AGLI Recortes de Prensa   Sábado 2 Junio 2012

Rajoy, un optimismo injustificado.
Vicente A. C. M. Periodista Digital  2 Junio 2012

Hay un dicho que asegura que la diferencia entre un pesimista y un optimista es que el pesimista es un optimista bien informado. Pero también entre los optimistas hay sus rangos, en una gradación desde lo que se considera optimismo normal, hasta el optimismo empedernido. Este estado de optimismo sitúa a quien lo tiene directamente fuera de la realidad, en un mundo de ensoñación muy cercano al que se obtiene por sustancias euforizantes y psicotrópicas. Y creo que los jardines de la Moncloa deben actuar a modo de gigantescos alucinadores y que afectan gravemente a quienes viven o trabajan allí exponiéndose a su ambiente.

Si no, no se puede explicar el exagerado e infundado optimismo que expresa Rajoy cuando niega que estemos al borde del abismo. Igual es que no se ha dado cuenta de que no es que estemos en el borde, sino que estamos en caída libre y nuestro paracaídas de seguridad se llama UE y el BCE. Porque además de negarlo todo, usa el lenguaje esotérico de afirmaciones como “No caminamos por un sendero de rosas, pero no se acerca ningún Apocalipsis” o “Ni nos hemos librado de las amenazas, ni vamos a sucumbir a ellas”. "Quiero enviar un mensaje de serenidad, que no significa olvido, descuido ni indiferencia”.

A ver si nos aclaramos Sr. Rajoy. Usted afirma la “solidez de España” y todas esas frases hechas que requiere el guión para que no cunda el pánico. Pero no confunda usted sus deseos con la realidad, no sea usted tan exageradamente optimista y limítese a tener un comportamiento pragmático y ser realista. No le pido más. Abandone las inútiles tácticas arriolistas que solo hacen que usted haya actuado de la forma peor posible en un tema tan delicado como el de Bankia. Un hecho que ha sido aprovechado por nuestros enemigos en la UE como Draghi al que debería España presentar una moción de censura por sus mezquinas declaraciones.

Gobierne de una vez y sea valiente en la toma de decisiones impopulares con la casta política que usted representa y a la que pretende proteger. España no está para mantener a tanto enchufado, a tanto desocupado en puestos de responsabilidad, ni a unos sindicatos que no representan a los trabajadores. España no puede permitirse el lujo de disponer de 17 Parlamentos y miles de diputados, 17 ínsulas con sus respectivas legislaciones,17 Diputaciones, 17 Tribunales Supremos, 57 aeropuertos y un largo etcétera de empresas públicas inservibles, ineficientes y ruinosas. Ejerza los recortes allí donde no se ha atrevido a hacerlo y verá como los resultados económicos mejorarán de modo inmediato.

No basta con discursos grandilocuentes y llenos de arengas para intentar generar optimismo. La realidad española es tan dramática que hacen falta hechos y gestos que demuestren que el PP y este Gobierno ha merecido el voto de casi once millones de españoles. Hasta ahora, su modo de proceder sigue siendo timorato y sin convicción alguna, Es más, la torpe gestión del tema de la enésima reconversión del sistema financiero, particularmente lo de Bankia, ha lesionado la escasa confianza que pudiera quedar tras el fiasco de la rectificación al alza en 0,4 puntos del déficit real.

Su optimismo está injustificado y mi temor es que cada vez va usted actuando de un modo que recuerda al peor Zapatero. Igual es el ambiente de la Moncloa. Por si así fuera, le sugiero un cambio de residencia oficial y una buena dosis de realismo político y social. Visite más las colas del INEM, los supermercados, los comedores sociales de Caritas…Aléjese de Arriola y créame que no es el que le ha hecho ganar estas elecciones, aunque así se lo hayan hecho creer. Sea realista o lo que es igual un optimista bien informado.

Abuso de poder en España
Francisco Rubiales Periodista Digital  2 Junio 2012

Lo peor de los políticos españoles no son sus mentiras, ni sus muchos errores como gobernantes, sino su concepción del Estado, diametralmente opuesta a lo que exige la democracia.

En democracia, el mandato que reciben los políticos electos no es incondicional, sino fiduciario, basado en la confianza, que puede mantenerse o perderse, según se gobierne bien o mal. El derecho de los ciudadanos a retirar su confianza a políticos que les traicionan y que les llevan hasta la ruina como gobernantes no es reconocido en España, un país con una democracia degradada en el que el ciudadano es el gran marginado.

Muchos políticos, desde su arrogancia, interpretan y aplican a su conveniencia no sólo los criterios y deseos de los ciudadanos sino también las normas más elementales del sistema y hasta las leyes más sagradas. Según la más extendida de esas perversiones antidemocráticas, el ciudadano debe renunciar a su voluntad política y a su soberanía nada más emitir su voto, pues los políticos votados pasan a apropiarse de la soberanía popular y hacer con ella su coto señorial

Zapatero, durante su largo y lamentable mandato, ignoró que el poder sólo es incondicinal en las tiranías y siempre está condicionado en democracia a la confianza y al bien gobierno. Lo que los ciudadanos encomendaron a Zapatero, al elegirlo en las urnas, no era "que gobierne", sino que "gobierne bien", lo que es muy diferente.

Con Mariano Rajoy y el Partido Popular ocurre justo lo mismo, pues, para desgracia de los españoles, PSOE y PP son dos partidos políticos ajenos a la democracia verdadera y encuadrados en una partitocracia radical que puede también describirse casi como una dictadura de partidos.

Es tan sencillo como cuando el consejo de administración de una empresa designa a un director general. Obviamente, no lo hace para que dirija la empresa como él quiera, sino para que dirija bien y obtenga resultados. Si no lo hace bien, pierde el puesto, ya sea dimitiendo o mediante expulsión. En política, debería ocurrir exactamente lo mismo, si se cumplieran las reglas, y de hecho ocurre así en algunas democracias avanzadas del mundo, pero no en España, donde los políticos han tergiversado las reglas y, cuando son designados, no sólo se creen elegidos sin limitación alguna hasta las próximas elecciones, sino que arrebatan la empresa (El Estado democrático) a sus dueños, que son los ciudadanos, se adueñan de la empresa y hasta someten y maltratan a sus verdaderos dueños.

En las democracias reales y limpias, cuando un gobernante comete errores graves, dimite, interpretando correctamente que ha fallado y ha traicionado la confianza que los ciudadanos depositaron en él. Pero no ocurre eso en España, considerada un ejemplo mundial de descaro y degeneración política, entre otras muchas razones porque sus políticos nunca dimiten.

En España, donde la democracia ha alcanzado un nivel de degradación y podredumbre que ya sólo es comparable al de algunos países subdesarrollados de Ásia, África y Latinoamérica, los políticos interpretan que , cuando han sido elegidos, hay que aguantarlos hasta las próximas elecciones, hagan lo que hagan, incluso si con su comportamiento es erróneo y torpe llevan al país hacia la ruina y el desastre.

Ese criterio empobrece, degrada y pudre la democracia española, convierte a los ciudadanos en rehenes secuestrados por sus políticos y crea el caldo de cultivo propicio para que germinen la corrupción y el abuso de poder.

El primer deber de todo demócrata español es acabar con esa concepción casi totalitaria del poder reformando las leyes y normas hasta conseguir que los políticos respondan de sus actos y se sientan vinculados no tanto al poder como al servicio al ciudadano y a su eficacia como gobernantes.

Voto en Blanco

El Faisán persigue a Rubalcaba y Gómez Bermúdez
EDITORIAL Libertad Digital  2 Junio 2012

Un exhaustivo informe de la Guardia Civil remitido al juez Ruz insiste en la evidencia de que el chivatazo a la ETA en el Bar Faisán fue obra del equipo de Rubalcaba cuando ejercía de ministro del Interior. Dicho informe considera suficientemente probado que el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y el inspector Ballesteros dieron el soplo a la red de extorsión de la banda terrorista, lo que coloca nuevamente a Rubalcaba en el centro de las sospechas más que consistentes como instigador de una acción que supone nada menos que la colaboración del Gobierno con la banda terrorista ETA.

Pero no sólo el jefe del principal partido de la oposición queda retratado como sospechoso de la comisión del que tal vez es el delito más grave que puede cometer un gobierno legítimo. También el juez Gómez Bermúdez, que al frente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional urdió la revocación del procesamiento de los tres acusados, queda en evidencia ante el concluyente informe de la Benemérita, en virtud del cual los tres colaboradores de Rubalcaba en la lucha antiterrorista en el País Vasco jamás debieron ser exculpados en la fase de instrucción como finalmente acordó la sala presidida por el magistrado del 11-M.

En aquella ocasión, Gómez Bermúdez se sacó de la manga una interpretación novedosa que negaba toda jurisprudencia anterior, incluida la que él mismo atendió para juzgar a los procesados por los atentados del 11-M. Así, y en contra de lo afirmado por este magistrado en la sentencia del 11-M, la Sala presidida por él decidió pro domo sua que para poder calificar un delito como colaboración con banda armada era necesaria la existencia probada de una afinidad ideológica entre los colaboradores y los terroristas. Ese fue el argumento utilizado para revocar el procesamiento de la cúpula de Interior, que ahora deberá adquirir nuevamente carta de naturaleza a la luz de lo que la Guardia Civil demuestra en el informe remitido al juez instructor.

A la vista de estas nuevas revelaciones, resulta inconcebible que el principal sospechoso de un delito de tal gravedad siga no sólo en la política activa, sino dirigiendo el principal partido de la oposición como si el caso Faisán no tuviera nada que ver con él. En el ámbito de la Justicia, tampoco resulta decoroso que el autor de los enjuagues procesales que evitaron el normal transcurso de una instrucción ejemplar siga ejerciendo sin asumir la menor responsabilidad.

A partir de ahora el magistrado de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, cuenta con un catálogo de evidencias contrastadas en número suficiente para insistir en su línea de instrucción, boicoteada por la polémica decisión de la Sala de lo Penal presidida por Gómez Bermúdez. De las conclusiones de su tarea investigadora cabe esperar el nuevo procesamiento de los principales acusados para que, en el juicio posterior, se diriman las responsabilidades penales que cabe imputar a cada uno de ellos.

En cuanto a las responsabilidades políticas, la deslegitimación de Rubalcaba para la política activa es también un hecho que el partido del gobierno debería exigir nuevamente a diario ante la gravedad de los hechos ocurridos durante su gestión como responsable de Interior, que ahora la Guardia Civil confirma con la contundencia de su informe. Cuanto antes desaparezcan de la vida pública personajes como él mucho mejor para España y también para la democracia.

Convivencia Cívica Catalana sobre las recientes sentencias de la inmersión
convivencia.educacion@gmail.com   2 Junio 2012

Estimados amigos,

Como muchos de vosotros habréis sabido por los medios de comunicación, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado de nuevo la inconstitucionalidad del sistema de inmersión lingüística en Cataluña y ha dado la razón a tres familias asesoradas por nuestra organización, Convivencia Cívica Catalana.

Consideramos positivas y un avance las sentencias pero claramente insuficientes y por ello vamos a recurrirlas ante el Tribunal Supremo.

Convivencia Cívica Catalana quiere felicitar a los padres que han ganado estas sentencias y agradecer su confianza en nuestra organización y en nuestro asesoramiento en esta lucha por algo que consideramos justo y de sentido común: por un sistema educativo bilingüe en una sociedad bilingüe como la nuestra donde nuestras dos lenguas sean tratadas de forma equilibrada y respetuosa en las escuelas frente a la imposición nacionalista de la inmersión monolingüe con todas las materias sólo en catalán.

Agradecemos todas las muestras de apoyo que estamos recibiendo y animamos a otras familias a seguir el mismo camino de estos padres y a sumarse a esta causa que muchos compartimos y consideramos justa.

Para vuestra información, os remitimos a continuación el Comunicado de Prensa que Convivencia Cívica Catalana ha remitido a los medios de comunicación con relación a las sentencias dadas a conocer en el día de ayer.

COMUNICADO DE PRENSA DE CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA
EL TSJC DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL SISTEMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN TRES NUEVAS SENTENCIAS PERO LIMITA LA EFICACIA DE ESAS
SENTENCIAS AL CASO DE LOS RECURRENTES

Tres nuevas sentencias dictadas ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en procesos promovidos por tres familias y conducidos por CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA disponen que el castellano no puede ser excluido como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña de conformidad con la Sentencia 31/2010 y cinco recientes Sentencias del Tribunal Supremo.

El fallo de las sentencias declara “el derecho de los recurrentes a que, en relación a su hijo escolar menor de edad, el castellano se utilice también como lengua vehicular, debiendo la administración demandada adoptar cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza que afecta al hijo a la nueva situación creada por la declaración del Tribunal Constitucional, que considera también al castellano como lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán, y declara de igual modo el derecho de los recurrentes a que todas las comunicaciones, circulares y
cualquier otra documentación, tanto oral como escrita, que les sean dirigidas por el centro escolar lo sean también en castellano.”

Las sentencias declaran expresamente también que la Ley 12/2009 de 10 de julio (Ley de Educación de Cataluña) no autoriza en ningún caso la exclusión del castellano como lengua vehicular en la enseñanza, lo que desautoriza frontalmente el argumento esgrimido por la Consejera de Educación para rechazar la petición de más de mil padres de enseñanza bilingüe formuladas ante la Consejería y vehiculadas por CONVIVENCIA CÍVICACATALANA.

Todo ello no puede ser juzgado sino positivamente por CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA como un paso adelante en favor de la libertad lingüística y la normalización democrática de las escuelas en Cataluña.

No obstante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña persiste en su intento de restringir el efecto de aquellas sentencias y ahora de sus propias resoluciones al ámbito estricto de los escolares cuyos padres han instado el proceso judicial, con la consecuencia de permitir que siga en vigor un modelo lingüístico que los más altos Tribunales ha declarado contrario al espíritu y la letra de la Constitución.

De manera inequívoca cinco sentencias del Tribunal Supremo obligan al gobierno catalán a poner fin al modelo de inmersión lingüística y sustituirlo por un modelo de bilingüismo integral para no obligar a quien quiera la efectividad de ese derecho a acudir a los Tribunales de Justicia. Una concepción de la ley y la justicia incompatibles con el Estado de derecho, cuya obligación consiste precisamente (artículo 9 Constitución Española) en garantizar la efectividad universal de esos derechos y remover cuantos obstáculos se opongan a la misma.

Por las razones expuestas CONVIVENCIA CÍVICA CATALANA recurrirá ante el Tribunal Supremo las referidas sentencias y proseguirá su actividad hasta la total desaparición del inicuo sistema de inmersión lingüística de discriminación por razón de lengua.

Barcelona 1 de junio de 2012
Atentamente, *CONVIVENCIA CIVICA CATALANA*
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Comunidades Autónomas
De hispanobonos y otros adornos
José T. Raga Libertad Digital  2 Junio 2012

No voy a inclinarme por la pendiente jocosa, en la que España acostumbra a refugiarse ante la dificultad, enlazando en este caso el apelativo del título "hispanobonos" con el de los destinatarios de su gravamen, los "hispanobobos". Prefiero centrarme en algunos adornos justificativos con los que se han presentado las virtudes que acompañan a tal instrumento financiero.

Lo hago convencido de que todas las autoridades, pero más aún las que ejercen la misión de gobernar la Nación, deben ser muy cautas a la hora de emplear términos valorativos en sus declaraciones, comparecencias o simples manifestaciones, porque, en el mejor de los casos, deformarán la opinión de los ciudadanos y, en no pocos, despertarán el agravio comparativo en los ciudadanos, concluyendo en la convicción de que los hay de primera clase y de clases inferiores.

Es evidente que el Gobierno puede optar por vías diferentes a la hora de financiar los despropósitos presupuestarios de las Comunidades Autónomas o de otras administraciones públicas. Lo que a mi parecer resulta problemático es ofrecer una de estas soluciones, al parecer los hispanobonos, a la Generalidad de Cataluña, justificándola por ser una cuestión de solidaridad, pues no es justo que dicha Autonomía se financie a un tipo de interés superior al que lo hace el Estado.

Dos términos, solidaridad y justicia, que mejor evitar, porque ambos representan inapelablemente la bondad del acto, cuando, en este caso, buena parte de la sociedad, quizá tenga una opinión bien diferente del problema financiero aludido. Sería, por ejemplo, grotesco que los españoles, paladines de la justicia, nos levantáramos contra la injusticia de tener que financiar nuestra deuda a tipos de interés próximos al seis por ciento, mientras Alemania lo hace a tipos apenas superiores al uno. Un hecho que no pasa de ser la contraprestación a la prodigalidad de unos frente a la prudencia de otros. Algo semejante podría decirse de la financiación de las Comunidades Autónomas en el seno del Estado español.

Igualmente gratuita es la apelación a la solidaridad. Ésta solo cabe ante la impotencia de un agente –Comunidad Autónoma– para resolver sus propios problemas. Es decir, tras haber respetado escrupulosamente el principio de subsidiariedad, consagrado también en los textos de la Unión Europea, pues, la solidaridad sin subsidiariedad, no pasa de ser simple asistencialismo. Muchas Comunidades Autónomas, también Cataluña, consideran intocables no pocos gastos, que poco tienen que ver con aquellos esenciales para la vida de los ciudadanos. Y, para los que son esenciales, si nos los pueden administrar correctamente, la solución es recuperar la competencia y no derramar financiación para pervivir en la incompetencia. Los datos recientes son bien elocuentes de cuanto decimos.

Por ello, si se les quiere ofrecer financiación privilegiada, por lo que sea, quizá por ser políticamente conveniente, hágase, pero sin hacer referencia alguna a la solidaridad y menos aún a la justicia.

La verdad y la transparencia, son siempre mejores compañeros de viaje que el eufemismo o la farsa.

Sentencias y derechos
xavier pericay ABC Cataluña  2 Junio 2012

La cosa está así. El PP interpone en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) un recurso contra el Reglamento de Uso de la Lengua Catalana del Ayuntamiento de Barcelona, y el mencionado Tribunal, dos años más tarde, le da en buena medida la razón al estimar que el catalán no puede ser una lengua de uso preferente. El resto de los partidos representados en el Consistorio reaccionan acusando al PP de crear un problema donde no lo hay, de constituir con los jueces «una coalición hostil (…) en contra del catalán» y de querer «ganar en los tribunales lo que no gana en las elecciones». Por otra parte, cuatro familias residentes en Cataluña ven reconocido por el propio TSJC, después de algunas escaramuzas judiciales, su derecho a que sus hijos sean escolarizados en castellano. Al punto, la consejera de Educación del Gobierno de la Generalitat, tras anunciar que recurrirá contra el fallo del Tribunal pues, a su juicio, ofrece ocasión a cualquiera para reclamar ese mismo derecho en cualquier tramo educativo, afirma que los alumnos cuyos padres han acudido a la justicia ya reciben una atención personalizada en castellano y, si acaso no la reciben, es porque ya la han recibido o no les corresponde.

Como se ve, la confrontación sigue abierta. A un lado, un puñado de ciudadanos, amparados en la justicia y en un partido político, tratando de hacer valer sus derechos. Al otro, el poder municipal y autonómico, amparado en la transversalidad del catalanismo, negando esos derechos y anteponiéndoles unos supuestos derechos colectivos. Sobra decir que el pleito es insultantemente desigual. No sólo por una cuestión de número; también porque el poder dispone de la máquina administrativa, lo que equivale en la práctica a un armazón totalitario, y de unos medios de comunicación generosamente sufragados y dispuestos, en consecuencia, a complacer al amo. Pero no queda más remedio que insistir, aunque sólo sea por dignidad.

Hay maneras de verlo
Santiago González El Mundo  2 Junio 2012

El Periódico lleva hoy a su portada un titular notable: "Cerco judicial al catalán en la enseñanza y en el Ayuntamiento de Barcelona", una aportación en el ámbito lingüístico a la prosopopeya general de España a cuenta de la prima de riesgo en el económico: los mercados atacan, la conspiración de los mercados y así. El catalán como Humphrey Bogart en 'El último refugio'. Vean los 35 primeros segundos del trailer, con los jueces sierra arriba para tratar de rodear al catalán.

En la página 16 de El Periódico se titula de otra manera, con un notable antetítulo: "El futuro del autogobierno", que canta esa voluntad agónica tan característica de todo nacionalismo. Hay otra manera de verlo:

Vistas así las cosas, desde el punto de vista de los derechos de los ciudadanos -¿qué son los derechos de una lengua?- la cosa tiene otro aspecto

Artículo 2. (...) El catalán es la lengua propia de cataluñ y como tal, es la lengua oficial y preferente del Ayuntamiento de Barcelona y ha de ser empleado de manera preferente en sus tareas y relaciones (...)

Artículo 5.2. La expedición de documentos o de testimonios de expedientes se hará en catalán o, si la persona solicitante, en catalán y castellano.

Artículo 7. En sus comunicaciones administrativas orales, el personal del Ayuntamiento de Barcelona tiene que utilizar el catalán, salvo que el administrado pida ser atendido en castellano.

Este Reglamento de Usos Lingüísticos del Ayuntamiento de Barcelona, promovido en su día por ERC supone una ignorancia flagrante de lo que establece al respecto la Constitución Española en su Artículo 3:

Artículo 3.
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.

El TSJ de Cataluña ha fallado muy razonablemente que:
En los procedimientos incoados a instancia de parte, debe respetarse la elección del ciudadano que se manifiesta en la lengua utilizada en el recurso, como también la lengua manifestada en los escritos presentados por el afectado en los procedimientos incoados de oficio o en la lengua que utiliza oralmente para dirigirse a la administración o a sus agentes.

Entienden los jueces que la obligación impuesta por el reglamento de pedir de forma expresa las comunicaciones en castellano "no es aceptable" por cuanto "sitúa al ciudadano en una posición violenta o incomodidad innecesaria, especialmente cuando la Administración actúa en una posición de autoridad". Además, el tribunal considera "inacptable" que se desequilibre la paridad en la posición jurídica de ambas lenguas oficiales, configurando una posición de prevalencia o preferencia del catalán sobre el castellano o viceversa".

Manos Limpias recrimina a la juez del 11-M que haya paralizado la investigación
J. S. www.gaceta.es  2 Junio 2012

Coro Cillán lleva tres meses sin realizar una sola actuación.
El sindicato de funcionarios Manos Limpias envió el pasado 21 de mayo un duro escrito, al que ha tenido acceso LA GACETA, al Juzgado de Instrucción número 43 de Madrid recriminando a su titular, Coro Cillán, que no haya realizado ni una sola actuación sobre los atentados del 11-M en el plazo de tres meses, fecha que coincide con el auto de la Audiencia Provincial –27 de febrero– a través del cual daba carpetazo a los trágicos hechos acontecidos en Madrid en 2004.

Una decisión que Manos Limpias nunca aceptó como definitiva porque, según el sindicato, no afectaba en nada a las sucesivas querellas que contra el ex responsable de los Tedax, Sánchez Manzano, interpuso esta acusación, posteriores en tiempo a las de otras acusaciones sobre las que sí pesa el tajante auto del tribunal.

“Desde el 27 de febrero de 2012 –recoge el texto dirigido a Cillán– la juez ha congelado la instrucción, que venía desarrollándose ágil y eficazmente con anterioridad a la resolución de la Audiencia Provincial, sin que exista justificación legal ni legitimación procesal alguna”.

La discoteca Moma
Manos Limpias cita, remitiéndose a fuentes extraprocesales, como posible justificación los expedientes disciplinarios abiertos contra la magistrada por el llamado caso de la discoteca Moma y la demanda que presentó la Fiscalía por presunta prevaricación y que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha decidido admitir a trámite.

El sindicato de funcionarios considera que este hecho, muy ligado al sobreseimiento de la Audiencia Provincial, “no debiera impedir ni obstruir” el desarrollo normal de la instrucción del resto de procedimientos del juzgado que dirige Coro Cillán. “No existe discoteca ni expediente disciplinario que debiera impedir a un juez continuar con la más honrosa y digna de las labores, como es la investigación de los atentados más graves ocurridos en la Historia de España y Europa”, señala el documento.

La dureza de las líneas certifica, además, que el propio Estado está en condiciones de sancionar penalmente al juez “culpable de retardo malicioso” en la administración de la justicia. En todo caso, señalan, Manos Limpias no va a quedarse de brazos cruzados si la instructora se aparta de la inicial línea de trabajo trazada, que “nos había deparado numerosos hallazgos y éxitos que conducían a la verdad sobre lo ocurrido”. “Las causas ajenas y las presiones externas –prosigue– no les interesan a los asesinados y mutilados del 11 de marzo ni a los españoles, ya que todos ellos las han sufrido en grado sumo y esperan que su país, a través de sus jueces, haga justicia con lo ocurrido en Madrid”.

“No va a estar sola”
Termina el sindicato animando a la juez a continuar adelante –“no va a estar sola”– y apela a su valentía, demostrada en otras ocasiones, para vencer esa “anestesia total” y recuperar el impulso “que nunca se debió perder”, y para no dejar “que vuelva a triunfar el mal”.

En el mes de marzo, coincidiendo con las presiones para apartar a Coro Cillán del 11-M y de la misma judicatura, fuentes del entorno de la magistrada confirmaron a este diario su intención de seguir adelante con el caso, pese a las constantes amenazas que condicionaban la vida privada y profesional de una juez que contra todo y contra todos mantenía vivo el caso. Por lo visto, parece que han hecho efecto.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Victimismo catalán
La cuentas del Honorable Mas
Mikel Buesa Libertad Digital  2 Junio 2012

La torpeza con la que, en ocasiones, se desenvuelven los políticos da lugar a acontecimientos inesperados, a veces felices y otras más bien lamentables. El admirado paleobiólogo, hoy desaparecido, Stephen Jay Gould contó una vez que si George Canning –que fue ministro de asuntos exteriores del Reino Unido en 1814– no hubiera errado el tiro en el duelo que mantuvo con Robert Stewart, vizconde de Castlereagh, tal vez éste no habría tenido la ocasión de suicidarse el 18 de agosto de 1822, poniendo así en evidencia los desastrosos designios de la melancolía. Una enfermedad ésta que, por cierto, también impregnó a Robert FitzRoy, sobrino de Castlereagh, quien siendo aún muy joven, con tan sólo veintitrés años, tomó el mando del Beagle justo después de que el capitán que le precedió hubiera sufrido un trastorno mental y se hubiera pegado, con acierto, un tiro. El caso es que FitzRoy tomó a Charles Darwin a su servicio para que lo acompañara durante el largo viaje de casi cinco años que, siguiendo las órdenes del Almirantazgo, emprendió al final de 1831con su navío, y pudiera así mitigar la soledad a la que las leyes británicas sometían a los mandos de los buques de la Marina Real. En definitiva, la torpeza del ministro Canning condujo, a través de tan rocambolesca mediación, a uno de los acontecimientos más felices de la ciencia moderna como fue la publicación, casi tres décadas más tarde, de El origen de las especies.

Pero el desacierto de los políticos puede conducir también al infortunio. Tal ha sido el caso del Honrable Mas, presidente de Cataluña, cuando la semana pasada, en medio de la barahúnda financiera, tuvo la ocurrencia de mentar el fantasma del impago –de eso que en la jerga de los economistas se conoce como default– a la vez que reclamaba del Estado "la tesorería suficiente para pagar; y pagar a tiempo, porque todos tenemos facturas por pagar a fin de mes". Ni que decir tiene que, en este mundo actual en el que la información –incompleta, sin duda, y procesada en mensajes de pocas palabras, también– circula a la velocidad de la luz, los operadores de los mercados de deuda no se lo pensaron dos veces para exigir mayores rentabilidades en compensación de los riesgos y la prima correspondiente emprendió un rápido ascenso hasta rozar los quinientos puntos.

De que el Honorable Mas no tenía la menor intención de revolver las ya turbulentas aguas financieras españolas, no me cabe la menor duda. Pero no estamos aquí para valorar intenciones, sino para apreciar las circunstancias del caso y sus consecuencias. Esas circunstancias comienzan, sin duda, en las desastrosas finanzas públicas de Cataluña, herencia de los dispendios de la administración socialista-republicana que precedió al Gobierno de Mas, y de la insuficiencia de la política de austeridad progresiva que, administrada a plazos, éste ha practicado durante los ya casi dos años y medio de su presidencia. Como consecuencia, la administración catalana ha acumulado ya una deuda próxima a los 42.000 millones de euros cuyos vencimientos en este año se acercan a los 13.500 millones. Ello, frente a unos ingresos fiscales de 17.900 millones y unas transferencias de 5.200, hace que la disponibilidad de recursos para sostener la Administración sea muy precaria y haga ineludibles nuevas emisiones de deuda que se estiman próximas a 5.000 millones adicionales.

Otra de las circunstancias del caso viene dada por la rivalidad entre Mas y Durán Lleida –y entre sus respectivos partidos– por el liderazgo ideológico de la derecha nacionalista, pues mientras aquél se escora cada vez más hacia el independentismo, éste se presenta bajo la bandera de un autonomismo con pretensiones de ampliación de su espacio político, aunque integrado en España y con disposición a colaborar en las tareas del Estado. Y lo cierto es que las declaraciones de Mas le sorprendieron a Durán en las puertas de La Moncloa, donde tuvo que hacer encaje de bolillos para salir airoso del embrollo declarando que "si hace falta dinero para este mes nadie tiene que explicarlo, y Artur Mas no lo ha hecho", para añadir a continuación que "de ninguna manera el president ha solicitado la intervención de Cataluña; no hay motivo para el rescate".

Pero también se anota en la intervención de Mas una apelación al recurrente tópico del déficit fiscal, con lo que, por una parte, se pretende señalar a los catalanes que el recorte de los gastos de la Generalitat tiene su raíz en las exigencias del Estado; y por otra, se busca abundar en la idea de que, fuera de España, Cataluña afrontaría la crisis con bastante holgura. Y así el Honorable Presidente afirmó que ese déficit fiscal es de 16.000 millones de euros, una cantidad que, si fuera cierta, bastaría para enjugar en poco tiempo la deuda catalana.

Veamos entonces la cifra de marras. Su origen no es otro que la última estimación de la balanza fiscal de Cataluña, referida a 2009 y publicada por la Generalitat en un documento avalado por conocidos y, sin duda, prestigiosos economistas que han formado parte del correspondiente grupo de trabajo. Sin embargo, detrás de ella hay opciones metodológicas muy discutibles, tal como ha destacado Convivencia Cívica Catalana, la combativa asociación que preside el Catedrático de la Universidad de Barcelona Paco Caja. En un documento muy trabajado esta asociación ha destacado que, para su cálculo, el Gobierno catalán ha incurrido en cinco trampas:

1. Utilizar la técnica del flujo monetario, de acuerdo con la cual los ingresos y gastos se imputan en función del territorio en el que tienen lugar, lo que impide tener en cuenta si las personas que pagan los impuestos o las que reciben el gasto del Estado residen o no, efectivamente, dentro de él.

2. Sobrevalorar los impuestos pagados en Cataluña al Estado al incluir en la cantidad correspondiente los pagos de no residentes.

3. Minimizar los gastos del Estado en Cataluña al excluir de este concepto la mayor parte de los gastos en Asuntos Exteriores, Justicia, Defensa, Servicios Sociales, Gestión de la Administración Central, Deuda Pública y un variado elenco de organismos que van desde la Agencia Española del Medicamento hasta el Consejo de Seguridad Nuclear.

4. Sumar el déficit fiscal de Cataluña con la Unión Europea.
5. Restar el déficit del Estado, lo que supone incurrir en una doble contabilización.

Con estos procedimientos la Generalitat llega a la bonita cifra de 16.409 millones de euros mencionada por el Honorable Mas. Pero si, en vez de inventar las aludidas trampas, se empleara una metodología académicamente más aceptable –nos dice Convivencia Cívica–, entonces el déficit fiscal catalán se trastocaría en un superávit de 4.015 millones de euros. Porque, contra lo que machaconamente se repite por los nacionalistas catalanes, el saldo fiscal fue negativo para Cataluña hasta 2008 y dejó de serlo desde el año siguiente. A nadie que conozca un poco las relaciones económicas entre Cataluña y el resto de España le puede sorprender esto, pues, con la crisis, las cosas han cambiado sustancialmente y Cataluña ha ido perdiendo su posición preeminente en el mercado nacional. Por ejemplo, el saldo comercial de la región con las demás Comunidades Autónomas ha pasado de registrar un superávit de 17.191 millones de euros en 2008 a otro de sólo 4.643 millones en 2011; y también, desde 2010, la Seguridad Social es deficitaria en Cataluña.

En resumen, al Honorable Mas le van fallando los argumentos económicos tradicionales del nacionalismo y ahora es desde las demás regiones de España desde donde se transfieren recursos para equilibrar las cuentas del gasto del Estado en Cataluña. Claro que ello no ha bastado para sujetar su imprudente verborrea identitario-financiera y la prima de riesgo de la deuda española –ayudada por otros políticos incontinentes, nacionales y europeos– ha continuado subiendo en los días posteriores a los de la verbalización de sus excesos. Confiemos en que no sea por mucho tiempo.

Condenados a dos años y medio dos etarras por colocar una bomba en Mijas
La Audiencia Nacional ha condenado a seis años y medio de prisión a los miembros del "comando Argala" de ETA Óscar Zelarain y Andoni Otegi por colocar en 2002 una bomba entre un hotel y una caseta de una inmobiliaria situados en la carretera que une Mijas y Fuengirola (Málaga).
Madrid - Efe La Razón  2 Junio 2012

La Audiencia Nacional ha condenado a seis años y medio de prisión a los miembros del "comando Argala" de ETA Óscar Zelarain y Andoni Otegi por colocar en 2002 una bomba entre un hotel y una caseta de una inmobiliaria situados en la carretera que une Mijas y Fuengirola (Málaga).

Así lo ha acordado la sección primera de la sala de lo penal de este tribunal en una sentencia en la que condena a ambos terroristas por un delito de daños y no de estragos, como reclamaba el Ministerio Público, que pedía para ellos veinte años de prisión.

Y ello porque "estragar significa asolar, devastar o causar ruina y daño" y se trata de un delito contra la seguridad colectiva, mientras que en el caso de este atentado se utilizó un artefacto que no tenía la potencia "suficiente" ni afectó a la estructura ni "a la configuración de los inmuebles".

También recalcan que la acción se produjo en el inicio del periodo estival "en una zona no transitada" entre el aparcamiento de un hotel y el lateral de una inmobiliaria.

"Cuando los estragos, -dice el apartado segundo del artículo 346 del Código Penal-, no comportaren necesariamente un peligro para la vida o integridad de las personas se castigarán como daños", concluyen.

El tribunal considera probado que los acusados formaban parte de ETA en 2002, "contexto" en el que "confeccionaron, depositaron e hicieron estallar un artefacto explosivo" en una zona intermedia entre la valla exterior del recinto del aparcamiento del Hotel Tamisa Golf y una caseta de ventas de la inmobiliaria Segarra y Macías de Mijas.

La explosión se produjo a las 13.03 horas, causando desperfectos materiales en los edificios y en vehículos estacionados

Según los magistrados, la finalidad de esta acción, que fue reivindicada por ETA el 5 de julio de ese año en un comunicado en el diario Gara, era, además de causar daños, "impactar a la opinión pública" al hacer coincidir su campaña de verano con la clausura de la presidencia española de la Unión Europea.

Como prueba de su participación en este atentado, la sala esgrime un documento manuscrito por Otegi intervenido al dirigente etarra Ibon Fernández Iradi, "Susper", en la que el condenado relataba "en primera persona del plural" esta acción y otras que ejecutaron en junio de 2002 en la zona de la Costa del Sol.

Además, constata su pertenencia a la banda terrorista el hecho de que ya fueron condenados por asociación de malhechores en Francia, donde fueron detenidos en diciembre de ese año en el piso que ambos compartían en la localidad de Bagnères de Luchon.

Cataluña
Mas deja fuera de las subvenciones para promocionar el periodismo a los medios que usan el castellano
La Generalidad mantiene su política de discriminación lingüística en el reparto de las ayudas públicas, y entrega subsidios a algunas de las entidades nacionalistas más beligerantes, como el Grup de Periodistes Ramon Barnils.
Maite Molina www.vozbcn.com   2 Junio 2012

La Generalidad de Cataluña mantiene su política de discriminación hacia aquellos que utilizan el español en Cataluña, impidiendo su acceso a la mayoría de ayudas que otorga, a pesar de que el Tribunal Constitucional estableció que ‘la definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede justificar la imposición estatutaria del uso preferente de aquella lengua, en detrimento del castellano, también lengua oficial en la Comunidad Autónoma, por las Administraciones Públicas’.

Solo en los últimos meses la Generalidad ha vetado el acceso a las subvenciones a todo tipo de empresas y entidades que no utilicen, al menos, el catalán en sus comunicaciones internas y externas, lo que incluye las consultorías para empresas culturales y para la gestión ambiental; los proyectos de cooperación al desarrollo y los festivales musicales; los profesionales del mundo creativo y artístico; la integración laboral de personas con discapacidad; la lucha contra la pobreza; las empresas de los sectores del comercio, los servicios, la artesanía y la moda, e incluso las casas regionales.

La única condición: utilizar el catalán o el aranés
Este miércoles, el Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) ha hecho públicas las subvenciones de un importe igual o superior a 3.000 euros concedidas durante el año 2011 a entidades sin ánimo de lucro ‘que contribuyan al fomento del periodismo y del espacio catalán de comunicación’ (resolución PRE/993/2012). La única condición exigida fue que utilizasen el catalán o el aranés.

En esta ocasión, el Gobierno autonómico ha repartido 415.885 euros entre 30 entidades para los más diversos conceptos, tales como la digitalización de estudios de televisión; la mejora de los equipamientos; la creación o la renovación de páginas web; la edición de revistas; y la organización de premios y congresos.

El Grup de Periodistes Ramon Barnils
Destaca la concesión de 7.464 euros al Grup de Periodistes Ramon Barnils para ‘la ampliación de los contenidos y la publicación’ de un anuario. El Grup de Periodistes Ramon Barnils tiene por objetivo la consecución de ‘un modelo comunicativo riguroso, ecuánime y de calidad en el marco de los Países Catalanes’, defiende ‘una información documentada y contrastada que promueva la reflexión y el análisis’, y sus miembros dicen compartir ‘una misma idea de periodismo riguroso y crítico’. Sin embargo, no parece que eso siempre sea así.

En octubre de 2011 publicaron un informe en el que señalaban a los medios de comunicación que no apoyan la secesión de Cataluña. Su presidente, David Bassa, ex colaborador de Mònica Terribas en TV3, ha dirigido el polémico documental Terra Lliure, punt final, y ha participado en el no menos controvertido y sesgado reportaje La Crida, historia de una respuesta.

La rigurosidad de los miembros del Grup de Periodistes Ramon Barnils también quedó en entredicho en una campaña lanzada contra el ex juez Baltasar Garzón, al que -tanto Bassa como otro de los fundadores, Jaume Clotet- acusan de permitir y de no investigar presuntas torturas contra los terroristas de Terra Lliure detenidos en la operación de 1992. Una hipótesis que queda fulminantemente desmentida en la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de noviembre de 2004.

‘¿Alguien sabe qué día sale Paco Caja en Veterinaris?’
El caso de Clotet es un claro ejemplo del periodismo ‘ecuánime’ y ‘de calidad’ que propone el Grup de Periodistes Ramon Barnils. Hace unos meses proponía levantar una escuela en un ‘gueto’ en la Zona Franca de Barcelona, ‘por ejemplo: entre la futura prisión y la futura perrera’, para aquellos que quieran educar a sus hijos en las dos lenguas oficiales de Cataluña. Y este mismo viernes trataba de insultar desde su Twitter al presidente de Convivencia Cívica Catalana por las recientes sentencias del TSJC sobre bilingüismo escolar. ‘¿Alguien sabe qué día sale Paco Caja en Veterinaris [un programa de TV3 sobre animales]?’, se preguntaba Clotet.

Entre los vocales de la entidad hay dirigentes de Òmnium Cultural y colaboradores de los medios públicos autonómicos, aunque sobresale la presencia de Eduard Voltas, ex secretario de Cultura de la Generalidad -bajo cuyo mandato el Grup Cultura 03, para el que había trabajado anteriormente y con el que vuelve a colaborar actualmente, recibió subvenciones multimillonarias por parte del Gobierno autonómico-. Una circunstancia que, probablemente, ayuda a que el Grup de Periodistas Ramon Barnils sea generosamente tratado por la Generalidad.


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