AGLI Recortes de Prensa   Domingo 22 Abril 2012

España: no hay dinero
EDITORIAL www.gaceta.es 22 Abril 2012

No ganamos para sustos. Cada día los españoles desayunamos con el anuncio de un nuevo recorte, porque, como dijo desde Colombia el presidente del Gobierno, “no hay dinero”. Esa es la cruda realidad. España no puede sufragar el Estado del Bienestar porque ha vivido muy por encima de sus posibilidades durante mucho tiempo. Eso se ha traducido en una deuda pública de 700.000 millones que nos pasa una factura anual en intereses de 30.000 millones de euros, cifra superior al ajuste presupuestario de este año. El despilfarro de los siete largos años de zapaterismo y, en general, de la clase gobernante, nos ha llevado a esta situación, en la que Artur Mas se ve obligado a pedir al Estado dinero adelantado para poder pagar la nómina de sus funcionarios, y el Gobierno, a pedir a los jubilados que paguen un 10% de los medicamentos para poder seguir prestando los servicios sanitarios.

Ahora, todos los españoles nos vemos compelidos a hacer nuevos sacrificios porque, lo que es virtud en cualquier economía familiar –es decir, gastar menos de lo que se ingresa y hacer más con menos– parece ser el peor de los pecados en cualquiera de los niveles de las Administraciones Públicas. La idea de que todo servicio público, sea el que sea, mejora cuanto más dinero pones en él, ha calado muy hondo en la clase política, que ha logrado, a base de prebendas y subvenciones, convencer a muchos de los beneficios del gasto público, aunque no se disponga de dinero. Porque si hay un dato que demuestra la catadura de nuestros gobernantes, ese es el crecimiento del volumen de la deuda pública desde que comenzó la crisis.

En los últimos cuatro años, y al tiempo que se exigía austeridad a los ciudadanos, los políticos nos han endeudado a todos los españoles en 325.000 millones de euros más de lo que ya lo estábamos, hasta situar la deuda pública global en 700.000 millones, cantidad que la actual y las dos siguientes generaciones tendremos que devolver a través de más impuestos. En esta infamia presupuestaria, la palma se la llevan las comunidades autónomas, cuyos gobernantes han sido capaces de disparar el total de la deuda hasta los 135.000 millones de euros, nada menos que un incremento del 225% en este mismo periodo. LA GACETA ya ha propuesto editorialmente que el Estado de las Autonomías merece un revisión, por razones estrictamente económicas, incluyendo la posibilidad de reconfigurar el mapa y fusionar autonomías uniprovinciales. Y en tribunas de la Sala Vip se ha planteado ya sustituir el Estado de las Autonomías por el de los ayuntamientos. Pero tal vez no haga falta llegar tan lejos. Sólo suprimiendo los parlamentos autonómicos –como propone Esperanza Aguirre– España se ahorraría 564 millones de euros, lo que, sumado a las televisiones autonómicas, llegaría a los 1.800 millones de euros. En este sentido, queda aún mucha tijera que meter en una Administración elefantiásica, lastrada por las duplicidades o por gastos perfectamente prescindibles de altos cargos, asesores, conductores o jefes de protocolo cuyo coste total ronda los 48.000 millones de euros.

España está en una situación límite, pero, gracias a Dios, la pesadilla del zapaterismo ha tocado a su fin y, ahora, al frente del Gobierno hay políticos capaces de tomar decisiones difíciles. Acostumbrados a que se nos digan cosas como “el dinero público no es de nadie” o “yo soy presidente autonómico, no un contable”, es de agradecer que haya quien tome las medidas, dolorosas pero necesarias, para que España no se convierta en una segunda Grecia. Lo peor está probablemente por llegar. España necesita replantearse la estructura actual del Estado del Bienestar y del Estado de las Autonomías, que son el auténtico lastre. Todo lo que no sea abordar estas dos reformas supondrá retrasar la solución al problema.

Se lo gastaron todo y nos endeudaron.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22 Abril 2012

El vídeo del PSOE sobre las medidas anti crisis que el Gobierno del PP está adoptando, representa un ejercicio más de la desfachatez, cara dura extrema y cinismo de un partido que bien podría ser más humilde en sus manifestaciones y reconocer, aunque solo sea ligeramente, que es el principal responsable del actual estado de emergencia nacional en el que se encuentra España. Porque parafraseando el título de ese vídeo, yo les contrapongo el de "El PSOE, se lo gastaron todo y nos endeudaron hasta las cejas de ZP".

Me parece un ejercicio más de la actitud desleal, sectaria y de oposición irresponsable que el PSOE lleva aplicando desde que perdieron las elecciones. Y no les basta con oponerse a todo y por todo, sino que además traicionan a España y a sus intereses votando en contra de las medidas de censura y de presión que la UE va a aplicarle a Argentina por su ilegal y dictatorial expropiación de la participación mayoritaria de REPSOL en YPF. El PSOE con su voto en contra, apoya esta forma de ilegalidad internacional, lo cual no nos extraña, porque sus antecedentes es saltarse la ley cuando les conviene.

Yo soy el primero en criticar muchas de las medidas que está adoptando el Gobierno de Rajoy, sobre todo porque ni se explican, ni en mi opinión, son las más oportunas sin antes haber agotado otras como la supresión total de las subvenciones a partidos políticos, la eliminación por decreto ley de las empresas públicas innecesarias y la imposición forzosa del cumplimiento del déficit a las Autonomías con la intervención real de éstas en caso de incumplimiento, sean históricas o no. Es decir, gobernar con la firmeza que requiere la situación de emergencia nacional a la que el PSOE y su Gobierno nos ha llevado.

Hoy he leído una frase que reproduzco por su realismo, "el PSOE no solo ha dejado a España al borde del precipicio, sino que además está ayudando a empujarla para caer por él". Creo que esta frase refleja perfectamente los últimos ocho años de España con una transición entre un Gobierno incompetente, sectario y despilfarrador, hasta una forzosa oposición desleal, amnésica en cuanto a sus actuaciones e incapaz de reconocer su responsabilidad y sus errores. Una oposición que se apoya, allá donde aún mantiene el poder, en la izquierda más radical, IU, para seguir empujando a España para que caiga por el precipicio.

Lo realmente patético de la nueva estrategia del PSOE es que además nos quieran tomar por imbéciles al decir que ahora tiene la solución al problema que ellos han creado. Lo primero es que su derrota electoral les ha certificado el castigo por su desastrosa gestión. Lo segundo es que su actual líder, Rubalcaba o la sectaria Valenciano, son los menos cualificados para dar lecciones a nadie, salvo las de mentir descaradamente. Solo les queda el derecho al pataleo y a su enfado por la pérdida de poder y de influencia. Ese vídeo y sus manifestaciones en contra de la designación del Consejo de RTVE lo demuestran. Su enfado es explicable porque "la pluralidad para el PSOE solo se aplica si en su creación son mayoría. En caso contrario, lo que hace el PP es totalitarismo. Hay que ser cínico.

En fin, tienen la batalla perdida y por una vez, si el PP se atreve, es posible que podamos ver cómo se desarma uno de los reductos del goebelismo más sectario que ha usado el PSOE durante muchos años. No vendría mal una depuración de esos "informadores" tan acostumbrados a ponderar a la izquierda y a cometer errores de superposición de imágenes para denostar al centro derecha. Demasiado ha tardado el PP en rectificar. Aún le quedan muchos otros reductos como el TC, el CNI, la cúpula policial, donde persisten elementos contrarios no solo a la democracia sino claramente sectarios y posicionados con la izquierda. Queda mucho por hacer, no solo en la economía.

Tasas, impuestos y otras ocurrencias
Fernando Glez. Urbaneja www.republica.com 22 Abril 2012

El problema del plan del gobierno para cumplir con los compromisos contraídos con socios y acreedores es que no está claro que haya plan, la acumulación de decisiones empieza a parecer un proceso de ocurrencias sucesivas, semejante al del gobierno anterior. El problema es que entonces eran errores que podían resolverse con rectificaciones oportunas pero ahora los errores se producen en el límite y las consecuencias son graves porque los márgenes son más estrechos.

Rajoy y el PP se atrincheraron en el tópico “no vamos a subir los impuestos” pero la realidad les lleva ahora a que cada nuevo paquete lleva una subida de impuestos para cuadrar las cuentas. El tipo incrementado del IRPF en diciembre, vendido como excepcional por dos años, significa el mayor aumento de presión fiscal de para un buen número de ciudadanos, desde que existe ese impuesto. Y las sucesivas de medidas han llegado con un aumento de la presión fiscal en otros impuestos. Solo queda el IVA por subir, pero los síntomas de que ocurrirá, antes o después, son evidentes. La credibilidad de las declaraciones oficiales en materia fiscal está bajo mínimos. No mentían, pero pecaban de imprudentes o pardillos. Tanto da.

La última novedad, que no lo es, es el copago farmacéutico. La oportunidad de recaudar entre tres mil y cuatro mil millones de euros al año lleva al gobierno a olvidar sus promesas, la urgencia de recaudar se antepone a cualquier otra restricción. Cabía esperar que el nuevo gobierno llegara mejor equipado, con planes perfilados, pero no ha sido así. Falta una explicación global y unas cuantas parciales. Por ejemplo las palabras de la ministra de Sanidad para informar de los cambios que va a introducir son inanes, para ingenuos.

La doctrina fiscal moderna propone impuestos sencillos, poco litigiosos, generalistas, con efectividad recaudatoria y gestión poco costosa. Las medidas fiscales del gobierno por otro camino, impuestos provisionales, aparentes, inciertos, con demasiadas excepciones que inducirán fraude e inseguridad.

La experiencia acumulada en copago farmacéutica es elocuente, pero no la han tenido en cuenta. Existe ese copago desde hace décadas, pero su efectividad recaudatoria es menor; de hecho los usuarios apenas llegan a cubrir el 5% del gasto farmacéutico de la seguridad social. Años tras año han abierto agujeros en el copago de manera que aunque el tipo nominal básico para los activos es del 40%, el tipo efectivo para el total de asegurados queda muy menguado.

El nuevo modelo de copago incurre en los mismos errores, abre un abanico amplio de exceptuados, bonificados, perdonados etc., que limitan la efectividad recaudatoria sin reducir el coste político. Estamos ante medidas que minan la credibilidad, que irritan y que rinden poco. En resumen esfuerzos inútiles que conducen a la melancolía.

El Presupuesto 2012, queda agujereado por nuevas medidas, debilitado, cuando debería ser el documento fundamental de la credibilidad y seriedad del Gobierno. Falta relato, faltan ideas y falta seriedad.

El PSOE se niega a perder el control de RTVE
EDITORIAL Libertad Digital 22 Abril 2012

Como hemos sostenido aquí siempre, los medios de comunicación públicos son un anacronismo en las sociedades avanzadas cuyo único destino aceptable es el cierre en caso de que fracase su privatización. Las radios y televisiones gubernamentales dilapidan cantidades ingentes de fondos públicos para hacer propaganda del gobierno de turno sirviendo a sus intereses partidistas, no de los ciudadanos que las sufragan con sus impuestos, y eso vale para cualquier medio público de los varios centenares que operan actualmente en España si sumamos las emisoras de televisión y las estaciones de radio oficiales.

Ahora bien, siendo cierto que los medios de comunicación financiados por los gobiernos son principalmente instrumentos de propaganda, justo es reconocer que en manos del PSOE el bochorno partidista ha alcanzado cotas difícilmente alcanzables por su rival político. A estas alturas no será necesario recurrir a la hemeroteca para rescatar escenas siniestras de manipulación informativa en RTVE durante el felipismo, cuando el gobierno era además el único operador en el sector televisivo. Basta simplemente comprobar el sesgo izquierdista de la corporación pública de medios audiovisuales en sus informaciones durante los primeros cuatro meses de gobierno del Partido Popular, para advertir que, aún con el PSOE fuera del poder, las terminales socialistas enquistadas en la maquinaria de propaganda estatal siguen cumpliendo sus órdenes a la perfección.

Es natural que los socialistas hayan salido en tromba a denunciar lo que, con desvergüenza notable, califican de una pérdida del pluralismo, por el hecho de que el gobierno del Partido Popular haya decidido renovar la cúpula de RTVE utilizando los mecanismos de una ley aprobada en 2006 por el propio PSOE. Están acostumbrados a manejar los instrumentos oficiales de propaganda en régimen de exclusividad y el socialismo siempre es refractario a perder el monopolio de la información, como lo prueban actualmente las salidas de tono de sus miembros más conspicuos.

El gobierno de Rajoy tiene en estos momentos de graves dificultades económicas la ocasión para poner fin a unos instrumentos de desinformación partidista que encima resultan carísimos. Para nuestra común desgracia, el último Consejo de Ministros excluyó a RTVE del programa privatizador que sí alcanzará a los medios autonómicos, algo que sólo puede disculparse en cierta medida en caso de que esta decisión obedezca a la necesidad de nombrar a un gestor competente, que dirija la reordenación del marasmo de canales que ahora se operan desde el ente público.

Si el Partido Popular se inclina por la solución "Urdaci", es decir, la simple sustitución de los sectarios actuales por profesionales más próximos a su ideario pero manteniendo el actual entramado mediático, estará dando argumentos a los gobiernos regionales para que todo permanezca como hasta ahora con tan sólo algunos retoques cosméticos. Lo peor, sin embargo, es que habrá desaprovechado una excelente oportunidad para rendir un gran servicio a todos los españoles.

La carta del presidente 2012-04-21
Medios de comunicación: no hay mercado, no hay libertad… no hay democracia
Francisco Cabrillo Libertad Digital 22 Abril 2012

El reportaje que el pasado mes de abril publicó Libertad Digital sobre las emisiones de radio en Andalucía debería hacer reflexionar al conjunto de la sociedad española... y no sólo a quienes trabajamos en medios de comunicación. Permítanme que presente los datos en forma resumida. En Andalucía existen hoy 713 emisoras de radio. De ellas 497 (casi el 70%) son públicas; es decir, dependen del político que esté en el poder en cada momento, y solo 216 (aproximadamente el 30%) son privadas. Pero ¡vaya usted a saber por qué! Casi el 57% de ellas –en concreto 122– están en manos del grupo PRISA. Dado que quienes gobiernan en Andalucía y el grupo PRISA tienen algo más que unas simples afinidades ideológicas, resulta –simple y llanamente– que el control que, de una u otra forma, ejerce el Partido Socialista sobre lo que los andaluces pueden escuchar es casi absoluto.

No diré que el hecho me haya sorprendido. Pero debo confesar que nunca creí que la situación fuera tan grave. No basta, sin embargo, con lamentarse por lo que está ocurriendo. Hay que plantearse también por qué ha sucedido y sobre todo, si es posible arbitrar algún mecanismo que permita solucionar un problema tan grave que pone en peligro los principios mismos de la democracia. Porque si los que no están de acuerdo con el gobierno no pueden crear un medio de comunicación con ideas diferentes –y es lo que claramente ocurre en Andalucía– la representación política tiene mucho más de farsa que de realidad.

Pero no son quienes gobiernan hoy en la región los únicos responsables de esta situación. Es cierto que un periodo muy largo en el poder permite crear unas redes clientelares y de intereses económicos que resulta muy difícil romper. Pero el Partido Socialista andaluz mantiene un control férreo de las emisoras de radio porque la ley se lo ha permitido. Es evidente que han abusado de su posición. Pero el origen del problema no está tanto en quienes hacen mal uso de los poderes que la ley les otorga, como en quienes han aprobado y mantenido estas leyes. Decía David Hume que las normas jurídicas deben redactarse pensando en que quienes hacen uso de ellas pueden ser personas muy poco honorables. Y el mundo está lleno de este tipo de personas. Por esta razón, lo que hay que hacer es crear un sistema de frenos y contrapesos que les impida abusar de su posición.

Volvamos al tema de las emisoras de radio. ¿Puede alguno de ustedes explicarme por qué en este triste país es imprescindible tener el favor del gobierno de turno para poder emitir por las ondas información, música o entretenimiento? Se me dirá que lo que ocurre es que el espacio radioeléctrico es limitado y tiene que ser controlado por el poder público. Pero esto es sólo parcialmente cierto. Y, además, existen formas mucho más eficientes y objetivas de asignar el espacio radioeléctrico, introduciendo la posibilidad de utilizar subastas y permitiendo la transmisión de los derechos, como se permite la compra y la venta de cualquier bien económico.

Lo que realmente ocurre es que los políticos nunca han estado dispuestos a renunciar al gran poder que el actual sistema les otorga. Los resultados, sin embargo, están a la vista. Y si no se cambia el modelo, será muy difícil evitar situaciones tan lamentables como la que describen los datos que en Libertad Digital hemos presentado. Las normas jurídicas que amparan el monopolio y limitan la libertad de expresión pueden y deben ser modificadas. No deberíamos esperar más.

La autocensura de los medios aquí y allá
Luis del Pino Libertad Digital 22 Abril 2012


John Fitzgerald Kennedy es una figura histórica enormemente sobrevalorada. Es cierto que se pueden rastrear hasta su mandato presidencial los orígenes de algunos de los avances positivos que la sociedad norteamericana - y la sociedad occidental en general - ha experimentado. Pero también es verdad que en su mandato se consolidaron, si es que no se iniciaron, algunas de las tendencias más preocupantes que amenazan el futuro de esa misma sociedad occidental. Permítanme que les hable hoy, en concreto, de la libertad de prensa.

Kennedy fue investido presidente de los Estados Unidos el 20 de enero de 1961 y menos de tres meses después ordenó la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba, con el objetivo de derrocar a Fidel Castro. La operación corrió a cargo de exiliados cubanos apoyados de manera encubierta por la CIA y su objetivo era establecer una cabeza de puente en la isla, para luego nombrar un gobierno provisional y solicitar la intervención oficial de Estados Unidos.

Pero todo el montaje acabó en un estruendoso fracaso, principalmente por culpa del propio Kennedy, que, temeroso de que fuera demasiado evidente la implicación estadounidense en la operación, limitó extraordinariamente los medios materiales puestos a disposición de los voluntarios cubanos anticastristas. Por ejemplo, Kennedy redujo a la mitad los medios aéreos con respecto a los planes originales de la CIA, lo que terminó dando al traste con la invasión. Más de cien exiliados cubanos murieron en Bahía de Cochinos y otros 1200 fueron hechos prisioneros por las tropas de Fidel Castro.

Bahía de Cochinos no solo fue un desastre desde el punto de vista de la pérdida de vidas humanas, sino que sus consecuencias políticas fueron exactamente opuestas a las que se buscaban, ya que se proporcionó a Fidel Castro la excusa perfecta para declarar abiertamente - cosa que hasta ese momento no había hecho - el carácter socialista y marxista de su revolución. Y se le proporcionó también la excusa idónea para afianzarse en el poder mediante una salvaje oleada de represión.

En el plano interior, la implicación de la CIA en la operación no tardó en ser conocida por el gran público, desatándose una avalancha de críticas en la prensa hacia el gobierno de Kennedy. Las actividades de la CIA comenzaron a ser sometidas a escarnio y escrutinio públicos. Y es en ese momento cuando entra en escena el debate sobre la libertad de prensa al que quería referirme.

El 27 de abril de 1961, tan solo diez días después de la fracasada invasión de Bahía de Cochinos, Kennedy pronunció un inquietante discurso en el Hotel Waldorf-Astoria de Nueva York ante la Asociación Americana de Editores de Periódicos.

Ese discurso, que merece la pena leer completo, no puede ser más siniestro. Porque lo que Kennedy venía a afirmar abiertamente era que los medios de comunicación tienen la obligación moral de autocensurarse con respecto a las actividades gubernamentales, cuando la situación de crisis así lo exija o cuando así lo demande el interés nacional. O sea, para entendernos, que aunque el gobierno americano no tenía la menor intención de implantar la censura oficial con respecto a las actividades encubiertas de la CIA, los editores de periódicos deberían limitar voluntariamente ese tipo de informaciones, para no dañar lo que Kennedy considerara oportuno.

"Hoy en día", decía Kennedy en aquel discurso, "todos los periódicos se preguntan, al tratar cualquier tema, si es o no noticia. Lo único que os quiero sugerir es que os hagáis también la pregunta de si esa noticia va en interés de la seguridad nacional. Y espero que cada grupo en Estados Unidos - los sindicatos, los empresarios y los funcionarios públicos a todos los niveles - se haga la misma pregunta en lo que respecta a sus actividades, y que sometan su actuación a ese mismo criterio".

Más claro, imposible: lo que Kennedy sugería es que, aunque los Estados Unidos no estaban en guerra, se supeditara la libertad de prensa a lo que el gobierno de turno dictara, en aras de la razón de estado. Lo cual equivalía, por supuesto, a mirar hacia otro lado en lo referente a las actividades encubiertas de la CIA.

En ese discurso, Kennedy se permitió incluso el lujo de sugerir veladamente, recurriendo a una anécdota histórica de Karl Marx, que el dinero puede ser una buena manera de callar las bocas de los periodistas demasiado independientes.

Como digo, ese discurso de Kennedy no puede ser más siniestro. Y lo peor es que, con el paso del tiempo, las tesis de Kennedy han ido imponiéndose, y en los medios de comunicación occidentales se practica hoy en día una autocensura que hace que las actividades de los servicios de información sean mucho más opacas que hace medio siglo, y que facilita enormemente a esos servicios la tarea de desinformar e intoxicar a la sociedad.

Sin embargo, fíjense ustedes en que al menos se intentaba vestir el tema con un manto de respetabilidad. Si se pedía a los medios que se autocensuraran era por una causa noble: para proteger a la Nación.

Ayer tuvieron lugar en España dos actos convocados por la sociedad civil. En Barcelona, las asociaciones y partidos que luchan por la libertad lingüística celebraron un mitin en el Teatro Goya en favor del bilingüismo en la escuela. En Madrid, Voces contra el Terrorismo hizo lo propio en el Hotel Emperador, para denunciar la continuidad de la política de cesión ante ETA.

Ambos actos estuvieron llenos a reventar. El público asistente desbordaba las capacidades de las dos salas alquiladas para la ocasión y buena parte de la audiencia tuvo que seguir los discursos de pie, en los pasillos. Los propios discursos estuvieron cargados de emotividad y de sentido político. Y algunas de las frases pronunciadas por los intervinientes - por ejemplo, por Francisco Caja en Barcelona o por Salvador Ulayar en Madrid - estaban tan meditadas y tan cargadas de sentido común que darían para una docena de titulares de periódico.

Y, sin embargo, si buscan hoy ustedes en los principales medios de comunicación referencias a esos discursos, verán que la cobertura dada a esos actos es casi inexistente. Para buena parte de nuestros medios, la lucha de las víctimas del terrorismo porque se les haga justicia no existe. Como no existe tampoco la lucha de los padres para que sus hijos puedan estudiar en el idioma oficial del estado.

La autocensura se ha instalado, desde hace mucho, en los medios de comunicación españoles, que acallan la voz de la sociedad civil cuando esa voz desafía lo que la agenda política oficial marca.

Y observen ustedes la radical diferencia entre la autocensura que Kennedy pedía a los medios y la que en España se practica: mientras que Kennedy solicitaba que los medios de comunicación se autocensuraran para proteger los intereses - reales o supuestos - de la Nación, en España la autocensura se dirige sistemáticamente a acallar precisamente a aquellos que intentan proteger la Democracia, la Libertad, la Nación y la Constitución.

Es decir, en España, la autocensura ha derivado en una defensa, no de la Nación, sino de una casta gobernante cuyos intereses no solo no coinciden, sino que chocan frontalmente, con los del Estado al que deberían servir.

Cuando la prensa deja de ser libre, cualquier aberración es posible. Y en España, donde las elites gobernantes carecen de sentido de estado, esas aberraciones terminan derivando en un perjuicio para la Nación y, como consecuencia, para todos los ciudadanos.

Son nuestra libertad y la Nación lo que está en peligro. Y es responsabilidad nuestra denunciar cómo buena parte de la clase periodística ha traicionado su deber, convirtiéndose con su silencio en el mejor aliado del despotismo.

estudio
Reducir el número de ayuntamientos a 2.000 ahorraría 10.000 millones
EP www.gaceta.es 22 Abril 2012

Entre las medidas que propone la Fundación Ciudadanía y Valores se encuentra la eliminación de organismos regionales y la reducción de los diputados autonómicos.

La Fundación Ciudadanía y Valores propone que España tenga en 2013 un nuevo mapa municipal resultante de la agrupación de ayuntamientos para prestar servicios de más calidad a los ciudadanos y ahorrar recursos públicos. El objetivo es pasar de los más de 8.000 actuales hasta unos 2.000, cada uno de ellos con un mínimo de 10.000 habitantes.

Esta idea está recogida en un informe elaborado por la Fundación, y recogido por Europa Press, para la racionalización del Estado autonómico. Entre las medidas también propone eliminar organismos de las comunidades, reducir el número de diputados de los parlamentos autonómicos o redefinir el papel de las Diputaciones, entre otras.

A su juicio, el proceso de descentralización del Estado puesto en marcha hace más de 30 años ha tenido consecuencias "indudablemente positivas" pero también ha generado "graves problemas", ante lo que consideran que la respuesta definitiva a esta "problemática" de la organización territorial pasa por la reforma de la Constitución para fijar el número de comunidades autónomas y sus competencias.

Sin embargo, mientras esta reforma constitucional no sea posible, el informe propone una serie de medidas que no requieren cambios de la Carta Magna, debido a que la racionalización del Estado autonómico "es también un requisito para que España salga de la crisis".

Una de estas propuestas consiste en agrupar municipios y recuerda que en 2010 Grecia ya pasó de 1.034 ayuntamientos a 355, lo que permitió una reducción de gasto de 1.185 millones de euros anuales. Traducido a España, calcula que permitiría ahorrar unos 10.000 millones de euros.

El informe propone reconvertir el mapa municipal para reestructurarlo en unos 2.000 ayuntamientos que se identifiquen con comarcas geográficas y un mínimo de 10.000 habitantes, aunque con "flexibilidad" para aumentar o disminuir esta cifra en función de las especificidades de cada zona.

A su juicio, esta reordenación del territorio permitiría la aparición de estructuras municipales más eficientes, con disminución de los cargos públicos y favorecería también la fusión de empresas públicas locales, con una disminución del gasto público en general. "Prestar unos servicios públicos de calidad, lo que no puede lograrse con el minifundismo local actual, tan costoso como ineficiente", fija como otro de los objetivos.

Para conseguir esto sería necesario un pacto político de amplia mayoría en las Cortes Generales y, aunque reconoce que suscitaría reticencias importantes en los ayuntamientos más pequeños, sostiene que "el interés general debe imponerse sobre un particularismo que se traduce en una administración local costosa e ineficiente a la hora de prestar los servicios públicos".

Siguiendo con el objetivo de racionalizar el Estado autonómico, la Fundación propone limitar su dimensión institucional y poner freno al "indisimulado intento de articular a nivel regional un sistema político similar al que se configura en el Estado". En concreto se refiere a órganos como los defensores del pueblo o los consejos consultivos, que asegura que están "excesivamente politizados" y, pese a su "escasa funcionalidad", tienen un "alto coste" en dietas y personal y, en muchos casos, superponen sus actividades a las que ya realizan otros miembros de la administración pública.

El documento también arremete contra la "paradiplomacia" generada por las autonomías en el exterior con "costosas sedes" que prestan servicios que ya cubre el Estado. Para remediarlo, la propuesta es perfeccionar el modelo de las conferencias sectoriales y profundizar en el principio de cooperación y lealtad institucional.

Sólo dietas
Pero además, contempla una reforma de los parlamentos autonómicos basado en la idea de reducir a sus miembros y, además, desprofesionalizar el cargo de manera que los diputados puedan compatibilizar su función con el desempeño de su profesión y percibir por la labor política tan sólo una compensación mediante dietas.

Con estas medidas se conseguiría reducir "la peligrosa distancia" que se ha abiertos entre políticos y ciudadanos, además del ahorro económico y "evitar la consolidación de una suerte de casta de profesionales de la política autonómica", fomentando la participación en ella de "personas cualificadas y competentes".

El informe denuncia una "hiperinflación legislativa autonómica" debido a que se aprueban "infinidad" de leyes en las comunidades autónomas "en muchos casos inútiles" y que "no resuelven problema real alguno". "Este exceso de legislación tiene su origen, indiscutiblemente, en la existencia de unas asambleas legislativas autonómicas conformadas por unos diputados que tienen que justificar su dedicación exclusiva", denuncia.

Para racionalizar la estructura del Estado también propone abordar la redefinición institucional de las Diputaciones Provinciales y privatizar las televisiones autonómicas. Precisamente este viernes, el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un proyecto de ley que permitirá a los gobiernos autonómicos privatizar las televisiones públicas regionales pero que les da la opción de quedarse con la gestión, aunque en este caso, estarán obligados a no tener déficit.

LOCALISMO, ELEMENTO PERVERSO
La Fundación Ciudadanía y Valores también aborda el mapa universitario español y propone una reordenación, ya que en los últimos años se ha dado "predominancia" de la cantidad frente a la calidad. "El localismo ha sido un elemento especialmente perverso", advierte.

Además, reclama el control del déficit de comunidades autónomas y entidades locales y reforzar la unidad del mercado "como garantía del crecimiento económico y la cohesión social".

Otra de sus propuestas aborda la no discriminación por razones lingüísticas en el ámbito de la administración y la enseñanza, ya que señala que en algunas comunidades se ha desarrollado "un cierto proceso de discriminación" por razón del idioma y "se ha pasado de una situación prohibicionista en materia de uso de lenguas regionales a una situación en la que el castellano es discriminado tanto en el ámbito de la enseñanza como en el acceso a puestos de trabajo autonómicos y locales".

Un Estado no puede depender de 17
Todas estas propuestas culminan con la idea de aprobar una Ley General de Cooperación para garantizar los principios de cooperación y solidaridad, "causa de muchas disfunciones en el Estado autonómico" y desde la convicción de que "sin el recurso al principio de cooperación ningún Estado compuesto resulta viable".

"Los procedimientos bilaterales de cooperación previstos en los estatutos deben ocupar un lugar muy residual. Y ello porque un Estado no puede funcionar mediante la yuxtaposición de diecisiete modelos de cooperación bilateral", concluye.

El estudio ha sido coordinado por el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Javier Tajadura y participan los docentes Jesús Avenzuela, Miguel Córdoba, Josu de Miguel y José María Román.

Cámaras y 13 cadenas
Los parlamentos y las televisiones autonómicas nos cuestan 1.600 millones
ENRIQUE MORALES Y GUILLERMO MORENO www.gaceta.es 22 Abril 2012

Los sueldos de los 1.218 diputados asciende a 383,8 millones de euros, casi el triple del presupuesto destinado al Congreso y al Senado.

La supresión de los 17 Parlamentos autonómicos y de las 13 televisiones regionales supondría un ahorro para las arcas públicas cercano a los 1.600 millones de euros.

Esta cantidad podría incrementarse en más de 100 millones si a este recorte unimos la eliminación de organismos duplicados, como las cámaras de cuentas, los consejos económicos y sociales y los consejos consultivos, presentes en la mayoría de las comunidades. La cifra de 1.700 millones es sólo ligeramente inferior al presupuesto del Gobierno de Cantabria para 2012.

Opción de Aguirre
Hace unos días, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, apuntaba que no será posible salir de la crisis si no se recortan drásticamente los gastos, especialmente los superfluos y los provenientes de las duplicidades que genera el Estado autonómico.

Aguirre aseguraba que es necesario reducir al máximo el actual modelo autonómico, hasta el extremo de suprimir los Parlamentos autonómicos, con el fin último de reducir gastos.

“Si de todo lo que hacemos, unas competencias fueran para arriba, al Estado, y otras hacia abajo, a los ayuntamientos, podríamos prescindir de muchos altos cargos, Parlamentos regionales, políticos, asesores, conductores, secretarias, jefes de protocolo y se podrían ahorrar 48.000 millones de euros”, afirmaba la presidenta regional.

Alto coste
El mantenimiento de las 17 Cámaras autonómicas y de sus 1.218 diputados cuesta anualmente 383,8 millones, casi el triple del presupuesto que se destina al Congreso de los Diputados y al Senado. Las principales partidas, más de un tercio, van a los sueldos de los legisladores y también a los funcionarios que trabajan en los hemiciclos. Así, la Cámara andaluza dispone de un presupuesto anual de 46,7 millones de euros, de los que 18 millones van a pagar nóminas.
La Cámara regional que mayor presupuesto ha recibido para este ejercicio es el Parlament catalán, que cuenta con 135 diputados, y que goza de un presupuesto superior a 59 millones de euros.

Los dos siguientes Parlamentos con mayor coste son el andaluz y, a mucha distancia, la Asamblea de Madrid, que cuenta con 129 escaños y unas partidas para su mantenimiento de 30 millones de euros. La Cámara madrileña con tan sólo seis diputados menos que la de Barcelona gasta la mitad.

Esto indica que es posible ahorrar incluso sin hacer desaparecer totalmente las cámaras, ajustando al máximo el gasto en la línea de lo planteado por la presidenta de la Junta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, que eliminando el Defensor del Pueblo en su comunidad recortará el presupuesto de su Cámara en un 20%, casi tres millones de euros.

Medios públicos
Como prometió el Partido Popular en su programa electoral, en el último Consejo de Ministros el Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó el proyecto de ley que permite que las comunidades autónomas decidan si mantienen sus costosas televisiones públicas o no. Si la Administración autonómica decide no eliminarlas, tiene dos posibilidades: seguir afrontando el importante gasto que conllevan, o privatizarlas.

Las 13 televisiones autonómicas que operan en el territorio nacional suponen un coste total de 1.200 millones de euros de dinero público para el año 2012. Esta cifra en 2011 superó los 1.600 millones, pero la grave crisis que atraviesan ha motivado que todas recorten sus presupuestos. La media del tijeretazo que han sufrido oscila entre un 15% y un 20%.

La deuda total de estas televisiones regionales supera los 2.000 millones de euros, pese a que reciben subvenciones por 1.900 millones de euros al año. Para hacernos idea del enorme coste que han tenido estos entes públicos, la Radio Televisión Pública de Andalucía, que cuenta con tres televisiones y cuatro emisoras de radio, ha recibido una inversión de la Junta de Andalucía de más de 3.000 millones de euros.

Dadas las deficitarias cifras que presentan, los distintos entes están pasando por su etapa más conflictiva, con cierre de canales, expedientes de regulación de empleo, despidos entre sus trabajadores y la renuncia a derechos deportivos que les suponían unos gastos extraordinarios.

Caída de ingresos
La única manera posible de sobrevivir de los entes públicos es recortando el presupuesto, apurando los gastos y ajustando las plantillas. La caída de ingresos publicitarios ha sido la principal causante de esta dramática situación, que ha motivado que con la llegada al Gobierno del Partido Popular se haya tomado la importante decisión de poder privatizar unas cadenas que lo único que hacen es engordar el déficit de las distintas comunidades que las soportan.

El presupuesto de Radio Televisión Española para 2012 es de 1.000 millones de euros, 200 menos que el año anterior. Esta cifra prácticamente equivale a la suma total de los presupuestos de las 13 principales cadenas regionales. Las televisiones autonómicas con más presupuesto para este año son las seis cadenas catalanas de TV3, las tres de Telemadrid y las cinco vascas de ETB; con 260, 169 y 137 millones de euros, respectivamente.

Cataluña
Ciudadanos, el PP y entidades de la sociedad civil catalana exigen el restablecimiento del bilingüismo escolar
Más de medio millar de personas celebran un acto en Barcelona en el que reclaman a la Generalidad el cumplimiento de las sentencias que ordenan reintroducir el castellano como lengua vehicular escolar junto al catalán.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 22 Abril 2012

Algo más de medio millar de personas ha abarrotado este sábado el teatro Goya de Barcelona para exigir a la Generalidad el cumplimiento de las múltiples sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que ordenan el restablecimiento del bilingüismo escolar.

Convocados por Ciudadanos, Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia y Convivencia Cívica Catalana, y con el apoyo del PP y de una veintena de entidades de la sociedad civil catalana, el acto unitario ha servido para lanzar dos consignas a la ciudadanía: unidad y perseverancia en la lucha para conseguir que el Estado de derecho prevalezca sobre las imposiciones del nacionalismo catalán.

“Os pido que nos conjuremos, vamos a trabajar juntos”
Por parte de Ciudadanos, Albert Rivera ha reivindicado “un modelo de sociedad donde no se excluya a nadie”, y ha lamentado que los dirigentes nacionalistas hayan utilizado una de las dos lenguas de los catalanas como “elemento de construcción nacional”. Sin embargo, se ha mostrado optimista y ha asegurado que “hoy estamos más cerca de tener una escuela bilingüe” gracias al trabajo de muchas entidades que, tras largos procesos judiciales, han conseguido el reconocimiento de sus reclamaciones por parte de los tribunales.

Rivera ha apelado a la unidad de los partidos y asociaciones para luchar por la “causa común” del bilingüismo escolar (“trilingüismo”, ha matizado, incluyendo el inglés como lengua vehicular junto al castellano y el catalán). “Os pido que nos conjuremos, vamos a trabajar juntos”, ha insistido. Pero tampoco han faltado algunos reproches al PP, sin citarles, exigiéndoles “hechos y no palabras”, recordándoles que CiU -con quien los populares mantienen un pacto en Cataluña- no piensa acatar las sentencias, y animándoles a “hablar con un ministro” para que el Gobierno también se implique en esta tarea.

“¿Dónde están los señores del PSC?”
“Yo quiero lo mismo que el presidente [autonómico] Mas y el señor Montilla ofrecen a sus hijos, pero sin tener que gastarme 1.000 euros al mes”, ha señalado el líder de Ciudadanos en referencia a las escuelas privadas trilingües a las que los dirigentes políticos -que ha calificado de “insumisos de corbata”- han llevado a sus hijos.

Respecto a la argumentación de los políticos nacionalistas en el sentido de que es una minoría la que reclama el bilingüismo escolar, Rivera ha recordado que el PP y Ciudadanos suman medio millón de votos, “los mismos que tiene la segunda fuerza política de Cataluña”. “¡Poca broma!”, ha añadido. Y ha instado a los asistentes a “pasar a los hechos”, sumando más gente al proyecto, porque “si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie”. Por último, ha lamentado la ausencia de los dirigentes del PSC. “¿Dónde están los señores del PSC?”, se ha preguntado, al considerar que esta reivindicación también debería ser asumida por los socialistas.

“Los nacionalistas no van a conseguir su objetivo”
La diputada autonómica del PP, María José García Cuevas, también ha subrayado la importancia de “trabajar de manera conjunta”, y ha reiterado la oferta de su partido de crear “una coordinadora plural para impulsar objetivos y actos, con el protagonismo de las asociaciones cívicas”.

García Cuevas ha sido muy crítica con los nacionalistas, a los que ha acusado de “sobrepasar los límites de la Constitución” en cuestiones lingüísticas para avanzar en “su proyecto separatista”. “Pero no van a conseguir su objetivo, porque Cataluña somos todos. Los que defendemos el derecho a usar en Cataluña cualquier lengua oficial sin complejos no vamos a tirar la toalla por muy difícil que nos lo pongan“, ha advertido.

La dirigente popular se ha preguntado: “¿Quién genera confrontación, el que denuncia una ilegalidad o el que la comete?”. Y ha acusado a “los políticos nacionalistas” de intentar “engañar a la sociedad”. García Cuevas se ha mostrado optimista respecto al futuro ya que “estamos en un punto de inflexión en el que los nacionalistas empiezan a enseñar sus cartas: no quieren una Cataluña bilingüe, no quieren dos lenguas oficiales”, lo que ha considerado que les alejará de la sociedad real catalana.

“La inmersión es incompatible con la democracia”
En su intervención, el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, ha tildado las escuelas catalanas como “correccionales lingüísticos” que pretenden “extirpar mediante un rito de iniciación, el bautismo por inmersión, un mal nefando: hablar la lengua común de todos los españoles”. Ha criticado la tesis nacionalista que defiende que, para que Cataluña sea de todos, “haya que excluir la lengua propia de más de la mitad de los catalanes y común a todos ellos”. Y ha insistido en que “la inmersión es incompatible con la democracia, porque es igual a discriminación”, comparándola con la situación que se padecía durante la dictadura franquista.

Caja ha rechazado el argumento del presidente de la Generalidad cuando defiende que el nivel de castellano de los niños catalanes es similar o superior al de los niños del resto de España. “Entonces, o los niños catalanes son unos superdotados o los del resto de España son unos débiles mentales”, ha señalado. “Nos dicen, y nos repiten a coro los medios que mantienen con el dinero de nuestros impuestos, que el castellano ya se aprende en la calle, pues que nos digan el nombre de la calle para mandar a la calle a nuestros hijos, y no a las escuelas”, ha concluido.

“Una salida masiva del armario”
El presidente de Asociación por la Tolerancia, Eduardo López-Dóriga, ha destacado el cinismo del nacionalismo cuando “defendían el derecho a la educación en la lengua materna, con toda la razón del mundo, en los años 70, pero que ahora nos niegan”. Y ha animado a los asistentes a significarse públicamente en favor del bilingüismo escolar sin miedo a ser señalados.

Por último, el vicepresidente de Ágora Socialista, Olegario Ortega, ha denunciado el trato del nacionalismo hacia el castellano, considerándolo como “lengua intrusa e invasora”, lo que hace que los castellanohablantes, en la práctica, sean ciudadanos de segunda. Por ello, ha pedido “una salida masiva del armario” y ha instado a “perder el miedo”.

‘Una Cataluña bilingüe, una escuela bilingüe’
Durante el acto, presentado por la periodista Alejandra Alloza, se ha leído un manifiesto titulado Una Cataluña bilingüe, una escuela bilingüe en el que los convocantes exigen a la Generalidad el cumplimiento de las sentencias que la obligan a utilizar las dos lenguas oficiales -castellano y catalán- como vehiculares en la enseñanza. También se ha leído una carta de apoyo al acto por parte del vicepresidente de Parlamento Europeo y ex presidente del PP de Cataluña, Aleix Vidal-Quadras.

La iniciativa ha contado con el apoyo de Acción Cultural Miguel de Cervantes, Asociación Ciudadanos de España, Asociación Ciudadanos en Mataró, Asociación Nacional por la Libertad Lingüística, Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Barcinonia S21, Cámara de Comercio Hispano Rusa, Cives Iure, Egara Civitas, Foro España Hoy, Fundación Círculo Balear, Fundación Tribuna Cívica, Galicia Bilingüe, Impulso Ciudadano, Mesa por la Libertad Lingüística, Profesores por el bilingüismo, Sindicato Acción Ciudadana, Sindicato SiPcte-USOC de Correos, Unificación Comunista de España y Unión Estudiantes liberal-demócratas.

Entre los asistentes se ha podido ver a los abogados Javier Nart y José María Fuster-Fabra; al ex presidente del RCD Espanyol Fernando Martorell; al presidente de la Cámara de Comercio Hispano Rusa, Ángel Arias; al director general de Turismo del Gobierno autonómico de las Islas Baleares, Jorge Campos; a los diputados autonómicos de Ciudadanos Jordi Cañas y Carmen de Rivera; al periodista Fernando de Páramo; a los catedráticos universitarios Francesc de Carreras y Félix Ovejero; al periodista Juan Carlos Girauta; al presidente de Impulso Ciudadano, José Domingo; a los ex diputados autonómicos Antonio Robles y Carina Mejías; al dirigente del Foro España Hoy Nito Foncuberta; a la presidenta del Círculo Balear, Montse Amat; y a la ex presidenta de Asociación por la Tolerancia Marita Rodríguez.

Cataluña
"[En caso de contradicción], seguiremos la legalidad del Parlamento [autonómico]"
CiU anuncia el desacato a las leyes 'incómodas'

La Generalidad advierte de que no acatará ninguna ley que contradiga lo aprobado por el Parlamento autonómico
Redacción www.vozbcn.com 22 Abril 2012

El desprecio del nacionalismo hacia el Estado de derecho es uno de sus rasgos más característicos. Basta con observar el sistemático incumplimiento de las múltiples sentencias que ordenan a la Generalidad suprimir la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán y restablecer el bilingüismo para comprobar esta afirmación.

Sin embargo, en los últimos meses el tono de las amenazas de CiU, al frente del Gobierno autonómico, ha ido en aumento. A las advertencias de confrontación y la fijación de unas supuestas líneas rojas que no se pueden atravesar, se une ahora la exigencia del concierto económico, lo que pretenden conseguir por las buenas o por las malas.

“No nos dejaremos decir que no es legal lo que estamos haciendo”

El portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), en una entrevista publicada este domingo por el diario Ara, ha avisado de que “si España y su Gobierno ni tan solo piensan en que esto [el concierto económico] se ha de negociar, que asuman las responsabilidades”, y ha añadido que, en ese caso, la Generalidad se verá “obligada” a “tomar otro tipo de medidas y proponer al pueblo de Cataluña que se prepare para una época diferente”.

Pero Homs ha dado un paso más allá y ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no reconoce la legitimidad de ninguna ley nacional que contradiga una norma aprobada en el Parlamento autonómico de Cataluña, por lo que no la respetarán. “Como Gobierno [autonómico] no nos dejaremos decir nunca que hemos roto la legalidad. Nosotros respetaremos la legalidad de Cataluña. Todo lo que hacemos responderá a la legalidad del Parlamento [autonómico] de Cataluña. No aceptaremos que, con el argumento de que se nos diga que por no respetar no sé qué ley del Estado, estamos fuera de la legalidad“, ha declarado el dirigente nacionalista.

Y ha insistido:
“En términos legales, ante una ley del Parlamento [autonómico] de Cataluña que hipotéticamente contradiga una ley del Parlamento español, el Gobierno [autonómico] seguirá la legalidad del Parlamento [autonómico] de Cataluña. Y no nos dejaremos decir que no es legal lo que estamos haciendo, porque defendemos que somos una nación y entendemos que la voluntad democrática expresada pacíficamente está por encima de todo. [...] Nosotros creemos que el derecho a decidir reside en el Parlamento [autonómico] de Cataluña. Por tanto, hemos de ser consecuentes con esto”.

“No aceptaríamos nunca” una intervención del Gobierno
El portavoz autonómico ha defendido los recortes aplicados por la Generalidad a lo largo del último año -el primero de Artur Mas como presidente de la Generalidad-, y ha asegurado que Cataluña y el resto de España “son dos culturas diferentes”. Homs lo ha justificado con el argumento de que “hay un Gobierno [autonómico] en Cataluña que se pone a hacer recortes, y gana las municipales y generales; en cambio, en España un Gobierno gana con mayoría absoluta y solo en tres meses ya padece un correctivo electoral en Andalucía”.

“Esto no es nuevo, aquí [en Cataluña] hicimos la revolución industrial, y en otros lugares pastoreaban cabras; por eso digo que es muy difícil que podamos salir de esta crisis en el marco español”, ha espetado.

Sobre una hipotética intervención del Gobierno a la Generalidad ante el incumplimiento de los objetivos de déficit establecidos, Homs ha sido contundente:

“En Cataluña eso es inviable porque no lo aceptaríamos nunca. [...] Puede intervenir una administración que tenga capacidad de poner dinero, y eso solo lo pueden hacer los alemanes. ¿Qué harán [desde el Gobierno]? ¡Si nosotros estamos recortando más que ellos!”.

“De los franceses, igual que de los españoles, nos podemos fiar poco”
Por otra parte, Homs ha descartado que CiU se esté acercando a ERC, ante un posible enfriamiento del PP por la enmienda a la totalidad presentada a los Presupuestos Generales del Estado. “Nosotros no votamos por afinidad ideológica. Votamos por interés, y especialmente en España. Pero en Cataluña también, y como nos interesa el pacto fiscal, pues votamos con ERC”, ha indicado.

El portavoz de la Generalidad no ha mostrado preferencia por ninguno de los dos máximos favoritos a la victoria en las elecciones presidenciales de Francia de este domingo. “Creo que Sarkozy hará lo mismo que Hollande. De los franceses, igual que de los españoles, nos podemos fiar poco”, ha sentenciado.

Finalmente, Homs ha valorado “de forma positiva” la labor de Mònica Terribas al frente de TV3, pero no ha descartado sus próxima destitución, como dan por hecho algunos medios. “Uno puede haber hecho un buen trabajo, pero después no estar de acuerdo con el que se ha de hacer. Y la señora Mònica Terribas se ha mostrado en contra de lo que ha aprobado el Gobierno [autonómico] y el consejo de administración de la CCMA”.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Autonomías: ideas... para dejar de pensar
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 22 Abril 2012

La butade de la presidenta madrileña sobre la necesidad de que las comunidades españolas devuelvan sus competencias en educación y sanidad ha llevado al presidente de la Generalitat a subir la apuesta, proclamando que en realidad ninguna región, salvo Cataluña y el País Vasco, ¡debería tener autonomía!

Sin embargo, el contraste entre el gran escándalo que la muy discutible idea de Aguirre ha levantado y las escasas críticas que ha suscitado la provocación auténtica de Artur Mas prueba nuevamente la incomprensible legitimidad de la que gozan los nacionalistas, en comparación con los demás, para decir majaderías.

Hablemos, pues, primero, del honorable president. La idea de reducir la autonomía a los territorios con fuerte presencia de los nacionalistas, evitando así lo que ellos llaman «café para todos» con desprecio, no salió adelante por una sencillísima razón: porque las demás regiones se negaron a aceptar lo que, de haber triunfado el café nada más para los ricos, hubiera constituido una fuente de inadmisibles privilegios. Quizá Mas no sepa que la generalización de la autonomía se hubiera asentado también durante la Segunda República, de no haber aquella naufragado, y que es la norma en todos los Estados federales: no hay ninguno en el planeta en que unos territorios estén descentralizados y otros no.

La presidenta Aguirre plantea, por su parte, una devolución de funciones que dejaría a las comunidades sin la parte del león de sus competencias materiales, pero, visto el desastre que ha dejado, por ejemplo, Zapatero, no explica por qué el Gobierno habría de gestionar mejor en el futuro lo que hoy gestionan las regiones.

En el fondo, Mas y Aguirre hacen con el debate autonómico lo que, según la famosa Ley de Gresham, la moneda mala hace con la buena: expulsarla del mercado. Y es que las cuestiones que debemos plantearnos no son, ni de lejos, las que ellos suscitan, a su propia conveniencia, sino otras muy distintas: qué reformas plausibles necesita con urgencia nuestro Estado para ser socialmente más justo, políticamente más eficiente y económicamente más barato.

Pues admitido que ni la generalización autonómica ni el diseño de las líneas maestras de la distribución material de competencias tienen marcha atrás, el asunto consiste en discutir, en serio y sin decir sandeces, como arreglar lo que hoy funciona mal a todas luces: las innecesarias duplicidades y triplicidades (si me permiten el palabro) de competencias y funciones entre las tres administraciones españoles; la falta de coordinación entre el Estado y las regiones en ámbitos vitales para nuestro bienestar; la pervivencia de una administración local mastodóntica y una provincial inservible por completo; la falta de ejercicio por parte del Estado de sus facultades de alta inspección en ámbitos como la educación, para evitar las tropelías identitarias; o el establecimiento, mediante las leyes de armonización previstas en la Constitución y jamás utilizadas, de elementos de uniformidad allí donde resultan esenciales para la igualdad real de todos, como la sanidad o los servicios sociales.

Es en esos temas, y en otros similares, donde está el auténtico debate y no en las interesadas cortinas de humo que solo pretenden que sigamos enganchados en lo que interesa a los políticos y no a los ciudadanos.

Faltan comités de coordinación y por tanto se necesitan mas funcionarios
Nota del Editor 22 Abril 2012

Si, está claro que para coordinar el tinglado autonómico se necesitan más comités de coordinación y por tanto más funcionarios, ya que los actuales estan trabajando a fondo y no tienen un minuto disponible para coordinar y optimizar.

Así que tendremos que aumentar el número de funcionarios, para poblar estos comités, que deberán estar muy bien remunerados porque de ellos depende la coordinación (de lo incoordinable). Así que a ver cuando hay oposiciones, porque en estos puestos no puede haber personal laboral, estarían sometidos a presiones indecibles, y así todos los universitarios que hay en paro pasarán a la administración
coordinadora.

Después ya quedarán muy pocas lagunas que cubrir, Gallardón ya inventó los empleos de los sableadores de conductores, tendremos que pasar a sableadores de motoristas, ciclistas y finalmente peatones, en cada acera habrá un vigilante que revisará los bonos de acceso a las aceras pares, otro para las impares (no se rían, ahora mismo, hay permisos (previo pago al ayuntamiento) de estacionamiento más duradero en algunos barrios para los autónomos (fontaneros, electricistas, albañiles, etc.,) y si se se pasan al otro lado de la calle los multan.

Y como solución más general, para empleos sin formación alguna, nos queda volver a implantar los serenos: a todos los ciudadanos nos quitarán las llaves de los portales y tendremos que pagar al sereno para que nos abra la puerta.

Y como todos dependeremos del estado, como funcionarios o personal laboral, ya no habrá paro. Lo preocupante es que en la fábrica de moneda y timbre tendrán que aumentar los turnos para imprimir euros, y para pagar el metro tendremos que llevar el dinero en una carretilla. Los ecologistas verán como desaparecen los bosques debido a la demanda de pasta de papel (¿ vaya contradicción,
quien quedará para hacer esos trabajos ?).

Quizás debamos proponer a la Unión Europea que España se encargue de toda la administración en todos sus niveles, y que los demás trabajen para nosotros, aunque les tendremos que enseñar a preparar tapas, tirar cañas y bailar flamenco.

Un acto unitario
xavier pericay ABC Cataluña 22 Abril 2012

Esta mañana, si la autoridad no lo impide, tendrá lugar en Barcelona un acto unitario. Lo convocan Ciutadans, la Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica Catalana y Ágora Socialista, y cuenta con la adhesión de numerosas entidades de toda España y con la presencia, postrera pero oportuna, de un representante del Partido Popular de Cataluña —de la presencia de UPyD, que también ha sido invitada a participar, nada se sabe a estas alturas del artículo—.

Esa clase de actos no son habituales por estos pagos. No lo son, a menos que quien los ampare sea el poder mismo y quien los promueva, alguna de esas asociaciones amamantadas con raudales de dinero público que sirven principalmente para que los gobernantes autonómicos y sus adláteres se ahorren el trabajo sucio y puedan presumir de la existencia de una sociedad civil. Sobra decir que, en este terreno, la transversalidad del catalanismo facilita mucho las cosas. Más complicado resulta alcanzar un movimiento unitario cuando no media el nacionalismo. O sea, cuando lo que tenemos es lo más parecido a una verdadera sociedad civil: un conjunto de hombres y mujeres, agrupados según sus intereses y voluntades, sin más ataduras que las inherentes a su condición de ciudadanos y dispuestos a intervenir en la arena pública en defensa de sus derechos.

De ahí el mérito del acto de hoy. Y de ahí la importancia de que se repita en tantas ocasiones como sea necesario. Añadan a lo anterior que los ciudadanos que hacen al caso van a congregarse para reclamar algo tan elemental, tan comprensible, tan razonable como la instauración de una escuela bilingüe en una Cataluña bilingüe. O, lo que es lo mismo, el cumplimiento de los preceptos constitucionales y de cuantas sentencias del Tribunal Supremo obligan al Gobierno de la Generalitat a acatar de una vez por todas la ley. Lo que significa que esos ciudadanos van a congregarse para hacer valer sus derechos. Y su dignidad. Que no decaiga.

negociación con ETA
Ortega Lara y Alcaraz presentan hoy una campaña para exigir el arresto de Ternera
21 ABR 2012 | ALBERTO LARDIÉS. www.gaceta.es 22 Abril 2012

Voces contra el Terrorismo anunciará protestas contra la política penitenciaria.
Las víctimas no se rinden en su pelea contra ETA. La asociación Voces contra el Terrorismo (VCT), presidida por Francisco José Alcaraz, aprovechará una conferencia que celebra hoy en Madrid para presentar una intensa campaña destinada a exigir al Gobierno nuevamente la inmediata detención del líder etarra José Antonio Urrutikoetxea Bengoetxea, alias Josu Ternera, que lleva huido de la Justicia 10 años, tiempo en que, entre otras cosas, fue el interlocutor del Ejecutivo presidido por Zapatero. Además, el colectivo cívico se propone llevar a cabo movilizaciones periódicas contra la actual política penitenciaria del Gobierno.

Las víctimas anunciarán sus movilizaciones en el marco de la conferencia “La rebelión cívica ante el chantaje de ETA”, que imparten hoy a las cinco de la tarde en el hotel Emperador de Madrid el citado Alcaraz, Salvador Ulayar y José Antonio Ortega Lara. En la propia convocatoria del acto, VCT asegura que hoy se darán a conocer “actuaciones para defender la memoria, dignidad y justicia de las víctimas”. LA GACETA ha confirmado sobre qué asuntos versarán las iniciativas.

Desde la asociación afirman a este diario que, en línea con su actitud combativa de siempre, no van a parar de reclamar al Ministerio del Interior las dos demandas mencionadas. Para empezar, la política penitenciaria se antoja clave de cara al hipotético final de ETA, teniendo en cuenta que tanto la banda como sus adláteres ponen como condición indispensable para no volver a asesinar una serie de medidas de gracia para los terroristas encarcelados. La asociación que dirige Alcaraz considera que el Ejecutivo está siendo “demasiado generoso” con los reos etarras, por ejemplo al mantener la conocida vía Nanclares, fórmula de reinserción para los reclusos que se desmarquen de la banda.

Audiencia Nacional
Respecto a Josu Ternera, VCT ya judicializó el asunto al presentar un escrito ante la Fiscalía General del Estado para exigir su arresto. Desde el Ministerio Público se trasladó la petición a la Audiencia Nacional. Y el juez Ismael Moreno dictó una providencia en la que aseguró que no hay nuevos datos sobre el paradero del terrorista y en la que recordó a las Fuerzas de Seguridad que las órdenes de búsqueda y captura contra el veterano etarra continúan vigentes.

Este movimiento en los tribunales, con el mencionado recordatorio por parte de los jueces a los policías, no es suficiente para VCT. Por ello, la asociación presenta hoy sus actuaciones destinadas a conseguir el ansiado arresto de un personaje, Josu Ternera, que tiene pendiente responder ante la Audiencia Nacional como presunto inductor del brutal atentado perpetrado en 1987 contra la casa cuartel de Zaragoza, con 11 víctimas mortales, entre ellas seis niños. Las protestas contra la libertad de Ternera serán también periódicas.

Batasuna acusa al PP de “abortar la paz”
El brazo político de ETA ataca de nuevo. Ayer, la portavoz de Batasuna Maribi Ugarteburu aprovechó que se cumplían seis meses desde el anuncio de “cese definitivo” por parte de ETA para acusar al PP “de abortar la posibilidad de alcanzar la paz mediante la resolución definitiva del conflicto político”. Además, aseguró que responderá “con más proceso a la voluntad permanente de boicot del Estado, desde la acumulación de fuerzas y la movilización popular”.

El Tribunal de Cuentas desvela la dependencia de los fondos públicos
Los partidos obtuvieron 281 millones del Estado y 227 de los bancos en 2007

 www.lavozlibre.com 22 Abril 2012

PSOE: 81 millones de euros; Partido Popular (70), CiU (11), Izquierda Unida (9,5), PNV (7), ERC (6,4), ICV (3,8), Coalición Canaria (2,5), EA (2,2), Partido Andalucista (1,8), BNG (1,7), UPN (1,4), Batasuna (1,3), Chunta Aragonesista (854. 419 euros), y Ciudadanos (C´s): 704.000 euros.

Subvenciones y créditos bancarios: los partidos políticos no buscan la autosuficiencia
Las formaciones con representación recibieron 281 millones de euros 'públicos' en 2007 y contrajeron una deuda con los bancos de 227 millones de euros

Madrid.- Los partidos políticos en España dependen de la subvenciones de la Administración, y de las entidades bancarias. Es la principal conclusión que se puede extraer del informe que el Tribunal de Cuentas ha remitido al Congreso de los Diputados, sobre la financiación de las formaciones políticas que contaban con representación en el año 2007. Ocho de cada diez euros recibidos por los partidos provienen de las arcas públicas.

Los partidos políticos recibieron, en el año 2007, subvenciones que se alzaron hasta los 281 millones de euros. Las formaciones recibieron en plazo esta financiación a pesar de cometer numerosas irregularidades en la contabilidad y prestación de información al Tribunal de Cuentas. El órgano de control ha constatado que ningún partido ha hecho entrega del preceptivo informe de control interno, así como el informe de tasación de inmuebles.

En las cuatrocientas páginas del informe del Tribunal de Cuentas se desgranan las cantidades de dinero público recibidas por los partidos políticos, con datos del año 2007. A la cabeza se sitúa el PSOE, con 81 millones de euros; al que le sigue el Partido Popular (70), CiU (11), Izquierda Unida (9,5), PNV (7), ERC (6,4), ICV (3,8), Coalición Canaria (2,5), EA (2,2), Partido Andalucista (1,8), BNG (1,7), UPN (1,4), Batasuna (1,3), Chunta Aragonesista (854. 419 euros), y Ciudadanos (C´s), con 704.000 euros.

El informe del Tribunal de Cuentas, que ya obra en poder del presidente de la Cámara baja, alerta de la deuda que las formaciones políticas tienen con las entidades bancarias, deudas cuya condonación no ha quedado clara en el caso de Convergencia i Unió (CiU). Los partidos deben a los bancos 227 millones de euros. El PSOE, aparte de ser el partido más subvencionado, también es el que más debe, con 70,3 millones de euros. Le sigue el Partido Popular (59,4), PNV (17), CiU (16), IU (15), ICV (10,6), BNG (3,6), Partido Andalucista (9). El resto de formaciones minoritarias apenas presentan deudas con las entidades bancarias.

Cataluña
PPC y Ciutadans se unen en Barcelona en un acto masivo en favor de la educación bilingüe
Más de 600 personas abarrotan el Teatro Goya de Barcelona para exigir que la Generalitat acate las sentencias del TC y del Supremo contra la discriminación del castellano en las escuelas catalanas
J. GUIL / BARCELONA ABC Cataluña 22 Abril 2012

Un lleno hasta la bandera y gente que se quedó en la calle por falta de aforo. Más de 600 personas han abarrotado este sábado el Teatro Goya de Barcelona para asistir a un acto en favor de la enseñanza bilingüe en Cataluña convocado por Ciutadans (C,s) y las asociaciones Ágora Socialista, Asociación por la Tolerancia y Convivencia Cívica Catalana, y que ha contado con el apoyo y la participación del PPC en la figura de su diputada María José García Cuevas.

La iniciativa sirvió para hacer público un manifiesto que bajo el lema "Una Cataluña bilingüe. Una escuela bilingüe", insta a la Generalitat a acatar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto catalán y las ya cinco sentencias posteriores del Tribunal Supremo que exigen "la reintroducción del castellano junto al catalán como lengua vehicular en la escuela, poniendo fin de esta manera al sistema de inmersión lingüística" en catalán."Nos comprometemos a utilizar todos los mecanismo sociales, políticos y judiciales que estén a nuestro alcance hasta conseguir que en Cataluña tengamos por fin una escuela de todos y para todos", reza el texto que guía a los organizadores del acto.

Durante el acto intervinieron varios ponentes ante la atenta mirada de algunas de las personalidades que secundan la iniciativa, como el articulista de ABC Juan Carlos Girauta, el abogado Josep Maria Fuster-Fabra, la exdiputada del PP Carina Mejías o el director general de Turismo del gobierno de Baleares, Jorge Campos, entre otros.

El líder de C's, Albert Rivera, ha considerado que "si tenemos una Cataluña bilingüe es de justicia y de sentido común tener una escuela bilingüe", y ha pedido unidad para sumar esfuerzos y defender el bilingüismo. "Tengo derecho a tener la misma escuela que quieren los presidentes como Montilla o Artur Mas para sus hijos, en la que puedan aprender tres lenguas: catalán, castellano e inglés" ha dicho Rivera, quien además destacó el respaldo social en favor del bilingüismo. Así, destacó que PPC y C,s suman 500.000 votantes, como los obtenidos por la segunda fuerza más votada en Cataluña, el PSC.

La diputada del PPC María José García Cuevas ha reiterado la propuesta de su partido de crear una Coordinadora en defensa de un bilingüismo integrador en Cataluña, que integrarían en un principio los partidos y asociaciones convocantes y adheridas al acto de hoy y que tendría un "protagonismo de las asociaciones cívicas". El apoyo del PP a los participantes en el acto de hoy ha llegado también a través de una carta de ánimo del vicepresidente del Parlamento europeo, Alejo Vidal-Quadras, leída en público.

Durante su intervención, el presidente de Convivencia Cívica Catalana, Francisco Caja, ha tildado de "correccionales lingüísticos" las escuelas catalanas, y ha considerado que este modelo garantiza la desigualdad y la exclusión social.




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