AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 20 Junio 2012

La corrupción española no es un accidente sino una conspiración
Francisco Rubiales Periodista Digitial  20 Junio 2012
 
La corrupción en España no es un accidente, sino una forma perversa de entender la política y el poder. Es espeluznante ver al presidente de Andalucía, José Antonio Griñán, defender a uno de sus consejeros que ha sido encarcelado por estar implicado en gravísimas chorizadas, corrupciones y abusos de poder o a Carlos Divar aferrado a su sillón, sin dimitir a pesar de las evidencias de abuso. España cada día es menos un país democrático y se exhibe ante el mundo, sin pudor, como un conjunto de tribus corrompidas y, a veces, delictivas.

En España se ha producido una llegada masiva de delincuentes al poder político. Esa es la verdadera base de la corrupción que nos invade. Pero lo original y genuino del caso español, lo que nos diferencia de otros estados mundiales corruptos, es que la corrupción española no parece un accidente o la consecuencia de una serie de casualidades, sino una conspiración para saquear el Estado, cuidadosamente ideada y desplegada desde las mismas entrañas del poder.

Los partidos políticos, principales focos de la corrupción en España, protegen a muchos de sus corruptos presentándolos en las listas electorales para que sean diputados y senadores, oforándoles y dotándoles de un nada despreciable blindaje ante la justicia ordinaria. Se trata de un comportamiento claramente mafioso que demuestra que las instituciones están actuando como protectoras de delincuentes.

Si se pudiera practicar un scaner veraz sobre el Congreso y el Senado, los españoles descubrirían aterrorizados que en esos templos de la palabra y del poder político numerosos sillones están ocupados por personajes protegidos por sus propios partidos, con sus conciencias manchadas, que podrían ser acusados de maltrato, acoso sexual, apropiación indebida, cohecho, malversación, amigusmo, nepotismo, abuso de poder, conducción temeraria, falsedad de documentos públicos u otros muchos delitos y faltas, algunos tipificados y otros no.

Ese comportamiento ha hecho posible que personajes como el andaluz Manuel Cahves, con la ayuda de su partido, el PSOE, cubra con un manto protector a toda su familia, colocándolos en cargos públicos y permitiéndo a sus miembros hacer negocios ventajosos con impunidad, como lo demuestran las diversas pruebas y denuncias, la última de las cuales la de un jefe de policía que fue destituido por investigar las actividades presuntamente delictivas de Ivan Chaves, hijo del expresidente andaluz.

El saqueo de España se ha realizado, con impunidad, de manera sistemática y planificada, desde el corazón del poder político. La mayoría de las cajas de ahorros han sido desvalijadas y en algunas de ellas, como la CAM, la de Castilla la Mancha y BANKIA, han desaparecido varios miles de millones de euros sin que nadie haya pagado por esos delitos y sin que las instituciones del Estado hayan realizado grandes esfuerzos por recuperar el dinero sustraido.

El saqueo de España tiene mil vertientes, algunas todavía desconocidas por la prensa y el gran público. Se han concedido subvenciones a empresas que no lo merecían, sólo porque en ellas trabajaban familiares o amigos del poder; se han cobrado comisiones sistemáticas por licencias, concesiones y contratos públicos; se han urbanizado terrenos protegidos para cobrar comisión; los recaudadores de los partidos políticos han extorsionado sin obstáculo; se han trucado concursos públicos,; se han falseado oposiciones; se han filtrado las preguntas de oposiciones a los amigos del poder; se ha marginado a empresarios por pensar diferente o por ser honrados, cerrándoles mafiosamente el paso para que reciban subvenciones y ganen concursos públicos; hay miles de políticos incapaces de explicar su patrimonio, sin que ni siquiera hayan sido investigados...

La corrupción, en España, no ha sido, como en otros países, un virus que ha ido extendiendose hasta contaminar al poder, sino una estrategia meditada y fria del poder que ha contaminado a la sociedad. La corrupción, en España, no ha sido un accidente, ni una cuestión de mala suerte, sino el comportamiento lógico y premeditado de la presencia masiva de delincuentes en las instituciones y en el corazón del Estado.

Los grandes partidos españoles han acumulado delitos suficientes para que, si existiera una Justicia independiente y limpia, hubieran sido ya juzgados como asociaciones de malhechores. Sin embargo, siguen dominando la escena, convertidos en las instituciones más poderosas de la nación, exhibiendo una obscena impunidad, con muchos de sus corruptos convertidos en altos cargos en las distintas administraciones y algunos de ellos, tal vez los que más secretos sucios conocen, convertidos en diputados y senadores para disfrutar del aforamiento.

Muchos españoles, ilusos, votaron a Rajoy en las últimas elecciones creyendo que el Partido Popular iba a plantar cara a la corrupción y limpiar el país de delincuentes políticos, pero no ha sido así y eso ha causado una inmensa frustración entre los votantes más demócratas y mejor informados, indignados de que el gobierno de Rajoy también participe del obsceno festín y que, ante los abusos cometidos por los socialistas y por muchos de sus miembros, haya decidido cerrar los ojos y pasar página, ignorando que un país que no castiga a sus criminales es un estercolero envenenado capaz sólo de sembrar retroceso y destrucción.

La regeneración en España pasa por acabar con la impunidad de los corruptos políticos y por limpiar las instituciones, llenando las cárceles de delincuentes con carnet de partido. Si no se hace, no hay futuro digno y el país, mande quien mande, seguirá siendo una pocilga incapaz de salir de una crisis que, como acaba de descubrir Europa, va mucho más allá de lo económico y se adentra en el alma podrida de la nación.

Voto en Blanco

PODAR O TALAR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: El tiempo se ha acabado
VICTORIA PREGO El Mundo 20 Junio 2012

Rajoy debe reducir ya el tamaño de las CCAA y legislar el recorte del número de políticos.De todas las cosas que dijo ayer en el Congreso el secretario de Estado de Administraciones Públicas hay una que sobrevuela su intervención entera y es la parsimonia con la que los dos grandes partidos, PP y PSOE, parecen estar enfrentándose a un problema que es decisivo y que requiere de una solución urgente: la reforma y el adelgazamiento real, no retórico, del Estado en todos sus niveles, empezando por la Administración central, pasando por las autonómicas y acabando por las municipales. Y ayer se escuchó a Antonio Beteta decir que el Gobierno estaba dispuesto al diálogo con las comunidades autónomas para «racionalizar estructuras y evitar solapamientos y duplicidades». Pero es que a estas alturas ese diálogo tenía que estar ya terminado, rematados sus flecos y anunciadas las decisiones.

Desde el día en que Rajoy y sus ministros ocuparon sus respectivos despachos hace casi seis meses, estamos esperando que se hagan realidad las prometidas medidas contra el dispendio. No ya las duplicidades entre las distintas administraciones, también las triplicidades y hasta las tetraplicidades, o más, que llevan años lastrando el gasto público en nuestro país, y que son motivo de escándalo y provocan la enorme desconfianza que se puede detectar entre nuestros socios europeos.

El señor Beteta está en conversaciones con el socialista Gaspar Zarrías para llegar a un pacto. ¿Y cuánto tiempo más tenemos que esperar hasta que ese pacto se anuncie y sus efectos se publiquen en el BOE? Porque lo que dijo Beteta ayer es que iban a «reforzar los foros de cooperación». Es decir, las conferencias sectoriales y las comisiones bilaterales, esos ámbitos en los que cada cual se dedica a defender lo suyo y a dar una patada al balón para aplazar los recortes que le perjudican.

En España se necesitan ahora mismo muchas cosas y todas urgentes. Una de ellas es que el Gobierno anuncie medidas ejemplares. Como que todas las comunidades desmonten sus réplicas en miniatura del Estado central y que se sepa que desaparecen todos los defensores del pueblo y todos los tribunales de cuentas autonómicos, por mencionar sólo dos instituciones de las muchas replicantes que hay ahora en nuestro país.

No hay tiempo ya para más conversaciones ni más foros. Tampoco hay tiempo para que el Gobierno siga pensando qué mapa de la administración quiere para que España encare un futuro más eficaz y racional. Si lo tiene claro, que lo diga. Y que lo pacte. Y si no lo puede pactar porque el PSOE se resiste, que se sepa.

Pero no es éste un asunto que permita más demora porque hay una cosa que ya saben incluso los políticos profesionales de todos los niveles que se han multiplicado por el país: que no hay dinero. Que no podemos seguir sosteniendo la estructura faraónica que, con el alibí de que a mayor autonomía mayor democracia, llevamos montándonos desde hace 30 años.

Está Europa esperando a conocer las cuentas reales de nuestro sector financiero. Está el FMI reclamando al Gobierno que suba el IVA. Está España pagando por su deuda intereses inasumibles. Y para reducir los 123.000 millones que cuesta al Estado pagar a los que cobran una nómina pública, seguimos atascados en «reforzar los foros de cooperación». Ese tiempo se ha acabado.

La deuda valenciana lastra a España pero Fabra sigue en su mundo
El Semanal Digital 20 Junio 2012

Como en la fábula de Andersen, el presidente de la Comunidad Valenciana camina desnudo mientras su Corte no sólo no se lo indica, sino que le aplaude hasta despellejarse las palmas.

Dice Alberto Fabra que lo importante es generar confianza pero, ¿a quiénes y cómo? ¿Tal vez a los responsables que se han ido de rositas de asuntos como Bancaja? ¿Quizá organizando macroeventos de los que se ocultan las cifras? ¿O rodeándose de una ristra -el término no está escogido al azar- de cortesanos que deberían dar muchas explicaciones sobre los impagos de la Comunidad Valenciana que están llevando al borde del precipicio a pequeñas y medianas empresas?

El próximo fin de semana Fabra y su Corte posarán ante las cámaras como prueba de su defensa cerrada del Gran Premio de Europa que se correrá en la ciudad del Turia. Si se ha de creer la palabra del presidente valenciano, a partir de la semana que viene conoceremos con todo lujo de detalles el coste del evento, del que hasta ahora se ha negado a informar. La táctica de Fabra ha consistido en ligar la "repercusión" de la carrera con los gastos que genera. Táctica arriesgada, pues podría salirle bien si se generan ingresos, o muy mal si termina siendo deficitario. Y eso sin pensar en que se pudiera seguir ocultando la cifra del coste, lo cual sería, sencillamente, bochornoso.

A la espera de esos datos, lo que sí se ha podido conocer -de manera oficiosa- es que el rescate de Valmor Sports, organizadora de la carrera y en la que Bancaja, del inefable José Luis Olivas, tenía parte, habría supuesto un desembolso de casi treinta y cinco millones de euros.

Para rizar el rizo, el arquitecto Santiago Calatrava ha contribuido a echar gasolina al fuego: sus honorarios -sólo por la Ciudad de las Artes y las Ciencias habría percibido más de noventa y cuatro millones de euros- son "modestos" en comparación con lo que cobra por sus proyectos en otros países. ¿Modestos? Tal vez. Pero no para una Comunidad Autónoma cuya deuda supone el 20,2% de su Producto Interior Bruto; en datos contantes y sonantes, 20.832 millones, según los datos del Banco de España correspondientes al primer trimestre del año, y que han hecho de esta Comunidad la segunda más endeudada de España hasta el punto de que días atrás Moody´s la rebajase a la categoría de bono basura.

Claro que Calatrava no tiene la culpa de que haya quien esté dispuesto a pagar esos honorarios. La responsabilidad recae sobre quien autoriza esos pagos sin tener en cuenta que, según el Banco de España, la deuda de la Comunidad que preside podría dispararse hasta los 25.000 millones por la conversión de la deuda comercial en financiera a través del Plan de Pagos.

Ya es bastante sintomático que la Sindicatura de Greuges registre que más del cincuenta por ciento de las quejas tengan que ver con impagos de la Comunidad Valenciana en ayudas.

El caos valenciano empieza a ser de tal nivel que el ejemplo más claro está en Canal 9. La situación en el canal de televisión autonómico valenciano roza el suplicio de los trabajadores tras cinco meses con la espalda de un ERE anunciado en enero y que no termina de llegar e incluso podría retrasarse hasta agosto o septiembre. ¿Culpa del bufete Garrigues, encargado de su gestión? ¿O, como afirman algunas fuentes populares en Madrid, unas arcas vacías que hacen difícil llevar adelante una regulación laboral que podría cobrarse en torno a mil puestos de trabajo? ¿Será verdad que se está a la espera de que el Gobierno de Rajoy apruebe los "hispabonos" para, a través de añadir deuda pública, mandar al paro aún a más trabajadores en una España con la cifra insufrible de cinco millones y medio de parados?

Con este panorama, resulta muy complicado generar esa confianza que Fabra, el rey desnudo valenciano, se obstina en pregonar ante gentes que, en muchos casos, le aislan de la realidad y le hacen vivir, como la abeja Maya, en su mundo sin maldad.

Según una sentencia
Un juez: La Generalidad trata al 'español como una lengua de tercer nivel'
GACETA.ES v 20 Junio 2012

La Generalidad no cobra una multa por tramitarla solo en catalán. El importe asciende a más de 2.000 euros, y fue recurrida en español. El Gobierno de Artur Mas respondió en catalán.

La obsesión por la imposición del catalán le juega muy malas pasadas al Gobierno de Artur Mas. Un empresa de Lérida ha obtenido un fallo positivo del juez tras recurrir una multa que le había impuesto la Inspección de Trabajo. El concepto da lo mismo. El problema de la Generalidad es que tramitó la multa solo en catalán, un trato preferente a una de las dos lenguas vehiculares de Cataluña.

"Es la prueba más evidente de marginación lingüística, que utilizando dinero público, está llevando a cabo la Administración regional catalana. Con esto se consigue que el español quede relegado a lengua de tercer nivel, despreciado por la Administración", reza la sentencia del juez.

La ley es clara al respecto, ninguna lengua deberá prevalecer. De hecho, hay una sentencia del Tribunal Constitucional contra el estatuto de autonomía catalán, interpretación que ha adoptado el juez. El montante de la sanción ascendía a 2.046 euros y según fuentes judiciales hay otras dos sentencias similares.

El Defensor del Pueblo con la sentencia en su mesa
Según ha publicado este martes el diario Segre, que recoge, la Voz de Barcelona, el juez, además, ha enviado el fallo al Defensor del Pueblo para que indague si la Administración autonómica, con decisiones como las de enviar sus comunicados en un solo idioma, el catalán, margina a los ciudadanos que quieran utilizar y recibir información en español.

El magistrado, sin embargo, deja abierta la puerta a que la Generalidad se dirija a los contribuyentes solo en una de las dos lenguas oficiales, pero a elección de estos, no de la Administración autonómica, en la línea marcada por la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la normativa lingüística del Ayuntamiento de Barcelona.

El juez ha indicado que esta "asimetría lingüística se aprecia que únicamente pasa con el castellano" ya que en otra ocasión, que también llegó el caso a su juzgado, la Generalidad sí contestó a un ciudadano en aranés después de que este acudiera en este idioma (oficial en el Valle de Arán) a la Administración autonómica.

"Es la prueba más evidente de marginación lingüística, que utilizando dinero público, está llevando a cabo la Administración regional catalana. Con esto se consigue que el castellano quede relegado a lengua de tercer nivel, despreciado por la Administración".

El Gobierno no prorroga las ayudas al paro pero mantiene el gasto de las Diputaciones
SEGUNDO SANZ www.gaceta.es 20 Junio 2012

Tumba también una iniciativa de UPyD para extender la Renta Activa de Inserción a los menores de 45 años. Los populares esgrimen falta de disponibilidad presupuestaria.

A la espera de que el Gobierno de Mariano Rajoy tome una decisión sobre la continuidad o no del Plan Prepara, cuya última prórroga acordada el pasado diciembre vence el próximo agosto, el PSOE fracasó ayer por dos veces en el Congreso de los Diputados en el intento por ampliar su vigencia hasta febrero de 2013. Dicho programa contempla el famoso subsidio de 400 euros –durante seis meses– para aquellos parados que agoten todas las prestaciones por desempleo a las que tienen derecho y se incorporen a un itinerario de empleo mediante la realización de cursos de formación.

Los socialistas aprovecharon un primer debate en la Comisión de Empleo y Seguridad sobre una proposición no de ley con la que UPyD pretendía extender la Renta Activa de Inserción a los menores de 45 años (ahora sólo pueden acceder a ella los que superen esta edad) e introdujeron una enmienda de sustitución al texto de la formación magenta. En ella, el PSOE no sólo pidió extender la Renta Activa de Inserción hasta un 25% en 2013, sino también prorrogar el Plan Prepara hasta el próximo febrero. La ex ministra de Medio Ambiente Rosa Aguilar dijo tener un “análisis y diagnóstico común” con UPyD pero afeó al partido de Rosa Díez que busque “fortalecer el Estado centralista”. La enmienda del PSOE fue rechazada junto a otra defendida por CiU en la que reclamaba que este programa sea gestionado por las autonomías. No obstante, el diputado de CiU Carles Campuzano expresó su “preocupación” ante quienes tienden, como desde UPyD, a “adaptar” la Renta Activa de Inserción a una situación de “desempleo grave”.

En esta línea, la parlamentaria del PP María Concepción Bravo basó su oposición en que “la Renta Activa va a un colectivo de parados de larga duración que tienen que tener un tratamiento especial, y sacar esa renta a otras personas tendría un coste muy elevado que en este momento es muy difícil de asumir”. Posteriormente, el Pleno también tumbó al PSOE una moción consecuencia de interpelación que ansiaba el mismo propósito sobre el Plan Prepara ante la necesidad de “garantizar la transición al empleo, alcanzar una mayor coordinación entre las políticas activas de empleo y las ayudas de acompañamiento y evitar la exclusión social”.



******************* Sección "bilingüe" ***********************

AT: Nuestra asociación hermana "Impulso Ciudadano" nos hace llegar esta noticia de interés, acompañada de una propuesta. Es urgente.
Si estáis en las categorías que se especifican más abajo o conocéis a alguien que pudiera sentirse concernido, por favor, dad un paso al frente. ¡Es hora de actuar!
¡URGENTE Y MUY IMPORTANTE!
PRETENDEN QUE LAS ASOCIACIONES CÍVICAS NO PUEDAN RECURRIR LA NORMATIVA LINGUÍSTICA DE LA GENERALITAT ANTE LOS TRIBUNALES.
LAS ASOCIACIONES DEFENDEMOS VUESTROS INTERESES
IMPULSO CIUDADANO 20 Junio 2012

IMPULSO CIUDADANO presentó recurso contencioso-administrativo contra el Departamento de Enseñanza de la Generalidad de Cataluña por considerar contrario a derecho el articulo 6.d) del Decreto 155/2010, de 2 de Noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente (DOGC núm. 5753 - 11/11/2010).

El precepto impugnado dice: la dirección dirige y lidera el centro desde el punto de vista pedagógico y entre sus funciones le corresponden específicamente, “Garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación, administrativa y de comunicación utilizada normalmente en las actividades del centro, en los términos que establece el título II de la Ley 12/2009, tal como se concreten en el proyecto lingüístico que forma parte del proyecto educativo del centro”.

Este precepto habilita, por ejemplo, al Director del centro educativo a sancionar a un profesor que dé las clases en castellano o a impedir que el castellano se convierta también en lengua vehicular de enseñanza o de las actividades administrativas.

El régimen lingüístico que han de aplicar estos directores es el que emana de la Ley 12/2009, de Educación de Cataluña (LEC). IMPULSO CIUDADANO lo considera inconstitucional y por ese motivo ha solicitado al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que anule ese artículo del Decreto y que, previamente, interponga cuestión de inconstitucionalidad contra la LEC. La demanda argumenta extensamente las razones de la inconstitucionalidad. En el siguiente enlace podéis leer la demanda, la contestación de la Generalitat y las conclusiones del pleito:

http://www.impulsociudadano.es/demandas/

EL ABOGADO DE LA GENERALITAT PIDE QUE SE DECLARE INADMISIBLE QUE LAS ASOCIACIONES PUEDAN PRESENTAR RECURSOS CONTRA LAS DISPOSICIONES GENERALES QUE REGULAN LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA

El pleito está en la fase final, únicamente pendiente de que la Generalitat presente sus conclusiones, pero ahora el Abogado de la Generalitat, basándose en una sentencia del TSJC de 9 de mayo de 2012, ha presentado un escrito por el que pretende que el Tribunal declare inadmisible el recurso contencioso-administrativo porque, según la Administración, IMPULSO CIUDADANO no tiene legitimación para impugnar este Decreto. Alega, con cita de esta sentencia que no es suficiente “la defensa del ejercicio del bilingüismo lingüístico efectivo por parte de la asociación recurrente para entender acreditada la legitimación, ya que no es suficiente la obtención de una recompensa de orden moral o solidaria o el beneficio de carácter cívico o de otra índole, pues en realidad una posible sentencia estimatoria no habría de producir utilidad alguna ni perjuicio de ninguna clase en la esfera jurídica de la recurrente ni en la defensa de sus componentes al no actuar en defensa de sus intereses individuales”.

El tema es de una enorme trascendencia porque, de consolidarse esa nueva doctrina de la Sala, ni nuestra asociación ni otras que luchamos contra la política lingüística de la Generalitat podremos recurrir y todos los esfuerzos llevados a cabo resultarán baldíos. La Generalitat y los nacionalistas habrán dado un enorme paso al retirar al mundo asociativo del frente judicial contra la política lingüística.


SÍ, YO TAMBIÉN TENGO INTERÉS
Pero todavía podemos reaccionar, y para ello es imprescindible alegar que en este pleito IMPULSO CIUDADANO defiende los intereses individuales de sus componentes

¿Cuáles son estos?
- Los de los padres con alumnos en edad escolar que consideran que el régimen lingüístico de la LEC, que es el que deben aplicar los directores de los centros educativos, hace imposible o dificulta que el castellano sea también lengua vehicular en el centro.

- Los de los profesores de centros educativos que por mandato del Decreto y de la LEC tienen que hacer del catalán la lengua vehicular del centro, pudiendo ser sancionados por el Director del Centro educativo si utilizan el castellano como lengua docente o administrativa o de relación con la comunidad escolar.

Es fundamental, por lo tanto, que le digáis al Tribunal que tenéis interés individual en este pleito porque consideráis que el régimen lingüístico de la LEC es inconstitucional y hace imposible el bilingüismo equilibrado en los centros docentes catalanes.


TENEMOS MUY POCO TIEMPO.
El plazo para manifestar al Tribunal el interés individual acaba el día 22 de junio de 2012. Os pedimos que padres o tutores de alumnos que cursen estudios hasta SEGUNDO DE BACHILLERATO y profesores de centros educativos nos hagáis llegar los escritos que hemos preparado, uno para padres y otro para profesores.

Este documento debe estar rellenado y firmado y se presentará junto a las alegaciones de IMPULSO CIUDADANO. También debe adjuntarse fotocopia del DNI. No se hará ninguna publicidad de los firmantes del mismo ni se configurara base de datos alguna porque la finalidad de este documento es exclusivamente su presentación ante el TSJC.

Podéis remitir el documento con el DNI, una vez escaneado, al correo electrónico: info@impulsociudadano.es o llamarnos al Tfno. 622190342 y lo pasaremos a recoger. En este teléfono aclararemos también cualquier duda.

Por supuesto, nos comprometemos a manteneros informados de todas las incidencias.
IMPULSO CIUDADANO
DECLARACIÓN DE INTERÉS INDIVIDUAL EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 195/2011 DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA INTERPUESTO POR LA ASOCIACIÓN IMPULSO CIUDADANO.

DON/DOÑA …………………………………………………………………………, con DNI núm. ………….……………… y domicilio a efectos de notificación en el domicilio de la asociación IMPULSO CIUDADANO, sito en la calle de Industria núm. 60, Local 7 de Barcelona, comparece y DECLARA:

PRIMERO.- Que tiene conocimiento de que se sigue en la Sección Cuarta de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso ordinario 195/2011 presentado por la asociación Impulso Ciudadano contra el articulo 6.d) del Decreto 155/2010, de 2 de Noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente (DOGC núm. 5753 - 11/11/2010).

SEGUNDO.- Que es padre/madre del niño/a ………………………….. que cursa estudios de ………………………………………en el Centro Educativo………………………………………………..………………… ……………………………………………de ……………………………….…………………..

TERCERO.- Que defiende un régimen lingüístico en el sistema educativo catalán que asegure un bilingüismo equilibrado e integrador en los centros educativos, es decir que tanto castellano como catalán sean lenguas docentes y de comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa.

CUARTO.- Que el abajo firmante considera que el precepto recurrido debe ser declarado nulo de pleno derecho por inconstitucional en cuanto contrario a la cooficialidad lingüística, al principio de igualdad, al derecho de educación y a la seguridad jurídica, al obligar a los directores de centros educativos públicos a garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de los mismos, y no preverse igual consideración para el castellano.

QUINTO.- Que en defensa de sus intereses individuales, la asociación IMPULSO CIUDADANO, ha presentado el recurso contencioso-administrativo antes relacionado.

A los efectos oportunos, firmo el presente escrito, autorizo a la Asociación IMPULSO CIUDADANO a incorporarlo a las alegaciones que efectúe ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para acreditar su interés en el recurso 195/2011 presentado por la citada asociación contra el articulo 6.d) del Decreto 155/2010, de 2 de Noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente y manifiesto mi predisposición a comparecer ante la Sala, en el caso de que lo considere procedente, para ratificar esta DECLARACIÓN DE INTERÉS.

En………………………… a ………………………………………………………………

DECLARACIÓN DE INTERÉS INDIVIDUAL EN EL RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 195/2011 DE LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA INTERPUESTO POR LA ASOCIACIÓN IMPULSO CIUDADANO.

DON/DOÑA …………………………………………………………………………, con DNI núm. ………….……………… y domicilio a efectos de notificación en el domicilio de la asociación IMPULSO CIUDADANO, sito en la calle de Industria núm. 60, Local 7 de Barcelona, comparece y DECLARA:

PRIMERO.- Que tiene conocimiento de que se sigue en la Sección Cuarta de Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña el recurso ordinario 195/2011 presentado por la asociación Impulso Ciudadano contra el articulo 6.d) del Decreto 155/2010, de 2 de Noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente (DOGC núm. 5753 - 11/11/2010).

SEGUNDO.- Que es Profesor/Profesora …………………………………….. del Centro Educativo……………..…………………………………………de………………………….…………………..
TERCERO.- Que defiende un régimen lingüístico en el sistema educativo catalán que asegure un bilingüismo equilibrado e integrador en los centros educativos, es decir que tanto castellano como catalán sean lenguas docentes y de comunicación entre los integrantes de la comunidad educativa.

CUARTO.- Que el abajo firmante considera que el precepto recurrido debe ser declarado nulo de pleno derecho por inconstitucional en cuanto contrario a la cooficialidad lingüística, al principio de igualdad, al derecho de educación y a la seguridad jurídica, al obligar a los directores de centros educativos públicos a garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de los mismos, y no preverse igual consideración para el castellano.

QUINTO.- Que en defensa de sus intereses individuales, la asociación IMPULSO CIUDADANO, ha presentado el recurso contencioso-administrativo antes relacionado.

A los efectos oportunos, firmo el presente escrito, autorizo a la Asociación IMPULSO CIUDADANO a incorporarlo a las alegaciones que efectúe ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para acreditar su interés en el recurso 195/2011 presentado por la citada asociación contra el articulo 6.d) del Decreto 155/2010, de 2 de Noviembre, de la dirección de los centros educativos públicos y del personal directivo profesional docente y manifiesto mi predisposición a comparecer ante la Sala, en el caso de que lo considere procedente, para ratificar esta DECLARACIÓN DE INTERÉS.

En………………………… a ………………………………………………………………

Sortu
La faisanada judicial
Federico Jiménez LosantosLibertad Digitial 20 Junio 2012

Si alguna vez hay justicia en España, después de enjuiciar al Presidente del Gobierno y condenar a Rubalcaba y a la cúpula del Ministerio del Interior por el caso Faisán, modelo de colaboración con banda armada al más alto nivel, se encontrará la manera de castigar la faisanada judicial que acaba de perpetrar el Tribunal Constitucional –que ni es Tribunal ni defiende la Constitución– y que ha instalado una especie de jaima golpista en el ático del Estado para anular las sentencias firmes del Supremo contra la ETA.

Lo de menos es que la legalización se haya producido por 6 votos –todos del PSOE, según leo– contra 5, y que la hayan consumado unos vocales que tienen su mandato caducado y más que caducado. Lo de más, a mi juicio, es que por segunda vez se anula una sentencia firme del Tribunal Supremo contra una marca electoral de ETA. Y que se hace tras una ponencia de la inagotable aunque caducada Pérez Vera, tan grosera intelectualmente y tan descarada políticamente que produce bochorno comentarla.

El Tribunal Constitucional, repito, no es constitucional porque no defiende la Nación ni su Constitución, pero es que además no es un tribunal, no es el Supremo del Supremo y, sin embargo, ha invadido, anegado y ahogado las competencias legítimas y exclusivas del Tribunal Supremo. Y lo ha hecho por dos veces para echarle políticamente una mano a la ETA, porque legalmente el único que tiene capacidad y atribuciones para juzgar un caso de terrorismo es, sobre la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo. Como están ocupados echando a Dívar, no tienen tiempo para defender su fuero.

Pero dado que a los del Supremo, a los del Constitucional y a los del CGPJ los nombran los partidos políticos, uno alberga la legítima duda de que esta fechoría en el vigésimo quinto aniversario de la matanza de Hipercor se ha perpetrado por consenso del Gobierno del PP y el ex-Gobierno del PSOE. Como los programas de manga ancha para los etarras dizque arrepentidos, inventados por el PSOE y continuados por el PP, el Tribunal Constitucional sigue transitando su propia Vía Nanclares e imitando el vuelo del faisán. La forma de celebrar la Constitución de Cádiz por parte del TC ha consistido en preferir una vez más la palabra de la ETA a los informes policiales y las sentencias del Supremo. Y el Gobierno, no sabemos si a favor o en contra; y el Rey, entre petrodólares y ferraris. España no es un Estado, es un corral de ovejas pastoreado por gente de dudosa, cuando no penosa, reputación.

Legalización
Impunidad judicial de Sortu
Daniel Portero Libertad Digitial 20 Junio 2012

La desgraciada noticia de la legalización de Sortu para el futuro de nuestra democracia ha caído sobre nuestras cabezas a final de mes de junio de 2012, justo unos días antes de la renovación de algunos de los miembros del Tribunal Constitucional. Coincide que dos de los denominados "juristas de reconocido prestigio" que se van del alto tribunal porque van a ser renovados son dos de los que han votado a favor de legalizar a Sortu, el partido de ETA.

Está claro que Batasuna ya puede utilizar las siglas Sortu o Bildu como complemento del concepto genérico de "Izquierda Abertzale" como paraguas contra cualquier ilegalización que pudiera iniciar la Abogacía del Estado o la Fiscalía General. Cuando en mayo de 2011 el Tribunal Constitucional legalizó a Bildu no reflexionó sobre la fuerza institucional que le daría a Batasuna-ETA para burlar la ley de una forma tan palpable y a la vista de todos. El TC llegó a afirmar literalmente en su sentencia:

La Izquierda Aberzale como expresión ideológica no ha sido proscrita de nuestro ordenamiento ni podría llegar a serlo sin quiebra del principio pluralista y de los derechos fundamentales a él conexos.

Es decir, abrió la caja de Pandora para que ETA usara siempre el concepto "Izquierda Abertzale" a la hora de presentar sus candidaturas. Todo ello sin tener en cuenta la multitud de informes policiales que, ya desde 2007, han demostrado que Batasuna utiliza la terminología Izquierda Abertzale como "escudo" contra las ilegalizaciones y prohibiciones de actos o manifestaciones.

Según consta en las actas de las reuniones de la negociación entre ETA y el Gobierno, el propio Ejecutivo ya se comprometió con ETA el 23 de junio de 2006 a admitir la legalización de cualquier partido político, coalición de partidos o iniciativa política utilizando la expresión de "Izquierda Abertzale", pero nunca utilizando la terminología Batasuna o de cualquier otro partido ilegalizado. Esa fue la estrategia que posteriormente utilizó Batasuna cuando creó en 2009 Bateragune, siempre con el objetivo de unificar fuerzas políticas independentistas (Eusko Alkartasuna y Alternatiba) a través de una coalición de partidos, pero liderado por Batasuna y, consecuentemente, por ETA.

La Policía Nacional y la Guardia Civil lograron evitar esta nueva refundación de Batasuna en 2009, pero ETA tenía un "plan B". Este "plan B" consistía en utilizar el término "independientes" de la Izquierda Abertzale para liderar esa coalición de partidos independentistas que formarían EA, Alternatiba y la propia Batasuna. De hecho, según consta en el informe 31/2011 de la Guardia Civil, dentro de las diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional y que se siguen contra el aparato jurídico de ETA, en febrero de 2009 tuvo lugar una reunión entre ETA y la propia Eusko Alkartasuna para abordar la futura forma de presentarse a las elecciones, aunque se centraron en las elecciones europeas que iban a ser en junio de 2009 ya que a las autonómicas de marzo no les daba tiempo a presentar una estrategia electoral. Literalmente el acta de la reunión entre ETA y EA decía:

...La opción de ir juntos la Izquierda abertzale y Hosto –denominación de EA– en las Autonómicas tenía algunas cualidades que no tiene en las europeas, no tienen tanta capacidad para condicionar el panorama político. Pero las elecciones europeas tienen otras cualidades. Respecto a la forma se dice que la Organización no entrará. Que eso tienen que decidirlo la Izquierda Abertzale y Hosto. Se le dice que a nosotros, por una parte, nos parece que esa alternativa política tiene que ofrecer también una alternativa político-social como pueblo más allá de un sentido autodeterminista. Del mismo modo, respecto a la forma se dice que, en nuestra opinión –la de ETA–, puede basarse en una alternativa política programática que formarían diferentes sectores (trabajadores, agricultores, estudiantes, deportistas, del mundo cultural...) y después que Hosto y la Izquierda abertzale muestren su apoyo pero que hay tantas opciones como colores".

Y así lo hicieron con la coalición Iniciativa Internacionalista que finalmente pasó el filtro del Tribunal Constitucional a pesar de que el Tribunal Supremo los ilegalizara en mayo de 2009. Dicha coalición la forman Izquierda Castellana y Comuner@s y está compuesta por representantes y militantes de diversos partidos y movimientos sociales extraparlamentarios de izquierda y de distintos sindicatos, tal y como reflejaba literalmente el acta entre ETA y EA de febrero de 2009. Sin embargo, esta acta no se tuvo en cuenta en este proceso de ilegalización porque aún no se había incautado a ETA.

Los abogados de ETA y su entorno aprendieron de los errores anteriores y vieron que la fórmula de la coalición de fuerzas independientes había dado buen resultado en las elecciones europeas de 2009 al ser legalizados por el Tribunal Constitucional. Siguiendo las directrices de ETA y con el mismo esquema y estructura política que Iniciativa Internacionalista, se creó primero Sortu y después la coalición Bildu para las elecciones municipales de 2011, sabiendo que pasarían el filtro del Tribunal Constitucional. Posteriormente se haría lo mismo con Amaiur para las elecciones generales de 2011.

Bildu, Sortu y Amaiur y la propia Iniciativa Internacionalista ya son legales, gracias al Tribunal Constitucional. A día de hoy existen muchas más pruebas que en abril de 2011 no existían y que demuestran la clara contaminación de todas estas formaciones politicas por la propia Batasuna-ETA, pero el alto tribunal no las ha querido examinar. Cuando el Tribunal Constitucional legalizó a Bildu en sentencia de mayo de 2011, no tuvo en cuenta el acta entre ETA y EA fechada en febrero de 2009, en la que claramente se diseñó la forma en que la organización terrorista iba a estar en las instituciones. En la sentencia de mayo, el Tribunal Constitucional alegó literalmente:

... La lectura del propio informe y del acta en cuestión revelan que se aborda en esa supuesta reunión la posibilidad de un intento de colaboración entre la Izquierda Abertzale y Eusko Alkartasuna de cara a las elecciones autonómicas y europeas de 2009, que no llegó a consumarse.

Lo mismo ha pasado ahora con Sortu. Con ello ETA ya ha conseguido sus objetivos, que no son más que tener representación política y, paralelamente, aterrorizar con armas y bombas. En eso consiste el terrorismo de ETA, en "acumular fuerzas" en todos los ámbitos y lo ha logrado. El Tribunal Constitucional podía haber sido renovado en los seis meses de Gobierno que lleva el Sr. Rajoy para evitar esta infamia a las víctimas del terrorismo, pero parecía que era más importante salvar a entidades financieras, subirnos el IVA, subirnos los impuestos, bajarnos los sueldos, etc. La dignidad de las víctimas del terrorismo era secundaria...

"Nuestra gran lucha consistirá en impedir que quienes durante décadas han estado asesinando a los vascos demócratas vayan a convertirse, a la primera de cambio, en la próxima representación política de este país"
Desafío total
Raúl González Zorrilla Periodista Digitial 20 Junio 2012

Tras la legalización de Sortu, el gran drama para los demócratas es que prácticamente desde ya, los antiguos proetarras van a comenzar a hacer política como si sus orígenes totalitarios, su aliento terrorista, su ideología fanática, su intenso antiliberalismo, su antirracionalismo y su profundo carácter reaccionario no tuvieran ninguna importancia y como si los infinitos vítores que los integristas de la presunta nación vasca han otorgado a los asesinos no hubieran tenido ninguna importancia ni ninguna consecuencia en esta sociedad.

El nacimiento a la legalidad de “Sortu”, tutelado desde sus primeros momentos por ETA, avalado por el nacionalismo radical, acreditado por la izquierda más obtusa que existe en Europa y alentado por amplios sectores de la población vasca que siempre han estado más cerca de los verdugos que de las víctimas de éstos, va a revelar rápidamente, y así lo veremos durante los próximos meses, como la desmemoria, la mentira como herramienta de construcción de los consensos colectivos, la equidistancia fatua, el desmayo ideológico y la vacuidad de los valores contemporáneos, tratan de convertir la reciente historia del País Vasco en un escenario irreal en el que "ha habido sufrimiento por ambas partes”, en el que “todos tenemos que ceder” y en el que hay que ofrecer espacios para “la reconciliación”.

Frente a estas pretensiones que, en el fondo, lo único que pretenden es aplicar grandes dosis de impunidad sobre la responsabilidad de los terroristas, de los cómplices de éstos y de quienes siempre han vivido a la sombra de unos y de otros, el gran reto de los demócratas vascos ha de consistir en desenmascarar una vez tras otra a los proetarras de ayer, que a partir de ahora van a ser presentados públicamente como los hombres de paz del mañana. Nuestro gran reto va a centrarse en seguir manteniendo viva la memoria de las víctimas del terrorismo como único referente ético sobre el que será posible la convivencia en Euskadi. Nuestro combate ha de consistir en decir repetidamente que nuestro sistema de libertades se impone como moralmente superior a los planteamientos totalitarios e integristas de quienes presentan como único mérito el haber dejado de apoyar políticamente a una banda de psicópatas asesinos. Y nuestra gran lucha para los próximos años consistirá, sobre todo, en impedir que quienes durante décadas han estado despreciando, insultando, humillando y chantajeando a los vascos libres y demócratas vayan a convertirse, a la primera de cambio, en la representación política institucional de este país.

Los nacionalistas saben que la nueva Batasuna que acaba de nacer puede ser su gran aliado para alcanzar la mítica, irreal y tantas veces ensangrentada patria vasca que nunca existió. Cuentan con ello y cuentan con su apoyo, sea éste latente o evidente. Ante estas pretensiones, los hombres y mujeres que en el País Vasco defendemos la democracia liberal, la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la legalidad vigente como el gran territorio donde se conjuga el derecho de todos a la civilidad, deberemos, una vez más, estar atentos. Un fanático, un intransigente y un fascista no deja de serlo porque deje de matar o porque deje de apoyar a los que matan. Simplemente, pasa a ser un fanático, un intransigente o un fascista que dice no matar ni apoyar a los que matan. Al menos, por el momento.
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Otras voces
Joseba Arregi, EL CORREO,  20 Junio 2012

Como reconoce Slavo Zizek, nunca hay suficiente capital acumulado de rabia para proceder a la revolución, por lo que es necesario tomar prestado de o combinar con otras rabias: nacionales o culturales

En nuestro debate político más importante, el vinculado al terrorismo de ETA y sus consecuencias, existen dos tipos de referencias que apuntan más allá de la propia sociedad vasca: los expertos, mediadores, facilitadores, o lo que sea, empeñados siempre en ayudar a la causa de ETA/Batasuna, y los ejemplos que se buscan en otros países del mundo que pueden servir para entender lo que significa la opresión del terrorismo, o los ejemplos que pueden servir como espejo para el trabajo de memoria que nos espera, o nos debiera esperar.

Quizá sea conveniente buscar otro tipo de voces que reflexionan por escrito sobre estrategias y tácticas usadas en la historia de Europa para llevar a cabo la revolución marxista bajo el liderazgo de los partidos comunistas, sobre los problemas de la democracia, y sobre la exigencia de la memoria: a qué se refiere, qué es lo que implica, cuál es su contenido, sin que nada de ello esté referido directamente a nuestra pequeña, pero no menos trágica, historia.

Slavo Zizek afirma en uno de sus ensayos que la revolución más que obedecer a leyes de la historia, sucede en los intersticios de la historia, cuando, por circunstancias diversas, se abren determinadas oportunidades. Escribe: «Todas las revoluciones socialistas que han tenido éxito, desde Cuba a Yugoslavia, han seguido el mismo modelo, aprovechando la oportunidad en una situación crítica extrema, cooptando la liberación nacional o el ‘capital acumulado de rabia’». Lo escribe refiriéndose también al problema del sujeto de la revolución, un sujeto que no siempre coincide con las exigencias objetivas del modelo, y que por ello obliga a servirse de ese ‘capital acumulado de rabia’.

Con respecto a las oportunidades que brinda la historia escribe: «El caso de la excomunista Yugoslavia es típico: a través de la Segunda Guerra Mundial, los comunistas, de forma inmisericorde, hegemonizaron la resistencia contra las fuerzas alemanas de ocupación, monopolizando su papel en la lucha antifascista por medio de la destrucción de todas las fuerzas alternativas (¡burguesas!) de resistencia, mientras que, al mismo tiempo, negaban estrictamente la naturaleza comunista de su lucha (si alguien formulaba la sospecha de que tenían planes para hacerse con el poder y erigir una revolución comunista al final de la guerra, era rápidamente denunciado como propagandista del enemigo). Después de la guerra, una vez que se hicieron con todo el poder, las cosas cambiaron rápidamente y el régimen desplegó abiertamente su naturaleza comunista».

Como reconoce Zizek, nunca hay suficiente capital acumulado de rabia para proceder a la revolución, por lo que es necesario tomar prestado de o combinar con otras rabias: nacionales o culturales. En el fascismo predomina el componente nacional… ¿No debiéramos recordar de vez en cuando estas cosas para entender lo que ha venido sucediendo en Euskadi y lo que sigue sucediendo?

Analizando los problemas con los que se encuentra hoy la democracia en las sociedades capitalistas de mercado, Daniel Bensaïd escribe: «La respuesta debiera ser la de ‘laicizar la democracia’ para proseguir con la transformación de la cuestiones teológicas en cuestiones profanas y para cesar en el esfuerzo de reducir lo político a lo social en busca de una entidad mítica perdida. Una pretensión de este tipo de que lo social pueda absorber lo político completamente, de que una ‘gran sociedad’ mítica, una ‘comunidad’ primordial pueda ser alcanzada de nuevo, presupone una sociedad homogénea que se encuentra en contraste con la irreductible heterogeneidad de lo social… La negación de la política profana, con sus impurezas, falta de certezas, y convenciones inseguras, conduce inevitablemente de nuevo a la teología y sus jergas de gracia, milagros, revelaciones, arrepentimientos y perdones».

Creo que a todo esto se le llama en Euskadi construcción nacional, ‘Aitaren etxea defendatuko dut/defenderé la casa de mi padre’. La búsqueda permanente de la comunidad perdida, la celebración del día de la patria precisamente el Domingo de Resurrección, la incapacidad de comprender lo político –esfera pública y no hogar comunitario, ‘aitaren etxea’– confundiéndolo con un mito de sociedad –comunidad, incapacidad de entender que la democracia es gestión del pluralismo irreductible de lo social–.

Escribe muy acertadamente Jean-Luc Nancy: «Sociedad existe sólo en la medida en que existe exterioridad en las relaciones. En esta perspectiva, ‘sociedad’ solo comienza donde termina la ‘interioridad’, donde la vinculación por medio de la pertenencia étnica y las figuras totémicas o mitos terminan».

Queda el problema de la memoria, algo que se nos está convirtiendo en elemento inmanejable y explosivo. En un pasaje muy condensado y complicado de su estudio ‘El tiempo que resta’, el filósofo Giorgio Agamben, hablando de la exigencia con respecto a lo olvidado, escribe lo siguiente: «(…) el factor determinante es la capacidad de permanecer fiel a lo que, habiendo sido olvidado perpetuamente, tiene que permanecer inolvidable. Lo inolvidable exige permanecer con nosotros y ser posible para nosotros en cierta forma. La única responsabilidad histórica que me siento capaz de asumir es la de responder a esta exigencia. Si, por la razón que fuera, nos negamos a responder, y si, tanto a nivel individual como colectivo, dejamos escapar cada una y todas las relaciones con la masa de lo olvidado que nos acompaña como un silencioso ‘golem’, entonces reaparecerá en nosotros como una fuerza destructiva y perversa, en la forma que Freud llamaba el retorno de lo reprimido, es decir, como el retorno de lo imposible como tal».

El próximo presidente del Supremo será Juan Antonio Xiol, que votó a favor de la legalización de Sortu
Isabel Durán Periodista Digitial 20 Junio 2012

El presidente del Consejo General del Poder Judicial dimitirá el próximo jueves. Aunque oficialmente ha anunciado en el pleno extraordinario de este sábado que el día 21 hará pública una "postura rotunda y contundente", a algunos de sus más allegados les ha comunicado ya su decisión de dejar la jefatura del tercer poder del Estado.

Hoy ha hecho su aparición en el Consejo un Carlos Dívar visiblemente abatido que considera "insostenible" la situación, sin embargo, no quiere que el lunes, cuando se celebre solemnemente el bicentenario del Tribunal Supremo bajo la presidencia del Rey con la asistencia de los presidentes de las Cortes Supremas de Justicia de Iberoamérica, la noticia sea la dimisión del presidente del Alto Tribunal.

Aunque los viajes de Dívar no sean constitutivos de delito como dejó claro la Fiscalía General del Estado y posteriormente la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, el presidente del CGPJ se ha equivocado profundamente en la utilización de su cargo para aprovechar una veintena de viajes privados. Resulta inadmisible tal actuación en el ámbito de lo público, máxime cuando se ostenta el más alto cargo del uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho. Pero desde el Presidente del Gobierno anterior hasta el último ministro han estado haciendo uso privado de los medios públicos ante las denuncias de la oposición y de la Prensa y jamás nadie ha dimitido.

Por ello es necesario poner de manifiesto la execrable intromisión mediática en la vida privada sufrida por Dívar. Resultan ominosas las mofas y befas vertidas sobre su persona en algunos medios, que de haberse producido sobre cualquier otro personaje público y por otros medios no precisamente de izquierdas, habrían sido calificadas a todas luces cuanto menos de homófobas.

La salida de Carlos Dívar abre un nuevo escenario bicéfalo en la cúpula del poder judicial inédito en la democracia española. A partir del jueves el vicepresidente Fernando de Rosa, magistrado y ex director de justicia de la Generalitat valenciana con Francisco Camps se convertirá en el presidente en funciones del CGPJ. Por su parte, magistrado de Sala más antiguo del Tribunal Supremo, Juan Antonio Xiol, que preside la Sala Civil del Supremo a propuesta del denominado sector "progresista" será el presidente en funciones del Tribunal Supremo.

Xiol, que se adentró en la política de la mano de Fernando Ledesma con el cargo de director general de Relaciones con la Administración de Justicia cuando Felipe González llegó al poder, formó parte del propio CGPJ a propuesta del PSOE hasta 1996. José Luis Rodríguez Zapatero barajó su nombre como candidato a presidente del CGPJ cuando finalmente se decantó por Dívar. Y más recientemente encabezó el voto de los 7 magistrados que emitieron un voto particular a favor de la legalización de Sortu.

Dos presidentes en funciones para una misma jefatura del Poder Judicial, Xiol y De Rosa, ambos magistrados y que han formado parte de las administraciones central y autonómica con Partido Socialista y el Partido Popular, respectivamente. Una situación de interinidad que no genera precisamente estabilidad en los turbulentos momentos que atraviesa España y que debe ser resuelta a la mayor brevedad por el interés general.

Voces contra el Terrorismo
Alcaraz: 'ETA ha matado y secuestrado a tanta gente para estos objetivos'
 www.gaceta.es 20 Junio 2012

El presidente de Voces contra el Terrorismo, Francisco José Alcaraz, considera que, con decisiones como la del Tribunal Constitucional de legalizar a Sortu, ETA "está consiguiendo gran parte de sus objetivos" por los que "ha matado y secuestrado a tanta gente".

En declaraciones a Europa Press, Alcaraz ha dejado claro que la decisión de revocar la ilegalización de Sortu ha sido del Tribunal Constitucional, pero "los responsables políticos" son el actual Gobierno de Mariano Rajoy y el anterior Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. "La decisión forma parte de la hoja de ruta para legalizar al brazo político de ETA que acordó el PSOE --ha explicado--.

Pero el PP es corresponsable porque no ha hecho nada para impedirlo y ha mantenido durante seis meses un tribunal que a todas luces iba a legalizar Sortu". Para el expresidente de la AVT, esta decisión demuestra que la justicia no está en manos de los jueces, sino "de decisiones políticas de magistrados que sirven al poder político de turno". Y además, representa "un paso atrás" en la lucha antiterrorista. Ante esto, ha augurado que en los próximos meses el Ministerio del Interior seguirá aplicando su "siniestro" plan de reinserción de presos terroristas.

"El actual Gobierno cargará las responsabilidades sobre el Tribunal Constitucional, pero no tienen legitimidad moral para criticar la sentencia ni oponerse porque son los responsables de que este tribunal siga existiendo", ha reprochado.

'Crónica de una muerte anunciada'
Jiménez Becerril denuncia la 'humillación' a las víctimas
EP www.gaceta.es 20 Junio 2012

La eurodiputada del PP Teresa Jiménez Becerril ha asegurado este miércoles que la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar Sortu es una "malísima noticia" para las víctimas del terrorismo y para la sociedad española. Eso sí, ha admitido que no le ha sorprendido porque, después de lo que ocurrió con Bildu, era la "crónica de una muerte anunciada".

"Es una humillación para las víctimas y no entiendo que voluntad hay de favorecer al entorno de ETA. Es una normalización a marchas forzadas", ha declarado a Europa Press la hermana del concejal Alberto Jiménez Becerril, asesinado por ETA.

Tras recalcar que ETA no ha abandonado las armas ni se ha disuelto, la eurodiputada ha indicado que la decisión del Tribunal Constitucional de legalizar Sortu es "una bofetada", "no sólo a las víctimas, sino a la mayoría de los ciudadanos".

Además, ha criticado que el Constitucional haya anulado una vez más una sentencia del Supremo (como hizo con Bildu). "Hay algo que no funciona porque el TS es el máximo órgano y el TC tendría que dar por bueno lo que ha dicho el Supremo", ha concluido.

La AVT denuncia
'El PP ha llevado a cabo el final de la negociación de Zapatero con ETA'
EFE www.gaceta.es 20 Junio 2012

La presidenta de Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Ángeles Pedraza, ha señalado hoy que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que permite la inscripción de Sortu como partido político supone que el PP "ha llevado a cabo" el final de la negociación que hizo el Gobierno socialista con ETA.

En declaraciones a Efe, Pedraza ha afirmado que el hecho de que el TC haya estimado hoy el recurso de Sortu contra la decisión del Tribunal Supremo de prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos estaba en la "hoja de ruta" de la negociación del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA y que "el gobierno del PP la ha llevado a cabo".

"Aunque el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, asegurara ayer que no se iba a negociar con la banda terrorista, la decisión sobre Sortu es una cesión más", ha asegurado Pedraza.

"Era lo último prometido, que Sortu fuera legalizada", ha concluido.

Pedraza ha opinado que el hecho de que el Gobierno y el PSOE no hayan renovado a los miembros del Tribunal Constitucional hasta que se conociera esta sentencia "suena a pacto".

Con el fallo, se da "un paso más para que ETA consiga" el final "fraudlento a su medida", legitimando su proyecto político y cometiendo "un acto de humillación sin precedentes hacia las víctimas del terrorismo", afirma la AVT en un comunicado.

Con la legalización de Sortu "ya no hay marcha atrás", afirma la AVT, para quien "Batasuna-ETA volverá a las instituciones democráticas que tanto han atacado sin disfraces ni caretas".

El fallo del TC supone a su juicio un "paso más" en una tendencia que se ha producido en las últimas semanas y por la que "las instituciones están más preocupadas por satisfacer las demandas de los terroristas que en preocuparse en conseguir Justicia para las víctimas".

Ante esta situación, la AVT pregunta al Gobierno y al resto de fuerzas políticas "hasta dónde van a llegar las concesiones" y asegura que hoy la derrota incondicional de ETA "está más lejos que nunca".

Sin embargo, advierte de que desde la AVT no se no van a dejar de luchar para conseguir "la derrota total de los terroristas".

Reacciones a la decisión del Tribunal Constitucional
La AVT denuncia que la legalización de Sortu sigue la 'hoja de ruta' pactada por Zapatero
Europa Press | Madrid El Mundo 20 Junio 2012

Tras la legalización de Sortu, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) considera que el Gobierno de Mariano Rajoy sigue la "hoja de ruta" pactada con el ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero en materia antiterrorista y ha retrasado la renovación del Tribunal Constitucional hasta que éste tomara la decisión de la formación abertzale.

La presidente de la AVT, Ángeles Pedraza, ha recibido con pesar la decisión del alto tribunal de anular la sentencia del Supremo que prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior.

"Ya queda claro que estaba todo pactado con Zapatero y su Gobierno y ha dejado la hoja de ruta a este Gobierno para que termine de rematar", ha criticado la presidenta del principal colectivo de víctimas en declaraciones a Europa Press.

De hecho, Pedraza cree que el Ejecutivo y el PSOE han tenido paralizada la renovación del Tribunal Constitucional -varios de cuyos miembros llevan años con el mandato caducado- hasta obtener una sentencia favorable para la formación abertzale.

Por ello, se ha dirigido directamente al actual Ejecutivo para preguntarle si "va a haber más" noticias "negativas" en materia antiterrorista y ha reconocido que, pese a sus deseos, sí espera pasos del Ministerio del Interior contrarios a la voluntad de las víctimas.

Voces contra el Terrorismo
La asociación Voces contra el Terrorismo (VCT) ha opinado que la sentencia supone "una traición en toda regla a las víctimas del terrorismo y a los españoles".

Su presidente, Francisco José Alcaraz, ha dicho a Servimedia que esta decisión constituye "un retroceso en la lucha antiterrorista" y lo contrapuso a lo que significó en su momento la ilegalización de Batasuna. Además, ha estimado que legalizar a Sortu es "otro pago más a ETA para mantener la libertad vigilada que declaró el pasado mes de octubre", en referencia al anuncio de la banda terrorista de fin de sus atentados.

Policías: nació del plan de de ETA
Por otra parte, los sindicatos policiales han insistido en que los informes de las fuerzas de seguridad demuestran que Sortu nació de la estrategia política de ETA y han acusado al presidente del Gobierno de seguir el plan consensuado con la banda por Zapatero.

En declaraciones a Europa Press, los dirigentes del Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Confederación Española de Policía (CEP) han censurado que la decisión del Tribunal Constitucional "tira por la borda" meses de trabajo de la Policía y la Guardia Civil, que demostraron que Sortu nació "de la estrategia del brazo político" de ETA.

El secretario general del SUP, José María Sánchez Fornet, ha reconocido acoger "con mucha decepción" lo que considera una decisión "más política que judicial" sobre la legalización de Sortu, además de suponer "una desautorización" al trabajo de las fuerzas de seguridad.

De la misma forma, el portavoz de la CEP, Lorenzo Nebreda, ha advertido de que en la lucha antiterrorista "no sólo se ha perdido una batalla, sino que se está perdiendo la guerra". ebreda ha incidido en la división mostrada en el seno del Alto Tribunal, lo que demuestra que "hay muchas dudas". "Y eso hay que hacérselo ver por mucho Estado de Derecho que somos", ha reivindicado.

PESE A LAS NEGOCIACIONES DE LAS ÚLTIMAS HORAS, EL FALLO HA SIDO MUY DIVIDIDO: SEIS A CINCO
El TC legaliza Sortu contra el criterio del Supremo y le permitirá ir a las elecciones
C. Fonseca El Confidencial 20 Junio 2012

El Tribunal Constitucional ha decidido revocar la sentencia del Supremo y legalizar Sortu por seis votos contra cinco, según ha sabido El Confidencial de fuentes de toda solvencia. Las reuniones de las últimas horas buscaban conformar una mayoría más amplia que la mínima que se dio para avalar a Bildu en mayo del año pasado, algo que finalmente no ha sido posible.

Pese a que el Supremo dejó claro que Sortu era “continuación de Batasuna” y por tanto de la marca ETA, el ponente del Constitucional entiende que no hay argumentos suficientes que lo demuestre. El TC vuelve a revocar así una sentencia de la Sala 61 del Tribunal Supremo, que no permitió la inscripción de Sortu en el registro de partidos.

De este modo, y con un Constitucional de mayoría progresista y presidido por Pascual Sala porque ni PP ni PSOE han sido capaces de abordar su renovación, el máximo tribunal da luz verde a la presentación de Sortu a las próximas elecciones autonómicas vascas, que aún no tienen fecha decidida aunque todo apunta a que serán adelantadas al próximo otoño por el lehendakari Patxi López.

La argumentación del fallo para legalizar Sortu se basará, precisamente, en los argumentos que el TC empleó para legalizar Bildu, entonces, y al igual que ahora, por una exigua mayoría de 6 a 5.

El ‘choque’ entre TC y Supremo ya va siendo una tradición en el mundo de la Justicia. El TS, el 23 de marzo de 2011 impidió a Sortu presentarse a las elecciones al considerarla heredera de la ilegalizada Batasuna. Por un estrecho margen de nueve votos a favor y siete en contra, y tras más de doce horas de deliberaciones, la Sala del 61 concluyó que Sortu era la marca de ETA para conseguir estar presente en las instituciones. En una decisión sin precedentes, tres magistrados firmaron votos particulares discrepantes del fallo. Ahora, el TC vuelve a dar vía libre a su presentación a las elecciones vascas.

Precisamente esta mañana, el ex secretario de Estado de Interior y portavoz del Grupo Popular de Reglamento en el Congreso, Ignacio Astarloa, advertía sobre la posible revocación de la ilegalización de Sortu por parte del TC: “Espero que en esta ocasión el cartero Pascual Sala-presidente del TC- y el Tribunal Constitucional no llame dos veces. La sentencia del TC sobre Bildu fue un perfecto disparate que venía a revocar una sentencia razonable y puesta en derecho por el Tribunal Supremo. Fue una sentencia que hizo mucho daño a la ley más importante contra el terrorismo, que fue la ley de partidos", ha sentenciado en un acto de FAES.

Otegi ya tiene partido para las elecciones tras el varapalo del Constitucional al Supremo
La mayoría 'progresista' del Constitucional legaliza Sortu
EUROPA PRESS www.gaceta.es 20 Junio 2012

Por seis votos -todos ellos de magistrados nombrados por el PSOE- a cinco, el Constitucional anula la sentencia del Supremo y permite a la formación abertzale del preso por enaltecimiento del terrorismo Arnaldo Otegui concurrir a las próximas elecciones que se convoquen.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado por seis votos a cinco la sentencia del Tribunal Supremo que en marzo de 2011 prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, lo que supone 'de facto' la legalización de la formación abertzale, han informado fuentes jurídicas.

El fallo declara vulnerado el derecho de asociación de los recurrentes en su vertiente de libertad de creación de partidos políticos (artículo 22 de la Constitución) y restablece en sus derechos a los promotores de Sortu, reconociendo su derecho a la inscripción de dicho partido en el Registro de Interior. Pese a que el recurso ha salido adelante con una estrecha mayoría, según las mismas fuentes, lo único que ha trascendido de forma oficial es que tres magistrados habrían anunciado la presentación de voto particular discrepante. Se trataría de Javier Delgado, Manuel Aragón y Ramón Rodríguez-Arribas.

Estos tres magistrados, junto a Luis Pérez de los Cobos y Francisco Hernando, todos ellos del denominado "sector conservador" del tribunal de garantías, son los que votaron en contra de la sentencia del que permitió la participación de Bildu en las elecciones municipales de 2011. Si este mismo esquema se traslada al Pleno celebrado este miércoles, los magistrados que habrían validado la legalización de Sortu serían, además de la ponente de la sentencia, Elisa Pérez Vera, los magistrados Pablo Pérez Tremps, Luis Ortega, Adela Asúa y también el presidente y el vicepresidente del Tribunal, Pascual Sala y Eugeni Gay, todos propuestos por el PSOE.

En los próximos días se conocerá el contenido de la sentencia y los votos particulares, a los que se pueden adherir los magistrados que han votado en contra de la legalización.

Argumentos del Supremo
El Tribunal Supremo prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Interior con el voto de nueve magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, por considerarlo sucesor de la ilegalizada Batasuna. Otros siete magistrados suscribieron un voto particular contrario al veto. Muchos de los argumentos de este voto particular son los que han sido acogidos por el tribunal de garantías, que ha dado los apoyos necesarios a la segunda versión de la ponencia que ha correspondido a la magistrada de tendencia progresista Elisa Pérez Vera, según las mismas fuentes.

Rechazo de violencia en los estatutos
Para la mayoría del supremo, la nueva formación pretendía suceder en su actividad a la ilegalizada Batasuna utilizando una estrategia fraudulenta que fue diseñada por ETA en 2009. Por contra, los discrepantes redactaron un voto particular conjunto en el que mostraron su profunda discrepancia con la mayoría y señalaron que Sortu había rechazado la violencia en los estatutos que presentó al Registro. El tribunal de garantías ha llegado a una conclusión sobre Sortu tras incluir este asunto por tercera vez en su orden del día.

En la primera ocasión, a finales del pasado mes de mayo, la discusión quedó aplazada después de que el Pleno emitiera un comunicado anunciando la adopción de "medidas drásticas" si no se producía la renovación pendiente de este órgano que debe realizar el Congreso de los Diputados. El asunto comenzó a discutirse en el Pleno de principios de mayo, y tras la presentación una nueva ponencia por la magistrada Pérez Vela ha podido concluirse finalmente este miércoles. El recurso de amparo lo firmó el abogado de la formación, Iñigo Iruín, quien en su día se mostró "esperanzado" de que su demanda prospere.

Explicó que sus motivos se basan en los argumentos que del voto particular que suscribieron los siete magistrados del Supremo y también en la resolución del propio TC que permitió a la coalición Bildu concurrir a las elecciones municipales de mayo de ese año. No obstante, existen diferencias respecto a los derechos fundamentales presuntamente vulnerados respecto de ambas formaciones. En el caso de Bildu se alegó ante el Constitucional una vulneración del derecho de sufragio pasivo, que fue admitida por el tribunal de garantías, mientras que en el de Sortu se alega violación del derecho de asociación, y concretamente el de creación de un nuevo partido político, que es el que finalmente se ha considerado vulnerado. A

Apoyos progresistas a Bildu
Con respecto a Bildu, hay que recordar que el Constitucional revocó la sentencia del Supremo que impedía su concurrencia en los comicios locales de 2010 con el respaldo de seis de los siete magistrados denominados del "sector progresista" de este órgano. Otros cinco magistrados votaron en contra de este apoyo a la formación abertzale. En este caso, el tribunal de garantías consideró que el Supremo vulneró el derecho a la participación política de la coalición integrada por EA, Alternatiba e "independientes" de la izquierda abertzale, consagrado en el artículo 23 de la Constitución.

España
El Tribunal Constitucional «legaliza» Sortu por seis votos frente a cinco
La sentencia que permitirá la inscripción del partido en el registro del Ministerio del Interior contará con tres votos particulares
Nieves Colli / madrid ABC 20 Junio 2012

El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de Sortu y permitirá la inscripción de este partido de la «izquierda abertzale» en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior. La decisión ha salido adelante por la mínima (por seis votos a cinco) y corrige a la «Sala del 61» del Tribunal Supremo, que entendió que Sortu era el proyecto político de ETA. También es contraria al criterio manifestado por la Fiscalía, que se opuso a la estimación del recurso de amparo por el TC.

Fuentes del Tribunal han indicado que, según la resolución votada hoy por el Pleno del TC, la declaración contraria a la violencia terrorista que se hace en los estatutos del nuevo partido es un elemento clave que debe ser tenido en cuenta para permitir la legalización de Sortu. Según los seis magistrados que integran la mayoría del TC (Pascual Sala, Eugeni Gay, Pablo Pérez Tremps, Adela Asúa, Luis Ortega y la ponente, Elisa Pérez Vera), la denegación de la inscripción de Sortu en el Registro de Interior vulneró el derecho constitucional de asociación de sus promotores.

El texto íntegro de la sentencia y de los tres votos particulares anunciados por los magistrados Manuel Aragón, Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas no se conocerán hasta los próximos días. La división del Tribunal es la misma que se produjo cuando el TC estimó el recurso de amparo presentado por Bildu y permitió a esa formación política participar en las elecciones municipales de 2011, en las que obtuvo muy buenos resultados.

El Tribunal Supremo prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Interior con el voto de nueve magistrados de la «Sala del 61» del Supremo, por considerarlo sucesor de la ilegalizada Batasuna. Otros siete magistrados suscribieron un voto particular contrario al veto. Sortu «ha sido gestada por ETA», es simplemente «la concreción, una vez más, de una estrategia fraudulenta puesta en marcha precisamente desde la propia ETA en connivencia con la cúpula de Batasuna», aseguraba la sentencia dictada por la mayoría de la «Sala del 61».

«Estamos -añadía el Supremo- ante una nueva manifestación de enmascaramiento o disfraz del complejo ETA-Batasuna para conseguir su real participación en la vida política».

SORTU, POR 6 VOTOS A 5
El Tribunal Constitucional legaliza la nueva Batasuna-ETA
El fallo ha sido adoptado por un TC dividido: la decisión cuenta con tres votos discrepantes. Sortu podrá concurrir a las próximas elecciones vascas.
ÁNGELA MARTIALAY Libertad Digitial 20 Junio 2012

El Tribunal Constitucional ha legalizado este miércoles la formación proetarra Sortu por seis votos a favor y cinco en contra. El Pleno estima así el recurso de amparo presentado por los batasunos al entender que el Tribunal Supremo vulneró su derecho fundamental de asociación, en la vertiente de partidos políticos, cuando le impidió inscribirse en registro del Ministerio del Interior en 2011.

El tribunal adelanta este miércoles el fallo aunque la resolución íntegra se dará a conocer en los próximos días. La sentencia mayoritaria contará con tres votos discrepantes de los magistrados Manuel Aragón, Ramón Rodríguez Arribas y Javier Delgado. También han votado en contra de dar carta blanca a Sortu los magistrados Francisco Hernando y Francisco Javier Pérez de los Cobos. Todos los magistrados contrarios a la legalización de Sortu pertenecen al denominado 'sector conservador' de este órgano.

A favor de la legalización de Sortu han votado Pascual Sala (presidente), Eugeni Gay (vicepresidente) Pablo Pérez Tremps, Elisa Pérez Vera (ponente), Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega.

Se trata de los mismos magistrados que legalizaron a la coalición Bildu hace justo un año. De esta forma, el Constitucional anula la resolución de la Sala del 61 del Supremo. La legalización de Sortu era la 'patata caliente' que tenía que resolver el Constitucional antes de que PP y PSOE llegaran a un acuerdo para renovar al guardián de la Carta Magna.

Tanto Gobierno como oposición se comprometieron a reemplazar a los tres magistrados que actualmente trabajan en la interinidad –Pérez Vera, Gay y Delgado-, junto con la plaza del fallecido Roberto García Calvo, antes del próximo 31 de junio. Por esta razón, el presidente Pascual Sala quería fallar sobre Sortu lo antes posible.

En marzo de 2011, esta formación fue ilegalizada por el Tribunal Supremo por ser "la plasmación del designio de Batasuna de constituir un nuevo partido político para que le suceda en su actividad". Para llegar a esta conclusión, la Sala del 61 del TS –por primera vez dividida en torno a la ilegalización de un partido político- utilizó como material probatorio documentos incautados por las Fuerzas de Seguridad del Estado a ETA y a miembros de la antigua Batasuna.

Los jueces del Supremo señalaron entonces que "si permitiéramos que Batasuna o los otros partidos ilegalizados 'resucitasen' a la vida jurídica y tomaran parte activa de la vida política estaríamos quebrantando la propia Constitución española". Así, se le impidió al partido proetarra concurrir a las pasadas elecciones municipales del País Vasco.

Con este fallo, el TC permite a Sortu inscribirse en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior de cara a las próximas elecciones vascas que se celebrarán previsiblemente en el año 2013. Para adoptar esta decisión, el Constitucional ha tenido en cuenta los criterios jurídicos que ya estableció cuando avaló a la formación Bildu.

El Constitucional vuelve a enmendar la plana al Supremo y legaliza Sortu por seis votos a cinco
Tres de los cinco magistrados contrarios a la legalización de la formación heredera de ETA-Batasuna han emitido votos particulares
EPLa Voz Libre 20 Junio 2012

Madrid.- El Constitucional ha vuelto a enmendar la plana al Supremo, al igual que sucedió con la legalización de Bildu. El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha anulado por seis votos a cinco la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que en marzo de 2010 prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, lo que supone de facto la legalización de la formación abertzale heredera de ETA-Batasuna, han informado fuentes jurídicas.

El Tribunal Supremo prohibió la inscripción de Sortu en el Registro de Interior con el voto de nueve magistrados de la Sala del 61 del Tribunal Supremo, por considerarlo sucesor de la ilegalizada Batasuna. Otros siete magistrados suscribieron un voto particular contrario al veto.

Muchos de los argumentos de este voto particular son los que han sido acogidos por el tribunal de garantías, que ha dado los apoyos necesarios a la segunda versión de la ponencia que correspondió a la magistrada de tendencia progresista Elisa Pérez Vera, según las mismas fuentes.

Para la mayoría del supremo, la nueva formación pretendía suceder en su actividad a la ilegalizada Batasuna utilizando una estrategia fraudulenta que fue diseñada por ETA en 2009. Por contra, los discrepantes redactaron un voto particular conjunto en el que mostraron su profunda discrepancia con la mayoría y señalaron que Sortu había rechazado la violencia en los estatutos que presentó al Registro.

El fallo ha tenido también en cuenta los argumentos dados en su día por el TC que permitieron a la coalición Bildu concurrir a las elecciones municipales de 2009, igualmente por seis votos a cinco. En este caso, el tribunal de garantías consideró que el Supremo vulneró el derecho a la participación política de la coalición integrada por EA, Alternatiba e "independientes" de la izquierda abertzale, consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Tres de los cinco magistrados contrarios a la legalización de la formación heredera de ETA-Batasuna han emitido votos particulares

Cataluña
Prat pagó 695.000 euros de dinero público de forma ‘injustificada’ a un ex director del Servicio Catalán de Salud
Carles Manté, cuando era director del Catsalut, promovió una concesión de 348 millones para al Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC). Tras abandonar el cargo, cobró 695.000 euros por servicios de ‘consultoría estratégica’ -sin conocerse contrapartida alguna- a Innova (empresa accionista del CSC) que entonces estaba dirigida por Josep Prat. Prat es el actual presidente del Instituto Catalán de Salud (ICS) y está siendo investigado por la Oficina Antifraude por un caso de presunta incompatibilidad de cargos.
Redacción www.vozbcn.com  20 Junio 2012

Carles Manté, director del Servicio Catalán de Salud (CatSalut) entre enero de 2004 y diciembre de 2006, cobró inmediatamente después de dejar el cargo y durante más de cuatro años 13.000 euros mensuales al holding municipal del Ayuntamiento de Reus Innova -que agrupa una docena de empresas- en concepto de ‘honorarios’ por servicios de ‘consultoría estratégica’ que el Consistorio considera injustificados.

En ese tiempo, Manté facturó de esta forma un total 695.000 euros (838.000 euros, si se incluye el IVA) a través de la empresa CCM Estratègies i Salut, de la que también es accionista su esposa, según ha publicado este martes El País.

Una auditoría investiga el caso
Tras el relevo de Lluís Miquel Pérez (PSC) por Carles Pellicer (CiU) al frente del Consistorio tarraconense en junio de 2011, Innova decidió devolver las facturas que Manté seguía enviando a la empresa municipal por considerar que estas eran ‘injustificadas’, unos pagos que Pérez ha asegurado que desconocía.

En diciembre de 2011, el Ayuntamiento encargó una auditoría sobre Innova al constatar que acumulaba una deuda de 202 millones de euros. Fuentes del Consistorio han asegurado que “no han encontrado trabajos que justifiquen las facturas [de Manté] ni su importe”.

Intereses comunes entre Josep Prat y Carles Manté
Durante esos años, el director general de Innova fue Josep Prat, actual presidente del Instituto Catalán de la Salud (ICS). Prat, que recibía un sueldo de 280.000 euros anuales (y un Audi A6) de Innova, dejó ese cargo en enero pasado, tras conocerse que la autonómica Oficina Antifraude había iniciado una investigación por posibles incompatibilidades en el ejercicio de sus responsabilidades públicas.

Hasta entonces, y desde 2009, Prat también ostentaba la Vicepresidencia del grupo sanitario privado USP Hospitales. Y hasta 2011 fue vicepresidente del Consorcio de Salud y Social de Cataluña (CSC), entidad pública que agrupa a ayuntamientos y entidades locales.

Por otra parte, Manté fue directivo del CSC hasta que la consejera de Salud del tripartito, Marina Geli (PSC), le nombró director del CatSalut en enero de 2004.

Una vez en el Catsalut, en junio de 2005, Manté encargó al CSC impulsar el centro sociosanitario de Cotxeres de Borbó, en Barcelona, inaugurado en 2011, que gestionará 348 millones de euros procedentes de la Generalidad mediante una concesión administrativa a 30 años, con un impacto económico directo en el holding Innova, que es accionista de CSC y comparten directivos, y al que Manté facturó cerca de 700.000 sin conocerse contrapartida alguna.

Múltiples cargos de responsabilidad en la sanidad autonómica
En febrero pasado, tras conocerse la renuncia de Prat a la dirección de Innova, Manté dimitó como presidente de la Corporación de Salud del Maresme y la Selva (CSMS) alegando motivos personales.

En su dilatada trayectoria profesional ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en la sanidad pública catalana, destacando el de director general del Consorcio Hospitalario de Cataluña entre 1986 y 2004; presidente del Consorcio Sanitario del Maresme; presidente de la Fundación del Hospital San Pablo; y, entre 1979 y 1984, teniente de alcalde y concejal de Sanidad y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mataró con el PSC.

Las presuntas tramas corruptas de la sanidad autonómica
El entramado de intereses económicos entrecruzados a través de empresas públicas y privadas del sector sanitario en Cataluña que ha generado pingües beneficios a sus directivos es inabarcable. En los últimos meses se han conocido diversos casos de presunta corrupción en este ámbito. Además del caso Prat, destacan otros que afectan al diputado autonómico de CiU Xavier Crespo; al ex gerente adjunto del Hospital de San Pablo de Barcelona, Ricard Gutiérrez Martí; y al ex alcalde de Calella con CiU y presidente del Grupo Serhs, Ramon Bagó.

En todos ellos se reproduce el mismo esquema: la Administración -autonómica o local- financia entes públicos que cuentan con gran autonomía de gestión que, a su vez, adjudican importantes contratos a gestores sanitarios privados.

CiU evita valorar estos casos
Preguntado por estos hechos, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), ha señalado este martes que lo hechos que han trascendido sucedieron en “una época en que había otro Gobierno [autonómico] y el Ayuntamiento de Reus era también de otro color político”. Homs ha asegurado que “a fecha de hoy” funcionan todos “los filtros” para evitar casos de desvío de dinero público y se ha mostrado convencido de que “en este caso concreto, todos los instrumentos que tengan que operar, operarán, y que todo lo que se tenga que saber, se sabrá“.

La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) ha denunciado estos hechos ante la Fiscalía y ante el Tribunal de Cuentas. “Podemos estar ante un escándalo de importantes dimensiones, y más teniendo en cuenta la situación de crisis y recortes de derechos y servicios que padecemos”, ha declarado el portavoz del grupo municipal de la CUP en Reus, David Vidal.

FUE CREADA EN 2011
Sortu: la marca de ETA que nació de la negociación
Los batasunos querían presentar el partido a las elecciones municipales y forales de mayo de 2011.
J. Arias Borque Libertad Digitial 20 Junio 2012

Destrozados por la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado todos los intentos de reconstruir Batasuna, los responsables del brazo político de ETA comenzaron a trabajar en septiembre de 2010 en la construcción de una nueva formación política que les permitiese regresar a las instituciones.

En ese momento, contaron con la complicidad de un Gobierno, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, que venía de negociar políticamente con la banda terrorista, en la que le había ofrecido a ETA la legalización de su brazo político. Además, había influido todo lo posible en el TC para que permitiese la participación en las elecciones europeas de 2009 de Iniciativa Internacionalista, una coalición de partidos de extrema izquierda extraparlamentaria que acogió en su seno a candidatos batasunos. De hecho

Para superar todos los obstáculos y, especialmente, la Ley de Partidos, la creación de los estatutos de este nuevo partido recayó en Iñigo Iruin, un veterano abogado que defendió a terroristas de ETA en la Audiencia Nacional, fue miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, senador de HB durante cuatro años en la Cámara Alta, diputado HB en el Parlamento vasco durante casi una década, y asesor del por entonces jefe de ETA, Eugenio Etxebeste Antxon, en las negociaciones de Árgel de 1989.

El nuevo partido fue presentado oficialmente el 7 de febrero de 2011 en el Palacio Euskalduna de Bilbao, teniendo como padres de la ceremonia al propio Iruin y a Rufino Etxeberria, un veterano dirigente de HB-EH-Batasuna conocido por defender durante los años noventa la aprobación de la ponencia Oldartzen (Embistiendo), que abogaba por la socialización del sufrimiento. Es decir, propugnaba el asesinato por parte de ETA de políticos, jueces, fiscales o periodistas, entre otros.

Para superar el obstáculo al que se enfrentan todas las marcas electorales de ETA, la Ley de Partidos, los estatutos de Sortu tuvieron importantes novedades, como el rechazo a todo tipo de violencia "sin ambages", incluida la de ETA, y un cambio absoluto en el modelo organizativo.

También, abogaban por "el reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas". Es decir, en la línea del discurso proetarra comparaban a las víctimas del terrorismo con los etarras que ingresan en prisión y colocaban en un plano similar el terrorismo de ETA y la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pese a los cambios en los estatutos y el rechazo de la violencia, la nueva formación nació con claros indicios de ilicitud, debido al alto número de veteranos dirigentes de HB-EH-Batasuna, cabecillas de candidaturas que fueron ilegalizadas y recientes cargos públicos de PCTV-ANV que habían respaldado sus actos de constitución y presentación; a su negativa a condenar la historia terrorista de ETA; y su negativa a pedir a la banda su disolución y la entrega de sus armas.

Esos indicios y otros más que fueron recogidos por los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional sirvieron de prueba al Tribunal Supremo para ilegalizar a la formación, por ser sucesora de HB-EH-Batasuna, en marzo de ese año. Por ello, Sortu no puedo ser la marca electoral de ETA en las elecciones municipales y forales de mayo de 2011. Desde entonces, estaba pendiente el recurso en el Tribunal Constitucional.

Hablan las víctimas: «No puedo perdonar»
Este martes se cumple un cuarto de siglo de la mayor matanza de ETA: el atentado de Hipercor, en Barcelnoa. Causó 21 muertos y 45 heridos. Las heridas, de todo tipo, siguen abiertas
janot guil / barcelona ABC Cataluña 20 Junio 2012

A las 16.08 horas del viernes 19 de junio de 1987 estalló un coche bomba colocado por ETA en el parking del supermercado Hipercor de la ciudad de Barcelona. En plena hora punta de compras aceleradas en el pórtico del fin de semana. Murieron 21 personas y otras 45 resultaron heridas. Este martes se cumplen 25 años de aquella matanza. El atentado más sangriento que ha cometido la banda terrorista.

Veinticinco años después, muchas heridas de aquella masacre siguen abiertas. Las víctimas supervivientes —las que estuvieron en el lugar de los hechos y lograron contarlo y las que enterraron a familiares en aquel supermercado— suman a su dolor el calvario del laberinto burocrático y judicial que han tenido que atravesar para cobrar indemnizaciones y ayudas —algunos aún sin éxito— y los recelos y recuerdos que les asaltan ahora. Por el 25 aniversario, que lo remueve todo, y por el panorama de incertidumbre que se abre tras el comunicado de ETA del pasado octubre en el que anunciaba el cese definitivo de la actividad armada.

Uno de los que resume la tragedia es Roberto Manrique, de 49 años, que trabajaba de carnicero en Hipercor cuando el atentado y que resultó herido grave por quemaduras y con una hepatititis crónica provocada por una infección durante su tratamiento. Ha sido la cara visible de muchas de las víctimas por su tarea de 24 años en su defensa y presidió durante años la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT). Y ha sido noticia esta misma semana. El pasado viernes acudió a la prisión alavesa de Zaballa para verse las caras con Rafael Caride, el etarra que introdujo el coche bomba en Hipercor, en un encuentro enmarcado en el programa de reinserción de presos disidentes de ETA que impulsa el Ministerio de Interior. Caride, que fue expulsado de ETA en 2010 por actuar fuera de la disciplina, mandó una carta a Manrique en 2011, el prólogo a la cita del viernes, un tipo de encuentros de las que algunas víctimas abominan. «Respeto su opinión —indica Manrique—, pero no la comparto. Yo creo que estas reuniones contribuyen a la división entre los etarras y solo por eso ya son positivas».
El fatídico 19-J

A la salida del penal alavés, Manrique explicó que Caride reconoció su culpa pero no pidió perdón. Por el significado religioso que conlleva esa palabra, alegó el etarra. «Perdón» es una palabra que sale a colación cuando se habla con las víctimas; un vocablo que muchos rechazan de plano. «No es momento de hablar del perdón. Los terroristas no están arrepentidos, están vencidos. Han perdido el apoyo social», explica a ABCMaría José Olivé, de 68 años, que perdió a su marido, Xavier, en el atentado. Y cuando se le mienta la amnistía que reclaman algunos etarras, esta profesora jubilada se atreve con la comparación: «Concederles la amnistía sería poner una bomba al Estado de Derecho». «Que rechacen la violencia, que se disuelvan y que entreguen las armas», exige María José como paso previo a hablar de futuro.

Hablan las víctimas: «No puedo perdonar»
Roberto Manrique, superviviente de la bomba etarra de Hipercor

Mismo sentir expresa Marga Labad, de 49 años, que perdió a su madre Lluïsa aquel fatídico 19-J. Fue a comprar y ya no volvió. «No puedo perdonar», afirma Marga, quien se muestra muy pesimista a la hora de augurar un final posible de ETA. «Después del atentado estuve viviendo un tiempo en Baztán (Navarra). Me fui allí para intentar entender qué pasaba. Y llegué a la conclusión de que no hay nada que entender, que tienen el odio impregnado, desde Guernica, desde el franquismo...»

Al recordar su «día D», María José y Marga coinciden en señalar que aquel atentado, por su magnitud y por el blanco elegido —no era la primera vez que ETA mataba civiles pero sí de manera masiva— pilló a todos desprotegidos. A los responsables de la seguridad censurados por la Justicia —las fuerzas policiales no desalojaron el supermercado tras tres llamadas de aviso e intentaron buscar el artefacto explosivo—, a la población y a las víctimas. Al poco de la bomba, estalló la incredulidad.

«Yo creí que había explotado una nevera de la carnicería. Ya en el hospital, cuando me llevaban al quirófano, oí decir a un médico: “Los hijos de puta de ETA han puesto una bomba en el Hipercor”. Así me enteré», relata Roberto Manrique. María José supo que era viuda horas después del atentado, cuando estaba en casa con sus dos hijos. Por una llamada de teléfono que atendió su padre, que esos días estaba en su domicilio porque dos semanas atrás había perdido a su esposa.

El marido, Xavier, arquitecto, que contaba 49 años, recaló en Hipercor de casualidad. Nunca compraba allí. Imposible saber exactamente qué pasó, murió en el acto, pero María José cree que de regreso en coche a casa desde su despacho, en Santa Coloma de Gramanet, Xavier improvisó fatalmente y paró en el Hipercor para comprar unos billetes de avión para ir de vacaciones a Mallorca con su familia. «Ese día estaba revisando exámenes de mis alumnos y oí que hablaban de un atentado en Hipercor pero, la verdad, no pensé que tendría nada que ver conmigo...».

A Marga, que cuando el atentado trabajaba en un bingo de Barcelona y tenía 25 años, la fatal noticia le llegó... por televisión, al día siguiente. La pareja sentimental que entonces tenía su madre no se lo dijo hasta que ella, su hermano y su padre le preguntaron. Pero eso es otra historia...

«¿Amnistía para los presos etarras? Eso sería poner una bomba al Estado de Derecho»
Marga, como todos los que perdieron parte de su vida en Hipercor, nunca se ha recuperado del todo. Trabaja de masajista en el pueblo de la Nou de Gaià (Tarragona) y arrastra una depresión mayor que deja su existencia a merced de las oscilaciones de esta enfermedad. Y Marga, como muchos de estas víctimas, aún no ha sido resarcida completamente por su horror. Las víctimas de Hipercor, en un mal compartido con otros afectados por otros atentados, ha sufrido una odisea a la hora de conseguir indemnizaciones. Aún batalla en esta lid.

Batalla legal
«Cuando se celebró el primer juicio por el atentado en el que condenaron a Ernaga y Domingo Troitiño (1989) nos dijeron que no cobraríamos porque los etarras se declararían insolventes», recuerda María José. Con todo, la sentencia fue pionera a la hora de reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado en un atentado terrorista, por la presunta pasividad de la actuación policial. De ahí se agarraron una docena de víctimas —entre ellas, María José— para reclamar. A ellos, tras una sentencia a favor de la Audiencia Nacional recurrida por Fiscalía, el Supremo les dio la razón en julio de 1997. A otras 25 víctimas —entre ellas, Marga— la Audiencia Nacional les denegó en el año 2000 la petición de indemnizaciones por el mismo concepto al considerar que lo habían solicitado fuera de tiempo. Y el Supremo lo ratificó en 2004. Aunque entre medias, en 2003, hubo la sentencia por el segundo juicio del atentado, el que condenó a Caride y a «Santi Potros».

En paralelo, el Gobierno, aunque demasiado moroso, ha salido a su auxilio. No fue hasta la Ley de solidaridad con las víctimas de octubre de 1999, que insta al Estado a asumir de entrada el pago de las indemnizaciones y, luego, reclamarlas a los terroristas. Ya en noviembre de 2011 se aprobó la Ley de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo, que marca unas indemnizaciones más altas que las de la ley de 1999.

Por eso Marga también lucha aún. Por reclamar los 55.883 euros de diferencia a su favor que resultan de aplicar los nuevos baremos por la muerte de su madre. El dinero le serviría para costear sus obligadas y recurrentes visitas al psiquiatra. Pese a todo, Marga sobrevive aunque en su día a día tiene que lidiar con un recuerdo que sigue vivo cuarto de siglo después.


LA OPOSICIÓN PIDE LA DIMISIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE CATALUÑA
El ‘Dívar catalán’: 150.000€ en viajes y un Gabinete de 87 personas
@Antonio Fernández. Barcelona El Confidencial 20 Junio 2012

“No puede ser que un cargo con funciones muy específicas y territoriales viaje más que un jefe de Estado”. Así de contundente se manifiesta a El Confidencial un miembro de la dirección del PP en referencia al Síndic de Greuges, o sea, el Defensor del Pueblo catalán, Rafael Ribó. Y acompaña su queja con un aluvión de datos: una cincuentena de viajes, incluidos algunos paraísos exóticos, entre los años 2010 y 2011, 150.000 euros gastados del presupuesto público y un Gabinete de 87 personas.

“Que tome ejemplo de Carlos Dívar, que por mucho menos ha visto hundida su carrera. Además, a Ribó le ha acompañado casi siempre su jefa de gabinete que también es su pareja”, añade la misma fuente. La presidenta popular de Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho, reclamó ayer la dimisión del Síndic por estos viajes.

Desde el PP señalan a El Confidencial que “hemos detectado que en esos viajes se han gastado al menos 150.000 euros de las arcas públicas catalanas y queremos saber todos los detalles de los mismos. No dudamos de que algunos de los viajes hayan sido sufragados por otras organizaciones, pero tenemos constancia de que otros fueron cargados a los presupuestos de la Generalitat”.

También afirman desde la oposición que su despacho “tiene a 87 personas en nómina, la mayoría de ellos asesores con sueldos que no son precisamente bajos, lo que consideramos un dispendio”. Según los presupuestos de este año, la partida del despacho del Síndic destinada a altos cargos es de 343.000 euros, mientras que el personal eventual se lleva 2,2 millones, el personal funcionario, 2,1 millones y el personal laboral, 43.000 euros. A ello, hay que añadir más de 900.000 euros en cuotas a la Seguridad Social, más de 48.000 euros a pensiones y 88.000 euros a incentivos de productividad. En total, la partida de personal asciende a casi 5,8 millones de euros anuales.

En la comisión correspondiente del Parlamento autonómico ya se denunció esta situación y el propio Rafael Ribó pidió comparecer para dar explicaciones. Según fuentes oficiales, el Defensor del Pueblo catalán es también presidente europeo del Instituto Internacional de Ombudsman (IIO), lo que le obliga a acudir a muchos actos institucionales en todo el mundo. Además, señalan que muchos de estos viajes son sufragados por las organizaciones que le invitan a los actos.

El Síndic tiene este año un presupuesto de 7 millones de euros. Desde hace cinco años, la partida destinada a su despacho ha ido disminuyendo. En el 2007, el presupuesto aprobado era de 13 millones, que bajó a 9,2 millones en el 2008; a 8,8 en 2009 y 2010; y a 8 millones en 2011. El propio Rafael Ribó renunció a utilizar coche oficial para dar ejemplo de austeridad.

El portavoz de Ciutadans, Jordi Cañas, es también crítico con la actuación del Síndic y se manifiesta en parecidos términos que los dirigentes del PP. Cañas destaca a El Confidencial que “hemos pedido explicaciones públicas por los viajes que ha realizado, porque, aunque algunos de ellos puedan tener justificación, lo que no tienen es explicación”.

Sin tiempo para los catalanes
La oposición considera también que tantos viajes, al menos le impiden centrarse en su trabajo en Cataluña. ”Es incompatible. ¿Cuándo dedica tiempo a resolverlos problemas de los catalanes?. Para nosotros, mucha de esa actividad exterior no está justificada”, dicen en el PP.

Este partido ha confeccionado una relación de los viajes de Ribó durante los dos últimos años y ha descubierto que, en algunos meses, la actividad de Ribó fuera de nuestras fronteras ha sido frenética. En junio del 2010, por ejemplo, asistió a la reunión de la junta directiva de IIO en Grecia, a un seminario en Padua (donde asistió Mar Torrecilla, una de sus más importantes asesoras) y a una reunión en Ginebra.

En octubre de ese mismo año, acudió del 7 al 9 a una reunión en Estrasburgo; del 17 al 21 se desplazó a las Bermudas, donde hubo la reunión anual del IIO; el mismo día 21 se trasladó a Canadá para participar en unas conferencias durante dos días y del 25 al 29 fue a Cartagena de Indias a otro encuentro internacional. En noviembre, visitó Oslo, Serbia (se reunió con dos viceministros), Austria, y volvió a Serbia para actos en Vojvodina y Belgrado. En marzo del 2011, viajó a Estambul, donde dio una conferencia, Taipei (fue ponente en la conferencia de defensores de la región a Australasia y Pacífico) y Varsovia...

Para la oposición, “no entendemos qué relación puede tener la asistencia a cincuenta actos por todo el mundo en parajes tan exóticos como Aguascalientes, Bermudas o Taipei con los problemas de la gente en Cataluña. Lo que debe hacer es dejar su cargo y centrarse en intentar arreglarlos problemas de la gente de Cataluña”, zanjan las fuentes consultadas.

Se quita hasta el nombre de la lengua
Duran Lleida ve una 'ofensiva' del PP contra la imposición del catalán
GACETA.ES  20 Junio 2012

Duran Lleida que hace una semana aseguraba que no se podía hablar de países catalanes critica duramente a quienes atentan contra la "unidad" del catalán.

El líder de Unión y portavoz de CiU en el Congreso, Josep Antoni Duran Lleida, denuncia una ofensiva de los Gobiernos autonómicos del PP en Baleares, Aragón y Valencia, que han aprobado o van a aprobar medidas para que el catalán deje de ser una imposición en sus CCAA.

Duran Lleida que hace una semana aseguraba que no se podía hablar de países catalanes critica duramente a quienes atentan contra la "unidad" del catalán. Tras dejar de ser un requisito para los funcionarios baleares y tras dejar de ser una lengua en Aragón, Duran Lleida afirma en un red social que se niega la unidad no contra criterios políticos, sino contra criterios científicos". A partir de ahora se considerará que hablan "aragonés meridional" o "septentrional", y no catalán.

En uno de estos tweets, Duran denuncia la "ofensiva" de los gobiernos del PP en las islas Baleares, Aragón y Valencia por negar la "unidad" del catalán. Ya no se va "no contra criterios políticos, sino contra criterios científicos".

Duran Lleida, aragonés de nacimiento, se pregunta qué lengua utilizaba en su pueblo, "desde que comencé a hablar", en alusión al hecho de que nació en un pequeño pueblo oscense de habla catalana, limítrofe con Lleida.

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