AGLI Recortes de Prensa   Viernes 4 Mayo 2012

Un gobierno poco previsor y poco previsible
EDITORIAL Libertad Digital 4 Mayo 2012

Ya fue una grave, injustificada y hasta inverosímil falta de previsión por parte de Rajoy no contar con que el déficit público que iba a dejar Zapatero iba a ser muy superior al 6 por ciento del PIB, al que el anterior presidente del gobierno se había comprometido oficialmente con nuestros socios comunitarios. Más aun, cuando gran culpa de ese imprevisto desequilibrio presupuestario en 2011 lo tuvieron muchas autonomías y ayuntamientos gobernados desde hacía mucho tiempo por manirrotos políticos del PP.

Con todo, lo más preocupante de esta supuesta imprevisión popular en torno al agujero dejado por los socialistas, es que está siendo constantemente utilizada como excusa para justificar medidas absolutamente imprevisibles por parte de quien presumía de ser previsible y de un gobierno supuestamente liberal y respetuoso con su programa, ideas y votantes. Así, en lugar de afrontar ese mayor déficit dejado por los socialistas con una mayor reducción del gasto público que el que el PP tenía pensado acometer –eso hubiera sido lo previsible en un partido que en 2009 y 2010 se opuso a cualquier aumento de la presión fiscal como formar de enfrentarse a unos déficits del 11,2% y del 9,2%, respectivamente– Rajoy sorprendió a todos anunciando una de las mayores y más inoportunas subidas de impuestos de nuestra historia democrática para atajar el déficit del 8,5 por ciento dejado por Zapatero.

Desde entonces, las improvisaciones del gobierno de Rajoy se han venido multiplicando, escudándose en ese supuestamente imprevisto agujero dejado por los socialistas. Así, mientras unos dirigentes del PP hablaban del copago en algunos servicios públicos, otros lo negaban; mientras unos hablan de suprimir las subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, otros se han limitado a reducirlas muy insuficientemente; mientras Montoro amenazaba con la "más que posible" intervención de algunas autonomías manirrotas al amparo de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, desde el mismo Gobierno se ha calificado ahora de "muy improbable" esa posibilidad. El mismo gobierno que negaba hasta hace nada la posibilidad de subir el IVA, es el mismo gobierno que ha decidido finalmente subirlo...

Con todo, pocos bandazos han sido tan apreciables y recientes como el que parece que acaba de dar Rajoy en relación a la sostenibilidad del actual modelo autonómico. Rajoy ha pasado de "ni plantearse" su reforma, tal y como lamentablemente dijo hace escasas semanas cuando lo planteó con valentía Esperanza Aguirre, a reconocer este jueves la necesidad de "repensar y evaluar la estructuración más adecuada de los poderes públicos".

Bien está que Rajoy, aunque sea de forma timorata, nos hable de "arbitrar fórmulas más eficientes de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables; con supresión incluso de entidades y organismos que no resistan una prueba objetiva". Sin embargo, ya puede Rajoy darse prisa a la hora de repensar todo esto, que –se supone– debía tener ya requetepensado desde los tiempos en que venía pidiendo a Zapatero un adelanto de las elecciones o, por los menos, desde que FAES, hace más de un año, alertó sobre la insostenibilidad del actual modelo autonómico. Ya entonces Rajoy se desmarcó, lamentablemente, del brillante estudio que la Fundación de su propio partido había dedicado a este tema. Es más, pocos meses después, Rajoy llegaba, por el contrario, a un ya olvidado pacto con la entonces ministra Salgado para no crear "alarmas excesivas" en torno a unos déficits autonómicos que, a la postre, resultarían decisivos para que el déficit del conjunto de las administraciones públicas en 2011 fuera más de dos puntos superior al comprometido por Zapatero en Bruselas.

Si la imprevisibilidad de las medidas de Rajoy no tiene, en realidad, excusa en el imprevisto agujero presupuestario dejado por los socialistas, tampoco la tienen en la pésima coordinación y política de comunicación de la que está haciendo gala su gobierno. Sin quitar importancia a este claro defecto del actual gobierno, el problema parece de mayor calado: parecería que Rajoy carece de convicción y de entusiasmo por un modelo liberal y alternativo al elefantiásico peso del Estado que imponen a la sociedad el paradigma socialdemócrata y las pulsiones no menos proclives al gasto público de los nacionalistas. Rajoy recorta el gasto sólo lo imprescindible para no perder la posibilidad de seguir endeudándonos por falta de acreedores. Pretende limitarse a ser el buen gestor de un modelo estructural y radicalmente insostenible. Recortará y reformará en la medida en la que se lo vaya exigiendo la prima de riesgo de nuestra endeudamiento, al que no renuncia. Le mueve la contabilidad, en su más miope expresión, y no las ideas, en el mejor sentido de la palabra. De ahí que Rajoy no pretenda acometer todas las reformas y recortes que exige un modelo auténticamente alternativo durante su primer año de gobierno, tal y como le ha reclamado Esperanza Aguirre, sino que va administrándolas en pequeñas dosis, tratando de conservar el statu quo el mayor tiempo posible.

Cuando no se tienen pensadas previamente las cosas, hace falta tiempo para que la necesidad fuerce la aparición de la virtud. El problema es que, desdeñando las ideas y sin un proyecto claro y alternativo, al gobierno que preside Rajoy tampoco le sobra tiempo.

El Gobierno no sabe hacia dónde va
Pablo Sebastián www.republica.com  4 Mayo 2012

Vamos a ver con que nos sorprende este viernes el Gobierno que ya ha anunciado medidas sobre transportes e infraestructuras de corte liberalizador, es decir privatizador, y con posible subidas de tasas, impuestos o costes de lo que sea que es de lo que se trata. Extrañas y confusas las maneras de gobernar el país por parte del Gobierno de Rajoy, que había prometido un nuevo estilo con su transparencia y eficacia, y que está ofreciendo una imagen poco alentadora y de desconcierto general. ¿Quién había anunciado que se impondrá el peaje en todas las autopistas del Estado, idea de la que ya se ha apropiado por su cuenta la madrileña Esperanza Aguirre? Pues no se sabe, pero ayer Rajoy, al término de uno de sus monólogos indescifrables, nos dijo que eso no está previsto, lo que tampoco quiere decir que no lo vayan a hacer. Y así con todo.

Alguien desde el Gobierno debería explicar a los españoles que es lo que está pasando y hacia dónde vamos. Porque nos quejábamos de las improvisaciones de Zapatero y ahora no salimos de nuestro asombro, ante el permanente cambio de criterio y de anuncios de medidas, reformas y ajustes en cadena que nos revelan que los Presupuestos de 2012 aprobados por el Ejecutivo ya no sirven, se han quedado cortos, o necesitan permanentes remiendos.

¿No quedamos meses atrás que las fusiones bancarias arreglaban el problema financiero? Pues sí, pero luego vino el decreto para mayores provisiones para los activos inmobiliarios (de 52.000 millones) de la banca y cajas de ahorro, más adelante se ha dicho que son insuficientes, ahora nos hablan de mas fusiones bancarias y nos dicen que el Ejecutivo regulará la creación de sociedades liquidadoras de activos inmobiliarios “podridos”, todavía no está descartado el banco malo, y además tampoco hay que perder de vista el posible rescate financiero de la UE, en el caso de que todo lo anterior no convenza a los mercados. Entonces ¿a qué atenerse en este sector financiero, mientras la banca cae en la Bolsa y los intereses de la deuda española suben sin parar?

Ahora Rajoy, en el Consejo de Estado y en presencia de Zapatero, nos acaba de contar que hará un estudio o un test sobre la utilidad de ciertas instituciones y toda clase entidades públicas para evitar duplicidades y gastos que no tienen sentido. ¿Se refiere por fin a las Comunidades Autónomas o a sus competencias? No se sabe, puede que a los ayuntamientos pequeños para fusionarlos, o a lo mejor el presidente cambió de opinión sobre las Diputaciones, o ¿está pensando en el Senado? No hay manera de saberlo, todo son globos sonda, escarceos y citas a ciegas sobre Sanidad, Educación y administraciones y empresas públicas.

Y ahora tocan las especulaciones en relación con los transportes e infraestructuras de los que algo nos dirán al término del Consejo de Ministros del viernes, salvo que tengamos que esperar a las revelaciones del BOE que se ha convertido en caja de sorpresas. En realidad entramos por el camino de las privatizaciones en un tiempo en el que todo vale muy poco por lo que corremos el gran riesgo de vender mal los activos del Estado. ¿Acaso no fue el PP quien se opuso a la venta de un 30 % de loterías del Estado hace pocos meses y cuando gobernaba Zapatero?

Queremos saber dónde estamos de verdad, que está pasando y hacia donde nos lleva el Gobierno. Y eso es Rajoy quien lo tiene que explicar, en el Parlamento y ante los medios de comunicación y a ser posible cuando antes, porque los ciudadanos se empiezan a cansar.

Zapatero
El solemne en ropón
Emilio Campmany Libertad Digital 4 Mayo 2012

Espectáculos hediondos hay muchos, pero como los que nos ofrecen los políticos, pocos. Por un lado, el Gobierno no hace más que recortar y recortar en los servicios que el Estado presta a los ciudadanos sin tocar apenas los gastos que exige el sostenimiento de la casta política, sindical y patronal. Por otro, la oposición pone el grito en el cielo por lo que su mal gobierno está obligando a hacer. Y encima, va el presidente del Gobierno y nos brinda en la televisión las ofensivas imágenes en las que se le ve dejándose agasajar, con otros barandas del PP, por el flamante consejero vitalicio que el PSOE, cuando gobernó, impuso a nuestro Consejo de Estado.

Para aumentar el escarnio, Zapatero ha tenido a bien vestirse con la toga propia de los consejeros, terciopelo negro y bocamangas rojas, disfrazado de insigne estadista, más solemne que nunca. ¿Se puede soportar que se presente revestido de todos los honores de la augusta casa este individuo que, además de destrozar el país, entre otros crímenes, apuñala a Nebrija escribiendo estrategia con equis y fusila a Alejandro Mon confundiendo los impuestos progresivos con los regresivos? ¿Puede alguien siendo tan poco haber llegado tan lejos? En España, al parecer, puede. Vale, lo hicimos presidente y en dos ocasiones. Pero eso ya lo estamos pagando con creces y no merecemos que, además, tengamos que aguantar que nos humille dejándose retratar con una toga que le viene más grande que un capote a un colibrí.

No me parece mal que el presidente del Gobierno vaya a la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo de Estado. Pero, para poder hacerlo, tenía que haber promulgado una ley que revocara con carácter retroactivo la que Zapatero se aprobó para sí mismo y por la que se otorgó el cargo de consejero de Estado vitalicio. Debe de ser que no tenía bastante con imponernos siete años y medio de régimen tontiloco y quería de por vida tener un foro donde poder fustigar a quien fuera, cuánto más notable, mejor, con su sus perogrulladas y sandeces.

¿Cómo quiere Rajoy ganar credibilidad fuera y dentro de España si se aviene a saludar a Zapatero como quien estrecha la mano a don José Canalejas? No es casualidad que en las elecciones francesas el debate se haya centrado en demostrar quién es el mejor candidato para evitar que Francia acabe como la España de Zapatero. Sarkozy dice que el problema estriba en que Zapatero es socialista. Y a Hollande le ha faltado un pelo para afirmar que el problema no es que Zapatero sea socialista, sino que es español. Va a ser lamentablemente cierto que aquí grosso modo son todos iguales y lo primero a lo que atienden es a cubrirse unos a otros. Pero ver cómo lo hacen en ropones y sepultados bajo todos los honores que este país puede otorgar a sus grandes hombres se hace poco menos que insufrible.

Hacia un Estado razonable
El Editorial La Razón 4 Mayo 2012

El Gobierno es consciente de la trascendencia que la reforma general de las administraciones tiene para lograr el objetivo de la estabilidad fiscal y, sobre todo, para expandir fuera de nuestras fronteras el mensaje de que España está decidida a poner coto al desorden territorial. Mariano Rajoy habló ayer con sentido común de que el Estado autonómico debe ser repensado para evitar duplicidades y garantizar que cada competencia sea atribuida a una administración. El objetivo de racionalizar la administración se debe traducir en ahorro, eficiencia y eficacia en la gestión de lo público y en la prestación de servicios. Se trata de que el Ejecutivo aproveche la aplicación del principio de «una administración, una competencia», para controlar directamente la financiación de tal modo que disponga de un conocimiento detallado de las partidas destinadas a cada prestación. Control e información en lugar del descontrol conocido hasta hoy.

Que el campo de actuación y las posibilidades son amplios da idea de que el Gobierno cuantifica en miles de millones la racionalización territorial del país. Algunos cálculos del propio Ejecutivo elevan hasta 12.000 millones el ahorro mediante reordenación de competencias, agrupación de ayuntamientos, eliminación de organismos y oficinas, entre otras medidas. En este sentido, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha trasladado al Gobierno sus propuestas sobre cómo ordenar las prestaciones locales. Entre sus planteamientos figura que los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes puedan ceder competencias a diputaciones, cabildos o consejos insulares o la gestión conjunta de servicios para salvar insuficiencias, así como reclamar «un pacto político» que comprometa al Estado y a las comunidades con la autonomía local, la descentralización y la suficiencia financiera. Son aportaciones interesantes que deben ser analizadas y tomadas en consideración por el Gobierno desde el compromiso con el principio de que la situación presente es un serio problema que hay que enfrentar con urgencia.

El Ejecutivo tiene ante sí un desafío ingente que los socialistas ni quisieron ni pudieron ni se atrevieron a acometer mientras asistían con entusiasmo y entrega financieros a la alocada carrera de un Estado imposible e inviable. La ordenación territorial es un asunto de Estado y la oposición debería actuar con la seriedad precisa. Poner palos demagógicos en las ruedas de este proyecto sería actuar contra el interés general. Es tiempo de aportaciones y altura de miras y no de obstruccionismos ventajistas ni de instrumentalizaciones cicateras. La racionalización del Estado es un proyecto que no puede cerrarse en falso. Lo contrario nos abocaría a un fallo sistémico. Y todos deben tenerlo claro y actuar en consecuencia.

EL BANCO DE ESPAÑA REVELA QUE LOS PASIVOS PÚBLICOS SUPERAN YA LOS 932.000 MILLONES
La deuda pública se desborda y se acerca imparable al billón de euros
Carlos Sánchez. El Confidencial 4 Mayo 2012

Los datos están aquí y no dejan lugar a dudas sobre el imparable avance del endeudamiento público. Y lo que dice el Banco de España es que la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas -medida en términos de pasivos en circulación- se acerca ya al billón de euros. En concreto, se situó al cierre del año pasado en 932.151 millones.

O lo que es lo mismo, prácticamente se ha duplicado respecto de los 503.518 millones que se registraban al comenzar la crisis. Tan sólo en 2011, un año marcado por los ajustes, la deuda pública creció en nada menos que 126.379 millones de euros.

Esto significa que el endeudamiento público representa ya el 87% del Producto Interior Bruto (PIB), de largo el nivel más elevado de las series históricas. La cifra es sustancialmente mayor a la que de forma convencional se utiliza para identificar esta variable, y que Eurostat -la oficina estadística de la UE- ha situado en el 68,5% del PIB.

La diferencia estriba en que Eurostat sólo contabiliza la deuda en términos de Protocolo de Déficit Excesivo, pero deja fuera casi 200.000 millones de euros que las distintas administraciones públicas deben devolver con sus correspondientes intereses.

Eurostat, por ejemplo, no contabiliza determinadas emisiones que hace el sector público para financiarse, por ejemplo préstamos a empresas públicas, ya que considera que se trata de una inversión y no de un gasto, y eso explica la creciente divergencia entre ambas mediciones.

Igualmente, las empresas públicas -como Aena o Renfe- se endeudan, en el primer caso en torno a los 12.000 millones de euros, pero esas operaciones que aumentan los compromisos económicos del sector público están excluidas del Protocolo de Déficit Excesivo. Los datos más recientes del Banco de España muestran que el conjunto de empresas públicas debe ya nada menos que 55.865 millones.

En todo caso, lo relevante es la cifra total, ya que refleja la realidad del endeudamiento. Y lo que aclaran los datos del Banco de España es que la Administración Central adeuda ya 649.425 millones, mientras que las comunidades autónomas deben otros 191.597 millones. Las corporaciones locales, por su parte, adeudaban al finalizar el año pasado 63.686 millones, por encima de los 27.442 millones de la Seguridad Social.

Cómo camuflar deuda
El recurso a emitir activos financieros que no contabilizan a efectos del Protocolo de Déficit Excesivo -el antiguo Tratado de Maastricht- ha ido creciendo de forma extraordinariamente importante en los últimos años. Y si en 2003 no alcanzaban los cien mil millones de euros, hoy es prácticamente el doble (197.190 millones).

España, en todo caso, se sitúa en niveles medios en cuanto a utilización de esos instrumentos de financiación que en realidad sirven para camuflar deuda a ojos de Eurostat. Según este documento del Servicio de Estudios de la Caixa, Francia es, con diferencia, el país que hace un mayor uso. Italia, Reino Unido o Alemania, por el contrario, acuden en menor medida a la emisión de activos financieros por parte de sus empresas públicas que no computan a efectos de la oficina estadística de la Unión Europea.

Lo relevante, en todo caso, es la tendencia, y los próximos años no indican nada bueno. El propio Gobierno ha estimado en la actualización del Programa de Estabilidad que este año la deuda pública crecerá de forma abrupta hasta representar el 79,8% del PIB, y seguirá subiendo hasta alcanzar un pico del 82.3% en 2013. A partir de ahí, la ratio deuda/PIB tenderá a estabilizarse con una ligera tendencia a la baja.

El servicio de Estudios de la Caixa, por el contrario, estima que se estabilizará en el 85% en términos de Protocolo de Déficit Excesivo, lo que significa que si se mantiene la distancia respecto del endeudamiento real, el conjunto de los pasivos financieros superará ampliamente el billón de euros en los próximos años.

Andalucía, entre el ERE y el Che
EDITORIAL www.gaceta.es 4 Mayo 2012

Magnífico horizonte el que se le ofrece a Andalucía: unas cifras a la cola de Europa en todo y un Gobierno regional cuyos cargos bajan de los coches oficiales para “luchar en la calle”.

Hay cierta tradición de tomarse el radicalismo comunista andaluz con cierta guasa, como se hizo en la toma de posesión del escaño del alcalde de Marinaleda –el de barba castrista y pañuelo palestino– que prometía con toda solemnidad subvertir el orden capitalista y que acabó su soflama con un “Viva Andalucía libre” que desató el pitorreo general, como si fuera la Asamblea autonómica un chiste de Lepe. Ya hace menos gracia a los andaluces saber que el recién investido presidente José Antonio Griñán también tiene vocación de jardinero y recortará como si fuera un malvado neoliberal –porque dinero no hay para nadie–, y que al mismo tiempo –en esa esquizofrenia sólo posible en la política de izquierdas– se opondrá a la política de recortes que impulsan Europa y Rajoy. Y es que Diego Valderas, el líder de IU en esa autonomía –y próximo vicepresidente–, ha anunciado que el nuevo Ejecutivo deberá alentar “una resistencia al recorte de derechos desde las instituciones” pero “sin olvidar la lucha en la calle”. Magnífico horizonte el que se le ofrece a Andalucía: unas cifras a la cola de Europa en todo y un Gobierno regional cuyos cargos bajan de los coches oficiales para “luchar en la calle”, en convocatorias que pueden hacer a través de sms (hay en Andalucía 38.000 teléfonos móviles con cargo a lo público), y en las que podrán exhibir sus pancartas y banderas con fotos del Che Guevara (personaje que el alcalde de Marinaleda tiene en su despacho, a falta de retrato del Rey).

Y todo esto con la tenebrosa sombra de la sospecha que planea sobre los ganadores de las últimas elecciones. Y es que el pacto social-comunista no va a detener la humareda judicial de los ERE, un escándalo sin precedentes (hablamos de 1.000 millones de euros repartidos entre socialistas, sindicalistas y su entorno) en que ya hay más de 50 imputados, y un director general de Griñán, y un consejero de Griñán, ya están en la cárcel.

Es cierto que el líder socialista ha prometido un Gobierno “que cumpla la Ley”, (algo que también debería haber provocado una carcajada, aunque sólo fuese por lo cómico que resulta que un político tenga que anunciar ese compromiso), pero el propósito de enmienda no absuelve de responsabilidades anteriores, y más pronto que tarde hemos de saber quién es la X de esta gigantesca estafa, el líder político que dio la orden de establecer un mecanismo ilegal con el que habrían de lucrarse amigos, afiliados y simpatizantes. Como muestra de que todavía no se ha llegado al capo di capi quedan las palabras de Antonio Fernández, el consejero de Trabajo que ya contempla los amaneceres desde la celda, que antes de ingresar en prisión se lamentaba ante la juez de esta manera “¿y qué podía haber hecho yo?”, como si la corrupción fuese un requisito ineludible en la Junta.

Griñán, en fin, es por segunda vez presidente de la Junta de Andalucía, habiendo liderado sólo una vez las elecciones y sin haber ganado ninguna. Promete un Gobierno “alegre”, y más de uno puede sospechar que, más que de alegría, está hablando de guasa porque a todo eso suena esta coalición de los ERE y los Ches.

La derecha es un pecado imborrable
El Trasgo www.gaceta.es 4 Mayo 2012

“A la derecha le importa un bledo que la gente se muera de hambre”. Lo leo en publico.es, lo dice un ‘quincemero’ de nombre Miguel Ángel Sierra y no puede gustarme más.

El sistema educativo oficial es un éxito sin paliativos, y lamentaría que lo que escribí ayer se interpretara como una contradicción a esta obviedad.
Olvídense de PISA, de la preparación para la vida, de la adecuación al mercado laboral: si el interés del Estado fuera que los españoles aprendieran derivadas y deferenciales, física nuclear o macroeconomía, no podía haber diseñado un sistema más ineficaz, descerebrado, lento y absurdo para lograrlo. Pero la enseñanza estatal –pública o privada, tanto da, que todos tienen que acatar lo que salga del ministerio– no va de esto, sabiendo que cualquiera con un interés real puede aprender hoy lo que quiera a un coste mínimo. No: el verdadero objetivo es adoctrinar, crear súbditos dóciles que acepten los mismos mitos y se crean, al mismo tiempo, libres para pensar por su cuenta. Y en esto me reconocerán que han triunfado.

El Credo rojo
Esta ‘dogmática por defecto’ que todo españolito asimila desde la más tierna infancia es mayormente de izquierdas. De Gramsci para acá, la izquierda ha impuesto sus postulados en el debate público con tal fuerza que uno no sabe si pensar que son unos genios o que los ciudadanos estamos bastante aborregados.

Lo primero fue convencernos de que ellos constituían un lado del único espectro ideológico posible, y que todo lo demás es lo mismo, derecha, aunque un fascista esté mucho más cerca del socialismo clásico que de los conservadores y un tradicionalista sienta idéntico desprecio por rojos y liberales.

Pero lo segundo es mejor: nos convenció de que el debate público no enfrentaba a dos sistemas racionales de entender el gobierno de la polis, dos modos internamente coherentes de entender la vida en sociedad, sino a buenos y malos. Palabra. ¿De verdad nunca le han dicho “pues parece usted bastante tolerante (o compasivo, o razonable) para ser de derechas”?

Las consecuencias de esta estafa invalidan la democracia, ya que, por definición, sólo los partidos de un bando son verdaderamente legítimos. ¿En qué cabeza cabe dejar que gobierne una opción a la que “le importa un bledo que la gente se muera de hambre”?

El resultado es que quien vote izquierda no tendrá que mover un dedo por nadie y será juzgado como compasivo. Incluso podrá forrarse a lo Roures y despedir empleados acogiéndose a las mismas leyes que criticaron. Si, en cambio, has votado al PP, ya puedes pasar todas las tardes sirviendo en los comedores de Cáritas que es evidente que “te importa un bledo que se muera la gente”. Qué nivel.

¡Por Dios, Hermana!
Viene a ser como la manía persecutoria que tiene la izquierda con la Iglesia católica. Con razón, me apresuro a añadir, porque es su enemigo más antiguo y formidable. En esto hay dos escuelas. La de la izquierda radical, que quiere sencillamente destruirla a la soviética, y la más insidiosa de El País, que prefiere corromperla.

Los resultados son aún más repulsivos, como la última de ayer en el diario de Liberty. Es una entrevista a Simone Campbell, una de esas monjas ‘disidentes’ cuya situación quiere clarificar ahora El Vaticano. El titular, declaraciones de la susodicha, no tiene desperdicio: “Roma nos acusa de trabajar demasiado con los pobres”.

Hermana, la Iglesia lleva ocupándose de los pobres de forma obsesiva, continua, universal y eficaz desde hace 2.000 años. De hecho, el documento al que hace referencia la sor empieza reconociendo y agradeciendo la labor de las hermanas en auxilio de los más desfavorecidos. Lo que critica El Vaticano es la indiferencia de la orden que dirige Campbell con respecto a la doctrina de la Iglesia en muchos otros aspectos. Pero ¿quién se resiste a autocanonizarse en vida cuando te lo ponen tan fácil?

Otra diferencia entre las dos izquierdas es que la ‘caviar’ es muy de la cosa europea, mientras que la ‘borroka’ ve en Bruselas el altavoz de ‘los mercados’ (pronúnciese con voz siniestra), la abominación de la desolación. “¡Somos Europa! Manifiesto para reconstruir Europa desde la base” es una tribuna que aparece en El País, escrita a saber por qué negro, firmada por ese fraude de líder del 68 reciclado en europarlamentario, Daniel Cohn-Bendit, y por Ulrich Beck.

Dice el manifiesto que “necesitamos de una sociedad civil europea y de las perspectivas de las generaciones más jóvenes si queremos solucionar los asuntos candentes de hoy”, pero la Unión Europea ha despreciado una y otra vez la voluntad expresa de los europeos obligando a repetir referendos y animando al resto de los países a no celebrarlos. La hipocresía apesta.
Hay veces que no conviene leer la Prensa de izquierdas en ayunas.

«Repensar» el Estado : Rajoy suprimirá entidades que no resistan una «prueba de utilidad» o sean demasiado caras

«Concordia» para «repensar» el Estado
 El Mundo  4 Mayo 2012

Rajoy suprimirá entidades que no resistan una «prueba de utilidad» o sean demasiado caras
Para reordenar las Administraciones del Estado sí que hay que sacar la motosierra y utilizarla despiedadamente contra políticos, enchufados y organismos creados para colocarles .
El presidente del Gobierno se expresó en estos términos durante el acto de toma de posesión de su amigo y correligionario José Manuel Romay Beccaría como nuevo presidente del Consejo de Estado.

Rajoy enhebró un discurso en el que incidió en la necesidad de «buscar una mayor eficacia en las instituciones administrativas, a todos los niveles; arbitrar fórmulas más eficientes de coordinación y reparto de competencias, de eliminación de duplicidades innecesarias, de solapamientos indeseables, con supresión incluso», recalcó, «de entidades y organismos que no resistan una prueba objetiva de utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos».

No puso ejemplos explícitos, pero con sus palabras anticipaba el plan que debe conducir a la fusión de ayuntamientos en el terreno de la prestación de servicios.

Después, ya en declaraciones ante los medios de comunicación, el presidente explicó que esta labor no será de un sólo día ni se recogerá en un decreto estrella. Se plantea como un trabajo minucioso y continuado que irá cobrando cuerpo en el curso de los próximos cuatro años, es decir, a lo largo de toda la legislatura. El presidente recalcó que uno de los objetivos prioritarios es llevar a la práctica la máxima que reza: «Una administración, una competencia».

No se trata, precisó durante su discurso institucional, de «desandar en modo alguno la configuración autonómica del Estado» que, recordó, está incluida en la Constitución Española y es «un paso original, decisivo y de gran calado»; tampoco consiste en desarticular nuestra inserción en la Unión Europea. La finalidad última es dotarse de una «Administración con músculo» y ello exige «reducir y cambiar cosas que no tienen sentido», aclaró posteriormente.

Para llevar a cabo la «articulación jurídica» de esta «tarea delicada», el jefe del Ejecutivo reclamó la experiencia, la sabiduría y la ayuda del Consejo de Estado, el más alto órgano consultivo del Gobierno del que forman parte, entre otros, el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y la ex vicepresidenta primera María Teresa Fernández de la Vega.

El guante lanzado por el jefe del Ejecutivo fue recogido, con cautela, pero de inmediato, por el líder del PSOE. Alfredo Pérez Rubalcaba aseguró desde Las Palmas que los socialistas están dispuestos a sentarse con el Gobierno para mejorar la eficacia de las instituciones; para ver, precisó Rubalcaba, «si lo podemos hacer mejor y si lo podemos hacer más barato».

El secretario general del PSOE sí se refirió explícitamente a la necesidad de que en este análisis se incluya a los ayuntamientos, a las diputaciones, a las comunidades autónomas y «al propio Estado». Con ello se pronunciaba a favor de ir más allá de un simple plan que suprima empresas o entidades públicas, como el que recientemente aprobó el Consejo de Ministros.

Mariano Rajoy sí recordó ayer que su Gobierno ha dado ya luz verde a la desaparición de una veintena de sociedades de este tipo, pero también dejó entrever que su proyecto de reforma del Estado es más ambicioso.

El presidente, en su intervención en el Consejo de Estado, también hizo mención a la necesidad de «establecer y desarrollar un ordenamiento jurídico más claro, menos complejo, más comprensible y más estable».

«Las épocas de crisis», afirmó, «son tiempos de sacrificios, pero también de búsqueda de oportunidades». En ese deseo «innovador» encajó su estrategia económica que pretende, según explicó después en conversación con los periodistas, «hacer dos cosas a la vez: reducir el déficit, no gastar lo que no tenemos y no seguir endeudándonos, y, en segundo lugar, trabajar para que haya crecimiento económico, lo que obliga a continuar con las reformas estructurales». Ésta era la esencia del mensaje que tenía previsto trasladar anoche al presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi.

El presidente aprovechó, además, para descartar que el Consejo de Ministros tenga entre sus previsiones aprobar la creación de un banco malo que asuma los activos tóxicos de las entidades financieras.

Decreto
El Ejecutivo recupera las competencias sancionadoras en los ríos españoles
EUROPA PRESS www.gaceta.es 4 Mayo 2012

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto Ley fija que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica para lograr una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

El Consejo de Ministros ha derogado la anterior normativa en materia de agua y ha aprobado un Real Decreto Ley que establece que será el Estado el que asuma "directamente" las competencias de policía hidráulica en las cuencas hidrográficas intercomunitarias con el objetivo de conseguir una gestión "mucho más eficiente en materia de agua".

Según ha informado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es el Estado "para evitar duplicidades y solapamientos", el que asume las competencias también en el procedimiento sancionador, ya que, según ha insistido esta ha sido "siempre" una competencia del Estado.

Concretamente, ha precisado que se deroga la normativa anterior en materia de agua y se establece que será el Estado el encargado de asumir "íntegramente" la gestión y las competencias de policía hidráulico en las confederaciones hidrográficas de las cuencas hidrográficas intercomunitarias.

En este sentido, ha recordado que el pasado mes de marzo, el Tribunal Constitucional "dejó sentado" el principio de unidad de cuenca, especialmente en las intercomunitarias, que pasan por distintas comunidades autónomas. A raíz de esta sentencia, ha dicho que el Gobierno anterior aprobó un RDL que permitía a las comunidades autónomas asumir las competencias de gestión del dominio público hidráulico en aquellas cuencas intercomuntiarias, lo que significaba que cada comunidad autónoma asumía competencias de policía hidráulica, fundamentalmente sancionadoras, en la parte de la cuenca que correspondía a su territorio.

Más eficiencia, menor coste
Sin embargo, Sáez de Santamaría ha subrayado que para el Ejecutivo "es más necesario que nunca" que en el ámbito de organización territorial del Estado se proceda a una "clara delimitación de competencias" entre las distintas administraciones a fin de ser eficientes y, en la medida de lo posible, garantizar la unidad de mercado, evitar los solapamientos y duplicidades y una "mayor eficiencia y eficacia" en beneficio de los ciudadanos.

La vicepresidenta ha manifestado que se trata de "no multiplicar costes por 3, lo que evitará muchos problemas a los ciudadanos y ahorrará mucho dinero al Estado".
Así, ha añadido que el Real Decreto tiene "mucho que ver" con la necesidad de lograr una gestión "más eficiente" de las aguas y evitar procedimientos sancionadores en el ámbito medioambiental con duplicidades y para evitar la ruptura de la unidad de mercado que va en perjuicio de los ciudadanos y de la calidad del medio ambiente.

Además, ha dicho que el Gobierno estima que el agua es un "recurso escaso" y que es un dominio público "de todos los españoles", por lo que el Estado asume "todas las funciones de policía en la gestión de las confederaciones hidrográficas.

"De acuerdo con el principio de unidad de cuenca establecido por la Constitución, entendemos que debe ser el Estado para evitar duplicidades, solapamientos, actuaciones contradictoras o diferentes en algo como el procedimiento sancionador del mal uso del agua quien asuma íntegramente esa gestión de policía en las confederaciones hidrográficas", ha sentenciado.

Zonas protegidas
Por otro lado, la vicepresidenta ha explicado que el Real Decreto también simplifica el régimen de calificaciones de los espacios protegidos, lo que afecta "especialmente" a la Red Natura 2000 para que los usuarios y municipios "tengan claras" las limitaciones y derechos que se pueden ejercer en cada zona.

Esta modificación que se incluye en el Real Decreto Ley pretende evitar "duplicidades y solapamientos" que estaban perjudicando a la gestión municipal y de los usuarios en las zonas protegidas, ya que en un mismo espacio natural se podían dar a la vez distintas figuras de protección, lo que provocaba una "gran complejidad" sobre el régimen jurídico aplicable o la administración competente en su gestión.

"El Real Decreto Ley establece una coordinación de todas esas calificaciones con participación de los municipios afectados en la calificación y la gestión que puede hacerse", ha apuntado.
Por otro lado, Sáez de Santamaría ha manifestado que el Real Decreto Ley "abre la senda" a la simplificación de los procedimientos administrativos en garantía de la unidad de mercado.

Traslado de residuos
De este modo, ha dicho que este es el caso "paradigmático" de los residuos, y ha puesto de ejemplo que un traslado de residuos que pasara por varias comunidades autónomas, necesitaba permiso notificado de la comunidad autónoma de salida y de llegada, un procedimiento que considera "complejo" para el traslado de residuos dentro del espacio español, lo que supone "múltiples dificultades" para empresas, usuarios o quienes llevan a cabo la gestión ordinaria de ese traslado, a la hora de obtener las autorizaciones de los sistemas colectivos o de responsabilidad ampliada del productor.

Con el nuevo texto, se modifica también la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para "simplificar y reducir" las cargas administrativas que estaban provocando "incertidumbre e inseguridad" en la aplicación de la norma.

Concretamente las principales modificaciones que se refieren a este ámbito son las relativas a los Sistemas de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR), con el objetivo de evitar "imprecisiones, incoherencias e interpretaciones ambiguas" de la normativa. Por ello, se modifica su redacción y se precisa el alcance de la aplicación de los SDDR.

Asimismo, se establece en los casos en los que las características del residuo, sus dificultades de valorización o eliminación o el incumplimiento de los objetivos de gestión determinen que la aplicación de estos sistemas resulte la más adecuada.

En cuarto lugar, el Real Decreto Ley adapta también la normativa para la subasta de derechos de emisión, con lo que se reforma la Ley del Mercado de Valores con el objetivo de adaptar la normativa española a la europea y permitir de este modo el nuevo sistema de subasta de derechos de emisión de CO2.

Finalmente, la adaptación normativa impulsa el acceso de las empresas españolas al futuro sistema de reparto de emisiones de una manera "competitiva e igualitaria" con el resto de Europa, todo ello en el marco del objetivo general de lucha contra el cambio climático.

Las primeras subastas de derechos de emisión comenzarán durante el segundo semestre de 2012, aunque cobrarán mayor importancia a partir de 2013. La UE en su conjunto subastará en 2012 un volumen de 120 millones de derechos de emisión, de los cuales a España le corresponde subastar algo más de 10 millones.

Educación para la Ciudadanía vs Educación Cívica y Constitucional
RAQUEL VEGA www.gaceta.es 4 Mayo 2012

ECyC sustituye a EpC porque iba "más allá de lo que correspondía a una verdadera formación cívica".

Misterio, cautela… Es lo que le rodea a Educación Cívica y Constitucional (ECyC), la asignatura que según declaró el 31 de enero el ministro de Educación, José Ignacio Wert, sustituirá a Educación para la Ciudadanía (EpC). Dicha materia fue introducida por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero hace cinco años a través de la Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, y si en algo destacó dicha asignatura fue en la polémica que la acompañó desde su entrada en las aulas.

Así, el ministro Wert no ha dudado en cargarse de un plumazo cinco años de controversia. Así lo confirmó él mismo: “Educación para la Ciudadanía ha estado acompañada desde su nacimiento por la polémica y ha creado una división en la sociedad y el mundo educativo”. Por ese motivo, anunció que será cambiada por Educación Cívica y Constitucional, “libre de cuestiones controvertidas y de adoctrinamiento ideológico”, explicó. Algo que ha sido muy bien acogido por sectores como las Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG): “Creemos que es positivo, pues eliminará los contenidos controvertidos y se centrará en valores constitucionales y compartidos”. Esta nueva materia rectificará a la anterior, según el ministro, porque iba “más allá de lo que debería corresponder a una verdadera formación cívica” que impulsó el Consejo de Europa.

“Ciudadanos libres”Así, y a diferencia de Educación para la Ciudadanía, la nueva asignatura proporcionará a los más jóvenes una formación para convertirlos en ciudadanos “libres y responsables, con capacidad para ser sujetos activos de nuestra sociedad democrática. Sin duda esta nueva Educación Cívica y Constitucional servirá a tal fin, y no a ningún otro”. Asimismo, el ministro de Educación, Cultura y Deporte aclaró que la nueva materia “debe centrarse en proporcionar a los alumnos el conocimiento de la Constitución como norma suprema que rige nuestra convivencia, la comprensión de sus valores, de las reglas de juego y de sus instituciones, mediante las cuales se conforma una sociedad democrática y pluralista, así como de la historia e instituciones de la Unión Europea, de la que España forma parte”. El Gobierno popular responde así a la demanda de una parte del sector educativo y a algunos colectivos de padres que han protagonizado en los últimos años una lucha sin cuartel contra la materia que diseñó el anterior Gobierno en el marco de la Ley Orgánica de Educación. Y es que si bien, Educación para la Ciudadanía fue instaurada con el propósito de formar a los alumnos en valores como la convivencia, el respeto a las reglas democráticas o la igualdad de género; el plan de estudios incluyó capítulos como los nuevos modelos de familia o las diferentes opciones sexuales y religiosas de los ciudadanos del siglo XXI. Y ha sido en estos apartados donde ha surgido el rechazo de algunos grupos, acusando a sus promotores (el Gobierno socialista y su equipo de Educación) de promover el adoctrinamiento ideológico.

Lo cierto es que José Ignacio Wert ya tiene preparados los nuevos contenidos de Educación Cívica y Constitucional, que parece ser que será presentada a través de un decreto ley antes de septiembre, con el objetivo de que pueda impartirse en el próximo año escolar 2012-2013. Y, aunque desde las asociaciones de padres y hasta desde el propio ministerio guardan un gran secretismo sobre dicha asignatura, Wert ha reconocido que “la reforma no se va a dilatar en el tiempo. No sé si irá en este periodo de sesiones, pero sí, con alta probabilidad, este año. Pero la reforma tiene que venir con el máximo consenso; y eso lleva tiempo”.

¿Menos horas lectivas?Lo que tampoco queda muy claro es si se reducirán o no las horas. Desde la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos (Concapa), es decir, la unión más importante de España para familias de colegios privados y concertados, no han dudado en insistir en que “el ministro debería haber erradicado esta asignatura y haber incluido los contenidos de la nueva propuesta (Educación Cívica y Constitucional) de forma transversal, máxime cuando reconoce que los europeos tienen menos horas lectivas pero más de Matemáticas y Lengua que los españoles”. Tampoco está claro que en el caso de Bachillerato, la asignatura deje de impartirse junto a Filosofía, tal y como se hacía hasta el momento.

Sólo cabe esperar a los próximos meses para conseguir descifrar todas las incógnitas que rodean a esta asignatura por la que, sin duda, está apostando fuerte el ministerio de José Ignacio Wert.

Gilipolleces, las indispensables
Nota del Editor 4 Mayo 2012

Hacer perder el tiempo a los alumnos con la constitución española, es un delito de estupidez. Si la constitución española sirviese para algo, podría entenderse, pero ni siquiera llega a papel mojado, de ello se encargan los profesionales de la política que miran para otro lado y los suprimibles magistrados del infumable tribunal constitucional que la cambian según sople el viento.

Así que mis apreciados estudiantes, tened en cuenta de que todo lo que os digan sobre la constitución española es absolutamente falso. El tal panfleto, ilógico e irracional donde los haya sólo sirve para adormeceros pensando que hay una ley de rango superior que establece unos deberes y derechos que podrían protegeros de los disparates de los profesionales de la política, pero que en realidad se esfuman como el humo ante el atropello de los nazinalistas y el TC mientras el estado mirando al otro lado.

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Carteles de la imbecilidad
Juan Vicente Santacreu Estrella Digital 4 Mayo 2012

Hace muchos años hice un viaje por Holanda y hubo un detalle que me impactó muchísimo. Esa “turné” la hice sobre los años 80 en España. He matizado lo de España, porque pasear por Europa ha sido, y sigue siendo, como viajar al futuro. Siempre nos han llevado 20 años de adelanto.

El viaje lo hicimos en coche, como de costumbre. Era un Audi 100 de la época. En esos años los europeos “fliparon” a nuestro paso, pues no era muy normal ver a un español de turismo, con pesetas en el bolsillo y mucho menos en un coche de importación. Todo un lujo para la época.

Recorrimos toda Holanda y, evidentemente, me encantó ese país sin obviar los canales de Ámsterdam, los tulipanes, las putas de los escaparates,.. y los molinos, ¡¡Cómo no!!. Pero de todo el viaje se me quedó grabada una imagen, quizás intranscendente para la mayoría. Me refiero a los puentes o carreteras secundarias elevadas que atraviesan algunas carreteras principales.

Recuerdo que pasamos por varias carreteras de un solo carril que, a su vez, eran atravesadas por carreteras secundarias sobre puentes elevados, como en todas las carreteras del mundo. La diferencia es que estos puentes los habían construido con doble ojo de puente, uno por donde pasábamos los coches y el otro arco vacío y sin usar. Era como si lo hubieran proyectado para una autopista y al no tener suficiente dinero lo hubieran dejado para uso de una sola calzada dejando el otro arco muerto de risa y sin usar. Como el aeropuerto de Castellón, por ejemplo.

Lo primero que pensé es que los holandeses eran muy “cutres”, pero no conforme con mi interpretación pregunté con mi tosco inglés de la época hasta recibir una aclaración. La explicación es muy sencilla, las infraestructuras se crean pensando en ampliaciones futuras a 20 años vista. Así cuando el tráfico aumente y la carretera se convierta en autopista, los gastos se reducirán de forma drástica.

Pocos años después entendí lo inteligente que es pensar con la cabeza y prever el futuro. Sobre los años 90 en Valencia comprobé la gran chapuza arquitectónica que tuvieron que hacer los ingenieros con los puentes en la V6 para añadir un carril más en toda la autopista. Todos los puentes los tuvieron que estirar-modificar para introducir un carril más.

Un derroche de miles de millones de euros que si lo hubieran previsto tan solo 10 años antes, no hubiéramos tenido que pagar los ciudadanos. Pero no pasa nada, como dicen los políticos: el dinero público no es de nadie, cae del cielo. Además quiero recordarte que estos bastardos de políticos que tenemos maman de cada obra que se realiza. Vamos, una casta de mamones.

Treinta años más tarde hemos vuelto por Holanda y en este viaje me han vuelto a sorprender. Acostumbrados en España al régimen persecutorio con multas, rádares, etc. que padecemos aquí, fui buscando las señales de velocidad en Holanda y no las vi por ninguna parte, es más, descubrí que en Holanda no hay carteles ni señales ni nada, solo las indicaciones de ciudades y pueblos. Después de mucho observar, descubrí que las indicaciones de velocidad estaban pintadas en los puntos kilométricos. En este caso ya no pensé que eran “cutres”, comprendí que tanto cartel era un gasto inútil. Las señales de velocidad las indicaban en los únicos postes obligatorios de una carretera; los puntos kilométricos.

De regreso por Bélgica nos dimos cuenta que aquí sí habían señales de trafico, pero las justas. Lo mismo en Francia. Al volver a España fuimos conscientes del derroche “cartelista” de nuestro país. Carteles indicando si la carretera es estatal, o es de la Junta de Andalucía, o es de la Xarxa, o del Estat, o de la Generalitat o de las Xuntas o de la madre que los parió a todas juntas.

Claro, estos carteles son muy importantes. Por ejemplo, cada vez que voy a Madrid y leo “Carretera del Estado – Autovía del Mediterráneo” me siento reconfortado sabiendo que la carretera es del Estado y que voy por el camino correcto; la autovía del Mediterráneo y que además, pronto pagaré el impuesto peaje revolucionario. Verdaderas infraestructuras “cartelistas” al más estilo Bolivariano pensando que los ciudadanos somos imbéciles. Solo falta en cada cartel, el “careto” del responsable y ya puestos que pongan también el de su madre.

Si a esto añadimos todos los carteles que anuncian proyectos de construcciones de la generalidad, la Junta, la Xunta, la Comunidad de... y sin olvidarnos de los famosos carteles de Plan E-stúpido, comprobamos que España está sembrada de carteles de la imbecilidad. Carteles que solo sirven para adular a los reyezuelos de las Taifas y para hacer millonario a los primos de los monarcas autonomistas. Porque supongo sabrás que los carteles los fabrican los primos, cuñados o sobrinos y que las comisiones mojan a todos los buitres políticos territoriales.

Pero no acaba aquí la historia estúpida. Para satisfacer la imbecilidad endogámica, todos los carteles se duplican en lengua tribal.

Eso sí, la administración con su afán de la integración y de la igualdad, fabrican los carteles para disminuidos visuales, carteles inmensos con el sello de la fanfarronada española que hasta los miopes pueden leer a kilómetros y sin gafas. Solo se han olvidado de los invidentes y puestos a ser imbéciles podían hacerlos también en braille.

El problema es que cuando sales de la cueva y viajas por el mundo descubres que no todo es imbecilidad y corrupción. Holanda me la ha clavado dos veces: con los puentes y con los carteles. Y España nos la está clavando, entre muchas cosas, con los carteles de la imbecilidad.

La España de la imbecilidad se gasta anualmente 2.000 millones de euros de nuestro dinero entre carteles nuevos, reparación y reposición. Carteles que solo son propaganda institucional. ¿Y aún te preguntas por qué te suben los impuestos?

Así lo pienso y así lo digo

El clima
MIQUEL PORTA PERALES ABC Cataluña 4 Mayo 2012

DESDE hace unos cuantos meses —por poner una fecha: desde la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 2010 sobre el Estatuto—, el clima político en Cataluña se está enrareciendo. El nacionalismo catalán está decepcionado, porque el Estado —España, dice— no muestra ninguna sensibilidad hacia Cataluña y, por si eso fuera poco, incumple lo prometido. Esto es, no reconoce la personalidad de Cataluña, lamina las competencias de la Generalitat y no paga los millones de euros a los que comprometería la adicional tercera del Estatuto.

Como consecuencia de todo ello, como consecuencia de la voluntad de un Estado —de una España— siempre dispuesto a adelgazar o aplastar la autonomía catalana, no quedaría otro remedio —las propuestas son varias según quien las plantee— que la insumisión fiscal, la transición nacional, el referéndum de autodeterminación o la independencia exprés para evitar que Cataluña —como afirma Jordi Pujol— «desaparezca».

En suma, en el proyecto español —como asegura el mismo Jordi Pujol—, «Cataluña no tiene sitio». Y, ¿qué ocurre cuando a alguien no le quieren o no le dejan espacio para vivir o sobrevivir? Pues, se va con la música a otra parte. No resulta difícil dar la réplica a ese discurso. En una democracia las resoluciones del Tribunal Constitucional se cumplen —la Generalitat sí cumple y exige el cumplimiento de las resoluciones del Alto Tribunal que le son favorables—, nadie quiere aplastar la autonomía catalana por el hecho de reclamar el cumplimiento de la ley, la adicional tercera del Estatuto —como señaló el Tribunal Constitucional— no puede condicionar los presupuestos del Estado, y España no desea la desaparición de una Cataluña que sí tiene sitio en la España democrática. ¿Qué ocurre aquí? Que unos no quieren estar en España y otros amenazan con la insumisión o la independencia para marcar perfil político y/o obtener lo que se reclama. Por y para ello se enrarece a conciencia el clima —se tensa la cuerda— de la política catalana. Mal vamos.

AUDIENCIA NACIONAL
Condena de 36 años de cárcel para un etarra por el asesinato del sargento Goikoetxea
También castiga a Jesús María Martín Hernando, 'Txus', a indemnizar con 300.000 euros a la viuda del mando de la Ertzaintza asesinado por la banda en 1993 en Bilbao
VASCO PRESS | BILBAO El Correo 4 Mayo 2012

La Audiencia Nacional ha condenado a 36 años de cárcel al etarra Jesús María Martín Hernando, 'Txus', por el asesinato del sargento mayor de la Ertzaintza Joseba Goikoetxea el 22 de noviembre de 1993 en Bilbao. Asimismo, el tribunal le impone indemnizar a la viuda de Goikoetxea con 300.000 euros y con 100.000 euros a cada uno de los cuatro hijos del asesinado.

La sala considera probada la participación del acusado en este atentado, realizando vigilancias y controles a la víctima, a la que finalmente dispararon a la cabeza mientras esperaba en su vehículo a que se pusiera verde el semáforo, en compañía de uno de sus hijos menor de edad entonces. Para ello estima como pruebas de cargo las declaraciones judiciales de dos de sus compañeros en el "comando Vizcaya", ya condenados por estos hechos, Lourdes Churruca y Joseba Martín Carmona, declaraciones que "coinciden en lo esencial y resultan corroboradas por elementos externos y objetivos", según señala la sentencia.

El tribunal advierte en este sentido que, aunque en el juicio tanto Churruca como Martín Carmona trataron de exculpar a Martín Hernando, alegando no recordar sus declaraciones anteriores y disignándole como un simple colaborador, "queda destacada su participación en el comando como miembro legal del mismo, como lisa y llanamente le conceptúa Martín Carmona".

Falso testimonio
De hecho el fiscal pidió que se dedujera testimonio por delito de falso testimonio a favor del reo a Martín Carmona, pero el tribunal ha rechazado esa posibilidad por entender que tanto él como Churruca han declarado en calidad de imputados, por lo que no están obligados a decir la verdad por juramento o promesa. "Debemos no acordar la deducción de testimonio interesada por el Ministerio Fiscal y ello sin perjuicio de que pueda surtir efectos dentro de los llamados procesos de reinserción, dentro de los cuales dijo el Ministerio Fiscal que se encuentra inserto el ya condenado Martín Carmona", indica.

El tribunal también rechaza una presunta enfermedad del acusado, alegada por su defensa, al entender que aunque está en tratamiento farmacológico "ni se constata alteración de sus facultades psíquicas en la época de los hechos ni menoscabo de las mismas para ser enjuiciado -en el juicio tuvo un comportamiento normal y equilibrado- ni alteración de su conocimiento para comprender el sentido de la pena".

Por otra parte, la Audiencia Nacional rechaza por falta de pruebas condenar a Martín Hernando por falsificación de placas de matrícula de automóvil por entender que no existen pruebas suficientes. También lo absuelve de pertenencia a banda armada ya que cumplió diez años de prisión en Francia por asociación de malhechores.


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