AGLI Recortes de Prensa   Domingo 3 Junio 2012

alternativas al gasto público superfluo
Diez propuestas para evitar la subida de impuestos
MIGUEL GIL/ S.E. www.gaceta.es  3 Junio 2012

Las privatizaciones y la venta de patrimonio aportarían 70.000 millones.
La que sigue es una muy reducida muestra de gasto público perfectamente prescindible. Con todo, un ahorro nada desdeñable que evitaría subidas de impuestos y racionalizaría la aún mastodóntica omnipresencia de la administración que, en demasiados casos se ha instalado como un factor de distorsión en el mercado además de suponer un coste inasumible.

1. Supresión de las diputaciones y mancomunidad de servicios locales:
El Gobierno aún perfila su gran reforma de la administración que, sin embargo, no contempla la supresión de las diputaciones. Conforman uno de los cuatro niveles de gestión pública que, salvo en los casos de las forales vascas y navarras, suponen uno de los máximos exponentes de las duplicidades y triplicidades administrativas del país. Los populares se opusieron a la propuesta electoral de Rubalcaba que abogaba por su supresión y que, según estimaciones del PSOE, supondría un ahorro de 1.000 millones de euros. Su deuda se cifra en torno a los 3.000 millones y su actuación se defiende desde el PP principalmente por la labor que realizan ante los municipios de menos de mil habitantes. Argumento lógico que, sin embargo, podría suplirse con la mancomunidad de servicios que ya pretende el Gobierno.

2. Venta, cierre o gestión privada de las televisiones autonómicas:
El Gobierno ha aprobado esta misma semana la norma que permite la supresión, venta o gestión privada de las ruinosas televisiones autonómicas que distorsionan el mercado de la comunicación en nuestro país. Sin embargo, mientras en las autonomías se plantean ajustes en servicios elementales, las televisiones autonómicas acumulan elefantiásicas deudas como el déficit de la valenciana: 1.200 millones de euros. El presupuesto de estos canales para este año asciende a otros 1.200 millones, cuyo 75% se cubre mediante dinero público y la deuda acumulada de las 13 cadenas autonómicas existentes en España se eleva a los 2.000 millones de euros.

3. Supresión de la cultura subvencionada (y más):
Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año ofrecen partidas cuestionables frente a algunos de los polémicos ajustes y las subidas de impuestos. “Acceso a la vivienda y fomento de la edificación, 820,11 millones de euros”, por ejemplo, y después de que la partida se haya reducido un 31,7%. Asimismo, se privilegia a un sector determinado del mercado como el transporte con la friolera de 1.614,30 millones de euros en “subvenciones”. Más. Respecto a las subvenciones a la cultura, se mantiene una dotación para “Artes escénicas y musicales” que se eleva a 205,94 millones de euros de los que al cine le corresponden 71,06 millones. Por otro lado, la Ayuda Oficial al Desarrollo de Exteriores, ya mermada, se presupuesta en 831,45 millones de euros.

4. Supresión de la financiación pública de los partidos, patronal y sindicatos:
La reforma de la Ley de financiación de partidos ha reducido un 20% su asignación anual, que en 2011 fue de 126.850.430 euros. Las fundaciones y asociaciones ligadas a las formaciones también han sufrido un recorte del 20%. Por su parte, patronal y sindicatos también verán reducida su asignación anual un 20%, un ahorro que el ejecutivo estima en 55 millones de euros. Ahora bien, todas estas cifras no incluyen las cuantiosas subvenciones indirectas que reciben tanto los partidos como la patronal y los sindicatos, que elevan sustancialmente su coste para los contribuyentes.

5. Supresión de duplicidades y triplicidades:
El Gobierno ya ha anunciado que se propone racionalizar la gestión pública bajo la premisa de ‘una competencia, una administración’ para evitar las actuales duplicidades y triplicidades que tienen como máximos exponentes a los defensores del pueblo, del consumidor, tribunales de defensa de la competencia, comités audiovisuales, consejos consultivos, agencias de protección de datos, consejos económicos y sociales, agencias de calidad etcétera.
Ahora bien, todos estos organismos no suponen la principal causa de despilfarro público de las duplicidades, ya que el grueso se sustenta en competencias repetidas con sus correspondientes partidas de gasto.

6 Privatizaciones:
El Ejecutivo de Mariano Rajoy perfila los últimos detalles de un importante plan de privatizaciones que permitiría al Estado alcanzar unos ingresos de unos 30.000 millones de euros. Entre las sociedades candidatas a pasar a manos del capital privado se encuentran Renfe o Loterías. El gran hándicap que se encuentra el Gobierno es la inestabilidad de los mercados financieros, que amenazaría con una colocación en el mercado casi a precios de saldo. Algo que desde la Comunidad de Madrid se ha argumentado para retrasar la salida a Bolsa del Canal de Isabel II.

7. Venta de propiedades inmobiliarias:
Se calcula el Estado tiene propiedades por un valor superior a los 40.000 millones de euros. Hace un par de año, la consultora Aguirre Newman tasó en 8.500 millones de euros los inmuebles de que la Administración General del Estado tiene en Madrid. Se calcula que los inmuebles de la administración en toda España son cinco veces mayores que los que existen en Madrid. Caso aparte serían el de las comisarías, oficinas de la Agencia Tributaria, de Correos y otros organismos, de los que también podría desprenderse.

8. Lucha contra la economía sumergida:
La amnistía fiscal que ha propuesto el Gobierno busca el objetivo de recaudar 2.500 millones de euros, que debe materializarse en los próximos meses. Este borrón y cuenta nueva supone que los defraudadores podrían legalizar su situación con el pago del 10% de la carga impositiva eludida. Los Técnicos del Ministerio de Hacienda consideran que el mayor potencial de recaudación se encuentra en esta actuación. El Gobierno podría ingresar en las arcas públicas nada menos que 38.500 millones de euros si la tasa de economía sumergida se reduce en diez puntos, cuatro veces más de lo que entraría en caja con una subida de dos puntos del IVA. La economía sumergida se estima que alcanza en España el 22,5% del PIB.

9.Ajustes en la Administración:
Cuando tomó el timón del país, el Gobierno se limitó a suspender las nuevas contrataciones en la administración pública, con el objetivo de que las jubilaciones anuales reduzcan el número de funcionarios. En buena parte de los países los ajustes han supuesto el adelgazamiento de la maquinaria del Estado a través de despidos. Los economístas aseguran que el potencial del Gobierno en este sentido se encuentra casi intacto. El Ejecutivo, al igual que las comunidades autónomas, podría lograr ahoros de varias decenas de miles de millones de euros en epígrafes concretos de los PGE.

10. Figuras impositivas:
Los inspectores de Hacienda acaban de detallar cifras sobre el potencial de ingresos de determinadas figuras que podría establecer el ejecutivo de Mariano Rajoy. Un impuesto a las transacciones financieras aportaría 4.500 millones de euros, la prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública llevaría al ingreso de 1.400 millones. Una tasa sobre la riqueza llevaría a ingresar 3.399 millones. También aseguran que recaudarían casi 14.000 millones de caja con un nuevo tipo del 35% en el Impuesto sobre Sociedades, pero este gravamen perjudicaría el crecimiento.

Sin España y sin Europa
Federico Jiménez Losantos Libertad Digital  3 Junio 2012

El ensayo de Recarte sobre La salida de la crisis de la España del euro, cuyos cinco capítulos pueden –y deben- consultarse en Libertad Digital, ilustra la complejidad técnica del problema económico que afrontamos, los españoles en particular y los europeos en general. El arbitrismo, que retoña endémicamente en la opinión pública, ha vuelto a popularizar soluciones de café que se resumen en la frase: "eso lo arreglaba yo en 24 horas". Como la alineación de la Selección Nacional de Fútbol, todos tenemos en la cabeza una solución o una escala de soluciones y prioridades para remediar lo que cada día tiene más aspecto de caos abocado a un apocalipsis de bolsillo. Hasta ahí, lo normal, aquí y en todas las sociedades con cierta libertad política. Lo preocupante es cuando la clase dirigente de una sociedad se muestra todavía más despistada que los ciudadanos sobre lo que tiene que hacer. Lo cual no sería grave si se debiera a que tiene mayor información que el común de los ciudadanos sobre la complejidad de la crisis, pero temo que en el caso español se debe a un extravío total en sus funciones, sus obligaciones y sus capacidades. Vamos, que ya no saben por qué ni para qué gobiernan, ni a qué se deben, ni lo que deben ni a quién lo deben.

En las últimas veinticuatro horas se han producido dos declaraciones o, más precisamente, dos actuaciones que muestran, en mi opinión, un estado de ánimo en el Gobierno que además es bastante representativo del de la sociedad española. La primera ha sido la muy importante de Rajoy en Sitges; y la segunda, la muy significativa del portavoz del PP en la Comisión de Exteriores del Congreso, José María Beneyto. Rajoy ha pedido una especie de protectorado fiscal, económico e, inevitablemente, político de la Unión Europea para que la cáscara común evite el estallido del huevo o de la cesta de huevos contra el suelo. Beneyto ha dicho que "la intervención en España no sería tan grave", y aparte de provenir de alguien que tiene la fundada convicción de seguir conservando su empleo, uno de esos miembros de la casta dirigente que probablemente no sería despedido, expresa algo muy parecido a lo manifestado por Rajoy: que reformen ellos.

Por desgracia, no son los únicos que piensan o pueden llegar a pensar lo mismo. Un excelente informe de Pablo R. Suanzes y Javier G. Gallego en el suplemento Mercados del diario El Mundo explica los drásticos ajustes que un control de la economía española desde Bruselas impondría a España. Y, curiosamente, se parecen mucho a los que parte de la sociedad viene pidiendo a nuestros políticos: medio millón de funcionarios menos, recorte radical del gasto público en general, control de las autonomías, con prohibición de duplicidades administrativas, límite claro en la disposición de fondos y jurisdicción igualmente limitada y clara en todos los ámbitos -empresariales, laborales, educativos o sanitarios- que ahora se mueven dentro o fuera de la Ley, según les conviene a los reyezuelos autonómicos.

Pero resulta que esas son las reformas mínimas que se vienen pidiendo al Gobierno, antes del PSOE y ahora del PP, y que el Gobierno es incapaz de acometer, así que es inevitable que cunda la convicción de que tiene que venir Europa a arreglarnos, porque nosotros solos no tenemos arreglo. En el fondo, es la actualización de la célebre frase de Ortega: "España es el problema y Europa la solución". Si situamos el aserto entre la primera y la segunda guerra mundiales, entre el nacimiento del bolchevismo y su reduplicación especular en fascismo y bolchevismo, puede tomarse como disparate casi perfecto. Pero también como propensión castiza a dejar en manos de otros las dificultades o los asuntos desagradables. Todo con tal que nos dejen en paz. Y que nos llegue para pedir otra de gambas.

Pero eso que exageradamente llamamos Europa sólo quiere cobrar. Le da igual que el Estado nacional español se haya echado a perder con el Estado de las Autonomías; le da lo mismo que se politice todavía más la Justicia, le importa un rábano que se refunde el régimen constitucional de 1978, que se reforme la enseñanza o se acabe con la ruina universitaria. Ellos quieren cobrar y hasta otra. El problema es que, por cobardía y vagancia, nos hemos ido quedando sin España y, además, vamos a quedarnos sin Europa, porque una Europa reducida a Cobrador del Frac, de la que no seamos parte sino sobra, no nos sirve de mucho, por no decir para nada. Ni siquiera para salir de la crisis. Sin España, no habrá Europa, porque no seremos siquiera una sola voluntad de pedir. Y con sólo Europa, sea eso lo que sea, no puede haber España.

Por el chivatazo a ETA
Las víctimas pedirán a Ruz que procese otra vez a la cúpula policial de Rubalcaba
 www.gaceta.es  3 Junio 2012

El juez decidirá entre volver a acusar a García Hidalgo, Pamies y Ballesteros o archivar el caso.
Llegó el momento decisivo. Seis años, tres jueces e infinidad de vaivenes después, por fin el caso Faisán puede desencallar. El magistrado Pablo Ruz ya tiene en su poder sendos informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que coinciden en apuntar como principales sospechosos del célebre chivatazo a ETA a los miembros de la cúpula policial que dirigía el entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba en mayo de 2006, cuando se produjo el soplo, en plena negociación entre el Ejecutivo socialista y la banda. Las acusaciones personadas en la causa pedirán al juez que procese de nuevo a los tres imputados. Y la Fiscalía hará lo posible por sacar el caso de la Audiencia. Los dos informes citados han llegado esta semana al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. El documento de la Policía no supone cambios de importancia, puesto que mantiene la tesis, elaborada por el equipo investigador que dirigía Carlos Germán, de que los autores de la delación fueron el inspector José María Ballesteros, el entonces jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, y Víctor García Hidalgo, en aquel momento director general de la Policía.

La gran novedad es que ahora la Benemérita, que en su día fue apartada del caso por el juez Baltasar por fin ha podido incluir sus pesquisas sobre el soplo. En un vasto informe, los agentes del Instituto Armado coinciden en los puntos esenciales con la Policía. Así las cosas, fuentes jurídicas aseguran a LA GACETA que ya no quedan investigaciones determinantes que hacer. Sencillamente, Ruz debe decidir si vuelve a procesar a los tres imputados, a quienes procesó ya en julio de 2011, o si archiva el caso por falta de pruebas consistentes.

Ayer, este diario se puso en contacto con las dos acusaciones personadas: Dignidad y Justicia (DyJ) y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Aunque no quieren adelantar sus pasos antes de leer el informe, ambas coinciden en que hay que seguir adelante. Siempre con la cautela lógica antes de leer los documentos policiales, los servicios jurídicos de la AVT dan por hecho que volverán a pedir el procesamiento de los tres acusados. Y Daniel Portero, presidente de DyJ, está empeñado en que se conozca toda la verdad del soplo. Por ello, no es difícil adivinar sus intenciones pese a la prudencia que ambas mostraron a LA GACETA.

¿Y el juicio?Cuestión distinta es qué hará la Fiscalía de la Audiencia Nacional. Fuentes jurídicas dan por hecho que, aunque el fiscal Carlos Bautista apueste por reactivar el caso, seguirá su línea argumental de los últimos años. Dicha tesis consiste en apreciar que, en todo caso, en el chivatazo a ETA no hubo delito de colaboración con banda armada por parte de sus autores.

Y es que la calificación jurídica de los hechos, que en otros casos no es tan relevante, es decisiva en el caso Faisán. Si el juez Ruz decidiera, en línea con los argumentos del Ministerio Público, procesar a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros, pero no por el delito de colaborar con ETA, el caso tendría que ser juzgado en Irún, donde se produjo el chivatazo. Si, por el contrario, Ruz procesa a los tres imputados por colaborar con la banda, el caso debe ser juzgado en la propia Audiencia Nacional. Evidentemente, el asunto no tendría la misma relevancia pública en caso de terminar en un pequeño juzgado del País Vasco.
Las fuentes consultadas coinciden en que el juez Ruz se encuentra ahora mismo en un momento difícil. Tiene más pruebas que nunca, pero si sigue adelante lo hará contra el criterio de la mayoría de los jueces de la Audiencia.

La Guardia Civil apoya la tesis de Carlos Germán
Desde que se produjo el chivatazo a ETA el 4 de mayo de 2006, han aparecido dos teorías sobre su autoría. La primera fue elaborada por el equipo investigador de la Policía dirigido por Carlos Germán. Según esta versión, el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, ordenó al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamiés, que frenase la operación policial contra la red de extorsión de la banda criminal. Y este contó con el inspector José María Ballesteros –como puede verse en el gráfico adjunto– para llevarlo a cabo. Frente a la versión del equipo investigador de Carlos Germán, existe la tesis, defendida más o menos claramente por los sindicatos policiales a los que pertenecen dos de los tres imputados, de que el propio grupo de Germán estaría detrás de la delación. Ayer un diario publicó que la Guardia Civil respalda en su informe la primera de las tesis. Es la misma que hizo suya Baltasar Garzón cuando imputó a García Hidalgo, Pamiés y Ballesteros. Y es la misma que también creyó Ruz cuando decidió procesarlos. Sea como fuere, en lo que coinciden ambas versiones de los hechos es en que unos agentes no pudieron decidir por su cuenta avisar al aparato de extorsión de ETA de la operación en marcha contra el mismo. Tuvo que haber órdenes políticas. Y siguen sin aclararse.


El polémico magistrado
Gómez Bermúdez maniobró para frenar la investigación en la campaña electoral
 www.gaceta.es 3 Junio 2012

El juez más condecorado por el PSOE arrebató el caso a los magistrados que daban la razón a Ruz.

A mediados de julio de 2011, el juez Pablo Ruz procesó por varios delitos, entre ellos el de colaboración con banda armada, a los tres imputados en el caso Faisán: Víctor García Hidalgo, Enrique Pamiés y José María Ballesteros. Parecía que, por fin, podía llegar a juzgarse el bochornoso soplo a ETA. Sin embargo, entonces apareció la figura del siempre polémico Javier Gómez Bermúdez.

El hombre que presidió el juicio del 11-M y que ostenta el récord de ser el juez más premiado por el PSOE cuando Rubalcaba era ministro del Interior sorprendió a propios y extraños. De repente, el entonces presidente de la Sala Penal de la Audiencia decidió intervenir. Arrebató el caso a la Sección Segunda y lo envió al Pleno por su gran importancia. Curiosamente, hasta ese momento la Sección Segunda siempre había dado por buenas las decisiones del juez Ruz.

El caso se enfrió durante el verano, coincidiendo con la precampaña de las elecciones generales en las que, como se recordará, competía Rubalcaba. Y el 20 de septiembre del pasado año, a dos meses de los comicios, la mayoría del Pleno, alineada con las tesis de Bermúdez, revocó el auto de procesamiento de Ruz y le instó a seguir investigando, dado que no había “indicios suficientes”. Además, el Pleno reprochó al juez que no hubiera practicado “investigaciones complementarias o de contraste realizadas por otros elementos investigadores”.

Ahora, los informes de la Policía y la Guardia Civil –esos otros investigadores que demandó el Pleno–, sumados a las declaraciones ante el juez de varios implicados en el caso, evidencian que la maniobra de Bermúdez sólo sirvió para retrasar la investigación más de lo necesario.

Eso sí, Bermúdez no pagará por aquella maniobra cuando menos discutible. Ahora ya no es presidente de la Sala Penal, puesto que perdió en su intento de reelección frente a Fernando Grande Marlaska. El juez más condecorado por Rubalcaba es ahora el flamante titular del Juzgado de Instrucción número tres de la Audiencia.

Líneas rojas
Aleix Vidal-Quadras  www.gaceta.es  3 Junio 2012

Es llamativo que quien rige una Comunidad quebrada se permita cierto matonismo.

Las sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia se van emitiendo a raíz de peticiones presentadas por padres residentes en Cataluña para escolarizar a sus hijos en la lengua oficial del Estado. En todas ellas se reconoce el derecho de las familias a elegir la lengua vehicular de la enseñanza y todas ellas son descaradamente ignoradas por el Gobierno nacionalista.

El problema es que el Tribunal Superior mantiene la cuestión como la resolución de casos individuales y ha paralizado la aplicación de la doctrina del Supremo que ordena al Consejo Ejecutivo que establezca la libre elección con carácter general.

Las victorias de cada familia frente al totalitarismo identitario son neutralizadas por la Consejería de Educación mediante la llamada “atención individualizada”, forma de discriminación humillante que los funcionarios cuatribarrados practican con notable sadismo. Artur Mas ha advertido al PP que la política lingüística es “una línea roja” que no debe osar traspasar. No deja de ser llamativo que un caballero que rige una Comunidad quebrada que necesita al Tesoro central para poder sobrevivir y que se encuentra en mayoría relativa en un Parlamento en el que depende del apoyo de los populares para sacar adelante sus presupuestos, se permita semejantes despliegues de matonismo. ¿No sería natural que en estas circunstancias el que le pusiese los puntos sobre las íes al amigo Artur fuera el Gobierno de la Nación?

La coyuntura parece ideal para promover una Ley Orgánica del Uso de las Lenguas Oficiales que zanjase el tema de una vez a favor de las libertades fundamentales. Sin embargo, unos mantienen con firmeza sus líneas rojas mientras otros desdibujan las suyas con tembloroso trazo. Así llevamos treinta años y así nos luce la Constitución.

Por el caso ERE falsos en Andalucía
Manos Limpias anuncia una querella criminal contra Griñán, Chaves, Zarrías y Viera
 www.gaceta.es  3 Junio 2012

Tras conocer el atestado de la UCO de la Guardia Civil que reflejaba que Chaves y Griñán conocían el convenio y el uso de los fondos públicos utilizados fraudulentamente.

El sindicato Manos Limpias, personado como acusación popular en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos que investiga la juez de Sevilla Mercedes Alaya, ha anunciado una querella criminal contra el actual presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, y los exconsejeros Gaspar Zarrías y José Antonio Viera, entre otros.

El anuncio de querella se produce después de conocer el atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el funcionamiento de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social, en el que se pone de manifiesto, entre otros destacados aspectos, que el Consejo de Gobierno de la Junta "conocía" el convenio firmado en 2001 por el que se regularon las ayudas que están siendo investigadas por la juez de Instrucción número 6.

En un comunicado de prensa, Manos Limpias recuerda que, en su día, "ya anuncio la implicación de los máximos responsables de los gobiernos de Chaves y Griñán", señalando que, "ahora, a la vista del atestado de la UCO, se ha puesto de manifiesto que los sucesivos gobiernos de Chaves y Griñán conocían el convenio y el uso de los fondos públicos utilizados fraudulentamente".

"La implicación" de ambos "sería en calidad de cómplices, encubridores y cooperadores necesarios en el fraude de los ERE", añade el sindicato Manos Limpias, que destaca también el punto del informe en el que la Guardia Civil señala que, durante el mandato de Daniel Alberto Rivera como director general de Trabajo y Seguridad Social, "se sacó de los expedientes documentación que pudiera haber resultado comprometida o de interés para la investigación".

Según dice, este hecho "también en su día fue denunciado por Manos Limpias", tras lo que explica que "la presunta implicación de Manuel Chaves, aforado como diputado nacional, arrastraría la competencia jurisdicional a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, donde se incluirían también los aforados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía".

Los nacionalistas boicotean la cerveza San Miguel
Luis Fernández del Campo www.lavozlibre.com  3 Junio 2012

Consultor Social Media y Director de I+D en Hoyonline TV

Nunca me gustaron los boicots, ni los chovinismos baratos. Nuevamente asistimos en Barcelona al último ejemplo de cómo el nacionalismo nubla las mentes, impregnado en un ambiente de exaltación patrio de lo “nostre i catalá” frente a lo cosmopolita. Siempre cerrando fronteras en lugar de abrirse al mundo, y a la realidad evidente.

La última polémica parte de un supuesto agravio contra la música catalana, en opinión del columnista Jordi Banciotto, de 'El Periódico', quien criticó en su columna que el “San Miguel Primavera Sound” no promocionara la música en catalán y optase por ser un festival cosmopolita. ¡Oh, cielos! Un festival “apátrida”, con una programación independiente de música pop internacional, que no incluye música en catalán. ¡Qué grave atrevimiento! Ante esta crítica al criterio seleccionador del Festival, uno de los directores, Gabi Ruiz, decidió retirarle la acreditación a ese periodista. A ello siguieron una serie de comentarios en Twitter, que devinieron en polémica en la red, con muchos reproches al organizador por sus presuntos insultos y por hablar del “provincianismo disfrazado de nacionalismo barato” al referirse a la actitud de Bianciotto. Un comentario, para mí, absolutamente certero y descriptivo de la situación que vivimos en este “oasis” catalán.

A la vista de las críticas, la organización del festival decidió devolverle su acreditación, lo que le permitiría seguir accediendo gratis a todos los conciertos, a los que por cierto nunca se le prohibió el acceso, tal como algunos insinuaban a través de Twitter.

Como ya es habitual en estas tierras, en cuanto alguien se enfrenta al régimen nacionalista catalán, surgen voces que, en lugar de defender su postura de forma constructiva, optan por la confrontación, promoviendo el boicot, desde las redes sociales. Un absurdo boicot contra la patrocinadora del festival, San Miguel, y ya de paso contra el slogan de su spot “Ciudadanos de un lugar llamado mundo”, que contiene un mensaje absolutamente contrapuesto al nacionalismo. Curiosamente, este slogan ya había sido lanzado hace un año, sin recibir críticas nacionalistas entonces, pero ahora que ven “amenazada” la cultura musical catalana por un festival pop internacional, reaccionan con carácter retroactivo contra todo.

En las cervezas, más que en otros productos, es habitual apelar al orgullo de país, nación, región, pueblo, o incluso equipo de fútbol. Ya el año pasado, cuando San Miguel lanzó su slogan, me sorprendió gratamente que una marca de cerveza apelara al sentimiento de universalidad, de ciudadanía del mundo, valores con los que coincido, frente a las que hablan del orgullo localista de ser mediterráneos, andaluces, gallegos, zaragozanos, barceloneses, culés, etc. ¡Cómo si sentirse de un sitio u otro influyera para beber cerveza! Quizás el hecho de ser la cerveza española más internacional, con mayor tradición exportadora, haya influido a la hora de definir este slogan. O quizás sea simplemente una forma de diferenciarse en positivo de las marcas que se basan en un localismo, que acaba convirtiéndose en chovinismo. En todo caso, alabo la elección del lema, porque yo también me considero “Ciudadano del mundo”, política y personalmente.

Nunca he sido fan acérrimo de ninguna marca de cerveza por los valores que transmite, más allá de su sabor y su capacidad para calmar la sed. Existe una amplia gama de aromas y sabores dentro de su sabor genérico, hay muchas marcas buenas, y todo es cuestión de gustos o de costumbres. Al fin y al cabo, la variedad de sabores es positiva, evita el aburrimiento gustativo, y enriquece nuestra capacidad de apreciar sus diferencias. Igual que en política, o que en la vida, conocer diferentes puntos de vista, diferentes ideas, diferentes opiniones, nos enriquece como personas.

Pocas cosas hay tan amenas como una charla con amigos, con diferentes puntos de vista, abiertos a nuevas ideas, y con unas cervecitas en la mano (cada uno de la marca que prefiera, pero sin boicotear a ninguna).

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Comerciales de humo
FLORENCIO DOMÍNGUEZ El Correo  3 Junio 2012

La izquierda abertzale tiene los profesionales más cualificados para trabajar como comerciales en la venta de humo. El pasado mes de febrero hicieron una de esas operaciones consistentes en vender expectativas previas que luego se vieron frustradas con la declaración inane del Kursaal sobre las víctimas. A pesar de esos antecedentes, estos días pasados han vuelto a encontrar compradores para otra operación de venta de humo a granel: la declaración de los presos de ETA presentada ayer en Gernika.

Los dirigentes de la ilegalizada Batasuna y el conjunto de firmantes de la Declaración de Gernika se encargaron de calentar el valor en los días previos. Crearon tantas expectativas que ellos mismos han contribuido a acentuar la decepción por la declaración de los presos. A buen seguro que entre los decepcionados se van a encontrar muchos reclusos y muchos familiares de presos que estaban esperando algún paso que favoreciera la posibilidad de que, al menos, se produjeran trasladados a cárceles más cercanas al País Vasco. En las cárceles se venía hablando de la aceptación de algunos mínimos que hicieran posible una mejora de la situación. Lo que no podían esperar los presos es que sus teóricos portavoces salieran hablando de amnistía, aunque ya no digan, como hacían en épocas pasadas, que «la amnistía no es negociable».

Se nota bastante que los que han escrito el papel no están en la cárcel. Hablar de los debates de los presos es hablar de una leyenda urbana. Cierto que en los módulos penitenciarios los reclusos discuten y hablan, pero lo que se presenta como resultado del debate es lo que se escribe fuera de las prisiones.

El texto difundido ayer no añade nada significativo a lo que, por ejemplo, ya habían manifestado los portavoces de los presos etarras el pasado 13 de abril. Aquellas declaraciones y las realizadas ahora tienen como objetivo exigir al Gobierno que cambie la política penitenciaria con la promesa de que si lo hace también ellos harán algún movimiento. En el fondo se busca escenificar una derrota política del Ejecutivo. Plantean un pulso en dos fases: en la primera esperan obligarle a acabar con la dispersión aplicada a los etarras presos sin que éstos tengan que asumir ningún compromiso; en la segunda se trataría de forzar una negociación con ETA sobre la excarcelación. En todo momento lo que se quieren evidenciar es el control de la banda sobre los presos.

ETA ha sido tan conservadora en su declaración de ayer que ni siquiera ha sabido aprovechar la oportunidad de aparentar que daba un paso para dividir a los partidos y crearle problemas y presiones al Gobierno. Ha preferido demostrar firmeza ante los suyos aprovechando la cohesión existente entre la mayoría de los reclusos, aunque con el peligro de que la falta de avances termine por erosionar la unidad actual y se abran grietas entre los presos.

¿Arrepentirse es humillarse?
Aurelio Arteta, EL CORREO.  3 Junio 2012

Igual que no vale el subterfugio de un arrepentimiento tan solo íntimo del terrorista, menos aún admitir la desvergüenza de que solicitar perdón corresponde al «terreno de la religión» y a «un discurso de confesionario»

Hace tanto tiempo que aquí convivimos con la perversión moral y política que ya no reparamos en ellas cada vez que se presentan entre nosotros. Lo mismo que ETA fue en su día el producto de ideas políticas falsas –los falsos derechos de una nación falsa–, su final está siendo acompañado por otra remesa de ideas torcidas en torno al arrepentimiento de sus presos.

Para arrepentirse y solicitar perdón, el criminal político lo tiene mucho más difícil que el criminal ordinario. El criminal político (eso es el terrorista etarra) cree que le exculpa su causa. Él no ha matado por celos ni ha extorsionado para robar como un ratero, sino a fin de recuperar unos supuestos derechos colectivos, con vistas a la presunta liberación de todo un pueblo. Sus medios cruentos estaban plenamente justificados por la crueldad de la opresión sufrida y la altura de sus propios fines. Le disculpa no menos su conciencia de que él no emprendía los atentados por su cuenta, sino en nombre de todos los ciudadanos vascos y antes que nadie de sus correligionarios nacionalistas. Será por eso que estos últimos se muestran remisos a repensar la parte de responsabilidad que toca a la doctrina etnicista que inspiró a los asesinos y hoy alienta a sus cómplices. Tampoco le ayudan demasiado a aceptar su culpa, y con ella su pena carcelaria, los muchos que reclaman a gritos la excarcelación de estos reclusos y quienes les preparan un homenaje a su vuelta a casa.

Es cierto que, antes y además de ser presos del Estado, son prisioneros de su propia banda, que vería arruinada su entera trayectoria como ellos se atrevieran a arrepentirse. Más sencillo les resulta negar su conciencia que renegar de la banda. Pero conviene subrayar todavía otras realidades de gran calado que favorecen el empecinamiento de esos presos y de sus apologistas. En un caso me refiero a cuantos, por indiferencia o cobardía, han consentido cuarenta años de ignominia. Esos meros ‘espectadores’ no exigirán a los presos pedir perdón mientras ellos mismos se abstengan de pedirlo por su pasado silencio o su disimulo. Esta amplia fracción domesticada de la sociedad tiene que reducir la gravedad de unos crímenes que también a ella le salpican. El otro hecho crucial es que ETA, cuyo triunfo era impensable en sentido militar, ha triunfado en gran medida en el político. Si no anda lejos el día en que por fin se disuelva, será porque su terror ya no hace falta: sus creencias y sus metas han sido aceptadas por buena parte de la sociedad vasca y parecen más próximas que nunca. ¿Cómo y de qué van a arrepentirse esos luchadores encarcelados que se consideran los principales autores de semejante éxito? ¿Acaso no deben ser ellos sus primeros beneficiarios?

Porque sus apoyos les vienen de los lugares menos esperados. A propósito del plan de reinserción de los presos etarras el presidente del Partido Socialista de Euskadi declara que «el arrepentimiento es un sentimiento muy íntimo». Su raíz es muy íntima, en efecto, pero no por ello debe permanecer en el secreto de la conciencia del arrepentido. Aceptaríamos que ese arrepentimiento sea privado cuando el daño cometido fuera privado. Si solo se considera la dimensión individual del crimen, bastará con una petición personal de perdón a las víctimas o a sus allegados, que deberían resolver en su fuero interno si lo otorgan. Pero los crímenes de ETA han sido públicos y su arrepentimiento debe ser público. Por contraste con el crimen ordinario (que por eso reviste menor gravedad), estos otros nos afectan mucho y a todos. Tal vez algunos terroristas se inclinen a solicitar perdón, solo que desean que su solicitud no salga de su intimidad. Es comprensible, porque hacerla pública entraña el inmenso dolor de reconocer que sus crímenes fueron inicuos, y su pena de cárcel, merecida.

Pero no podemos ahorrarles ese dolor si queremos juzgar el daño causado a esta sociedad y en particular a sus víctimas. Igual que no vale el subterfugio de un arrepentimiento tan solo íntimo del terrorista, menos aún admitir la desvergüenza de que solicitar perdón corresponde al «terreno de la religión» y a «un discurso de confesionario». Tamaña insensatez la pronunció hace poco la portavoz de Batasuna, que al parecer no concibe ningún perdón nacido de convicciones morales (¿también cosas de curas?) ni de disposiciones penales o administrativas. Lo que encubre ese chulesco desplante parece más simple y terrible: el preso no tiene que pedir perdón porque nada tiene que hacerse perdonar. Y en el mismo lenguaje del que ellos se burlan, responderemos nosotros que no puede haber propósito de la enmienda donde no se muestra ningún indicio de dolor de corazón. El presidente de los socialistas vascos piensa de otro modo. Para Eguiguren la política penitenciaria del Gobierno «no debería humillar a las personas». La inversión moral parece ya completa. Se diría que a esos presos no les humilla tanto haber perseguido y arrebatado unas cuantas vidas de seres humanos, como que ahora se les requiera avergonzarse en público de sus amenazas y asesinatos. Los que degradaron para siempre el valor de tantos secuestrados, los que obligaron a postrarse a tantos indefensos que aguardaban el tiro mortal…, esos podrían sentirse hoy ofendidos por la acción de la Justicia. No entienden que solo esta Justicia les devuelve más limpia su dignidad personal y les reintegra a esa sociedad a la que amedrentaron para mejor someterla. De no ser así, claro está, los grandes humillados de nuevo serán las víctimas. Y humillados (además de inseguros) quedaremos también todos los demás, forzados a convivir con quienes no reconocen el mal cometido y que podrían seguir dispuestos a cometer.

Las hornacinas nacionalistas
La foralidad requiere ser revisada y modernizada y no puede convertirse en un fin en sí misma
Josu Montalbán El País.  3 Junio 2012

La discusión, ya tan pública como indisimulada, entre el lehendakari y el diputado general de Bizkaia en torno a la necesidad de retocar los impuestos al alza, está adquiriendo unas dimensiones extraordinarias. Desde luego que ha influido negativamente en las maneras de relacionarse entre ellos. Hasta tal punto que en un acto tan solemne como la asamblea anual de la patronal vizcaína el destemplado José Luis Bilbao se ha permitido un desplante con el lehendakari de corte muy poco caballeroso. En un país como el nuestro, cuyo entramado institucional es tan imbricado, es imprescindible que las responsabilidades de gobierno se ejerciten con mesura, evitando conflictos gratuitos que puedan alimentar, aún más, la percepción ciudadana de que cada político y cada partido se dedican únicamente a cultivar su huerta privada a pesar de que su responsabilidad sea pública. La premonición incluida en la respuesta a una pregunta de los asistentes, sobre la ausencia del lehendakari en la asamblea del año próximo, ha sido tan grosera como inadecuada.

Más allá de la anécdota, resulta poco constructivo el enrocamiento de la Diputación de Bizkaia frente al Gobierno vasco, amparado en una LTH sacralizada por el nacionalismo, y también por el PP vasco, que les resulta más intocable que el Estatuto o la Constitución. Una sencilla alusión a unos “derechos históricos” inconcretos e indefinidos en el texto constitucional han entronizado con una fuerza invencible la LTH, sobre todo en lo concerniente a la fiscalidad. De poco sirve que el Gobierno vasco esté obligado a suministrar servicios básicos para los vascos y las vascas, realmente costosos, para los que son necesarios fondos suficientes que, en buena medida, proceden de los impuestos recaudados por las Diputaciones. De poco sirve que haya un Órgano de Coordinación Tributaria en previsión de la posible descoordinación entre las tres Diputaciones y el Gobierno vascos, pensado para mejorar constantemente la eficacia en la gestión de los tributos. A las insinuaciones del lehendakari, que solo alertan de las consecuencias nefastas para los ciudadanos vascos, y solo convocan a la discusión compartida, se ha venido respondiendo con las más absurdas displicencias. ¡Las Diputaciones se enfrentan al Gobierno! ¡La LTH no se supedita al Estatuto de Autonomía, sino todo lo contrario! ¡El Concierto se usa como un dogma con una sola interpretación posible, la nacionalista! ¿No cabe en Euskadi una cordura razonable o habrá de ser ésta también supeditada a la tradición y la historia (con minúsculas)?

El marco elegido era el más apropiado para aprovechar la dimensión propagandística de la reyerta. Los empresarios vizcaínos constituyen una organización tan potente que cualquier dicho proclamado en la asamblea anual trasciende todos los límites convencionales. Empieza a ser tan histórico como los propios “derechos históricos” de los vascos asistir al debate que puede llegar a generarse en la reunión con la curiosidad a flor de piel, esperando el gazapo correspondiente. Pero lo es ahora porque el nacionalismo no ha aprendido aún que la democracia está por encima de los Derechos Históricos, y que entre estos últimos no está la garantía de que el lehendakari de los vascos y las vascas tenga que ser irremisiblemente un nacionalista. Ahora mismo es Patxi López el lehendakari, y lo es en nombre de la democracia, y gracias a ella. Ni es un arrendado ni es un impostor. Han sido los votos, como lo serán cuando las próximas Elecciones lo reclamen.

En el templo de las reivindicaciones nacionalistas hay hornacinas intocables: lo son la de los derechos históricos, la de la LTH, la del Concierto Económico. En esas tres hornacinas está siendo venerada una foralidad que requiere ser revisada y modernizada porque no puede llegar a convertirse ni en un fin en sí misma, ni en un instrumento usado para señalar quién es el que más manda e influye, ni en un tributo que se paga a la Historia. En esa santificación de la foralidad el nacionalismo cuenta con un aliado importante, el PP, hasta tal punto de que fueron el PNV y el PP quienes impidieron a finales del anterior año la creación de una Comisión sobre Fiscalidad en el Parlamento vasco. Aquella actitud del PNV y el PP concuerda con el momento actual y con la actitud tan renuente del diputado general de Bizkaia, pues no en vano el discurso de Patxi López ante los empresarios incidió una vez más en profundizar que los impuestos han de ser equilibrados y justos, no excesivos pero, sobre todo, suficientes para posibilitar que los vascos y las vascas puedan disfrutar de una Educación, Sanidad, Seguridad y Servicios Sociales adecuados para que puedan vivir con dignidad. Y dado que bastantes de tales servicios dependen del Gobierno vasco, justo es que el lehendakari reclame lo suyo. En realidad, la actitud del lehendakari está siendo demasiado comedida, pues únicamente está teorizando y sugiriendo que, puesto que el Concierto nos permite establecer una imposición tributaria cuanto más eficiente, se haga después de un acuerdo compartido. Negarse a esto, como han hecho el PNV y el PP, es poner en tela de juicio la eficiencia real del entramado institucional que todos deberíamos defender con orgullo pero sin estridencias.

Nadie sabe aún quién será el que vaya a ocupar la silla presidencial en la referida celebración anual del año que viene. Tampoco lo sabe José Luis Bilbao, que solo se ha atrevido a anunciar que no será el actual lehendakari. Para andar por un camino salpicado de escollos es mejor irlos eliminando previamente para dejar expedito el camino de aproximación, que aprender a caminar sobre los mismos escollos con el riesgo que ello comporta. El diputado general se equivocó gratuitamente, y bien que lo siento porque le tengo por un buen amigo (y compañero de Gabinete foral), y un nacionalista progresista.

Josu Montalbán es exdiputado socialista.

Cataluña
El fantasma de la corrupción deja a Convergència contra las cuerdas
La vinculación de la formación nacionalista con los escándalos de corrupción es una constante a lo largo de su historia. El último informe de la policía, que acredita que se financió ilegalmente a través del Palacio de la Música, solo es un caso más en la larga lista que acumula el partido liderado por Artur Mas.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com   3 Junio 2012

El presidente de la Generalidad, Artur Mas, y el secretario general de CDC, Oriol Pujol, aplauden al ex presidente autonómico y presidente fundador de CDC, Jordi Pujol, durante el pasado congreso de la formación nacionalista (foto: CDC).

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional conocido este viernes, que llega a la conclusión de que Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se financió ilegalmente a través del Palacio de la Música y de la fundación Trias Fargas (ahora CatDem), deja a la formación nacionalista en una difícil posición.

La mayoría de los partidos de la oposición en el Parlamento autonómico de Cataluña ya han exigido explicaciones a Artur Mas, aunque todo apunta a que la estrategia del presidente de la Generalidad pasará por echar balones fuera y esperar a ver si amaina el temporal.

De la actitud de estos partidos dependerá que este caso de presunta corrupción al más alto nivel tenga la atención mediática que, con los datos disponibles, coparía las portadas de los diarios en cualquier democracia consolidada de nuestro entorno.

El PSC cree que “no se pueden dejar caminos abiertos a las especulaciones”
El secretario de Acción Política del PSC y alcalde de Cornellá, Antonio Balmón, ha señalado que en CDC “están obligados” a dar explicaciones “porque en los momentos duros que vivimos no se pueden dejar caminos abiertos a las especulaciones”.

“Yo confío en la palabra del señor Mas, y por eso hace falta que la vuelva a dar en sede parlamentaria. Si los hechos se confirman, todos tenemos la obligación de saber qué ha pasado porque, si no, se estaría dando un mensaje erróneo a la sociedad”, ha advertido.

“Tal vez quien ha estirado más el brazo que la manga y de forma ilegal es CDC”
El líder de ICV-EUiA, Joan Herrera, ha cargado duramente contra CDC. “En un contexto de crisis y cuando Convergència habla de la cultura del esfuerzo y nos dicen que hemos estirado más el brazo que la manga, tal vez quien ha estirado más el brazo que la manga y de forma ilegal es CDC”, ha declarado.

Herrera ha exhortado a Mas a comparecer en la Cámara autonómica para explicar las acusaciones que aparecen en el informe policial. “El presidente [autonómico] siempre presume de dar la cara, pues que dé la cara“, ha insistido.

Rivera: “Es el caso de corrupción más grave que se conoce en democracia”
Más contundente se ha mostrado el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha considerado que las indagaciones de la policía podrían haber destapado “el caso de corrupción más grave que se conoce en democracia”. “No hablamos solo del caso Palacio, del caso Millet, estamos hablando de un informe que destaparía que en Cataluña las empresas concesionarias deben pasar por caja, tienen que ingresar dinero para pagara las campañas de CiU antes de conseguir un contrato de concesión”, ha subrayado.

El diputado autonómico ha pedido “la comparecencia urgente” de Artur Mas, del consejero de Territorio y Sostenibilidad, Lluís Recoder, y del presidente de Abertis, Salvador Alemany, en el Parlamento autonómico. “Tal vez, leyendo este informe, sabremos por qué en Cataluña se han prorrogado los peajes y tenemos autopistas que se han pagado 40 veces y seguimos pagando”, se ha preguntado.

Pujol: “CDC estaba en la oposición”
Por parte de ERC, su secretaria general, Marta Rovira, ha sido algo menos categórica. “Reclamamos a todos los partidos consenso y firmeza en la honestidad, y transparencia en las políticas públicas y dentro de los partidos”, se ha limitado a señalar en una rueda de prensa. Sorprendentemente, el PP ha evitado posicionarse sobre el informe.

El secretario general de CDC, Oriol Pujol, se ha defendido asegurando que “el planteamiento que hace CDC desde el año 2001 es inequívoco explicando todas las cuentas al Tribunal de Cuentas” y que “el informe policial, curiosamente, pasa por alto que en todos estos años sobre los que hace estas suposiciones CDC estaba en la oposición”.

Una historia vinculada a la corrupción
La vinculación de la formación nacionalista con los escándalos de corrupción no es nueva. De hecho, es algo que prácticamente discurre en paralelo y de forma recurrente a lo largo de la corta historia de CDC.

El caso Banca Catalana fue uno de los primeros asuntos que salpicaron a la cúpula del partido. En 1984, la Fiscalía se querelló contra el máximo responsable del partido y de la Generalidad, Jordi Pujol, por su implicación en la gestión de la entidad -de la que era cofundador- que supuso su intervención por parte del Banco de España. Entre otras irregularidades, se le acusó de haberse repartido 516 millones de pesetas de la entidad bancaria unos años antes cuando el banco presentaba fuertes pérdidas. Tras fuertes presiones políticas, en 1986 la Audiencia de Barcelona eximió a Pujol de toda responsabilidad y posteriormente archivó el caso, que el entonces presidente autonómico atribuyó a una “inmensa mala jugada” del PSOE.

En 1989, el ex director financiero de Casinos de Cataluña -entidad que monopolizaba el juego en la Comunidad- denunció el pago de 3.000 millones de pesetas a empresas vinculadas a CDC. Sin embargo, tras una discutida investigación, el caso fue sorprendentemente archivado.

Innumerables consejeros implicados
En 1994, el ex consejero de Economía y Finanzas de la Generalidad (1982-1983) y ex director general del Instituto Catalán de Finanzas (1990-1992) Jordi Planasdemunt fue condenado a siete años de prisión por su implicación en un fraude de 6.000 millones de pesetas mediante pagarés falsos.

Ese mismo año, el consejero de Política Territorial de la Generalidad, Josep Maria Cullell, cofundador de CDC, tuvo que dimitir tras verse implicado en un supuesto caso de tráfico de influencias en favor de un negocio inmobiliario de su cuñado. Actualmente es consejero nacional del partido.

En 1995, Jaume Roma dimitió como consejero de Política Territorial y Obras Públicas tras ser inculpado en un caso de corrupción relacionado con unas adjudicaciones de obras.

De esa misma época es también el caso Pallerols, que todavía se arrastra en los juzgados. Al ex dirigente de Unió Democràtica de Calunya -formación coaligada a CDC- Fidel Pallerols se le acusa de haber recibido 9 millones de euros en subvenciones del departamento de Trabajo y del Fondo Social Europeo entre 1994 y 1999 para cursos de formación, de los que presuntamente desvió 600.000 euros a la formación democristiana para su financiación. Este escándalo acarreó la dimisión del entonces consejero de Trabajo, Ignasi Farreres (UDC).

Relaciones íntimas con jueces y empresarios corruptos
El desfalco de la empresa Grand Tibidabo, llevado a cabo por Javier de la Rosa en los años 90, también salpicó a Lluís Prenafeta, ex secretario general de la Presidencia autonómica durante la primera etapa de Jordi Pujol al frente de la Generalidad y actualmente imputado en el caso Pretoria.

Una de los episodios más oscuros de la formación nacionalista es la íntima relación de Jordi Pujol con el ex juez Lluís Pasqual Estevill, nombrado vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en 1994 a propuesta de CiU. Poco después fue condenado a nueve años de cárcel por haber extorsionado durante años a numerosos empresarios junto a Joan Piqué Vidal, que fue condenado a siete años de cárcel. Piqué Vidal fue el abogado que defendió a Pujol en el caso Banca Catalana. El ex consejero de Economía y Finanzas y mano derecha de Pujol, Macià Alavedra, actualmente implicado en el caso Pretoria, también estuvo relacionado con este caso.

La acusación del 3% no se investigó
La sospecha de que el cobro de comisiones ilegales por parte de CDC durante su etapa al frente de la Generalidad era algo habitual, y cobró fuerza durante un pleno celebrado en el Parlamento autonómico de Cataluña en febrero de 2005. Fue entonces cuando Pasqual Maragall (PSC), a la sazón presidente autonómico, pronunció su famosa frase: “Ustedes tienen un problema, y este problema se llama 3%”. Nunca se investigó aquella acusación.

En los últimos tiempos, también es destacable la conexión de CDC con el caso Urdangarín. Fue el influyente empresario Carles Vilarrubí, actual vicepresidente del Área Institucional del F.C. Barcelona y amigo íntimo de Jordi Pujol, el que introdujo a Iñaki Urdangarín en el mundo de los negocios.

Los proyectos empresariales de los familiares de los dirigentes de CDC también han tenido un éxito sorprendente. La esposa de Jordi Pujol, Marta Ferrusola, a través de la compañía Hidroplant, ha tenido entre sus principales clientes a la propia Generalidad, al F.C. Barcelona y a empresas adjudicatarias del Gobierno autonómico. Y su hijo Josep facturó cantidades millonarias al Instituto Catalán de Salud (ICS) a través de la consultora Europraxis, de la que era socio y que posteriormente fue vendida a Indra por 7.000 millones de pesetas. Curiosamente, la Sindicatura de Cuentas denunció en 2007 la desaparición de varios expedientes de contratación entre Europraxis y el ICS durante los gobiernos de CiU.

Los últimos escándalos
En los últimos meses, nuevos casos de corrupción se han sumado a la larga lista de escándalos que acumula la formación nacionalista. Por una parte, está la supuesta trama de las concesiones de licencias de ITV a cambio de comisiones, que supuso la detención de Josep Tous, dirigente de CDC y ex número dos de la Diputación de Barcelona. Tous fue compañero de estudios de Oriol Pujol y su subordinado en el área de Consumo de la Generalidad.

Por otra parte, está el caso de Francesc Xavier Solà, número dos de la Consejería de Cultura de la Generalidad y dirigente de CDC, investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras facturar importantes cantidades -por conceptos difícilmente justificables- desde su empresa a la Asociación Catalana de Municipios, de la que era responsable de los servicios jurídicos.

Probablemente, todos estos casos den algunas pistas que ayuden a comprender por qué CiU es la formación política de toda España que más donaciones anónimas ha recibido entre 1987 y 2007, con un 42% del total recaudado.

ibilaldia 2012
Celaá defiende el modelo educativo vasco y dice que seguirán "haciendo frente a los recortes
La consejera de Educación ha acudido al Ibilaldia, que organiza este año la ikastola Itxaropena, y cuyos responsables confían en poder llegar al "número mágico" de 100.000 asistentes
EUROPA PRESS | TRAPAGARAN El Correo  3 Junio 2012

La consejera de Educación, Isabel Celaá, ha destacado la necesidad de defender el modelo educativo vasco frente a lo recortes que se están llevando a cabo desde el Gobierno del PP. Celaá ha realizado estas manifestaciones en la Ikastola Itxaropena de Trapagaran, encargada este año de organizar la fiesta de las ikasolas vizcaínas, Ibilaldia 2012, que ha contado en su acto de apertura con distintos representantes políticos como el presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, el presidente del BBB del PNV, Andoni Ortuzar, y el representante de la izquierda abertzale Tasio Erkizia. También se ha acercado al centro educativo el rector de la UPV, Iñaki Goirizelaia, entre otros.

La consejera, tras expresar su apoyo a la normalización del euskera, ha destacado, en el acto de apertura, que quieren seguir haciendo frente a los recortes en áreas "tan sensibles" como la Sanidad o la Educación. "Estamos consolidando el modelo Euskadi, que es el que se ha podido fraguar a lo largo de estos tres años", ha agregado. Según ha indicado, ese modelo es un "modelo de sostenimiento del Estado del bienestar" sobre los dos ejes básicos, que son la sanidad y la educación.

Por su parte, el director de la Ikastola Itxaropena, José María Andrés, ha señalado que es un día "muy especial" y ha destacado que, con esta fiesta, quieren potenciar el uso del euskera y, por otra parte, pretenden lograr fondos para poder construir otro edificio que albergue el "crecimiento constante" de la ikastola en los últimos años.

100.000 asistentes
Andrés ha explicado que precisan otras ocho o nueva aulas, ya que prevén llegar a 700 alumnos en un plazo de seis o siete años. En la actualidad, cuentan con 500 alumnos frente a los 350 de hace seis años. Por último, ha indicado que esperan que la gente acuda a la fiesta y confían llegar al "número mágico" de 100.000 asistentes al Ibilaldia 2012. "Que vengan todos los que puedan, cuantos más vengan mejor", ha agregado.

Por su parte, la presidenta de la ikastola, Mónica Pérez, ha destacado que el euskera en esta zona no está "muy arraigado", pero desde el centro y con el trabajo de todos se quiere dar "un empujón al euskera para que se conozca bien, que se utilice y le demos la importancia que tiene". Con este acto, se ha dado por inaugurado el circuito del Ibilaldia que consta de ocho kilómetros y cinco zonas diferentes. A lo largo de todo el día, se han programado diversos activdiades como bertsolaris, dantzas vascas, demostración de perros adiestrados y espectáculos infantiles, entre otros.

ibilaldia 2012
Urkullu reivindica un "gran acuerdo" del euskera
El líder jeltzale ha mostrado su reconocimiento a la labor de las ikastolas de la Zona Minera y la margen izquierda durante su intervención en la fiesta que este año organiza de la Itxaropena
EUROPA PRESS | BILBAO El Correo  3 Junio 2012

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha reivindicado "un gran acuerdo" en torno al euskera y, tras destacar el "compromiso" de su partido con la normalización de esta lengua, ha mostrado su reconocimiento a la labor de las ikastolas de la Zona Minera y la margen izquierda. Urkullu ha realizado estas manifestaciones en Trapagaran, en la ikastola Itxaropena, con motivo del Ibilaldia 2012, a donde ha llegado acompañado del diputado general de Bizkaia, José Luis Biblao, el presidente del BBB, Andoni Ortuzar y del parlamentario Iñigo Iturrate, entre otros.

El dirigente jeltzale ha manifestado que es un día de "reconocimiento" a la ikastola de Trapagaran y a todas las de la Zona Minera y Margen Izquierda por el "esfuerzo" que han realizado en las últimas décadas "por conseguir que el euskera esté también implantado en esta zona, donde no era la lengua madre". "Hoy, además del reconocimiento, es un día de fiesta y de compromiso que el PNV quiere aplaudir en relación a una enseñanza de calidad en euskera y las ikastolas han sido modelo en este sentido", ha añadido.

El dirigente jeltzale ha manifestado también el compromiso con la transmisión del euskera "generación tras generación" desde las ikastolas y el modelo educativo para la normalización en su uso. Urkullu ha subrayado el compromiso del PNV para que las propias ikastolas y el sistema educativo tengan sus planes de actuación para la normalización. El líder del PNV ha añadido que, desde 2009, vienen trabajando en un "gran acuerdo, un gran consenso de expertos y políticos" en relación al euskera del siglo XXI y que, según ha señalado, "no ha sido desarrollado" y que nuevamente ha reivindicado.

Recortes de Prensa   Página Inicial