AGLI Recortes de Prensa   Sábado 12  Mayo 2012

Ustedes mismos
Luis del Pino Libertad Digital 12 Mayo 2012

Editorial del programa Sin Complejos del sábado 12/5/2012

El domingo pasado se celebraron elecciones en Grecia, y los resultados han sido aún más catastróficos, para los partidos tradicionales, de lo que las encuestas preveían.

Después de cinco años de crisis económica e incompetencia política, un 25% de los griegos vive ya bajo el umbral de la pobreza. Unicef estima en más de 400.000 los menores que pasan hambre en el país heleno y el abandono de niños por parte de sus padres en manos de ONGs se ha disparado, ante la imposibilidad de darles de comer. El empleo infantil ha hecho su aparición, la criminalidad se ha multiplicado y los incidentes de carácter racista menudean en las zonas con mayor número de inmigrantes.

La riqueza del país ha sido expoliada por una casta política compuesta por golfos, que llevaba décadas en el poder y que ha intentado, desde el inicio de la crisis, mantener su chiringuito por todos los medios, lo que ha obligado a cargar el coste del ajuste sobre las espaldas de los ciudadanos.

Falsificaron las cuentas, jugaron al gato y al ratón con las autoridades europeas en la negociación de cada reforma y cada ayuda. Y pretendieron resolver con cataplasmas lo que requería de una cirugía en toda regla.

Hasta que Bruselas se hartó, claro. Las autoridades europeas impusieron, en lo que constituye un auténtico golpe palaciego, un gobierno tecnocrático de concentración.

Pero la intervención de Grecia, lejos de resolver los problemas, los ha agravado más aún. Porque el gobierno tecnocrático, de nuevo, en lugar de reformar de raíz el sistema político y la administración del estado, ha aplicado ajustes aún más duros a los ciudadanos, agravando la recesión. El paro se ha disparado y las previsiones son que empeore aún más. El país está inmerso en una fortísima contracción económica.

Como consecuencia de todo ello, la clase media griega ha sido literalmente arrasada y empujada a la pobreza. Y la ira de la población ha crecido en proporción exponencial. Hace ya meses que los políticos más conocidos de Grecia no salen a la calle, porque se ha puesto de moda arrojarles yogur y huevos en todo acto público al que acuden.

¿Quién puede extrañarse, en ese clima cada vez más explosivo, de lo que ha ocurrido en las elecciones del pasado domingo? Los tres partidos tradicionales (conservador, socialista y comunista), que hace solo dos años y medio acaparaban el 85% del voto, han quedado reducidos al 40%. Es decir, más de la mitad de los electores ha huido de esos partidos tradicionales a los que perciben como causantes de su pobreza. Los partidos que se oponen a los recortes impuestos por Bruselas han conseguido una aplastante victoria en votos. Y en el parlamento han irrumpido con fuerza la extrema izquierda y la extrema derecha.

Ayer viernes fracasó el tercer intento de formar gobierno tras las elecciones, con lo que probablemente se anuncie en los próximos días la convocatoria de nuevos comicios para dentro de un mes. Y las encuestas existentes apuntan a que los partidos extremistas mejorarán aún más sus resultados, y a que esta vez sería el partido de extrema izquierda el vencedor de las elecciones.

En consecuencia, la salida de Grecia del euro es casi ineludible, con consecuencias en cadena para otros países periféricos (por ejemplo, nosotros) y para la estabilidad de la moneda común.

¿Pero saben ustedes qué es lo peor de la crisis griega? Pues que en España estamos repitiendo milimétricamente los errores cometidos en Grecia, aunque con un retraso de un par de años. La clase política española está intentando, desde que se desató la crisis, aplicar cataplasmas para mantener el actual reparto de poder y la actual estructura del estado, que es la responsable de nuestra ruina. Y, debido a la falta de dinero, tratan de que seamos los ciudadanos los que paguemos la factura de la crisis, lo cual nos está empujando a una recesión aún más profunda.

Las subidas de impuestos aprobadas por el gobierno de Rajoy no han servido para aumentar la recaudación. Por el contrario, los ingresos del estado han caído en 9000 millones al cierre del primer trimestre.

Con una rapidez extraordinaria, la situación económica de España se deteriora a ojos vista. Encadenamos ya 51 meses consecutivos de caída de la afiliación a la Seguridad Social, si analizamos la serie de datos desestacionalizados. Y la insumisión de las comunidades autónomas, la imposibilidad de cumplir los presupuestos aprobados y la debilidad de nuestro sistema financiero están sometiendo a nuevas presiones a la deuda española, con lo que es posible que Bruselas se vea obligada a intervenirnos más pronto que tarde. El hecho de que Grecia salga del euro a corto plazo no hará sino acelerar aún más el deterioro de nuestras cuentas y el consiguiente rescate.

Y cuando Bruselas nos intervenga y nos imponga un gobierno de coalición, con o sin presidente tecnocrático, no será para acabar con el chiringuito actual y reformar el estado autonómico. A Bruselas le da igual cómo queramos estructurar nuestro estado, así que se limitarán, como en Grecia, a imponer ajustes aún más duros a los ciudadanos, por la vía de la subida de impuestos y el despido de funcionarios.

Y cuando eso suceda así, la clase media española terminará de recorrer la senda del empobrecimiento por la que ya transita, y dentro de dos años nos encontraremos con una población encolerizada y presa de la desesperación, que entregará la llave del parlamento a los extremismos de uno y otro signo, como acaba de suceder en Grecia.

El Gobierno del PP tiene aún la oportunidad de corregir el rumbo. Pero el tiempo se está agotando. O se centralizan las competencias autonómicas, se acaba con el rozamiento interno provocado por los nacionalismos, se eliminan las diputaciones, se reduce a la mitad el número de ayuntamientos, se prescinde de los liberados sindicales, se cierran las empresas públicas improductivas y se acaba inmediatamente con el régimen de subvenciones y mamandurrias de todo tipo... o dentro de dos años no quedará nada del actual sistema y el régimen democrático empezará a correr serio peligro.

Evidentemente, esas reformas exigirían que la clase política española renunciara a buena parte de sus fuentes de ingresos y a buena parte de su poder. Pero es que el caso griego demuestra a las claras cuál es la disyuntiva existente: o renunciar a una parte de su poder ahora o perderlo absolutamente todo de aquí a dos años.

Así que: ustedes mismos, queridos políticos.

Comunidades Autónomas
¿Un único rescate?

José T. Raga Libertad Digital 12 Mayo 2012

Cuando el Estado se compromete a rescatar a las Comunidades Autónomas, me invade una preocupación: ese compromiso ¿se entiende por una sola vez o, tras un primer rescate se precisarán nuevas ayudas ya que las dificultades de hoy pueden mantenerse mañana? No estoy hablando de hipótesis extravagantes, pues en los países en que se han producido rescates, conocimos bien cuando se produjo el primero, pero fue difícil precisar cuando sería el último.

Análogamente, cuando el sistema financiero ha solicitado auxilios del FROB o de cualquier instancia, no se ha garantizado la limpieza de la entidad auxiliada, que ha seguido presentando signos de debilidad y requiriendo nuevas ayudas o fórmulas de fusión o absorción. Utilizar recursos públicos en auxilio de quien no pretende salvarse es motivo de indubitada preocupación.

La situación financiera de las Comunidades Autónomas, salvo excepciones, no permite teorizar sobre la cuestión. Es incuestionable que el esfuerzo del Estado, para reducir el déficit público, será baldío si no consigue poner orden en las cuentas de las demás administraciones. Son inadmisibles niveles de déficit autonómico por encima del dos por ciento, siendo así que en muchos casos se sitúa en el entorno del cuatro por ciento y, en algún caso, llega a superar el siete por ciento de su PIB autonómico.

¿Qué ha ocurrido para semejante despropósito? ¿Dónde están los administradores públicos que condujeron a esas quiebras? La respuesta a la segunda de las preguntas, es de suyo escandalosa; lejos de estar perseguidos judicialmente, siguen pontificando sobre lo que hay que hacer para solucionar los problemas presentes. Es más, les molesta que se hable de la herencia recibida.

El problema que plantea la primera pregunta nos pone al descubierto el error de fundamento del Estado de las Autonomías. Lo único que justifica la descentralización de las competencias de las administraciones es la mayor eficiencia esperada de la cercanía al usuario del servicio público; adaptando la oferta del mismo a su demanda; suponiendo que esa mayor eficiencia compense las pérdidas de economías de escala, al reducir el tamaño del espacio en el que se presta el servicio.

Sin embargo, el Estado de las Autonomías ha concluido en el peor aspecto de los posibles. La cercanía a los ciudadanos ha devenido en un instrumento de corrupción, de favoritismo, de hacer crecer el empleo público y las prebendas en el gasto a favor de los más cercanos; ello unido a la realización de obras de nula justificación, para alimentar un necio ego petulante y vano. Por otro lado, la Autonomía se libra de la parte adversa: exigencia de impuestos para financiar los despropósitos.

No cabe rescatar sin limpiar los desmanes anteriores. Hay que hacer un análisis del crecimiento del gasto para, sin piedad, eliminar de raíz las causas que lo motivaron, sin mejorar la condición de la sociedad en su conjunto. Derramar millones de euros sobre estructuras nacidas de la corrupción, es una forma de perpetuar el problema.

Primero, reformas y limpieza, y sólo después, rescate.

Déficit
Redefinir las autonomías
Emilio J. González Libertad Digital 12 Mayo 2012

Las autonomías son parte, y muy importante, de nuestros problemas económicos. Por desgracia, no hacen más que resistirse a ser parte también de la solución. Los dirigentes autonómicos se están negando de forma sistemática a realizar el verdadero ajuste en los presupuestos regionales que exige el cumplimiento de los objetivos en materia de déficit pactados con la Unión Europea. Y es que no quieren aceptar que las cosas nunca volverán a ser como antes, porque ya no podrán contar con los ingentes ingresos extraordinarios que les aportó la burbuja inmobiliaria y que utilizaron para gastar más en vez de para recortar deuda y bajar los impuestos.

El problema fundamental es que ningún dirigente autonómico quiere dar marcha atrás en las políticas de gasto emprendidas por su respectiva comunidad autónoma, por mucho que no tenga sentido que, en España, haya diecisiete de todo. Cuando faltan los recursos, como es el caso en estos momentos, lo lógico es racionalizar el gasto y prescindir de todo aquello que no sea necesario ni se corresponda con la prestación de los servicios públicos esenciales a la población, esto es, con sanidad y educación. Por ejemplo, en todas las autonomías ha proliferado un sinfín de universidades públicas, muchas de las cuales no tienen ni siquiera el número mínimo de alumnos que garanticen su viabilidad económica. Esas universidades habría que cerrarlas. Sin embargo, ningún líder autonómico quiere asumir el coste político que implica semejante medida. Esta misma actitud se repite en otros muchos ámbitos y así no vamos a ningún sitio. De ahí que, ahora, algunos de ellos se estén planteando la devolución de algunas competencias al Estado, sobre todo las de sanidad y educación, que son las que más recursos absorben, pensando en trasladar el problema del ajuste al Gobierno de la Nación, cuando el ajuste lo tienen que realizar ellos también en todas las partidas que no tienen que ver con esos dos servicios públicos esenciales, por ejemplo, cerrando embajadas regionales en el exterior.

Así las cosas, el Gobierno central debería coger el toro por los cuernos y empezar a liderar el proceso de ajuste presupuestario de las autonomías, para lo cual debe hacer dos cosas. En primer lugar, debe redefinir el modelo de Estado, dejando bien claro qué son competencias estatales y qué son competencias autonómicas con el fin de evitar duplicidades y despilfarros. En segundo término, debe preparar planes de reestructuración a nivel nacional de la sanidad y la educación. En este último terreno, el Gobierno central debería redefinir un nuevo mapa universitario, cerrando universidades públicas por doquier y dejando abiertas solo las que cuenten con el suficiente número de alumnos para ser viables y que, además, tengan prestigio en términos de calidad de la educación o de investigación. Por supuesto, todo esto lleva tiempo y no se puede improvisar de la noche a la mañana. Así, para este ejercicio presupuestario, ya no hay margen para este tipo de medidas. Pero para los próximos sí hay tiempo para elaborar este tipo de planes sin los cuales no se podrá reducir el déficit, como acaba de advertir la Unión Europea. Mientras tanto, debería forzar a las autonomías a ser más ambiciosas en sus planes de ajuste.

No tenemos solución.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12 Mayo 2012

Hoy es un día de esos en los que es difícil permanecer indiferente ante la amalgama de noticias que ponen en cuestión a todas las Instituciones del Estado. Y el común denominador de todas ellas es "desconfianza". España con el sistema de partitocracia que padece se ha vuelto una nación imprevisible donde se cuestiona todo y donde la casta política se revela como el cáncer al que se debe el estado terminal. España tiene un déficit no solo económico sino también de proyecto común, de solidaridad, de unidad y de espíritu de lucha para salir del pozo.

Estamos desahuciados y de seguir en esta actitud pasiva, mantendremos a esta casta política corrupta que se apoya en una legislación diseñada como blindaje para sus desmanes . Y aquí no hay diferencia de color ni de siglas. Desde una Monarquía acosada por la duda sobre su transigencia y parcialidad en cuanto a asuntos turbios que le salpican, a los partidos políticos anclados en el poder y en el régimen de coimas y corruptelas, pasando por los sindicatos generosamente beneficiados con patrimonio inmobiliario y subvenciones súper millonarias. Y todo ello soportado por una legislación y sistema judicial que es un espejo del sistema partidista con sectores que luchan por el poder.

Un espectáculo dantesco al que los ciudadanos asisten con el desánimo y apatía propios de una sumisión derrotista y determinista. Una actitud que choca con la que siempre ha caracterizado al pueblo español de rechazo a la opresión y a la esclavitud. Porque los ciudadanos somos los nuevos esclavos de un sistema montado por el capital y el poder político para mantenerles en esa situación de privilegio. Los ciudadanos que, carentes de una unidad de reacción ante esta situación, permanecen aislados y fácilmente controlables por quienes detentan el poder, económico, judicial, policial y llegado el caso, el de las FFAA para sofocar cualquier intento de oposición.

Nunca he estado a favor de los tumultos, ni algaradas callejeras, pero sí de que la libertad se ejerza sin más limitación que el respeto por los derechos de los demás. Va siendo hora de que los españoles decidan si son espectadores pasivos o se convierten en actores de su futuro. Todo está en cual es su nivel de aguante y hasta qué punto dejarán ser sometidos por quienes no tienen otro propósito que mantener su puesto en lo alto de la pirámide social. Todo está en saber si la demagogia de unos charlatanes de feria va a acabar por convencer y la credulidad y confianza injustificada se impondrán sobre la razón y la lógica.

Sinceramente, no entiendo a mis conciudadanos. No entiendo cómo los más de cinco millones y medio de parados y sus familias no están formando asociaciones y manifestándose reclamando un cambio radical en la actitud de los dirigentes, pasados y actuales, principales responsables de su dramática situación y sin perspectivas de solución a corto ni medio plazo. España tiene un cáncer y a nadie parece importarle, quizás por un estado de anestesia general o de ensoñación producida por la droga del conformismo. ¡ESPAÑA, DESPIERTA YA!

Déficit
Desconfianza absoluta
Juan Ramón Rallo Libertad Digital 12 Mayo 2012

Aunque bastaría con señalar a los mínimos del Ibex o a los máximos de nuestra prima de riesgo para constatar la enorme desconfianza que existe en torno a la economía española, hay otros dos que ilustran tal vez con mayor crudeza las crecientes dudas que los ahorradores nacionales y extranjeros albergan sobre ella y los devastadores efectos que éstas conllevan.

El primero se refiere a la tenencia de deuda pública española en manos foráneas: en el último año, esta cifra se ha desplomado desde los 286.000 millones de euros (el 52% del total) hasta los 219.000 millones (el 37% del total). El segundo, la evolución del saldo deudor de nuestro sistema financiero con el resto del Eurosistema: en los últimos doce meses, la deuda viva de nuestras entidades con el resto de las europeas ha pasado de 43.000 millones de euros a más de 300.000 millones, lo que indica una importante salida de capitales de nuestro país con la consiguiente provisión compensatoria de liquidez del BCE para evitar el colapso. En suma, los extranjeros no quieren nuestra deuda y los nacionales sacan su dinero del país, lo que lleva a nuestros bancos a pedírselo prestado a Draghi, el único suficientemente osado como para extendernos crédito.

Pocos disputarán que una economía que se enfrente a semejante estrangulamiento financiero lo tendrá muy complicado para crecer y generar riqueza. No ya, que también, porque quienes deban prorrogar los vencimientos de su deuda se enfrenten de continuo a una permanente amenaza de suspensión de pagos, sino porque las nuevas inversiones que este país necesita para transformar su equipo productivo no llegan a materializarse.

En este sentido, son legión quienes propugnan que la solución a todos nuestros problemas provendría de que el BCE fuera todavía más generoso en su provisión de liquidez. Olvidan tales voces el muy básico adagio de "se puede llevar el caballo al río pero no se le puede obligar a beber". El crédito que el instituto emisor concede a nuestros bancos les servirá para refinanciar sus deudas, pero es más que improbable que, en el actual clima de desconfianza, se dediquen a canalizar esa liquidez a prorrogar los vencimientos de deuda del sector privado: simplemente, para los bancos es mucho más seguro tener el dinero en caja o invertido en deuda pública (sobre todo alemana) que inmovilizarlo en una economía como la española. Y no hablemos ya, claro, de que esa liquidez extraordinaria procedente del BCE se termine convirtiendo en las inversiones productivas que tanto necesitamos: si el capital está incómodo dentro de España, pocos serán los empresarios que quieran endeudarse para invertir dentro de nuestras fronteras.

Mas, ¿de dónde surge tamaña desconfianza hacia nuestra nación? Los hay que responsabilizan a la austeridad teutona: como no gastamos, no crecemos y si no crecemos nadie quiere invertir en nuestro país. Miope observación que desconoce que, de ser ese el obstáculo, bien podrían crearse nuevas firmas en España para vender allende nuestros lindes. La problemática es muy otra: nuestro sector financiero y nuestro sector público no han completado su saneamiento, y mientras tal incógnita siga sin despejarse, el riesgo cierto de suspender pagos y vernos forzados a salir del euro seguirá muy presente entre los inversores. Difícil reprocharles, salvo por un patrioterismo suicida muy mal entendido, que, entretanto los riesgos que perciben no se hayan despejado, pongan a buen recaudo sus ahorros de toda una vida, es decir, bien lejos del Reino de España.

De ahí, claro, que una reforma financiera y una consolidación presupuestaria bien pergeñadas sean de vital importancia para nuestra recuperación. Sin ellas, nuestro sistema económico no atraerá capital y se irá desangrando poco a poco por los agujeros que nos legó la burbuja inmobiliaria y que no van siendo llenados por una nueva generación de riqueza. Quienes insisten en que necesitamos políticas de crecimiento, asimilando éstas a más gasto público deficitario, parecen obviar que estamos al borde del abismo no por la insuficiencia de deuda, sino por un exceso que muchos juzgan impagable. La realidad es la contraria: no existe disyuntiva entre austeridad y crecimiento, pues, en un país tan potencialmente insolvente como el nuestro, la primera es condición sine qua non del segundo.

Y de ahí, también, que las previsiones que acaba de publicar Bruselas sobre nuestro déficit en 2012 y 2013 sean desoladoras. No ya porque un déficit del 6,4% para este año y del 6,3% para 2013 supongan un flagrante e inadmisible incumplimiento de nuestros compromisos con la Comisión Europea, sino porque la imagen que transmiten estas cifras es que nuestro ya insoportable ritmo de endeudamiento público es un problema absolutamente enquistado en la estructura de un Estado que ningún partido político español tiene la más mínima voluntad de reformar.

Si esta es la opinión que los cuates europeos tienen de los ajustes de Rajoy, imagínense cuál será la de los operadores de mercado que no se andan ni con medias tintas ni con componendas. Acaso así se entienda mejor por qué el capital no fluye hacia España y por qué los ajustes aprobados hasta la fecha por el PP son del todo insuficientes para enderezar el rumbo de las finanzas públicas: máxime cuando, en realidad, tales ajustes han recaído en su práctica totalidad sobre un asfixiado y debilitado sector privado y no sobre un mórbido, hipertrofiado e ineficiente sector público.

O rectificamos o nos vamos al hoyo. La crítica coyuntura en la que se encuentra España no reclama políticas estatistas e izquierdistas como las aplicadas por Zapatero y proseguidas por Rajoy, sino auténticas y profundas reformas liberales que permitan convencer a los ahorradores nacionales y extranjeros de que nuestro país, pese a su gravosísimo endeudamiento público y privado, es un destino seguro, serio y rentable en el que hacer negocios. Es decir, lo que necesitamos es liberalizar sin ambages el sector privado y adelgazar con contundencia el sector público.

La orfandad política del electorado español
Francisco Rubiales Periodista Digital 12 Mayo 2012

Cada día son más los españoles que se sienten políticamente huérfanos, alejados de la izquierda y de la derecha, incapaces de depositar su confianza en ninguno de los dos grandes partidos políticos del país. Saben que el socialismo, con Zapatero, fue una pesadilla, pero han perdido también la confianza en la derecha que lidera Rajoy, al que acusan de cobarde, mentiroso e injusto por su política de reformas y ajustes.

En fenómeno es nuevo y nunca se había producido en España desde que murió Franco. Anteriormente, cuando los ciudadanos rechazaban a un partido de derecha, entonces votaban a la izquierda y viceversa, pero ahora el rechazo de los españoles a Zapatero es demasiado profundo para que pueda borrarse en muchos años, a pesar de que la confianza en Rajoy se está diluyendo como un azucarillo.

El resultado es la orfandad política, un fenómeno que rechaza a cualquier partido político con opción de gobernar y a toda la clase política en general, producto del desencanto y del fracaso de los político profesionales, sean de derecha o de izquierda, en la gestión del Estado.

El sistema democrático carece de defensas y de recetas para afrontar esa desconfianza ciudadana en la oferta política. Los ciudadanos, a pesar de que rechazan al PP y al PSOE, tendrán que acudir a las urnas, cuando lleguen las elecciones, con esos dos mastodontes ocupando la escena y sin dejar sitio a otras formaciones más decentes que pudieran generar ilusión y esperanza en el decepcionado electorado.

Pero lo grave es el presente de terrible orfandad de una ciudadanía que ha comprobado que tanto el actual gobierno de derecha como la oposición de izquierda están dominados por ineptos que carecen de lucidez y liderazgo para solucionar los graves problemas de España, en su mayoría creados por la misma clase política: corrupción, despilfarro, endeudamiento, tamaño desmesurado del Estado, arrogancia, abuso de poder, arbitrariedad, impuestos insoportables, desconfianza en los dirigentes y un profundo miedo al futuro.

El sentimiento de rechazo masivo a la clase política, cada día más intenso en España, dificulta enormemente la salida de la crisis y se convierte en un problema para el país, ya que sin confianza en el liderazgo y sin ilusión política, la sociedad es incapaz de entregar el esfuerzo suplementario que demanda la terrible situación de la economía.

¿Cual es la causa real de la horfandad política en España? Sin duda es el fracaso de la clase política, un drama que, unido a la perversión del sistema, que ha perdido sus rasgos democráticos, y al poder desmesurado de los partidos políticos, ha convertido el sistema político español en un auténtico basurero.

Destaca en el panorama la vertiginosa caída de la confianza en Mariano Rajoy, en apenas cuatro meses de gobierno, todo un record mundial. Rajoy y el PP lo tenían todo porque el pueblo los elevó hasta el poder, dotándolo de una amplia mayoría absoluta, como antídoto al drama de Zapatero, pero en apenas unos meses, el triste Mariano ha demostrado ser un discípulo aventajado del nefasto Zapatero, casi tan inepto, injusto y mentiroso como el denostado socialista. Rajoy ha incumplido casi todas sus promesas electorales, lo que, en términos estrictamente democráticos, convierte a su gobierno en ilegítimo, ya que su ascenso al poder se ha basado en la mentira y el engaño. Pero su principal "pecado" ni siquiera es su incumplimiento de las promesas electorales, sino su incapacidad para combatir los grandes dramas de España, sobre todo la corrupción política, los injustos e inmerecidos privilegios de la clase política y el insoportable e incosteable tamaño del Estado, donde todavía hay casi medio millón de enchufados políticos agarrados a la teta pública, arruinando al país, sin otro "mérito" que ser familiares o amigos del poder y sin aportar absolutamente nada al bien común.

Voto en Blanco

La enseñanza está esperando
Francisco RODRÍGUEZ ADRADOS La Razón 12 Mayo 2012

Sí, no dudo de que hay duplicaciones, personal y cursos innecesarios, algo diré. El problema es que hay que proceder con infinito cuidado con los recortes, para no provocar desastres. Hay una jungla legislativa y burocrática en la que cualquiera se pierde. Y hay materias, sobre todo las humanísticas (no sólo el español, también el griego y el latín), que penden de un hilo, hay que ayudarlas. Ha crecido el número de alumnos, sí, pero ha bajado abrumadoramente la calidad.

Todo viene de esa jungla legislativa, con multiplicación de planes, autoridades, diferencias de centro a centro, de autonomía a autonomía. Del Gobierno de Villar y los tres del PSOE, sólo con el segundo de éstos, el de Felipe González, se pudo negociar algo. Y en el que siguió del PP, del 2000 al 2004, no se logró apenas nada, los sindicatos maniataron a la ministra.

Yo le había recomendado en ABC que cogiera al toro por los cuernos, pero no hubo nada de eso. En una comida en El Escorial le sugerí también que lo mejor será cargarse la Logse. En fin, su ley de calidad fue primero minimizada, luego derogada, cuando los socialistas llegaron al poder otra vez. Hay que reponerla.

Este Gobierno socialista último ha agravado las cosas. No merecía la pena ni hablar con ellos. Hizo, por ejemplo, programaciones que ocultaron lo mejor de la Historia de España: la Reconquista y América. Ahora urge revisarlo todo y, antes que nada, crear un primer año del Bachillerato. Un primer año serio. Y revisar la Logse y lo de después, quizá lo peor. Algo se ha hecho ya, hay que seguir.

Y en la Universidad, hay que echar Bolonia atrás, es una creación de la burocracia universitaria contraria a lo que opina el profesorado casi unánimemente. Es un recorte más, puro pedagogismo y decadencia: si ahora no es momento, debe quedar en la lista de espera. Materias culturales y humanísticas, como por ejemplo las Clásicas, que han salido siempre mal paradas, sufren también con Bolonia. Las de Ciencias también, me consta. Ayúdennos a que esto se detenga.

Recuerdo cuando, al iniciarse el ministerio de Maravall, a comienzos del 84, D. Antonio Fontán, que era amigo mío, D. Pedro Laín, D. Antonio Tovar, D. Luis Gil y yo mismo pedimos una audiencia al ministro, intentando mitigar el desastre. No nos recibió. Yo fui, con dos alumnas mías, pese a todo, al subsecretario o lo que fuera (los demás se excusaron) y el discurso que tenía preparado para Laín, tuvo que soltármelo a mí. Me limité a preguntarle: ¿y dónde van a aprender algo los alumnos? Me contestó: en las enciclopedias y la televisión.

Más tarde, a fines del 84, escribí un artículo que logré publicar en «EL PAIS» del 11 de diciembre, «La reforma del BUP, una amenaza para la cultura». Un dibujante experto lo decoró con un obrero, piqueta en mano, que derribaba el muro de un castillo. Se organizó un gran zafarrancho.

Yo podría sugerir cosas que podrían hacerse, como suprimir personal no docente innecesario, tal como los orientadores pedagógicos y esos másteres pedagógicos que hacen perder el tiempo a los alumnos. ¿Van a enseñarles cómo enseñar el griego quienes no distinguen la alfa de la beta? Igual en Química o en cualquier otra ciencia. Se impone el podado de opcionales y de tantas cosas que hacen perder el tiempo.

Todo viene del primer Gobierno del que hablo, el de Villar al final del Franquismo, con agravaciones cada vez mayores. Comenzaron la poda de exámenes, las rebajas en la elección del profesorado, etc. etc. Habría que estudiar cómo ir saliendo de esto. Porque la rebaja en la exigencia no ha podido evitar el fracaso escolar.

Y, créanme, mis alusiones al pedagogismo (con sus aliados) en absoluto significan desprecio. Yo soy maestro nacional y tengo sobresaliente en Pedagogía. Y vengo de raza de maestros; mis padres hicieron gran labor en ese campo, yo acompañaba a mi madre cuando visitaba las escuelas. La enseñanza primaria mejoró muchísimo. Lo trágico ha sido la invasión por la pedagogía y sus aliados de la enseñanza secundaria, ahora de la universitaria. Esto no sucedía en los años treinta, ni con la derecha ni con la izquierda. No es su sitio, basta que miren la etimología. Nosotros sabemos bien cómo enseñar nuestras materias.

Las víctimas silenciosas y las que ETA prefiere
Pascual Tamburri El Semanal Digital  12 Mayo 2012

España no deja de sorprendernos. No es sólo la tentación progre de despreciar a las víctimas del terrorismo, sino el hecho reiterado de olvidar a algunas. Con tantos complejos, ¿cómo van a ir bien las encuestas?

Una vez más, se han cumplido los años del asesinato por ETA de Tomás Caballero. Y una vez más UPN y su fundación homónima se han lanzado –curiosamente mientras se criticaban algunas políticas del PP respeto a ETA- a conmemorar a su santo fundador. Sólo que Tomás Caballero no fue un fundador del de centroderecha navarro, ni su hogar ideológico de origen era la derecha, ni el centro. Sobre todo,lo que escandaliza y duele es ver cómo unas víctimas –políticamente correctas quizás, quién sabe- sí merecen recuerdos oficiales que se niegan a otras. Como si unos fuesen más víctimas que otros, o como si transigir con todos o aldunos objetivos del terrorismo abertzale fuese un mérito para que unas víctimas fuesen ¿más dignas? que otras.

Hace unos años y aquí mismo, leído pero nunca respondido –por qué será-, resumía esta cuestión de modo que aún firmaría: "Este martes se han conmemorado, con la pompa oficial máxima posible en provincias, los diez años del asesinato del concejal Tomás Caballero. Pamplona –la Pamplona oficial, no nos engañemos- ha estado de luto. Bien está. Y mal está, no dejaremos de decirlo, que los homenajes, fundaciones, calles y plañideras que se dedican al pobre Caballero no se dediquen a otras víctimas de los terroristas abertzales. Porque el inspector Imaz no tuvo un accidente de tráfico, ni Jesús Alcocer murió de enfermedad, ni el general Juan Atarés se tropezó por la calle: fueron asesinados por los enemigos de España, y merecen por lo menos los mismos honores pamploneses que aquel concejal que, años antes de ser asesinado, había sido aplaudido por el mismo entorno de sus después asesinos. Ikurriña en mano".

Allá por 2007, recordábamos precisamente aquella Transición, la misma cuyos defectos parecen analizarse con más calma ahora en esta crisis: "… recordemos las banderas. Ya sabemos que en la Transición se había impuesto la ikurriña abertzale en el Ayuntamiento de Pamplona, y que el difunto Tomás Caballero había sido protagonista de aquella rendición que tanto agradó a la misma ETA que mucho después habría de asesinarlo. El PSOE gobernó Pamplona con la ikurriña puesta, aunque la Ley nacional estaba ya en vigor; hasta que llegó la derecha… 1987 – 1991, alcalde de UPN y mayoría relativa de centroderecha, como ahora. A pesar de esto, ni en la fachada del Ayuntamiento de Pamplona ni en el despacho del alcalde estaba colocada la bandera de España. Sin banderas, como máximo logro: y la Ley de Banderas era la misma. Pero si uno hace memoria, o se entretiene hurgando en las actas de las sesiones del Pleno municipal se encuentra que desde mediados de 1988 hubo un goteo constante de ruegos al alcalde Chourraut en el mismo sentido que las peticiones que ahora el Gobierno dirige a los Ayuntamientos rebeldes".

"La Ley 39/1981, de 28 de octubre, regula el uso de la bandera nacional (…). En el artículo 3.1. de dicha ley, se determina que la bandera de España deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración (…). La bandera nacional –´signo de la soberanía, independencia, unidad e integridad de la Patria´- debe ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de los edificios de la Administración Municipal del Estado. Pues bien, a pesar de la claridad de los preceptos legales vigentes, venimos observando que en este Ayuntamiento no se cumple dicha normativa y es por ello por lo que rogamos se den las órdenes oportunas para que la bandera de España ondee en el exterior –balcón principal- y ocupe el lugar preferente en el interior –despacho del señor alcalde- con carácter permanente." Protagonistas, por una parte, el alcalde Javier Chourraut y los concejales Alfredo Jaime, Miguel González Fontana, Santiago Cervera, Maribel Beriain, José Javier Gortari y Primitivo Asenjo, que ignoraron el ruego. Frente a ellos, como solicitante frustrado, en nombre de la legalidad violada y de la bandera despreciada, el único concejal de AP, José Ignacio Palacios Zuasti. De momento, triunfaron los complejos, la cuestión de las banderas quedó como Tomás Caballero había querido y el mundo de ETA aplaudido años antes.

Años después la Ley se cumplió, y se demostró que la única postura aceptable contra ETA y del lado de todas las víctimas era la que había sostenido Palacios. Por comodidad, algunos políticos tienden a olvidar que ETA es una organización asesina desde hace muchas décadas, mucho antes de matar a Miguel Ángel Blanco o Tomás Caballero. En los políticos más timoratos, peor asesorados o más cercanos a las elecciones se tiende a olvidar que todas las víctimas de ETA deben ser honradas, y que relegar a una sola es colaborar con la banda.

ETA ha matado, chantajeado y herido mucho en Navarra. Pero aún no he visto una placa en recuerdo de Jesús Alcocer, quizás porque era militar y eso es para algunos políticamente incorrecto. Aún no hay un monumento a Juan Atarés, pero quizás sea incómoda su condición de general de la Guardia Civil. Aún no hay una calle dedicada al inspector Imaz, quizás porque además de policía era militar, y dudo que fuese de izquierdas. Aún no hay una plaza para el jefe de la Policía Foral, Prieto, asesinado a la puerta de su parroquia, quizás porque era molestamente católico y molestamente militar. Estas víctimas, como todas desde antes del cabo Pardines y el inspector Manzanas, deben ser recordadas y honradas, y hacer una selección políticamente correcta o cronológicamente sesgada sería dar una victoria moral a los verdugos (como lo es conformarnos con el feo, genérico y cobardón monumento colectivo y mudo en el helipuerto del Baluarte)… Parafraseando a aquellos bienintencionados ilusos de la UCD, condenemos la hipocresía "venga de donde venga".

Hay demasiadas víctimas silenciosas, de las que no se habla y que parece que molestan. Hay la sensación difusa de que un cierto centroderecha prefiere elegir a quién conmemorar y de quién callar, como si no todas las víctimas fuesen igualmente enemigos de la banda marxista abertzale. Y es un falso análisis el de quien crea que "suavizar el discurso" contra ETA va a suponer algún tipo de ventaja. Como muy bien ha explicado Fernando José Vaquero hablando de la "vía Nanclares 2", ETA y su mundo asumen como un triunfo cada concesión de sus enemigos. Callar y avergonzarse, renunciar a combatir la batalla entera o renunciar a una sola de las víctima, incluso beatificar a unas en detrimento de otras, será entendido sólo como una rendición de Navarra y de España.

Secesionismo catalán
Manuel Molares do Val Periodista Digital 12 Mayo 2012

El partido que gobierna Cataluña, CiU, anuncia ya sin rodeos su voluntad secesionista aprovechando que la Nación española está desorientada por las dudas sobre su propia identidad, que proclamó y practicó Zapatero durante siete años, y por la actual crisis económica que desbarata el bienestar general conquistado durante las últimas décadas.

El nacionalismo catalán –el vasco no es postulante, sino etnizante-- amenaza con la independencia si no se atienden sus exigencias de mayor financiación.

Explota que toda España es rehén de su supremacía manufacturera, acelerada por el franquismo gracias a los estímulos e inversiones detraídos de regiones más pobres.

Los españoles han salvado varias veces las empresas-mito creadas por Franco en esa Cataluña, como SEAT, fundada en 1950, y a la que se le inyectaron ingentes fondos estatales cada vez que decidían cerrarla sus socios como Fiat, que acabó yéndose, o Volkswagen.

Como SEAT, fueron a Cataluña las compañías que pretendían vender en un país con mano de obra de saldo y trabas a la importación competitiva, obedeciendo la doctrina proteccionista del catalanista Francisco Cambó (1976-1947), que se mantuvo durante todo el franquismo.

Desde alimentos procesados hasta medicinas, con excepción de la metalurgia del País Vasco, las principales industrias manufactureras iban a una Cataluña protegida mientras el resto de España entregaba energía eléctrica y trabajadores baratos.

Cataluña prosperó tanto creó hace casi cinco décadas las primeras autopistas españolas, mientras en la mayoría del país sólo había caminos de caballerías no siempre asfaltados.

Le molesta al nacionalismo que el resto de España tenga autovías y quiera trenes rápidos, y exige cobrarse todas las regalías del mercado rehén de sus marcas, como hacía con Franco.

Que sepa que los demás tienen derecho a exigir las inversiones de sus muchas décadas como accionistas y clientes forzosos con pérdidas.

Desamparo, abandono y decepción
11 de marzo, la espiral del silencio
Ana Galante Libertad Digital 12 Mayo 2012

Desde el 11 de marzo de 2004, han pasado ocho años y 7 semanas. Durante este tiempo, todos aquellos que vivimos de primera mano el atentando, y dependiendo de la gravedad de las heridas, hemos visto trastocado nuestro día a día a nivel físico y emocional, sobre todo aquellos a quienes les arrebataron a sus seres queridos de la forma más cruenta y cobarde.

Como resultado, nuestra forma de relacionarnos con el exterior se ha visto deteriorada, mientras aprendemos a gestionar los desajustes emocionales provocados por el duro trance de asimilar las consecuencias, a nivel personal, del atentado del 11M.

Ya nada será igual, los mártires asesinados no nos permiten olvidarlo; tampoco las heridas físicas o emocionales provocadas directamente por el atentando, y lamentablemente otras que jamás pensamos que arrastraríamos, como el sentimiento de desamparo, abandono y decepción al reclamar justicia.

Por todo ello, me gustaría que lo que ocurrió el 11 de marzo no entre en una espiral de silencio, es decir, que el atentado se convierta en una agresión pública y silenciosamente tolerada.

Me gustaría indicar que la escala de violencia puede iniciarse de dos formas:

1) A partir de una agresión aislada, y/o
2) A partir de repetidas acciones de exclusión social y de humillación hacia una de las partes

También se considera agresión cualquier conducta que, aún teniendo intención de provocar daño, fracasa en su objetivo, como por ejemplo difamar.

Ante estos tipos de violencia a los que nos hemos visto sometidos en algún momento durante el transcurso de estos ocho años, siempre hemos respondido con nuestra necesidad de conocer la verdad y nunca ha existido un afán de venganza. Sólo una solicitud de protección y amparo al Estado por una circunstancia que ninguno de nosotros hubiéramos querido que sucediera ni ese 11 de marzo ni ningún otro día. Este Estado, el nuestro, ha de ser garante de ambos.

En el contexto de la agresión, la espiral del silencio, acuñada por la politóloga alemana Elisabeth Noelle-Neumann, estudia la opinión pública como una forma de control social en la que los individuos adaptan su comportamiento a las actitudes predominantes sobre lo que es aceptable y lo que no, para evitar entrar en una exclusión social.

Describía el proceso por el que la no intervención y el silencio de los observadores de agresiones o de actos violentos son interpretados como una señal de conformidad. De modo que, lo que es sólo opinión de una parte llega a ser considerado como una manifestación de aceptación generalizada, debido a que la mayor parte de las personas tienen miedo al aislamiento y a manifestar sus opiniones. Por ello, primero tratarán de identificar las ideas, para luego sumarse a la opinión mayoritaria o consensuada. En esta disyuntiva, la principal fuente de información serán los medios de comunicación y estos definirán el clima de opinión sobre los asuntos de que se trate. Este clima se cristaliza en opiniones y votos.

Esta situación dificulta la expresión de posiciones contrarias y, en este sentido, promueve los sentimientos de desesperanza de la víctima por no encontrar apoyo y por la actuación de los agresores, que persisten en su conducta impunemente. Aquí también intervienen los observadores que van desarrollando diversas estrategias de afrontamiento: evitan verse comprometidos, dan señales de simpatía a los agresores y justifican sus acciones minimizando la gravedad de lo ocurrido. Para paliar esta disonancia cognitiva que esto les provoca, la persona se ve automáticamente motivada para esforzarse en generar ideas y creencias nuevas para reducir la tensión hasta conseguir que el conjunto de sus ideas y actitudes encajen entre sí, produciéndose un notable cambio de actitud o de ideas ante la realidad.

Tras contaros esto, me gustaría no perder la esperanza, a pesar de que las víctimas, todas –directas e indirectas– del terrorismo vivimos abatidas, con un sentimiento de inseguridad, de tristeza por la ocultación de pruebas durante la investigación, un juicio y una sentencia irregular y, al mismo tiempo, intentando paliar nuestras heridas, incurables casi todas, para conseguir descubrir, juzgar y condenar a los criminales (materiales y estrategas).

Aunque intenten confundirnos, no cesaremos en nuestro empeño de concienciar a la sociedad para que se investigue la verdad de lo ocurrido. Y, por qué no, para exigir medidas preventivas para que no se vuelva a repetir nunca, que el mal no triunfe, ni sea premiado.

Tengo esperanza de que un día no muy lejano se pueda descubrir la verdad, por remordimiento de los autores o personas implicadas indirectamente, porque los que intervinieron en la trama se vean traicionados o porque la verdad y la justicia simplemente tienen que vencer. La esperanza y la justicia tienen que ser el motor de nuestras vidas.

Pido que no se nos instrumentalice, ni seamos moneda de cambio o prebendas al mejor postor. Lo que las víctimas demandamos es el cumplimiento de la ley y un afán de justicia, y en este tema las víctimas estamos plenamente legitimadas para condicionar y que se nos escuche, y no se puede permitir que los asesinos, los terroristas, impongan o condicionen su macabro proyecto. No nos lo podemos permitir.

Hay que agradecer a todos los valientes paladines de la Memoria, Dignidad y Justicia, de todas las víctimas del terrorismo que hablan alto, claro y sin miedo, día tras día, intentando concienciar a la sociedad para que se investigue la verdad, se cumpla la Ley y, en definitiva, que haya JUSTICIA.

No permitamos que se arrincone, margine o recluya en un silencio ominoso a las víctimas del terrorismo. Recordad que las victimas reclaman justicia porque sobre ellas recae todo el sufrimiento que los terroristas querían infligir al Estado.

Ana Galante es víctima del 11-M

Bruselas dice que las autonomías son un lastre para el cumplimiento del déficit
Según la Comisión Europea, sólo se logrará reducir el déficit del 8,5% al 6,4% este año y al 6,3% en 2013 si adopta nuevos recortes por valor de 11.000 millones de euros
Ep. www.lavozlibre.com 12 Mayo 2012

Bruselas.- España sólo logrará reducir el déficit público del 8,5% al 6,4% este año y al 6,3% en 2013 si adopta nuevos recortes, debido a las desviaciones en las comunidades autónomas y la seguridad social, según las previsiones económicas de primavera publicadas este viernes por la Comisión Europea. Estas cifras quedan muy lejos de los objetivos pactados con la UE del 5,3% en 2012 y del 3% el año que viene.

Según los cálculos de Bruselas, la economía española se contraerá un 1,8% este año (lo que supone un fuerte empeoramiento respecto al -1% que había pronosticado en febrero) y un 0,3% en 2013. Los pronósticos del Ejecutivo comunitario son ligeramente más negativos que los del Gobierno, que prevé un retroceso del 1,7% este año y un crecimiento del 0,2% el que viene.

La nueva recesión de la economía española, que se inició en el último trimestre de 2011, alcanzará su fase más álgida durante la segunda mitad de este año, "lo que refleja el impacto a corto plazo de los esfuerzos de consolidación" fiscal, explica la Comisión. Así, durante los dos últimos trimestres del año, España se contraerá un 1,1%, frente al decrecimiento del 0,3% entre enero y marzo y del 0,6% en el segundo trimestre.

La economía española sólo volverá a crecer en 2013, aunque a tasas muy bajas de alrededor del 0,5% trimestral. Y la Comisión avisa de que la vuelta al crecimiento podría tardar aún más si hay más recortes. En todo caso, para el conjunto del año la tasa será negativa por el efecto arrastre del año anterior.

El paro seguirá subiendo durante los próximos dos años pese a la reforma laboral, hasta alcanzar el 24,4% de media en 2012 y el 25,1% el año que viene. "Teniendo en cuenta la actual debilidad de la economía española, esta reforma provocará probablemente un crecimiento más moderado (o incluso una reducción) de los salarios y más caídas en el empleo a corto plazo", avisa el Ejecutivo comunitario.

La inflación se situará en el 1,9% este año y bajará hasta el 1,1% en 2013, por debajo de la media de la eurozona, "lo que permitirá alguna mejora en la competitividad en materia de precios".

AMNISTÍA FISCAL
Por lo que se refiere a la previsión de déficit, la Comisión explica que sus cálculos tienen en cuenta los ajustes de 10.000 millones de euros en educación y sanidad, pero no la amnistía fiscal prevista por el Gobierno "debido a la incertidumbre a la hora de estimar los ingresos adicionales que crearán estas medidas". "La aplicación con éxito de la amnistía fiscal implicaría un mejor resultado presupuestario que el actualmente estimado", señala Bruselas.

El Ejecutivo comunitario asegura que con las medidas adoptadas hasta ahora "el objetivo (de déficit) del Gobierno central (para 2012) está al alcance de la mano, pero se prevén desviaciones para los gobiernos regionales". Además, el sistema de seguridad social registrará de nuevo déficit debido al deterioro de las previsiones para el mercado laboral. El nivel de deuda pública de España subirá al 80,9% este año y al 87% del PIB en 2013.

RIESGOS A LA BAJA
Bruselas avisa de que las previsiones están sujetas a considerables riesgos a la baja. "Una intensificación de la crisis de deuda soberana podría aumentar significativamente la prima de riesgo de España", afirma la Comisión. "Además, un mayor deterioro de los balances de los bancos podría tener consecuencias negativas para el crédito a la economía real y para las finanzas públicas", según el Ejecutivo comunitario. Otros riesgos son el aumento de los precios del petróleo y una mayor tasa de ahorro en los hogares por miedo a la crisis.


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Denuncia contra Dívar
Gómez Benítez y las togas sucias
Guillermo Dupuy Libertad Digital 12 Mayo 2012

Hace muy bien la Fiscalía en investigar la sorprendente denuncia presentada por el vocal del Consejo General del Poder Judicial, José Manuel Gómez Benítez, contra su presidente, Carlos Dívar, por cargar al presupuesto del CGPJ unos 5.600 euros gastados en seis viajes que, según el denunciante, no tenían justificación en condición de su cargo.

Aunque Dívar ya haya difundido un comunicado en el que, además de su sorpresa, asegura que todos sus gastos a cargo del presupuesto del CGPJ están acreditados y fiscalizados por la responsable de la Intervención General del Estado, la Fiscalía tiene el deber de despejar toda sospecha.

Dicho esto, habrá que ver si la Fiscalía -que ya se ha puesto diligentemente a revisar los justificantes de los viajes de Dívar- decide finalmente archivar o no la denuncia para cuestionarnos si Gómez Bénitez la presentó por puras razones de enemistad, movido por un más que reprobable "difama que algo queda". Y lo planteamos porque ya nos resulta llamativo que, habiendo manifestado el miércoles que hay otros casos similares a los de Divar, Gómez Benitez solo haya trasladado a la Fiscalía datos del presidente. También nos sorprende que la denuncia se deba a una escrupulosa y encomiable ética pública por parte del vocal denunciante, cuando no mostró el menor síntoma de preocupación cuando su buen amigo Garzón cobraba a la vez de la Audiencia Nacional y de la Universidad de Nueva York. Eso, por no hablar –tal y como también ya han señalado algunos medios de comunicación- del poco explicado hecho de que el denunciante Gómez Benítez siga cobrando lo mismo, a pesar de que desde hace tiempo se ha ido borrando de todas las comisiones del CGPJ excepto una.

Ahora bien. Puestos a pedir explicaciones y abrir diligencias para asegurarnos que ningún miembro del poder judicial tiene la menor mácula en su toga, todavía echo en falta las explicaciones de Gómez Benítez respecto al acta interceptada en Francia al dirigente etarra Francisco López, alias Thierry y relativas a la "paz sucia" con ETA, en la que se asegura que el actual vocal del CGPJ -entonces emisario de Zapatero ante los terroristas- puso en valor y señaló como prueba de la voluntad de dialogo del Gobierno la comisión del chivatazo policial a ETA en el bar Faisán. A mí ya me pareció indecente que ahora ocupe un puesto en el CGPJ quien no se atrevió a desmentir este extremo ante las camaras de televisión.

Se supone que los tiempos en los que, desde la Fiscalía General del Estado, se animaba a jueces y fiscales a "no eludir el contacto de las togas con el polvo del camino" se fueron con Conde Pumpido y con aquella paz sucia con ETA. Ahora sólo espero que la denuncia contra Dívar no la motive razones de enemistad y que esa enemistad no sea en el futuro utilizada como motivo para que Gómez Benítez no tenga que dar explicaciones sobre sus inolvidables viajes para reunirse con ETA.

La encrucijada popular
xavier pericay ABC Cataluña 12 Mayo 2012

Decía ayer María Jesús Cañizares en estas mismas páginas que el Partido Popular de Cataluña —o Partido Popular Català, tras el reciente cambio de marca, que incluye, junto al adjetivo, una banderita cuadribarrada— se halla en una encrucijada: seguir dando su apoyo al nacionalismo gobernante pese a su progresivo radicalismo o romper con él e instalarse en la más estricta oposición.

Cierto, la encrucijada existe. Y no es cosa de ayer. Hasta puede que se esté dando desde el inicio de la legislatura autonómica, a juzgar por la constante alternancia de profesiones de generosidad y responsabilidad con amenazas y amagos de divorcio. Pero, como bien dice asimismo Cañizares, la ruptura, para el PP, tiene un precio. Se llama, por ejemplo, Diputación de Barcelona, Corporación Catalana de Medios Audiovisuales y Ayuntamiento de Badalona. Esto es, presencia institucional. Esto es, cargos y sueldos. Y ahí duele. Sobre todo para un partido que llevaba décadas reclamando un lugar al sol catalán y que ahora, con esos cuatro rayos que le alumbran y caldean, debe de estar tocando el cielo.

Nada que ver, en este sentido, con el PP del País Vasco. En su caso no ha habido ni siquiera amagos; sólo generosidad y ejercicio de la responsabilidad. Es verdad que el objetivo era distinto, completamente distinto: lo que va de permitir que en una Comunidad donde siempre ha gobernado el nacionalismo este deje de gobernar, a permitir que en otra Comunidad donde también ha gobernado siempre continúe haciéndolo. Pero yo no sé qué hubiera pasado en el País Vasco si el PP hubiera alcanzado allí acuerdos semejantes con el ejecutivo socialista a los alcanzados aquí por los populares catalanes con el nacionalista. Lo más probable es que la ruptura, como mínimo, se hubiera dilatado un tiempo. Y es que, cuando un presunto socio te trata con el mayor de los desprecios —y en eso no hay diferencia entre el Gobierno vasco y el catalán—, lo mejor es tener las manos libres.

En un callejón
Que el Govern declare que va a incumplir las leyes tiene consecuencias inevitables
Francesc de Carreras (vía www.vozbcn.com) La Vanguardia  12 Mayo 2012

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Convergència se está metiendo en un callejón cuyas únicas salidas pueden ser echarse al monte o echarse atrás. Ni una cosa ni otra, por razones distintas, entenderían sus electores.

Quizás le puede suceder a CiU algo parecido a lo que le ocurrió al PSC cuando tras la derrota de Maragall en las autonómicas de 1999, jugando, jugando, empezó a coquetear con ERC y prometerle un futuro maravilloso: entre los dos harían una reforma del Estatut que cambiaría totalmente la vida política catalana. A partir de ahí, el PSC empezó a perder centenares de miles de votos en todas las elecciones autonómicas siguientes hasta llegar a su actual situación, la peor de su historia. Los socialistas abandonaron sus principios para disfrutar durante siete años de la presidencia de la Generalitat y, como es lógico, fueron abandonados por buena parte de sus electores. Hoy se encuentran desarmados, confusos y desorientados.

Algo parecido le puede suceder a CiU. Para recuperar el poder trazó un horizonte independentista que quizás entusiasma a muchos de sus militantes, a la mayoría de sus dirigentes actuales y a los votantes que trasladaron hace diez años sus preferencias a ERC y en las últimas elecciones volvieron a la casa del padre. Pero CiU sabe que buena parte de sus votantes son gente conservadora, catalanistas moderados que no están para aventuras arriesgadas.

Es evidente que una parte del Govern de Mas, posiblemente el mismo president aunque sea en la intimidad, y sin duda Duran Lleida y los suyos, pertenecen a este grupo. Pero están siendo arrastrados por el otro, los partidarios de la épica independentista, grupo, encabezado nada menos que por los Pujol, padre e hijo, y sostenidos por un amplio coro de columnistas y tertulianos. Y también están, como les sucedió a Maragall y a Montilla, comprometidos por sus propias promesas: un concierto económico como los vascos -algo tan imposible como el Estatut si no se cambia la Constitución- y, en caso de que esto no se lleve a término, como están ya convencidos, por una misteriosa transición nacional que en realidad encubre un referéndum para la independencia, más imposible todavía que lo anterior si pretende convocarlo la Generalitat.

Esta semana Artur Mas ha dado un nuevo paso en esta dirección: si no se llega a un acuerdo para el concierto económico, la Generalitat decidirá crear una hacienda propia depositaria de todos los impuestos que se recauden en Catalunya, algo obviamente también irrealizable dentro de nuestro sistema constitucional. Que un poder público como la Generalitat declare que va a incumplir las leyes tiene consecuencias inevitables. Nos estamos deslizando hacia un nuevo 6 de octubre. Todos los callejones tienen salida, aunque sea saltando por los tejados o haciendo marcha atrás. ¿Sabe el Govern el lío en el que se está metiendo?

Nacionalistas o nazionalistas
Isabel San Sebastián, ABC,  12 Mayo 2012

Ni PP ni PSE ni tampoco UPYD pueden conseguir otra cosa que una representación simbólica en la tierra que vio nacer a Unamuno

LA única duda que plantean las próximas elecciones autonómicas vascas es si las ganarán los nacionalistas con «c», es decir, el PNV, o si se llevarán el gato al agua los nazionalistas con «z» de nazis, cuya marca electoral puede ser Amaiur, Bildu o Sortu, si es que este partido logra superar a tiempo la barrera de la justicia. No es que unos y otros difieran gran cosa en lo que respecta a sus programas identitarios. Ambos propugnan la separación de España, considerada el máximo enemigo de un presunto «pueblo vasco», previo reconocimiento del derecho de autodeterminación de ese ente abstracto. Ambos estiman que ese presunto «pueblo vasco» se diferencia del conjunto del pueblo español por sus características étnicas, y piensan, aunque no lo digan en voz alta, que esa diferencia equivale a superioridad. En lo que discrepan, al menos oficialmente, es en la forma de luchar por la independencia que ansían. Los nazionalistas, con «z» de nazis, justifican y respaldan los asesinatos, la extorsión, el secuestro y cualquier otra forma de violencia ejercida en nombre de esa ensoñación llamada Euskal Herría, patria de la berza y de la vaca, como decía Vidal de Nicolás, fundador del Foro de Ermua. Los nacionalistas a secas condenan los actos brutales de sus hijos ideológicos, aunque nunca les han hecho ascos a las nueces recogidas del árbol que sacudía ETA; esto es, a las transferencias y demás prebendas logradas a base de tiros en la nuca y bombas.

Ésas son las opciones. Nacionalistas «moderados», con una oferta económica a la medida de la burguesía vasca, o nazionalistas filoetarras, dispuestos a retrotraer el País Vasco a los tiempos de Sabino Arana. Lo que va a desaparecer del mapa político vasco como alternativa real de Gobierno es el constitucionalismo. Ni PP ni PSE ni tampoco, lamentablemente, UPYD pueden conseguir otra cosa que una representación simbólica, lo que es tanto como decir que España perderá presencia, hasta quedar reducida a una sombra, en la tierra que vio nacer a Juan Sebastián Elcano y a don Miguel de Unamuno.

Y todo por la traición de unos socialistas que prefirieron agachar la cabeza ante los terroristas en vez de plantarles cara, a semejanza de esos periodistas griegos impúdicamente acollonados por los matones de la ultraderecha, sumada al apocamiento de unos populares que han sostenido a Patxi López para nada. Para nada, sí, porque nada han conseguido a cambio de sus trece votos decisivos, más que la Presidencia del Parlamento autonómico, lo que parece muy poca cosa si se compara con el formidable patrimonio de dignidad democrática contenido en las siglas que defendieron con sus vidas Gregorio Ordóñez, Miguel Ángel Blanco y tantos otros.

Ahora se ha roto la baraja de ese pacto contra natura, no por las discrepancias insalvables nacidas de un mal llamado «proceso de paz» miserable, sino porque el lendakari ha empezado a utilizar su poder como ariete contra La Moncloa. O sea, que han pesado más los ataques contra Mariano Rajoy que las ofensas a las víctimas. Y toca ir de nuevo a las urnas. ¿Para qué?

Sería muy de agradecer que los candidatos de las formaciones menores, las que no pueden pretender otro papel que el de comparsas, nos dijeran claramente qué piensan hacer con sus sufragios, porque un porcentaje significativo de electores se debate ya indeciso entre el voto de conciencia y el «útil». O sea, entre el mal mayor y el mal supremo. Que digan claramente Basagoiti y López si estarán con los nacionalistas, con los nazionalistas o en el extrarradio. Porque no habrá más opciones.


"ES ABOMINABLE"
El Gobierno impugna el plan de Bildu de marcar a los vascos según su origen
La Diputación de Guipúzcoa pretende clasificar a los ciudadanos que tanto ellos como sus padres hayan nacido fuera del País Vasco.
LIBERTAD DIGITAL 12 Mayo 2012

El Gobierno va a recurrir la reciente creación por parte de la Diputación Foral de Guipúzcoa, en manos de Bildu, de la dirección general de Migración y Diversidad de la Diputación y que pretende que quienes "han nacido fuera de Euskal Herria" estén clasificados. El objetivo es saber si un ciudadano o sus padres no son nacidos en el País Vasco.

Según informa ABC, el Ejecutivo "no va a tolerar" ningún tipo de iniciativa que sirva para "segregar" y "clasificar" a los vascos. En este sentido, la Delegación del Gobierno ha instado a la Abogacía del Estado a recurrir esta dirección general puesto que además de "su perversidad ideológica" invadiría competencias del Estado.

De hecho, afirman que esta iniciativa de Bildu es "abominable" e insisten desde la delegación del Gobierno en que "no permitiremos que Bildu imponga su nacionalismo obligatorio amparándose en supuestas políticas migratorias y de extranjería, que son propias de regímenes de otros siglos, y que, por lo demás, corresponden al Gobierno central".

Por ello, desde la Delegación de Gobierno en País Vasco un requerimiento formal a Martín Garitano para que explique en un "plazo de veinte días" qué es lo que pretende con esta iniciativa de marcar a los vascos.




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