AGLI Recortes de Prensa   Martes 17 Abril 2012

Diecisiete pequeñas Grecias
Antonio España. El Confidencial  17 Abril 2012

Imaginen un padre de familia y su mujer sentados con el director del banco de la esquina para negociar la ampliación de la hipoteca mientras sus diecisiete hijos aporrean la puerta del despacho reclamándole a sus padres: ¡Papá, dame más dinero! ¡Mamá, súbeme la paga! ¡Papá, dame un adelanto, que no llego a fin de mes! ¡Mamá, paga mis deudas que no tengo dinero! ¡Papá, fírmame un aval para un coche nuevo! Además, mientras el banquero sopesa si conceder o no la ampliación y a qué tipo de interés, observa con preocupación que el matrimonio no sólo no se pone de acuerdo en el control del gasto familiar sino que andan a la gresca denunciándose el uno al otro en los tribunales.

¿Creen ustedes que el director de la sucursal les va a prestar el dinero del banco? ¿Dirían que el banquero está atacando a esta desdichada familia si no se lo presta? Pues bien, algo parecido le ocurre a los inversores con el gobierno español: que tienen dudas razonables —y razonadas— sobre su capacidad para mantener a raya a sus diecisiete “hijos”.

Así las cosas, no debe extrañarnos que la prima de riesgo —la diferencia entre la rentabilidad de los bonos español y alemán— esté en plena escalada, reflejando la triste realidad de que el inversor prefiere prestar su dinero a los aburridos alemanes por un paupérrimo 1,7% (por debajo de la inflación) que a la jaula de grillos que es el estado [de las autonomías] español por un excitante 6%.

Algunos piensan que esto es un ataque injustificado de los mercados —me gustaría saber qué es lo que entienden por los mercados—, y argumentan que España no es Grecia. Y tienen razón: España no es Grecia, no. España son diecisiete pequeñas grecias.

Una por cada comunidad autónoma y cada una con su gobierno, su parlamento, su sistema judicial, su estructura para-estatal de agencias y empresas públicas, sus televisiones autonómicas, su defensor del pueblo, su consejo consultivo, su tribunal de cuentas, su universidad pública en cada provincia y hasta su parque temático financiado con fondos públicos —y al principio de la crisis, podíamos decir que hasta sus propios bancos centrales encarnados en las malogradas cajas de ahorro. Para más detalles sobre este disparate económico les recomiendo leer el interesantísimo informe sobre el coste del Estado Autonómico presentado por UPyD hace justo ahora un año y al que lamentablemente muy pocos han hecho caso (el informe se puede descargar aquí).

Descentralización o descontrol
De Montesquieu es universalmente conocida —salvo quizás para los sufridores de la LOGSE— la separación que promulgaba de los tres poderes del estado —legislativo, ejecutivo y judicial. Ésta, que es una división de carácter horizontal, se complementa con la separación vertical de poderes en los diferentes niveles de la administración —nacional, regional y local— y que es tan necesaria como la primera para garantizar un mínimo de protección al ciudadano frente a los abusos de la coacción estatal.

Lo que habitualmente se obvia es que el espíritu de la división de poderes no es generar islas dentro de las cuales cada uno hace y deshace a su antojo. Su objetivo es más bien asegurar un sistema de contrapesos entre todos los poderes estatales —lo que los americanos llaman el sistema de checks and balances— de forma que se contrarresten mutuamente los unos a los otros en su capacidad de hacer daño y de explotar al ciudadano.

¿Por qué les cuento esto? Porque desde que Alfonso Guerra enterrara a Montesquieu en los años 80, en España más que una división horizontal de poderes tenemos un totum revolutum en el que mandan los partidos políticos, mientras que en la dimensión vertical, tenemos verdaderos cotos privados de los barones regionales, que hacen y deshacen a su antojo sin ningún tipo de control ni responsabilidad ni rendición de cuentas. O sea, diecisiete pequeñas grecias.

Las consecuencias del descontrol: déficit, deuda y sube la prima
Warren Buffet suele decir que cuando baja la marea se descubre quién nadaba desnudo y quién no. Cuando nadábamos en la abundancia del crédito, fomentado por los tipos de interés artificialmente bajos, y nos creíamos ricos —aunque vivíamos de prestado— a nadie parecía importarle la duplicación innecesaria de organismos ni los excesos cometidos ad maiorem gloriam de los barones o reyezuelos autonómicos.

Pero la expansión del crédito, como siempre sucede, se detuvo, y estalló la burbuja. Y tras años de crisis, no es que haya bajado la marea, es que el agua nos llega ya por los tobillos. Adivinen cómo nos ha pillado a los españoles con nuestros diecisiete «mini-estados», imagínense qué es lo que ha quedado a la vista de los inversores y pregúntense por qué sube la prima de riesgo.

El hecho es que a estas alturas de la película parece que todo el mundo tiene claro que el Estado de las Autonomías no funciona como debiera. Y los inversores, que serán malditos especuladores —especialmente cuando no compran nuestra deuda pública, como dice Daniel Lacalle— pero no tontos, lo saben tanto o más que nosotros mismos.

Y esto lo ve todo el mundo menos nuestros políticos, que siguen a lo suyo, en su pequeña grecia sin querer enterarse de que lo que verdaderamente estrangula el crecimiento es el déficit y la deuda pública.

Qué puede (y debe) hacer el Gobierno
Afortunadamente hay alguna notable excepción —hay que ser justos—, como son los miembros del partido de Rosa Díez, que no piden menos estado sino cambiar éste de sitio para que sea más eficiente. Además de Esperanza Aguirre en el propio PP, que con inteligencia y oportunidad política se ha unido a la iniciativa de quitar poder a la autonomías para devolvérselo al estado central.

Y aunque, ya que de devolver competencias se trata, uno preferiría que nos la devolvieran a los ciudadanos, siendo prácticos y realistas un buen comienzo sería escuchar estas ideas —que cada vez más son un clamor popular— y tomarlas en serio, en vez de apartarlas de un manotazo como ha hecho Rajoy. Esto tendría un doble efecto: volver a ganar la confianza de los inversores en el gobierno de España y liberar recursos para permitir el crecimiento de la economía privada.

Larga vida y gloria a los que luchan por la democracia
Francisco Rubiales Periodista Digital  17 Abril 2012

En un mundo corrupto y mal gobernado como el que nos ha tocado vivir, los que luchan por la verdadera democracia son los verdaderos héroes. Hay dos bandos enfrentados en este mundo, el de los que arrojan continuamente estiercol sobre la vida y el de los que se dedican a limpiar las inmundicias. El verdadero éxito en la vida no es llegar a ser ministro o presidente de una gran compañía sino ser limpiador. Los verdaderos triunfadores son los que dedican la vida a servir a los demás y a mejorar el mundo, ser de aquellos que fueron ensalzados por Jesucristo en el sermón de la bienaventuranzas: bienaventurados los que sufren, los limpios de corazón, los perseguidos por defender la justicia, los mansos... Cualquier cosa menos militar en el bando de los puercos, aunque muchos de ellos se desplacen en coche oficial y naden en abundante dinero público.

Los que luchamos por una sociedad mejor y tenemos el valor de llamar corruptos a los que nos han llevado hasta el desastre somos ya marginados y hasta hostigados en esta España sucia y delictiva. Nos tachan de antisistemas, de fascistas o de peligrosos subversivos y sufrimos ataques desde la derecha y desde la izquierda, pero debemos sentirnos orgullosos de ser luchadores por la verdadera democracia, de alzarnos contra las democracias degradadas, contra la partitocracia que ha secuestrado nuestras democracias y contra la ineficacia y la corrupción que han hecho posible la actual crisis, la caida de los valores y el nauseabundo dominio de una clase política que ni siquiera merece el respeto de la gente libre y decente.

Aunque padezcamos la persecución y el acoso de los poderosos, los luchadores por la verdadera democracia son lo mejor de la sociedad. Ocupamos el mismo lugar que aquellos disidentes que la injusta e inhumana dictadura soviética recluía en los gulags de Siberia, tratados como esclavos por la dictadura, pero elevados a la categoría de héroes cuando cayó el Muro y se derrumbo la opresión comunista. Aparentemente, estamos marginados y derrotados, pero hay más dignidad y decencia en un sólo luchador demócrata que en los cientos de miles de indignos que se someten a la injusticia dominante.

Mis sinceras felicitaciones a los luchadores, una legión que, aunque todavía menoritaria, crece cada día. Entre los lectores de este blog Voto en Blanco hay muchos de esos combatientes decentes, gente que ha decidido plantar cara con sus ideas y argumentos a los que están sembrando nuestras sociedades de esclavitud, desigualdad, injusticia y tristeza.

Es cierto que la sociedad actual, en lugar de reconocer el mérito de esa lucha minoritaria, nos paga con la marginación, la indiferencia y, en algunos casos, con la persecución política y la violencia del sistema, pero no es menos cierto que los luchadores por un mundo mejor siempre han sido, a lo largo de la Historia, la parte más digna de la especie humana, la que ha abierto las puertas al verdadero progreso y al avance de la civilización. Hemos ganado mil batallas y hemos perdido muchas más, pero la lucha proporciona dignidad y nos hace sentirnos miembros libres de la vanguardia de la orgullosa especie humana.

La indecencia de nuestros adversarios nos hace grandes. Ellos, a los que combatimos, son los que han creado un mundo tan injusto como el que vivimos, donde el foso que separa a ricos y pobres no deja de ensancharse, donde los desposeidos y desesperados son ya legiones, donde el ciudadano, dueño del sistema, ha sido despojado de su voluntad política y de su dignidad democrática, donde el hambre sigue matando, mientras unos pocos nadan en la abundancia, la opulencia y el despilfarro. Luchar contra ese mundo injusto que construyen nuestos adversarios, basado en la mentira, el engaño, la manipulación y el privilegio de los poderosos, qua aplasta a los débiles sin misericordia, nos reconcilia con la Historia.

Luchar contra las tiranías y dictaduras sangrientas tiene gran mérito, pero los que luchan contra ellas tienen la ventaja de que sus adversarios aparecen claramente, ante la Historia, como seres dañinos y degenerados. Sin embargo, luchar contra tiranos y sátrapas disfrazados de demócratas, como hacemos nosotros en muchos paises en apariencia libres, es mucho más complicado y difícil, porque nuestros adversarios se hacen pasar por buenos y, con la ayuda de sus enormes recursos de propaganda y del imponente aparato mediático, confunden a los ciudadanos presentándose como representantes del progreso y la decencia. Luchar contra estos depredadores travestidos de demócratas en un verdadero tormento porque muchas veces implica combatir sin el poyo y la comprensión de aquellos que son sus principales víctimas.

Sé que muchos estamos abrumados por el acoso de los sátrapas y que, a veces, ese acoso se traduce en dolor para nuestras familias y perjuicios para nuestros trabajos y empresas, pero debemos entender que es el precio que pagamos los caballeros andantes de esta época por enfrentarnos a los señores feudales de hoy (los políticos) y a sus huestes de rufianes, heraldos y sicarios (enchufados, periodistas sometidos y fuerzas del orden). Hay que entender que nuestra ética es incompatible con la de ellos.

Sin embargo, debemos saber, para que nuestra moral crezca, que ganar esta guerra es relativamente fácil si sabemos utilizar bien nuestros recursos, que son poderosos. Nuestra gran arma es la verdad, que está de nuestro lado, mientras que el imperio de ellos está basado en la mentira y tiene los pies de barro.

Si predicamos la verdad, como hicieron Buda, Jesucristo y Mahoma, entre otros, conseguiremos, como ellos, cambiar el mundo. Hay que explicar a nuestros familiares y amigos que la derecha y la izquierda ya no existen y que son un invento de los políticos. Que la verdadera división del mundo es la que separa a los opresores de los oprimidos, a los demócratas de los totalitarios, a los poderosos de los humildes, a los que acaparan todo de los que son despojados de todo, incluso de sus derechos fundamentales. Hay que explicar que es posible construir un mundo mejor con tan sólo sustituir a los depredadores que gobiernan por gente buena y decente. Hay que predicar a los cuatro vientos que nuestros gobernantes, con todo el poder y todos los recursos en sus manos, solo han sabido crear un mundo injusto, desigual y marcado por lacras como la pobreza, el hambre, la indefensión de los débiles, la corrupción y la opropiación idebida del dinero de todos. Hay que decir a todo el mundo que los partidos políticos, aparentemente enfrentados, se alian a la hora de la verdad y votan juntos para incrementar siempre los sueldos y los privilegios de los políticos o para expulsar del sistema a los partidos nuevos y limpios que llegan a la política. Hay que decir con argumentos convincentes que nuestros políticos han asesinado la democracia y la han sustituido por una sucia oligocracia de partidos, una verdadera dictadura de políticos, ejercida contra los ciudadanos, en contra de todas las leyes y normas que regulan la demcoracia, a la que han desposeido de sus recursos fundamentales: separación de poderes, elecciones verdaderamente libres, una ley igual para todos, protagonismo del ciudadano, prensa libre e independiente, sociedad civil autónoma capaz de actual de contrapeso del poder político, lucha eficaz contra los corruptos y defensa de los valores y principios éticos.

Somos nosotros y no ellos, aunque no lo parezca, la verdadera élite de nuestro tiempo. Ellos representan el abuso, la corrupción, el mal gobierno y son los constructores de un mundo cargado de indecencia. El problema es que ellos se han apoderado del Estado y que desalojarlos nos va a costar sangre, sudor y lágrimas.

Quiero terminar con una anécdota sencilla, pero que a mi me parece reveladora: hace algunos meses, después de impartir una clase de master en la facultad de Ciencias de la Información, en Sevilla, se me acercó un alumno en la cafeteria, con el que mantuve la conversación siguiente:

- "Profesor, he leido sus libros y le he escuchado hoy, pero no logro ubicarle en la política ¿donde esta usted?"
- "Estoy en el lado contrario de Chaves, Zarrías, Zapatero, Aznar, Rajoy y la mayoría de nuestros políticos"

- "Sigo sin entender ¿Eso que es, la derecha o la izquierda?"
- "Eso es la democracia y la decencia".

Voto en Blanco

LASTRE ECONÓMICO
La burbuja que los partidos silencian: el escándalo de sus deudas
El Semanal Digital 17 Abril 2012

Ni siquiera en la actual crisis las formaciones políticas han renunciado a sus privilegios ante las entidades para acceder y pagar -o no- millonarios créditos para su financiación.

Los mismos partidos que se lanzan unos a otros la culpabilidad de la burbuja inmobiliaria, elemento diferenciador de la crisis económica en España, han contribuido desde sus privilegiadas posiciones al cierre de grifos a particulares de las entidades de crédito a partir de 2008. El endeudamiento con los bancos, sin excepciones, de las formaciones políticas alcanza aún hoy cifras escandalosas que deberían, cuanto menos, sacar los colores a la clase política que, en ocasiones, consigue además el benévolo perdón de las entidades.

Esta situación queda más que patente en el último informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los partidos políticos, hecho público estos días, correspondiente al ejercicio de 2007. En él se detalla la deuda contraída por las formaciones que contaban con representación en esos momentos en el Congreso de los Diputados con entidades de créditos hasta un total de 214.616.736 euros, de los que sólo 852.297 correspondían a intereses de demora. La palma se la llevaron PP y PSOE que entre ambos debían a los bancos casi 120 millones de euros: 59.397.803,24 los populares y 59.937.432,77 los socialistas.

A esta millonaria deuda habría que sumar la del resto de formaciones con representación en parlamentos autonómicos: otros 12.087.987 euros. Caso aparte es el de las fundaciones vinculadas a los partidos políticos, cuyo primer examen por este órgano ha revelado ciertas anomalías que recomiendan un estudio exhaustivo de sus cuentas.

A pesar de que no se han fiscalizado aún los ejercicios posteriores, los últimos informes conocidos sobre las cuentas de los dos principales partidos nacionales, dados a conocer en los recientes congresos del PP y PSOE, han ratificado la continuidad de esta tendencia al endeudamiento. En el caso del partido que gobierna en estos momentos, su deuda asciende a 54 millones de euros, de los que 49 corresponden a hipotecas y eso que sólo se cuenta el periodo que va desde 2008 a 2010, a falta de cerrar las cuentas de 2011.

Por su parte, los socialistas cerraron el pasado año con una deuda real de 22,6 millones de euros, además de otros 24,15 millones de deuda electoral. Un agujero que puede crecer considerablemente en 2012 por el drástico recorte que sufren sus ingresos, tanto por la menguada representación parlamentaria que logró en las urnas en las elecciones generales como por la reducción un 20 por ciento de las subvenciones a partidos y fundaciones vinculados a estos.

De hecho, apenas unas semanas después de la debacle nacional de los socialistas del 20-N, el PSOE reconoció la difícil situación económica por la que atraviesa, que le ha llevado incluso a plantear la venta de la histórica sede de Fundación Ideas en la calle Gobelas y a avanzar la posibilidad de despidos en su plantilla.

Y eso contando con que han disfrutado, como otras muchas formaciones políticas, de la generosidad de algunas entidades bancarias a través de la condonación de parte de su inflada deuda. Ríos de tinta se escribieron a cuenta de los favores en este sentido que durante las dos legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno recibieron de Emilio Botín y el Banco Santander. Como detalle, en 2006 -conocido a partir del informe de dicho año del Tribunal de Cuentas- se les perdonó la deuda de 12 millones de euros que arrastraba el partido hasta entonces.

No menos ampollas levantó ese mismo año la cancelación por parte de la entidad BBK de una deuda de 21 millones de euros que acumulaba el PSOE desde los 80; la de La Caixa al PSC de José Montilla en 2004 por valor de 7,1 millones de euros; o en el año 2000, los 30 millones de pesetas que Caja Granada perdonó al PP de un crédito también de finales de la década de los 80.

Pero cada vez que uno de estos favores ven la luz pública, dirigentes de las diferentes formaciones salen en tropel a justificar una "práctica habitual" en el sistema financiero. Este despropósito no obstante debe llegar también a su fin, sobre todo en unos momentos en el que es urgente para la economía nacional que fluya el crédito. En los últimos años, pymes y autónomos han venido denunciado cómo la deuda de las administraciones públicas lastraba y condenaba a sus negocios a través del impago -algo que el Gobierno de Mariano Rajoy trata de solucionar con el plan de pago a proveedores-, y por copar los créditos bancarios. Y en esto, las finanzas de los partidos políticos también tienen su parte de culpa.

Serviría, además, para devolver la credibilidad a la clase política en un aspecto, la financiación de los partidos, por el que han sobrevolado numerosos escándalos y algunos de los episodios más negros de la política nacional. Algunos más que otros, eso sí, ya que sólo los socialistas cuentan con un amplio currículum empezando por la financiación ilegal del partido en el año 1989 través del entramados empresariales de los casos Filesa y Ave, en los que fueron imputados y condenados dos responsables financieros del partido, Aída Álvarez y Guillermo Galeote; final muy distinto al intento de generar un escándalo de similares proporciones al PP a cuenta del Gürtel, donde se demostró que no existió financiación ilegal. Pero es que hasta el nombre del actual gerente del partido, Xoán Cornidé, ha sido relacionado en un turbio asunto en el que fue señalado por haber pedido al Ministerio de Fomento que dirigía José Blanco "obras para un amigo".

Sea como fuere, para arreglar o exigir que se arregle el país cada uno debe empezar por poner en orden su propia casa.

Reformas
La arriesgada y cara lentitud de Rajoy
Guillermo Dupuy Libertad Digital 17 Abril 2012

Rajoy acaba de manifestar, en un encuentro organizado por el Instituto de la Empresa Familiar, que "estamos sólo en el kilómetro cero de la senda reformista que se va a prolongar hasta el último día de la legislatura". El presidente del Gobierno ha vuelto a señalar que "si no cumplimos con la reducción del déficit, todo lo demás sobra", por lo que ha pedido que "nadie siembre dudas sobre este compromiso".

Yo no dudo de que, efectivamente, estemos sólo en el "kilómetro cero" de la senda reformista por la que supuestamente Rajoy nos va a conducir. Lo que me pregunto es cuántos "kilómetros de reformas" vamos a recorrer en esta legislatura dada la lentitud con la que Rajoy se pone a la tarea. España lleva rumbo de colisión contra un iceberg y lo que necesitamos es un golpe de timón lo más drástico y rápido posible, no meros cambios graduales por muy prolongados que pretendan ser en el tiempo. La situación es tan dramática que lo que menos tenemos es tiempo. Esa fue una de las razones que avalaban a Rajoy para pedir elecciones anticipadas y la que justificó, una vez que las ganó el PP, reclamar a Zapatero un traspaso de poderes lo más rápido posible.

Lejos de prolongarlo "hasta el último día de la legislatura", Rajoy debía haber tenido preparado el grueso de las reformas que España necesita desde mucho antes de que Zapatero accediera a adelantar las elecciones. Y Rajoy debía haberlas dejado caer en tromba durante los primeros cien días de su gobierno, aprovechando la legitimidad que le acaban de conceder las urnas y el estado de KO en el que había quedado el principal partido de la oposición. Además, puestos a tener que afrontar la impopularidad de algunas de las reformas que España necesita –no todas son impopulares, por cierto-, mejor haberlas llevadas a cabo en los albores de la legislatura, en lugar de prolongarlas lacerantemente a lo largo de toda la legislatura, tal y como parece ser –en el mejor de los casos- la intención del presidente del Gobierno.

Dice Rajoy que nadie debe sembrar de dudas su compromiso con la reducción del déficit. Pero ¿quién más que él las ha sembrado incumpliendo su compromiso ante Bruselas y sus propios electores de reducirlo al 4,4%? ¿Cómo no va a sembrar desconfianza alguien que, por lo visto, no tenia previsto que Zapatero pudiera mantener un déficit oculto? ¿No es conciente Rajoy de la desconfianza que él mismo ha generado incumpliendo su compromiso de reducirlo por la vía exclusiva de la reducción del gasto público? Una cosa que no le perdono a Rajoy es que tenga la desfachatez de apelar a la fructífera ética del esfuerzo para avalar una esterilizante subida de impuestos, que va a minar nuestra recuperación económica tanto como a preservar un despilfarro público que vete tú a saber cuándo o en qué kilómetro de su "senda reformista" va realmente a suprimir.

Si la irresponsable negativa de Rajoy a remodelar profundamente el modelo autonómico nos condena a permanecer eternamente en el kilómetro cero en una de las reformas que más requiere nuestro país, su subida de impuestos nos sitúa directamente en el campo de la contrarreforma.

¿Cómo no va a sembrar dudas Rajoy cuando nadie sabe cuando va afrontar –si es que la va afrontar- una auténtica reforma liberalizadora de nuestro demencial modelo energético que, entre cosas, abra las puertas a la energía nuclear? ¿En qué kilómetro de esa senda supuestamente reformista va a decidirse Rajoy a erradicar completamente las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos? ¿A qué espera para cortar las ayudas al desarrollo a cargo del contribuyente? ¿A qué espera para cerrar y poner en venta las televisiones públicas? ¿Cómo no va a sembrar dudas Rajoy respecto a su compromiso de reducción del déficit si elude cualquier cosa que pueda contrariar a los nacionalistas, por no hablar de la condescendencia hacia los manirrotos gobernantes de su propio partido? ¿Cómo no va a sembrar dudas, si como él mismo reconoce, seguimos en el kilometro cero de las reformas y parace querer demorar muchas de ellas hasta el último dia de su legislatura? ¿Será verdad, tal y como dice De Guindos, que tendrán que venir de fuera a hacernos el presupuesto para mostrarnos lo que es un auténtico plan de reformas?


Barcelona
El Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento contra la suspensión cautelar del reglamento lingüístico
En los artículos suspendidos por el TSJC ‘se contienen mandatos concretos y específicos cuyo significado excluyente del castellano es claro y manifiesto, e impiden una interpretación distinta a la de su significado estrictamente literal’. Por eso, se añade en la sentencia del Supremo, ‘mantener su vigencia comportaría un perjuicio de difícil o imposible reparación, que justifica la suspensión cautelar”.
Redacción www.vozbcn.com  17 Abril 2012

Un nuevo varapalo para los partidos políticos e instituciones que defienden la exclusión del español en el ámbito público en Cataluña. El Tribunal Supremo no ha aceptado a trámite el recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Barcelona contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de ‘suspender cautelarmente’ siete artículos del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana. Este reglamento antepone el uso del catalán sobre el castellano en el Consistorio. El texto reglamentario impugnado, por lo tanto, continuará suspendido hasta la decisión final de los tribunales.

El Alto Tribunal ha rechazado la petición del Consistorio (en su mayoría basada en aspectos técnico jurídicos) que pedía que, mientras el TSJC dilucida si suspende los artículos definitivamente, se aplicara el reglamento que excluye el uso del español del Ayuntamiento, tanto en las comunicaciones internas de los funcionarios como de estos con los ciudadanos.

El reglamento, aprobado en enero de 2010 por todos los grupos municipales menos el PP, obligaba al uso exclusivo del catalán, pese a que en Cataluña hay dos lenguas oficiales y que ninguna de las dos puede anteponerse a la otra. En octubre de 2010, tras la impugnación, la sala del TSJC basó su decisión en la sentencia de verano de 2010 del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que declara ilegal la imposición del catalán que recogía el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006.

La decisión del TSJC: el 4 de mayo
Uno de los argumentos utilizados, en esta ocasión, por el Supremo para rechazar el recurso de casación del Ayuntamiento es que en los artículos suspendidos por el TSJC ‘se contienen mandatos concretos y específicos cuyo significado excluyente del castellano es claro y manifiesto, e impiden una interpretación distinta a la de su significado estrictamente literal’. Por eso, se añade en la sentencia, ‘mantener su vigencia comportaría un perjuicio de difícil o imposible reparación, que justifica la suspensión cautelar’.

La decisión final del TSJC sobre el Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona se dará a conocer el próximo 4 de mayo, según ha podido saber LA VOZ DE BARCELONA.

Los artículos afectados por la decisión del tribunal autonómico son los siguientes:

Artículo 3.1
Las actuaciones internas del Ayuntamiento de Barcelona se han de hacer en catalán.

Artículo 3.2
Las actas de las sesiones que realice el Ayuntamiento de Barcelona en Pleno, la Comisión de Gobierno y las comisiones informativas se han de redactar en lengua catalana. También se tienen que redactar las actas de los diversos organismos y entidades dependientes del Ayuntamiento a los que se refiere el apartado 1 del artículo 1 de este Reglamento.

Artículo 3.4
Los impresos utilizados por los diferentes órganos del Ayuntamiento de Barcelona y los rótulos indicativos de oficinas y despachos, los encabezamientos de toda clase de impresos, los sellos de goma, los matasellos y otros elementos anólogos han de estar escritos en catalán.

Artículo 5.2
La expedición de documentos o de testimonios de expedientes se hará en catalán o, si la persona solicitante lo pide, en catalán y castellano.

Artículo 7
En sus comunicaciones administrativas orales, el personal del Ayuntamiento de Barcelona ha de emplear la lengua catalana, salvo que el administrado o administrada pida ser atendido/a en castellano. [...]

Artículo 12
La rotulación pública de todo tipo que dependa del Ayuntamiento se ha de redactar en catalán, salvo aquella destinada específicamente a usos turísticos, que podrá tener indicaciones en otros idiomas, si bien en este caso la versión catalana figurará de forma preferente.

Artículo 18
En los registros administrativos del Ayuntamiento de Barcelona, los asientos se han de hacer en catalán.

El líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, indicó tras recurrir el reglamento que el Consistorio debería derogar la norma lingüística y recordó que su propuesta es que el uso del español “no esté marginado”, como establece el reglamento recurrido ante el TSJC, por lo que instaba al resto de grupos municipales a “derogarlo, sin más”.

La misma sección del TSJC también suspendió cautelarmente (total o parcialmente) 14 artículos del reglamento para el uso de las lenguas catalana y occitana aranesa en la Diputación de Lérida, que imponía la obligatoriedad de usar el catalán en todas las actuaciones internas y externas -así como el aranés en el Valle de Arán-. El recurso, en este caso, lo interpuso Convivencia Cívica Catalana.

Ayuntamiento a pagar las costas
El Supremo declara nulo el uso preferente del catalán en Barcelona
GACETA.ES  17 Abril 2012

Entre otros, suspende las multas por no rotular en catalán, las actas redactadas únicamente en esta lengua y la de ser atendido en español sólo si quien se pone en contacto con la administración lo pide.

No rotular al menos en catalán, que la administración redacte actas únicamente en esta lengua y, entre otros, que el personal público reciba en catalán, a no ser que el ciudadano requiera el español son algunos de los artículos que el Tribunal Supremo ha suspendido en Barcelona. De esta forma, el catalán deja de ser preferente en la Ciudad Condal a raíz de la denuncia presentada por el líder del PP en el Consistorio, Alberto Fernández Díaz. Sólo el año pasado y en Barcelona se multó a 97 comercios por no rotular en catalán, a razón de unos 720 euros de media para cada uno de ellos.

Y es que, el Alto Tribunal ha confirmado la suspensión de 7 artículos del reglamento del catalán de BarcelonaLa sección cuarta de la Sala Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la suspensión de siete artículos del reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona, que decidió el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en una anterior sentencia.

El fallo de la sentencia del Tribunal Supremo, que se ha conocido hoy, confirma el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que suspendió los siete artículos de forma cautelar alegando que existen antecedentes de sentencias que han declarado nulas normativas que imponen directamente el uso preferente del catalán sobre la otra lengua cooficial, el español.

El reglamento del uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado por el pleno del consejo municipal en febrero de 2010, fue recurrido ante los tribunales por el presidente del grupo municipal del PPC en el consistorio, Alberto Fernández Díaz.

Los artículos en cuestión
Los artículos suspendidos son el 3-1, que establece que las actuaciones internas del Ayuntamiento de Barcelona se han de hacer en catalán; el 3-2, que indica que las actas del consistorio se han de redactar en catalán; el 3-4 relativo a impresos, sellos de goma y análogos, y el 5-2, sobre la expedición de documentos.

También se suspendió el artículo 7, en el que se dice que en sus comunicaciones administrativas orales, el personal del ayuntamiento ha de emplear la lengua catalana, excepto cuando el administrado pida ser atendido en castellano, el número 12, referido a la rotulación, y el 18, sobre asientos administrativos.

En la sentencia, el Supremo considera que la Sala del TSJC ya valoró los "intereses en conflicto y consideró teniendo en cuenta los mismos que si no se adaptaba la medida cautelar de suspensión, la aplicación de la disposición general a lo largo de la posible duración del proceso podía hacer perder su finalidad legítima al recurso".

Para el Supremo, el TSJC ya justificó debidamente en su momento el 'periculum in mora' (peligro de un daño jurídico urgente) que suponía para el interés general de los ciudadanos e incluso de los miembros de la corporación municipal de Barcelona el no poder utilizar indistintamente las dos lenguas cooficiales.

Esta sentencia del Tribunal Supremo, que es firme, condena también a pagar las costas al Ayuntamiento de Barcelona, que puede ascender a los 3.000 euros.

no lo cambiará hasta sentencia firme
La Ciudad Condal quita hierro al revés del Supremo sobre el catalán
| EFE GACETA.ES  17 Abril 2012

El Consistorio barcelonés afirma en una nota que se trata de una medida cautelar a la espera de una sentencia definitiva, y que el reglamento está en vigor desde el febrero de 2010 "y se ha aplicado con normalidad y sin ningún problema".

El Ayuntamiento de Barcelona considera que la decisión del Tribunal Supremo (TS), que ha confirmado la suspensión cautelar de siete artículos del reglamento municipal de uso del catalán no afectará en la práctica al día a día de la institución ni a su relación con los ciudadanos.

El primer teniente de alcalde y portavoz del Gobierno municipal, Joaquim Forn, señala en una nota que se trata de una medida cautelar a la espera de una sentencia definitiva, y que el reglamento está en vigor desde el febrero de 2010 "y se ha aplicado con normalidad y sin ningún problema".

"El catalán es la lengua vehicular del Ayuntamiento de Barcelona y el Reglamento garantiza los derechos individuales de todas las personas", señala en el comunicado el portavoz municipal. No obstante, en este 2011 se han multado a 97 comercios por no utilizar el catalán, en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, que avala que ambas lenguas que conviven en Cataluña deben ser vehiculares.

Además, Forn recuerda que el Ayuntamiento recurrió la suspensión cautelar acordada por el TSJC precisamente porque entiende que todos los preceptos a los cuales afectaban se adecúan tanto al Estatuto como a la Ley de Política Lingüística de 1998, una ley que ha sido contradicha por el Tribunal Constitucional y cinco sentencias del Tribunal Supremo.

El reglamento del uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona, aprobado por el pleno del consejo municipal en febrero de 2010, fue recurrido ante los tribunales por el presidente del grupo municipal del PPC en el consistorio, Alberto Fernández Díaz.

En su comunicado, el ayuntamiento recuerda que lo que el TS ha desestimado son los motivos de casación alegados por el ayuntamiento y mantiene la suspensión de los artículos antes mencionados, pero que el recurso presentado contra el reglamento todavía está pendiente de sentencia por parte del TSJC.

En este sentido, el comunicado municipal señala que "el Ayuntamiento de Barcelona confía en que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, cuando emita sentencia en relación al recurso contencioso administrativo, avale el Reglamento de uso de la lengua catalana".

No rotular en catalán es motivo de multa en contra de la doctrina del Constitucional.
A una multa del récord
Artur Mas multa a 97 comercios por no rotular en catalán en Barcelona
GACETA.ES  17 Abril 2012

El ritmo de sanción es de casi una multa cada cinco días y sólo en la provincia de Barcelona. La recaudación asciende a 69.950, es decir, cerca de 720 euros por empresa.

Cataluña es la única comunidad autonóma que multa por motivos lingüísticos, como marca la ley de política lingüística aprobada por la Generalidad. Así, con este ataque al español y en contra de la sentencia del Tribunal Constitucional, que sentenció que el español debe ser lengua vehicular en Cataluña, el Gobierno de CiU ha puesto sólo en Barcelona 97 sanciones, tan sólo una menos que en 2010. En 2011, el total de las multas impuestas fue de 226.

La Generalidad de Artur Mas prosigue su campaña contra el español y multa por motivos de lengua en las relaciones privadas, pese a que el TC anulaba cualquier tipo de "imposición" en este sentido. Las multas en Barcelona han recaudado 69.950 euros durante 2011, es decir, cerca de 720 euros por empresa.

El consejero de Empresa y Empleo, Francesc Xavier Mena (CiU), ha detallado los datos de multas en la ciudad de Barcelona a petición de una pregunta por escrito del PP en el Parlamento autonómico. Así, los datos arrojan todavía 97 sanciones, solo el año pasado.

La Generalidad, a través de la autonómica Agencia Catalana de Consumo (ACC), ha recibido 585 denuncias. De estas, 26 expedientes se abrieron por una delación de un particular y en un caso, por la denuncia de una entidad, que la Consejería no a especificado su nombre.

El comercio minorista, el más multado
Mientras la Generalidad ha rechazado 900.000 euros por el caso Palau, en el que está involucrado Fèlix Millet y Jordi Montull, el Gobierno catalán si busca ahogar aún más al comercio minorista, el más sancionado por no utilizar el catalán, con 35 multas. Tras este, el sector de la telefonía (18 sanciones), el de la rehabilitación de viviendas (cuatro multas), el sector inmobiliario (tres multas), las mismas que el sector de alimentación y los mayoristas. Además, hubo dos sanciones en compañías del textil y calzado, dos más en el de los transportes, dos en el de la informática y una en el de los electrodomésticos y venta y reparación de automóviles.

El Constitucional tumba las multas lingüísticas
Estas cifras de Barcelona se incluyen en las del conjunto de Cataluña. En este caso, Artur Mas (CiU) ya ostenta el lamentable récord de ser el presidente de la Generalidad bajo cuyo mandato se han impuesto más multas lingüísticas en un año. En concreto, durante 2011, recaudó 176.100 euros mediante 226 sanciones a empresas por motivos lingüísticos. La cifra total de multas por este motivo ya supera el millar desde 2004.

Cataluña
El Supremo censura que Barcelona imponga el catalán
Suspende la normativa municipal porque la exclusión del castellano es «clara y manifiesta»
j. g. / à. g. / BARCELONA ABC Cataluña 17 Abril 2012

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la suspensión cautelar de varios artículos del reglamento lingüístico del Ayuntamiento de Barcelona que consagraban la supremacía del catalán en las comunicaciones municipales internas y externas. En una sentencia hecha pública ayer, el TS desestima el recurso del Ayuntamiento de Barcelona que se presentó contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de suspender cautelarmente siete artículos del Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del consistorio que regula las comunicaciones de la institución preferentemente en catalán.

A raíz de una impugnación del reglamento por parte del grupo municipal del PPC que lidera Alberto Fernández —basada en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut— , en octubre de 2010 el TSJC dictó un auto que suspendía los siete artículos. Y en febrero de 2011 desestimó un recurso de súplica del consistorio, en cuyas partes dispositivas establecía la suspensión cautelar de esos preceptos, ante lo que el Ayuntamiento presentó recurso de casación. Ahora, la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativa del TS avala la decisión del TSJC. Considera,que esos artículos contienen «mandatos concretos y específicos cuyo significado excluyentes del castellano es claro y manifiesto», y entiende que mantener su vigencia comportaría un perjuicio de difícil o imposible reparación.

Trias: «Sin problemas» Pese a la decisión del Supremo, y a la espera de que el TSJC dicte sentencia sobre el reglamento, el Ayuntamiento de Barcelona consideró ayer que nada va a cambiar en el proceder lingüístico de la administración, donde se mantendrá el catalán como «lengua vehicular». «Que yo sepa, no tenemos protestas ni ningún problema con la utilización del catalán a nivel de la ciudad», explicó el alcalde Xavier Trias. La diferencia radica en que ahora un funcionario si así lo decide podrá dirigirse a un ciudadano en castellano, o facultará a quien quiera que gobierne a usar el castellano si lo desea. El Consistorio seguirá siendo monolingüe de facto por propia voluntad, pero no porque lo blinde un reglamento.

Mientras todos los partidos cargaron contra el PP por haber presentado en su momento el recurso contra el reglamento, la formación popular, con Alberto Fernández al frente, precisó que la intención «es garantizar el derecho de los ciudadanos» a ser atendidos «de forma bilingüe».

Cataluña
Albert Rivera: «Estrenaremos la ley de consultas con el trilingüismo»
C,s pretende reunir 50.000 firmas para preguntar a los catalanes si quieren la misma educación que tienen los hijos de los presidentes Mas y Montilla
MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA ABC Cataluña  17 Abril 2012

Rivera (Barcelona, 1979) defiende el bilingüismo, pero también un modelo social no excluyente. Está convencido de que, tarde o temprano, habrá un referendo sobre la independencia y propone revisar los cimientos del Estado autonómico español.

—¿Qué pretende el acto del próximo 21 de abril en favor del bilingüismo?
—Ciudadanos, Convivencia Cívica Catalana, Asociación por la Tolerancia y Ágora Socialista hemos organizado un acto unitario en el Teatro Goya de Barcelona al que está invitado el PP para explicar a la sociedad española que en Cataluña no sólo hay cuatro personas que defienden el bilingüismo, sino varias plataformas cívicas, así como muchos padres y madres que si se les diera a elegir, optarían por las dos lenguas en la escuela.

—El gobierno de Artur Mas dice que no hay marcha atrás en la inmersión, la Justicia es lenta y quienes defienden el bilingüismo son tildados de anticatalanistas y de romper la convivencia. ¿Compensa?
—Compensa porque estoy convencida de que tarde o temprano lo conseguiremos. Es uno de los motivos por los que Ciudadanos existe, no sólo por el bilingüismo, sino para defender un modelo de sociedad en la que a nadie se le juzgue por el idioma o la forma de pensar. El modelo escolar del arrinconamiento del niño que quiere estudiar en castellano es excluyente e insoportable desde el punto de vista de los derechos cívicos.

—¿Qué iniciativas se pueden llevar a cabo con esa unidad de fuerzas?
—Además de luchar por que la Justicia nos dé la razón, tenemos instrumentos que paradójicamente pueden sernos útiles. La polémica ley de consultas populares, hecha a la medida del concierto económico que defiende Artur Mas, debe usarse para competencias autonómicas. La educación lo es, por lo que vamos a utilizarla para preguntar a los catalanes si quieren la misma educación que tienen los hijos de los presidentes José Montilla o Artur Mas.

—¿Una enseñanza trilingüe?
—Exacto, queremos preguntar si quieren una educación en catalán, castellano e inglés. Recogeremos 50.000 firmas, que es lo que exige la ley. Queremos estrenar esa ley y que tenga un efecto «boomerang» contra el gobierno catalán. Esperamos que Mas no ejerza su derecho a veto.

—Para el gobierno, el objetivo de la ley de consultas es preguntar sobre el pacto fiscal, con el que se pretende solucionar el déficit fiscal catalán. ¿Hay trampa en eso?
—El nacionalismo tensa la cuerda repitiendo una mentira constantemente. En el Parlamento catalán se acaba de aprobar un texto de ERC, con el apoyo de CiU, que habla de expolio fiscal en términos inaceptables. En cualquier estado federal, como Alemania, hay desequilibrio interterritorial. En España, Madrid y Canarias están por encima de ese desequilibrio fiscal. Es lógico cuando hay zonas más ricas y más pobladas. Colaboran más los barrios de Salamanca o Sarriá en Madrid o Barcelona, por encima de otros. Llegarías al absurdo de pedir la independencia de un barrio.

—También hay desequilibrios dentro de Cataluña...
—Barcelona invierte un 14% más de lo que la Generalitat acaba inviertiendo en ella. A ellos les parece que invertir en las tierras del Ebro es corregir desequilibrios, pero no que se haga en Teruel, por ejemplo. Detrás de esto hay concepto muy excluyente, que es decir que hay desequilibrio, pero sólo en mi nación que es Cataluña y al resto de España que les den. Pones un cerco a la solidaridad que no pasa del Ebro. Buscan un culpable e igual que en otras sociedades se ha culpado a los inmigrantes o a los judíos, los nacionalistas culpan a los españoles porque dicen que son unos vagos.

—La delegada del Gobierno dice que una Cataluña independiente sería pobre.
—Es evidente. Si Cataluña se sale ahora de España no podría ser miembro de la UE, según contemplan los tratados. Si Grecia se sale del euro, su PIB bajaría un 60% en 18 meses. Si te aplican aranceles y te suben impuestos, te vuelves pobres. Vender la independencia como la panacea es un error. No puedo entender que se ponga de ejemplo a Kosovo, un país pobre creado tras un gravísimo conflicto social. Descentralización, sí, pero unión. Es muy típico del nacionalismo que en momentos críticos en España, genere más conflicto. Por eso en Ciudadanos hemos medido a PSC y PP una reunión para sumar esfuerzos.

—¿Habrá referendo sobre la independencia?
—Dirigentes de CDC e incluso consejeros de la Generalitat aseguran en privado que tarde o temprano, en esta legislatura o en la próxima, lo habrá. Hay quien todavía no se lo cree, pero esto va en serio. Habría que preguntarse si la crisis económica no viene derivada del modelo territorial español que tenemos, de esa fragmentación o de una falta de coordinación. Hay que revisar los cimientos del Estado autonómico español.

—¿Devolviendo competencias, como dice Esperanza Aguirre?
—Todo es posible. Somos muy pragmáticos, no creo que la centralización sea la panacea, pero tampoco que la descentralización sea lo mejor. Hay comunidades que a lo mejor no quieren o no pueden tener competencias en sanidad. Si otras quieren tenerlas, hay que mejorar el resultado. No vale tener la educación para convertir las aulas en lugares de formación del espíritu nacional, mientras no mejora la calidad de la enseñanza.

—¿Cataluña es un problema para España?
—Yo pongo un matiz, el problema viene de Cataluña a través del nacionalismo que gobierna desde hace 32 años. El problema nacional de los próximos años vendrá del País Vasco y Cataluña. Tarde o temprano habrá un bloque ultranacionalista en ambas comunidades.

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¡Ay si eu te copago!
Vicente A. C. M. Periodista Digital  17 Abril 2012

Es increíble lo rápido que este Gobierno va pasando de los globos sonda y del debate provocado, directamente a los Decretos Ley para imponer sus medidas anti crisis que no son otra cosa que seguir con el expolio del bolsillo de los españoles. La última cacicada anunciada ha sido la del copago por receta, algo que ya se aplica en Cataluña sin ningún pudor. Lo que no se sabe aún es la cuantía y si ese copago va a ser proporcional a los ingresos declarados. Claro que eso no tiene nada que ver con el poder real adquisitivo.

Más que copago es el repago y le requetepago. Un impuesto más que añadir a los ya subidos y el que más pronto que tarde acabará por subirse, el temido IVA. Sin embargo, ahí quedan intocables las injustas subvenciones a partidos políticos, a sindicatos y a las asociaciones patronales. Ahí queda casi intocable la asignación a la Casa del rey con una rebaja del 2% en su presupuesto. Ahí quedan intocables los sueldos y complementos de Sus Señorías, los Diputados y los Senadores. Ahí quedan intocables porque no existe aún la Ley que lo regule, los salarios de altos cargos de las Administraciones locales y autonómicas.

Porque si hay que sufrir, suframos todos pero no siempre los mismos. Habrá que repartir el sufrimiento y el sacrificio. No parece que ese sea el objetivo del Gobierno, sino solo recaudar lo más posible mientras se piensa tranquilamente otras opciones. Y siempre con el mismo cuento de que en otros países de la UE ya se hace o que los impuestos son mayores. Mienten descaradamente y lo saben. Por eso su mentira es aún más sangrante y miserable. La casta política ha sido la principal culpable de la situación actual de España. En sus manos ha estado desde siempre la responsabilidad de las actuaciones, de la falta de control del gasto y de la corrupción. Así que ahora su solución a los problemas pasa por volver a esquilmar a los ciudadanos que son los más inocentes de esa pésima gestión.

No es de recibo el que se estén adoptando medidas tan injustas como esta del copago, sea sanitario o sea de educación. Solo falta el que además de pagar todos los años libros nuevos porque los del curso anterior ya no sirven para el hermanito, tengamos que ir al hospital con la tarjeta de crédito para pagar por unos servicios médicos. Resultando por tanto que los impuestos solo sirven para que esos servicios existan, pero su uso no está incluido. Una interpretación demencial que evita indagar en el verdadero problema de la gestión ineficaz de la que solo esta casta política es responsable.

La ineficacia solo se corrige mediante la profesionalización de los servicios, con una dotación humana capacitada para el desempeño de las funciones encomendadas y una optimización de los recursos disponibles. La austeridad no significa un mal servicio, sino la conciencia del óptimo uso de los recursos. Hay que fomentar la conciencia de que el dinero público es de todos los ciudadanos y es a ellos a los que hay que devolvérselo en servicios con el valor añadido de una gestión adecuada y eficiente.

El Gobierno de Rajoy está cayendo en el error de creer que los ciudadanos van a aceptar todo tipo de medidas con independencia de que sean justas o injustas. Se equivoca. Nadie puede aceptar el que la mala gestión, el descontrol del gasto y el despilfarro no sean castigados penalmente, y que las inmensas pérdidas deban ser pagadas otra vez con esta serie de impuestos directos, camuflados legalmente como disuasorios por el uso o supuesto abuso de unos servicios a los que se tiene derecho. Es por completo inadmisible y actos así solo pueden provocar el rechazo frontal de los ciudadanos y una insumisión a cumplir con semejante nepotismo.

El Gobierno del PP debe antes dar ejemplo y retocar los Presupuestos generales en aquellas partidas que solo han sufrido tímidas rebajas. Si no lo hace, tendrá consecuencias.



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