AGLI Recortes de Prensa   Sábado 5 Mayo 2012

Ladran, luego cabalgamos: en defensa de la libertad económica
Daniel Lacalle http://www.cotizalia.com 5 Mayo 2012

Si lo que llevamos en las ultimas dos décadas ha sido un catálogo de perlas intervencionistas, la semana no ha podido ser peor. Las declaraciones de la semana de Krugman, Draghi, Bernanke y de los defensores del banco malo –malísimo- son de enmarcar. Los intervencionistas estatalistas –cuya filosofía económica parte de la base de que el Estado es un ente cuyas decisiones económicas son por naturaleza bienintencionadas y como tales deben perdonarse sus errores- esperan que usted se sienta acorralado, que no vea otra solución y que acepte las ruedas de molino que nos quieren vender. La década de borrachera que comentábamos aquí.

La peor rueda de molino, y la más indignante, es la presunción de que hay que ceder mayores cuotas de nuestra libertad económica para que los mismos estados que nos han metido en ésta nos saquen de ella. La crisis de las hipotecas que tan bien diseñaron Greenspan y Freddie Mac y Fannie Mae –empresas públicas ambas- y la burbuja inmobiliaria que tan bien financiaron, entre otros, las cajas españolas –todas públicas- la queremos solucionar con nuevos entes promulgados por los mismos instigadores. Go Obama!, Go Griñan!, Go Fabra!

Desde la petulancia y prepotencia del que nunca ha equilibrado un presupuesto o manejado un negocio, les dicen que ellos tienen más y mejores soluciones que usted. Es curioso, porque yo me fío más de cómo maneja la economía una familia que se juega el pan o un empresario, que se juega la ruina, que un grupo de señores que, cuando quiebran un país, se van a su casa, reciben seis cargos públicos o privados y se dedican a dar discursos.

Por eso defiendo la libertad económica individual. Porque los incentivos perversos y el “riesgo/beneficio” de los estados y sus agencias no están alineados con los suyos o los míos como ciudadanos. Y no se trata de eliminar el Estado, que cumple funciones esenciales. Se trata de evitar el abuso del Estado. Asumir la teoría del buenísmo estatal de que actúan a favor del interés público no puede suponer un cheque en blanco para equivocarse y repetir. A un mal gestor se le quitan los fondos o se le envía al paro, o a la cárcel. A un mal gestor público se le hace consejero cuando pierde las elecciones.

Curioso que los estados y sus bancos centrales, que han endeudado la economía hasta asfixiarla, les digan que merecen que se les ceda aun más poder económico –como si tuvieran poco- en detrimento de las familias y empresas, que son las únicas que se han adaptado –y cómo- a la crisis, y que han actuado con prudencia. Y ladran. Porque para que usted ceda de motu proprio su último resquicio de libertad económica, deben imponer la táctica del miedo. “No hay otra solución” que hacer lo mismo que ya hicimos. ¡Repetiiiir! La patada hacia delante que aquí comentábamos. Y claro, para ello es esencial convencerles a ustedes de que no se puede reducir el gasto, ni reducir impuestos, porque si no, nos cargamos la economía, la que ellos hundieron.

Déjenme darles unos datos, cortesía de mi admirado profesor John B. Taylor (Stanford) y su colega Larry Summers (Harvard). Ninguna de las políticas de intervención-estímulo, desde 1970, ha generado beneficio alguno a la economía (pueden pedir el estudio aquí).

“Un Estado que es lo suficientemente grande para darte lo que quieres es también lo suficientemente fuerte para quitarte todo lo que tienes” (Thomas Jefferson)

Las políticas de estímulo son deuda. Y esas inyecciones de liquidez y tipos de interés artificialmente bajos son un robo. Un robo al bolsillo del ahorrador, al eficiente, a las pensiones, para financiar al ineficiente, endeudado y zombi.

Pero, además, no reducen el riesgo sistémico. Desde el año 2001, el impacto de las medidas intervencionistas sobre la volatilidad intrínseca de los activos y los mercados ha sido exponencial. Les recomiendo el informe “Volatility at world’s end. Deflation, Hyperinflation and the Alchemy of Risk” de Artemis (Volatilidad en el fin del mundo. Deflación, hiperinflación y la alquimia del riesgo). Les dejo unos datos. El total de estímulos monetarios aplicados en los últimos tres años y medio ha alcanzado los nueve trillones de dólares (9 billones europeos). Poniéndolo en perspectiva, los bancos centrales, ejemplo del “buenismo estatalista”, han creado masa monetaria falsa, deuda, equivalente a sacar del bolsillo de cada habitante de la tierra el equivalente al precio de un televisor de 55 pulgadas 3D. ¿Para qué? Para crear un crecimiento del PIB adicional cero (¿recuerdan el gráfico con el crecimiento de PIB ex deuda aquí.

Mientras el balance de la Fed es un 19% del PIB de EEUU, una salvajada, por cierto, el del BCE es ya un 30% del PIB de la Eurozona. Mientras el sistema bancario en EEUU supone un 85% del PIB, en Europa un 300% del PIB. En España la deuda pública alcanza el billón de euros, un 87% del PIB. Más madera.

El umbral del modelo de saturación de deuda, es decir, cuando una unidad adicional de deuda genera PIB cero o negativo, se sobrepasó hace muchos, muchos años. Pero no queremos aceptarlo. “Tenemos menos deuda que Japón” y nos merecemos más. Cuando lo que importa no es la deuda sobre PIB, sino el porcentaje de gastos financieros sobre ingresos, es decir, cuánto nos cuesta pagar esa deuda. Y la aceleración de la misma mientras se deterioran los ingresos. Pero, además, es que yo alucino que nos empeñemos en compararnos con quien lo hace mal o requetemal, y aludamos a nuestro derecho a hacerlo peor.Yo también tengo menos deuda que Donald Trump pero eso no significa que deba, ni pueda, endeudarme igual.

Si lo bancos centrales no intervinieran los tipos permanentemente, y fueran realmente libres, nos encontraríamos que un proyecto de un aeropuerto fantasma no se puede financiar al mismo coste, ni aproximado, que uno rentable y adecuado, por temas obvios. Ese mercado de tipos de interés libres sí que sería liberal y demócrata de verdad. Si los bancos no proporcionaran a los gobiernos el paraguas de facilitarles la financiación “para todo” y tuvieran que encontrarse con el mercado real, se generaría un control y eliminación de los proyectos inaceptables (“estratégicos”, los llaman ahora). Por supuesto, los bancos que se equivoquen en su concesión de créditos, que lo carguen contra sus accionistas y su capital, no contra el bolsillo del contribuyente. Y un poco de código penal.

La deuda es una droga. Una droga muy potente, porque nubla la prudencia analítica ante la vaga promesa de un futuro en el que todo se repaga con crecimiento, y hace que se obvien las alarmas que nos indican que la cosa va mal. Y los administradores de dicha droga continúan esperando que ustedes –y los inversores- se crean el timo de la recuperación en forma de “V” y el efecto beneficioso de la expansión monetaria.

La expansión monetaria crónica es deuda, no humo. Deuda que nuestros hijos y nietos, que nacen ya con miles de euros de deuda sobre sus cabezas, pagarán, y que impide la limpieza del sistema productivo, manteniendo la respiración artificial a sectores de baja productividad. Subsidiando al mal gestor sacando del bolsillo del ahorrador y eficiente.

En el año 2005, cuando tuve la oportunidad de conocer a Alan Greenspan, nos decía que las políticas intervencionistas de la Fed “puede que creen burbujas, pero contenidas, y mientras la percepción de riqueza se mantenga, el consumo no cae”. La misma fórmula hoy, con Bernanke.

Ante todo debemos aclarar algo. Greenspan, Bernanke, Draghi, Trichet etc no aplican medidas liberales. Intervenir e intervenir más no es liberar, es esclavizar. Decidir qué bancos se salvan y cuáles no, alterar cualquier atisbo de la ley de la oferta y la demanda, e ignorar el modelo de saturación de deuda del que siempre les hablo, no solo es peligroso, es suicida.

Déjenme terminar con unas pinceladas de tragicomedia:
Krugman, el señor del gasto, nos indica el ejemplo a seguir para salir de la crisis… Argentina. Sí, léanlo aquí.

Draghi, el señor de la patada hacia adelante, nos comenta que “las medidas de inyección de liquidez (LTRO) han conseguido evitar un problema de crédito”. Que se lo digan a los miles de negocios a los que se les ha retirado acceso al crédito para comprar deuda soberana insostenible y mantenerle el vial de crack a las empresas zombi “too big to fail”.

Alan Greenspan, uno de los mayores intervencionistas de la historia, y Bernanke, su discípulo más aventajado, nos dicen que “se necesitarán nuevas medidas acomodaticias”… “para que las bolsas y mercados se estabilicen”, cuando en realidad esas políticas lo que hacen es manipular el precio de las cosas. Encima, temporalmente.

Hablan en España de “negociar cómo sacar adelante el banco malo”. ¿Banco malo? No gracias, de esos ya tenemos muchos. Lo peor es que nos digan que se negocia el banco malo -malísimo- con fondos europeos “para que no suponga coste público”. ¿Pero de dónde se creen que sale el dinero del EFSF y de esos fondos europeos? De sus bolsillos, en impuestos. ¿Y sinceramente se creen que unos activos que no se han podido colocar en años van a recibir interés inversor a un valor en libros -muy descontado, me dicen- que no se cree ni Lady Gaga? Eso de que las entidades bancarias no pueden –no quieren- ampliar capital es una filfa. Unicredito hizo una ampliación de 7.500 millones sin problema. Lo que fastidia es el descuento al que hay que hacerla y el precio que la demanda establece. Ya saben, vivimos en el país de “el precio es el precio”, la demanda no importa y esperar a que escampe. Eso de que una entidad bancaria no puede quebrar porque se crea riesgo sistémico es otra filfa. Se crea riesgo sistémico en los puestos de sus directivos. El propio Emilio Botín lo decia en 2006 “hay que dejar que las entidades insolventes quiebren”. Y nada de chorradas de peligro para los ahorros. Peligro para los ahorros son las cuotas participativas y las preferentes.

La solución es simple y la que se ha dado en todo el mundo. Que algunos bancos insolventes quiebren y se subasten sus activos, que bajen los pisos lo que tengan que bajar, que se limpie el sistema y no se posponga la solución agrandando el agujero. Llevamos desde 2008 con este mismo tema...si lo hubiésemos hecho entonces, ya estaríamos hablando de recuperación.

Esta semana he oído palabras sensatas. ¡De políticos! Mucho donde recortar. Adelgazar el Estado. Aumentar la renta disponible a familias y empresas. No al rescate de la banca. Cordura. Unos exigen en la calle el derecho a continuar hundiendo la economía, con tres ministros de trabajo -que acumulan 600.000 parados cada uno- a la cabeza. Ladran, luego cabalgamos.

La carta del presidente
El fisco es un mal patrono
Francisco Cabrillo Libertad Digital 5 Mayo 2012

Hace un siglo, en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, el gasto público suponía, entre el 10 y el 15% del producto interior bruto de la mayoría de los países europeos. Hoy esa cifra ha crecido, se ha multiplicado por tres o cuatro y se encuentra en el intervalo del 40-50%.

Lo malo es que ese dinero tiene que salir de alguna parte. Y la única forma de financiar un gasto tan elevado es haciendo que todos los ciudadanos trabajen para el Estado de forma obligatoria. Si éste gasta, por ejemplo, el 40% de la renta nacional, sus súbditos tienen que trabajar cuatro días de cada diez para Leviatán, ese terrible monstruo marino que dio título a la gran obra de filosofía política de Thomas Hobbes y que identificamos con el Estado moderno.

Libertad Digital daba el pasado jueves la noticia del estudio del think tank Civismo sobre el Día de la Liberación Fiscal en España. De acuerdo con los datos aportados por esta institución, el contribuyente medio de nuestro país ha trabajado desde el día 1 de enero al día 4 de mayo de 2012 única y exclusivamente para pagar los impuestos con los que se financian las Administraciones Públicas. Sólo a partir de hoy, por tanto, podremos dedicar el dinero que ganamos a pagar la casa, la ropa o la comida de nuestras familias.

¿Cómo es posible que aceptemos trabajar tantos meses al año sin otra compensación que la promesa de unas remuneraciones en especie –en forma de carreteras, educación o sanidad– de dudosa calidad? ¿Por qué no obligamos al Estado a limitarse a cumplir aquellas funciones para las que fue diseñado como asegurar la defensa y el orden público, garantizar el cumplimiento de los contratos y atender a las personas que, por carecer de medios, necesitan protección y le exigimos que deje que cada uno gaste su dinero como crea más conveniente?

Decía Adam Smith en el capítulo primero de su Teoría de los Sentimientos Morales que cualquier persona, por egoísta que sea, se interesa por los demás y obtiene una satisfacción de la felicidad. Y es cierto. Pero algunos han llegado a pensar que el Estado se ha convertido en garante –aunque sea por la fuerza– de una idílica solidaridad social que todos compartimos. Me temo, sin embargo, que no sea esta la razón por la que aceptamos que el fisco nos obligue a trabajar tantos meses para financiar sus gastos. Lo que en realidad ocurre es que, en el Estado moderno, todos somos, al mismo tiempo perjudicados y beneficiados por las política de gastos e ingresos públicos. Se ha comparado alguna vez a este Estado con un grupo de personas formando un círculo, en el que cada una mete la mano en el bolsillo de la persona que tiene a su derecha para tratar de sacar la mayor cantidad de dinero posible; pero no es consciente de que quien se encuentra al otro lado, está quitándole lo que tiene en su bolsillo izquierdo. Y la situación es, en realidad, bastante peor. Porque el proceso de transferencias de renta no se hace sin costes. Los programas de gastos del sector público exigen, por el contrario, una enorme burocracia, que hace que mucha gente sienta que lo que paga no se corresponde con lo que le dan.

Está de moda, en ciertos ámbitos políticos e intelectuales, echar la culpa de todas nuestras desgracias a los mercados y a los empresarios. Pero, al ver los largos meses que separan el día uno de enero del día de la liberación fiscal, deberíamos, más bien, ser conscientes de que estamos trabajando para un patrono poco recomendable al que llamamos Estado.

Boicot socialista a las reformas
El Editorial La Razón 5 Mayo 2012

Los gobiernos socialistas de Andalucía y el País Vasco han planteado abiertamente «rebelarse» contra el plan de reformas de Rajoy y ayer anunciaron sendos recursos ante el Tribunal Constitucional por considerar que los recortes sanitarios a los inmigrantes ilegales violan preceptos fundamentales. Además, la coalición socialcomunista que preside Griñán ya ha anunciado que no aplicará la reforma laboral en la Administración andaluza. Recurrir al tribunal de garantías constitucionales es un derecho de las comunidades y nada habría que reprocharles a los mandatarios socialistas si no fuera porque utilizan ese derecho como ariete para arremeter y desgastar al Gobierno del PP. Si López y Griñán han abierto hostilidades contra Rajoy es porque siguen instrucciones precisas del secretario general del PSOE, quien el jueves anunció públicamente que los gobiernos en los que participan los socialistas «trabajarán para minimizar el efecto dañino» de las reformas.

Todo apunta a que es el comienzo de una estrategia obstruccionista a las normas generales destinada a presentar al PP como culpable de todos los males, especialmente en las comunidades donde gobierna el PSOE. Es la sobada táctica de desviar a terceros las responsabilidades propias, tan querida por nacionalistas y populistas. Ni que decir tiene que, por razones de credibilidad y de interés general, el presidente debe plantarle cara a este desafío y hacer valer el mandato que ha recibido de la gran mayoría de los españoles para sacar a España del agujero en el que la dejaron los socialistas.

Como es natural, las autonomías pueden hacer con sus competencias lo que crean más oportuno dentro del marco legislativo general. Es más, deberían ejercerlas con más decisión y audacia, de modo que si creen necesario cobrar íntegramente las medicinas, suprimir quirófanos o prescindir de interinos, háganlo y carguen con el desgaste político correspondiente. Tanto en Sanidad como en Educación, el Gobierno de la nación sólo está obligado a marcar las normas básicas e imprescindibles que garanticen la igualdad de derechos de todos los españoles. Pero fuera de ese marco, les corresponde a los gobiernos autónomos gestionarlas con eficiencia y rigor, con la financiación y los recursos humanos que crean más convenientes. En suma, que cada palo aguante su vela. Los ciudadanos están hastiados de ese comportamiento típico de los mandatarios autonómicos que sacan pecho a la hora de recaudar, pero luego se cobijan bajo las faldas del Estado a la hora de recortar. Griñán es muy dueño de emplear el dinero del contribuyente como mejor estime, ya sea en el PER o en contratar más funcionarios, pero en ningún caso podrá sobrepasar los límites de déficit y los legales que rigen por igual para todos los españoles. Otra cosa es que quiera hacer política de vuelo gallináceo contra el Gobierno de la nación, que nada tiene que ver con los derechos fundamentales.

Repugnante deslealtad
EDITORIAL www.gaceta.es 5 Mayo 2012

Los Ejecutivos socialistas de Andalucía y el País Vasco ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional los recortes en sanidad.

Mientras el PSOE ocupó el Gobierno, los socialistas no dejaron de reclamarle al PP que arrimara el hombro. En ciertos círculos llegó a prevalecer la idea de que la persistencia de la crisis se debía a su oposición sin cuartel. En realidad, sin embargo, los populares arrimaron tanto el hombro como les fue posible: casi todas las grandes decisiones de política económica que adoptó el PSOE contaron con el apoyo o la abstención del PP. De hecho, si algo cabe recriminarle a la oposición liberal-conservadora de aquellos años no fue su dureza, sino su excesiva tolerancia hacia un Ejecutivo que condujo a España al actual abismo. Pues bien, trocados los papeles, el PSOE debería empezar a exhibir esa responsabilidad patriótica que tanto le reclamaba al PP. Pero no, cuatro meses después de que los populares llegaran al poder, los socialistas han comenzado a desplegar la más desleal de las oposiciones posibles: la que consiste en utilizar las instituciones para canalizar las sectarias consignas partidistas.

Así, los Ejecutivos socialistas de Andalucía y el País Vasco ya han anunciado que recurrirán ante el Tribunal Constitucional los recortes en sanidad y en educación aprobados por el Gobierno central alegando que invaden sus competencias. Pero en verdad su propósito no es ese, sino emplear este asunto como caballo de batalla político contra el Partido Popular.

La irresponsabilidad es manifiesta. Primero, porque sanidad y educación no deberían ser asuntos de disputa partidista. Segundo, porque estos ajustes del gasto son imprescindibles para que las autonomías cumplan con su compromiso de déficit. Y tercero, porque el PSOE está tratando de aprovechar la tensión social que inevitablemente generan unos recortes –tan desagradables como necesarios– para tumbar al Gobierno y llegar al poder.

El resultado, por desgracia, puede ser catastrófico. Por un lado, si Andalucía y País Vasco se niegan a aplicar los recortes, es muy probable que no cumplan con los objetivos de déficit, lo cual nos ahogaría económicamente. Por otro, si la táctica frentista del PSOE triunfa en la calle, podemos terminar ahogándonos socialmente. En ambos casos, tal vez los socialistas lo tengan más sencillo para regresar a La Moncloa, pero será al precio de nuestra ruina política, económica y social.

Este no es, por consiguiente, el momento de intentar obtener réditos electorales a costa de hundir al país. El PSOE debería arrimar el hombro en esta coyuntura; y para ello no hace falta ni que renuncie a su discurso crítico con las reformas ni que vote a favor de ellas: basta con que no instrumente las instituciones para hacer campaña electoral y con que no las inaplique allí donde gobierna.

Acaso, sin embargo, sea pedir demasiado a un partido que llegó al poder en 2004 a lomos del Prestige, el “No a la guerra” y la intoxicación informativa del 11-M. Un partido cuya lealtad a España y a los españoles es discutida y discutible en la medida en que su única obsesión es copar las instituciones para crear redes clientelares que le permitan medrar en forma de oligarquía partitocrática.

Si de verdad hay algún socialista arrepentido por el calamitoso estado en el que han dejado a España, debería empezar por convencer a los suyos de que con estas poses y discursos políticos sólo están contribuyendo a rematar al país.

Rajoy empieza a reconocer el fracaso del Estado autonómico
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 5 Mayo 2012

Llevo tiempo diciéndolo: el Estado autonómico ha fracasado. Algunos, incluyendo el propio Rajoy, no querían reconocerlo pero todo indican que al fin se están rindiendo a la evidencia. Hoy sábado el Boletín Oficial del Estado publica una norma histórica. Es la primera vez, que yo recuerde, que se publica una norma para recentralizar competencias sin que ello se deba a una obligación internacional o comunitaria.

I. RAJOY, EL 1O DE ABRIL: "NO SE PLANTEA UN DEBATE SOBRE EL ESTADO AUTONÓMICO"
Unas declaraciones de la presidenta regional madrileña, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, sobre la conveniencia de recentralizar competencias como la sanidad, la educación y la justicia suscitaron un debate amplio.
El presidente Rajoy, en la línea de lo (al menos hasta ahora) políticamente correcto dio que "no se plantea un debate sobre el modelo autonómico".
Algunos han ido más allá y han llegado a calificar de sandeces estas propuestas.

II. RAJOY, EL 3 DE MAYO: HAY QUE "REPENSAR" EL ESTADO AUTONÓMICO
En su discurso en la toma de posesión del nuevo presidente del Consejo de Estado, el presidente Rajoy ha dicho, muy a la gallega, que el Estado autonómico "en modo alguno debe ser desandado", pero sí repensado y evaluado.
Estas declaraciones suscitan dos interrogantes:
1º. "Repensar" y "evaluar" el Estado autonómico, ¿es o no es "plantear un debate" sobre el mismo?
2º. ¿qué ocurriría si tras "repensarlo" y "evaluarlo" se llegara a la conclusión de que el modelo autonómico es ineficiente?

III. GOBIERNO DE LA NACIÓN, 5 DE MAYO: RECENTRALIZACIÓN DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE AGUA
Hoy sábado, 5 de mayo, el Boletín Oficial del Estado publica el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente.

¿Qué significado tiene esta norma?
A pesar de que el propio Tribunal Constitucional en sus sentencias 227/1988, 161/1996 consideró como constitucional el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, varios de los nuevos Estatutos de Autonomía aprobados en la "era Rodríguez" decidieron saltarse eso transfiriendo a las comunidades autónomas el ejercicio de facultades de policía de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias, así como para la tramitación de los procedimientos a que dieran lugar sus actuaciones hasta la propuesta de resolución.

El tribunal constitucional, en sus sentencias 30 y 32/2011 (de marzo de 2011) resolvió recursos contra los nuevos Estatutos de Andalucía y Castilla y León reafirmando el principio de unidad de gestión cuencas hidrográficas intercomunitarias.

Sin embargo, el gobierno Rodríguez, decidió ir contra las citadas sentencias aprobando un Real Decreto-ley 12/2011, de 26 de agosto, que añadió al texto refundido de la Ley de Aguas una disposición adicional decimocuarta que habilitaba a determinadas Comunidades Autónomas para el ejercicio de facultades de policía de dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias, así como para la tramitación de los procedimientos a que dieran lugar sus actuaciones hasta la propuesta de resolución.

Conviene advertir que ese Real Decreto-Ley que descentralizaba esta competencia, a pesar de lo dicho por el Tribunal Constitucional, NO FUE RECURRIDO EN SU DÍA POR EL PARTIDO POPULAR.

Pues bien, el Real Decreto-ley 17/2012, de 4 de mayo, de medidas urgentes en materia de medio ambiente deroga esa descentralización que operó el Real Decreto-ley de 2011, recentralizando ciertas competencias en manos del Estado.

Es la primera vez, que yo recuerde, que se el Estado aprueba una norma para recentralizar competencias sin verse obligado a ello por tener que transponer una norma de la Unión Europea.
Al final, va a resultar que no es ninguna sandez eso de dar marcha atrás en el fracasado modelo autonómico.

Las víctimas esperan que el Gobierno derrote a ETA sin «contrapartidas»
La AVT solo reconoce como mediadores a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detener a todos los asesinos de ETA con el fin de se les juzgue
efe / Madrid ABC 5 Mayo 2012

Las víctimas del terrorismo han mostrado su confianza en que el Gobierno no negocie con ETA, al tiempo que le han pedido al Ejecutivo un cambio de la política antiterrorista para conseguir la «derrota total» de la banda «sin contrapartidas».

En declaraciones a EFE, la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, ha coincidido con el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en no reconocer «ninguna legitimidad» a la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego, que ayer dijo que la banda terrorista ETA le ha transmitido que está «preparada para dialogar».

Las víctimas solamente reconocen como mediadores a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para detener a todos los asesinos de ETA con el fin de se les juzgue, ha señalado la presidenta de la AVT.

Las víctimas solamente reconocen como mediadores a la Policía
Pedraza ha opinado que «el lendakari Patxi López y el consejero vasco de Interior, Rodolfo Ares, creen que vivimos en Irlanda, pero no es así porque en España no ha habido ningún conflicto, sino que ha habido asesinos y víctimas».

Se ha preguntado «quién paga todo esto porque no solamente no están haciendo nada por derrotar a ETA, sino que se están encargando de traer verificadores y mediadores que están costando mucho dinero a los españoles».

La presidenta de la AVT ha mostrado su confianza en que el Gobierno no ha negociado ni negociará con ETA y le ha pedido al Ejecutivo un cambio en la política antiterrorista para conseguir la «derrota total» de la banda «sin contrapartidas».

Pedraza ha expresado su temor de que no haya nada que negociar porque haya compromisos adquiridos por el anterior Gobierno y haya que llevarlos a cabo.
Voces contra el Terrorismo

Por su parte, el presidente de Voces contra el Terrorismo (VcT), Francisco José Alcaraz, también ha mostrado su confianza en que este Gobierno no negocie con ETA, aunque ha indicado que «no le hace falta, si tiene como testaferro al PSOE en este proceso».

Alcaraz ha considerado que ante la presión que está sufriendo por los mediadores internacionales, el PSOE, el Gobierno vasco y los nacionalistas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy «está cediendo» en cuestiones como la presencia de ETA en las instituciones y la situación de los presos de la banda terrorista.

El presidente de VcT ha lamentado que se haya impulsado la «vía Nanclares» que es parte de lo pactado entre José Luis Rodríguez Zapatero y la banda terrorista ETA y que supone «un retroceso, un pago y una cesión a la banda terrorista ETA».

Ha apuntado que, a través de los mediadores, ETA reconoce que lo pactado había sido la cesión y el desarme, pero en ningún momento la disolución, con lo que «pone el listón muy alto para que se puedan dar el acercamiento y las excarcelaciones encubiertas».

Novedad editorial
Con prólogo de Tomás Gómez
Pablo Molina Libertad Digital 5 Mayo 2012

Zapatero tiene pensado publicar un libro que, según todos los indicios, hasta podría estar escribiendo él mismo sin apenas ayuda. Está en su derecho, faltaría más, así como la editorial que finalmente ha contratado la edición de esta obra que sin duda constituirá un acontecimiento literario de primer nivel, como ocurre siempre que un presidente de gobierno rompe a escribir tras abandonar sus responsabilidades políticas.

Pues bien, gracias a una intrincada investigación no exenta de sobresaltos, cuyas claves no podemos desvelar porque en ese caso tendríamos que matar a los lectores de este artículo, nos hemos hecho con el índice de esta Opus Magna llamada a revolucionar el pensamiento académico en el campo de las ciencias sociales. Aquí lo tienen en primicia:

1.- Cómo convertí al Estado Español en un Estado de Progreso: de Irak a Bibiana Aído
2.- El ladrillo es fascista
3.- Los mercados más aún

4.- El día que decidí cambiar el modelo productivo del Estado Español
5.- Energía verde contra el apocalipsis climático
6.- El Estado Español camino de la Champion Li

7.- Elecciones 2008: Pizarro y otros antipatriotas financiados con dinero talmúdico
8.- Solbes se pasa al fascismo y me lo cargo
9.- Corbacho bate records protegiendo derechos sociales

10.- Mostrando el camino al resto del mundo: mi Plan E (de Estadospañol)
11.- Camino de los 4 millones de trabajadores por el país
12.- La noche en que salvé a la Unión Europea

13.- La fracasada teutona se resiste a obedecerme
14.- Autonómicas 2011: el fascismo avanza en el Estado Español
15.- Valeriano consigue la proeza y bate a Corbacho: 5 millones de trabajadores por el país
16.- Retirada tras el deber cumplido

17.- Rubalcaba y Chacón: ¿quién me quiere más?
18.- Los mercados votan por Mariano
Epílogo: No os puedo dejar solos.

Se trata de un sumario provisional que podría experimentar ligeras modificaciones hasta el momento de su publicación, pero lo que resulta seguro es que el prólogo llevará la rúbrica de Tomás Gómez probablemente bajo el epígrafe "Lo que España debe a ZP", título que parece tener más posibilidades que el previsto inicialmente por el autor: "Aguirre debe ser depuesta por el Pueblo", considerado por la editorial escasamente apropiado para una obra con pretensiones universales.

En cambio el título del libro, apunten, ya está decidido: "Otro vendrá que bueno me hará". Vayan apartando 26 euros para septiembre que la cosa ya está en el horno.

Cataluña
UGT y CCOO de Cataluña recibieron 51,6 millones en subvenciones en 2009
Los dos sindicatos mayoritarios acapararon el 96,8% de las ayudas públicas repartidas por las administraciones autonómica, provinciales, comarcales y locales de Cataluña, pese a tener una representatividad sustacialmente menor, puesto que suman el 89,4% de los delegados.
Redacción www.vozbcn.com  5 Mayo 2012

Subvenciones recibidas por los sindicatos procedentes de las administraciones autonómica, provinciales, comarcales y locales de Cataluña en 2009 (fuente: sindicatura.org).

UGT y CCOO de Cataluña recibieron 51,6 millones de euros en 2009 en subvenciones procedentes de la Generalidad y del resto de administraciones locales, comarcales y provinciales de Cataluña, de un total de 53,3 millones repartidos por estas instituciones entre todas las organizaciones sindicales. Esto supone que los dos sindicatos mayoritarios acapararon el 96,8% de las ayudas públicas, pese a tener una representatividad sustacialmente menor, puesto que suman el 89,4% de los delegados.

En concreto, la organización dirigida por Josep Maria Álvarez recibió 26.039.195,09 euros en ayudas públicas a fondo perdido, mientras que el sindicato liderado por Joan Carles Gallego fue agraciado con 25.542.014,14 euros, según un informe de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña publicado este viernes.

En tercer lugar en el ranking por subvenciones recibidas, y a mucha distancia de UGT y CCOO, se sitúa Unió Sindical Obrera (USOC), con 957.501,24 euros; le sigue Intersindical–Confederació Sindical de Catalunya (I-CSC), con 355.561,85 euros, e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), con 247.041,66 euros. La lista la completan otras 17 organizaciones sindicales.

Subvenciones otorgadas a los sindicatos en 2009 en Cataluña, ordenadas en función de la entidad otorgante (fuente: sindicatura.org).

El Servicio de Empleo de Cataluña (SOC), perteneciente a la Generalidad, es la entidad que más ayudas ha concedido a los sindicatos (42,7 millones de euros, 80,2% del total), seguido por la Consejería de Trabajo (4,3 millones, 8,1% del total). También destacan las subvenciones otorgadas por el Ayuntamiento de Barcelona (poco más de un millón de euros) y por la Diputación de Barcelona (858.225,80 euros).

Múltiples irregularidades
En su informe, la Sindicatura de Cuentas denuncia que ‘se ha puesto de manifiesto en algunos casos que el otorgamiento de subvenciones por el procedimiento de concesión directa con carácter excepcional puede atentar contra el principio de igualdad y contra el derecho a la libertad sindical, debido a que no se da concurrencia al resto de organizaciones sindicales’.

Además, la institución fiscalizadora critica que, ‘en algunos casos’, la determinación del importe de la subvención se realice ‘en función de la representatividad’ del sindicato, aunque no se recoja normalmente en las bases reguladoras de las ayudas.

Otra de las irregularidades detectadas por la Sindicatura es la falta de publicidad del otorgamiento de la subvención una vez finalizado el procedimiento. Y, por último, constata que ‘la justificación documental de las acciones subvencionadas solo abarca el importe de la subvención otorgada’, mientras que la normativa exige que también acrediten ‘la realización de la obligación principal que motivó el otorgamiento de la subvención’.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Rajoy y los acuerdos del PSOE con la ETA
EDITORIAL Libertad Digital 5 Mayo 2012

La Comisión Internacional de Verificación, auspiciada por el ejecutivo vasco y las fuerzas nacionalistas para dar al problema del terrorismo de la ETA una dimensión internacional de la que carece, ha servido nuevamente de altavoz de las exigencias de una banda terrorista para chantajear al gobierno y a todos los españoles. La curiosa forma de "verificar" los supuestos pasos de la banda terrorista "hacia la paz" consiste para los chicos de Brian Currin en leer los documentos que la banda les hace llegar, un insulto a la inteligencia de todos los españoles por el que el grupito se embolsa suculentas cantidades cuya procedencia exacta todavía está por determinar.

Sin embargo, en esta ocasión, las actividades de la pintoresca comisión nos han permitido conocer también datos muy interesantes sobre las negociaciones que el gobierno de Zapatero, con Rubalcaba al frente, mantuvo con los terroristas hasta el último minuto en el diseño de la estrategia futura para claudicar ante la banda de asesinos con el mayor disimulo posible.

Así hemos podido saber que los socialistas jamás exigieron a la ETA el desarme de la banda sino tan sólo un cese definitivo de los actos terroristas, planificado en el tiempo para que se hiciera público unas pocas semanas antes de las elecciones generales y supeditado al compromiso de beneficios penitenciarios de todo tipo, que tuvieran como destino la liberación progresiva de los asesinos previo su acercamiento a las cárceles del País Vasco.

En este estado de cosas llegó el partido de Mariano Rajoy al poder, deudor de los compromisos alcanzados por el anterior gobierno a los que se hurtaron las únicas exigencias que justificarían cierta relajación en la dispersión de presos que forma parte de la política antiterrorista, como son la entrega de todas las armas, la disolución completa de la banda y el esclarecimiento de los más de 300 atentados aún sin resolver con la puesta de sus responsables a disposición de la justicia.

El gobierno insiste en que ni ha negociado ni negociará con la banda terrorista, circunstancia que se compadece muy mal con la puesta en marcha de su plan de reinserción de etarras que no es sino la continuación de las negociaciones por otros medios. La banda terrorista ETA ha situado siempre en el centro de sus reivindicaciones la anulación de la política penitenciaria antiterrorista como primer paso para la excarcelación de sus miembros a cambio de ciertas concesiones, por lo que resulta muy difícil creer que el plan de reinserción no persiga precisamente abundar en la estrategia diseñada en su día por Zapatero.

Si el PP de Mariano Rajoy quiere hacer honor a su promesa de no negociar con unos terroristas debe actuar en consecuencia. Mientras no se entreguen las armas y se castiguen todos los delitos pendientes, no hay razón para modificar ni un ápice el estatus penitenciario actual de los asesinos. Es lo que exigen las víctimas, es lo que exigen los españoles y es, sobre todo, la única decisión compatible con la existencia de un verdadero Estado de Derecho.

No entienden nada
LUIS VENTOSO ABC  5 Mayo 2012

PASMA la profunda burramia política con que se ha movido el PSOE en el País Vasco y Cataluña desde el zapaterismo para acá. Buena parte de su atractivo en esos territorios radicaba en que era un partido constitucionalista, o dicho de manera menos cursi y más clara: españolista. El PSOE aparecía tradicionalmente como la opción de los vascos y catalanes de izquierdas que no se sentían nacionalistas. Pero Zapatero tuvo una de sus visiones de naturaleza casi lisérgica: había que abrir el partido a los caladeros del nacionalismo, porque esto era «la España plural». Resultado: el PSC y el PSE entraron en una dinámica suicida y se lanzaron a competir para ser más nacionalistas que los propios nacionalistas. Un ejemplo de manual fue la deriva del inolvidable José Montilla, pésimo ministro de Industria, gestor pirómano que dejó a Cataluña empufada hasta las cejas, y president de paja, un guiñol de la Esquerra freakde Carod-Rovira. El resultado de esa simbiosis con los separatistas fue el que esperaba todo el mundo menos el agudo estratega de León: castañazo en las urnas y subidón de CiU. ¿Para qué comprar el sucedáneo teniendo el original?

La historia se está repitiendo en el País Vasco con el pusilánime Patxi López. Dentro de un año habrá allí unas elecciones a cara o cruz. Dos partidos que quieren la independencia, Amaiur y el PNV, pueden ganar y lanzar el gran órdago: «Y ahora, nos vamos», pues no es otro el anhelo de ambos. ¿Qué discurso alternativo podría ofrecer López para ganar votos y armar una línea de defensa? Pues el de reivindicar el proyecto de España como una idea solidaria y rentable (por ejemplo, en la feliz Arcadia de Otegi y Urkullu los jubilados vascos no cobrarían sus pensiones: sin la caja española simplemente no habría dinero para pagarlas, por el grave declive demográfico). ¿Pero qué hace López? Pues justo lo contrario. Se tira a la piscina del filonacionalismo, copia el léxico proetarra, invita a psicópatas asesinas con 20 muertos a sus espaldas a lacerantes foros de reconciliación y se pone al frente de la insumisión contra las medidas del Gobierno central. Un papelón, que acabará mal: subida del PNV, bajón del PSE y serio problema para España, que habrá de lidiar con un pulso contra su unidad.

López, como Montilla, como Odón Elorza, como Rubalcaba, no ha entendido nada. Los vascos que votaron a Patxi López buscaban un poco de oxígeno tras 30 años de PRI nacionalista. Solo querían que la realidad política se acercase a la realidad de la calle. Es decir: menos imposición idiomática en favor de un idioma que solo habla ¡el 16% de la población!, menos impunidad para las algaradas y la iconografía proetarra, más naturalidad en la relación con España. Derribemos fábulas: Bilbao, en costumbres y en idioma, se parece mucho más a Valladolid que, por ejemplo, Lugo. En resumen: esperaban que López españolizase un poco el País Vasco. Una oportunidad perdida, tirada al desagüe por un presidente acomplejado, que ha concedido al PNV, y en general al nacionalismo, una absurda superioridad moral. Ay, Alfredo, Alfredo?

Nos toman por idiotas
Jorge Soley www.gaceta.es 5 Mayo 2012

Y así siguen manteniendo su montaje

El Conseller de Economía de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell:

- rechaza suprimir las embajadas de la Generalitat en el extranjero...

- y reclama el pago de cinco euros por noche pasada en el hospital.

Y lo hace con toda la desfachatez del mundo y ¡con menos de 24 de diferencia!

Difícil añadir nada más

Política de reinserción
Los presos de ETA y el 'juego del gallina' (1): Los hechos
Mikel Buesa Libertad Digital 5 Mayo 2012

Si hay algo que resulta desconcertante en la actividad política de los gobiernos y de los partidos que los sustentan es la persistencia que, en ciertas ocasiones, tienen las ideas equivocadas. Tal ocurre porque en esa, como en otras actividades de la vida social, se da con mucha fuerza lo que, en la teoría del conocimiento, se designa bajo el concepto de "dependencia de la trayectoria", con el que se alude a la necesaria subordinación del saber actual a lo aprendido en el pasado. Pues bien, uno de esos elementos de la política en el que la dependencia de la trayectoria pesa como una losa es el que se refiere, dentro del ámbito antiterrorista, a la reinserción de los presos de ETA. Ello es así porque sus evidentes fracasos nunca han sido reconocidos. Antes, por el contrario, han sido interpretados como éxitos bajo el argumento de que basta con que haya habido un terrorista arrepentido para que haya merecido la pena el esfuerzo, aunque tal arrepentimiento no haya hecho mella en la organización a la que tal individuo pertenecía ni haya implicado el menor debilitamiento de ésta.

Vayamos, pues, con los hechos antes de adentrarnos en las causas que explican los reveses con que, en todas las ocasiones, se han saldado los intentos de abrir una brecha en ETA a partir de la reinserción de sus presos. El primer episodio a considerar es, evidentemente, la amnistía de 1977. De los 1.232 reclusos de ETA que salieron de la cárcel en aquella ocasión, 678 –el 55 por ciento– reincidieron en las actividades terroristas, coadyuvando así a la ofensiva terrorista que se desencadenó a lo largo de los seis años siguientes y en la que se cometieron más de 1.300 atentados –uno cada dos días, en promedio– y se asesinó a 365 personas –una cada semana–.

La segunda operación se desarrolló entre 1982 y 1985 tras el acuerdo Bandrés-Rosón, y la prórroga de éste impulsada por el senador Azkárraga, que dio lugar a la disolución de ETA (político-militar). Un total de 258 etarras fueron excarcelados o eximidos de responsabilidad sin mayores miramientos y, si bien la banda terrorista en la que estaban encuadrados desapareció, ello no impidió que alrededor del 70 por ciento de los "polimilis" rechazaran la reinserción para acabar integrándose finalmente en ETA (militar). Esta organización llegó a contar, en el período mencionado, con entre 1.500 y 2.000 militantes activos, con lo que se pudo dar continuidad a la ofensiva terrorista.

El tercer programa de reinserción es el que activaron los socialistas Enrique Múgica, desde el Ministerio de Justicia, y Antonio Asunción, desde Instituciones Penitenciarias, entre 1989 y 1996. Fue el complemento de la política de dispersión de presos etarras que se había iniciado en 1987 y se inspiró en la experiencia italiana del pentismo; es decir, la concesión de beneficios penitenciarios a los arrepentidos encarcelados de las Brigadas Rojas. Para ello, en 1988 se modificó el Código Penal con el fin de albergar la figura del arrepentimiento –entendida esencialmente como delación– en tanto que origen de decisiones administrativas orientadas a la extinción de las penas y a la concesión de la libertad condicional a los presos de ETA. La finalidad no era otra que, como escribió Ramón Jáuregui, "separar a los presos más blandos para que en un ambiente de mayor libertad pudieran dar los pasos necesarios para la reinserción... mientras que para los otros mantendríamos el régimen más duro que contempla el reglamento". Dicho de otra manera, se trataba de abrir una brecha en la organización terrorista para debilitarla por medio de la actuación sobre sus militantes encarcelados. La política penal se convertía así en un instrumento de la prevención contra el terrorismo.

Ni que decir tiene que, una vez más, la decepción fue rotunda. En 1989 la autoridad penitenciaria reclasificó a 322 reclusos de ETA –el 57 por ciento de los albergados, en aquel momento, en las cárceles españolas– para orientarlos hacia la reinserción. Sin embargo, a lo largo de un período de ocho años –entre 1989 y 1996– sólo logró que 115 etarras alcanzaran el tercer grado, concediéndosele la libertad condicional a 78. Ello hace un promedio anual de 14,4 presos para la referida clasificación y de 9,8 para la situación de libertad. Si se confrontan estas cifras con la media de etarras internados durante el período –537 anuales– se comprueba que la incidencia de la política de reinserción fue mínima: el 2,7 por ciento en el caso de los terceros grados y el 1,8 por ciento en el de las libertades condicionales. La reinserción hizo poca mella en ETA y no impidió que ésta mantuviera su campaña de atentados con un promedio superior a los veinte asesinatos al año mientras duró. No sorprende, por ello, que el reputado penalista José Ramón Serrano-Piedecasas, concluyera al respecto, en aquellas fechas, que "la experiencia recogida en España en los años de vigencia de esta institución –la del arrepentimiento– ha supuesto una clara exteriorización de su fracaso como medio para hacer frente al terrorismo".

Y llegamos así a la última de las ocasiones en la que se ha ensayado una política de reinserción de terroristas, la que corresponde a la etapa del más reciente gobierno socialista, en la que, siendo Alfredo Pérez Rubalcaba ministro del Interior, se puso en pie la llamada vía Nanclares, por ser la prisión ubicada en este pueblo alavés la estación término de los presos de ETA que han obtenido beneficios penitenciarios. Durante los casi cinco años en los que se ha desarrollado –entre junio de 2007 y abril de 2012–, de acuerdo con las fuentes periodísticas disponibles, ha habido 68 reclusos acogidos al programa correspondiente. De ellos, sólo 30 acabaron su periplo en la cárcel de Nanclares, mientras que al menos cinco fueron expulsados del programa por la autoridad penitenciaria y el resto lo abandonaron voluntariamente durante los seis últimos meses de su vigencia. Digamos que únicamente trece presos han llegado a obtener un régimen de prisión atenuada al amparo del artículo 100.2 del reglamento penitenciario; de ellos, a siete se les ha clasificado en el tercer grado y sólo dos han obtenido la libertad condicional.

Se trata, como puede verse de unos resultados muy mediocres si se tiene en cuenta que, durante el período de vigencia de la vía Nanclares, las cárceles españolas han albergado a un promedio de 608 presos de ETA. En efecto, en términos de tasas anuales, el programa impulsado por el ministro Rubalcaba apenas ha obtenido algún resultado con el uno por ciento de los terroristas encarcelados, siendo los que han llegado a la prisión atenuada tan sólo el 0,4 por ciento del total. Y, entretanto, ETA continúa con su andadura, aunque desde el verano 2009 ya no haya podido cometer atentados –debido a la presión policial– y desde septiembre de 2010 se considere en tregua. Ninguno de ambos hechos le debe nada a la política penitenciaria.

Sin embargo, por si no fueran suficientes los antecedentes mencionados para haber enterrado cualquier política activa de reinserción de terroristas, el ministro Jorge Fernández Díaz ha anunciado hace unos días un nuevo "programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de la ley" con la finalidad declarada de "alentar evoluciones positivas de separación respecto al control que las organizaciones criminales mantienen sobre sus presos". A nadie se le esconde que tal decisión llega de la mano de las presiones que, sobre el gobierno del PP, están ejerciendo tanto los partidos socialista (PSE) y nacionalista (PNV) como la representación de la Izquierda Abertzale –el movimiento que tutela ETA– en las instituciones. Y no se oculta en ella la aspiración de "romper las estructuras de ETA", según indicó el Ministro del Interior a los dirigentes de las asociaciones de víctimas del terrorismo.

¿Estará destinada esta iniciativa, como las anteriores, al fracaso? Eso creo, especialmente porque su planteamiento no ha modificado las causas que inexorablemente conducen a él. Unas causas que se pueden analizar mediante el juego del gallina, uno de esos instrumentos que propone la teoría de juegos y que tanto ayudan a entender los problemas en los que se expresan las conductas estratégicas de los seres humanos. Un juego al que dedicaré la segunda parte de este artículo.

"No vull pagar"
Populismo y peajes
Antonio Robles Libertad Digital 5 Mayo 2012

La relación que tenemos los ciudadanos con los políticos a menudo es de menosprecio, y la crítica pasa la frontera del análisis para convertirse en insulto. Nos valemos entonces de conceptos negativos, que nos ventilan el desahogo sin más zarandajas. Uno de los más utilizados es el de populismo, muy emparentado con la demagogia y la manipulación. Viene a cuento, a propósito de la campaña nacida en Cataluña contra los peajes de autopistas bajo el lema, "No vull pagar" (No quiero pagar"). Y viene a cuento porque el populismo no sólo es achacable a los políticos, también podemos abusar de él los propios ciudadanos.

Por populismo nos solemos referir a aquel liante de masas, –gobierne o no–, que tiende a minusvalorar la división de poderes, mangonear normas y leyes, y poner a su particular servicio las instituciones del Estado con el fin de gobernar o alcanzar el poder a través de la relación directa con el pueblo, entendido pueblo no como la suma de ciudadanos libres y distintos, sino como un todo mítico reducido al volksgeist o espíritu del pueblo. Asimismo la representación política, y la acción parlamentaria, a menudo es sustituida por la relación directa del líder con ese volksgeist, bien a través de la manipulación de sus emociones e instintos más primarios, o a través de eventos deportivos, plebiscitos y referéndums. A menudo, unos y otros recursos van juntos. El caso de Evo Morales al expropiar Red Eléctrica Española sin reparar en el derecho internacional y las obligaciones contractuales del libre comercio, pero sobre todo, ofreciéndola a "su" pueblo el 1 de mayo con la misma retórica peronista que su homóloga argentina, Cristina Kirchner, "como justo homenaje a los trabajadores y al pueblo boliviano que ha luchado por la recuperación de los recursos naturales... bla, bla, bla", representa buena parte de esos males. El líder ha tomado al Estado y sus reglas como patrimonio personal y como tal, lo quita y lo da como si fuera una divinidad.

De la misma calaña, aunque con retórica enmascarada de victimismo colonial, es la amenaza al Estado del secretario de organización de CiU, Josep Rull para pavonearse ante el "pueblo de Cataluña", de crear una hacienda propia catalana si el Gobierno de la nación no se aviene a concertar un pacto fiscal. Con el agravante de reconocer que provocaría "un choque de legitimidades democráticas", y abriría un escenario de conflictividad con el Estado que nos llevaría (habla en nombre del "pueblo") a hacer "un ejercicio unilateral de soberanía". Su populismo no repara en que no ha lugar a un choque de legitimidades, sólo a una insumisión al marco constitucional del Estado, único sujeto de soberanía. Bien que lo sabe, pero mientras tanto, siembra agravios en el corazón de los catalanes y solivianta sus emociones. Un delito de consecuencias imprevisibles.

Sin embargo, no sólo los políticos pueden ser populistas en esta edad de la adolescencia donde nos creemos con derecho a todo sin reparar en sus costos, sino también lo pueden ser los propios ciudadanos, solos o dirigidos por los propios grupos políticos. La Plataforma Prou Peatjes (basta de peajes), bajo el lema "No vull pagar" (No quiero pagar), nacida de años de agravios comparativos con las autovías del resto del Estado, considera que los catalanes estamos hartos de pagar, mientras en España circulan gratis. El agravio de los ciudadanos insumisos movilizados por SI, que después de años de demagogia de ERC cometen el mismo abuso contra la democracia que el político de turno, da prioridad a sus instintos emocionales más primarios; como ignorar la amortización de capital y beneficios, o el coste y mantenimiento de las infraestructuras viarias contratadas bajo reglas comerciales; ignora igualmente y desacata las leyes de las que emanan sus derechos, pero también sus deberes, y recurre al victimismo más ramplón de... "mientras Cataluña paga, España circula gratis". Esa perspectiva victimista les impide apreciar, que mientras comunidades enteras han estado décadas sin una red de autovías gratis ni autopistas de pago, Cataluña, Madrid y País vasco contaron con una red de autopistas de pago que permitieron su desarrollo. Si una decisión acertada, como fue la de generalizar las autovías a toda España para vertebrar el territorio, choca con trazados de autopistas privadas, parece razonable que antes de doblarlas, lleguen a donde no hay ni una ni otra.

Pero en todo caso, ¿quién renovó la concesión de la A–7 en 1999 después de expirar el contrato de concesión con el Estado, Sr. Pujol? ¿Por qué? ¿Quién decidió hacer la autopista de Manresa? El Gobierno de Jordi Pujol. ¿Por qué? Todavía corre el rumor de que los cinco mil millones de pesetas derrochados en la campaña del fallido partido reformista de Roca salieron de esa concesión. ¿Por qué la media de subidas de las autopistas catalanas fue del 5% por ciento el año pasado? Porque así lo dispuso el Gobierno de la Generalidad y del Estado en connivencia con las empresas beneficiadas. Si realmente las concesiones de las autopistas catalanas están más que amortizadas y las subidas anuales son abusivas, ¿por qué no se critica al Gobierno de la Generalidad, en lugar de recurrir al agravio permanente con el resto de España?

Al populismo del pueblo, se le ha sumado ayer, el del presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas con una carta a los organizadores de la campaña "No vull pagar" instándoles a que remitan sus quejas al Gobierno y no a Abertis, empresa concesionaria de la mayoría de los peajes de Cataluña. El colmo del victimismo y de la irresponsabilidad. Curiosamente, Salvador Alemany, presidente de Abertis es asesor del presidente de Cataluña. El oasis de aguas podridas refleja su verdadera cara.

Tenemos todo el derecho a que los peajes no sean abusivos y las amortizaciones no se prolonguen en el tiempo por intereses políticos. En Cataluña y en toda España. Eso sí justificaría la protesta, nunca sus métodos.

Cataluña
Artur Mas se olvida de la inmersión
El mismo día en que Martin Schulz avalaba el catalán, Mas obviaba este idioma en un foro europeo

MARÍA JESÚS CAÑIZARES / BARCELONA ABC Cataluña 5 Mayo 2012

Cuando José Montilla gobernaba Cataluña, los sectores más clasistas de CiU abundaron en la incapacidad idiomática del socialista. Que el ex líder del PSC no dominara el catalán y mucho menos otras lenguas extranjeras había sido objeto de burla por parte de los nacionalistas más recalcitrantes.

Llegó Artur Mas a la presidencia de la Generalitat y, con él, el control natural del catalán y un cierto desparpajo del inglés y el francés. Una habilidad que los asesores del «president» han intentado explotar, aunque la estrategia a jugado malas pasadas. Porque, el mismo día en que el presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, visitaba Barcelona y defendía el uso del catalán en esta cámara —incluso llegó a hacer un tuit en esta lengua—, el propio Mas se olvidaba de ese idioma en una cena que el miércoles por la noche ofreció a los asistentes a la cumbre del Banco Central Europeo celebrada en Barcelona.

Horas antes, el gobierno autonómico se veía obligado a desactivar la versión en inglés de una página oficial porque la traducción automática había convertido las palabras «president Mas» en «The president More».

Obviamente, sorprende que un defensor tan acérrimo de la inmersión lingüística en las escuelas —el ejecutivo autonómico se niega a cumplir las sentencias del Tribunal Supremo que defienden el bilingüismo—, pronunciara en inglés su discurso en la recepción de los banqueros que tuvo lugar en el Palau de la Generalitat.

¿Ganas de exhibir músculo internacional? ¿De marcar distancias con su predecesor y compararse con otros presidentes trilingües como la madrileña Esperanza Aguirre? Puede, aunque ello no era incompatible con una breve intervención en el idioma supuestamente propio de Cataluña —lamentablemente, en castellano ya se presuponía que no iba hablar—.

Hay otros ejemplos de los resbalones lingüísticos del dirigente nacionalista. Su burla sobre el acento de los niños andaluces fue bastante desafortunada, lo que le valió duras críticas a sus «aires de superioridad». Curiosamente, Mas tiene algo en común con Montilla, de origen andaluz: sus hijos acuden a una escuela privada donde aprenden inglés, castellano y catalán. Para ellos sí hay trilingüismo.

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