AGLI Recortes de Prensa   Sábado 16 Junio 2012

Crisis
Redefinir el Estado
Emilio J. González Libertad Digital 16 Junio 2012

El Fondo Monetario Internacional acaba de recomendar al Gobierno, entre otras cosas, que recorte el sueldo de los empleados públicos, con el fin de reducir el déficit presupuestario. Yo no digo que no haya que acometer ni esa medida ni otras muchas de las que propone el organismo multilateral. Pero, a mi juicio, las recomendaciones que realiza el FMI adolecen del defecto fundamental de no entender cuál es la estructura de la Administración pública española y por eso carga las tintas en los ajustes que puede llevar a cabo el Estado, como la referida reducción de la retribución de los funcionarios, la subida del IVA o la desaparición de la desgravación por vivienda, mientras que no dice nada de aquellas otras partes donde reside el grueso del gasto público español.

La razón por la que nuestra situación fiscal es insostenible se debe, fundamentalmente, a algo de lo que no habla el Fondo, y es a las competencias impropias asumidas tanto por las autonomías como por los ayuntamientos, que son las que disparan el gasto. Por supuesto, eso no quita para reconocer que la plantilla del sector público esta hinchada; que, probablemente, sobra un millón de empleados públicos y que hay que actuar en este sentido. Pero el problema fundamental no es ese, sino las competencias que ejercen las autonomías y los ayuntamientos y que no les corresponden. Solamente con eliminar las duplicidades entre las comunidades autónomas y el Estado nos ahorraríamos 45.000 millones de pesetas, más de la mitad de la cantidad en la que tenemos que reducir nuestro déficit presupuestario. Y si a ello le unimos todas aquellas políticas asumidas por las corporaciones locales con la simple excusa de que el ciudadano se las demanda tendríamos resuelto nuestro problema fiscal sin necesidad de subir impuestos ni nada por el estilo.

¿Por qué los ayuntamientos y las autonomías no actúan de esta forma y resuelven, así, sus problemas presupuestarios? Pues muy sencillo. Quien está a su frente considera que el ejercicio de esas políticas le aporta votos y, por tanto, en ningún momento quiere renunciar a ellas, por mucho que ni las comunidades ni las corporaciones locales puedan seguir permitiéndoselas. Por ello, y dado que no cabe esperar nada de los políticos regionales y locales, el Gobierno debería proceder a toda una restructuración y reordenación del conjunto de las administraciones públicas, definiendo claramente cuáles son las competencias de cada nivel y prohibiéndole ejercer aquellas otras que no le corresponden. Pero, claro, para eso hay que tener en la cabeza un modelo de Estado. Y si hay algo que caracteriza desde el principio al Ejecutivo de Rajoy es por la ausencia de dicho modelo. Pues bien, o el Gobierno reordena la Administración, o ya sabe lo que le toca: adoptar más medidas impopulares, como la subida del IVA o el recorte de los salarios de los funcionarios. Rajoy elige.

Es hora de refundar la economía mundial
EDITORIAL www.gaceta.es 16 Junio 2012

La cada vez más esclerotizada actividad productiva mundial debe sanearse y reinventarse.

Once millones de griegos decidirán este próximo domingo el destino de la economía mundial. Sabido es que la península helénica se halla en el epicentro de la crisis de deuda soberana europea. Ha sido el continuado y persistente despilfarro de la clase política griega lo que ha elevado su deuda pública a unos niveles absolutamente disparatados e insostenibles; y ha sido su irresponsabilidad e indisciplina lo que les ha llevado a incumplir sistemáticamente sus compromisos con la troika de austeridad y reformas. Por todo ello, la permanencia del país en la Eurozona puede ponerse este mismo fin de semana en cuestión, contagiando de manera muy peligrosa al resto de Europa. Pero los problemas no se circunscriben al Viejo Continente. Los otros dos motores del crecimiento mundial, EE UU y China, también se están desacelerando: el primero, porque ha basado su recuperación excesivamente en el gasto público deficitario; la segunda, porque su burbuja crediticia e inmobiliaria parece que está reventando a un ritmo realmente vertiginoso. Así pues, un hundimiento de Europa, desatado por una victoria de la extrema izquierda en Grecia, podría terminar arrastrando al resto de la economía mundial, sumergiéndonos en una nueva y desconocida fase de la crisis (pues recordemos que, en 2008 y 2009, las economías emergentes se expandían a tasas muy altas que permitieron mantener el crecimiento mundial en positivo).

De ahí que resulte urgente que los agentes económicos se estén preparados para un escenario de mayor estancamiento que el actual. Se ha filtrado que, en caso de que los griegos opten por el suicidio económico, los bancos centrales de todo el mundo proporcionarán liquidez ilimitada para calmar los ánimos y despejar incertidumbres. Sin embargo, tales decisiones pueden no ser suficientes. Más allá de pánicos coyunturales, lo que verdaderamente necesita la economía mundial es un nuevo modelo de crecimiento que, a diferencia del actual, no esté basado en el crédito artificialmente barato y abundante, sino en el ahorro real de ciudadanos y empresas.

La cada vez más esclerotizada actividad productiva mundial debe sanearse y reinventarse, con el ahorro y la libertad de mercado como principios rectores. Sin ahorro y sin libertad de mercado no podremos invertir en las nuevas industrias que deben capitanear la creación de riqueza en el futuro ni podremos deshacernos de la enorme losa de deuda que pesa sobre nuestras espaldas y que lastra nuestra renta disponible. Tanto Europa como EE UU o los países emergentes deben refundarse para abandonar el pelotazo crediticio inflacionista y asentar su prosperidad sobre la mucho más tangible base del ahorro real.

La crisis griega, cristalización de ese modelo asentado en la burbuja del crédito barato, debería servir como argumento de peso para replantearnos la situación. Lejos de aprobar nuevos planes de estímulo, nuevas monetizaciones de deuda, nuevas regulaciones y nuevos impuestos, tenemos que otorgarle más peso a la iniciativa privada: a los empresarios que consiguen emplear los ahorros propios o ajenos en maximizar la creación de riqueza para los consumidores. Por desgracia, la economía mundial hace años que abandonó este saludable criterio. Estamos pagando las consecuencias.

Las claves de la situación
El dilema de Alemania: pagar la factura de los PIIGS o romper el euro
El futuro de la moneda única está en juego. La periferia pide ayuda incondicional; los alemanes desean que sobreviva, pero no a cualquier precio.
M. Llamas Libertad Digital 16 Junio 2012

Europa apenas cuenta con "tres meses" para salvar el euro. Esta advertencia, procedente de la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, resume en tan sólo una frase la crítica situación que atraviesa en estos momentos la Unión Monetaria. Desde que estalló la crisis de deuda europea en 2010, ya han caído tres países de la zona euro. Grecia, Irlanda y Portugal han tenido que recurrir al rescate internacional y la consiguiente intervención de sus economías para poder seguir financiándose -vía fondos europeos y FMI- y evitar la quiebra y salida del euro. Ahora, la sombra del rescate total se cierne sobre España, seguida de Chipre, Italia y Bélgica.

El futuro de la Unión se decide en las próximas semanas y todo depende de lo que haga Alemania, la locomotora de Europa y, en realidad, el prestamista de última instancia de la zona euro. A continuación, se exponen los distintos escenarios que barajan los analistas y autoridades comunitarias y la posición que, hasta el momento, mantiene Berlín.

1. Unión fiscal, bancaria y eurobonos
Los países más débiles, con el apoyo expreso de Francia y de Bruselas, han lanzado su particular solución para la crisis europea: unión fiscal, bancaria y eurobonos. Es decir, socializar (redistribuir) las pérdidas de los bancos y estados insolventes entre todos los contribuyentes de la Unión.
La fortaleza de Alemania no es infinita. Nuestras fuerzas no son ilimitadas (Angela Merkel)

El problema aquí es triple. En primer lugar, Berlín ve factible este proceso, pero tan sólo a medio y largo plazo, ya que exige la creación a priori de una auténtica unión política en donde cada país miembro ceda su soberanía presupuestaria y económica a Bruselas. Los contribuyentes alemanes no están dispuestos a cargar con las facturas de los países en problemas (Portugal, Italia, Irlanda, Grecia y España: los llamados PIIGS) sin que exista un mecanismo creíble y efectivo para controlar estrechamente sus cuentas. De hecho, su Tribunal Constitucional ya dejó claro que sin cesión total de soberanía tampoco habrá eurobonos. Curiosamente, Francia es uno de los países más reticentes a tal cesión.

En segundo lugar, está el factor tiempo. Y es que, aunque la canciller Angela Merkel cediera a las pretensiones de los países del sur, este complejo y arduo proceso tardaría meses e incluso años en estar plenamente operativo. El riesgo inminente de que Grecia salga del euro y de que España e Italia precisen ser rescatados a corto plazo hace prácticamente inviable esta opción.

Jens Weidmann, presidente del Bundesbank:
Si de verdad queremos avanzar hacia una unión política, tenemos que reconocer un entorno completamente nuevo, y eso significa que todos tendríamos que renunciar a una soberanía nacional considerable. Significa que una instancia central puede interferir directamente en los presupuestos y los impuestos para imponer el cumplimiento de los acuerdos. Tenemos que preguntarnos con honestidad si estamos dispuestos a ceder tanta soberanía nacional [...]. Llevará años y años. Tendríamos que modificar los tratados de la UE y nuestras Constituciones, e incluso celebrar un referéndum en el caso de Alemania.

En tercer lugar, siendo Alemania el principal avalista de los eurobonos, la mayoría de analistas coincide en que este mecanismo se traducirá en un mayor coste de financiación para Berlín y una menor nota crediticia.

2. Nueva inyección y compra masiva de bonos por parte del BCE
La premura de la situación ha provocado que tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como otros líderes del sur de Europa urjan al BCE a que vuelva a comprar masivamente deuda periférica o bien inyecte de nuevo liquidez extraordinaria en los bancos comunitarios con el fin de reducir la prima de riesgo de España e Italia.
Grecia ha recibido dinero equivalente a 115 planes Marshall y su situación no ha mejorado. ¿Es que acaso no es suficiente?

Sin embargo, ambos mecanismos cuentan, igualmente, con las reticencias de Alemania y, de hecho, en ningún caso ayudarán a resolver los problemas de fondo. Así, el BCE ya prestó casi 1 billón de euros a tres años a la banca comunitaria entre finales de 2011 y principios de 2012. La banca española fue una de las más favorecidas, empleando parte del dinero para comprar deuda pública nacional, reduciendo así la prima de riesgo, pero su efecto balsámico apenas duró cuatro meses. Es decir, no resuelve nada, su efecto es temporal y, al fin y al cabo, se trata de un préstamo que tiene que ser devuelto.

Andreas Dombret, miembro del Bundesbank:
Un cortafuegos no puede apagar un incendio. Tan sólo sirve para ganar tiempo [...] El fuego tiene que ser extinguido por otros medios.

En cuanto a la compra de bonos periféricos en masa, el BCE ya ha adquirido más de 200.000 millones de euros desde mayo de 2010 sin que el problema de fondo se haya resuelto. Además, la monetización de deuda acrecentaría el riesgo de alta inflación en la zona euro, violando de paso los estatutos de la entidad monetaria y el tabú alemán.

Weidmann advierte al respecto lo siguiente:
Tomemos el ejemplo de Grecia. Somos el mayor poseedor de deuda griega. ¿Ayudó en algo? [...] Si el BCE ejerciera de prestamista de último recurso para los gobiernos, redistribuiría los riesgos de solvencia entre los contribuyentes nacionales, para lo cual no existe legitimidad democrática y, por tanto, está estrictamente prohibido en los tratados de la UE [...] El problema es que si los políticos tienen la impresión de que pueden pasar su responsabilidad a otro, entonces optarán por la salida fácil [...] El objetivo primordial del Eurosistema es mantener la estabilidad de los precios, y a la larga, es la mejor contribución que podemos hacer a la estabilidad financiera.

Luis Garicano, economista de Fedea:
El BCE necesitaría gastar hasta 2 billones de euros en comprar deuda española e italiana [...] Esto es posible, pero supondría olvidarse del miedo a la inflación y de la credibilidad en Alemania [...] Por unas semanas o meses, España puede salir del ojo del huracán, pero esto no supondrá un alivio definitivo, nuestro bono continuaría en niveles de riesgo que no permitirían su compra por fondos de pensiones, etc.

3. El mega-rescate de España, Italia y... ¿Francia?
Otro de los escenarios es hacer uso de los fondos de rescate europeos para sostener a los países en problemas. Tras el fiasco del rescate de la banca española, y con la prima de riesgo por encima de 500 puntos, el mercado duda de la solvencia de España, al tiempo que la presión sobre Italia sigue en aumento. El problema, según explica un reciente informe de Credit Suisse, es que "Portugal no puede rescatar a Grecia, España no puede rescatar a Portugal, Italia no puede rescatar a España, Francia no puede rescatar a Italia..." Y Alemania no puede rescatar a todos.

Efectivamente, hasta la fecha, el Fondo de rescate temporal (EFSF, por sus siglas en inglés) ha empleado algo más de 213.000 millones de euros en el rescate de Grecia, Irlanda y Portugal, según los últimos datos disponibles propiciados por Societe Generale. La capacidad de préstamos haciendo un uso combinado del EFSF y el Fondo de rescate permanente (ESM), cuya entrada en vigor está prevista para el próximo julio, asciende a un total de 700.000 millones.

Así pues, suponiendo que España consume los 100.000 millones del rescate acordado el pasado sábado, apenas restarían 400.000 millones, una cantidad insuficiente para cubrir las necesidades financieras del estado español e italiano hasta 2014 en caso de rescate total de ambos países -370.000 y 620.000 millones de euros, respectivamente-. Es decir, o se refuerza de algún modo el mecanismo europeo de rescate o bien Europa abre de par en par sus puertas al FMI -que, a su vez, tendría que recaudar más recursos de sus socios-, lo cual sería percibido como un fracaso del proyecto europeo.
Tenemos que preguntarnos con honestidad si estamos dispuestos a ceder tanta soberanía nacional

Además, el problema es que, según van cayendo las fichas del dominó, Alemania es el avalista final de los fondos comunitarios. Tal y como muestran los siguientes gráficos, la capacidad de préstamo del EFSF y del ESM depende de las aportaciones y garantías (colateral) que realizan los distintos estados miembro, pero los países rescatados difícilmente pueden aportar dinero, de modo que su cuota se repartiría entre los restantes.

Las estimaciones a este respecto son diversas. Bernstein, por ejemplo, señala que Alemania tendría que aportar cerca de 800.000 millones de euros en garantías (32% de su PIB y un 42% más de deuda) si caen España, Italia y Bélgica, con lo que su deuda pública se elevaría hasta el 135% del PIB. Mientras, si cayera Francia, la deuda alemana se aproximaría al 300% del PIB (más de 7 billones de euros) para mantener en pie el edificio comunitario. Simplemente, insostenible.

La canciller alemana, Angela Merkel:
La fortaleza de Alemania no es infinita. Las fuerzas de Alemania no son ilimitadas.

Precisamente, tras el anuncio de rescate español, subió ligeramente la rentabilidad de la deuda alemana a 10 años -1,52% frente al 1,47% de la subasta previa- y el coste de los seguros de impago (credit default swaps o CDS).

¿Pero puede caer Francia? Pocos contemplan de momento esta opción, sin embargo la agencia de calificación independiente Egan Jones decidió esta misma semana rebajar el rating de Francia hasta BBB+ desde A-, ante la previsión de que las promesas electorales de François Hollande encarecerán el coste de su deuda pública en los próximos meses, ya que el presidente galo apuesta por aumentar el gasto.

4. Ruptura del euro
Sin embargo, la ruptura del euro también tendría un importante coste para Alemania, debido a la elevada exposición de su banca a los países periféricos, a la financiación del Eurosistema y al previsible desplome que sufrirían sus exportaciones. Así, en un reciente informe, la firma de inversión Carmel Asset Management estima que la salida de los PIIGS supondría para Alemania un coste próximo a los 1,3 billones de euros, disparando su deuda hasta el 131% del PIB, mientras que el rescate de estos países supondría una factura de casi 580.000 millones para las arcas germanas asumiendo un escenario de impago dentro del euro, de forma que a Berlín le compensaría mantener intacta la actual estructura de la Unión.

El coste más elevado de la ruptura se produciría por el lado de las exportaciones (375.000 millones de euros en los próximos cinco años) y por los préstamos de su banco central (Bundesbank) al Eurosistema (637.000 millones).

El Eurosistema (Target 2) es el sistema de compensación de pagos ente los bancos centrales de la eurozona. El Target 2 refleja que, desde el estallido de la crisis, la banca alemana, a través del Bundesbank, ha estado financiando, en gran medida, las necesidades financieras de las economías periféricas (déficit por cuenta corriente) así como la fuga de capitales que han estado sufriendo sus respectivos sistemas financieros. La ruptura del euro, y el consiguiente pago de la deuda externa con monedas devaluadas, generaría importantes pérdidas a la banca germana.

¿Conclusión? Euro, pero no a cualquier precio
Alemania tiene, por tanto, grandes incentivos para seguir sosteniendo en pie a la Unión Monetaria con el respaldo de su solvencia, pero no a cualquier precio. Es decir, no mediante rescates soberanos incondicionales, eurobonos o unión bancaria sin cesión de soberanía previa y mucho menos inflación disparada vía monetización de deuda por parte del BCE -la estabilidad de precios es algo esencial para los alemanes tras la hiperinflación sufrida en los años 20-.

Hans-Werner Sinn, presidente del prestigioso IFO germano.
Grecia ha recibido dinero equivalente a 115 planes Marshall y, sin embargo, su situación no ha mejorado. ¿Es que acaso no es suficiente?

España
El FMI recomienda al Gobierno aplicar más ajustes y controlar a las CCAA
Las propuestas incluyen recortar el sueldo de los funcionarios; aumentar el IVA; eliminar la deducción fiscal por la compra de vivienda; privatizar empresas públicas; reducir el gasto sanitario, y evitar nuevas amnistías fiscales.
Redacción www.vozbcn.com  16 Junio 2012

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aplaudido las reformas realizadas por el Gobierno en los últimos meses pero ha advertido de que no son suficientes para poner en orden las cuentas públicas y para afrontar la profunda crisis económica que sufre España.

La institución dirigida por Christine Lagarde ha recomendado al Gobierno que aplique nuevos ajustes de forma inmediata, entre los que destacan recortar el sueldo de los funcionarios; aumentar el IVA y los impuestos especiales; eliminar la deducción fiscal por la compra de vivienda; privatizar empresas públicas; reducir el gasto sanitario; intensificar el control del gasto de las CCAA, y evitar nuevas amnistías fiscales.

El principal objetivo: la consolidación fiscal
En un informe hecho público este viernes, el FMI ha reconocido que el Gobierno ha adoptado ‘numerosas y relevantes medidas de política económica en diversos frentes’, pero ha señalado que ‘la confianza de los mercados sigue débil y las perspectivas son muy difíciles’ debido a que ‘la economía se encuentra en medio de una recesión con recaída sin precedentes, con el desempleo a niveles ya inaceptables, la deuda pública creciendo rápidamente y segmentos del sector financiero con necesidades de recapitalización’.

El principal objetivo que fija el FMI es la consolidación fiscal, esto es, la reducción del déficit público, junto al establecimiento de ‘una hoja de ruta para la reestructuración de los segmentos débiles del sector financiero y reformas estructurales para potenciar el crecimiento’, y considera que ‘el futuro apoyo financiero de la Eurozona es una oportunidad importante para la aplicación de tal estrategia’.

‘Incluso si el coste [del rescate bancario] llegara a alcanzar la totalidad de los 100.000 millones de euros comprometidos por el Eurogrupo, seguiría siendo manejable desde el punto de vista de la sostenibilidad de la deuda, siempre que se lleve a cabo el ajuste fiscal previsto’, añade, pero insta al Gobierno a gestionar sus participaciones en los bancos intervenidos de forma que pueda ‘obtener un beneficio de las mismas’.

No se alcanzará el objetivo de déficit del 5,3% para este año
El organismo internacional considera que, ‘a pesar del considerable esfuerzo, probablemente el muy ambicioso objetivo de déficit de un 5,3% del PIB para 2012 no se alcance’, porque ‘los ingresos podrían ser más débiles de lo esperado y el plazo es corto (en parte porque se retrasó el presupuesto)’.

Por ello, admite que, ‘dadas las débiles perspectivas de crecimiento, de no materializarse por completo el ajuste esperado, la corrección no debería concentrarse en un plazo de tiempo reducido’. ‘La senda de déficit prevista en el Programa de Estabilidad debería ser menos ajustada en el corto plazo‘.

Intervenir las CCAA si no aplican los planes de estabilidad
El FMI subraya que ‘el ajuste previsto requiere cambios estructurales profundos en las regiones’. ‘Es importante que las nuevas disposiciones en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera se ejecuten plenamente (por ejemplo, advirtiendo inmediatamente a algunas regiones e interviniéndolas rápidamente si no logran responder a tiempo). Pero el marco aún necesita mejoras, y cuanto más fuerte sean, tanto más probable será que los mercados acepten una senda de consolidación más suave’, explica el informe.

También recomienda establecer la obligatoriedad de ‘proporcionar las cuentas consolidadas mensuales de las Administraciones Públicas con criterio de caja en un espacio de seis semanas’ para tener una mayor transparencia fiscal, así como incorporar ‘un marco duradero para la financiación de los gobiernos regionales’ junto a la fijación de ‘techos de gasto’.

Implementar la reforma laboral
Por último, la institución destaca la importancia de acompañar estas medidas con políticas de dinamización de la economía. ‘España necesita urgentemente un crecimiento intensivo en empleo y mayores ganancias en competitividad‘, indica, lo que pasaría por aumentar la productividad y reducir los costes empresariales.

El FMI valora positivamente ‘la profunda reforma del mercado laboral’ llevada a cabo por el Gobierno, pero ha propuesto ir más allá, planteando ‘una solución cooperativa, en que los trabajadores acepten una mayor moderación salarial, los empresarios trasladen los ahorros en costes a precios y contraten’.

‘La reciente reforma laboral debería permitir a las empresas adaptarse más ágilmente a las condiciones de mercado, por ejemplo ajustando salarios y horas de trabajo en lugar de empleo. La reforma necesita tiempo para surtir efecto y es demasiado pronto para decir si está funcionando: aunque hay algunas señales tentativas en sentido positivo, los salarios no son todavía suficientemente sensibles a la muy elevada tasa de desempleo’, concluye.

Del tomate al rescate, con las cuentas enmendadas por el FMI
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 16 Junio 2012

Mariano Rajoy tendría que asumir dos célebres consejos de Thomas Jefferson. El primero advertía que “el hombre que no teme a las verdades, nada tiene que temer de las mentiras”. El segundo, constataba que “nadie abandona el cargo de presidente con el mismo prestigio y respeto que le llevó ahí”. La combinación de ambos asertos del que fuera presidente de los Estados Unidos (1801-1809) explica por qué Mariano Rajoy se ha introducido desde el pasado sábado en un laberinto político y semántico, no tanto por haber mentido –que no lo ha hecho— sino por no decir la verdad, que tampoco la ha dicho.

El presidente del Gobierno venía peleando desde hace muchas semanas para que la UE no rescatase a España sino para que la ayudase sin estigmatizarla. El plan de Rajoy –que se ha puesto de manifiesto en la carta que envió a Barroso y Van Rompuy tres días antes del acuerdo del Eurogrupo sobre el rescate bancario en España— consistía en forzar una actuación del BCE que, inyectando liquidez como hace unos meses, rebajase la prima de riesgo española de forma sustancial para así acudir a una financiación con intereses razonables y abordar desde las propias capacidades de un FROB nuevamente nutrido la recapitalización de Bankia y otras entidades. En su defecto, Rajoy intentaba ganar tiempo para que el nuevo Mecanismo de Estabilidad Europea, que entra en vigor el próximo julio, permitiese inyectar recursos directamente a los bancos en dificultades eludiendo que la ayuda tuviera que pedirla el Gobierno y que el Estado fuera el prestatario. En prueba de su entrega a la causa europeísta, Rajoy se pronunciaba a favor de la unión fiscal y la bancaria en la eurozona. La convicción de que alguna de estas propuestas prosperaría –nadie se las rechazó de plano, ni siquiera Ángela Merkel— hizo que el presidente, de forma un tanto precipitada y rotunda, afirmase el 28 de mayo que “la banca española no será rescatada”.

Sin embargo, los socios de la Unión no consideraron las peticiones de Rajoy y de Luis de Guindos. Tenían razones para hacerlo: de una parte, el hartazgo por la situación del viejo sector de Cajas de Ahorro se convirtió en indignado hastío con “la peor de todas las posibles” actuaciones gubernamentales en Bankia (Draghi dixit) y, de otra, el desentendimiento, entre el Ejecutivo y el Banco de España, terminaron por agotar la paciencia del Eurogrupo. Que venía soportando con sorpresa una diplomacia de megáfono por parte del Gobierno de Rajoy en cuestiones cruciales, tales como el desafío a los compromisos del déficit público en 2012, la emergencia en mayo de un déficit adicional de tres Comunidades Autónomas regidas por el propio partido del Gobierno y el disgusto por unos Presupuestos Generales que la Comisión Europea contemplaba con enorme recelo.

Y sucedió lo que el Gobierno no llegó a prever: la combinación de la cercanía de las elecciones griegas –mañana— y la tozudez de Rajoy en negarse a aceptar un rescate convencional, procuraron que el Eurogrupo filtrase en la tarde-noche del jueves de la pasada semana la convocatoria de una reunión urgente por videoconferencia para adoptar una decisión sobre la situación bancaria en España. Pero todavía ha sucedido algo peor: el informe del FMI conocido en la tarde de ayer pone patas arriba los Presupuestos Generales del Estado aconsejando al Gobierno que implemente “ahora” la subida del IVA y de los Impuestos Especiales –a lo que Montoro se resiste como se resistía a la visita de los “hombres de negro”- y que reduzca el sueldo de los funcionarios. ¿Pero qué interlocución han mantenido nuestros ministros económicos, incluida la vicepresidenta del Gobierno, para no detectar que el FMI se descolgaría en pleno junio, con los Presupuestos en el último tramo de su aprobación, con unas recomendaciones perfectamente predecibles?

De la precipitación de Bruselas y de la renuencia española, salió el sábado pasado un acuerdo prendido con alfileres que ha generado un desarreglo mayúsculo en un escenario europeo de máxima tensión que ayer agudizó el informe del FMI. A la correcta comparecencia de De Guindos –técnica y sobria— siguió la narración dominical de Rajoy en la que el presidente del Gobierno, haciendo de la necesidad virtud y amparándose en medias verdades, planteó una intervención ante los medios que en vez de clarificar enturbió aún más la situación. Denominó al rescate “línea de crédito” –sí, es una línea de crédito, pero para ejecutar un rescate parcial del sistema financiero— y se atribuyó el mérito de haber presionado a los socios de la Unión versionando libremente la dirección de esa presión que no era para un rescate (es decir, el libramiento de una ayuda para el sector financiero al FROB, con condiciones sectoriales) sino para una asistencia directa a los bancos españoles en problemas, o una nueva remesa de liquidez para mejorar las condiciones de financiación a través de la deuda soberana de España, a lo que la UE no accedió.

Las medias verdades de Rajoy desataron la crítica, primero, de la prensa alemana, anglosajona y francesa, y luego, el malestar de los Gobiernos de la eurozona que se han sentido maltratados por su arrogancia. La revista Time formuló la cuestión en sus justos términos: tú dices tomate, yo digo rescate. España entró desde el pasado sábado en una disonancia de criterio con la UE muy torpe políticamente y, por si fuera poco, los mercados han reprobado un acuerdo que debió presentarse cerrado en todos sus detalles. Desde ayer, nuestro país tiene un problema adicional: qué hacer con las recomendaciones perentorias del FMI.

La tercera semana de junio España pedirá la ayuda de hasta 100.000 millones que sólo se concederá una vez suscrito el Memorando de Entendimiento cuya negociación llevará su tiempo. El Ejecutivo español y el Eurogrupo, cada cual a su manera –con el tomate de aquél y el rescate de éste— han echado gasolina al fuego: no sabemos la cantidad de la que habrá que disponer, ni el tipo de interés de la ayuda, ni las fórmulas de recapitalización (¿liquidación de algunas como propugnan muchos expertos y han practicado numerosos países?, ¿plan de restructuración?), ni el condicionado sectorial del rescate, ni si la deuda que se emita para cubrirla tendrá o no carácter preferente en el cobro, por delante de los bonistas privados, ni si esta fórmula de asistencia podría disparar la celotipia de Grecia, Portugal e Irlanda. Así que la rebaja generalizada de los ratings del sistema bancario español y de su deuda ha sido el corolario a una semana en la que la prima de riesgo se ha disparado a niveles históricos, propios de un país enteramente rescatable incluso ayer, tras una aparente distensión. Para que nada falte, el PP pidió la dimisión de Joaquín Almunia. No parece que -al margen de la oportunidad o no del comisario de la Competencia en sus declaraciones— sea conveniente ahora que los populares abran más frentes con/contra la Unión Europea. Un poco de sosiego.

Parece obvio que, sean galgos, sean podencos (sea tomate, sea rescate), el manejo de la coyuntura española ha sido penosa por el Gobierno (me permití calificar su comportamiento el lunes pasado como jactancioso y provinciano), y por el Eurogrupo, a partes iguales, encendiendo enormes desconfianzas recíprocas, dejando incógnitas inconvenientes, desatando el sarcasmo de la prensa internacional hacia nuestro país y su Gobierno y con la credibilidad de Rajoy en el alero. Efectivamente, estamos ante un episodio español de una historia que es la del fallo sistémico del modelo institucional de la moneda única. Los errores del Gobierno se corresponden con la abdicación de gobernanza previsora y ágil de la Comisión Europea, pero no redimen a Rajoy de un brutal desgaste más internacional que nacional lo que arroja un saldo semanal que si es malo en lo financiero, es pésimo en lo político. Debió actuarse de manera diferente –unos y otros—y Rajoy jamás debió plantear una batalla semántica –de antemano perdida para él-- ante la UE y la opinión pública y publicada. Jamás se vio una pugna más estéril que la que hace hoy una semana se inició en la Moncloa y se recebó con un gesto mal medido: el presidente en la Eurocopa ese mismo día con el propósito –bien intencionado— de ofrecer tranquilidad que se interpretó exactamente a la inversa: como frivolidad. El resultado: un desplome de reputación política gubernamental y del país dentro y fuera de España y de las grandes variables financieras (prima de riesgo, ratings) nacionales. España ha ido por detrás de los acontecimientos como, por otra parte, se demostró ayer con el informe –durísimo— del Fondo Monetario Internacional.

La Unión tendrá que cambiar, pero deberá hacerlo también, y mucho, nuestro desnortado Gobierno al que creímos más previsor y predecible, más conectado con la troika, más experto en el ámbito de lo que se denomina “diplomacia económica”. Entre otras razones porque España no es Uganda.

Lo que sí es pedir perdón a las víctimas
Pepe Âlvarez de las Asturias El Semanal Digital 16 Junio 2012

Con 10 años, Shane O´Doherty quería luchar por la libertad de Irlanda. A los 15 se unió al IRA, a los 18 ya era el terrorista más buscado y a los veinte fue condenado a 30 cadenas perpetuas.

Para entender primero hay que conocer. Y para entender la vida de Shane O´Doherty es necesario que primero conozcamos el entorno político y religioso en el que nació y creció. Porque, como él mismo explica, "somos uno con nuestra muy triste historia". Una triste historia, la de Irlanda, en la que nacionalismo y catolicismo siempre han estado unidos con gran intensidad. Shane nació en enero de 1955 en Derry (Londonderry para los ingleses), en el seno de una típica familia católica de clase media del Ulster. Ya desde pequeño, su vida quedó marcada por la omnipresencia de tanquetas, barricadas y soldados británicos, y el odio ancestral de los protestantes orangistas. La semilla nacionalista crecía en el corazón de Shane con total naturalidad ("todo esto era normal donde crecí") a la par que su determinación a luchar –y acaso morir- por su país, injustamente ocupado. A los trece años, "salir con los amigos" consistía en quedar para lanzar cócteles molotov a los soldados ingleses; sólo dos años después se unía de facto al IRA Provisional. Desde ese momento, la lucha dejó de ser un juego y se transformó en algo real. Y arriesgado.

Pero el joven Shane estaba convencido de que su causa era justa y de que la lucha era el camino correcto –el único camino-. Y si aún le quedaban dudas, el domingo 30 de enero de 1972 volaron en mil pedazos. Aquella tarde, Shane se manifestaba por las calles de Free Derry (la zona católica) junto a un amigo y otras 15.000 personas a favor de los derechos civiles. Al otro lado de las barricadas, un regimiento de paracaidistas británicos vigilaba que no traspasaran la "frontera" de la zona protestante. Cuando un pequeño grupo de manifestantes, alejados del resto, comenzó a lanzar piedras a una de las barricadas, los paracaidistas abrieron fuego indiscriminadamente contra la multitud. Trece personas murieron (seis de la edad de Shane, 17 años) y otras treinta resultaron heridas.

El IRA aprovechó el odio tras el Domingo Sangriento para potenciar su actividad de reclutamiento entre los más jóvenes. Y Shane aprovechó para potenciar su convencimiento y su actividad terrorista ("Si me tienen que matar, que sea por algo importante, no por una protesta civil"). Se apuntó voluntario a numerosas operaciones con explosivos y se especializó en cartas bomba. Un año después, con dieciocho años, era el terrorista más buscado del IRA. A los veinte, aprovechando una tregua, fue detenido y condenado a 30 cadenas perpetuas. "Dejé de creer en Dios, en la Iglesia Católica y en la política".

Su primer día en prisión, a medianoche, los oficiales le sacaron de la celda y le dieron una paliza. "¿Qué pasa?", preguntó. "Tus amigos han disparado a un policía". El padre del policía asesinado resultó ser un oficial de la prisión. No fue la única vez, recuerda: "yo era católico e irlandés, lo guardias me odiaban". Decidió plantarse y se negó a vestir el uniforme de preso en una cárcel inglesa; un acto de rebeldía que le costó meses en la celda de castigo, totalmente desnudo. Pensaba: "he sobrevivido a la guerra, a la muerte; estoy preso, pero soy el hombre más libre del mundo". Se creía fuerte, invencible, un auténtico guerrero de la libertad. Pero sumido en ese aislamiento absoluto, comenzó a darle vueltas a todo: "Estamos destruyendo nuestro país, a familias enteras, provocando terror y dolor. ¿Qué sentido tiene?" Estaba orgulloso de haber atentado contra políticos y generales pero albergaba dudas sobre el resto de sus víctimas.

Pidió consejo al sacerdote de la prisión y éste le regaló una Biblia. Se leyó los Cuatro Evangelios de una sentada, intensamente, profundamente. Y empezó a pensar que, como católico, todo era un error –la guerra, la violencia, las muertes-. Un grandísimo error. Pero, ¿qué podía hacer? Comenzó a escribir cartas a sus víctimas, multitud de cartas, y fue el primer terrorista del IRA que abogó por el cese de la violencia y la rendición. Los demás –sus compañeros y sus enemigos- pensaron que se había vuelto loco en su confinamiento: ¿un terrorista irlandés pidiendo perdón? ¡Increíble! Tuvo que luchar todo un año con el Gobierno británico y las autoridades de la prisión para que le creyeran y le permitieran enviar sus cartas y publicar sus llamamientos en la prensa. Cierto día, un compañero de prisión le dijo: "estás en el periódico de hoy". The News of the World titulaba: "Terrorista del IRA pide perdón". Fue el primer fruto de su cruzada.

Su propia conciencia le condenaba por sus actos; había cortado con la sociedad, consigo mismo, con Dios; y había destruido a su familia (unos le apoyaban, otros le rechazaban). "El terrorismo está en el interior de las personas, de cada uno de nosotros; y cada uno tenemos que reconocer nuestra culpa y pedir perdón desde dentro, desde nuestra conciencia, desde nuestro corazón".

Después de 14 años de condena, fue liberado el 4 de septiembre de 1989. Al salir de la cárcel comenzó sus estudios universitarios y escribió el libro The Volunteer, sobre sus años en el IRA contados desde la conciencia, y pidiendo el fin de la lucha armada. "Detén la guerra, la violencia es un error, pide perdón y entrégate". Mientras Shane O´Doherty estudiaba Filología Inglesa, Filosofía y Teología (pasó dos años en el seminario de Dublín) y trabajaba para los indigentes y los inmigrantes, los presos del IRA se fueron acercando a sus tesis de cese de la violencia. Sus frutos comenzaron a brotar el 10 de abril de 1998, cuando los gobiernos británico e irlandés firmaron el Acuerdo de Viernes Santo en Belfast, principio del fin definitivo del IRA, que fue desmantelado en 2005.

Después de cinco años en el IRA y treinta pidiendo perdón, en la actualidad Shane O´Doherty vive en Dublín, donde trabaja en una organización para indigentes ("mi gran lección", reconoce). Ha escrito un nuevo libro, No más bombas, que utiliza como excusa para recorrer el mundo ofreciendo sus conferencias y transmitiendo su mensaje de "no hay libertad con violencia"; aunque él aún no se ha perdonado del todo: "cada día siento la responsabilidad, la conciencia culpable de mi pasado. Pero mi experiencia puede hacer bien". Ojalá otros siguieran su ejemplo.

Shane O´Doherty es un gran conocedor del terrorismo de ETA y aplica su propia experiencia a su cese definitivo. "Yo creo que el gobierno no debe negociar con terroristas. Cuando hayan cambiado su conciencia, su corazón; cuando hayan pedido perdón por la violencia y por las víctimas y destruyan sus armas con testigos internacionales, entonces se podrá hablar del fin de ETA".

'El PP mantiene una EpC como una moral de Estado obligatoria'
G. SÁNCHEZ DE LA NIETA www.gaceta.es 16 Junio 2012

Asociaciones educativas piden al ministro que suprima la asignatura en todas las etapas educativas.
Agrupaciones del ámbito de la educación y de la familia han solicitado al ministro José Ignacio Wert la desaparición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en todas las etapas educativas.

Ante la posible continuidad de la asignatura en Secundaria como educación cívica, Benigno Blanco, presidente del Foro de la Familia, argumentó que no parece razonable que exista una asignatura específica para enseñar sobre la Constitución u organismos internacionales como Naciones Unidas, que pueden estar incluidas en otras, y se puede dedicar ese tiempo a refuerzo de otras materias.

Marisa Pérez, presidenta de España Educa en Libertad, coincidió con Blanco en que la solución a la imposición ideológica de EpC es "eliminar la asignatura" y ha recordado que ha sido una fuente de conflicto desde su implantación en 2007-2008.

Pérez añadió que hay deficiencias en el decreto de modificación de EpC, y recordó que las asociaciones de familia han recogido un escrito de alegaciones que han enviado al Ministerio de Educación para que las tenga en cuenta, para que "termine de pulir" la carga ideológica.

En este sentido, el escrito de alegaciones señala que en la valoración del alumno para la nota final se mantienen algunos criterios que no se refieren a conocimientos sino a actitudes personales. También piden que se resuelvan referencias a la intimidad moral del estudiante, las emociones o sentimientos personales.

El presidente del Foro de la Familia ha sugerido que la reforma educativa debe tener en cuenta la libertad tanto de elección de centro como de tipo de educación, la autonomía de los centros para desarrollar sus proyectos pedagógicos y administren sus propios recursos, y ha reclamado la vuelta a la pedagogía del esfuerzo.

Mariano Bailly-Baillière, presidente de un informe que estudia la nueva asignatura, la propuesta revela que Educación para la Ciudadanía mantiene intactos su propósito y estructura para formar desde la administración de turno la conciencia moral de los alumnos y evaluar si su comportamiento se atiene a los principios morales propuestos. Para Bailly-Baillière, la nueva Educación para la Ciudadanía propuesta por el PP mantiene una moral de Estado obligatoria y pretende formar las conciencias de los alumnos; se propone modificar y evaluar comportamientos; impone criterios morales controvertidos en la sociedad española y conculca el derecho primordial de los padres a educar a sus hijos.

Cataluña
La Generalidad y sus empresas suman una deuda de 48.318 millones de euros
El Gobierno autonómico de Cataluña acumula un pasivo que supone el 21% del PIB regional y se mantiene al frente del ranking de CCAA por nivel de deuda. En los últimos cuatro años, la deuda del conjunto de las Administraciones Públicas españolas se ha duplicado hasta alcanzar el 72,14% del PIB.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com  16 Junio 2012

La Generalidad de Cataluña ha cerrado el primer trimestre del año con una deuda de 42.000 millones de euros, 222 más que el trimestre anterior y 5.385 más que hace un año, lo que supone la cifra más alta de su historia y el 28,9% de la deuda total de las CCAA, que asciende a 145.118 millones (13,5% del PIB) y que ha aumentado un 15,7% en el último año.

Estos datos, hechos públicos este viernes por el Banco de España, significan que la Generalidad se mantiene como las más endeuda de todas en valores absolutos, muy lejos de las que le siguen, que son la Comunidad Valenciana (20.832 millones), la Comunidad de Madrid (16.572 millones) y Andalucía (15.373 millones).

La Generalidad de Cataluña también encabeza el ranking por valores relativos, con una deuda que supone el 21% del PIB regional (también el dato más alto de su historia), seguida de la Comunidad Valenciana (20,2%), Islas Baleares (16,7%) y Castilla-La Mancha (16,6%).

Las empresas de la Generalidad, las más endeudadas
La situación todavía es más alarmante si tenemos en cuenta la deuda de las empresas y entidades públicas. En este caso, los organismos dependientes de la Generalidad de Cataluña suman una deuda de 6.318 millones.

Aunque esta cifra se ha visto reducida en 50 millones en el último trimestre, las entidades de la Generalidad siguen siendo las más endeudadas, acumulando el 47,9% del pasivo de todas las CCAA, que asciende a 13.191 millones.

Evolución de la deuda de las empresas de las CCAA desde 1995 (fuente: Banco de España).
Las entidades locales de toda España tienen una deuda de 36.860 millones de euros (3,4% del PIB), una cifra que se ha mantenido estable en los últimos dos años. El Ayuntamiento de Madrid sigue siendo el más endeudado de toda España, con 6.733 millones de euros, seguido, a mucha distancia, del de Barcelona (1.090 millones de euros).

La deuda de las Administraciones Públicas se duplica durante la crisis
La Administración General del Estado ha contabilizado durante el primer trimestre una deuda de 592.572 millones de euros, un 5,9% más que el trimestre anterior y un 13,7% más que hace un año. Esta cifra, sumada a la deuda de las CCAA (145.118 millones) y a la de las corporaciones locales (36.860 millones), deja la deuda global del Estado en 774.549 millones de euros, el 72,14% del PIB.

La deuda del Estado ha aumentado en 39.588 millones durante el último trimestre (5,4%) y en 90.432 a lo largo del último año (13,2%). De hecho, durante los cuatro años de crisis, la deuda pública española se ha duplicado, habida cuenta que cerró el año 2007 en 382.307 millones de euros, el 36,3% del PIB.

POR SUS VALORES Y COHERENCIA
Ortega Lara entrega el Premio del Círculo Balear a Mayor Oreja
La Fundación Nacional Círculo Balear (FNCB) reunió a cientos de simpatizantes en su gala de premios en la Sala Pachá Mallorca de Palmanova (Calvià).
LIBERTAD DIGITAL 16 Junio 2012

La asociación Círculo Balear, dirigida por Jorge Campos, celebró su gala y cena anual, presentada por los periodistas Eduardo de la Fuente y Beatríz Díez, a la que asistieron cientos de socios y simpatizantes completando el aforo disponible. En ella, los asistentes y premiados valoraron ante los medios la lucha de la entidad por salvaguardar los derechos y libertades constitucionales en aquella región.

Así, el eurodiputado Jaime Mayor Oreja felicitó al Círculo Balear por su labor en un momento de crisis "que va más allá de la economía", incidiendo en que se trata de una "crisis de valores". El premio fue entregado por José Antonio Ortega Lara, en uno de los momentos más emotivos de una gala en la que Bartolomé Servera fue otro de los galardonados. El presidente de la patronal de comercio en Baleares, AFEDECO, destacó que la entidad siga "a contracorriente" y que sea "uno de los pocos frentes que siguen adelante".

El Gobierno Balear de José Ramón Bauzá también quiso enviar un representante in extremis, tal y como asegura el comunicado de la entidad. El elegido fue el vicepresidente económico Josep Ignasi Aguiló, que tuvo que escuchar las críticas del presidente de Círculo Balear, Jorge Campos, ante los reiterados incumplimientos del gobierno balear en lo referido a la libre elección de lengua.

El redactor jefe de investigación del diario El Mundo, Esteban Urreiztieta, fue otro de los premiados por su libro Mallorca és nostra. Urreiztieta agradeció su "contribución esclarecer los numerosos casos de corrupción" de la comunidad autónoma y dijo que "su trabajo ha dignificado la profesión de periodista como un servicio público". Del subdirector de COPE Mallorca, Gabriel Torrens, Campos destacó su "rigurosidad" y "pluralidad"; y del director del Auditorium de Palma, Marcos Ferragut, valoró que su teatro sea un referente artístico y cultural "sin ayuda institucional".

Además de los premiados, la cena y el acto posterior contó con la presencia especial de varias víctimas del terrorismo, como la familia Salvá-Lezaún, Manuela Cañadas y José Antonio Ortega Lara, que recibieron un homenaje que incluyó la proyección de un video que dio paso al momento más emotivo de la gala, aquel en el que Jorge Campos explicó los motivos por los que Jaime Mayor Oreja recibía el premio del Círculo Balear "su coherencia con los principios y valores que defiende el Círculo Balear. Debería ser el espejo en el que se miraran los actuales gobernantes y dirigentes políticos".

Campos cedió la entrega del premio a José Antonio Ortega Lara. El secuestrado por ETA, con un fuerte abrazo entregó el premio a Jaime Mayor Oreja, su liberador cuando era Ministro del Interior. Mayor Oreja dijo que Ortega era "un ejemplo para todos los españoles en los actuales momentos difíciles que vivimos" y que "Círculo Balear era más necesario que nunca para dar esperanza a la gran nación que es España".

Entre las autoridades nacionales y europeas estuvieron el diputado del Parlamento de Cataluña y presidente de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, Albert Rivera; la senadora Gari Durán, las eurodiputadas Rosa Estarás y Verónica Lope. Del sector empresarial estuvo el director general de Air Berlin para España y Portugal, Alvaro Middelmann, así como presidentes y representantes del Círculo de Economía y la patronal de industriales ASIMA. Dirigentes del Partido Liberal de Baleares y de la coordinadora territorial de UPyD en Baleares.

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Terrorismo
El exilio vasco

Mikel Buesa Libertad Digital  16 Junio 2012

El Gobierno ha anunciado recientemente su propósito de modificar la ley electoral para que los exiliados vascos –a los que, si siguiéramos la terminología internacional consagrada por ACNUR, nos deberíamos referir como "desplazados internos"– puedan votar en las elecciones autonómicas de su región de origen, reparando así una injusticia heredada tras los largos años en los que el terrorismo de ETA, unido a otras presiones nacionalistas, ha provocado un imponente movimiento de población en el País Vasco que ha vaciado significativamente su demografía.

No entraré aquí a especular acerca de la plasmación jurídica de esta intención política, pues no soy experto en el tema, aunque sí destacaré que la del voto ha sido una reivindicación señera de los vascos del exilio que, hace ya unos cuantos años, empezaron a organizarse al amparo del Foro Ermua. Fue precisamente esta organización la primera en presentar una proposición de ley sobre el asunto que se trasladó a los grupos parlamentarios del Congreso. Parece, por ello, que esta iniciativa comienza ahora a dar sus frutos.

Pero sí me interesa aludir en este artículo a las dimensiones que ha podido alcanzar ese exilio, pues, a pesar de que los datos correspondientes se encuentran disponibles para todos, ha habido una cierta cacofonía al aludir a ellos, sin que ninguno de los políticos promotores del proyecto haya sido capaz de ponerlos en orden.

Lo primero que hay que considerar sobre este asunto es la anomalía vasca en materia migratoria. Las regiones de alto nivel de renta suelen ser receptoras netas de inmigrantes, toda vez que ofrecen oportunidades de empleo y bienestar a los ciudadanos procedentes de las regiones menos desarrolladas. Esto ha sido así, en España, desde hace más de un siglo y, por ello, llama la atención la anomalía del País Vasco durante el período que se abrió en 1976 y que parece haberse casi cerrado en 2011. En efecto, durante esas tres décadas y media, el saldo migratorio interior vasco ha sido negativo: un total de 531.650 personas, según nos señala la Estadística de variaciones residenciales del INE, se marcharon del País Vasco y fijaron su residencia en otras regiones de España; y, a su vez, hubo 340.930 españoles de otros lugares que emprendieron el movimiento inverso, yéndose a vivir al País Vasco, con lo que el saldo migratorio fue de -190.720 individuos.

La salida de los residentes vascos de su tierra fue creciente con el tiempo. En promedio, desde 1975 hasta 1985, se marcharon unos 12.000 cada año; durante el decenio y medio siguientes, hasta el final del siglo, la cifra anual se elevó a 14.000; y en la última década ha llegado hasta los 17.000. El terrorismo de ETA ha estado detrás de este fenómeno, pues al incidir muy negativamente sobre el potencial de crecimiento del País Vasco, ha provocado una importante reducción de las oportunidades de empleo, generando así un incentivo a la emigración. Además, el terrorismo ha supuesto para muchos vascos una persecución y una amenaza por razones ideológicas, dando lugar a un fenómeno de desplazamiento interior, a un exilio político.

Conviene precisar ambos fenómenos aunque, en la perspectiva estadística, permanezcan entrelazados sin que sea fácil ni seguro deslindarlos cuantitativamente. El de la contracción del crecimiento potencial de la economía vasca, provocada por la violencia terrorista, ha sido comprobado analíticamente en sendos trabajos publicados por Alberto Abadíe y Javier Gardeazábal y Rafael Myro, Alberto Colino y Patricio Pérez, este último el libro que yo edité acerca de la Economía de la secesión. A partir de sus hallazgos, se puede determinar que, como resultado de su menor crecimiento, el País Vasco dejó de generar un amplio número de empleos, lo que, por mediación de los movimientos migratorios a los que antes he aludido, acabó reflejándose en el tamaño de la población. Para que los lectores se hagan una idea, puedo señalar que los resultados de un ejercicio contrafactual que publiqué en mi libro ETA,S.A., en el que se proyectó una economía vasca sin terrorismo cuya trayectoria de desarrollo se mantenía en la senda anterior a la eclosión de este fenómeno de violencia política, señalan, para el año 2011, un empleo de 1.245.000 trabajadores en la región –es decir, 264.000 más de los 981.000 realmente existentes–, así como una cifra de población de 2.741.000 habitantes –o sea, 606.000 más de los actuales 2.135.000–. Esta cifra de seis centenares de miles de personas es la que refleja el vaciamiento demográfico que, por causa de ETA, ha experimentado el País Vasco hasta ahora.

Pero queda por aclarar la dimensión del exilio estrictamente político. Lamentablemente ninguna estadística ni ninguna encuesta nos pueden orientar al respecto, pues este fenómeno no ha sido objeto de ninguna investigación sociológica. Por ello, lo único que puede hacerse es recurrir a algún procedimiento comparativo que permita atribuir a razones políticas la residencia fuera de la región. El Censo de la población de 2001 –el último que, por el momento, se ha publicado– revela que, de todos los nacidos en el País Vasco, en dicho año, un 14,3 por ciento vivían en otros lugares de España. En las otras regiones desarrolladas del país, esa proporción era aproximadamente de la mitad, lo que viene a indicar que los vascos residentes fuera de su región de nacimiento eran el doble de lo previsible. En otras palabras, se habían visto impelidos a emigrar por razones extraordinarias, muy probablemente por motivos políticos. Unos 125.000 vascos se encontraban en esa situación.

Por tanto, con referencia al año 2001, se puede establecer razonablemente que el exilio vasco se cifraba en unas 125.000 personas –lo que se corresponde con entre 25.000 y 30.000 familias–. Si tenemos en cuenta que, desde que el fenómeno terrorista adquirió relieve a mediados de la década de los setenta, para aquella fecha se había acumulado una salida bruta de 374.000 personas, puede concluirse que alrededor de un tercio de la emigración vasca tuvo una motivación política. Y si extendemos esta proporción hasta 2011 con las cifras anotadas al comienzo de este artículo, podemos concluir que el exilio provocado directamente por el terrorismo ha podido afectar a unas 177.000 personas.

En resumen, si la ley electoral cambia para dar entrada en las elecciones autonómicas vascas a los emigrantes interiores de las últimas tres décadas y media, el censo electoral podría aumentar, como máximo, con los que hayan sobrevivido de entre los 531.000 que han abandonado el País Vasco. Y si el criterio para formar ese censo fuera más estricto y se ciñera sólo a la causación política de la migración, la cifra se circunscribiría a los supervivientes de entre los 177.000 a los que he aludido.

¿A qué opción política votarán estos vascos salidos de su tierra? Los nacionalistas temen, y así lo han expresado sin ambages, que los exiliados se inclinarán masivamente por los partidos constitucionalistas. Sin embargo, yo no estoy tan seguro de ello, pues el exilio vasco ha sido más transversal de lo que se cree y, seguramente, hay muchos nacionalistas moderados entre los emigrados, como cualquier visitante de las Euskal Etxeas puede comprobar. Por ello, merecería la pena que la investigación sociológica se adentrara en este terreno, zanjando así lo que, de momento, no son más que meras especulaciones. En todo caso, no es el sentido del voto lo relevante, pues de lo que se trata es de reparar la injusticia histórica que, para los que se exiliaron y para los que emigraron en busca de un empleo, provocó el terrorismo.


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