AGLI Recortes de Prensa   Domingo 6 Mayo 2012

El método oblicuo
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 6 Mayo 2012

Lo que debería ser una llamada a rebato en una declaración dramática se rebaja.

España afronta grandes problemas de todo orden, pero existe una amplia coincidencia entre los expertos que analizan nuestra situación y también en una gran mayoría de ciudadanos que uno de los principales es la estructura territorial del Estado, que no sólo no ha cubierto ninguno de los objetivos para los que se diseñó, sino que, de hecho, ha exacerbado bastantes de las patologías que pretendía curar. Su coste es inasumible, la distancia relativa en renta entre las comunidades más desarrolladas y las más atrasadas no ha variado y los conflictos nacionalistas se han agudizado hasta extremos de ruptura. Hubiera sido lógico que el nuevo Gobierno, del que se espera una ambiciosa tarea regeneradora, hubiese afrontado esta cuestión desde el primer momento de su andadura de forma directa y resolutiva. Sin embargo, no ha sido así. El discurso al respecto es de tono sedante y consiste en una blanda apelación a la necesidad de eliminar duplicidades y mejorar la eficiencia, combinada con un elogio al principio autonómico, del que se reitera que ha sido una de los grandes logros de la Transición.

Esta aproximación oblicua al fondo viene acompañada de igual cautela en la forma. Hace cuatro días el presidente del Gobierno eligió un discurso institucional en un foro tan poco excitante como el Consejo de Estado para hacer un impreciso llamamiento al PSOE para negociar una revisión no del Título VIII de la Constitución, sino de la gestión y el manejo de las autonomías en sus aspectos administrativos y financieros. Lo que debería ser una llamada a rebato en una declaración dramática en hora de máxima audiencia en la televisión o en un debate central en el Congreso se rebaja a una intervención de circunstancias ante una audiencia de togados venerables. Sólo nos queda el consuelo de la perplejidad.

Un sistema que agoniza
césar alonso de los ríos ABC  6 Mayo 2012

Si el unitarismo fue clave en el deterioro del franquismo, la negación de la unidad está siéndolo para el régimen actual. En nombre de la autonomía de las comunidades se organiza la resistencia a las medidas que exige la salida de la Gran Recesión y se convierte en imposible la creación de un nuevo modelo económico a la altura de la globalización. La ausencia de una conciencia unitaria no unitarista ha creado un autonomismo al servicio de aspiraciones basadas en mecanismos caciquiles. Hace veinte años era previsible el monstruo. Personalmente me planteé qué podría suceder «si España cae». Que cada uno haga su examen de conciencia.

¿Es posible la corrección del sistema? Pienso que sería necesaria una revolución: además de los cambios institucionales sería necesario el de las mentalidades: una mayoría sigue pensando en la bondad del modelo de Estado incluso a pesar de estar «abierto» al independentismo. Cierto que los de fuera, no lo ven así. Me refiero a los europeos que dirigen las instituciones de la UE. Me refiero al «mercado».

Se reconoce fuera que el Gobierno central ha tomado medidas durísimas pero desconfían de la realidad interior: lo que oculta el autonomismo en general y lo que se justifica en Cataluña y el País Vasco, en su deriva independentista, así como el incierto futuro de Andalucía después del encastillamiento en el tercermundismo que se acaba de inaugurar. Así que no hay día sin sobresaltos: Patxi López se rebela contra las medidas que plantea el Gobierno del PP; Artur Mas exige el pacto fiscal antes de dar el salto a la independencia? y día a día tenemos noticia de hechos como los bono basura valencianos, la tardía creación de sociedades de saneamiento en ciertos bancos, el crecimiento del paro que podría llegar a invalidar los presupuestos. En definitiva, todo permite pensar en un final del régimen autonómico aunque no sabemos cómo.

La quiebra de la fantasía de los 17 estados en miniatura
Editorial El Mundo  6 Mayo 2012

SE VEÍA venir desde hace mucho tiempo pero el momento ha llegado ya: el Estado tendrá que acudir el próximo mes de junio al rescate de las comunidades autónomas con una macroemisión de hispabonos por importe de 30.000 millones de euros para salvarlas de la suspensión de pagos. De hecho, según EL MUNDO revela hoy, el Gobierno acaba de conceder un crédito de 900 millones de euros del ICO a la Generalitat de Cataluña para que pueda hacer frente a los vencimientos de sus bonos patrióticos.

Cataluña acumula una deuda de 41.000 millones de euros, una cifra equivalente al presupuesto anual de la Generalitat, y tiene comprometidos unos pagos de 2.500 millones de euros a lo largo de este mes de mayo. De tratarse de una empresa privada, estaría abocada a presentar suspensión de pagos en los próximos días.

Peor es todavía la situación financiera de Valencia, que es una de las comunidades más endeudadas en relación a su población. Esta pasada semana, el Gobierno valenciano tuvo que renegociar el vencimiento de una emisión de pagarés de 500 millones de euros con Bankia, que, ante la imposibilidad de cobrar, aceptó refinanciar esa cantidad con un interés al 7%. Valencia debe más de 20.000 millones de euros y en mayo tiene que refinanciar unos 3.000 millones de euros, lo que requiere una urgente inyección de fondos del Gobierno. La suma de la deuda que tienen que devolver Cataluña y Valencia en lo que resta de año asciende a 16.000 millones de euros, lo que corrobora que si el Estado no acude en su socorro tendrán que suspender pagos.

El Estado tiene que acudir en socorro de CataluñaNuestro suplemento Mercados traza hoy una radiografía de la situación financiera de las autonomías que, sin exagerar un ápice, pone los pelos de punta. La deuda autonómica supera ya los 140.000 millones de euros, cifra que se ha triplicado desde 2005.

Esta situación es lo que explica que la agencia Standard & Poor's rebajara el pasado viernes su calificación a nueve comunidades autónomas. Las peor libradas fueron Cataluña y Baleares, cuyas emisiones están ya a un paso del bono basura, categoría donde ya se encuentra Valencia desde hace meses. La agencia habla en su informe de «despilfarro» y subraya que no se puede sostener su «mole de servicios».

La degradación de la calificación de las comunidades tiene una consecuencia práctica muy directa: que las entidades financieras que han suscrito su deuda no van a poder utilizarla como aval para refinanciarse a través del Banco Central Europeo (BCE), ya que éste no admite activos tóxicos o de baja calidad como garantía para prestar dinero.

Es verdad que bastantes comunidades han empezado a realizar recortes de sus gastos, pero, aun así, apenas han comenzado a adelgazar el gigantesco aparato burocrático que, en la práctica, supone la existencia de «17 estados en miniatura» por emplear una terminología utilizada por Aznar.

Cataluña, por ejemplo, que ha tenido que recurrir a la ayuda del Estado, mantiene todas sus embajadas en el exterior, no ha recortado un céntimo en sus políticas identitarias, se gasta cientos de millones de euros en sostener TV3 y amenaza con recurrir al Constitucional por agravios en los Presupuestos Generales del Estado. Pero está también el ejemplo de Andalucía, con el número de coches oficiales más alto del mundo occidental.

Resulta ya evidente para cualquier persona con sentido común, sea cual sea su opción ideológica, que esta faraónica estructura es imposible de financiar para un país de 45 millones de habitantes. Ha llegado el momento de despertar del sueño y afrontar la realidad.

Y la única manera de hacerlo es acometer una gran reforma del modelo de Estado con el acuerdo del PSOE y del PP. Pero no basta con un parche para seguir tirando sino que hay que acometer una profunda revisión de la Constitución, corrigiendo muchos de los abusos que se han cometido en las tres últimas décadas.

Pero mientras se negocia ese pacto, el Gobierno dispone ya de la Ley de Estabilidad Financiera, que le concede la potestad de intervenir las cuentas de las comunidades. No es lo deseable, pero el Ejecutivo no tendrá más remedio que dar ese paso si las autonomías no cumplen el plan de saneamiento y ajuste que deberían seguir a rajatabla a cambio del dinero que el Estado les va a entregar generosamente. Solidaridad, sí, pero para sanear sus cuentas y no para que la situación vuelva a repetirse al cabo de unos años.

Euro, Francia, Grecia
Mario Conde www.gaceta.es 6 Mayo 2012

La derrota de Sarkozy, si se produce, puede provocar un auge del partido de Le Pen.

Este domingo, el modelo de la Europa del euro, asimétrica, sin verdadera Unión Política, y sin soberanía fiscal auténtica, se someterá a dos tensiones procedentes de dos miembros muy diferentes. En primer término, Francia. La victoria de Hollande, socialista, de confirmarse en esta segunda vuelta, se proyectará en dos órdenes. Primero, el interno francés. Sus políticas parecen cargadas de cierto populismo que siempre se traduce en costes serios a medio plazo, aunque a corto pueda aparentar ciertos beneficios nominales para algunos sectores de la sociedad francesa. Previsiblemente los capitales desconfiarán de una Francia sometida a esos esquemas y tal vez esta desconfianza se traduzca en mayores costes financieros y menor volumen de inversión. La derrota de Sarkozy, si se produce, puede provocar, aunque no es seguro, un auge del partido de Le Pen. Todo ello tendrá consecuencias, además, en el orden europeo, porque el Frente Nacional es contrario al euro y Hollande pretende una mayor relajación de la política monetaria del BCE y una mayor opción teórica por el crecimiento.

El segundo frente es Grecia, un país técnicamente en la ruina, receptor de ingentes cantidades de dinero, que ha visto perdonada una parte sustancial de su deuda, y que con todo y eso tiene un horizonte social y económico muy complicado. Una parte de su clase política ha aceptado las condiciones impuestas por la Unión Europea para seguir recibiendo ayudas. Son los llamados partidos tradicionales. Pero la tensión social, en ocasiones preñada de violencia, que ha sufrido –y sigue sufriendo– la sociedad helena ha provocado, según las encuestas, un derrumbe de esos partidos tradicionales y la correlativa aparición de movimientos pendulares en los dos extremos: nacionalistas y extrema izquierda, que se manifiestan no dispuestos a ratificar los acuerdos previamente alcanzados con la Unión.

Reformas en el modelo autonómico
JOSÉ ANTONIO PORTERO MOLINA La Opinión 6 Mayo 2012

CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD DE A CORUÑA
Sigue el Gobierno con las reformas importantes y le toca ahora al Estado de las autonomías. Cambios en el modelo se han pedido desde todas las posiciones imaginables, desde las centralistas hasta las independentistas, pero no todas caben, claro. En 2005 PSOE y PP frenaron las exigencias nacionalistas del Plan Ibarreche, desapareciendo así el riesgo de fragmentación confederal del Estado. En 2010 el Tribunal Constitucional estableció en la sentencia sobre el estatuto catalán los límites del autogobierno. Un estatuto no puede vaciar ni definir las competencias estatales. Ni imponerle modelos de financiación ni relaciones bilaterales entre iguales. Ni fijarle los contenidos de la legislación básica en la que el Estado establece unos mínimos comunes a todas las comunidades. No existe ya, por lo tanto, peligro de descoyuntamiento del Estado pero seguimos sin resolver la complicada gestión de un modelo en sí mismo difícil de hacer funcionar con fluidez y eficiencia. La alternativa no es, por inviable, el derribo del modelo con el que todavía sueñan algunos centralistas irredentos.

El Gobierno, con mayoría absoluta en ambas cámaras y el apoyo de once comunidades, quiere reformar el modelo y nada hay de extraño en que quiera hacerlo fortaleciendo los poderes del Estado, las tendencias homogeneizadoras y centrípetas frente a la diferenciadoras y centrífugas. La constitucionalización en 2011 del principio de estabilidad presupuestaria pactada con el PSOE fue un primer e importante paso. Las medidas en sanidad y educación, las que vengan en comercio, administración local y administraciones públicas o la reciente recuperación por el Estado de la potestad sancionadora en las cuencas hidrográficas dan muchas pistas de cómo entiende el Gobierno que el modelo puede ganar en eficiencia.

Sin embargo, las comunidades no quedan indefensas porque la Constitución no da al Gobierno un cheque en blanco. El TC es, lo ha sido muchas veces, garante del derecho al autogobierno de nacionalidades y regiones. Pero además está la política.

El primer test ha sido el andaluz y el PP no va a empeñarse en perder elecciones que es lo que en unos años puede ocurrirle si su proyecto de revisión del modelo autonómico fracasa o es visto como un fracaso aunque no lo sea. Para evitarlo haría bien en ayudar sin favoritismos a los gobiernos territoriales y en contribuir a que los ciudadanos perciban con nitidez que sus gobiernos tienen responsabilidades propias que no pueden eludir endosándoselas al central. Andalucía tratará de hacerlo. Cataluña quiere más margen para hacer recortes más duros. Asturias sigue sin gobierno.

Aguirre quiere poner peaje en las autovías de las que la comunidad es titular. Galicia considera que ya hizo los deberes y Cospedal ya ha suprimido algunos organismos que parecían imprescindibles. Esa asimetría es consustancial al modelo autonómico y debe seguir siéndolo. Rajoy debe tenerlo claro para no pasarse de rosca y actuar con tranquilidad.

Sentido común versus centralismo irredento.
Nota del Editor 6 Mayo 2012

Los autonomistas no aportan razones, hacen como los izquierdistas y sindicalistas de nómina, atacan al adversario tildándolo de cualquier cosa.

Ningún autonomista apoya su posición mediante aspecto alguno que sea más eficaz a nivel autonómico que nacional, pues no existe, salvo si consideramos el servicio "indispensable" el mantenimiento del tinglado de la casta de profesionales de la política y de los partidos que nos esquilman libertades y dineros. Cualquier persona en su sano juicio y razón se da cuenta de que el tinglado autonómico es irracional, si no lo fuese, ¿ porqué no seguir el camino y llegar a la descentralización por barrios y luego por casas, pisos, familias e individuos ?.

No es que el estado sea el sistema más eficaz para todo, por el contrario, en muchos casos es absolutamente ineficaz, tanto por haberse metido en asuntos que en caso alguno debería como por la aparición de la ineficacia y corrupción cuando no hay control público.

Y para que haya control público, la primera medida debe ser la derogación de todas las leyes sobre lenguas regionales, para que todos los ciudadanos podamos ver en español todos los procedimientos del estado en todos sus niveles, y de paso suprimir los interventores, que han demostrado su absoluta ineficacia.

Rubalcaba y su Faisán
Carlos Dávila www.gaceta.es 6 Mayo 2012

El Faisán, seis años después, sigue piando, o cantando.

Infortunadamente, los protagonistas de aquel acto de colaboración con ETA continúan en activo: uno, Rubalcaba, en su gran papel estalinista de Largo Caballero, y el otro, Camacho, de diputado paracaidista por Zamora, donde no le quieren ver ni con pareja, él que ha mandado la Guardia Civil. Cualquier país decente tendría como una afrenta que este escandaloso caso esté aún sin resolver y que los que lo propiciaron anden hoy de copas con los ‘verifi cadores’ internacionales que se morrean con ETA y comen a nuestra costa en el Viejo de San Sebastián. Aquí no: aquí puede pasar que el que dio la orden encima quiera echar al país a la calle para seguir destruyéndolo, y que los policías que, bajo mando de aquel personaje, se chivaron a ETA no estén ya en la cárcel. ¡Qué peste...!

la crisis se agrava en españa
Cinco gráficos avanzan que 'lo peor está por llegar'
Los últimos indicadores económicos señalan que la crisis está empeorando.
Juan Carlos Barba Libertad Digital 6 Mayo 2012

El repaso de los indicadores económicos de los últimos días no puede dejar indiferente a nadie. La situación económica empeora aún más a cada semana que pasa, y los efectos de las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo (BCE) no están siendo ni mucho menos los esperados.

Comenzando por el sector servicios, el indicador más amplio es el IASS (Indicador de Actividad del Sector Servicios), que se basa en una amplia muestra de empresas que abarcan aproximadamente el 50% de la actividad económica. En febrero ha descendido, a precios corrientes, un 4,4% (aproximadamente un 6% a precios constantes). El declive del índice desde máximos, deflactado, llega ya al 27%.

En el primer gráfico se ve junto al IASS el Índice de Comercio al por Menor (ICM), que ha caído un 2,6% en marzo, la cifra menos mala en 11 meses. Sin embargo, y a tenor de otros indicadores, no parece que esto vaya a significar un cambio de tendencia, ya que son habituales estas oscilaciones. El ICM ha caído desde máximos un 21,1%, bastante menos que el IASS, lo que es normal si se tiene en cuenta que incluye alimentación y éste es el sector más inelástico ante caídas de la demanda.

El índice de grandes superficies se comporta peor que el ICM (como viene siendo habitual desde hace dos años) y cae un 3,6% (un 22,8% desde máximos).

El indicador más adelantado, el PMI de servicios, vuelve a descender en abril hasta 42,1, lo que muestra un recrudecimiento en el ritmo de deterioro del sector.

Respecto a la industria, destacamos el Índice de Cifra de Negocios (ICN), que desciende un 2,3% a precios corrientes en febrero, a pesar de que la inflación del sector supera el 3%. Es el peor resultado en más de dos años.

El PMI de manufacturas -el indicador más adelantado- señala un deterioro aún más agudo para los próximos meses, ya que ha registrado en abril el peor dato en 34 meses (43,48).

El turismo también arroja datos muy preocupantes, con un descenso de las pernoctaciones de extranjeros del 3,8% en marzo, lo que supone el primer descenso desde noviembre de 2009, aunque la cifra aún está por encima de la del pico de 2008.

El transporte internacional de pasajeros por avión también sufre en marzo su peor declive (-1,2%) desde noviembre de 2009 (excluimos abril de 2010 por las peculiaridades del tráfico aéreo en ese mes). Esto es reflejo del deterioro en la situación económica de los principales mercados de nuestro sector turístico, que son los países europeos.

Los indicadores de construcción siguen cayendo a marchas forzadas. El consumo de cemento en marzo desciende un impresionante 36,5% y se va a su peor nivel desde 1968 (-75% desde máximos). El número de visados de obra nueva vuelve a desplomarse en febrero, esta vez un 43,8%, hasta las 4.600 viviendas, lo que supone el peor febrero de la historia y un 93% de descenso desde máximos.

Los indicadores que vamos conociendo de abril -ya hemos mencionado el PMI de manufacturas- están siendo bastante malos, con la excepción del consumo de electricidad, que sólo cae un 0,9%. Sin embargo, el consumo de electricidad por parte de las grandes empresas industriales desciende un 8,5% (corregido de calendario, sobre el 5%), lo que da idea de los problemas que está sufriendo el sector.

Las matriculaciones de automóviles se han quedado en 56.319 (desestacionalizadas), lo que supone un descenso del 21,5% y el peor abril desde 1986. Las de camiones se comportan aún peor, descienden un 25,1% y tocan mínimos desde 1984.

Por último, mencionaremos las ventas de las grandes empresas, que es el indicador que hasta que comenzó la crisis mejor correlacionaba con el PIB. Cae en marzo un 6,86% (cifras corregidas y deflactadas), encadenando siete meses seguidos de descensos. Realmente, desde que comenzó la crisis este indicador sólo ha estado en positivo 6 de los 50 meses que dura ya.

Lo peor, sin embargo, es el dato de exportaciones, que descienden un 2,75% respecto a marzo de 2011. No olvidemos que las exportaciones de las grandes empresas son el grueso de las exportaciones de la economía española, y que las esperanzas de que el doloroso ajuste al que estamos sometidos tenga éxito están depositadas casi íntegramente en ello. Es el peor dato desde octubre de 2009.

El empleo sigue, como no puede ser de otro modo, reaccionando de una forma extraordinariamente negativa, con el paro desestacionalizado de abril aumentando en 70.550 personas, la peor cifra desde abril de 2009 y las afiliaciones desestacionalizadas aumentando en 72.790 personas.

En conclusión, los datos que han ido saliendo en los últimos días muestran la pésima reacción que está teniendo la economía ante la situación europea. Es muy dudoso que lo que estamos viendo sea fruto de los ajustes emprendidos por el Gobierno, pues los gastos no financieros de la administración central han crecido un 13,1% hasta marzo.

Aunque desconocemos la cifra de gasto del resto de administraciones en el primer trimestre, no es probable que los recortes hayan sido todavía grandes. Está claro que finalmente la restricción del gasto público (en mayor o menor medida) tendrá lugar, y entonces es cuando realmente se notarán sus efectos contractivos sobre la actividad económica, que se añadirán a lo que ya estamos viendo.


España rescatará a sus autonomías con 30.000 millones en 'hispabonos'
CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO MADRID EM6

El Tesoro iniciará el mes que viene las emisiones para salvar a aquellas comunidades que se hallan al borde de la bancarrota
Cataluña ha tenido que pedir esta semana 900 millones al ICO para pagar los vencimientos de sus 'bonos patrióticos'
Standard&Poor's critica el «despilfarro» y la «mole de servicios» de los Gobiernosautonómicos al rebajar su 'rating'

El Estado tiene que acudir en socorro de Cataluña .
El Gobierno de España lanzará a partir del mes de junio una gigantesca operación de rescate para salvar a algunas comunidades autónomas de la suspensión de pagos. En total, el Estado emitirá títulos (los llamados hispabonos) por valor de unos 30.000 millones de euros para hacer frente a los vencimientos de la deuda y para poder financiar el déficit de las autonomías que no están en disposición de hacer frente a sus compromisos financieros y que ya no logran colocar sus emisiones en los mercados.

En estos momentos, el Ministerio de Economía y Competitividad perfila técnicamente esa macrooperación. Una de las opciones es que las comunidades autónomas que lo soliciten puedan emitir deuda con la garantía del Tesoro.

En total, este año las comunidades autónomas tendrán unas necesidades de financiación de 50.000 millones de euros. De ellos, 35.000 millones se corresponden con vencimientos de deuda. El resto se necesita para cubrir el déficit generado durante este año y que supondrá el 1,5% del Producto Interior Bruto si se cumple con el objetivo de déficit para 2012 (5,3% para el conjunto de las administraciones).

La comunidad más endeudada es Cataluña, que acumula una deuda de 41.778 millones de euros (el 20,7% de su PIB), según datos del Banco de España.
Precisamente esta semana, la Generalitat ha tenido que recurrir al ICO para obtener un crédito de 900 millones con el que hacer frente, entre otras cosas, al vencimiento de intereses de sus bonos patrióticos.

El pasado viernes, la agencia de calificación Standard & Poor's (S&P) degradó el rating de nueve autonomías, entre ellas Cataluña, que quedó a un solo escalón del bono basura (BBB-). En su informe, S&P pone en duda precisamente la capacidad de Cataluña para devolver su deuda.

El Estado tiene que acudir en socorro de CataluñaEn la misma situación ha quedado la comunidad de las Islas Baleares, que acumula una deuda de 4.432 millones de euros (el 16,3% de su PIB). Por debajo de este nivel, en la clasificación de bono basura, ya se encontraba la Comunidad Valenciana, que es la segunda autonomía más endeudada detrás de Cataluña: 20.762 millones de euros (el 19,9% de su PIB).

S&P critica en su informe el «despilfarro» de los gobiernos autonómicos españoles al mantener tras las elecciones de 2011 una «mole de servicios» que no podían financiar. La agencia también critica que el ICO no sea más exigente con las autonomías cuando les presta ayuda, tal y como acaba de hacer con la Generalitat catalana.

Cataluña y Valencia por sí solas tienen que hacer frente a unos vencimientos de más de 16.000 millones de euros durante este año. Por tanto, para ellas será más de la mitad del paquete de rescate que el Gobierno lanzará a partir del mes de junio en forma de hispabonos.

La comunidad presidida por Alberto Fabra tuvo que recurrir esta semana a la ayuda de Bankia para colocar 500 millones de deuda, con vencimiento a seis meses, a un tipo del 7% (cuatro veces el que se aplica a la deuda del Tesoro).

Esa situación es insostenible y por ello Economía ha decidido acelerar los planes para el rescate de las autonomías con mayores problemas, entre las que también se encuentran Castilla-La Mancha (con una deuda de 6.587 millones: el 18% de su PIB), Murcia (2.806 millones: el 10,1% de su PIB), o Andalucía (14.314 millones: el 9,8% de su PIB).

La rebaja de la calificación de S&P supone un problema adicional, según dijeron a EL MUNDO fuentes solventes. A partir de ahora, para las entidades financieras que tienen deuda de las autonomías será mucho más difícil financiarse en el Banco Central Europeo, ya que no podrán utilizarla como garantía al tener la misma consideración que una inversión especulativa.

El Gobierno espera que el BCE haga una excepción, para no poner en más dificultades a las entidades que ya de por sí tienen problemas de liquidez y sólo pueden financiarse en dicha institución.

"ES INMORAL"
Alcaraz: "El PP recoge los compromisos del PSOE con ETA"
Francisco José Alcaraz ha visitado este domingo los estudios de esRadio en el arranque de las novedades de programación en fin de semana.
 Libertad Digital 6 Mayo 2012

El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, ha visitado este domingo los estudios de esRadio en la emisión del segundo programa del nuevo formado de Sin Complejos, dirigido por Luis del Pino y primer espacio de la nueva "Es la mañana del Fin de Semana".

Cuando se cumplen seis años del chivatazo al aparato de extorsión de ETA en el Bar Faisán; después de que la llamada comisión de verificación hiciera de mensajero de ETA para pedir una negociación al Gobierno de Rajoy y tras la negativa de Fernández Díaz a reconocer a dicha comisión cualquier legitimidad y dejar claro que el Gobierno ni ha negociado ni negocia ni negociará con ETA, Francisco José Alcaraz le da un voto de confianza al Ministro.

Según ha señalado en los micrófonos de esRadio, yo sí que creo que el PP "ni ha negociado ni creo que vaya a negociar", en cambio, el que "ha seguido negociando es el PSOE", como siempre ha insistido Jaime Mayor Oreja.

Precisamente, recordaba al eurodiputado popular porque, según Alcaraz, las informaciones de este sábado en El País que señalaban cómo el partido socialista negoció hasta el último minuto con ETA, no hacían más que confirmar las denuncias que siempre ha hecho el ex ministro del Interior: "El tiempo ha vuelto a darle la razón a Jaime" y deberían pedir perdón, decía, "quienes le pusieron en duda". Para Alcaraz, es claro que "hay muchos dirigentes del PP que quieren ir contra Jaime Mayor".

En cuanto a la negociación, seguía Alcaraz, no cree que el Gobierno del PP la esté manteniendo con el PSOE, simplemente "está recogiendo los compromisos que ya adquirió el PSOE con los terroristas", y está "llevando adelante los compromisos". Algo que, para el presidente de Voces contra el Terrorismo, "es inmoral" e indigna a las víctimas. En cualquier caso, señala que ha podido hablar con muchos militantes del PP y "no hay nadie que pudiera justificar una hipotética negociación de Rajoy con ETA".

Finalmente ha lamentado que el PP ha cambiado y "la política antiterrorista en este momento es la que teníamos con Rubalcaba" aunque "hemos votado para que haya cambio".

SEXTO ANIVERSARIO DEL FAISÁN
17 llamadas que sacudieron la cúpula de Interior
Los investigadores apuntan a tres altos cargos policiales como autores del soplo, entre ellos, al que fuera director general de la Policía.
J. Arias Borque Libertad Digital 6 Mayo 2012

Pese a los intentos de los por entonces máximos responsables del ministerio del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba y Antonio Camacho, por negar la evidencia, la investigación del chivatazo a ETA sacudió los cimientos del ministerio cuando el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska imputó directamente a tres altos cargos policiales como los autores del soplo.

Exactamente, al por entonces director general de la Policía Nacional, Víctor García Hidalgo; al Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamiés; y al inspector de la Brigada de Información en Álava, José María Ballesteros. Los hechos fueron un paso más adelante cuando el teléfono móvil número 68674XXXX, utilizado por Camacho, entonces secretario de Estado de Seguridad, apareció en el sumario entre las 17 llamadas clave de la delación a ETA, según los investigadores.

La decisión de llevar a cabo la operación policial se toma el 3 de mayo de 2006 en el despacho que el magistrado tiene en la Audiencia Nacional. Una vez informado de que el dueño del bar Faisán, Joseba Elosúa, tiene en su poder las "nueve botellas de vino" –6.000 euros por cada botella, según los investigadores– que le entregó el dirigente del PNV Gorka Aguirre en la sidrería de Oyarzun (Guipúzcoa), Marlaska dio luz verde a la operación policial.

Según las pesquisas de los investigadores, la puesta en marcha del operativo llegó rápidamente a oídos del máximo responsable por aquel entonces de la Policía Nacional en el País Vasco, Enrique Pamiés, quien no habría dudado en ponerlo en conocimiento del director general del Cuerpo, Víctor García Hidalgo. Ambos habrían hablado en dos ocasiones, siempre por iniciativa de Pamiés. La primera vez, sobre las 22.00 horas, durante casi 28 minutos. La segunda vez, a las 22.43 horas, con una duración de 7 minutos.

Tras conversar con el Jefe Superior de la Policía en el País Vasco, García Hidalgo se puso entonces en contacto con el por entonces secretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Rubalcaba, Antonio Camacho. La primera de esas llamadas fue a las 22.50 horas, justo después de colgar a Pamiés, y tuvo una duración de 2 minutos. A las 22.52 horas una nueva conversación, pero tan sólo duró 21 segundos.

Las conversaciones telefónicas continuaron esa noche. A las 23.20 horas, Pamiés volvió a ponerse en contacto con García Hidalgo, en una conversación telefónica que duró 10 minutos y 43 segundos. Tras esta llamada, el por entonces jefe de la Policía en la comunidad vasca habría intentado contactar con el dueño del bar Faisán. Al no poder hacerlo, se puso en contacto con uno de sus hombres de confianza, el inspector José María Ballesteros, que estaba destinado en la Brigada de Información de Álava, al que habría mandado ir la mañana siguiente hasta Irún, para contactar con Elosúa.

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Gobierno, ETA y los visitadores
Editorial www.gaceta.es 6 Mayo 2012

Los verificadores consiguen, sobre todo, buenas gratificaciones.

Desde sus orígenes, pero especialmente desde que vio cercano su final, ETA ha sentido la imperiosa necesidad de disfrazarse. Incluso unos criminales sin escrúpulos necesitan el amparo de una causa respetable, y, al margen de sus quiméricas pretensiones de representar a un pueblo perseguido y sojuzgado, ETA lleva deseando ser considerada como una fuerza que busca la paz, como un interlocutor responsable en un proceso normalizado de negociación. Son tan claros los intereses y los móviles de ETA que resulta realmente incomprensible que nadie se pueda prestar a legitimarlos, especialmente, si pretende hacerlo en nombre de ideales que todos respetamos o, peor aún, en nombre de España y de la democracia.

Pase lo que pase, ningún Gobierno debiera atreverse a ir un paso más allá de lo que marca la ley, de lo que exige la dignidad de la democracia, de los ciudadanos y de la libertad y, muy especialmente, por lo que debemos al respeto y la dignidad de quienes han sido víctimas de los crímenes de ETA. Esto es lo que ha recordado José María Aznar en un acto reciente, que hay que saber resistir a las tentaciones de disfrazar de perdón o de misericordia lo que no sería sino una forma de traición a la Constitución, a la libertad y a la vida de cuantos han muerto defendiéndola.
El Gobierno debe cuidarse especialmente de resistir la inercia de la política antiterrorista recibida, el regalo envenenado de una perpetua cesión que ha colocado a Bildu en las instituciones y que pretende sacar a los presos de las cárceles como si todo hubiese sido un equívoco o una exageración. Por eso resulta tan sorprendente como preocupante que al ministro del Interior se le haya ocurrido ponerse creativo y un nuevo “programa para el desarrollo de la política penitenciaria de reinserción individual en el marco de la ley”, olvidando, por cierto, el tremendo fracaso de todos los anteriores y, sobre todo, olvidando que carece de cualquier legitimidad democrática y electoral para continuar con políticas que han merecido el justo y frontal rechazo de sus votantes. No es política sino hipocresía y cobardía el intento de seguir diciendo lo mismo que se decía y empezar a hacer cosas distintas, justamente el tipo de cosas que ETA ha exigido al anterior Gobierno y que este no tiene ningún motivo para aceptar.

Por eso suenan bien los rechazos del ministro del Interior a las pretensiones de unos supuestos verificadores externos del proceso de disolución de ETA. No basta, sin embargo, con que suenen bien; es necesario que las obras se atengan a las palabras y que la política del Gobierno se enderece únicamente a la desaparición de ETA, a la entrega de las armas y a su derrota policial y judicial. Fuera de eso que, por fuerza, ha de ser público y notorio, no hay nada que verificar y esperamos que el Gobierno tenga claras las ideas y mantenga firme su posición de mantener firmes los principios de la libertad, la Constitución y la democracia que son los que impiden considerar a ETA como un grupo ligeramente exagerado de abertzales y obligan a considerarlos como lo que son, como asesinos y enemigos de la libertad y de la democracia.

La tentación orwelliana es siempre muy fuerte en política, hacer una cosa y decir la contraria. Este Gobierno no debe ceder a esa tentación de ninguna manera, y bueno será que se ejercite en lo contrario, en mantener con firmeza los principios que dicen inspirarle, en sostener el imperio de la Ley y en defender, con la mejor lógica, que no necesitamos que nadie verifique nada en un proceso supuestamente delicado de disolución de una banda terrorista, porque nos basta con los jueces y con la Policía, como le ocurriría a cualquier Estado que aprecie mínimamente su dignidad y respete la voluntad inequívoca de sus ciudadanos.

Nada que negociar
El Editorial La Razón 6 Mayo 2012

Pocos días después de que el Ministerio del Interior aprobara las nuevas condiciones a las que se pueden acoger los terroristas encarcelados para mejorar su estatus penitenciario, la banda ETA ha transmitido a través de terceros su disposición a negociar con el Gobierno un hipotético desarme. Al mismo tiempo, ha hecho saber por boca de sus dirigentes presos que la nueva política carcelaria, a la que tacha de «estratregia de presión y chantaje», no le satisface porque exige el arrepentimiento.

Poco o ningún comentario merecería esta nueva exhibición retórica de los terroristas, que no aporta novedad alguna, si no fuera porque partidos democráticos como el PNV y el PSE la han acogido con arrobada emoción y entusiasmo, como si asistiéramos a un regalo de la historia, de modo que si el Gobierno no se plega a la propuesta de los etarras caerá sobre nuestras cabezas la maldición de otros 50 años de atentados y asesinatos. Naturalmente, se trata de otro artificio de una banda que pretende enmascarar su derrota con una negociación entre iguales y legitimar medio siglo de terrorismo.

Pretensión para la que cuenta con el apoyo incondicional de los nacionalistas y de una parte de los socialistas, partidarios de pasar página sin vencedores ni vencidos. Flaca memoria e indigno homenaje para los correligionarios de ambos partidos que fueron asesinados por la espalda. Frente a ello, reconforta la reacción del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, quien ayer fue tajante: Éste Gobierno ni ha negociado, ni negocia ni negociará jamás con ETA. Por supuesto, le niega a la llamada Comisión Internacional de Verificación (¿quién paga a estos señores: los etarras, Ajuria Enea o quién?) cualquier legitimidad con el aplastante argumento de que se bastan los jueces y las Fuerzas de Seguridad para comprobar si la banda se quiere rendir o no de forma incondicional.

Y en cuanto a las últimas medidas penitenciarias, el ministro también ha sido inequívoco: ETA engaña a sus presos cuando les promete una amnistía colectiva, porque sólo podrán acceder a beneficios carcelarios si se desvinculan de la banda, cumplen con los requisitos legales y, en última instancia, piden perdón. En suma, no es el Gobierno de la nación el que tiene que «mover ficha», como ansiosamente exigen los batasunos, peneuvistas y una parte del PSOE, sino la banda terrorista para anunciar su rendición, dónde entrega las armas y cuándo se pone a disposición de la Justicia. Tras medio siglo de terrorismo y casi 900 asesinatos, la sociedad española no admite otro punto final que éste. Tiene que haber vencedores y vencidos, que son los demócratas y las víctimas sobre los fanáticos y los verdugos. Así lo entiende el Gobierno de Rajoy y así debe entenderlo el principal partido de la oposición.

Kamorra
JON JUARISTI ABC  6 Mayo 2012

«HE visto que en mi tierra han aparecido pintadas contra mí? Un enorme ataúd con mi nombre. Luego están los insultos, las difamaciones continuas, empezando por la más corriente y vulgar: Menudo chollo ha encontrado ése». Son palabras de Roberto Saviano, el joven escritor napolitano cuyo libro sobre los negocios de la Camorra desveló las tramas del crimen organizado en su región natal. Como es sabido, Gomorra (2006) vendió dos millones de ejemplares y tuvo una secuela cinematográfica muy taquillera, dentro y fuera de Italia. «Ahora, con mi trabajo de escritor, puedo vivir, y pagarme mis abogados», afirmaba Saviano en su segundo libro, La belleza y el infierno.

La experiencia de Saviano no es muy distinta de la de algunos escritores vascos de mi generación, aunque no hayamos vendido tantos libros ni los hayan llevado al cine. Si no hemos conseguido vivir de lo que escribimos, nos ha permitido, al menos, pagarnos abogados, aunque algunos no quisieron cobrarnos. Tal fue el caso de los letrados que nos defendieron a Fernando Savater y a mí cuando fuimos demandados, hace varios años, por uno de los más conocidos delatores de la prensa nacionalista vasca: Xabier Lapitz (por entonces, creo recordar, subdirector del diario bilbaíno Deia). Tras aguantar durante largo tiempo sus insultos y difamaciones continuas, lo calificamos de «basura» y le acusamos de llamar la atención de ETA sobre nuestras personas. Lapitz nos demandó judicialmente, y su demanda fue desestimada a la vista de la colección de columnas de su autoría que nuestros abogados presentaron como prueba.

Lapitz perdió desde entonces su fe en la «Justicia española». Así lo dice y repite desde entonces. Lo que no ha perdido son sus inveteradas costumbres de chivato. En su columna del pasado domingo en Deia, arremetía otra vez contra Savater y un servidor de ustedes. Nada nuevo. Todo viene a resumirse en lo mismo que los camorristas de Nápoles insinúan de Saviano: Menudo chollo han encontrado ésos.
¿Por qué ahora? Tiene su explicación: la Kamorra abertzalees decir, la tupida red de intereses que vincula entre sí a las distintas organizaciones del nacionalismo vasco no quiere que nadie les estorbe en la reconstrucción de su hegemonía. Los presos de ETA a casa, por supuesto, pero que ni Savater ni Juaristi, a los que la radiante paz que nos concede la banda no debe nada, se atrevan a volver fiándose de la invitación al regreso que les dirige el actual gobierno de Patxi López. En la jerga gangsteril de Lapitz, sobra decirlo, Savater y Juaristi valen por todos los que tuvieron que irse del País Vasco amenazados por ETA. Si vuelven, advierte implícitamente Lapitz, que se atengan a las consecuencias porque la Euskadi apaciguada será sólo para los nacionalistas.

Por mi parte, volver a ese país encantador no entra en mis planes inmediatos, y no por cobardía, sino por asco. La fetidez moral de la Kamorra se te pega a la ropa apenas desembarcas en la estación de Abando. La tragedia vasca se resume en tres frases: se fue Savater, se quedó Lapitz, y volverán por navidades los heroicos gudaris de la bomba lapa. Pero, en fin, si eso es lo que quiere la mayoría de la parroquia, cómanselo con su marmitakoy no vengan después pidiendo sopitas.

La quiebra de la fantasía de los 17 estados en miniatura

¿Hasta cuándo aguantará el 'pufo' de la España de las Autonomías?
Griñán estrena presidencia andaluza con una defensa de lo autonómico y lo público y Cospedal dice que las autonomías son "parte de la solución"
Periodista Digital 6 Mayo 2012

El drama, al menos para los españoles de a pie, es que los políticos están encantados con lo que hay y parecen dispuestos a mantenerlo aunque sea un despropóisto.

Y aquí entran todos y de todos los colores. Hay alguna notable excepción, como son Esperanza Aguirre o las voces discordantes que emergen de minoritarios como UPyD o Ciudadanos, pero en general, da igual que sean del PP que del PSOE, de CiU que del PNV, del BNG que de Colación Canaria.

El socialista José Antonio Griñán tomó este 5 de mayo de 2012 posesión de su cargo como presidente de la Junta de Andalucía realizando una encendida defensa de lo público y, sobre todo, del Estado autonómico.

A no mucha distancia, en Mérida, donde se acercó a dar apoyo a José Antonio Monago en el Congreso extremeño del PP, María Dolores de Cospedal se posicionaba a esa hora a favor del servicio que prestan las comunidades autónomas, a las que consideró "cooperantes necesarios» para sacar al país de la crisis".

LAS MANOS A LA CABEZA
Que la secretaria general del PP sostenga a estas alturas que las autonomías "no son el problema, sino parte de la solución", ha hecho a algunos echarse las manos a la cabeza.

Y con razón, porque el Estado español tendrá que acudir el próximo mes de junio al rescate de las comunidades autónomas con una macroemisión de hispabonos por importe de 30.000 millones de euros para salvarlas de la suspensión de pagos.

El diario 'El Mundo' revela este 6 de mayo, que el Gobierno Rajoy acaba de conceder un crédito de 900 millones de euros del ICO a la Generalitat de Cataluña para que pueda hacer frente a los vencimientos de sus bonos patrióticos.

Cataluña acumula una deuda de 41.000 millones de euros, una cifra equivalente al presupuesto anual de la Generalitat, y tiene comprometidos unos pagos de 2.500 millones de euros a lo largo de este mes de mayo.

De tratarse de una empresa privada, estaría abocada a presentar suspensión de pagos en los próximos días.

UNA EMPRESA EN QUIEBRA
Peor es todavía la situación financiera de Valencia, que es una de las comunidades más endeudadas en relación a su población.

Esta pasada semana, el Gobierno valenciano tuvo que renegociar el vencimiento de una emisión de pagarés de 500 millones de euros con Bankia, que, ante la imposibilidad de cobrar, aceptó refinanciar esa cantidad con un interés al 7%.

Valencia debe más de 20.000 millones de euros y en mayo tiene que refinanciar unos 3.000 millones de euros, lo que requiere una urgente inyección de fondos del Gobierno.

La suma de la deuda que tienen que devolver Cataluña y Valencia en lo que resta de año asciende a 16.000 millones de euros, lo que corrobora que si el Estado no acude en su socorro tendrán que suspender pagos.

AL BORDE DEL ABISMO
La deuda autonómica supera ya los 140.000 millones de euros, cifra que se ha triplicado desde 2005.

Esta situación es lo que explica que la agencia Standard & Poor's rebajara el pasado viernes su calificación a nueve comunidades autónomas. Las peor libradas fueron Cataluña y Baleares, cuyas emisiones están ya a un paso del bono basura, categoría donde ya se encuentra Valencia desde hace meses.

La agencia habla en su informe de «despilfarro» y subraya que no se puede sostener su «mole de servicios».

La degradación de la calificación de las comunidades tiene una consecuencia práctica muy directa: que las entidades financieras que han suscrito su deuda no van a poder utilizarla como aval para refinanciarse a través del Banco Central Europeo (BCE), ya que éste no admite activos tóxicos o de baja calidad como garantía para prestar dinero.

LA PODA DE LAS CCAA
Es verdad que bastantes comunidades han empezado a realizar recortes de sus gastos, pero, aun así, apenas han comenzado a adelgazar el gigantesco aparato burocrático que, en la práctica, supone la existencia de '17 estados en miniatura' por emplear una terminología utilizada por Aznar.

Cataluña, por ejemplo, que ha tenido que recurrir a la ayuda del Estado, mantiene todas sus embajadas en el exterior, no ha recortado un céntimo en sus políticas identitarias, se gasta cientos de millones de euros en sostener TV3 y amenaza con recurrir al Constitucional por agravios en los Presupuestos Generales del Estado.

Pero está también el ejemplo de Andalucía, con el número de coches oficiales más alto del mundo occidental.

EL SUEÑO DE LOS FARAONES
Resulta ya evidente para cualquier persona con sentido común, sea cual sea su opción ideológica, que esta faraónica estructura es imposible de financiar para un país de 45 millones de habitantes.

Ha llegado el momento de despertar del sueño y afrontar la realidad.

Y la única manera de hacerlo es acometer una gran reforma del modelo de Estado con el acuerdo del PSOE y del PP.

Pero no basta con un parche para seguir tirando sino que hay que acometer una profunda revisión de la Constitución, corrigiendo muchos de los abusos que se han cometido en las tres últimas décadas.

¿TENDRÁ VALOR RAJOY Y SE ATREVERÁ MONTORO?
Pero mientras se negocia ese pacto, el Gobierno dispone ya de la Ley de Estabilidad Financiera, que le concede la potestad de intervenir las cuentas de las comunidades.

No es lo deseable, pero el Ejecutivo no tendrá más remedio que dar ese paso si las autonomías no cumplen el plan de saneamiento y ajuste que deberían seguir a rajatabla a cambio del dinero que el Estado les va a entregar generosamente.

Solidaridad, sí, pero para sanear sus cuentas y no para que la situación vuelva a repetirse al cabo de unos años.

España
La poda de empresas públicas, autonomía por autonomía
Todas las regiones se han puesto a dieta. La contención del derroche de gasto público pasa por reducir el sector empresarial y fundacional, siguiendo la advertencia clara de La Moncloa: «Hay que poner orden en casa»
érika montañés / delegaciones de abc / madrid ABC 6 Mayo 2012

«Esta casa quedará ordenada», sentenció el pasado 16 de marzo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la sala de prensa de La Moncloa. El Consejo de Ministros acababa de aprobar meter la «tijera» al sector público empresarial y fundacional estatal que, entre otras medidas inmediatas, suponía la extinción de 24 empresas públicas, la desinversión o agilización de la liquidación en 80 sociedades, además de la fusión o supresión denueve fundaciones.

Sáenz de Santamaría no pudo ser más explícita en sus ejemplos: «En algunos casos había más miembros del Consejo de Administración que personal» trabajando para el sector público, al que se destina parte del dinero del contribuyente. En el listado de esas empresas que seguían recibiendo aportaciones del Ejecutivo central hay espacio para casos muy llamativos como la empresa Carmen: la comida de España 1992, que era una empresa destinada a fomentar la tortilla española, Barcelona Holding Olímpico, que todavía se mantenía, o la Sociedad de Altos Hornos AEC.

Solo en dietas de los 154 consejeros que se quedan fuera con la supresión de ese número de entidades públicas, el Ejecutivo central se ahorra un millón de euros al año. Un retrato muy nítido de la situación en la que se encontraba «la maraña administrativa» pública que, sobre la mesa del Consejo de Ministros, puso luz al hecho de que algunas se utilizaban de manera ilícita y sin una acción que reportase beneficios a la postre al Estado. En Moncloa se mostraron convencidos de que no se podía seguir manteniendo una telaraña de entidades y siglas que conllevaban más gastos que ingresos a las arcas públicas, máxime en este momento en que las consignas de la Administración central son las de «austeridad, eficiencia y estabilidad presupuestaria».

No se puede mantener la telaraña de entidades con más gastos que ingresos
Ese mismo día, la también ministra de la Presidencia, a cuyo área pertenece la competencia de hacer que el sistema público se convierta en ejemplo de buen hacer ante los ciudadanos, aprovechó para despejar el balón al campo de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales que todavía sigan dando alas al «innecesario» tejido empresarial público. La vicepresidenta lanzó ese mensaje de «poner orden en casa» a las regiones y ayuntamientos, máxime porque la mayoría están regidos por el PP y todos se comprometieron a cumplir con la «barra libre» de entidades públicas antes y después de las elecciones.

Pero la poda de empresas de las administraciones autonómicas, como vemos en el repaso que realizan los redactores de ABC en todas las delegaciones regionales, comenzó ya su andadura tras las elecciones del pasado 22 de mayo, en algunos casos, si bien en otras autonomías –gobernadas o no por los populares- han recogido la receta lanzada recientemente por el Estado para presentar, estos días, sus respectivos planes de reestructuración del sector, que implica una reducción drástica de los integrantes de «la res pública»:

1-. CATALUÑA, UN 21% MENOS: Según informa María Jesús Cañizares desde Barcelona, Cataluña contaba con 272 empresas, fundaciones y consorcios públicos, de los cuales se han extinguido ya 57 o se encuentran en un proceso muy avanzado. El objetivo es llegar a eliminar el 25% del total. La racionalización de estos entes incluye la fusión o integración en las consejerías de la Generalitat. Esta integración afectaría a empresas que apenas tienen trabajadores para poder ser recolocados en los departamentos del gobierno autonómico.

Algunas de esas empresas que se han extinguido ya o están a punto son: Instituto Catalán de Crédito Agrario; Entidad Autónoma de Difusión Cultural; Agencia Catalana de Seguridad Industrial; entes de coordinación y gestión de las participaciones y entidades públicas industriales de la Generalitat; la Agencia Catalana del Deporte; Gesclínic, S.A.; Energética de Instalaciones sanitarias, S.A.; CCRTV Interactiva, S.A.; Agencia de Patrocinio y Mecenazgo, S. A.; Activa Multimedia Digital, S.L.; y Viajes de Montaña, S. A.

2-. ARAGÓN, UN 25% MENOS: En la Comunidad vecina, Aragón, Roberto Pérez informa de que el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi sigue manteniendo sus 28 empresas públicas, compañías en las que o bien es el propietario o bien es el accionista mayoritario. Entre ellas, se incluye la radiotelevisión autonómica. En otoño del año pasado, el Ejecutivo popular de Rudi anunció un plan de reestructuración que permitirá dejar la cifra de empresas públicas en 21, pero no se sabe cuándo culminará el proceso, que incluirá varias fusiones. La parte más avanzada es la fusión de las empresas Sodemasa y Sirasa, que permitirá reducir sus cuadros directivos. Hasta el momento no se ha cuantificado qué supondrá la reestructuración en términos de empleo.

La deuda que acumula el sector público empresarial del Gobierno aragonés ronda los 550 millones de euros. De ellos, 400 corresponden a las empresas en las que el Ejecutivo autónomo es propietario o accionista minoritario. Los otros 150 millones se concentran en dos compañías en las que no tiene la mayoría de las acciones, pero sí una participación significativa. Sólo por su participación en la sociedad pública Zaragoza Alta Velocidad, participada por el Ministerio de Fomento, la porción que deuda que le toca al Gobierno aragonés asciende a 100 millones de euros.

3-. COMUNIDAD VALENCIANA, UN 87% MENOS: Según informa Alberto Caparrós, la Generalitat Valenciana ultima un proceso de reestructuración de su sector público empresarial, compuesto por un total de 46 sociedades mercantiles que antes de que acabe el actual ejercicio se fusionarán en seis entes. Esta operación no incluye al grupo Radio Televisión Valenciana (RTVV) y a la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) que se mantendrán como empresas independientes, aunque también ejecutarán procesos de adelgazamiento de su estructura. El Gobierno que preside Alberto Fabra prevé generar un ahorro total de 120 millones a través de un proceso de fusiones, absorciones y liquidaciones de empresas que, finalmente, configurarán una única corporación empresarial compuesta por seis holdings divididos por áreas de negocio: promoción cultural y ocio, bienestar social, apoyo a sectores productivos, transporte, medio ambiente y construcción y gestión de infraestructuras.

Conforme avanzó ABC el pasado 13 de marzo, el plan de la Generalitat contempla reducir a la mitad la plantilla de empleados que desempeñan su labor en las empresas públicas. De acuerdo con los últimos datos facilitados por el Gobierno valenciano, la medida implicará a 5.000 trabajadores, entre los que se incluirán los afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que ultima RTVV. La Generalitat, además, ha equiparado el sueldo de los directivos de las empresas públicas para que ninguno rebase el tope salarial que marca el presidente autonómico –no supera los 68.000 euros brutos anuales- y ha comenzado el proceso de reestructuración en algunas empresas públicas donde ya se han puesto en marcha los primeros ERE. Son los casos del Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), que prescindirá de 250 trabajadores, y de la empresa encargada de la construcción de colegios públicos (Ciegsa), que hará lo propio con otros ochenta empleados. Las condiciones de los despidos estarán reguladas por la nueva reforma laboral, que establece indemnizaciones de veinte días por año trabajado. El Gobierno autonómico sostiene que su voluntad pasa por «adelgazar la Administración bajo el concepto de la eficiencia y el mantenimiento de los servicios esenciales para los ciudadanos».

El Gobierno balear ha presentado esta semana medidas de asuteridad
4-. BALEARES, UN 54,7% MENOS: También el Gobierno balear está dando los últimos retoques a un plan de reestructuración del sector empresarial público. Antoni Limongi, corresponsal de ABC en Baleares, informa de que el Govern balear reducirá en base a ese programa las empresas del sector público de 168 a 76. Actualmente el sector público balear cuenta con 168 empresas sumando consorcios, fundaciones, entes instrumentales, organismos autónomos y sociedades mercantiles. El ajuste del Gobierno balear previsto es quepase a 76. Este proceso de reducción se está ya produciendo, aunque a día de hoy no se disponen de los datos del trabajo efectuado hasta el momento. Esta medida, que se desarrolla en un proceso gradual de negociación particular con cada organismo,supone un ahorro de 115 millones de euros.

La reestructuración es la siguiente: integración de las empresas Gesma y las Fundaciones Hospital Son Llàtzer, Hospital de Manacor y Hospital Comarcal de Inca; fusión del Institut d’Estudis Baleàrics y el Cofuc; fusión de Semilla e Ibabsa; fusión del ParcBit, Bitel,Cidtur, Fundació Ibit e IDI; fusión de la Agència de Cooperaciò Internacional y la Fundació Balears a l'Exterior; fusión de la Fundación Mateu Orfila d'Investigació en Salut y la Fundació d'Investigació Sanitaria de les Illes Balears Ramon Llull; fusión de la Fundació Illesport y el Consorcio Escola Balear de l’Esport; fusión de l’ATB y la Fundación para el Desenvolupament Sostenible; y la disolución de 22 consorcios, además de la agrupación de otros 57 consorcios.

5-. PAÍS VASCO, la «tijera» en el gasto corriente, con un 20% menos: Al llegar a Ajuria Enea, el Ejecutivo de Patxi López se encontró en 2009 con una magna estructura pública, plagada de empresas, entes y fundaciones «amigas», herencia de treinta años de gobiernos del PNV. Los socialistas, impulsados desde fuera por el PP vasco, se comprometieron a reducir drásticamente lo que denunciaron como un entramado empresarial de «chiringuitos» nacionalistas, que los de Antonio Basagoiti cifraron en al menos 555 organismos controlados o participados por la Administración pública vasca, según informa Itziar Reyero desde Bilbao.

También informa, según fuentes del Gobierno vasco, de que en la práctica, la «tijera» se ha dedicado sobre todo a contener el gasto corriente, con una reducción cercana al 20%. El mayor ahorro se ha producido en los departamentos de Industria y Agricultura, que eran también los más «abultados» en sociedades públicas y semipúblicas. En concreto, la agencia para la promoción y reconversión industrial SPRI se ha visto «adelgazada» en cuatro sociedades, pasando de 29 a 25, tras suprimirse en Vizcaya el Centro de Empresas de Zamudio y tres «industrialdeas» -entes comarcales para la gestión y promoción de suelo industrial- en Vizcaya y una en Álava.

En Agricultura, la otra consejería «agigantada» por el PNV, con hasta 43 empresas públicas y un presupuesto propio de 84 millones de euros, el cinturón de ajuste ha propiciado la salida del Gobierno vasco de hasta 16 sociedades.

6-. EN CANARIAS, UN 83,6% MENOS: Desde el archipiélago canario, Mercedes Ramos informa de que el Gobierno regional aprobó el pasado mes de febrero nuevas medidas de racionalización dirigidas a las sociedades mercantiles públicas con el objetivo de reducir en cuatro años el 45% de los costes directos que generan las empresas y fundaciones públicas dependientes de la Administración autonómica canaria. Según la programación prevista, entre 2011 y 2014 se reducirán en torno a 100 millones de euros las transferencias al sector público. A su finalización, el sector público empresarial canario quedará reducido a 16 sociedades mercantiles.

A diciembre de 2011, el sector público de la Comunidad Autónoma de Canarias estaba integrado por 98 entes, de los cuales un 43,2% lo constituyen sociedades mercantiles, un 23,7% fundaciones y otras instituciones sin fin de lucro, un 13,4% consorcios y, el resto, un 19,7%, engloba entes Públicos, organismos autónomos, entidades públicas empresariales y otros entes dependientes de la comunidad.

Los presidentes autonómicos del PP, en el Congreso regional del partido en Madrid
La programación prevista establece la enajenación de activos por valor de 49,7 millones, la venta de la participación en el capital social de dos sociedades (Gestur Tenerife y Gestur Las Palmas), así como la desinversión en 21 sociedades mercantiles participadas. Además se prevé un ajuste en las estructuras organizativas de 14 empresas. Con carácter general para todas las sociedades, se redimensionan los órganos de administración, reduciendo a siete el número máximo de miembros de los consejos y recortando en un 10% los gastos de dirección. También de forma genérica, se adoptan directrices en materia de negociación colectiva con el fin de armonizar las condiciones laborales y aumentar la productividad. Entre otras actuaciones, se fija un mínimo de 37,5 horas semanales de trabajo, se suprimen planes de pensiones y seguros médicos, se establece la edad de jubilación forzosa a los 65 años y se articula un tope retributivo para los directivos.

Por otro lado, el acuerdo de Gobierno incluye la culminación del proceso de disolución de tres sociedades. Se trata de la Sociedad Anónima de Promoción del Turismo, Naturaleza y Ocio (Saturno), Canarias Congress Bureau Maspalomas Gran Canaria (CBB Maspalomas) y Canarias Congress Bureau Tenerife Sur (CBB Tenerife). Estas empresas, que en la actualidad no tienen actividad alguna, se unen a las ya extinguidas Fundación Canaria para la Prevención e Investigación de las Drogodependencias, Fundación Canaria para el Conservatorio Superior de Música de Canarias y Fundación Canaria para la Promoción de la Educación. Con la disolución de estas seis entidades, se da cumplimiento al plan aprobado por el Gobierno de Canarias el pasado mes de marzo de 2011 y, en consecuencia, al compromiso establecido en su momento con el Ministerio de Economía y Hacienda.

7-. CASTILLA-LA MANCHA, YA SE HA SUPRIMIDO UN 17%: Desde Toledo informa de la situación María José Muñoz. El anterior Gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que presidía José María Barreda, llegó a formar un entramado de empresas públicas y fundaciones cercano al centenar, suponiendo en muchos casos una agencia de recolocación para cargos socialistas y, sobre todo, vías de escape de miles de millones que la Comunidad Autónoma no podía permitirse, a tenor del enorme déficit que se encontró el nuevo Ejecutivo tras las elecciones de mayo de 2011. La presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, se comprometió a reducir al máximo los entes públicos de la región y, en este sentido, está trabajando el Ejecutivo castellano-manchego. Fuentes cercanas al Gobierno regional han confirmado a ABC que ya se han extinguido 8 empresas públicas; 6 están en proceso de extinción y 3 en proceso de fusión. Entre los entes extinguidos destacan la Fundación Centro Regional de Diseño de Castilla-La Mancha, la Fundación Miguel Fisac y la Fundación Virtus de Formación, Innovación y Desarrollo Tecnológico.

En Castilla-La Mancha se va a dar un paso más para redimensionar el sector público
Hace unos días, la Junta de Comunidades anunció que la Consejería de Fomento pasará de tener cuatro empresas públicas dependientes a una sola. Así, se pretende fusionar la Empresa Regional de Suelo y Vivienda de Castilla-La Mancha (ERE), la Sociedad de Carreteras, la Agencia de la Energía de Castilla-La Mancha (Agecam) y la Empresa Pública Gestión de Infraestructuras (Gicaman). La consejera de Fomento, Marta García de la Calzada, detalló que la deuda total de estas cuatro empresas asciende a 1.434 millones de euros.

El portavoz del Gobierno regional, Leandro Esteban, ha confirmado que esta operación es un «paso más» para redimensionar el sector público de la región. El también consejero de Presidencia y Administraciones Públicas recordó que el sector público de Castilla-La Mancha ha crecido en los últimos cinco años de una manera «sumamente disparatada». Una estructura con cerca de 100 empresas y organismos públicos que calificó de «numéricamente inasumible».

8-. EN CANTABRIA, UN 51,2% MENOS A FINALES DE 2012: Cantabria pretende acometer una profunda remodelación del sector público empresarial a lo largo de este ejercicio. De hecho, según informan fuentes de la Presidencia del Gobierno cántabro, se ha presentado un completo programa de actuaciones –aprobado el pasado 16 de febrero- y remitido al Parlamento regional para llevar a cabo la poda de contención en el gasto público en este sector. Según detallan a este periódico fuentes de la Consejería de Economía del Gobierno presidido por Ignacio Diego, el plan pasará por reducir de 45 a 22 los entes y organismos públicos con fecha de 31 de diciembre de 2012.

La propuesta íntegra de reestructuración del sector público empresarial y fundacional 2012 contempla la liquidación, entre otras entidades, de Gestión Energética de Cantabria, S. L. (Genercan), la Empresa Cántabra para el desarrollo de las nuevas tecnologías de la Administración, S. L. (Emcanta), de Empredinser, S.L.U.; Santander Centro Abierto, S.A.; Torrelavega Centro Abierto, S.A.; Suelo Industrial La Pasiega, S.L, Ecoparque Mioño, S.L., y Fundación Fondo Cantabria Coopera (FFCC). Además, este programa de actuaciones en el tejido empresarial y fundacional público, incluye la fusión de diversas entidades, como la Sociedad Regional de Cultura y Deporte, la Sociedad Gestora del Año Jubilar Lebaniego, El Soplao S.L., y la Sociedad Regional de Turismo, S. A., entre otras muchas entidades.

9-. CASTILLA Y LEÓN, UN 29% MENOS: Según informa José María Ayala desde Valladolid, la Junta de Castilla y León prevé un ahorro de casi 20 millones de euros con la reestructuración de once entes del sector público, mediante su extinción, fusión o absorción, medida que se complementará con la limitación de los sueldos, que se equipararán a los de secretario general (66.000 euros al año). Así figura en el Plan de Ajuste enviado el pasado lunes al Gobierno y presentado este jueves 3 de mayo por la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo.Del inventario de 106 entes, explicó que sólo pueden actuar en 38, dado que carece de mayoría en otros 27, cuatro corresponden a las universidades públicas, de las que dependen a su vez 37 organismos. De manera que la extinción, fusión o absorción afectará a 11 de esas 38 (29%), por el que computa un ahorro de casi 20 millones de euros.

Así, Excal se fusiona en Ade, Sotur con la Fundación Siglo y la Fundación para la Enseñanza de las Artes de Castilla y León (Arcyl) con la Fundación Universidades. Entre las que desaparecen están Appacale (sus funciones las asume el Itacyl), la Fundación Ciudadanía Castellano y Leonesa en el Exterior y Cooperación al Desarrollo, la Fundación Anclaje, la Fundación Centro Regional para la Calidad y Acreditación Sanitaria y la Fundación Hospital Clínico Veterinario. Además, se producirá la reordenación de la Fundación Santa Bárbara, los Centros Europeos de Empresas e Innovación y Siemcalsa. Tanto Del Olmo como el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, insistieron en que en este momento no se puede precisar el número de trabajadores afectados, ya que antes de la extinción o fusión habrá un proceso de negociación y unos trámites administrativos.

10-. GALICIA PASARÁ DE 153 A 86, UN 43,7% MENOS: Desde Santiago de Compostela, Evaristo Amado informa de las novedades en el caso gallego, ya que el presidente Alberto Núñez Feijóo anunció este mes una nueva fase para eliminar o reformar otros 25 entes públicos. Desde la llegada de Feijóo al poder en 2009, la Xunta ha suprimido seis Consejerías (de las 14 de Emilio Pérez Touriño han quedado 8); ha rebajado de 125 a 66 el número de altos cargos del Ejecutivo y eliminado o refundido hasta octubre del pasado año 42 organismos de los 153 computados en julio pasado (34 de ellos son fundaciones comarcales, integradas en la Agencia de Desarrollo Rural). La Xunta ha anunciado una segunda fase de «adelgazamiento», con la supresión de los tres «vicevaledores» (los ayudantes de la figura que en Galicia equivale al Defensor del Pueblo) y del CES, entre otros. Se han reducido a 5 los 52 delegados territoriales.

En global, han desaparecido: 34 fundaciones para el desarrollo comarcal (baixo Miño, Verín, Consagrada, Ribeiro, Terra Chá, Terra do Deza, Carballiño, Ancares, Terra de Lemos, Celanova, Ordes, Mariña Occidental, Mariña Central, Mariña Oriental, Paradanta, Terra de Caldelas, Ulloa, Arzúa, Valedoras, Ortegal, Melide, Terra de Trives, Santiago, Eume, Morrazo, Noia, Muros, Betanzos, Chantada); el organismo Augas de Galicia y el ente público Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos se fusiona en la entidad pública empresarial de nombre Augas de Galicia; la Agencia Gallega de Innovación se crea cerrando la Dirección General de Investigación y la Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial; y el Instituto de Estudios del Territorio asume la Dirección General de Sostenibilidad y Paisaje, la Subdirección de Sistemas de Información Territorial de Galicia y la Comisión de Sistemas de Información Geográfica y Cartográfica.

11-. MADRID, UNA VEINTENA MENOS DE ORGANISMOS: La Comunidad de Madrid ha ahorrado 2.200 millones de euros desde 2008 gracias al Plan de Austeridad que se puso en marcha hace cuatro años, según informa Miguel Oliver. Durante este tiempo, el Ejecutivo de Esperanza Aguirre ha suprimido una veintena de empresas públicas, 24 puestos directivos y 83 órganos colegiados o consultivos. Entre las entidades destacan Promomadrid, el Centro de Transportes de Coslada, Tecnoalcalá y Ledesma. El pasado 1 de enero, además, también se suprimió la Agencia Madrileña de la Emigración y el Tribunal de Defensa de la Competencia.

En Vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deporte y Portavocía del Gobierno se extinguieron el Consejo de la Juventud, y se disolvió Alcalá Natura 21. Por otra parte, la empresa pública Hidroser, Servicios Integrales del Agua, se fusionó con Canal Extensia. En lo referente a la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, se extinguen el Patronato Madrileño de Áreas de Montaña y el Instituto Madrileño de Administración Pública, integrándose el conjunto de sus bienes, competencias y personal en la Consejería. De la misma manera se ha disuelto la Sociedad Campus de la Justicia. En la Consejería de Economía y Hacienda se extinguió el ente público Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade). Sus competencias se integraron en diferentes unidades administrativas de la Comunidad. También se disolvió Turismo de Madrid, el Mercado Puerta de Toledo S.A., el Consorcio Escuela de Hostelería La Barranca y la Agencia Financiera de Madrid.

Por otra parte, se ha puesto a disposición de la iniciativa privada la totalidad de la participación de la Comunidad en el capital social de Centro de Transportes, Tecnoalcalá, Promomadrid, el Consorcio Centro de Laboratorios y Servicios Industriales de Madrid, Capital Riesgo Madrid, Inicap y Cemesa. En la Consejería de Transportes e Infraestructuras se integra Aeropuertos de Madrid en la empresa pública Mintra. En la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se fusionarán en una nueva empresa las sociedades mercantiles Arpegio, Invicam y Tres Cantos S.A. y se ha enajenado la participación de la CAM en Ledesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente de Madrid). En el área de Sanidad , se extinguió el Instituto de Nutrición y Trastornos Alimentarios de la CAM, que se integró en el Servicio Madrileño de Salud. Además, se unió el Defensor del Paciente en la Dirección General de Atención al Paciente. Por último, se extinguieron el Consejo de la Mujer y el Instituto Regional de Cualificaciones Profesionales, dependientes de la Consejería de Mujer, Empleo e Inmigración. Esperanza Aguirre ya ha insinuado en un par de ocasiones que el siguiente organismo que podría desaparecer sería el Defensor del Menor de la Comunidad.

12-. EXTREMADURA, OBJETIVO EL 50%: En la economía «de guerra» implementada por el popular José Antonio Monago al recalar a la Presidencia de la Junta extremeña el pasado verano, comenzó por rebajar de 11 a 7 las consejerías, suprimir en un 50% de los directivos y cargos públicos y acabar con la «mochila de privilegios» que arrastraban estos, además del personal eventual del Gobierno de Extremadura, cuando cesaban en sus puestos. El ahorro para las arcas regionales se fijó en una horquilla de un 10 a un 20% a través de estas partidas y de otras acciones, como la eliminación de las secretarías de Extremadura en el mundo; la de Estudios para la Paz y la de Coordinación de Asuntos Africanos, que se incluyeron en un solo departamento que se ocupa de la acción exterior de la región y de las relaciones con la Unión Europea.

El mismo porcentaje del 50% fue el señalado por el plan de Monago para la reducción de las empresas, organismos y entes públicos. «Para conseguir la disciplina y el rigor en la ejecución presupuestaria en el Gobierno se creará una Oficina de Control Presupuestario dependiente del Parlamento y se impulsará en la Asamblea de Extremadura una Comisión de Seguimiento y Control del Sector Público Empresarial», estableció ya en su discurso de investidura.

Extremadura analiza la red empresarial, aunque ya ha reducido la plantilla
En la actualidad, según fuentes del Gobierno de Extremadura consultadas por este periódico, se está valorando la red de empresas públicas dependientes del Ejecutivo y su viabilidad, por lo que a lo largo del año 2012 se tomarán diferentes decisiones para su reestructuración. No obstante, hasta el momento, ya se ha acometido la reestructuración en lo que concierne al número de personal directivo y su sueldo. Por ejemplo, en julio de 2010, el anterior Gobierno decidió una reestructuración de las empresas públicas agrupándolas en un solo conglomerado bajo la matriz GPEX. Hasta septiembre de 2011, tenía 14 áreas de gestión, que se correspondían con las antiguas empresas que formaban parte del grupo antes. Ahora tiene cinco áreas de gestión. La reducción se ha producido fundamentalmente en cargos directivos, ya que ahora sólo hay un gerente y un jefe de área. Antes, además del presidente del grupo de empresas, cada firma tenía su cúpula directiva. Durante 2011, el número medio de trabajadores ascendió a 1076. A fecha de hoy, la plantilla de GPEX asciende a poco más de 700 trabajadores, que realizan encomiendas de gestión con la Administración Pública.

En el proceso de reestructuración del sector público empresarial de Extremadura también se han extinguido dos sociedades mercantiles y cinco empresas públicas que existían se han aglutinado en una sola: Extremadura Avante. En esta primera fase de reestructuración (porque el proceso aún continúa), se ha prescindido de seis puestos de máximo poder decisorio dentro de la estructura jerárquica de las sociedades que integran Avante. Esta medida, junto con el resto de acciones de reestructuración en materia de personal del sector público empresarial, ha supuesto un ahorro de 1,3 millones de euros.

Por otra parte, la Consejería de Fomento tiene dos empresas que dependen de ella, son Gisvesa y Urbipexsa, y ahora el gerente es el mismo para las dos. Además, trabaja con empresas dependientes de GPEX, como el Área de Turismo (antes Turextremadura) cuyo gerente también se ha suprimido.

13-. NAVARRA, UN 66% MENOS: Según informa Pablo Ojer desde Pamplona, el Gobierno de Navarra anunció hace ahora un año la reducción del número de empresas públicas en un 66% para que se quede en un tercio de las que había en la legislatura precedente. Este proceso se fue dando a lo largo de estos doce meses y el número de empresas públicas pasaron de 38 a 13 mediante fusiones entre ellas. Con esta medida, el ahorro previsto era de 28 millones de euros. Además, el número de consejeros se dejó en algo menos de la mitad, pasando de 322 a 156.

El propósito de Navarra es quedarse a un tercio de las entidades públicas
Un nuevo organismo, la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN) se encarga de coordinar las 13 empresas. Al constituirse un Gobierno de coalición tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo, ocho de estas empresas están en manos de los regionalistas de UPN y cinco están dirigidas por lo socialistas. La CPEN está dirigida por un miembro de UPN. También se ha limitado de forma importante la remuneración de los gerentes de estas empresas. Se han dividido en cuatro categorías, según su importancia y complejidad. Los gerentes que más cobrarán tendrán un salario de 77.000 euros brutos al año con un incremento de hasta el 50% en función de variables y objetivos. Los gerentes de la categoría B ganarán 66.000 euros con hasta un 40% en variables y objetivos. Quienes dirijan las empresas del grupo C, cobrarán 57.750 euros con unos complementos del 30% y los del grupo D, 55.000 con un posible incremento de hasta el 15%.

14-. LA RIOJA, UNA ENTIDAD MENOS: El plan riojano para el ajuste de empresas públicas se publicó al renovar en el liderazgo Pedro Sanz. En esta Comunidad y según informan fuentes de la Presidencia, al inicio de la presente legislatura se suprimió Ader Infraestructuras (la Agencia para el Desarrollo Económico de La Rioja). Otras medidas presentadas por el mandatario autonómico conllevarían un ahorro de más dde 27 millones de euros, con la reducción de consejerías y del 0,5% del personal de la Administración regional, que ya se han llevado a cabo esta legislatura.

**Asturias y Andalucía anunciarán sus respectivos programas tras la constitución de los nuevos Gobiernos autónomos resultantes de las elecciones del pasado 25 de marzo.


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