AGLI Recortes de Prensa   Sábado 19  Mayo 2012

Un día recordaremos lo mal que lo pasamos
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 19 Mayo 2012

Hemos tenido que llegar a una situación crítica, a asomarnos al borde mismo de un precipicio económico y social, a visualizar el riesgo que como Nación y como ciudadanos corríamos para que se haya producido el hecho. El estado, el Gobierno central ejerciendo su autoridad, su responsabilidad última por encima, si, así es y así hay que decirlo de una vez, por encima de las autonomías.

Desde el mismo día de su procelosa constitución y aquel nefasto café para todos del que venimos pagando las consecuencias tanto políticamente (lejos de embridar e integrar a los nacionalismos estos se han desaforado y desbocado hacia el secesionismo) como económicamente (tendieron hacía la taifa y el miniestadillo derrochador y descontrolado) hasta llegar a poner en peligro al propio Estado y a descoser nuestra Constitución.

Ha tenido que ser esta crisis brutal y llegar a palpar el vacío del abismo para que al fin hayamos tenido que afrontar la dimensión tremenda del disparate y el agujero autonómico. Y dar marcha atrás, sí, marcha atrás, que lo que hay que hacer cuando se galopa hacia el despeñadero, con un tajante golpe de brida y de estribo.

El jueves sucedió y uno no tenía memoria periodística del hecho sin precedentes y que a mi juicio trasciende y rebasa la cuantía e importancia, que ya son trascendentales 18.000 de ahorro por si solos, económica del asunto para entrar en un territorio todavía más esencial de vertebración autoridad y disciplina de Estado. El ministro del Gobierno de España llamando a capitulo a los consejeros de las autonomías y exigiéndoles el presentarse con sus exámenes y sus deberes hechos. Y si no suspenso e intervención.

Lo que parecía que no podía hacerse, lo que se suponía no iban a consentir unos por nacionalismo otros por oposición ideológica, la famosa insumisión que por allí y por allá se amenazaba quedó diluida ante la palabra mágica: intervención. Que ya saben, que ya sabemos que puede hacerse, que así está contemplado, que es lógico que un Estado la tenga como instrumento sobre una de sus partes, pero que pareciera que aquí nadie se atrevía ni a plantearla y mucho menos a ejecutarla. Pues se ha visto que si, que esa firme voluntad política había, que existían los instrumentos para llevarla a cabo y, por responsabilidad, que mejor, o porque no les quedó otro remedio, el caso es que allá estaban todos muy serios con su carpetas y el ministro de Hacienda, presentando sus exámenes al señor Montoro que sin duda ha conseguido algo de enorme alcance y trascendencia: visualizar una Nación, la autoridad de un Estado y que el todo ha de prevalecer sobre una o las partes varias de ese todo. Vamos que las autonomías son Estado y a el están sometidas para lo bueno y para lo malo. Democráticamente, descentralizadamente, autonómicamente, constitucionalmente, si, pero sometidas al control del Estado.

Y todas han pasado por el aro. Y pasara la que por la esquizofrenia política en la que la ha metido Cascos no ha pasado. Cataluña, por supuesto, y hasta animando a las otras. Y la presuntamente díscola Andalucía que pillada en trampa hubo de sacar de nuevo el lápiz y dejarse de milongas para no encontrarse con el suspense y los interventores de Montoro subidos al AVE camino de Sevilla. Mucho mejor así, mucho mejor que aparecieran esos 300 millones (por cierto las subvenciones a todas las causas evanescentes e interesados delirios cercanos y lejanos que se concedieron días antes de las urnas eran casi eso que ahora tendrá que recortar como añadido) y mucho mejor esa senda aunque ahora entren en el dislate de su vicepresidente y consejeros “movilizándose” en la calle para “luchar” contra lo que ellos mismos aprueban en sus despachos y en consejo de Gobierno. Bien está lo que bien a acaba y este principio ha sido poner la base y marcar la senda para llegar a algún buen termino. Era la pieza esencial que faltaba, aun queda el adelgazamiento drástico de las administraciones varias, y que va aparejada a ella tras la reforma laboral y la financiera. Esta, la autonómica, que acaba de ponerse en marcha, era la tercera o quizás la primera de las madres del cordero.

Me quedo con ello de una semana aún más convulsa que la anterior, con ataques de pánico y tertulianos insensatos clamando casi porque cundiera, con razones crecientes para la preocupación y la angustia, con Rajoy demacrado pero cada vez más emplazado en su papel presidencial y conservando la calma y aguantando tranquilo el embate, con esa UE que exige pero que luego cuando se cumple se paraliza y a la que hay que exigir ya de una vez que sea proactiva y apoye a quien se aplica en soluciones y no esperar a situaciones in extremis para mover una pestaña, con esos bancos que han de poner amen de dinero y, de una vez por todas, lo negro de los tóxicos de ladrillos en blanco y provisiónado, con esa Bankia sobre la que caían los buitres sobre su cotización bursátil y que de no tomar la drástica medida de su nacionalización hubiera contaminado todo, como esta salpicando la medicina que ha habido que aplicarle al sector entero y con un clima en que parecía que el cielo se desplomaba sobre nuestras cabezas. Como remate una agencia de esas, Moodys me parece, y justo después de ese substancial avance ponía su amargura y sus rebajas, inmediatamente después, y por ver si conseguía hacer aun más la puñeta. Y pareció que, parta nuestra mayor desazón, lo lograba. El viernes amanecía con la bolsa en nuevo desplome, con la prima de riesgo escalando. Otra granizada más.

Pero giró el torno.La maldita prima se enfriaba, ¡a ver si se pasma de una vez!, la bolsa cambiaba al verde y Bankia se disparaba al alza (llego a subir más de un 30%) y los ánimos se calmaban. Rajoy se verá con Merkel y con Hollande, y a ver si le dice algo a la señora, que esta muy bien la austeridad y en ello estamos pero también un poquito de agua. Los resultados de todo lo que se esta haciendo no se verán mañana. Pero se verán. Y uno día recordaremos lo mal que lo pasamos. Que espero que lo recordemos tiempo para no caer en el mismo charco. Tardará y perderemos nervios y paciencias, y nos llevaremos los disgustos que aun nos quedan. Pero saldremos. Porque no nos queda otra y como país y como Gobierno hay que decir que se está haciendo lo que se debe. No siempre con todo el tino ni a veces con inteligencia para saber dosificarlo y presentarlo. Pero se está haciendo. Y ayer Montoro le ganó la baza a Mododys y yo me alegro. Y aquí dejo este mensaje esperanzado antes de que la bolsa se de, otra vez, la vuelta y vuelva al rojo.

(Publicado en los diarios del Grupo Promecal)

Con privilegios no hay transparencia
EDITORIAL Libertad Digital 19 Mayo 2012

El gobierno aprobó en el Consejo de Ministros del pasado viernes el proyecto de Ley de Transparencia, una norma que incluirá algunas de las peticiones que los ciudadanos han planteado al ejecutivo a lo largo del periodo de consulta pública establecido al efecto.

Cualquier iniciativa que tenga como fin dotar a la gestión de los asuntos públicos de una mayor publicidad ha de ser recibida con satisfacción, porque la claridad en el manejo de las cuentas públicas es un imperativo de las democracias realmente participativas. Ahora bien, una norma de estas características debería incidir precisamente en las materias que han gozado siempre del privilegio de la opacidad, y no parece que el proyecto de ley presentado por el gobierno, a falta de las modificaciones que se introduzcan a lo largo de su trámite parlamentario, sea un dechado de rigor en algunos terrenos donde se echa muy en falta precisamente la nitidez anunciada por el ejecutivo con la puesta en marcha de esta iniciativa.

Es el caso del manejo de los fondos públicos por parte de sindicatos, partidos políticos y patronal que, al igual que la Casa Real, quedan fuera expresamente del ámbito de esta Ley. La vicepresidenta del Gobierno aludió como justificación a que ninguno de estos sujetos jurídicos son propiamente órganos de la administración pública. Siendo esto cierto, no lo es menos que todos ellos se financian con dinero público sin que los ciudadanos que los mantienen con sus impuestos puedan saber a qué dedican los abundantes fondos que reciben, más allá de los controles esporádicos de los órganos de la Intervención de cuentas que, por ejemplo en el caso de los sindicatos, jamás se han llevado a efecto con el rigor que cabe exigir a unas corporaciones que viven del presupuesto de todos.

En el caso de la Casa Real hubo incluso peticiones expresas de los ciudadanos en el periodo de información pública para que esta ley de transparencia obligase a su titular a explicar la forma en que administra los fondos recibidos, dando cuenta de su aplicación en la página web abierta a tal efecto. En el caso de sindicatos, patronal y partidos políticos no es ya que se reciban solicitudes concretas durante la tramitación de una norma legal como este proyecto de ley, sino que existe un clamor ciudadano para que las tres entidades, con sus centenares de órganos afines, rindan cuentas hasta del último euro recibido del bolsillo de los contribuyentes, gracias a cuyo esfuerzo mantienen sus estructuras, puesto que con las cuotas de su afiliados no cubren ni el veinte por ciento de su gasto anual.

Bien está que los ciudadanos puedan acceder a través de internet a las plataformas de contratación de las administraciones públicas y que el marasmo de regulaciones existente se simplifique reuniendo información clara de la normativa que afecta a cada sector de nuestra sociedad. Si además se refuerza la independencia del organismo que ha de velar por la transparencia de la administración pública española, los ciudadanos tendrán una mayor garantía de pulcritud en el manejo de los asuntos públicos. Sin embargo, hasta que no se levante el veto del que disfrutan algunas corporaciones privadas dependientes del presupuesto público y las más altas instituciones del Estado, nadie podrá decir con propiedad que España es un país transparente.

Rajoy ha tenido la oportunidad de acabar de una vez por todas con esas zonas opacas, impropias de las democracias maduras en las que resulta imperativo la información constante a todos los ciudadanos de la manera en que otros gastan su dinero. Por desgracia para todos, ha decidido desaprovecharla. Que nadie se queje si el prestigio y la imagen de esos privilegiados continúa derrumbándose al preocupante ritmo actual.

Indios Cherokees infiltrados en el 15M
Juan Vicente Santacreu Estrella Digital 19 Mayo 2012

Lo triste es lo que pudo ser el Movimiento 15-M y lo que no fue. Recuerdo que en los comienzos del 15-M muchos vimos con buenos ojos este movimiento -como cualquier otro- que intenta levantar la voz del pueblo contra un Sistema putrefacto.

Por expresar estos pensamientos en voz alta, a algunos periodistas les dieron de “leches dialécticas” en más de una tertulia política; Federico Quevedo y Javier Gallego Jane, entre otros. Unos se dieron cuenta inmediatamente de la manipulación del 15-M, otros nos dimos cuenta a los pocos días, y otros aun se resignan a aceptar que este grupo está capitaneado por basura social. Basura es poco, es más propio hablar de deshechos de basura que ni siquiera sirven para reciclar.

El 15-M, aunque muchos de sus seguidores son ciudadanos normales, está capitalizado por grupos de izquierda identificados como “parásitos fagocitarios” de las libertades sociales. Son los neocomunistas del siglo XXI. También los mal llamados “Antisistemas”. Pero no es cierto, los antisistemas somos otros, los que luchamos contra el Sistema sin desmontar los pilares básicos del edificio que, en definitiva, son los que mantienen en pie la estructura. Creo que todos estamos de acuerdo que el edificio tiene aluminosis y hay que rehabilitarlo, pero con realismo,
tecnocracia y coherencia.

Hoy en día ya no se puede tomar en serio a un 15-M liderado por una panda de indigentes culturales. Son unos “Charlys” con denominación de origen, que además tienen que llevar pircing en la cabeza para sujetar sus ideas, o clavos en la nariz para evitar “moquear”.

A la llamada del “grito de guerra” del 15-M han acudido todo tipo de tribus sociales, hasta indios “Cherokees” los hemos visto pulular por la Puerta del Sol con sus demandas surrealistas: Desmantelamiento de la Banca, ocupar los pisos vacíos, recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, energía verde... ¿Energía verde?, pero si no tienen ni “puta idea” de lo que ocurre en sus cabezas “flipadas” de hierba fina, ¿cómo van a saber qué tipo de energía necesita una bombilla?

Estas demandas sociales solo pueden ser el producto de un grupo asambleario después de haber fumado la “pipa de la paz” cargadita de buena “maría”.

Y es todo un espectáculo ver su repulsión hacia las televisiones liberales o ante el Toro de Intereconomía reclamando libertad de medios de comunicación. Todos cortados por el mismo patrón. Actúan como un cuerpo unicelular carente de neuronas cerebrales.

¿Se imaginan ustedes a un Charly de esos, rapado con cresta, flipado las 24 horas y sujetando sus ideas con clavos y pircing trabajando en su empresa?. Lo sé, ni con un colocón se puede imaginar tal estampa.

Por si queda alguna duda de la transversalidad y espontaneidad del 15-M, de donde vienen, quienes son y a donde van, basta decir que en este primer aniversario del 15-M han sido impresos unos 100.000 carteles de distintos tamaños, distribuidos y pegados por la ciudad de Valencia. Para dar más pistas diré, además, que escritos en Catalán. ¿Crees que algún valenciano normal se dedica a hacer el gilipollas en
Catalán?, ¿Quién lo ha pagado todo?

Todo esto es lo que nos diferencia de Islandia, allí no han participado tribus, ni “Charlys” ni “peluos”, allí han salido a la calle ciudadanos para pedir pocas cosas, pero muy claras y concretas: Meter a los banqueros y políticos en la cárcel y reformar la Constitución. Eso sí, todos los islandeses salieron a luchar con la bandera de la nación.

A ver si aprendemos de una vez de Islandia y salimos todos a la calle con la bandera de España. En nuestras protestas podríamos empezar por Bankia y pedir la encarcelación de todos los que han participado con la malversación de prestamos a las Autonomías y a partidos políticos llevando a todas las Cajas de España a la ruina. Aprovechando que el “traidor” Rajoy ha aumentado a 10 años los delitos económicos, pues eso, todos los directivos y consejeros que han pasado por Bankia en los últimos 10 años, a la cárcel.

Luego podemos seguir con el “Idiota”. Este no ha hundido una banco, este ha arruinado millones de familias y a España entera. ¿Quien ha sido el imbécil que lo ha metido en el Consejo de Estado?. A este sujeto hay que tirarlo inmediatamente, hacerle un juicio sumarísimo y rápido para encerrarlo. Es un peligro público, todo lo que toca se hunde.

Posteriormente podemos seguir con “El Traidor” que con sus políticas oscuras de gallego profundo está convirtiendo en bueno a Zapatero. A Rajoy se le puede juzgar por todo lo que quieras: encubrimiento, sumisión y apoyo a banda armada, traicionar a las víctimas de terrorismo, colaborador necesario para que hayan delincuentes y terroristas en la administración, financiación a terroristas a través la administración, incumplimiento de contrato laboral, mentiras continuadas, estafa a sus electores, malversación de votos de derechas, etc. Y si hablamos del idioma español, hay que juzgarlos por no cumplir ni hacer cumplir la Constitución.

Una vez despejado el “Sistema” podremos hacer limpieza étnica en España y expulsar a tanto bastardo independentista para extraditarlos a Cuba, Venezuela o Argentina y que les “den por culo” a ellos con sus “putas Autonomías”.

Ahora sí, una vez limpia España de escoria y sin traidores ni idiotas gobernando, podremos pedir listas abiertas, independencia judicial, reforma Constitucional, eliminación de las 24.530 leyes prohibitivas que sufrimos los españoles y cuantas cosas más pida el pueblo, que es donde debe residir la soberanía nacional. Esto es el verdadero 15-M. O por lo menos así lo pienso y así lo digo.

Olvidos imperdonables
Charo Zarzalejos Estrella Digital  19 Mayo 2012

Por primera vez desde que el PP llegó al Gobierno, la sobremesa del viernes resultó tranquila. La Vicepresidenta del Ejecutivo no anunció nuevas medidas de recorte y si se recreó en el "pacto de Estado" que había supuesto, el jueves, el encuentro del ministro Montoro con las Comunidades Autónomas. Todas, sin excepción, se avenían a ajustar sus números. Andalucía, muy crítica con las medidas del gobierno, y Cataluña, también crítica y además quejosa, no plantearon mayores problemas. Al contrario. Contrastaron cifras con el Gobierno y finalmente la reunión acabó en paz y con acuerdo.

El alivio del Ejecutivo fue enorme y para los españoles una preocupación menos. No sé que hubiera ocurrido si alguna autonomía se hubiera declarado 'en rebeldía'. Como no ha ocurrido, mejor no jugar a los acertijos.

El mensaje de unidad y disciplina era el mensaje necesario para todos aquellos que fuera de España nos miran con lupa, nos examinan sin piedad y si pueden especular, especulan sin miramientos. Era un mensaje necesario para poner algún tipo de dique a quienes, por sistema, no se fían de nosotros y para aquellos que de manera más o menos sutil cuando hablan de Grecia a continuación, sin ni siquiera añadir un punto y coma, miran a España. Que nos miren menos, que no repitan una y otra vez que el Gobierno está haciendo las cosas bien y que pongan a funcionar al BCE para que nuestra prima de riesgo no nos ahogue en tierra.

Hasta aquí hubieran llegado estas líneas si no hubiera sido porque el viernes por la tarde, después de la tranquila sobremesa, no nos hubiéramos enterado que, ¡vaya hombre¡ las cosas no eran como parecían, hasta el punto de que por tercera vez el Gobierno tenia que decir a Europa que no, que el déficit no era del 8,2, sino del 8,9. Que había que modificar las cifras porque tanto Madrid como Valencia y en menor medida Castilla León resulta que no se habían dado cuenta de que sus déficits no eran los que habían dicho.

Madrid duplicaba el que con tanto orgullo había dado a conocer la propia Esperanza Aguirre situándose finalmente en el 2,2, Valencia, un punto más de lo comunicado y Castilla - León asumía una desviación del 2,59 por encima del 2,35 dicho. En total 4.000 millones más de déficit y en consecuencia la tercera rectificación. Salvo sorpresas no descartables, el déficit final de España se sitúa en el 8,9.

¿Cómo es posible que estos datos se conozcan apenas 24 horas después del celebrado "pacto de Estado"?. Hay que pensar que las cifras se conocieron el jueves y que, por tanto, la vicepresidenta los conocía mientras daba la rueda de prensa. ¿Por qué no se ofreció toda la información en tiempo y forma?. Si no se hizo ¿fue por qué ni Montoro el jueves, ni Sáenz de Santamaría el viernes lo sabían?. No tengo respuesta fehaciente y documentada pero tampoco importa mucho porque lo relevante es el hecho en si mismo. Un hecho que indica olvidos imperdonables .

Es imperdonable que se sepa después de la reunión de las autonomías con Montoro; es imperdonable que con contundencia machacona nos den cifras que luego no se corresponden con la realidad, que nos hablen sin dejar un margen a la sorpresa final. Lo ocurrido no tiene nombre y no lo tiene no tanto por el montante económico que también como por el hecho de habernos hecho creer lo que no era. Sólo en el minuto final llegó la sorpresa indeseable para los españoles y perjudicial, muy perjudicial para la credibilidad de la marca España sobre la que revolotean cuervos en forma de prima de riesgo o rumores de que nuestro sistema financiero "no aguanta el tirón".

La semana, que hoy finaliza, ha sido una semana para no recordar y, desde luego, para no repetir. Mucho más tiempo con 500 puntos de prima de riesgo, con la bolsa por los suelos, con dudas sobre nuestra realidad financiera que va a ser examinada por quienes, al parecer, son impolutos y nunca se equivocan, este país que es el nuestro, no aguanta. Hay quienes sostienen que el Gobierno parece noqueado y un poco zombi. Se me ocurren muchos motivos de critica, pero los ahorro entre otras razones porque al Gobierno de Rajoy no hay mas alternativa que el Gobierno de Rajoy. No es momento de tentar la suerte que bastante tenemos encima pero si hay que reiterar que lo ocurrido es imperdonable.

De olvidos, nada: interventores a la cárcel
Nota del Editor 19 Mayo 2012

Calificar de olvido el escamoteo de miles de millones de gastos pendientes no tiene sentido. Es claramente, como poco, prevaricación y por tanto la fiscalía debería estar ya empapelando a los interventores. Este país no llega ni a país de cachondeo. Nos toman el pelo y encima vamos a la peluquería.

Y ahora llaman a los expertos de Bruselas para que comprueben los datos, como si tales expertos fuesen capaces de poner firme a los interventores.

Y el director del banco de España, toda la inspección, y todos los auditores internos y externos de los bancos y las cajas de ahorros, ya deberían estar camino de banquillo.

Revolución Wert 2012-05-18
La insurrección del doctor Carrillo
Mikel Buesa Libertad Digital 19 Mayo 2012

Las universidades en España se han convertido en instituciones pesadamente conservadoras, incapaces de resolver por sí mismas los procelosos problemas de toda índole a los que se enfrentan. Conservadoras porque tratan de preservar a toda costa su pesada estructura administrativa y docente, en la que se reparten numerosos empleos, aún cuando ésta no encuentre correspondencia con la demanda real de estudios superiores. Conservadoras porque se revelan incapaces de disciplinar a la parte menos meritoria de sus profesores, a aquellos que no despuntan ni por sus publicaciones ni por las clases que imparten, y los amparan bajo oscuras argumentaciones referidas a la complejidad del trabajo docente e investigador. Conservadoras porque se creen imbuidas de un espíritu benefactor hacia los ciudadanos de todas las clases, de manera que les ofertan servicios educativos baratos, ocultando así que lo que verdaderamente no desean es que los usuarios de esos servicios se conviertan en consumidores exigentes con respecto a las lecciones que se les dictan. Conservadoras, en fin, porque rehúyen cualquier cambio en su sistema corporativo de gobierno en el que pesan más los intereses personales y grupales que cualquier idea de racionalidad económica o social.

Por eso, a nadie sorprende la incapacidad de nuestras universidades para hacer emerger de sí mismas las transformaciones que se requieren para mejorar su calidad, para adaptar su oferta docente a las necesidades de la sociedad, para exigir de todos sus profesores unos niveles aceptables de investigación o para que acaben siendo instituciones impulsoras de la innovación y el conocimiento. Una incapacidad que sólo puede ser superada cuando los gobiernos se deciden a reformarlas, a trastocar su conservadurismo, a impulsar cambios en ellas y a obligarlas a dar cuenta de los costosos recursos que la sociedad pone a su disposición. Esto es lo que ha hecho ahora el ministro Wert con un decreto-ley que acaba de ser convalidado por el Congreso de los Diputados, en el que se han vertido sobre las universidades públicas cuatro mensajes: uno, que no pueden seguir manteniendo Facultades y titulaciones que carecen de alumnos que las demanden; dos, que los profesores tienen que trabajar como docentes e investigadores y que, si descuidan este último aspecto, entonces tendrán que dar más horas de clase; tres, que se ha acabado la euforia del gasto sin respaldo presupuestario y que, por tanto, la gestión económica que se encomienda a los Rectores ha de estar sujeta al principio de equilibrio entre los ingresos y los desembolsos; y cuatro, que nada es gratis y menos aún la enseñanza universitaria, con lo que los Rectores tendrán que aumentar las tasas que se cobran a los alumnos.

Ni que decir tiene que esta revolución Wert ha convulsionado al estamento universitario, en el que quienes ostentan el poder rápidamente han avizorado el peligro que se cierne sobre ellos, por lo que, agitando los órganos corporativos, han llamado a la insurrección. Tal ha sido el caso del doctor Carrillo, Rector Magnífico de la Universidad Complutense de Madrid, quien ha sometido a debate de su Consejo de Gobierno la norma legal para llegar a un resultado que en nada sorprende, pues ratifica el conservadurismo al que antes me he referido.

Y, así, el órgano corporativo de la UCM se permite enmendar la plana al Gobierno salido de las urnas y al parlamento democrático, al expresar su "rechazo absoluto" del decreto-ley Wert, apelando a "su forma de tramitación" –¿acaso, me pregunto, el ministro debiera haberle pedido permiso o aquiescencia al doctor Carrillo para elaborar su política reformista?– y a que, según su particular visión del mundo académico, "daña profundamente el modelo vigente de nuestra universidad pública" –¿es que, me pregunto también, el modelo vigente, con su despilfarro, con su calidad deficiente, con sus incentivos a la incompetencia, no puede ser alterado nunca?–. De que Wert ha dado en la diana, después de leer este argumentario, ya no me cabe la menor duda.

El rechazo absoluto, la insurrección del doctor Carrillo, no es sólo una cuestión de principios generales, sino también de sutiles elementos que se encuentran sobre la base de su poder. Para empezar, el doctor Carrillo heredó de su predecesor, el Rector Berzosa, al que ya me he referido en alguna ocasión anterior, una universidad en ruinas cuya deuda se aproximaba –al menos en las cifras conocidas– a una cuarta parte de su presupuesto ordinario. En tal situación, el doctor Carrillo imprimió una severa contracción al gasto de la Complutense y, por ello, su Consejo de Gobierno señala que "asume sin reservas la necesidad de seguir realizando cuantos esfuerzos sean necesarios para incrementar la eficacia y la eficiencia en la prestación de servicios, como así lo demuestran sus propios programas de ahorro".

Sin embargo, tras esta ampulosa declaración de austeridad, se ocultan reservas muy importantes que afectan simultáneamente al gasto y a los fundamentos del poder. Por ejemplo, la UCM acaba de aprobar un nuevo plan de jubilaciones anticipadas para sus profesores, justo después de que el Tribunal de Cuentas emitiera un informe en el que cuestionaba la legalidad del anterior. Por ejemplo, también, esta misma semana ha emprendido un amplio programa de promoción del profesorado –que afecta a todas las categorías, desde los ayudantes hasta los titulares, pasando por los asociados– para facilitar su acceso a puestos superiores y mejor retribuidos, sin parase a pensar que ello dará lugar a un encarecimiento general de la nómina docente y sin tomar en consideración el nada irrelevante hecho de que, en algunos centros y departamentos, las plantillas están infladas. Por ejemplo, asimismo, se ha aprobado la creación de dos nuevas Facultades a partir de las anteriores Escuelas de Estadística y Estudios Empresariales, sin reparar que ya existen centros equivalentes en los que se podrían integrar estas últimas, reduciéndose así los costes de estructura correspondientes –un detalle éste que espero tenga en consideración la Comunidad de Madrid en el momento en el que se someta esa decisión a su ratificación–. Y, mientras tanto, ya no se paga a los proveedores de bases de datos, ni de fuentes bibliográficas, ni de reprografía, ni de tantos otros suministros esenciales para la investigación científica.

La insurrección del doctor Carrillo se concreta también en el rechazo específico, "por considerarlas de especial gravedad", de medidas tales como la subida de las tasas que pagan los estudiantes –con lo que cultiva el granero de votos que éstos suponen, como, por cierto, ya hizo su predecesor–, las nuevas normas de dedicación docente de los profesores que obligan a dar más horas de clase a los menos productivos en investigación –acerca de lo cual se argumenta que el ministro Wert no tiene en cuenta "otras actividades del personal ... ni otros objetivos estratégicos de las universidades", sin que, por cierto, se aclare nada acerca de cuáles pueden ser éstos, más allá de albergar una educación de calidad y una investigación de excelencia– y, por último, "las posibilidades que abre (el decreto-ley)... para la privatización de servicios universitarios de las universidades públicas" –agitando así ese fantasma inconcreto que tan caro es a la izquierda y que ignora que el nuestro es un sistema mixto en el que caben tanto las universidades públicas como las privadas–.

En fin, el doctor Carrillo y su Consejo de Gobierno ponen el colofón a su insurrección aludiendo a que la revolución Wert "daña gravemente la calidad de la docencia y la investigación"; así, con rotundidad, como si quienes hacen tal afirmación gobernaran una de las mejores universidades de España e, incluso, del mundo. Consulten los lectores el capítulo 5 del último informe anual del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (páginas 245 y 246) [http://www.cesmadrid.es/informes/situacion/informe2010/INFORME/CES-10-INFORME.pdf] y comprobarán que, en eso de la calidad, los gestores de la Complutense no deberían dar lecciones a nadie, pues no en vano su universidad, en el último curso, quedó relegada al puesto 36 entre las españolas, tras haber perdido diez posiciones en una sola tacada. Y comprobarán también que ello se debe a que su calidad docente apenas tiene un nivel equivalente al 55 por ciento del de la mejor universidad del país, y su calidad de investigación no llega al 58 por ciento de esa misma referencia.

¿Cómo concluir este recorrido por la insurrección del doctor Carrillo? Tal vez no quede más remedio que evocar una vez más la introducción al Álgebra que hace aproximadamente un milenio, hacia el año 1100, escribió el matemático y poeta persa Omar Khayyám: "la mayoría de nuestros científicos venden la razón por cualquier sinrazón, no pasan del límite de la hipocresía, guardan las apariencias, utilizan el conocimiento que tienen para ocupar puestos materiales y, si ven a alguien deseoso de justicia, deseoso de verdad, diligente al negar la sinrazón y la hipocresía, se burlan de él, lo desprecian y lo humillan".

Autonomías
Castilla y León, Valencia y Madrid se desvían del objetivo y elevan el déficit del Estado al 8,9%. Hacienda achaca la desviación a la transparencia derivada del pago a proveedores
Las autonomías engordan el déficit
Andalucía, que aprobó in extremis, se rebela Hacienda sancionará a los altos cargos que malgasten
F. Cancio La Razón 19 Mayo 2012

Madrid- El jueves, los representantes de las comunidades abandonaron la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con una sonrisa en la boca, sobre todo Andalucía, pues su plan de ajuste se aprobó in extremis tras una tensa reunión en la que Cataluña medió para salvar las cuentas de la Junta. Solamente Asturias, la única suspendida, tenía motivos para no celebrar nada. Pero ayer ya no era el momento de documentos técnicos ni de teorías; tocaba comprobar si todas esas cuentas cuadraban con la realidad. Y no lo hicieron.

Madrid, Comunidad Valenciana y Castilla y León presentaron unos resultados de déficit al cierre de 2011 superiores a los presentados a Hacienda en febrero, lo que obligó a los técnicos del Ministerio a sacar la calculadora para dar una nueva cifra de déficit, pues este desajuste «sorpresa» supone una desviación adicional de más de 3.000 millones de euros. Así, el déficit del Estado asciende al 8,9 por ciento del PIB, tal y como informó el Ministerio de Hacienda a última hora de ayer. Eso sí, pese a este revés, mantiene la previsión para 2012 de alcanzar el 5,3 por ciento de déficit para el conjunto de las Administraciones y del 1,5 por ciento para las autonomías, tal y como estaba previsto. Según el Ministerio de Hacienda, esta desviación se debe, fundamentalmente, a la transparencia derivada de la operación de pago a proveedores.

Déficit elevado
Concretamente, la Comunidad Valenciana presentó a Hacienda una desviación del déficit del 3,68 por ciento, cifra que se elevaba en su plan de ajuste al 4,5, esto es, 844 millones adicionales. La Comunidad de Madrid, por su parte, declaró en un primer momento que su déficit era del 1,13 por ciento del Producto Interior Bruto, aunque al final lo ha elevado al 2,21, lo que supone 2.027 millones más de los inicialmente previstos. Y Castilla y León más de lo mismo, pues reconoce una desviación del 2,59 por ciento, cuando antes hablaba de un 2,3 por ciento (137 millones de euros).

Junto a estos tres casos, Galicia también presentó unas necesidades de financiación del 4,37 por ciento del PIB regional, aunque una vez descontadas las liquidaciones negativas del sistema de financiación sitúan su déficit en el 1,61 por ciento, por ello, desde la Consejería de Hacienda gallega recalcaron y se reafirmaron en ese porcentaje de déficit del 1,61, «la comunidad con menos déficit en 2011» celebraron.

«Todo influye»
Con estos datos, el déficit autonómico pasa del anunciado 2,9 por ciento del PIB al 3,3 por ciento. Además, estos desajustes en los planes de las tres autonomías traen consigo ese incremento de cuatro décimas sobre el déficit del Estado del 8,5 por ciento del PIB calculado inicialmente por el Gobierno.

Pese a ello, desde el Ministerio de Hacienda indicaron que «todo influye» y recordaron que cuando se hizo pública la liquidación de las comunidades autónomas ya se avisó de que podría haber algunas variaciones, informa Ep.

Desde la Consejería de Hacienda de la Comunidad Valenciana destacaron cuando se presentó el 16 de abril el plan de pago a proveedores ya se anunció que debían incluirse en el mismo facturas por valor de 1.850 millones no imputadas a ningún presupuesto y, por tanto, tampoco en la liquidación del presupuesto del año pasado presentada en febrero.

Mientras, desde la Comunidad de Madrid, su consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, atribuyó el incumplimiento del déficit hecho público ayer a tres factores determinantes: el desplome de los ingresos por la recaída de la economía (unos 2.000 millones de euros menos), el mantenimiento por parte de la Comunidad de Madrid de su gasto en servicios públicos prioritarios y, por último, la puesta en marcha del plan de pago a proveedores.

La fiscalía investigará responsabilidades en la banca
Tormenta de crisis bancaria y nuevo déficit autonómico sobre España
Hollande insinúa el rescate de la banca y De Guindos lo rechaza y la Comisión investigará en Madrid el nuevo déficit autonómico
Rafael Halcón | Madrid www.republica.com  19 Mayo 2012

La situación económica y financiera de España se complica y nos anuncia una semana entrante complicada si lo mercados deciden lanzar un nuevo ataque a España por causa de las nuevas y malas noticias sobre el déficit español y los problemas de la banca. El pacto de las Comunidades Autónomas para controlar el déficit de 2012 se ha visto empañado por la aparición en Madrid y Valencia, Comunidades gobernadas por el PP, importantes bolsas ocultas de déficit que elevan el déficit español de 2011 hasta el 8, 9%, lo que supone una desviación de 0,4 % con respecto al anunciador por España a la UE del 8,5 %. Todo ello ha provocado el anuncio de la Comisión Europea del envío a Madrid de expertos para analizar la nueva situación, mientras desde el PSOE se acusa al PP de ser los responsables del aumento del déficit en España.

Por otra parte, el anuncio hecho el viernes por el presidente de Francia, François Hollande diciendo que habría que rescatar a los bancos españoles con fondos europeos ha vuelto a poner nuestro país en el punto de mira de los mercados y de la preocupación de los primeros dirigentes de la UE. Y puede incluso que de otros países, aunque da la impresión que el caso español no se abordó en la cumbre del G-8 en Camps David, como si se abordó el de Grecia.

No obstante, el ministro español De Guindos ha rechazado ayer la propuesta de Hollande afirmando que la banca española ahora no necesita ser rescatada por los fondos europeos, insistiendo en que los problemas financieros de España se pueden solucionar aquí. Lo que empieza a ser mas que discutible y lo que veremos que pasa el próximo lunes cuando se abran los mercados. De ahí que entre una cosa –el nuevo déficit- y la otra cosa, la crisis financiera con Bankia en el ojo del huracán, España se encuentra sumida en una complicada situación, que solo está tapada, por el momento, por los problemas de Grecia.

En medio de estos debates generales la tensión política interna se recrudece por el escándalo bancario y el fiscal general del Estado, Torres Dulce, anunció ayer actuaciones de la fiscalía para depurar responsabilidades en los bancos y cajas de ahorro con problemas. Asimismo ha crecido en las últimas horas la tensión política entre PSOE y PP por causa de los nuevos niveles de déficit aparecidos en Madrid y Valencia por lo que los dirigentes socialistas acusan al Gobierno del PP de ser él y no Zapatero el responsable de las mentiras y de la parte mayor del déficit de España oculto.

Por si algo faltara, la filtración de un informe sobre la amnistía fiscal anunciada por el gobierno según el cual se permitirá aflorar sin responsabilidad penal alguna el dinero en billetes que está hoy oculto, en negro, en nuestro país, ha vuelto a abrir otro turno de acusaciones de la oposición contra el gobierno denunciando fiscalía desde el PSOE, IU y otros partidos al Ejecutivo de Rajoy de favorecer a los defraudadores, mientras se recorta gasto social.

En estas circunstancias vamos a ver que ocurre el lunes próximo en la apertura de los mercados financieros y una vez que la prima de riesgo de nuestro país alcanzó la pasada semana los 507 y aun se sitúa en cifras cercanas a los 500. Y vamos a ver si Bankia se escapa del hundimiento o si vuelve a tocar fondo en su cotización, lo que sería una pésima noticia para el sistema financiero español en general.

Cataluña
La Generalidad crea el Consejo de Política Lingüística del Occitano Aranés
El nuevo órgano se encargará de ‘proteger y promover’ la lengua aranesa ‘en todos los ámbitos y sectores’ con una ‘financiación adecuada y suficiente’. Todavía no se conoce el presupuesto que se le asignará.
Redacción www.vozbcn.com  19 Mayo 2012

Reunión de la comisión bilateral Generalidad-Consejo General de Arán para la creación del Consejo de Política Lingüística del Occitano Aranés (foto: gencat.cat).

La Generalidad y el Consejo General de Arán han constituido este jueves el Consejo de Política Lingüística del Occitano Aranés, órgano que se encargará de ‘proteger y promover’ la lengua aranesa ‘en todos los ámbitos y sectores’.

La nueva institución desarrolla las directrices recogidas por el Estatuto de Autonomía de Cataluña y, más concretamente, la Ley del Aranés, que en su disposición adicional tercera establece que ‘debe crearse una estructura paritaria entre la Generalidad y el Consejo General de Arán para garantizar la financiación adecuada y suficiente de las políticas lingüísticas con relación al aranés y la coordinación entre ambas instituciones en este ámbito’.

“Un mecanismo institucional esencial” para promocionar el aranés
La puesta en marcha del órgano se han formalizado en una reunión de la comisión bilateral formada por representantes del Gobierno autonómico y del comarcal, que ha estado presidida por la vicepresidenta de la Generalidad, Joana Ortega (CiU), y por el Síndico de Arán, Carlos Barrera (Convergència Aranesa).

Ortega ha calificado el Consejo de Política Lingüística del Occitano Aranés como “un mecanismo institucional esencial” para promocionar el aranés, una lengua que, según la Encuesta de usos lingüísticos de la población 2008 (realizada por la Generalidad), utilizan de forma habitual 2.000 de los 10.000 habitantes de la comarca del Valle de Arán. Todavía no se conoce cuál será el presupuesto que se asignará a esta institución.

Una ley recurrida ante el Tribunal Constitucional
Cabe recordar que algunos artículos de la Ley del Aranés (el 2.3, 5.4 y 7 y 6.5) están suspendidos cautelarmente a la espera de que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso presentado por el anterior Gobierno, que recordó que es inconstitucional otorgar ‘carácter preferente’ a una lengua cooficial.

Los artículos recurridos establecen que el aranés es ‘la lengua de uso preferente de todas las instituciones de Arán, especialmente del Consejo General de Arán, de la Administración local y de las entidades dependientes, de los medios de comunicación públicos, de la enseñanza y de la toponimia’. También ordenan que el aranés sea la lengua ‘preferente’ de la Generalidad y de la Administración del Estado en esta comarca, a todos los niveles.

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Salvar a ETA
Kepa Aulestia, EL CORREO,  19 Mayo 2012

La prolongación artificiosa de la existencia etarra constituye hoy la afrenta más palpable a la memoria de sus víctimas y a la decencia democrática

El debate sobre la memoria y la convivencia está dando lugar a tal multiplicidad de iniciativas, de pronunciamientos que pierden sentido por su reiteración, de divagaciones incomprensibles, de algunos pasos hacia delante y demasiados hacia atrás que se corre el riesgo de perder la perspectiva de lo fundamental, aturdiendo al público y a los propios artistas de un circo al que cada día se le suman más pistas. Lo fundamental es el cese definitivo de la actividad terrorista de ETA; la demostración de que sus activistas han podido dejar de matar «unilateralmente». La razonable convicción de que se trata de un paso irreversible, consecuencia del paulatino debilitamiento de la trama terrorista frente a la ciudadanía y al Estado de Derecho, permite a la sociedad y a las instituciones desatender las llamadas a que dicho cese de actividades sea correspondido con concesiones que, lejos de atajar el camino, podrían introducirnos en un enredo interminable. Los hechos demuestran que el camino más corto es el que obliga a los etarras a asumir su responsabilidad. Ese sería también el final más justo y menos imperfecto.

ETA no está procediendo a poner fin a su existencia de manera ordenada; son otros quienes parecen haberse ofrecido a ordenar su futuro tutelando su existencia ya terminal con actuaciones claramente dirigidas a salvar el alma del desahuciado, distinguiendo motivaciones supuestamente legítimas y métodos solo equivocados con objeto de consagrarle un lugar digno en la memoria colectiva. Es esto último lo que hace del todo censurable la actuación de aquellos que tratan de ofrecer a lo queda de la banda terrorista un ritual honorable que legitime, aunque sea en parte, su existencia pasada. Claro que la celebración de ese ritual depende de que ETA siga existiendo. De modo que la prolongación artificiosa de su vida constituye hoy la afrenta más palpable a la memoria que reivindican sus víctimas y a la decencia democrática.

El catálogo de términos tabú tras el que se parapeta el mundo de la izquierda abertzale cuenta con uno más, la disolución, que se añade a la derrota, a la condena y al perdón. La palabra que ayer entonaron al unísono los ministros español y francés de Interior, Fernández y Valls, como respuesta pública a la «delegación» nombrada por la banda. Esta misma semana el diputado Antigüedad recordaba en el Congreso que el IRA no ha anunciado su disolución después de trece años de los acuerdos de Stormont, y que ello no ha dado pie a desconfianza alguna sobre el carácter irreversible de su inactividad violenta.

No es la única indicación que permite pensar que ETA va a tratar de eludir su desaparición formal. Ahora que tanto se habla de memoria, ETA querría preservar su historia soslayando su disolución. Éste sería su ánimo natural, inercial, en el que parecen acompañarle quienes tratan de ordenar su futuro como un final sin final. Algo más que salvarle la cara a ETA; salvar a ETA como tal.

No es casual que en las últimas semanas se hayan oído voces de la izquierda abertzale y de Lokarri preguntando públicamente qué significa eso de la disolución, indicando que un mero comunicado de desaparición no sería suficiente, ironizando sobre la capacidad del Estado para confirmar tal supuesto, sugiriendo la escenificación de la entrega de las armas y reclamando la participación de unos «verificadores internacionales» que nadie sabe quién ha designado como garantía de su cumplimiento. En otras palabras quienes tan en cuenta tienen la palabra dada por ETA se ven en la necesidad de justificar la ‘ritualización’ de su final para poder justificar, así, su existencia y ennoblecer el desistimiento convirtiéndolo en armisticio pactado. Es un sarcasmo que en una misma entrevista un dirigente de la izquierda abertzale pueda hablar con seguridad sobre las intenciones de ETA y, acto seguido, realzar el papel de la «verificación internacional» entregándole la llave de cierre.

El pasado miércoles en el Congreso el ministro de Interior Fernández Díaz expuso el orden de los factores al que se atiene el gobierno Rajoy: primero la disolución y a partir de ahí lo que venga con los presos. Es el orden inverso al que se aferran ETA, la izquierda abertzale y los apologistas de Aiete, que insisten en mover a los presos para así dar inicio a la finalización del «conflicto armado». La facticidad de la persistencia de ETA frente al principio de realidad de que los presos están en manos del Estado de derecho constituye un pulso cuya desigualdad se resisten a admitir la banda terrorista y la izquierda abertzale porque precisan apostar algo a su favor. A pesar de que nada está más en manos del Estado que los presos, que lo están legal y físicamente, sin posibilidades de una fuga distinta a esa evasión psicológica que supone esperar a la amnistía o a un indulto general.

La izquierda abertzale política necesita aligerar la carga que para ella representa el tema de los presos y poder dedicarse a pilotar el «cambio histórico». Pero los presos forman parte también de la mala conciencia de esa otra izquierda abertzale, la sociológica, para muchos de cuyos integrantes el conflicto no ha significado sacrificio personal alguno. De ahí el último movimiento ‘trilero’ de sus dirigentes: tratar de despolitizar el tema de los presos negando que pueda relacionarse con cualquier demanda política. La cuestión de los presos sería una reclamación de justicia, mientras que la exigencia de disolución pertenecería al ámbito de las pretensiones políticas interesadas del inmovilismo de los estados español y francés. Todo para salvar lo que se pueda de ETA.

Cataluña
Mas subvenciona al grupo Godó con otro medio millón de euros
Las emisoras del grupo editor de ‘La Vanguardia’ (8TV y RAC105) acaparan más de la mitad de las subvenciones entregadas a televisiones y radios por parte del departamento autonómico de la Presidencia en 2011.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com  19 Mayo 2012

La creación y el mantenimiento de una red de medios de comunicación privados afines a los dictados del nacionalismo (tanto de izquierdas como de derechas) es una de las piezas angulares del proyecto catalanista que desde hace más de 30 años se viene forjando desde la Generalidad.

Como muestra basta con comprobar las subvenciones que el Gobierno autonómico destina a ese propósito. Por ejemplo, en el año 2010, y únicamente desde la Consejería de Cultura, la Generalidad otorgó subvenciones directas a los diarios impresos por más de diez millones de euros con la única condición de estar escritos en catalán. A esto hay que sumar más de tres millones de euros para los medios digitales y otros 2,8 millones de euros para las radios y las televisiones. Y en 2011, únicamente desde el departamento de la Presidencia, los diarios recibieron 2,1 millones en subsidios.

La publicidad institucional como subvención encubierta
La publicidad institucional es otra de las fórmulas de subvenciones encubiertas utilizada. De hecho, y a pesar de la crisis que ha obligado al Ejecutivo autonómico a aplicar importantes recortes presupuestarios en aspectos relacionados con el estado del bienestar, Artur Mas prevé gastar 23,2 millones de euros entre 2012 y 2013 en este concepto.

El regreso de CiU al frente de la Generalidad ha supuesto que el grupo Godó vuelva a ser uno de los más beneficiados, con el beneplácito del Consejo del Audiovisual de Cataluña (CAC), consiguiendo suculentos contratos de publicidad institucional, como el de dos millones de euros cerrado en septiembre pasado.

1,1 millones en subvenciones para radios y televisiones en catalán
Esta semana el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha publicado el listado de subvenciones, de importe igual o superior a 3.000 euros, concedidas durante el año 2011 por el departamento autonómico de la Presidencia a emisoras privadas de televisión digital terrestre (TDT) y de radio ‘para proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación‘.

En total, las TDT se han repartido 667.250 euros (resolución PRE/898/2012) y las radios 493.700 euros (resolución PRE/915/2012). Eso sí, el requisito exigido para poder acceder a estas ayudas es que la lengua vehicular utilizada por estos medios sea el catalán o el aranés.

272.575 euros para 8TV
Como es habitual, el grupo Godó se ha llevado el primer premio. En concreto, la empresa Emissions Digitals de Catalunya (que agrupa los canales de televisión del grupo editor de La Vanguardia) recibió dos ayudas para el canal 8TV por un total de 272.575 euros para ‘alianzas entre empresas del sector de la cultura y de los medios de comunicación’.

El resto del pastel se lo repartieron Televisió de Manresa (20.000 euros); Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió (34.699 euros para Pirineus TV); Prensa Leridana (20.765 euros para Lleida Televisió); Televisió del Ripollès (14.921 euros); Smile Advertising (129.595 euros para Canal Català Barcelona); EBE Imatge i Comunicació (34.620 euros para L’Ebre TV); Televisió de Girona, propiedad del ex senador de CiU y accionista mayoritario de El Punt Avui y de los supermercados Valvi, Joaquim Vidal (20.380 euros); Olot Televisió (17.575 euros); ETV-Llobregat Tv (15.484 euros); Iniciatives de Televisió (20.410 euros para Canal Reus TV); Mitjans Audiovisuals d’Osona (17.801 euros para 9TV); y Taelus (48.425 euros para Canal Taronja Anoia).

309.315 euros para RAC105
En el caso de las radios, el grupo Godó volvió a ser el más afortunado y, a través de su empresa Radiocat XXI, obtuvo una subvención de 309.315 euros para la emisora RAC105 con el argumento de crear una ‘alianza entre empresas del sector de la cultura y de los medios de comunicación’.

El Grup Flaix, perteneciente a Miquel Calçada Mikimoto y a Carles Cuní, hermano del periodista de 8TV Josep Cuní, también recibió su correspondiente subvención: 150.000 euros para ‘innovación o mejora sustancial en la digitalización, adaptación de infraestructuras a la tecnología digital y multimedia’ de Flaix FM- Ràdio Flaixbac. El resto de las subvenciones fueron para Cadena Pirenaica de Ràdio i Televisió (22.785 euros para Próxima FM); Ràdio Olot (3.100 euros); Catalana i Aranesa de Telecomunicacions (4.000 euros para GUM FM); Premsa d’Osona (4.500 euros para El 9 FM).

Condenados a 843 años los etarras Otegi y Zelarain por el atentado en Santa Pola
La Audiencia Nacional ha condenado a los etarras Oscar Zelarain y Andoni Otegi a 843 años de cárcel por el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002, en el que murieron dos personas, una de ellas una niña de seis años.
El TS mantiene en 2029 la fecha de excarcelación del etarra Kepa Etxeberria
Madrid - Efe La Razón 19 Mayo 2012

Así lo ha acordado la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal en una sentencia notificada hoy en la que condena a los miembros del "comando Argala" como autores de dos delitos de asesinato, 51 delitos de asesinato en grado de tentativa y otro de estragos terroristas.

La sala condena además a los etarras a indemnizar a los padres de la niña fallecida con 211.768 euros padres y a los familiares del jubilado que murió con 75.539, además de obligar a que abonen más de nueve millones de euros al Estado y al Consorcio de Compensación de Seguros por los daños ocasionados en el atentado y las indemnizaciones ya adelantadas a los perjudicados.

La sentencia considera probado que los condenados atentaron dentro de su campaña de verano y así, sobre las 20.15 horas del 4 de agosto "explosionaron un coche-bomba que habían estacionado junto a la valla del acuartelamiento", que fue instalado sin previo aviso, por lo "no hubo posibilidad alguna" de desalojarlo, y a una hora en la que los agentes y sus familias estaban en sus viviendas.

La explosión causó la muerte de la niña Silvia Martínez, de 6 años, hija de un agente que vivía en el cuartel, y del jubilado Cecilio Gallego, de 57 años, que estaba en una calle contigua al edificio esperando el autobús.

Para preparar el atentado, Otegi y Zelarain se hospedaron entre el 28 de julio y el 4 de agosto en el camping Bahía de Santa Pola, situado a 400 metros del cuartel, en el que el segundo de ellos usó documentación falsa, quien también alquiló con otra identidad un ciclomotor con el que se desplazaban por la zona y grabaron el lugar del atentado.

El tribunal, integrado por el presidente Fernando García Nicolás y los magistrados Ángel Hurtado y Julio de Diego (ponente), consideran acreditada la participación de los procesados "sin ningún género de duda".

Y argumentan su decisión en la "reiterada" prueba que existe en este proceso y que también ha servido para condenarles por otros atentados cometidos ese verano y, en concreto, ha citado la "autocrítica" manuscrita por Otegi intervenida al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, "Susper", en la que los miembros del "comando Argala" relatan de modo preciso el atentado cometido en Santa Pola.

Asimismo, destacan la cinta de vídeo con grabación de imágenes del acuartelamiento que se les incautó a los acusados tras ser detenidos en Bagneres de Luchon (Francia) el 20 de septiembre de 2002, y en la que hay una huella dactilar de Otegi.

En su poder también incautaron croquis de cuarteles de Alicante y de Torrevieja y un listado de matrículas y modelos de coches de la zona para "doblar" las placas.

La sala también basa su decisión en los reconocimientos fotográficos que realizaron una decena de testigos de los acusados, además de recordar la declaración policial prestada por su compañero de comando Juan Carlos Besance, que manifestó que les había comprado los billetes de autobús para viajar a Alicante.

Dentro de esa campaña de verano, Otegi ya ha sido condenado por la Audiencia Nacional a 110 años y 6 meses de cárcel por poner un coche-bomba frente a un hotel de Fuengirola (Málaga) en 2002, mientras que Zelarain resultó absuelto.

Además, los dos miembros del "comando Argala" han sido condenados a 18 años y tres meses de prisión por colocar un coche-bomba en Marbella (Málaga) en junio 2002 y están a la espera de conocer la sentencia por la colocación ese mismo mes de una bomba entre dos hoteles en la carretera que une Mijas y Fuengirola (Málaga).


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