómico y comparten el deseo de destruirlo. La gravedad de la situación económica facilita que apelen al bolsillo de los ciudadanos para convencerles de la bondad de sus respectivas recetas. Frente a la crisis, plantean dos quimeras nacionalistas repletas de promesas de bonanza y prosperidad.

[...] Curiosamente, donde más aplausos ha encontrado la presidenta [autonómica] madrileña [Esperanza Aguirre] no ha sido en su partido, sino en el soberanismo catalán, que no se cansa de vilipendiar el mal llamado café para todos. Artur Mas ha aprovechado la ocasión para marcar nuevamente la diferencia entre las nacionalidades históricas, merecedoras del autogobierno, y las “artificiales”, aunque sin precisar cuáles son. Este desatino subraya la regresión que, en términos históricos, representa el soberanismo en relación con el catalanismo optimista e integrador del siglo XX. [...] Cualquiera que relea los debates constituyentes de 1978 verá que desde Miquel Roca a Jordi Solé Tura, pasando por Joan Reventós, los partidos catalanes defendieron que la autonomía era extensible a todos los pueblos de España sin excepción.

Pese a esta coincidencia con el nacionalismo español más castizo, el objetivo del soberanismo es, evidentemente, otro: la conquista del Estado propio. Ahora bien, tiene enfrente un obstáculo sociológico: resulta que la gran mayoría de los ciudadanos nos sentimos en grados diversos catalanes y españoles. Para superar el muro de la doble identidad, el soberanismo neoliberal no desaprovecha la menor ocasión para socializar argumentos de grueso calibre del tipo: “España nos roba, pero libres haríamos de Cataluña una de las economías más prósperas de Europa”.

[...] Este tipo de cuentos de la lechera son de una enorme frivolidad. Primero, porque el relato parte de una premisa falsa: que la legalidad española es lo único que impide proclamar la independencia, pues los catalanes ya estamos casi todos de acuerdo. Segundo, se habla solamente de los fabulosos beneficios de la separación, pero jamás de los costes sociales y económicos de la ruptura y de un periodo de transición indeterminado (¿durante cuánto tiempo nos quedaríamos fuera de la UE?). Seamos serios, por favor. Si alguien deja a sus vecinos porque esgrime que le roban, ¿acaso estos van a seguir saludándole y entrando en su negocio o empresa? Tercero, se esconden informaciones esenciales, como el hecho de que, aunque la economía catalana se ha abierto al mundo y exporta, nuestro superávit comercial únicamente se produce, y de manera muy notable, con el resto de España. Cuarto, el repetido argumento de las balanzas fiscales esconde matices y sorpresas. Lo hemos visto en relación a los datos de 2009 suministrados torticeramente por el conseller Mas-Colell.

[...] Hay un dato revelador del que CiU no habla y que indica hasta qué punto hemos de ser prudentes con las cifras. Desde que comenzó la crisis, la Seguridad Social gasta en Cataluña mucho más de lo que recauda: 1.200 millones ya solo en 2009.

El problema de fondo es que el grueso del soberanismo es neoliberal y, por tanto, considera que cualquier déficit, sea entre grupos sociales o territorios, es ilegítimo. Entre tanto, nos vende un peligroso cuento de la lechera donde solo existen fabulosos beneficios mientras esconde los costes económicos, sociales y políticos de la ruptura. ¿Acabaremos por tropezar?’.

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tratará la política penitenciaria del Ejecutivo
Ortega Lara defenderá a las víctimas ante la 'pantomima' del final de la banda
ALBERTO LARDIÉS www.gaceta.es 16 Abril 2012

Pronunciará una conferencia el próximo sábado en Madrid. Le acompañarán Alcaraz y Salvador Ulayar. Voces contra el Terrorismo anunciará movilizaciones.

El hipotético final de ETA despierta todo tipo de opiniones. Pero entre tanto ruido no son demasiadas las voces autorizadas que hablan al respecto. Ahora, una de esas voces respetadas por todos los ciudadanos reaparece. El funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, que estuvo secuestrado en un zulo durante la friolera de 532 días por la banda criminal, impartirá una conferencia el próximo sábado, día 21, en Madrid.

En concreto, la cita es a las cinco y media de la tarde en el hotel Emperador de Madrid, situado en el número 53 de la Gran Vía madrileña. Además, hablarán las conocidas víctimas Francisco José Alcaraz y Salvador Ulayar. La asociación Voces contra el Terrorismo, presidida por el propio Alcaraz, organiza el acto. Los tres conferenciantes analizarán la situación actual en la lucha contra el terrorismo por parte del Gobierno del PP. Y harán especial hincapié en las políticas penitenciarias que se están aplicando a los terroristas de ETA, entre otras cuestiones, según ha podido saber LA GACETA.

Asimismo, en el acto la combativa asociación, que lleva años censurando el diálogo taimado con la banda criminal, anunciará próximas actuaciones para seguir reivindicando su conocido lema de “Memoria, dignidad y justicia”. Valores que a su juicio merecen todas las víctimas de la barbarie etarra. Fuentes de la asociación adelantan a este diario que al término de la conferencia se leerá un manifiesto en el que “dejaremos más claro, si cabe, nuestra postura ante esta pantomima a la que denominan el final de ETA”. La reaparición en la escena pública de Ortega Lara, de por sí interesante en estos momentos, cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que, como adelantó LA GACETA hace 10 días, el comisionado para la Paz y la Convivencia en el País Vasco, Jesús Loza, recientemente nombrado por el lehendakari, Patxi López, ultima un informe dirigido al Ministerio del Interior sobre los presos etarras enfermos.

Premio a su captor
En ese informe se incluirá la solicitud de libertad para 15 terroristas que sufren graves dolencias, entre ellos Jesús María Uribetxeberría Bolinaga, tristemente conocido por ser uno de los que mantuvo a Ortega Lara encerrado.

El conocido funcionario de prisiones mide mucho sus apariciones públicas. Durante años vivió alejado de los focos mediáticos. Y sólo reaparece, junto a su inseparable Alcaraz, cuando cree que la ocasión lo merece. Así lo hizo, sin ir más lejos, en algunas concentraciones convocadas por Voces contra el Terrorismo ante los sospechosos movimientos que dio el año pasado el Gobierno socialista dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero. Ortega Lara, en línea con el propio Alcaraz y con políticos como Jaime Mayor Oreja, defiende que la negociación con los etarras sigue en marcha. El próximo sábado flanquearán a Ortega Lara los conocidos José Alcaraz y Salvador Ulayar. Ellos también han sufrido en sus carnes el cobarde zarpazo de los terroristas. Y ambos mantienen una posición sin dobleces ante el pretendido final de ETA. Un final que, como suelen recordar los expertos, todavía no se ha producido, dado que la banda criminal anunció el “cese definitivo de la actividad armada”, pero ni se disuelve ni entrega sus armas, sino que espera acontecimientos por si toca volver al tiro en la nuca y el coche bomba.

La asociación Voces contra el Terrorismo, a la que pertenecen los tres conferenciantes, sufre, según sus propias palabras, una suerte de “boicot mediático” desde hace meses. Algunos sectores políticos y mediáticos no paran de situarles falsamente en la “extrema derecha” para desacreditarles. Pero ellos no se rinden y prometen seguir adelante en su lucha contra la impunidad de los terroristas y sus cómplices. Prueba de ello es, por ejemplo, su reciente actuación por vía judicial para intentar que las autoridades detengan de una vez al negociador etarra Iosu Ternera.

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