AGLI Recortes de Prensa   Sábado 28 Abril 2012

'La esfinge asiria': peligro, el Gobierno pierde pie
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 28 Abril 2012

La derecha y adosados que votaron al PP el 20-N han pasado del mosqueo al cabreo. Creían que el Gobierno, de entrada, iba hacer las cosas mejor, más limpiamente, con coordinación y con más eficacia. El enfado está justificado. Al PP le ha faltado información y análisis solvente de la situación financiera y económica mientras estuvo en la oposición. Montoro y Nadal hacían proyecciones demasiado optimistas. Pensaron que el déficit no sería, desde luego, del 6%, al que Zapatero se había comprometido, pero jamás llegaron a pensar que escalaría al 8,51%. Error. Hasta que descubrieron que el Gobierno socialista se había abstenido de recortar 26.000 millones -en eso consiste la herencia recibida- creyeron que con el Decreto Ley de no disponibilidad del pasado 30 de diciembre, podría ser suficiente, con ligeros retoques en el Presupuesto de 2012. Otro error. Como estaban seguros de ganar las elecciones en Andalucía, prefirieron hacer la reforma laboral y la financiera, pero demorar en lo posible el proyecto presupuestario. Nuevo error. No obtuvieron la Junta andaluza y los Presupuestos le han resultados tardíos a la troika (BCE, FMI y UE), mucho más después de que regateasen sobre la cifra de déficit a conseguir en este ejercicio. Error también, porque con el monstruo bruselense no se regatea: una vez se toma el acuerdo, se cumple y punto.

Tras los presupuestos, ha venido el recorte sanitario y la medidas sobre tasas universitarias, como un complemento de urgencia a unas cuentas públicas que no resultaban suficientemente creíbles. S&P acaba de situarnos en una modesta triple B porque esas cuentas no le cuadran. Tampoco al propio Ejecutivo que, además de subir los impuestos directos este ejercicio (IRPF y Sociedades), ya ha anunciado que subirá en 2013 el IVA y los especiales. Las promesas -vanas promesas- volaron. Y ayer supimos que en España hay ya más de cinco millones seiscientos mil desempleados, y que todavía en 2015 -¡nada menos!- seguiremos en parecidas cifras. La imagen del Gobierno, con un mes de mayo de agitación en la calle, bordea el precipicio sin aparente reacción comunicativa ni especial empatía con la sociedad española. El Ejecutivo y su presidente parecen estatuas de sal, esfinges. Peligro, enorme peligro cuando a un Gobierno no le comprende ni su electorado, pierde pie y se cae. Las grietas en el Partido Popular y en sus entornos comienzan a afectar a la estructura política de su proyecto.

Hay ‘amigos’ que ayudan a que las cosas vayan peor de lo previsto. Curiosamente, o quizás no tanto, el inminente fracaso de la reforma financiera y sobre la que apremia el FMI, se remite a la actitud y la gestión de Rodrigo Rato Figaredo, presidente de Bankia, ex vicepresidente del Gobierno con Aznar y ex director gerente del FMI. Su soberbia persistencia en mantener la carcasa vacía de su entidad como un galeón solitario en la marejada financiera, en alianza torpe con Miguel Ángel Fernández Ordoñez, gobernador todavía del Banco de España, está procurando que el plan gubernamental de reducir mediante liquidaciones y concentraciones entidades fallidas y sin futuro, pierda credibilidad en todas las instancias internacionales. Rato ha espantado a cualquier partenaire bancario -eso sí, ha sido incapaz de hacerse cargo del Banco de Valencia- y se niega a cualquier solución que no sea un ‘banco malo’ que le permita aparcar en él –a base dinero público- el stock tóxico inmobiliario de Caja Madrid y Bancaja. Santander y BBVA –que padecen injustamente las consecuencias de esta altanería- ya han advertido que el ‘banco malo’ sólo prima a los gestores incompetentes, hace recaer sobre los contribuyentes el saneamiento de las entidades insolventes y constituye un mal precedente. En estas circunstancias, el Gobierno, a pesar de Rato y acaso por Rato, está emplazado a tomar una decisión que ha demorado demasiado y que podría ser traumáticamente inaplazable.

Peligro, enorme peligro cuando a un Gobierno no le comprende ni su electorado, pierde pie y se cae. Las grietas en el Partido Popular y en sus entornos comienzan a afectar a la estructura política de su proyecto.

Pero, para que todo se complique más aún, el jueves el ministro del Interior, a quien ya se veía neófito en cuestione relativas a ETA, perpetró el peor error de los posibles: anunció chapuceramente un plan para revertir la política de dispersión penitenciaria de los presos de la banda suavizando una condición que hasta ahora se exigía –aunque no por imperativo legal- y que consistía en que el acercamiento a cárceles del País Vasco sólo se producía si, con la renuncia al terrorismo, se firmaba una petición de perdón a las víctimas ante las autoridades penitenciarias. Ahora este requisito no será necesario. Lo peor de este requiebro estriba en su carácter innecesario -¿por qué hay que dar ahora ese paso cuando se acaba de ratificar la doctrina Parot?-, en el previsible fracaso en el logro de la ruptura entre la banda y sus presos, en el pésimo mensaje que se envía a los terroristas que optaron por la llamada vía Nanclares a los que se les exigieron requerimientos superiores, en el desconcierto que el plan ha provocado entre las víctimas y en el PP y en buena parte de su electorado y en la ausencia total de sensibilidad al lanzar esta iniciativa a una opinión pública saturada de problemas y a la que el Gobierno sobresalta con medidas -¿improvisadas?- cada dos por tres.

El plan -denominado como integral- debe responder a claves que se nos escapan al común de los mortales y que sólo los servicios de información gubernamentales conocen, pero constituye una inhabilidad política gravísima lanzarla sin anestesia, acentuado el error por el mal manejo del procedimiento para su conocimiento público. El Gobierno, es de temer, ha vuelto a confundirse, entregándose a un planteamiento precipitado que era el que defendía el PSOE y, en particular, el lendakari López. El de la flexibilización penitenciaria es, justamente, el eje de su campaña electoral para las autonómicas vascas del año que viene. La torpeza estriba pues en la no explicación del por qué; en las ignotas razones sobre el momento; en las razones del qué y en la forma de hacer circular el plan. La duda consiste en si la medida servirá o no para el fin que se propone: debilitar más a ETA y dar un empellón para que se disuelva. O para remitir a la banda un mensaje equívoco.

¿Responderá Rajoy a esta nuevo situación, gravísima, con algo más que el silencio estatuario a que acostumbra?, ¿volverá a comportarse como una ‘esfinge asiria’ haciendo buenas las acusaciones de tancredismo que se le lanzan? A este respecto, el presidente padeció un severísimo ataque de Javier Marías en el suplemento semanal EPS del diario El País con un artículo furibundo titulado ‘La esfinge asiria’. No recuerdo una arremetida más demoledora y visceral al presidente del Gobierno. Y se han podido leer muchos.

Escribía el hijo del ilustre Julián Marías que “personalmente (Rajoy) siempre me ha parecido una cabeza hueca (…) un hombre sin ideas y desde luego sin ímpetu, sin capacidad para entusiasmar a la gente, ni siquiera para crearle ilusión o esperanzarla.” El autor, sin embargo, le reconoce “cierta astucia”, pero de una clase especial: “La astucia clásica de las personas sin ideas consiste en hacerse la esfinge: permanecen calladas mientras las demás parlotean, se muestran enigmáticas e impenetrables, consiguen que los otros se mantengan a la expectativa de sus escasos pronunciamientos a los que se acaba por dar valor sólo por eso, por su escasez.” Pero a Marías, las actitudes de Rajoy le recuerdan a las de alguien. Efectivamente: a las de Franco. La conclusión del literato es que el presidente del Gobierno se está haciendo “la esfinge asiria” porque es barbada a diferencia de las esfinges griegas y egipcias. Lo inquietante para Marías es que la etimología de la palabra esfinge remite a términos tan desasosegantes como el de “agarrador” o “anudador”. Pero “según otros” -dice Marías- la etimología de esfinge es más preocupante: “exprimidor, o incluso, estrangulador”. Por eso, cierra la pieza nuestro autor con esta frase: “En cualquiera de los casos, mejor no recurrir a la etimología, ¿verdad?”.

El electorado del PP y, por extensión, la inmensa mayoría de los ciudadanos, no quieren que el presidente del Gobierno dé la razón a Javier Marías; no desean que Rajoy sea una ‘esfinge asiria’ y que esa imagen sea una metáfora de un Gobierno que resbale y caiga. Y si no lo quieren en ningún caso, menos aún en esta coyuntura agobiante que requiere de interlocución emocional y explicativa con la sociedad. Y previsibilidad en las decisiones y coherencia entre lo que se ha dicho y se hace. Más todavía cuando se ha colado este errado asunto del plan integral de reinserción de los terroristas. Puede entenderse por prudencia el distanciamiento social y mediático en otros momentos pero no en estos compases tan fúnebres para el país, en los que la desesperanza y la resignación comienzan a confundirse con la indignación y el hastío. No es soportable emocionalmente el silencio pétreo de las esfinges barbadas por muy asirias que sean. Comienza a cundir el desconcierto y se espesa el ambiente. Mucho cuidado.

ETA
Arrepentidos los quiere Rajoy
Pablo Molina Libertad Digital 28 Abril 2012

La nueva política penitenciaria que el gobierno tiene previsto aplicar a los presos terroristas tiene soliviantadas, y con razón, a las víctimas del terrorismo que todavía viven y a los familiares de los que fueron asesinados, porque los que cayeron muertos ya no pueden opinar. Los heridos, mutilados y familiares de los caídos en atentados terroristas tienen la posibilidad de oponerse a estas medidas de gracia, aceptarlas o incluso perdonar a los culpables, pero a los que fueron asesinados sólo el Estado y sus instituciones judiciales pueden hacerles justicia.

La responsabilidad del Estado de Derecho es castigar con la pena máxima prevista en las leyes al criminal que ha cometido también el mayor delito –arrebatar la vida a otro ser humano–, y cualquier decisión que rebaje ese elemental sentido punitivo será siempre una traición hacia los muertos por actos terroristas.

El arrepentimiento de los criminales y su compromiso a no volver a poner bombas o disparar en la nuca debería ser una cuestión irrelevante a efectos penitenciarios. La única certeza de un arrepentimiento sincero sería el suicidio del asesino tras darse cuenta de la gravedad de sus acciones. Si su presunta contrición le permite seguir viviendo como si tal cosa a la espera de homenajes populares tras salir de la cárcel, el Estado tiene el deber de ejecutar la pena impuesta por los tribunales hasta sus últimas consecuencias. No sólo por el respeto que la sociedad le debe a la memoria de las víctimas del terrorismo, sino porque en otro caso el sentido mismo de la Justicia quedaría pervertido para convertirse en un enjuague más de los gobernantes en busca de determinados objetivos políticos.

La reinserción es deseable, pero sólo después de haber cumplido íntegramente el castigo impuesto por el Estado de Derecho según la gravedad del delito cometido y haber resarcido a las víctimas por los daños causados. Tras haber pagado ese precio inexcusable todos nos felicitaremos porque el asesino haya interiorizado la vileza de su conducta y decida no volver a asesinar. Pero después de cumplir las penas impuestas. No antes.

Si la política penitenciaria se reduce a que los criminales entiendan que lo que hicieron estuvo mal, pidan perdón públicamente y prometan no reincidir, ¿para qué se les condena a miles de años de cárcel? Bastaría con que, una vez detenidos, un equipo de psicólogos consiguiera en pocas sesiones hacerles ver la gravedad de sus actos para que el arrepentimiento y el propósito de enmienda surgieran de forma espontánea. Además, el terrorista con un alto grado de empatía ni siquiera tendría que entrar en prisión porque ya estaría moralmente "curado", que es, según parece, el objetivo que se ha marcado el gobierno en este nuevo programa de reinserción.

El primer fin de la justicia penal ha de ser castigar a los culpables de graves delitos y hacerlo con la máxima severidad por respeto a las víctimas y a la sociedad en su conjunto. Que paguen lo que han hecho hasta apurar la última gota de su castigo y a partir de ahí, en las iglesias tienen confesionarios para el arrepentimiento y en los ayuntamientos Servicios Sociales para la reinserción.

¿Un primer gesto?
Manuel Montero, EL CORREO,  28 Abril 2012

La estrategia batasuna obtiene resultados. El PP aseguró que no habría cambios en tanto ETA no se disolviese. No se ha disuelto, pero algún cambio ha habido. Lo suficiente para que la izquierda abertzale interprete que es una cesión

Ha habido unanimidad en el calificativo. El Gobierno ha cambiado su política penitenciaria y se ha dicho que es «un primer paso» o «un primer gesto». «En la dirección correcta», para algunos. «Insuficiente», dicen otros, pero en la línea que demanda «la mayoría política y social de Euskal Herria». No ha cambiado su política, asegura el Gobierno, pero no se entiende que introduzca novedades de calado si quiere mantenerla. Llega el cambio que dicen que no cambia nada y lo hace por sorpresa, literalmente de un día para otro. Sin que nadie explique las razones de la iniciativa.

La confusión que ha creado no es irrelevante. En «los nuevos tiempos» que han seguido a la declaración del «cese definitivo» de ETA, las fuerzas próximas al «exterrorismo» situaron en el primer plano del «nuevo escenario» la cuestión de los presos. Venían a decir que la movilización popular arrancaría cambios en la política penitenciaria: acercar los presos al País Vasco, primero; una especie de amnistía después o al mismo tiempo. Sobre ello planteó el ‘tour de force’, en el que se juega quién diseñará el futuro. Así conseguiríamos que el cese definitivo del terror fuese definitivo, pues en la expresión de ETA éste no tiene la rotundidad del término.

Pues bien: a la vista de los acontecimientos parece que la estrategia batasuna obtiene resultados. El PP –incluso el mismo ministro de Interior– aseguró en su día que no habría cambios en tanto ETA no se disolviese. No se ha disuelto, pero algún cambio ha habido. Lo suficiente para que la izquierda abertzale pueda interpretar que es una cesión, un primer gesto, que ha conseguido que lo inamovible deje de serlo. Que puede moverse. En la dirección correcta. Por lo que dicen, la medida no les satisface, pero cuando menos constituye un acicate para que mantenga su presión. No para que el MLNV se acerque a la democracia, sino que ésta cambie sus criterios. Puede decir a los suyos que la estrategia funciona, que torres más altas han caído. Visto lo visto no habría argumentos serios para negárselo.

El principal efecto de la medida gubernamental está, precisamente, en el nombre de «primer paso», «primer gesto» que se le ha dado sin discrepancias. Es importante por la doble sugerencia que el calificativo implica. Primero, porque se ha hecho un gesto que cambia la política penitenciaria, un paso que no cabe explicar desde la lógica democrática o gubernamental tal y como se había expuesto. Y está la idea de que es una primera iniciativa. El ordinal sugiere que habrá o puede haber un segundo paso, y un tercero, y más. Al margen de su amplitud o distancia recorrida, no se suele dar un primer paso para quedarse ahí, sino para andar un camino en la dirección emprendida. Tras un primer paso a la opinión le sorprenderá menos el segundo. Va implícito en el concepto «primer gesto».

En cierto sentido, lo de menos es la envergadura de la iniciativa, aunque no resulta una cuestión menor que el acercamiento al País Vasco no exija ahora la petición de perdón a las víctimas. Más significativa aún es la impresión que extiende. Por lo que se deduce, el criterio que valida la política penitencia no consiste en que responda a una estrategia democrática, sino a que lo acepten los presos. La ‘vía Nanclares’, se sobreentiende, no alcanzó su consenso. ¿Si tampoco lo hace el nuevo plan habrá que elaborar otro que sí les guste? De ser así, hasta podríamos ahorrarnos los sucesivos pasos e ir al último, cuyo contenido cabría preguntar a quienes han de sancionarlo. Aunque quizás guste más la rendición gota a gota.

En este envite, otro fracaso democrático lo constituye la confusión que ha rodeado a la decisión del Gobierno. Ha sorprendido a propios y extraños, exasperado a las víctimas y dado lugar a rectificaciones argumentales del Gobierno y del PP, que abren una nueva política e incomprensiblemente dicen que no la cambian. Lo peor es que no han explicado las razones del cambio, si tienen una estrategia o no, o todo está al albur de las improvisaciones. ¿El Gobierno tiene criterio sólido al respecto o no?, ¿da palos de ciego o sabe a dónde va? Convendría que explicase a qué sitio quiere llegar. La incertidumbre da pábulo a los imaginarios que sugieren pactos no confesados con la organización terrorista. No basta que el presidente del Gobierno asegure que «el objetivo es el mismo, ETA tiene que desaparecer»: sólo faltaba una opinión distinta.

Resulta además incomprensible que el PP haga ahora lo que sin duda hubiese criticado airadamente si estuviese en la oposición. Estos cambios sobre la marcha, en el tránsito hacia «la responsabilidad del poder» son las actitudes que desazonan a la ciudadanía, que no sabe a qué carta quedarse ni si sus votos sirven para algo, puesto que la oposición convertida en gobierno cambia sus opiniones. El Gobierno muestra una sorprendente incapacidad para explicar su política, en esta materia y en otras. Ni siquiera lo intenta, como si la mayoría absoluta les diese venia para hacer y deshacer sin contar a los ciudadanos las razones de sus decisiones.

La inexistente o borrosa comunicación tiene efectos fatales en la política antiterrorista. Acentúa la confusión. Es, al final, otro éxito de quienes están recurriendo a los presos y la política penitenciaria para convulsionar la democracia. Hay que reconocerlo: es obvio que el entorno de ETA tiene una estrategia –no la oculta– y sabe a dónde va. Lamentablemente, no puede decirse lo mismo del Gobierno y de buena parte de los partidos democráticos.

Amadeu, la última butifarra
J. A. Gundín La Razón 28 Abril 2012

Cuando Cataluña cojea, España tropieza. El músico Amadeo Vives, que arrastraba penosamente la pierna derecha desde la infancia, lo comprendió rápidamente cuando abandonó su pueblo natal al pie de Montserrat en busca de la gloria que Madrid habría de darle como compositor de zarzuelas. Para los nacionalistas, Vives cojeaba de españolismo, y para los madrileños jacobinos, renqueaba de catalanista. A los primeros les regaló «L’emigrant», «La balanguera» y el Orfeó Catalá; a los segundos, «Doña Francisquita», «La generala» y la SGAE. Pero todos estaban insatisfechos. De ahí que después de 80 años sus venerables huesos no hayan encontrado reposo en su propia cuna porque CiU, ERC y PSC dudan de su limpieza de sangre. Es la maldición del nacionalismo renco y necio, que por mirar con un solo ojo no puede ver que las personas tienen dos piernas y dos brazos. Todo esto viene a cuento del musical «Amadeu» que acaba de reponer Albert Boadella en Madrid. Puesto que el dramaturgo catalán sabe de lo que habla porque a él mismo lo ven en Cataluña como un diablo cojuelo, el resultado es una obra de intachable factura artística, transgresora y con abundantes cargas de profundidad.

Boadella coloca sobre el escenario a dos catalanes de distinta época, el propio Amadeu (Antoni Comas) y Jordi (Raúl Fernández), un periodista barcelonés de hoy, pero unidos por la misma hemiplejia, pues para los nacionalistas el plumilla es un «charnego» necesariamente sospechoso. Entre ambos reconstruyen la peripecia vital y musical del artista, tan apasionante como dolorosa: tras subir al cielo del éxito y hundirse en el infierno del desamor, Vives agoniza en Madrid rezando un Padrenuestro en catalán con la sensación de morir en tierra de nadie. Boadella desenmascara cómo los prejuicios ideológicos y el sectarismo de la tribu se imponen para estigmatizar a un músico excepcional. La última escena es reveladora: con Vives de cuerpo presente, Jordi, que descubre el personaje y logra escribir una semblanza objetiva, es despedido del periódico por su osadía y por haber llegado a la conclusión de que no hay español más genuino que un catalán. La respuesta del periodista es una «butifarra» dirigida al redactor jefe nacionalista, gesto al que se suma el propio Vives pese a la rigidez cadavérica. A Boadella se le notan las ganas que tenía de escenificar un corte de mangas intergeneracional contra los que negaron el pan y la sal a Vives, que son los mismos que se la regatean a él. Cuando la presidenta madrileña le nombró para dirigir los Teatros del Canal hubo quien lo consideró una provocación con fecha de caducidad. Pero está más que justificado, aunque sólo fuera por «Amadeu», pues nada acerca tanto a catalanes y madrileños como un exorcismo en plaza pública de los demonios que maquinan para separarlos.

La deuda pública supone una carga de 15.574 euros para cada ciudadano
I. MANCHOBAS www.gaceta.es 28 Abril 2012

El endeudamiento de las CC AA crece un 17,2% en 2011 y alcanza un nuevo máximo. El conjunto de Administraciones debe 734.962 millones de euros.

La deuda de las Administraciones Públicas suma y sigue. Al cierre de 2011, Administración central, autonomías y ayuntamientos debían 734.962 millones de euros, el equivalente al 68,5% del Producto Interior Bruto (PIB), 27.893 millones más que un año antes y la cifra más alta desde el inicio de la serie histórica, en 1995. Si se divide el total de la deuda entre los 47,19 millones de ciudadanos, la carga asciende a 15.574 euros por persona.

El mayor incremento en porcentaje corresponde a las comunidades autónomas, que en el último año han disparado su nivel de endeudamiento un 17,26% hasta los 140.083 millones de euros. Desde el inicio de la crisis, en 2007, ha aumentado un 129,5% y desde 1995 se ha multiplicado por más de cinco.
Los datos del Banco de España son elocuentes. Estado y comunidades autónomas continuaron en 2011 su particular carrera de endeudamiento, mientras que los ayuntamientos le pusieron freno, al reducir la suma global desde los 35.431 a los 35.420 millones de euros.

A 31 de diciembre de 2011, la Administración central debía 559.459 millones de euros, un 14,5% más que en 2010 y el equivalente al 5,2% del PIB. Desde 2007 el pasivo se ha incrementado en más de 267.000 millones de euros y sólo en el último ejercicio ha engordado en más de 71.000 millones.
La misma tendencia se aprecia en las autonomías, aunque con notables diferencias entre unas regiones y otras. Cataluña acapara el grueso del endeudamiento regional con 41.778 millones de euros, equivalente al 20,7% del PIB regional, un porcentaje que roza también la Comunidad Valenciana con 20.762 millones, el 19,9% de su riqueza. En volumen, las siguen Comunidad de Madrid, con 15.447 millones de euros (aunque sólo supone el 7,9% del PIB regional, el porcentaje más bajo entre todas las regiones), y Andalucía, con 14.314 millones, lo que equivale al 9,8% de su riqueza.

Empresas públicasNo obstante, el mayor incremento anual en el nivel de endeudamiento correspondió el pasado año a Navarra, donde el pasivo se ha disparado un 44,5% en un solo año, al pasar de los 1.692 a los 2.446 millones de euros, seguida de Murcia, con un repunte del 33%, y de Cantabria, donde ha escalado un 30,3%. Por el contrario, los incrementos más moderados en porcentaje corresponden a Baleares (7,1%) y Comunidad Valenciana (9,4%).Mención aparte merece la deuda que arrastran las empresas públicas.

Al finalizar el pasado año ascendía a 55.865 millones de euros, casi 3.000 millones más que en 2010, a pesar del ligero descenso registrado en el último trimestre del año. Del total, más de 32.667 millones corresponden a empresas de la Administración central (el grueso se reparte entre AENA, Renfe Operadora, ADIF y la SEPI), 13.870 millones a las sociedades controladas por comunidades autónomas (casi la mitad corresponde a Cataluña) y 9.328 millones a las que se encuentran bajo el paraguas de las corporaciones locales.

Rajoy no consigue reducir el despilfarro presupuestario
Otro recorte es posible
Fernando Díaz Villanueva www.gaceta.es 28 Abril 2012

Sin tocar los servicios fundamentales, sin subir impuestos y sin bajar salarios se puede reducir el déficit a la mitad en un solo ejercicio. Solo hace falta voluntad política, la que hasta ahora le ha faltado al Gobierno de Rajoy, y manos firmes a las que no les tiemble la tijera.

España tiene un problema que se llama deuda. Durante la última década hemos vivido muy por encima de nuestras posibilidades y ahora, cuando el maná del crédito se ha secado, toca pagar las facturas. Lo que los españoles debemos al resto del mundo equivale, aproximadamente, a cuatro veces nuestro producto interior bruto, es decir, todo lo que el país produce en cuatro años. Para entendernos, nos haría falta entregar el fruto íntegro de nuestro trabajo de casi un lustro para devolver lo que debemos a los acreedores extranjeros. Esa es nuestra situación aunque no queramos reconocerla o busquemos excusas de mal pagador, y nunca mejor traída la metáfora, para rehuirla.

Gran parte de esa deuda es privada, casi toda heredada de los años de la expansión crediticia auspiciada por el Banco Central Europeo, una suerte de manguera de liquidez abierta al máximo que inundó nuestro país de dinero y que fue la causa de todos los excesos pasados, incluida la burbuja inmobiliaria que aún estamos purgando. La otra parte es estatal. El Gobierno de Zapatero, ante la bajada brutal en la recaudación fiscal a partir de 2008, quiso seguir gastando lo mismo, o incluso más, con la esperanza en una recuperación milagrosa que llenaría de nuevo las arcas públicas.

La última oportunidad. Zapatero no entendió el problema. Equipado con la teoría errónea endeudó aún más a un país que ya debía mucho dinero. La situación actual es que los agentes privados llevan varios años de calvario amortizando deuda después de haber realizado un ajuste hercúleo, cuya traducción práctica ha sido el desplome en el consumo y la inversión. Las empresas y las familias están devolviendo poco a poco lo que pidieron prestado durante las vacas gordas. No les queda otra; o eso o la ejecución de los colaterales de los préstamos: los inmuebles, automóviles y demás.

El Estado, sin embargo, ha ido a su aire. En 2011 gastó 90.000 millones de euros más de los que ingresó disparando el déficit hasta el 8 % del PIB, cinco puntos por encima de lo que permite el Acta Única. Podría decirse que, a su manera, Zapatero murió con las botas puestas, inmolado sobre una pira de gasto público alimentado generosamente con sucesivas emisiones de bonos del Tesoro, cuyos vencimientos se irán produciendo a lo largo de esta legislatura.

La llegada de Rajoy constituía la última oportunidad para enderezar la situación. Tenía dos opciones. O exprimir más a un contribuyente altamente endeudado para mantener el tren de gasto de la Administración Pública o someter a esta a un lifting completo hasta hacer coincidir su coste con los ingresos fiscales. Su Gobierno va, además, apurado por los socios comunitarios, que no pueden permitir que una nación del tamaño y la importancia de España -cuarta economía de la zona euro- se despeñe por el acantilado de la suspensión de pagos arrastrando a la moneda única con ella. La Unión Europea ha pedido a Moncloa que rebaje el déficit público hasta un 5 % en este año. Eso son muchos miles de millones, unos 30.000, que pueden salir de dos sitios: o del bolsillo del castigado contribuyente español o de un recorte en profundidad del elefantiásico presupuesto del Estado.

Rajoy, por razones desconocidas, ha escogido el peor de los caminos: subir los impuestos asfixiando aún más a una economía privada que no levanta cabeza, pero que es la única que genera riqueza en España. El recorte de los gastos del Estado, y no digamos la reestructuración misma de un sector que es simplemente insostenible, ha sido pequeño e insuficiente. Algo incomprensible cuando hay por dónde recortar sin necesidad ni de apretar el dogal impositivo ni de tocar los tres pilares (sanidad, pensiones y educación) del Estado asistencial ni de reducir el sueldo a los funcionarios o las pensiones a los jubilados.

Tomemos los presupuestos del año 2011, los últimos que hizo Zapatero y que estuvieron prorrogados hasta hace pocas semanas, y recortemos partidas que no tienen más justificación que la que los políticos les encuentran. En un país con cinco millones de desempleados y los comedores de Cáritas llenos a reventar, nos gastamos cerca de 2.000 millones en ayudar a países pobres. Solo esa partida ya supone un tercio de lo que el Gobierno espera recaudar con el impuestazo de diciembre. ¿Hay quien lo entienda? Lógicamente no. Pero no es el único derroche que los presupuestos consagran como gastos ineludibles financiados a cuenta de los contribuyentes.

El ya extinto Ministerio de Cultura, subsumido ahora en una Secretaría de Estado, es un prodigio de gastos superfluos. Entre el cine, la promoción cultural y capítulos como el “fomento de las industrias culturales” se van casi 400 millones de euros. En Medio Ambiente la cosa es similar, solo a “desarrollo rural sostenible” (sic) se dedicaron 200 millones, y otros 200 a “competitividad y calidad de la producción agraria y ganadera”. Extravagantes capítulos que únicamente aportan algo a los perceptores de estas fabulosas cantidades.

Ni un solo premio Nobel. En la cartera de Trabajo el gasto es, sencillamente, desaforado. Solo en las famosas “políticas activas de empleo”, trampilla a través de la que se cuelan los sindicatos y sus cursos de formación, se van anualmente más de 7.000 millones de euros, es decir, bastante más que lo que Rajoy pretende recaudar con la subida del IRPF. El Ministerio de Trabajo es de las mercedes para los llamados “agentes sociales”, sindicatos y patronal, que, por ser quienes son, reciben 20 millones de euros, a los que habría que sumarles los que obtienen de comunidades autónomas y municipios. Es chocante, pero en un país donde han echado el cierre más de doscientas mil empresas, el mejor negocio son unos sindicatos que cada vez representan a menos trabajadores o unos partidos políticos que, en 2011, recibieron transferencias por valor de 127 millones de euros.

Fomento es otra de las covachuelas donde se esconden cantidades ingentes de gasto. Solo en subsidios al transporte había presupuestados cerca de 700 millones de euros. Casi nada al lado de 1.200 millones destinados a la vivienda en un momento en el que el precio de los inmuebles está en caída libre a causa de la sobreoferta heredada de la burbuja. En ferrocarriles y carreteras, capítulos ambos perfectamente prescindibles en tiempos de crisis, la cifra ascendía a 2.500 millones de euros, 800 más si les sumamos el capítulo correspondiente a la “adquisición de participaciones de la sociedad estatal de infraestructura y transporte terrestre”. Resumiendo, una emisión de deuda promedio del Tesoro se va íntegra en que una red de AVE deficitaria y unas autovías sin tráfico sigan creciendo. ¿Necesitamos endeudarnos más para esto?

Recortando en Fomento, Trabajo, Cultura, Cooperación Exterior y Medio Ambiente igualaríamos el despilfarro que supusieron los famosos Plan E de Zapatero, en los que se quemaron 20.000 millones que hubo que pedir prestados fuera de España. Pero se puede recortar aún más; podemos llegar a los 30.000 millones sin demasiado esfuerzo perfilando partidas presupuestarias en prácticamente todas las carteras. De Ciencia e Innovación se pueden sacar otros 5.000 millones prescindiendo de costosos programas de investigación que, a pesar de estar generosamente financiados, jamás se han visto traducidos en premios Nobel ni nada parecido. De Industria, Turismo y Comercio salen otros 6.000 millones de capítulos tales como “reconversión y reindustrialización” (704 millones), “explotación minera” (623 millones), “innovación tecnológica de las telecomunicaciones” (721 millones) o “investigación y desarrollo de la sociedad de la información” (369 millones).

Como puede verse, sin tumbar el Estado, solo optimizando sus gastos, algo, por lo demás, que están haciendo todas las empresas y familias de España, es posible reducir el déficit y dejarlo donde nos ha pedido Bruselas. Sería, además, un planteamiento realista desde el punto de vista contable. Gastar menos es algo seguro que se ve automáticamente reflejado en las cuentas, mientras que esperar recaudar más no lo es en absoluto. Es muy habitual que a una subida de impuestos le siga una aparentemente inexplicable bajada en la recaudación. La austeridad estatal tiene una ventaja extra. Todo lo que el Gobierno no gasta es dinero que queda disponible para la economía productiva, la privada. Con el nivel de gasto público actual el Estado devora literalmente la mitad de la producción del país y absorbe todo el crédito, el mismo que necesitan las empresas para reanudar las inversiones necesarias para que el motor de la economía vuelva a arrancar.

Ejemplos de gastos superfluos
- En “fomento de las industrias culturales” se van casi 400 millones de euros.
- Al “desarrollo rural sostenible” todavía se dedican 200 millones.
- Los partidos políticos recibieron en 2011 transferencias por valor de 127 millones de euros.
- “Innovación tecnológica de las telecomunicaciones” recibe 721 millones.
- Se destinan 1.200 millones a vivienda en un momento en el que hay sobreoferta y los precios se desploman.

España, a la cabeza de los países con los impuestos más altos
Los expertos sugieren bajar la imposición directa y subir el IVA.
J. García. Madrid www.gaceta.es 28 Abril 2012

España es uno de los países que cuenta con los impuestos directos más elevados respecto al resto de grandes economías de la UE, EE UU y los principales países emergentes, según un estudio de fiscalidad realizado por Ernst & Young Abogados. Sin embargo, por lo que respecta a los indirectos en general y al IVA en particular, nuestro país se sitúa en el tercer puesto del grupo que cuenta con el tipo de gravamen más reducido de la Europa de los 27. En concreto, frente a un tipo general del 18% en España, la media europea alcanza el 20,69%.

Bajo esta foto fija tributaria mundial, este estudio viene a sugerir que se deberían reducir los tipos de los impuestos directos en España, pese a las dificultades financieras y presupuestarias, lo que sería un avance para ayudar a mejorar competitividad y empleo, mientras que debería subir principalmente el IVA al haber margen para ello, lo que podría ir de la mano de un recorte de las cotizaciones sociales.

Si atendemos al tipo de tributos, en el caso del IRPF, el tipo máximo marginal en España es del 45,8%, muy superior al 37% medio de la UE-27. Pero advierte este trabajo sobre la complejidad de este impuesto, tanto por el número de tramos (seis a nivel estatal), sólo superado por Grecia, Portugal y Luxemburgo, así como por la diversidad de escalas de gravamen existente a nivel autonómico, lo que trae como consecuencia significativas diferencias de tipos marginales entre distintas autonomías.

El tipo general del Impuesto de Sociedades español es de los más altos de Europa, si bien inferior al de EE UU, lo que podría justificar un nuevo recorte a fin de ganar actividad económica y así crear empleo, pese a los actuales problemas presupuestarios.

Por lo que respecta al recién repescado Impuesto sobre el Patrimonio, este estudio pone de relieve como se ha ido eliminando gradualmente en todos los países, hasta tener un carácter residual. Advierte de que su repercusión final dependerá de las decisiones de las comunidades autónomas, que son las que tienen cedido este tributo.

En cuanto al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el trabajo sostiene que el panorama en España también es complejo por la dispersión normativa existente a nivel autonómico, lo que no hace otra cosa que generar incertidumbre jurídica.

UPyD pide suprimir los 350.000 euros que cuestan los traductores del Senado
Plantea la eliminación del CIS y de las diputaciones provinciales y acabar con las "prerrogativas" de los expresidentes del Gobierno
Europa Press www.lavozlibre.com 28 Abril 2012

Madrid.- Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ha planteado suprimir la partida de los Presupuestos Generales del Estado dedicada a los servicios de traducción simultánea del Senado, que supone un coste anual de 350.000 euros, y destinar ese dinero a las fundaciones sin hogar y a las necesidades que puedan presentarse en los diferentes ministerios. En dos de las 325 enmiendas parciales registradas en el Congreso, la formación que lidera Rosa Díez aboga por que el Gobierno elimine de su proyecto presupuestario el gasto de las traducciones en la Cámara Baja porque considera "incomprensible" que se mantenga a tenor de la actual crisis económica. A pesar de la reducción de un 3,5 por ciento en la partida destinada al Senado que recogen las cuentas públicas, su vicepresidente primero, el 'popular' Juan José Lucas, anunció que para este año se iba a presupuestar la misma cantidad que en 2011 para este servicio, que supone un gasto anual de 350.000 millones, 6.000 euros por sesión. Con esa cantidad, la formación magenta propone dedicar ese dinero a funciones para personas sin hogar, entre las que cita la Fundación RAIS, Lesmes, San martín de Porres, o a fines similares dado el gran número de deshaucios que se han registrado en los últimos años, y a la atención de los imprevistos que pudieran surgir en los diferentes departamentos ministeriales. La líder de UPyD, Rosa Díez, ha censurado que el Gobierno de Mariano Rajoy continúe sin eliminar el servicio de traductores en el Senado cuando, siendo oposición, así lo pidieron.

"AHORA SOMOS GOBIERNO"
"Claro que, como diría el ministro del Interior, Jorge Fernández, ahora somos Gobierno para hacer lo contrario que lo que hicimos en la anterior legislatura", ha ironizado Díez, que considera "obvio" que el PP, que ahora tiene mayoría absoluta en el Senado, debería plantear la supresión de este servicio. "Si cuando no tenían mayoría absoluta, lo rechazaron, ahora que la tienen lo deberían eliminar", ha insistido. Y es que, si no lo hace, Rosa Díez cree que los españoles continuarán teniendo la percepción de que el Senado "para lo único que sirve" es para contratar traductores cuando existe una lengua común a todos. "Es una cosa verdaderamente tremenda y muy deprimente, y como no es necesario, todo es un derroche", ha resumido. En otras de sus modificaciones parciales a los Presupuestos, UPyD también vuelve a pedir la supresión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de las diputaciones provinciales, así como la equiparación de las condiciones salariales del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil con las policías autonómicas.

SALARIOS DE EXPRESIDENTES
Entre otras enmiendas, la formación magenta insiste además en la necesidad de establecer un límite temporal a las "prerrogativas" concedidas a los expresidentes del Gobierno, así como su régimen de incompatibilidades con el fin de que no puedan percibir su pensión pública a la vez que cobren un salario privado. Tal es el caso de Felipe González y José María Aznar, fichados por Gas Natural y Endesa, y que reciben sueldos anuales de entre 125.000 y 200.000 euros por parte de ambas compañías y a la vez cobran la asignación vitalicia que les corresponde como expresidentes. Asimismo, Unión, Progreso y Democracia plantea que los parlamentarios nacionales, autonómicos y europeos desempeñen su labor con dedicación exclusiva y que se les equipare el Régimen General de la Seguridad Social.

precios entre comunidades
El sistema sanitario español acumula pérdidas millonarias por mala gestión
EFE www.gaceta.es 28 Abril 2012

Tras fiscalizar el ejercicio 2009, el Tribunal de Cuentas ha detectado numerosos fallos burocráticos y administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de Salud como a las comunidades.

El sistema sanitario español está plagado de fallos administrativos que ocasionan pérdidas millonarias debido, principalmente, a la mala gestión hecha por las administraciones de la atención sanitaria a extranjeros.

Así se desprende de un informe del Tribunal de Cuentas que tras fiscalizar el ejercicio 2009 ha detectado numerosos fallos burocráticos y administrativos de los que responsabiliza tanto al Sistema Nacional de Salud como a las comunidades autónomas.

La falta de actualización de tarifas, la concesión de tarjetas sanitarias a ciudadanos extranjeros que no cumplían los requisitos, la duplicidad de tarjetas, la falta de informatización, la asunción de pagos que no les corresponden o la dejación a la hora de facturar los servicios sanitarios a los países de origen de los pacientes, son las principales irregularidades detectadas en el sistema sanitario español.

Uno de los principales "agujeros" se encuentra en la facturación de las prestaciones farmacéuticas a extranjeros, concepto por el que en 2009 se facturaron 1.452.207,73 euros por la asistencia prestada en atención primaria.

Tras inspeccionar este servicio, el Tribunal constató que los servicios de salud de las comunidades autónomas dejan de facturar de media el 45% del coste de estas prestaciones farmacéuticas servidas a asegurados de los 37 países objetos de fiscalización, lo que supone unas pérdidas de, al menos, 4,5 millones de euros en un solo año.

Las administraciones autonómicas tampoco facturan, según el Tribunal, las prestaciones que sus servicios de emergencia ofrecen a asegurados de otros países.

En este caso, la facturación no realizada por las comunidades autónomas ascendió, al menos, a 3,55 millones de euros en un ejercicio.

Otro de los "agujeros" por el que el sistema sanitario española pierde dinero es el de la fijación de precios públicos que aplica cada comunidad en la atención sanitaria a extranjeros.

Según el Tribunal, la falta de actualización de los mismos hace que, en la mayoría de los casos, ni siquiera sirvan para cubrir los costes de las prestaciones servidas a los pacientes extranjeros.

Así, existen diferencias significativas de precios entre comunidades que pueden oscilar entre los 2.245,21 euros que estipula Andalucía por una litotricia renal (tratamiento para eliminar cálculos del riñón) o los 849,64 de Galicia por la misma prueba; o entre los 548 euros calculados por Aragón por la estancia en la UCI y los 2.035,55 de Extremadura.

El Tribunal también ha detectado "incoherencias" en la base de datos de la mayoría de las regiones respecto a los ciudadanos extranjeros procedntes de países donde son aplicables los Reglamentos comunitarios.

En su informe también denuncia que las bases de datos de los pacientes extranjeros están incompletas, lo que hace imposible cobrar muchas de las facturas en sus países de origen.

Otra de las anomalías se refiere a los extranjeros con derecho a asistencia sanitaria por carecer de los recursos económicos suficientes.

En este caso ha comprobado que de los 453.349 extranjeros en esta situación, 2.586 eran a su vez titulares de una Tarjeta Sanitaria Española (TSE) emitida por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), algo incompatible.

El fraude, explica, se debe a que la tarjeta de los extranjeros sin recursos tiene una validez de 90 días frente a los dos años de la TSE, periodo en el que, además, estas personas pueden regresar a sus países y recibir allí atención médica con cargo a España.

Así, explica puede darse el caso de ciudadanos marroquíes que hayan vuelto a su país se desplacen a Ceuta o Melilla a recibir atención sanitaria con cargo al sistema español.

El Tribunal denuncia, además, que en la mayoría de las bases de datos el campo relativo a la nacionalidad "estaba vacío", y tampoco figuraba la fecha de caducidad de la tarjeta, ni la fecha de baja, lo que facilita que un número importante de ciudadanos extranjeros continúe utilizando tarjetas caducadas.

Según el informe, los servicios de Salud de las comunidades autónomas emitieron, en 2009, 1.112.085 tarjetas sanitarias individuales a extranjeros procedentes de países del Espacio Económico Europeo y Suiza.

No obstante, 59.088 de estos extranjeros, figuran en las bases de datos como personas sin derecho a asistencia sanitaria.

En este caso, advierte de la dificultad añadida de conocer qué comunidades autónomas emitieron las citadas tarjetas.

También advierte de más de un centenar de extranjeros que tienen la tarjeta sanitaria de su país y la tarjeta sanitaria individual española, dos documentos incompatibles.

Además, la mayoría de centros sanitarios españoles dispensan a extranjeros con tarjetas sanitarias temporales tratamientos que no son urgentes y que pueden posponerse hasta la vuelta a sus países como mecanoterapia, masoterapia, cinesiterapia o termoterapia, entre otros.

Estos tratamientos cuestan miles de euros que, por otra parte, y según el órgano fiscalizador, nunca se facturaron o cobraron a los países afectados.

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Hipertensión del PSOE.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 28 Abril 2012

Estamos ante una de las etapas más críticas de la corta democracia española, quise decir de la partitocracia española, y el PSOE fiel a sus instintos y a su convulsa historia se dedica a arengar a sus juventudes para que "muevan la calle". Ya tenemos experiencia reciente en Valencia lo que significa para este partido lo de "mover" la calle. Ya sabemos que los socialistas admiran y aplauden a quienes hacen uso de la violencia y amenazan con tomar las calles a sangre y fuego. No podemos olvidar aquellas manifestaciones de Zapatero al periodista amigo Iñaki Gabilondo sobre lo conveniente de "crear tensión". Y a eso se aplican después de haber sufrido la más abultada derrota electoral en las elecciones generales del pasado 20N.

Por eso no es de extrañar el que el PSOE se dedique a crear esa tensión, a inducir a sus juventudes y afines a "mover la calle" y a descalificar todo lo que hace el PP. Una actitud irresponsable, cínica y contraria a los intereses de España. Pero eso al PSOE le da igual con tal de desgastar políticamente al legítimo Gobierno del PP con su demagogia y populismo habituales. No es de extrañar que sectarios representantes del PSOE como Valenciano suelten todo su ponzoñoso mensaje todos los días y a todas horas, con la complicidad de los medios carroñeros de comunicación.

Y no digo que el PP no tenga mucha responsabilidad en esta situación. Al contrario, pienso que, como ya he denunciado varias veces, le falta carisma y pedagogía, le falta conectar con los ciudadanos y dejar de sorprenderles con medidas inevitables pero duras, sin dedicar ni un solo minuto a explicar el motivo por el que las toma. Le falta comunicación y le sobra tecnicismo gestor. El PP no comprende que aunque haya obtenido la mayoría absoluta para gestionar la salida de la crisis, la falta de comunicación le aleja cada día más de sus votantes y se está llegando a un rechazo frontal que el PSOE aprovecha para avivar el fuego de la insumisión y de la protesta callejera.

Y en esta situación es un error de bulto abrir otros frentes que hieren la sensibilidad de la mayoría de españoles. Es incomprensible el que el PP plantee un "plan de reinserción" para los terroristas, básicamente los de ETA, que debía suponer iba a causar un profundo rechazo tanto por las asociaciones de víctimas mayoritarias, así como de los ciudadanos que vemos con perplejidad la deriva del PP hacia posiciones totalmente asimilables a las que defienden partidos como el PNV, PSOE-PSE y la misma izquierda abertzale. Es evidente que cuando tus enemigos políticos te alaban tus acciones, seguro que algo estás haciendo rematadamente mal.

Ya dije otra vez parafraseando a Alberti aquello de "se equivocó el PP, se equivocaba". Desgraciadamente lo que menos necesita España es un PP veleta y que dé la sensación de que la situación le supera y tiene pánico escénico. Ya sabeos que las promesas de campaña electoral son un conjunto de buenas intenciones y que la realidad se encarga de anularlas. Sin embargo, el PP era consciente de la tarea y de que iba a ser objeto de los ataques de un enemigo herido pero no acabado. Creo que al PP le falta la valentía de haber explicado la situación real a los ciudadanos y tomar las medidas más duras desde el principio. Estas medidas son un verdadero "purgante" y debe ser tomado de un trago.

Ayer reclamaba la actuación del Rey como Jefe del Estado. Es claro que su estado físico le impide llevar una vida oficial normal, por mucho que nos pasaran la foto con Rajoy. Su aspecto lógicamente se ve cansado. No obstante, si tiene fuerzas para hacer el paripé de demostrar una normalidad de la que está muy lejos, debería ejercer su misión constitucional y llamar a Zarzuela a Rubalcaba y Rajoy para parar esta espiral de descalificaciones, vídeos y contra vídeos y lograr un consenso de "emergencia nacional" en la que se abandonen las demagogias partidistas disfrazadas de ideológicas. España no puede faltar a su compromiso con Europa ni con sus socios en el euro. De no hacerlo, las consecuencias serían letales y superarían las peores predicciones. Debemos evitarlo y no permitir que comportamientos anti patriotas como los del PSOE contribuyan al desastre. Bastante daño ha hecho ya el PSOE a España.

Política penitenciaria sobre ETA
Falsas apariencias
Ángeles Escrivá | Madrid El Mundo 28 Abril 2012

El presidente Rajoy afirmó el jueves que la política antiterrorista y penitenciaria del Gobierno no ha cambiado y es verdad. Lo que ocurre es que le habíamos entendido mal. Es decir, la mayor parte de la sociedad se fijó en lo que decían los 'populares' en la oposición y no en lo que hacían.

Por eso, después de leer en su programa electoral que iban a tener una actitud proactiva en la ilegalización de las formaciones proetarras o después de que afirmaran vehementemente que los acercamientos eran un insulto para las víctimas, algunas de las decisiones que han adoptado en el gobierno han causado cierta sorpresa. Nada de eso hubiera ocurrido si se hubieran manejado los datos con cierta precisión.

En 2008, tras el fallido proceso de negociación con ETA, el Gobierno y el PP firmaron un acuerdo contra el terrorismo de cinco puntos. Fue un pacto absolutamente blanco, aparentemente sin enjundia, en el que se decía básicamente que había que luchar contra ETA y respetar a las víctimas, y, sobre todo, que la iniciativa en la política antiterrorista la tenía el Ejecutivo.

La sociedad se fijó en lo que decía el PP en la oposición y no en lo que hacía

A partir de ese momento, el Gobierno socialista diseñó una estrategia por la que miraba hacia otro lado mientras la izquierda abertzale se musculaba, y detenía etarras, con la convicción de que los dirigentes de Batasuna estaban tan interesados en no desaparecer por culpa de ETA, que iban a procurar que la banda se comprometiese a dejar de atentar.

El Gobierno socialista puso en marcha la 'vía Nanclares' y facilitó la salida de presos como 'Txelis', ex 'número tres' de ETA, utilizando el artículo 100.2 del reglamento penitenciario.

Entonces, el Tribunal Constitucional legalizó Bildu con los parabienes del Gobierno. En ninguno de los casos, el PP puso el grito en el cielo de forma seria. Sus dirigentes reconocieron en privado que estaban informados de todo y no quisieron asumir la posibilidad de que una crítica pudiera ser expuesta por el Gobierno como un modo de poner palos en las ruedas a un final de ETA que la debilidad operativa de la banda hacía inminente.

Se ha facilitado la salida de presos utilizando el artículo 100.2 del reglamento penitenciario

Y si había alguna duda sobre lo que estaba en marcha, sobre aquellas gestiones que se habían realizado en secreto y sobre las que el Gobierno había ordenado a las Fuerzas de Seguridad que no investigasen (porque se encontraban, por ejemplo, los encuentros entre los dirigentes de Batasuna y del PSE en los últimos tiempos), el presidente Zapatero tuvo buen cuidado en explicárselo al ministro del Interior el día que le visitó en el palacete de Castellana número 5.

De modo que los 'populares' heredaron una situación que habían contribuido a generar y que ahora tienen que administrar; tanto desde el punto de vista político como penitenciario.

Por eso el Gobierno de Rajoy puede decir que no ha cambiado la política penitenciaria (pactada además con el Gobierno vasco), porque, pese a las críticas públicas, en la oposición avaló, entre otras decisiones de su antecesor socialista, la 'vía Nanclares'. Aunque tampoco en este punto los 'populares' son totalmente precisos porque, con los socialistas, para acceder a esta cárcel había que pedir perdón a las víctimas. Aunque fuese un perdón de trámite.

Adiós
JUAN CARLOS GIRAUTA ABC CAtaluña 28 Abril 2012

Llegaste ahí aupada por un partido que explotó su condición de bisagra, se hizo con medio gobierno y tomó el control de los medios de comunicación públicos. A los privados les dedicó unas listas negras. Hoy ese partido ya no es la tercera sino la quinta fuerza política de Cataluña, pero la gente como tú considera intolerable que el PP, que ha sustituido a ERC en relevancia parlamentaria aunque no en responsabilidades de gobierno, tenga algo que decir en la materia que ansiáis en exclusiva y que sabéis crucial.

Te han guiado el sectarismo, la soberbia, el señalamiento de enemigos internos y la estrechez de miras. Trataste a Arnaldo Otegi con el respeto que se profesa a un aliado y a Artur Mas como a un sospechoso. Confundiste una entrevista al presidente de la Generalitat con un debate entre iguales, y, aunque supo zafarse de tu trampa, tus admoniciones contra un eventual pacto CiU-PP ejemplifican el estomagante cuento de buenos y malos, de catalanes auténticos y catalanes falsos, con que gustáis de adormecer a las audiencias.

La jerarquización y contenidos informativos, la línea editorial de tu etapa, han trabajado para reforzar la judeofobia, que carcome y degrada a muchos de nuestros medios de comunicación; tú eres doblemente responsable porque el medio a tu cargo era público. No has perdido ocasión de dar protagonismo a cada causa del catecismo progre, trátese de okupas, antisistema, conspiranoicos varios, monjas enloquecidas. La Cataluña que has querido reflejar —qué digo reflejar, ¡construir!— es tan pequeñita y excluyente, tan alicorta y prejuiciosa, tan resentida y quejumbrosa que ha acabado encajando con tus propios fantasmas.

Te marchas disfrazada de mártir, envenenando a tu entorno para que se atrinchere contra una operación de acoso y derribo que sólo está en tu imaginación. Como todos los fanáticos, crees que tus fines lo justifican todo. Siempre has considerado el «amor al país» como un salvoconducto que te exonera de la deontología. «Si por mí fuera, no habría tertulias», dijiste. Lo comprendo. Adiós.
 


Cataluña
Tolerancia considera ‘absolutamente inaceptable’ el ataque personal a Caja
La asociación cívica denuncia ‘una campaña de desprestigio’ por parte de algunos medios de comunicación para ‘criminalizar’ a las entidades que participaron en el acto en favor del bilingüismo organizado por Ciudadanos.
Redacción www.vozbcn.com  28 Abril 2012

‘La Asociación por la Tolerancia quiere mostrar su solidaridad hacia Francisco Caja y hacia la asociación que representa’. De esta manera, en un comunicado de prensa, la entidad cívica que preside Eduardo López-Dóriga y que, como Caja, participó en el acto en favor del bilingüismo organizado por Ciudadanos el pasado sábado, ha mostrado su total respaldo al presidente de Convivencia Cívica Catalana. Caja ha sido denunciado ante la fiscalía.

Tolerancia ha denunciado que ‘algunos sectores nacionalistas’ han tratado de manipular el acto unitario, en el que se exigió a la Generalidad que cumpla las sentencias del Tribunal Supremo que obligan a la Consejería de Enseñanza a reintroducir el español como lengua vehicular, junto al catalán, en las escuelas de Cataluña.

Así, desde la entidad cívica en defensa de los derechos individuales, se ha indicado que:
‘Se ha iniciado una campaña de desprestigio por parte de algunos medios de comunicación y asociaciones, generosamente subvencionadas por la Generalidad, para intentar criminalizar a todas las asociaciones y partidos que participamos en dicho acto tachándonos de ‘Genocidas del pueblo catalán en acción’, y cebándose especialmente en Francisco Caja a quien se le llegó a calificar como ‘El Radovan Karadzic de España”.

Para la Asociación por la Tolerancia, ‘este tipo de pseudo-artículos periodísticos, que incluyen gravísimas acusaciones contra los que simplemente defendemos el bilingüismo y los derechos de todos los catalanes, suponen un ataque personal y colectivo absolutamente inaceptable en una democracia, y sí que deberían ser motivo de una investigación ante la Fiscalía’.

Denuncia y campaña de apoyo
Este jueves, la plataforma Escola en català, vinculada a Solidaritat Catalana, anunció que había presentado una solicitud al Fiscal Coordinador del Servicio Especial de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalia Provincial de Barcelona para que investigue si la intervención de Caja en el acto en defensa del bilingüismo ”incitó al odio”.

Una denuncia respondida con una campaña por internet para enviar mails a Escola en català apoyando la consideración de Caja de que ‘las escuelas catalanas son un correccional lingüístico’ e instando a la entidad, que defiende la exclusión del español de las aulas de Cataluña, a que también les denuncien.

Francisco Caja recibe apoyos tras la denuncia de 'Escola en Catalá'
El presidente de Convivencia Cívica fue denunciado por "incitación al odio"
 www.lavozlibre.com 28 Abril 2012

Barcelona.- "Los nacionalistas quieren expulsar el castellano como si se tratara de un demonio, tienen un modelo de exclusión por razones exclusivamente políticas”. Fueron las palabras que Francisco Caja, presidente de Convivencia Cívica Catalana, pronunció en el acto 'Una Cataluña bilingüe. Una escuela bilingüe', que tuvo lugar el pasado 21 de abril en el Teatro Goya de Barcelona. Las palabras fueron recogidas por la plataforma independentista 'Escola en Catalá' para servir como denuncia ante el Fiscal Coordinador del Servicio Especial de Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalia Provincial de Barcelona para que investigue si su intervención "incitó al odio". La Asociación por la Tolerancia ha mostrado su solidaridad hacia Francisco Caja y hacia la asociación que representa.

Algunos sectores nacionalistas han tratado de manipular el acto en defensa del bilingüismo dando la falsa imagen de ser un acto contrario a Cataluña o a la lengua catalana, se ha iniciado una campaña de desprestigio por parte de algunos medios de comunicación y asociaciones, generosamente subvencionadas por la Generalitat, para intentar criminalizar a todas las asociaciones y partidos que participamos en dicho acto tachándonos de "Genocidas del pueblo catalán en acción", y cebándose especialmente en Francisco Caja a quien se le llegó a calificar como "El Radovan Karadzic de España".

"Este tipo de 'pseudo-artículos periodísticos' que incluyen gravísimas acusaciones contra los que simplemente defendemos el bilingüismo y los derechos de todos los catalanes, suponen un ataque personal y colectivo absolutamente inaceptable en una democracia, y sí que deberían ser motivo de una investigación ante la Fiscalía", afirman desde la Asociación por la Tolerancia.

Cataluña
Mas repartió 2,1 millones de euros en subvenciones a la prensa en 2011

Solo los medios en catalán pudieron acceder a esas ayudas. Entre los diarios más afortunados se encuentran ‘El Punt Avui’ y ‘El Periódico’, a los que se suman ‘Vilaweb’, ‘Ara’ y ‘E-notícies’ en el ámbito digital.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com  28 Abril 2012

El proyecto de construcción nacional diseñado por el nacionalismo catalán no entiende de crisis. La crítica situación de las finanzas de la Generalidad no parece ser motivo suficiente para frenar la dilapidación de recursos públicos que ese proyecto requiere, y que tiene en el entramado mediático una de sus principales piedras angulares.

Más allá del despilfarro sin precedentes de TV3, el sector de los medios de comunicación privados de Cataluña es uno de los que más subvenciones ha recibido en los últimos años. En el año 2010, únicamente la Consejería de Cultura repartió entre los medios impresos más de diez millones de euros en ayudas a fondo perdido, mientras que los diarios digitales fueron agraciados con más de tres millones de euros, y las radios y televisiones locales recibieron otros 2,8 millones. En los tres casos, el requisito imprescindible para acceder a las subvenciones fue el de utilizar el catalán.

Algunos situaciones particulares sobresalen por encima del resto, como es el caso de la puesta en marcha del diario Ara, que recibió un empujón de 990.000 euros antes de su lanzamiento en 2010, o del Grupo Godó, que a finales del año pasado fue agraciado con un contrato de publicidad institucional de dos millones de euros para su televisión (8TV) y sus emisoras de radio (RAC1 y RAC105).

2,1 millones a los medios de comunicación en catalán
Este viernes, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha hecho públicas las ‘subvenciones estructurales’ de un importe igual o superior a 3.000 euros, concedidas por el departamento autonómico de la Presidencia a los medios de comunicación privados durante el año 2011. Como es habitual, la condición establecida para poder acceder a estos subsidios fue que estos estuvieran escritos o transmitidos en catalán.

En total, Artur Mas (CiU) repartió el año pasado 2,1 millones de euros en subvenciones a los medios de comunicación, de los que 1,4 corresponden a periódicos impresos; 255.000 a diarios digitales; 279.000 a televisiones locales; y 217.000 a emisoras de radio.

El Punt Avui y El Periódico de Catalunya, los más subvencionados
Entre los medios impresos, el principal afortunado ha sido El Punt Avui, cuyas editoras (Hermes Comunicacions y Corporació Catalana de Comunicació, que se fusionaron en julio de 2011) recibieron 317.509,9 euros. Le siguen El Periódico de Catalunya (Ediciones Primera Plana/Grupo Zeta), cuya edición en catalán ha recibido 268.972,93 euros.; El 9 esportiu de Catalunya (Comercialitzadora i Editora de la Coordinadora de Mitjans), con 106.162,59 euros; Regió 7 (Edicions Intercomarcals), 63.206,82 euros; Diari de Girona, 61.845,72 euros; la edición en catalán del diario Segre, 61.185,07 euros; y Diari de Balears (Hora Nova), 36.076,23 euros

El Temps, editado por el activista pancatalanista valenciano Eliseu Climent, amigo íntimo de Jordi Pujol, ha recibido 19.718,27 euros, y diversas publicaciones del Grup Cultura 03 también han recibido subvenciones, en concreto, Sàpiens, 13.815,91 euros; Descobrir Catalunya, 12.511,94 euros; y Cuina, 12.732,22 euros.

Sin embargo, la pedrea de las ayudas a fondo perdido es larga: Grup Enderrock Edicions (Sons de la Mediterrània), 4.596,51 euros; Utopia Global (Decine), 5.240,28 euros; Edicions Meridional on Line (Diari del Priorat), 3.514,98 euros; Grup del Llibre (Lletres), 3.641,87 euros; Edicions el Bassegoda (La Comarca d’Olot), 6.624,39 euros; L’Avenç, 7.127,00 euros; Diari de Vilanova, 7.000,50 euros; Bayard Revistas (Reporter Doc), 6.038,56 euros; Mass Media Ripollès (El Ripollès), 3.958,20 euros; La Cuina de Catalunya, 6.199,50 euros; Edicions Nàutiques de les Balears (Pesca d’Illes), 5.002,09 euros; Esport Lúdic (Marathon), 4.228,11 euros; El Ciervo 96 (Foc Nou), 4.686,64 euros; La Veu de l’Ebre, 3.147,89 euros; Bonart, 8.823,50 euros; Premsa d’Osona (El 9 Nou – edición Vallés Oriental), 11.444,78 euros; Arola Editors (Hamlet), 7.338,97 euros; Medigrup Digital (Món Empresarial), 6.799,64 euros; Contrapunt, Diari de Mollet i del Baix Vallès, 4.731,71 euros; Edicions Lavinia (Eben Interiors), 3.038,59 euros; 23 de Setembre (Notícies TGN), 4.184,50 euros; Edició de Premsa Periòdica Ara (Ara), 13.418,73 euros; Limicola (Més Ebre), 4.538,57 euros; Alesport (Cotxes), 10.249,84 euros; Premsa d’Osona (El 9 Nou – ediciones de Osona y El Ripollés), 20.028,78 euros; L’Enllaç dels Anoiencs, 4.538,57 euros; Noves Edicions Altempordaneses (Hora Nova), 8.308,78 euros; Tamediaxa (Més Tarragona-Reus-Costa Daurada), 18.926,82 euros; Osona Comarca, 3.004,26 euros; Esforç, 3.109,41 euros; MónMedia Press (Temps de Viure), 5.214,53 euros; El Cargol, 3.025,72 euros; Diario Gol, 4.345,44 euros; Iniciatives Berguedanes de Comunicació (Berguedà Actual), 3.347,60 euros; Publicacions de l’Abadia de Montserrat (Serra d’Or), 5.956,99 euros; Cavall Fort, 21.135,67 euros; Enderrock, 10.197,31 euros; Grup Enderrock Edicions (Jaç), 4.596,51 euros; Bondia, 18.926,82 euros; La Terra, 5.879,55 euros; Setmanari de l’Alt Empordà, 6.397,04 euros; Xarxa Verda (Agroactivitat), 4.095,66 euros; L’Eco de Sitges, 4.307,59 euros; Publicacions Penedès (El 3 de Vuit), 5.988,19 euros; Veu de Sóller, 3.577,13 euros; Excursionisme, 3.013,04 euros; Torelló, setmanari independent de la Vall del Ges, 3.095,59 euros; Associació de Mestres Rosa Sensat (Infància), 3.013,04 euros; Catalunya Cristiana, 32.932,85 euros; El Pregoner d’Urgell, 4.983,91 euros; Associació per la Difusió Sense Límits (Setmanari Directa), 9.192,54 euros; Carmelites Descalços de Catalunya i Balears (Pluja de Roses), 3.013,04 euros; Fundació Roca i Galès (Cooperació Catalana), 5.523,91 euros; DeBarris (L’Independent de Barberà), 4.044,91 euros; Montpeità, 3.370,76 euros; Grup d’Informadors Sardanistes de Catalunya (Som), 4.017,39 euros; Centre Excursionista de Catalunya (Muntanya), 3.013,04 euros; SomGarrigues, 5.633,98 euros; Forja, 3.095,59 euros; DeBarris (L’Independent de Sant Adrià), 3.673,44 euros; El Mirall, 5.021,74 euros; Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (Vèrtex), 3.013,04 euros; DeBarris (L’Independent de Gràcia), 7.274,65 euros; Associació de Mestres Rosa Sensat (Perspectiva Escolar), 4.519,57 euros; Associació Cultural Bitàcola (Àncora. Setmanari de la Costa Brava), 3.301,97 euros; Òmnium Cultural (Escola catalana), 3.013,04 euros.

Vilaweb y E-Notícies, los digitales nativos más afortunados
La prensa digital también se ha llevado su parte del pastel. En este caso, además de las versiones digitales de El Periodico (38.648,67 euros), Avui (32.021,36 euros) y El Punt (19.443,80 euros), destacan 30.643,33 euros recibidos por Vilaweb; los 18.624,35 euros de Ara y los 14.943,48 euros otorgados a E-notícies.com.

El resto de la lista la completan Diari de Girona Media (Diari de Girona), 13.615,39 euros; Tirabol Produccions (Racó Català), 12.311,00 euros; Serveis de Comunicació Global Aquitania (Nació Digital), 9.641,04 euros; Diari Segre (Segre), 3.838,37 euros; Intercomarcals Media (Regió 7), 7.345,72 euros; Europa Press de Catalunya (Europa Press), 7.271,77 euros; Zoom Mundi (Anoia diari), 4.953,58 euros; Red Digital XXI (El Debat), 6.885,50 euros; Iniciatives de Tecnologia Segle XXI (Crònica), 4.814,62 euros; Editora Singular Digital 2GR (El Singular Digital), 6.741,41 euros; Bífidus Produccions (DBerguedà), 3.549,11 euros; Catmèdia Global (Directe.cat), 7.259,52 euros; Hora Nova (DBalears), 4.758,16 euros; Associació Cultural Revista Cambrils (Revista Cambrils), 4.145,67 euros; Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), 3.889,84 euros.

El Grupo Godó y la SER encabezan las ayudas a las radios
En el ámbito de las radios, las emisoras del Grupo Godó encabezan el ranking de subvenciones (RAC1, 28.879,01 euros; y RAC 105, 7.931,10 euros), segudios por Ona FM (cadena SER), con 21.837,87 euros. El resto de subvenciones se las han repartido Catalana i Aranesa de Telecomunicacions (Gum FM Pirineu), 12.848,78 euros; Metropolitana d’Audiovisuals (AMB2 FM), 3.419,50 euros; Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió (Pròxima FM), 10.155,08 euros; Premsa d’Osona (El 9 FM), 5.760,27 euros; Ràdio Marina, 11.075,74 euros; Flaix FM, 13.311,16 euros; Catalana i Aranesa de Telecomunicacions (GUM FM ARAN), 12.848,78 euros; Imagina Ràdio, 9.964,28 euros; Radio Flaixbac, 14.876,94 euros; Mola FM, 3.338,71 euros; Els Ports Ràdio, 10.959,36 euros; Grupo Simalro (UA1), 5.598,78 euros; D-9 Comunicació (Joy FM), 7.762,46 euros; Ràdio Ripoll, 12.891,56 euros; Ràdio Olot, 13.721,15 euros; Fundació Missatge Humà i Cristià (Ràdio Estel), 10.350,00 euros.

En cuanto las televisiones locales, las ayudas han sido las siguientes: Iniciatives de Televisió (Canal Reus TV), 11.613,74 euros; Televisió del Ripollès, 18.640,61 euros; Televisió de Sant Cugat, 18.319,60 euros; Canal Taronja Bages, 10.457,71 euros; Comunicacions dels Ports (Nord TV), 16.914,65 euros; Taelus (Canal Taronja Anoia), 7.136,03 euros; Mola TV, 17.445,37 euros; Lleida Televisió, 13.443,97 euros; Productora d’Emissions de Ràdio (Canal Taronja Osona), 7.568,76 euros; Televisió de Roses, 11.757,36 euros; Televisió de Girona (Canal 39), 20.126,97 euros; Mitjans Audiovisuals d’Osona (El 9TV), 14.490,76 euros; EBE Imatge i Comunicació (L’Ebre TV), 13.268,84 euros; Olot Televisió, 10.816,66 euros; Produccions Alt Empordà TV (Canal Nord TV), 6.471,50 euros; ETV- Llobregat TV, 12.117,53 euros; Televisió de Manresa, 14.380,04 euros; Dracvisió (Canal Català Girona Pla), 17.106,58 euros; Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió (Pirineus TV), 14.374,07 euros; D-9 Comunicació (TV Costa Brava), 11.638,41 euros; Tortosa Televisió, 11.035,84 euros.

Galicia / LE ATRIBUYEN 4 ATAQUES
Europol incluye a Resistencia Galega en su informe sobre terrorismo
E. P. / SANTIAGO ABC Galicia 28 Abril 2012

La Oficina Europea de Policía (Europol) incluyó en su informe de 2011 sobre «La situación del terrorismo en la Unión Europea» a Resistencia Galega, movimiento independentista radical de Galicia al que vincula «con certeza» con cuatro ataques en la Comunidad gallega. Este informe relata que el movimiento independentista gallego llevó a cabo 12 ataques en Galicia, cuatro de los cuales atribuye a Resistencia Galega (RG), mientras que los ocho restantes aclara que fueron perpetrados «por personas o pequeños grupos ideológicamente implicados en la llamada lucha radical a favor de la independencia».

Europol señala que en octubre, RG publicó un comunicado en Internet en el cual reivindicaba la autoría de varios ataques llevados a cabo en contra de los partidos políticos y empresas constructoras, bancos u otros intereses, y anunció «la continuación de sus actividades terroristas mediante el aumento de los ataques armados». Además, recuerda que entre noviembre y diciembre, un total de seis miembros de Resistencia Galega fueron arrestados en la Comunidad gallega y que, después de varios registros en domicilios, las autoridades policiales españolas se incautaron de artefactos explosivos de fabricación casera. «Al parecer, RG había planeado ataques coordinados para ser perpetrados en el aniversario de la aprobación de la Constitución», apuntan.




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