AGLI Recortes de Prensa   Jueves 21 Junio 2012

Cataluña
El PP vota ‘a favor’ de la inmersión
Durante la tramitación de una Proposición no de Ley en la Comisión de Defensa del Congreso, los ‘populares’ aceptan una enmienda de CiU para evitar que los hijos de los militares que temporalmente residan en Cataluña puedan recibir clases en español.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com   21 Junio 2012

La desorientación del PP en materia lingüística escolar ha alcanzado niveles difíciles de calificar. Si en el programa electoral con el que ganó con mayoría absoluta las pasadas elecciones generales se comprometió a garantizar la enseñanza en español en todas las CCAA, este miércoles ha votado a favor de una propuesta de CiU en el Congreso para continuar aplicando el sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, a pesar de que es un modelo declarado ilegal por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo.

La inverosímil situación se ha producido durante la tramitación de una Proposición no de Ley -que no es vinculante- en la Comisión de Defensa de la Cámara Baja. El PP había presentado una propuesta referida a los colegios públicos y concertados que, entre otras cosas, señalaba:

‘A los hijos de personal militar trasladado por un periodo inferior a tres años a cualquier comunidad con idioma cooficial, se les facilitará la escolarización en centros que impartan los estudios con castellano como lengua vehicular, eximiéndoles, en su caso, de la evaluación de conocimientos en la asignatura concreta de la lengua cooficial correspondiente’.

Reacción de CiU
Esta propuesta del PP habría supuesto reconocer que el español debe ser lengua vehicular en la educación en cualquier lugar de España, tal y como han establecido los tribunales en reiteradas ocasiones, sin menoscabo de que también lo sean las otras lenguas cooficiales. Como era de esperar, CiU ha reaccionado inmediatamente y ha planteado ampliar la primera parte de la propuesta con la frase ‘[...] o se les facilitará una atención personalizada y un apoyo lingüístico específico para que puedan continuar con todas las garantías con el proceso de aprendizaje’.

De esta forma, la Proposición no de Ley admitiría que en Cataluña se continuase aplicando la inmersión obligatoria en catalán -esto es, la prohibición del español como lengua vehicular-, ofreciendo únicamente lo que se conoce como ‘atención individualizada’ en castellano para los niños cuyos padres así lo reclamen.

Este es un método que se aplica en los primeros cursos de la enseñanza en Cataluña y que CiU plantea extender a los hijos de los militares que estén de paso en esta Comunidad, consistente en dar unas breves explicaciones en español a los niños que durante las clases -que son únicamente en catalán- no entienden alguna cosa. De hecho, el Tribunal Supremo ya ha advertido en reiteradas ocasiones de que ‘el sistema de atención individualizada en lengua castellana es algo bien distinto del derecho a recibir esa educación en su lengua habitual’, un derecho que debe ser atendido por la Administración educativa.

El PP apela a “la buena fe” de CiU
Sorprendentemente, y a pesar de no necesitar el apoyo de CiU para sacar adelante al Proposición no de Ley, el PP ha aceptado la enmienda de CiU. La portavoz popular en esta Comisión y alcaldesa de Cartagena (Murcia), Pilar Barreiro, ha justificado la posición de su partido apelando a “la buena fe” y “la buena intención” para ponerse de acuerdo en “algo tan sencillo como hacerle la vida más fácil a los militares”.

“[CiU] nos ha explicado con claridad que con esta enmienda queda más claro y queda mejor garantizado para estos alumnos el que puedan utilizar la lengua vehicular, por tanto, se les presta una mayor atención, una atención personalizada, que es lo que en muchos casos quieren”, ha añadido Barreiro.

CiU alardea de su negociación con el PP
Durante su intervención, el congresista de CiU Martí Barberà ha indicado que la proposición, antes de la enmienda introducida por la federación nacionalista, suponía “una agresión” y “un ataque” a la inmersión lingüística obligatoria, y ha recordado que el modelo escolar catalán “no tiene centros que tengan como lengua vehicular el castellano” y solo ofrecen la citada atención individualizada.

CiU sí ha aceptado que las notas de la asignatura de catalán no cuenten en el currículo de los niños temporalmente desplazados a Cataluña -una medida que ya estuvo presente en algunos centros de Cataluña- para impedir que les baje la evaluación media y para evitar que “el catalán sea perjudicial para nadie”. Posteriormente, Barberà ha declarado a los medios que gracias a la enmienda de CiU se ha evitado una grieta en la inmersión obligatoria y se mantiene “la peculiaridad y la singularidad” del sistema educativo catalán.

El PSOE reitera su apoyo a la inmersión obligatoria
También es destacable la posición del PSOE, defendida por el congresista Antonio Trevín, que ha acusado al PP de plantear “una puerta para crear rendijas” y “fisuras” en lo que ha calificado como “exitoso modelo de inmersión lingüística catalana”, un modelo que ha considerado que está avalado por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Constitucional, a pesar de que, en realidad, estos tribunales han dictaminado exactamente lo contrario. Trevín ha lamentado que no se haya admitido una propuesta de su partido que insistía en “el absoluto respeto a las competencias educativas autonómicas” y se ha opuesto a establecer excepciones para los hijos de los militares.

Por parte de ERC, Teresa Jordà ha defendido que “lo más cómodo, rápido, barato y eficaz” sería “no trasladar a los militares” a las CCAA con dos lenguas oficiales o, si eso no es posible, ha indicado que los que vayan a esas CCAA “lo que han de hacer es aceptar la lengua vehicular de la enseñanza de esos territorios”.

El PP trata de restar importancia a la enmienda de CiU
Fuentes del PP en el Congreso han restado importancia a la aceptación de la enmienda presentada por CiU y, aunque han reconocido que “se ha perdido una ocasión para lanzar un mensaje político” en defensa del bilingüismo escolar, han recordado que la Proposición no de Ley “no es vinculante” y que no pretendía “cambiar el modelo educativo catalán”, sino mejorar las condiciones de vida de los militares y de sus hijos, algo que consideran que se ha conseguido.

Estas mismas fuentes ha señalado a LA VOZ DE BARCELONA que el debate sobre el sistema educativo de Cataluña “se ha de plantear en otro foro”, puesto que la Comisión de Defensa del Congreso “no es el lugar adecuado” para ello, y han reiterado su voluntad por avanzar hacia un modelo escolar catalán que incluya el castellano, el catalán y el inglés como lenguas vehiculares.

Cataluña
Ovejero, XVIII Premio a la Tolerancia
El jurado valora positivamente la ‘valentía y compromiso frente a los postulados nacionalistas excluyentes’ del premiado, ‘y su actitud siempre abierta al diálogo constructivo’. Ovejero toma el relevo de la ex alcaldesa ‘popular’ en el País Vaco Regina Otaola.
Redacción www.vozbcn.com   21 Junio 2012

La Asociación por la Tolerancia ha otorgado a Félix Ovejero el XVIII Premio a la Tolerancia. Así lo ha anunciado, este jueves, la entidad que preside Eduardo López-Dóriga. La asociación ha valorado positivamente ‘la consistencia y el rigor metodológico’ del premiado y ‘la profundidad y pulcritud de su análisis de los conceptos de democracia, libertad, igualdad y ciudadanía’.

Ovejero es doctor en Ciencias Económicas y profesor de Economía, Ética y Ciencias Sociales en la Universidad de Barcelona. Ha sido profesor en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad de Chicago (Estados Unidos) y en la Universidad de Wisconsin (Estados Unidos).

El premiado con la decimoctava edición del Premio a la Tolerancia fue uno de los promotores de la plataforma Ciudadanos de Cataluña, firmante del manifiesto fundacional de lo que daría lugar al partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, actualmente con representación en el Parlamento autonómico.

Ovejero es habitual en la prensa, sobre todo en El País, con artículos de opinión, y autor de libros como De la naturaleza a la sociedad (1987), La Quimera fértil (1994), Mercado, ética y economía (1994), Contra Cromagnon. Nacionalismo, ciudadanía, democracia (2007) y, entre otros, La trama estéril (2011).

Frente al nacionalismo excluyente y abierto al diálogo constructivo

El jurado del premio ha valorado de Ovejero la ‘valentía y compromiso frente a los postulados nacionalistas excluyentes que se pretenden imponer desde las instituciones públicas catalanas a toda la sociedad; y su actitud siempre abierta al diálogo constructivo’. El profesor de la UB recibirá el premio en septiembre en un acto público en Barcelona.

Ovejero toma el relevo de Regina Otaola, premiada en 2011. En anteriores ocasiones, el premio, que se entrega desde 1995, ha recaído en Xavier Pericay, Antonio Mingote, Carlos Herrera, Mario Vargas Llosa, Rosa Díez, Arcadi Espada, Antonio Muñoz Molina, Iván Tubau, Fernando Savater, Félix de Azúa, Gregorio Peces-Barba, Francesc de Carreras, Albert Boadella, ¡Basta Ya! o Baltasar Garzón, entre otros.

El jurado de la XVIII edición ha estado compuesto por Manuel Aguilella, secretario del sindicato SiPcte-USOC de Correos; Francesc de Carreras, catedrático de Derecho constitucional de la UAB y Premio a la Tolerancia en 1998; Juan Carlos Girauta, licenciado en derecho y MBA, escritor y periodista; Román Gubern, catedrático y decano de la Facultad de Ciencias de la Información de la UAB, escritor, historiador de medios de comunicación y guionista; Maite Nolla, abogada; Olegario Ortega, vicepresidente de Ágora Socialista y columnista en LA VOZ DE BARCELONA; Francisco Pou, director del grupo Intereconomía en Cataluña; Antonio Robles, profesor y ex diputado autonómico; Marita Rodríguez, ex presidenta de la Asociación por la Tolerancia; Herbert Rumpf, técnico-comercial en ingeniería de maquinaria industrial; Mercè Vilarrubias, catedrática de Lengua inglesa y escritora; y Eduardo López-Dóriga, presidente de la Asociación por la Tolerencia.

Según un estudio europeo
España suspende en inglés
España está en el puesto noveno junto a Portugal, aunque obtiene mejores resultados en francés
EP/MADRID La Opinión  21 Junio 2012

El 63 por ciento del alumnado español no comprende el inglés oral al finalizar la Enseñanza Secundaria Obligatoria, según el Estudio Europeo de Competencia Lingüística (EECL), en el que han participado 14 países europeos. En España han realizado la prueba 7.651 alumnos de 4º ESO de 359 centros -Andalucía, Navarra y Canarias han ampliado la muestra para obtener resultados propios-.

El trabajo, presentados por el director general de Evaluación y Cooperación Territorial, Alfonso González, y el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, Isamael Sanz, sitúa a España en el puesto noveno, junto a Polonia, Portugal, y por delante de Francia e Inglaterra, pues esta última tiene como primer idioma el francés.

Los resultados del estudio se han dado como porcentajes de alumnos que alcanzan cada uno de los niveles del Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Así, en comprensión lectora, el 31 por ciento no alcanza el nivel A1, es decir, que no entiende un lenguaje sencillo, ni siquiera con ayuda; el 33 por ciento, sí llega a ese nivel; y el 13 por ciento sólo entiende expresiones sencillas para comunicarse sobre temas cotidianos (A2).

Por el contrario, alcanzan un nivel alto en comprensión oral el 24 por ciento de los estudiantes, la mitad puede manejarse con temas que le son familiares o en los que tiene un interés personal (B1) y la otra mitad lo hace de forma clara y eficaz en temas concretos y abstractos (B2).

En cuanto a la comprensión lectora, los alumnos españoles obtienen mejores resultados, aunque siguen siendo insuficientes, ya que más de la mitad, es decir, un 58 por ciento, no entiende lo que lee en inglés (Pre A1 y A1), el 12 por ciento sólo un lenguaje sencillo (A2). El 30 por ciento de alumnos restante alcanza los niveles B1 y B2 en este ámbito, con el 12 por ciento y el 18 por ciento, respectivamente.

En expresión escrita, el 14 por ciento no sabe usar un lenguaje muy sencillo (PreA1); el 31 por ciento puede usarlo, pero siempre con ayuda (A1); el 26 por ciento escribe utilizando un lenguaje sencillo para manejarse sobre temas cotidianos (A2); el 20 por ciento ya lo hace sobre asuntos que para él tienen un interés o le resultan familiares (B1); y sólo el 9 por ciento escribe de forma clara (B2).

En general, en lo que se refiere a la primera lengua, los países con mejores resultados son Suecia (inglés), Malta (inglés), Holanda (inglés), Eslovenia (inglés), Estonia (inglés) y Croacia (Inglés), donde la mayoría de los estudiantes alcanza los niveles B1 y B2 de destrezas. A mitad de tabla se sitúan Bélgica, Grecia y Bulgaria y, junto a ellas la Comunidad Foral de Navarra, donde el 34 por ciento alcanza los niveles B1 y B2 en comprensión oral, diez puntos más que la media española.

Canarias y Andalucía se sitúan en este mismo ámbito (oral) por debajo de la media española. En la primera, el 37 por ciento del alumnado no llega al nivel mínimo del marco europeo (PreA1), es decir, que no es capaz de utilizar ni siquiera un lenguaje muy sencillo, mientras que en Andalucía esta cifra se eleva al 52 por ciento de estudiantes.

"Tenemos un sistema que, a día de hoy, todavía arrastra un exceso de importancia en el ámbito de la gramática y que todavía nos cuesta aprender un idioma hablando", ha afirmado el director general Evaluación y Cooperación Territorial, que también ha destacado que además de la metodología de enseñanza, el nivel del alumnado español se debe también a la escasa exposición al uso del inglés en el contexto social español, entre otros aspectos.

MEJORES RESULTADOS EN FRANCÉS
Los resultados de España en la segunda lengua, el francés, son mejores que los de la primera y sólo se sitúan por encima Bélgica, Países Bajos y Malta tiene un nivel similar. Sin embargo, desde el ministerio de Educación han explicado que los buenos resultados en esta lengua se deben, entre otros motivos, a que sólo estudia idioma como asignatura optativa el 35 por ciento del alumnado.

"Los alumnos que eligen francés suelen tener mejor rendimiento académico, menor tasa de repetición y mayor índice socioeconómico y cultural", ha indicado el director del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, que también ha destacado que tanto en inglés como en francés hay diferencias "significativas" en los resultados entre alumnos y alumnas, pues los de éstas son superiores.

La mamandurria política y la democracia subvencionada
Los partidos, en año de crisis, ordeñan 66 millones de euros al Estado
¿Son una Cámara Baja y una Cámara alta o un par de manicomios donde se encierran unos locos de atar?
Javier González Méndez Periodista Digitial  21 Junio 2012

Txiqui Benegas, la reliquia socialista vasca, ha prevenído al grupo de "aprietabotones" que conforman la Comisión Constitucional del Congreso de un peligro que según él, amenaza a su casta: que puedan prevalecer las tesis de una derechona extraparlamentaria que aboga porque los partidos, las asociaciones patronales y los sindicatos se financien por sí mismos.

Pronunciaba ése alegato contra la inquisición civil éste 20 de junio de 2012, cuando los miembros de la Comisión se congratulaban de haber llegado a un acuerdo sobre la modificación de la Ley de Financiación de Partidos: un 20% menos de subvenciones, más control sobre los trapicheos a través de fundaciones, un límite de 50 mil euros para donaciones, condonaciones de deuda con la banca (sí, sí, han oído bien: condonaciones por parte de instituciones que paradójicamente son objetivo número uno del rescate) que no sobrepasen los 100 mil euros y un nuevo marco teórico de transparencia, que debe ser el término más sobado, más manoseado, más hipócrita, que jamás se haya utilizado en un país tan opaco como España.

66 millones de subvención a los partidos políticos
Lo curioso del trámite en Comisión, tras varias semanas de trabajo y negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios, es que la satisfacción generalizada de sus señorías no quedó reflejada después en la votación.

Votaron a favor el PP y CIU, votó en contra Amaiur, y el resto de los grupos se abstuvieron, alegando que no se había incluido en la propuesta una clausula de revisión anual del IPC.

Sus señorías son unos frívolos. Está cayendo la que está cayendo, y siguen a lo suyo, levantándole a los Presupuestos del Estado, o sea, de los españoles, 65.883.000 euros del ala, pero con el resquemor que a esa cifra no se le añada la subida del IPC el año que viene.

stas cosas hacen dudar de sobre la naturaleza del Congreso y del Senado. ¿Son una Cámara Baja y una Cámara alta o un par de manicomios donde se encierran unos cuantos centenares de locos de atar? ¿No saben que las variaciones del IPC, con suerte, sólo las van a poder disfrutar los pensionistas?

Que los salarios han bajado pero todavía no han tocado fondo. Que Europa ya está exigiendo que desciendan más las nóminas de funcionarios, ERES públicos, subidas del IVA y ninguna coña de la población con adaptaciones al Índice de Precios al Consumo.

Se muestran unánimemente entusiasmados con el 99% de las reformas y, por un quítame ahí el IPC, se apuntan a la abstención y se lavan las manos como Pilatos. Muy instructivo, muy ejemplar, muy solidario en estos tiempos de penuria económica y social de España. ¡Estos señores no pueden ser de este mundo! No entran por las mañanas en un Parlamento, sino en Babia. Y deben suministrarles en la cafetería del Congreso, con el cafelito, una substancia estupefaciente que nos les permite contemplar la cruda realidad.

A Txiqui Benegas, por ejemplo, en su sano juicio socialdemócrata (que ha debido perderlo hace años), la derogación de subvenciones a partidos, asociaciones empresariales y sindicatos le debería parecer un paradigma progresista, pero lo presenta como cosa de demonios utraderechistas.

¿No tienen militantes los partidos, asociados las patronales y afiliados los sindicatos? Coño, pues que los sostengan. Que se cierre de una vez por traspaso esta democracia subvencionada. Que se valore la libertad en su justa medida, y que, cada español comprometido y concienciado con sus respectivas causas políticas, empresariales o sindicales, se rasque los bolsillos y sacrifique diez cervezas, diez cajetillas de tabaco, diez caprichos al mes para pagar sus respectivas cuotas.

Eso sería progresismo, conciencia democrática, aunque Benegas quiera darle la vuelta a la tortilla y lo disfrace de intento de golpe de estado a la democracia ¿Tan poco confían los partidos políticos en que le respondan voluntariamente los ciudadanos? Será que se han leído la última encuesta del CIS que los convierte en un problema en vez de contemplarlos como una solución.

Probablemente, allí dentro, entre los botones en los que se cambia digitalmente la vida de los españoles, deben acabar pensando que los ciudadanos somos gilipollas. Que no sabemos que los aparatos de Partidos, Patronales y Sindicatos pagan cuotas de afiliados para mantener las apariencias, para hacer bulto y para practicar el clientelismo en sus disputas internas por mantener el poder, el mandiño, sus Rubalcabas, sus Rajoys, sus Cándidos, sus Toxos y sus Rosell.

Que tendrán mucho poder de convocatoria electoral, pero su hay que pasar la gorra a los ciudadanos recaudan menos que un desprotegido a la salida de una oficina de empleo.

Entre Partidos, Sindicatos y Patronal (centenares de millones de euros a parte, para los llamados cursos de formación), le ordeñan a los fondos de los españoles entre 70 y 100 millones de euros al año en subvenciones directas.

Naturalmente España está de rebajas, se tramitan los correspondientes ERES para rebajar plantillas y es de esperar que los sueldos de los núcleos duros y el personal anda muy nervioso.

Mal asunto para la salud de una democracia cuando, su columna vertebral, Partidos y Agentes Sociales, sólo puede subsistir con subvenciones.


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Mera informalidad y desprecio por la democracia.
Vicente A. C. M. Periodista Digitial  21 Junio 2012

Retrasar lo inevitable es solo una actitud irresponsable que no me he cansado de criticar al anterior Gobierno de Zapatero, Rubalcaba y Salgado. Pues eso mismo es lo que está haciendo este Gobierno de Rajoy, de Guindos y Montoro, con el silencio elocuente de la vice y portavoz Soraya Sáenz de Santamaría y de todo el PP. Y la pregunta que planteo en mi escrito de hoy es ¿a qué juega este Gobierno? Desgraciadamente creo que a un juego en el que tiene todas las de perder. Y si pierde este Gobierno, España pierde y se hundirá definitivamente.

Lo último de Rajoy ha sido negarse al debate sobre el estado de la Nación. Una vez más, Rajoy huye del Congreso para dar explicaciones a todos los españoles en la sede parlamentaria. Una vez más antepone los intereses partidistas y un mal llamado control de los tiempos para dejar de informar a los ciudadanos sobre la hoja de ruta de las medidas que se están adoptando y las que pronto se van a adoptar. Una vez más, Rajoy hace gala de su dependencia total del gurú personal Arriola, cuyos asesoramientos en materia social están llevando al PP hacia el abismo, el mismo al que se precipitó el PSOE en las pasadas elecciones generales.

Porque lo que es evidente es que los españoles necesitamos explicaciones, no solo de la marcha de la situación económica, sino de todos los aspectos que afectan al propio futuro de España como Nación. La última sentencia de ese infame grupo de políticos que se llaman magistrados legalizando a la formación etarra SORTU, requiere una urgente explicación y que el PP se defina por qué ha consentido que una Institución degenerada y sectaria, sentencie otra vez contra los intereses de España y su unidad. Por otra parte, se precisa conocer por qué se consienten los continuados despilfarros autonómicos y subvenciones a sindicatos, la falta de adelgazamiento de las estructuras administrativas del Estado, autonomías y corporaciones locales, en una clara desidia sobre las medidas inevitables de austeridad y control del déficit.

Es inadmisible la frivolidad en la actitud del Ministro de Economía, Sr. de Guindos, cuando califica de "mera formalidad" la petición del rescate a la banca, que está pretendiendo dilatar en un vano intento de que el dinero venga de una Institución que no conlleve el control vergonzante de la llamada "troika", formada por la Comisión del BCE, Autoridad Bancaria y FMI. Porque la transparencia que se dice ahora que se da, ha sido forzada. Una buena prueba de ello ha sido el bochornoso espectáculo de BANKIA y los miles de estafados con las "preferentes".

Ya sé que es potestad del Presidente del Gobierno decidir cuándo se celebra el debate, pero lo que ha sido una costumbre democrática en las pasadas legislaturas con una periodicidad anual, no puede argüirse como excusa para posponerlo "sine die" , habida cuenta del estado de emergencia nacional en el que se encuentra España. No es de recibo esta negativa al debate y a exponer la verdad, o al menos "su verdad" y no dejar que sean los españoles los que sentencien en las encuestas posteriores. Es evidente que este Gobierno y el PP van a salir muy perjudicados por su estrategia de tratar a la sociedad española como rehén con sus silencios y sus actitudes dictatoriales.

Ahora más que nunca es necesaria la transparencia. La democracia depende de un hilo y sentencias como las del Tribunal Constitucional, o negar el debate libre y democrático no contribuye a tener la esperanza de una salida a esta situación de deterioro y miseria. Tenemos derecho a la información veraz y no nos conformaremos con ser espectadores de nuestro propio sacrificio como pueblo y como ciudadanos libres. España no se merece un Gobierno que calla y que oculta información.

¿Alcanzará a Otegi la infamia del Constitucional?
EDITORIAL Libertad Digital  21 Junio 2012

Poco han tardado los partidarios de la legalización del brazo político de ETA en destacar la innegable contradicción que supone la sentencia del Tribunal Constitucional a favor de Sortu y la permanencia en prisión de Arnaldo Otegi por –según sentencia del Supremo– tratar de reconstruir la ilegalizada Batasuna a través de la plataforma Bateragune. De hecho, esa contradicción ya era manifiesta desde la sentencia que, no menos bochornosamente, legalizó a Bildu y la manifiesta permisividad institucional ante Amaiur, y fue la razón por la que editorialmente calificamos de "farsa" el juicio que condenó a Otegi tanto como a Díaz Usabiaga a seis años y medio de prisión.

Ni que decir tiene que si calificamos de "farsa" aquel juicio no fue porque considerásemos a los condenados inocentes o porque nos pareciese elevada la pena a la que habían sido castigados. Todo lo contrario. Éramos perfectamente conscientes de que ETA, con la plataforma Bateragune, había hecho entre 2007 y 2008 un intento de reconstituir su ilegalizado brazo político a través de esa plataforma y de la participación que en ese intento habían tenido los condenados. Pero éramos no menos conscientes de que esa "marca electoral" había sido posteriormente abandonada a favor de nuevas siglas que, a diferencia de Bateragune, sí lograron burlar, gracias a la complicidad del Constitucional, la Ley de Partidos. De hecho era a Bildu, y no a Beratagune, a la que Otegi se refería en julio de 2011 cuando se jactaba con aquel "empezamos siendo tres o cuatro y ya somos 313.000". Tambien era Bildu la formación a la que la propia ETA, poco después y en comunicado público, se refería al celebrar el "haber ganado la batalla de la ilegalización".

La sentencia que ahora ha legalizado a Sortu no viene sino a consolidar esa victoria que ETA ya celebrara con ocasión de la de Bildu, y que ahora le permite conservar su presencia electoral sin tener ni siquiera que disimular con caras menos conocidas del mundo proetarra como tuvo que hacer, como plan B, con Bildu o Amaiur. Ahora los históricos proetarras que impulsaron públicamente a Sortu, como Pernach, Eugenio Echeveste, alias Antxon, Rufi Echebarria, Pernando Barrena, Tasio Erquicia, Jon Petricorena, o el propio condenado Díaz Usabiaga, podrán tomar las riendas de un brazo político que ETA en realidad no ha dejado de tener nunca metido en las instituciones.

Ni que decir tiene que para salvar tan innegable contradicción la solución no pasa por excarcelar a Otegi o a Díaz Usabiaga, sino por conseguir que el Tribunal Constitucional deje de ser un órgano político que convierte en papel mojado la Ley de Partidos y que constituye la principal herramienta con la que la condescendencia de nuestra clase política está derrumbando nuestra Nación entendida como Estado de Derecho.

Legalización de Sortu
Ante ETA, Renovación Española
Juan de Dios Dávila Libertad Digital  21 Junio 2012

Está finalizando el proceso de engaño diseñado por ETA, que fue aceptado por Rodríguez Zapatero en la negociación que realizó con la banda terrorista, y que se plasmó en una hoja de ruta que el gobierno de Mariano Rajoy no tiene ni fuerzas, ni convicciones para pararla.

Para entender el engaño de ETA, hay que entender que la organización terrorista no solo lo componen el grupo de pistoleros, sino que también forman parte de la organización criminal todo un entramado de partidos políticos, organizaciones sociales y culturales, así como un grupo no menos numeroso de empresas que abarcan diferentes sectores de la actividad económica.

Todo este entramado responde a un mismo objetivo que recoge perfectamente los estatutos de la recién legalizada Sortu, expresándolo del siguiente modo:

La izquierda abertzale ha realizado un proceso de debate interno adoptando resoluciones políticas de carácter estratégico para el desarrollo de su proyecto independentista y socialista.

Sortu heredará sin duda los votos que en su día tuvo Herri Batasuna, Euskal Herritarok, Partido Comunista de las Tierras Vascas, Acción Internacionalista, Acción Nacionalista Vasca, Bildu y Amaiur, en una continuidad ininterrumpida de medios materiales, objetivos, votantes, y por supuesto mediante la eficaz gestión del miedo.

Todos estos fraudes al bien común de los españoles muestran la estrategia de ETA, pues tras el cambio de nombre de sus grupos, siguen escondiéndose las mismas personas y los mismos fines: un "proyecto independentista y socialista".

El cambio de estrategia de ETA supone su blanqueo, es decir, que lo que antes debían imponer mediante el asesinato y quedaba "feo", ahora lo impondrán mediante la ley utilizando la coacción de todos los elementos que el poder político tiene a su servicio. Si no gobiernan, no duden que la banda separatista volverá a asesinar. Por eso, no se disuelve ETA.

Por ponerles un ejemplo real de lo que supone ETA en las instituciones, y por tanto de la indefensión de la persona frente a una ETA en el poder. De 2003 a 2007 tuve el inmenso honor de ser concejal de Hernani, junto a un luchador nato y gran español ya fallecido, Pedro Gandásegui. En el salón de plenos se nos recibía con pancartas, y en algún caso con insultos y con gestos muy amenazantes.

El jefe de la Policía Municipal de Hernani era el marido de Nekane Erauskin, cabeza de lista del Partido Comunista de las Tierras Vascas por Guipúzcoa, que posteriormente fue detenida por la Guardia Civil en plena reunión con la cúpula de la ilegalizada Batasuna. Pues bien, ese policía municipal era el que en teoría nos debía defender de los votantes de su mujer, y les puedo asegurar que siempre pensé que, en caso de que en el Pleno se pusieran las cosas feas, a por el primero a por quien iría sería contra el único que iba armado, que era precisamente ese "benemérito" policía municipal.

No quiero pensar lo que puede suponer para el español honrado el que ETA controle no sólo la Policía Municipal de Hernani, sino que llegue a controlar a la Policía Autónoma, la Hacienda, las Cajas de Ahorro, la sanidad, la educación...

Hoy esta inmensa desgracia está muy cerca de que se produzca, y ello se lo tendremos que reclamar a los magistrados del Tribunal Constitucional, que han permitido la legalización de Sortu, y cuyos nombres ya han entrado a formar parte de la historia junto con el traidor obispo don Opas, y a unos políticos que tienen miedo a vivir conforme a la verdad y la justicia.

Ante la actual situación de crisis moral, causa de la profunda crisis que en todos los órdenes de la vida se ha desatado en España y en Europa, urge construir nuevas alternativas políticas, económicas y sociales donde el bien común sea el centro de todos los esfuerzos, donde la persona y su bien recuperen su justo protagonismo.

No hemos nacido para ser esclavos, para mal vivir con miedo, para ser serviles ante la injusticia, para mentir por miedo a las consecuencias de la verdad.

Hemos nacido españoles, es decir, libres, herederos de un gran pueblo que sabe reconocer la verdad, la justicia y la dignidad sagrada de la persona.

Es urgente ante ETA y la profunda crisis de nuestros dirigentes políticos, levantar una auténtica Renovación Española surgida de una sociedad que da el paso a dirigir su futuro, que no se resigna con lo mediocre y servil, sino que sabe que el futuro aún no está escrito, y que de nosotros depende que seamos quien lo escriba y no ETA y sus cómplices.

Juan de Dios Dávila es hermano del Tcol. D. Fidel Dávila Garijo asesinado junto a otros 6 compañeros el 21.06.93 (mañana hará 19 años de su asesinato). Exconcejal de Hernani por el PP. Presidente de la Fundación Unidad+Diversidad.

Legalización de Sortu
A esto lo llaman sentencia
Santiago Abascal Libertad Digital 21 Junio 2012

La "Agrupación para la ruina de la Constitución", secta ideológica y políticamente obediente que ostenta la mayoría en el Tribunal Constitucional, ha vuelto a perpetrar una de sus viles acciones, emitiendo un infame salvoconducto para que la ETA política siga campando a sus anchas –superando todos los controles, henchida de gozo y perpleja ante nuestra torpeza– por las instituciones democráticas de la Nación española.

Los profesores universitarios –que no jueces de carrera– del llamado Tribunal Constitucional han vuelto a llevar la contraria a los jueces que quedan en ese tribunal y a los jueces del Tribunal Supremo, así como al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo que respaldó las anteriores ilegalizaciones del mundo proetarra, no sólo por los medios terroristas empleados sino por los fines totalitarios y sediciosos perseguidos. En resumen, el Tribunal Constitucional ha ilegalizado al Tribunal Supremo en vez de a la ETA.

No me da la gana de entrar en finos análisis jurídicos cuando las normas son violentadas con vileza y sin vergüenza por quienes habrían de velar por su salvaguarda. Sobran los matices cuando nos enfrentamos a la traición y a la prevaricación de unos señores que previamente han convertido en impunes todos sus actos.

Pascual Sala, Eugenio Gay, Elisa Pérez Vera, Luis Ignacio Ortega, Adela Asua y Pablo Pérez Tremps son los nombres de la infamia, los verdaderos hombres de negro del pueblo español; pero son sólo la voz de su amo, los ejecutores de una política que no pretende hacer cumplir nuestras leyes sino blindar un proceso de negociación con la mafia etarra basado en la rendición del Estado español. Y van ganando. Poco a poco han conseguido ablandar los resortes del Estado hasta dejarlos amorfos e inertes, paralizados, capitulados. Pero el Estado no es la Nación española. Somos millones los españoles que no nos rendimos y que no vamos a asumir mansamente la derrota que nos quieren procurar desde las instituciones, y volveremos desde la sociedad civil a reclamar la victoria de España frente al terror, exigiendo al gobierno de la Nación la disolución no de la ETA sino del TC. Respecto de la ETA exigimos la ilegalización de todas sus marcas políticas y el aplastamiento de la banda terrorista en todas sus expresiones.

La legitimación de los crímenes pasados, y la facilitación de los futuros, es la principal consecuencia de la acción de Pascual Sala y sus secuaces. El deshonor y la vergüenza ya es suyo. La injusticia y el peligro es para nosotros. De los traidores no esperemos nada, salvo verles navegar a la deriva sobre los restos de un sistema decadente. De los traicionados, del pueblo español, de la sociedad civil, hemos de esperar que tengan, que tengamos, la consciencia de la situación que estamos viviendo, la determinación para defender nuestros derechos como españoles y nuestra dignidad como Nación, y la clarividencia para provocar con nuestras escritos, denuncias, movilizaciones y protestas una rectificación de fondo en la política antiterrorista, para volver a la senda que nunca debimos abandonar.

Dicho lo cual –y esto se lo dirijo a los que se parapetan y esconden su vileza, su cobardía o su flojera, !igual da!, tras el discurso-cantinela del respeto a las instituciones–, yo no tengo empacho en decir que ni comparto ni respeto ese infame y sanguinolento salvoconducto que quieren llamar sentencia, y que me ha producido la misma sensación que tuve al leer las cartas de extorsión etarra que recibía mi abuelo. A esto lo han llamado sentencia. A aquello lo llamaban impuesto revolucionario.

Sentencia TC
Si hoy Sortu, ¿mañana la independencia?
Regina Otaola Libertad Digital 21 Junio 2012

Ante el hecho consumado de una "legalización anunciada" me siento aun más traicionada, si cabe, como demócrata, como ciudadana española y como ex-cargo público del PP en el Pais Vasco. Al parecer el dejar (no sabemos por cuanto tiempo) de asesinar, extorsionar y chantajear sí tiene un precio que se está pagando desde hace un tiempo. Desde que Zapatero decidió que no solo la Nación es un concepto discutido y discutible sino también la Democracia.

Esta sentencia es el colofón de un sinsentido porque no puedo entender, se pongan como se pongan, que un TC, supremo interprete de la Constitución española, pueda afirmar con total impunidad que el partido de ETA-Batasuna cuenta con todas las bendiciones de la Ley suprema. Por favor, que me expliquen cómo una banda terrorista que sigue vivita y coleando, que sigue en posesión de su armamento, que no ha condenado, ni lo va a hacer, ninguno de los crímenes cometidos, puede contar con un partido, presentarse a las elecciones y acceder a las instituciones. Sortu es Batasuna. Es ETA.

El hecho de que no se hayan renovado a estas alturas los miembros del Tribunal llama la atención. Pero creo que mas llama la atención que sigamos fijándonos en si son progresistas o conservadores los que deberían haber ocupado sus puestos en el mismo. Lo importante para mí es que se pueda dar paso en un Estado de Derecho a una banda terrorista disfrazada de corderito pacifista. Si en nuestra Constitución, si en nuestra Democracia, cabe semejante desatino es que algo funciona rematadamente mal y deberíamos exigir su arreglo. Porque, si ahora es Sortu, ¿quién nos asegura que dentro de un tiempo no será la independencia? Puestos a hacer interpretaciones como las de ayer, los Sortu de turno seguirán en su lucha hasta conseguir el precio final.

A las víctimas se les sigue diciendo que son lo más importante, se les sigue organizando congresos, conferencias y demás actos de cara a la galería, pero silenciando y ninguneando sus concentraciones cuando dicen verdaderamente lo que piensan. La prueba es irrefutable: si ETA-Batasuna gana, sus víctimas pierden. Si las víctimas pierden, el Estado de Derecho pierde, España pierde.

Como siempre digo, yo no me rindo, estaré con ellas en todo momento y seguiremos adelante hasta conseguir que nuestra Nación Española sea ejemplo inequívoco de Libertad, Justicia y Memoria.

Polémico fallo
EDITORIAL www.gaceta.es  21 Junio 2012

Las víctimas del terrorismo, molestas por la legalización de Sortu.

No se puede decir en puridad que Sortu sea ETA, tampoco es Bildu. Pero se entiende que las víctimas del terrorismo hayan reaccionado con disgusto ante la legalización de Sortu. Sobre todo porque tal decisión sienta las bases para que la formación concurra a las elecciones vascas de 2013, donde PNV y los herederos de Batasuna, agrupados en la coalición Bildu-Euskal Herría, tienen muchas posibilidades de llevarse el gato al agua, por culpa de la errónea política de Patxi López, que se ha mimetizado con el nacionalismo y la izquierda abertzate. El barón socialista cree que para mantenerse en la Lehendakaritza debe ser más vasquista que nadie, pero eso sólo le va a quitar votos.

Según el ministro Alberto Ruiz-Galladón el fallo del Constitucional es discutible porque se trata de una nueva desautorización al Tribunal Supremo. En este sentido cabe recordar a Esperanza Aguirre, cuando dijo que el Constitucional no puede convertirse en un Supremo del Supremo. La Sala del 61 consideró por una gran mayoría que Sortu no podía inscribirse en el registro de partidos por su vinculación con ETA al ser la sucesora de Batasuna. Ahora, el TC anula aquella decisión y declara legal a la formación proetarra. El año pasado sucedió lo mismo con Bildu. El Supremo dijo que eran “testaferros de ETA” y mes y medio después el Constitucional permitió que Bildu concurriera a las locales y autonómicas.

El fallo deja en evidencia el grado de politización del Constitucional. Esa politización explica que estuviera dominado por la mayoría progresista, al no haberse puesto de acuerdo PP y PSOE en la renovación de sus vocales. No parece casual que se haya repetido la votación de Bildu, seis votos contra cinco. Han votado a favor el presidente Pascual Sala; el vicepresidente Eugeni Gay y los magistrados Ortega, Pérez Tremps, Adela Asua y Pérez Vera. Resulta llamativo que el fallo del TC se conozca apenas nueve días antes de que PP y PSOE cumplieran por fin su promesa de renovar su composición. Recuérdese que el tribunal sigue “en funciones”, pendiente de la renovación de tres de sus miembros, cuyo mandato expiró en diciembre de 2010. Y actualmente está compuesto por once magistrados, y no por doce, tras el fallecimiento en 2008 de Gar­cía Calvo.

En democracia todas las ideas son defendibles, siempre que se haga de acuerdo con la ley y respetando la Constitución. Si Sortu cumple los requisitos, no tendría por qué haber ninguna objeción a que concurra a los comicios. Sin embargo, se comprende perfectamente el malestar del Gobierno, aunque acata el fallo. Los ministros de Justicia e Interior dejaron ayer constancia pública de su “discrepancia” toda vez que el Supremo definió a Sortu como correa de transmisión de ETA. Quizá por eso el Ejecutivo no renuncia al empeño de seguir buscando pruebas para demostrar que Sortu es heredero de la banda, y en su caso, ilegalizarlo. Y se comprende, sobre todo, el profundo malestar de las víctimas del terrorismo.

Sortu: otra victoria de ETA
El Editorial La Razón 21 Junio 2012

Con el precedente de Bildu, en el que una mayoría de magistrados propuestos por el PSOE atropelló en el Constitucional el veto del Supremo y permitió al sucedáneo de Batasuna presentarse a las elecciones municipales, era cuestión de tiempo lo que se consumó ayer sobre Sortu, la marca de ETA que fue declarada ilegal por el Tribunal Supremo y que esperaba el veredicto sobre su recurso. El Tribunal Constitucional estimó por seis votos contra cinco el recurso de Sortu contra la decisión de la sala del 61 de prohibir su inscripción en el registro de partidos políticos, por lo que la formación proetarra podrá concurrir a próximos comicios. Aunque los magistrados favorables a las tesis etarras pretendieron aglutinar una mayoría más amplia para no quedar tan marcados como en la sentencia de Bildu, no lo lograron y el TC ofreció la misma imagen de fractura.

No por esperada la resolución –estaba cantada porque los magistrados eran los mismos y los argumentos de la ponente de la sentencia, Elisa Pérez Vera, prácticamente iguales– nos parece menos escandalosa y grave para la evolución de la lucha antiterrorista y para el saludable funcionamiento del Estado de Derecho, al que la usurpación de funciones que no le corresponden por parte del TC tanto perjudica. De nada ha servido que el Supremo, la Fiscalía y la Abogacía del Estado concluyeran que Sortu era la marca de la banda terrorista y que su oposición a la violencia era una artimaña estratégica para burlar la ley de partidos sin que existiera prueba alguna de la ruptura con ETA, sino más bien al contrario. Que el principal argumento de los avalistas de Sortu haya sido el teatral rechazo de la violencia que recogen sus estatutos, sin que sea de su incumbencia si es sincero o no, y que ni siquiera se haya valorado que no pida la disolución de ETA ni condene sus crímenes es un despropósito jurídico y una ofensa a las víctimas. Estos seis magistrados han causado un grave daño al Estado de Derecho con una sentencia política, que no jurídica, y que, como en el caso de Bildu, está alumbrada por un principio de oportunidad que no de legalidad.

Este fallo, como antes otros, nos sirve para plantear que el Gobierno sopese la necesidad de reformar un órgano compuesto por profesionales de cuestionable formación, en algún caso, y no por jueces o magistrados como sería deseable, y para delimitar sin margen alguno a la interpretación el campo de actuación de un tribunal de garantías constitucionales que se ha transformado en uno de casación sin mandato alguno para ello. Se trataría de corregir una anomalía jurídica que debilita la credibilidad del edificio judicial en su cúspide. Nos parece de extrema gravedad que de sus resoluciones se pueda llegar a concluir que ETA juega en casa en el TC, pero no dejan mucho margen para lecturas más benevolentes.

Contra la inmersión lingüística
‘Algunos aún creyeron -y creen- que la inmersión era lo mejor para Cataluña, o para el catalán. ¿De verdad no escolarizar en su lengua a la mayor parte de catalanes es lo mejor para Cataluña? ¿Para defender a Cataluña hay que ofender a la mayor parte de catalanes? ¿De verdad el futuro del catalán pasa por la pérdida de derechos de los catalanes? Y si hubiera que elegir, ¿qué es lo primero?’.
Jesús Royo www.vozbcn.com   21 Junio 2012

Mercè Vilarrubias desmonta el argumentario justificador de la inmersión lingüística, y lo hace de la manera más eficaz: sin alharacas ni aspavientos, acudiendo a la realidad con la lupa -¡cruel lupa!- de la ciencia… La inmersión lingüística obligatoria que se practica en Cataluña es pura bazofia intelectual, pedagógica, social y política. Y también lingüística, si me apuran. Nunca ha habido estudios teóricos solventes que la avalaran. La pedagogía catalana más fiable en los años setenta y ochenta, o sea Marta Mata y la Escola Activa, nunca propuso la inmersión, sino educación en lengua materna hasta la segunda etapa de Primaria.

¿Cómo un producto de tan poca calidad ha podido imponerse en todas las instancias de Cataluña -todas las que cuentan, claro- con absoluta impunidad, sin el más mínimo debate? Ahí han tragado todos los partidos políticos -todos los que cuentan, claro-, de derechas y de izquierdas, y todos los medios, todos los opinadores, todos los profesores universitarios, toda la intelectualidad. Con honrosas y a veces dramáticas excepciones.

¿Cómo nos tragamos que la lengua materna no es importante: sobre todo si es la de los otros? (Els altres catalans). ¡Tanto como argumentamos cuando el franquismo sobre la conveniencia de introducir la lengua materna en la escuela! ¡Y la de traumas que habían sufrido los niños catalanohablantes por esa razón! Ahora de repente no había trauma ninguno: ¡que los niños son esponjas, hombre! Y para rematar, cómo tragamos (el sarcasmo) con lo de la cohesión social, con que el catalán garantizaba una sociedad más solidaria, más unida y más igualitaria.

Algunos aún creyeron -y creen- que la inmersión era lo mejor para Cataluña, o para el catalán. ¿De verdad no escolarizar en su lengua a la mayor parte de catalanes es lo mejor para Cataluña? ¿Para defender a Cataluña hay que ofender a la mayor parte de catalanes? ¿De verdad el futuro del catalán pasa por la pérdida de derechos de los catalanes? Y si hubiera que elegir, ¿qué es lo primero?

Todo ese sucio argumentario lo desmonta Mercè Vilarrubias en su libro Sumar y no restar, que va a ser la revelación de este año. Y lo hace de la manera más eficaz: sin alharacas ni aspavientos, acudiendo a la realidad con la lupa -¡cruel lupa!- de la ciencia. Conclusión: el programa de inmersión obligatoria no merece el título de programa pedagógico, ni social: solo político.

Y como programa político resulta altamente sospechoso. Y peligroso. Es explosivo, y está caducado. Pues hagamos con él lo que se hace con los explosivos caducados: abandonarlos. Es un milagro que aún no haya explotado. Desactivémoslo, ya.

Jesús Royo es catedrático de Instituto de Lengua catalana y licenciado en Filosofía


ON TRES MAGISTRADOS SIN RENOVAR
El Constitucional culmina la legalización de ETA en contra del Supremo
El fallo ha sido adoptado por un TC dividido: la decisión cuenta con tres votos discrepantes. Sortu podrá concurrir a las próximas elecciones vascas.
A. MARTIALAY Libertad Digital 21 Junio 2012

El Tribunal Constitucional ha legalizado este miércoles la formación proetarra Sortu por seis votos a favor y cinco en contra. El Pleno estima así el recurso de amparo presentado por los batasunos al entender que el Tribunal Supremo vulneró su derecho fundamental de asociación, en la vertiente de partidos políticos, cuando le impidió inscribirse en registro del Ministerio del Interior en 2011.

El tribunal adelanta este miércoles el fallo aunque la resolución íntegra se dará a conocer en los próximos días. La sentencia mayoritaria contará con tres votos discrepantes de los magistrados Manuel Aragón, Ramón Rodríguez Arribas y Javier Delgado. También han votado en contra de dar carta blanca a Sortu los magistrados Francisco Hernando y Francisco Javier Pérez de los Cobos. Todos los magistrados contrarios a la legalización de Sortu pertenecen al denominado 'sector conservador' de este órgano.

A favor de la legalización de Sortu han votado Pascual Sala (presidente), Eugeni Gay (vicepresidente) Pablo Pérez Tremps, Elisa Pérez Vera (ponente), Adela Asúa y Luis Ignacio Ortega.

Se trata de los mismos magistrados que legalizaron a la coalición Bildu hace justo un año. De esta forma, el Constitucional anula la resolución de la Sala del 61 del Supremo. La legalización de Sortu era la 'patata caliente' que tenía que resolver el Constitucional antes de que PP y PSOE llegaran a un acuerdo para renovar al guardián de la Carta Magna.

Tanto Gobierno como oposición se comprometieron a reemplazar a los tres magistrados que actualmente trabajan en la interinidad –Pérez Vera, Gay y Delgado-, junto con la plaza del fallecido Roberto García Calvo, antes del próximo 31 de junio. Por esta razón, el presidente Pascual Sala quería fallar sobre Sortu lo antes posible.

En marzo de 2011, esta formación fue ilegalizada por el Tribunal Supremo por ser "la plasmación del designio de Batasuna de constituir un nuevo partido político para que le suceda en su actividad". Para llegar a esta conclusión, la Sala del 61 del TS –por primera vez dividida en torno a la ilegalización de un partido político- utilizó como material probatorio documentos incautados por las Fuerzas de Seguridad del Estado a ETA y a miembros de la antigua Batasuna.

Los jueces del Supremo señalaron entonces que "si permitiéramos que Batasuna o los otros partidos ilegalizados 'resucitasen' a la vida jurídica y tomaran parte activa de la vida política estaríamos quebrantando la propia Constitución española". Así, se le impidió al partido proetarra concurrir a las pasadas elecciones municipales del País Vasco.

Con este fallo, el TC permite a Sortu inscribirse en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior de cara a las próximas elecciones vascas que se celebrarán previsiblemente en el año 2013. Para adoptar esta decisión, el Constitucional ha tenido en cuenta los criterios jurídicos que ya estableció cuando avaló a la formación Bildu.

La Nación va a ser atacada mucho más".
Mayor Oreja: Sortu hace más fuerte a ETA
EP| GACETA.ES  21 Junio 2012

El eurodiputado del PP afirma que el "objetivo" de ETA de alcanzar el poder "esté más cerca".

Sin ambajes ni medias tintas. El eurodiputado del PP y exministro del Interior Jaime Mayor Oreja ha criticado duramente la sentencia del Tribunal Constitucional de legalizar Sortu. A su juicio, este fallo hace que el "objetivo" de ETA de alcanzar el poder "esté más cerca".

"Ellos están acariciando el poder", afirma en Cope, mientras recuerda que es un "retroceso" que el TC haya anulado la sentencia del Tribunal Supremo en marzo de 2011.

En este sentido, ha avisado de que, al contrario de lo que opinan algunos partidos políticos como el PSOE, el PNV y algunos dirigentes de CiU, como Josep Antoni Duran Lleida, la legalización de Sortu no supone una "normalización" del escenario político en el País Vasco sino el "fortalecimiento" de la banda terrorista.

"No es un avance a la normalidad sino una decisión para que ETA alcance sus objetivos. Es un desafío de ETA que se va a producir como una culminación del proceso. Le va a fortalecer", asevera el dirigente del PP en Europa.

En esta línea, Mayor Oreja ha asegurado que la sentencia del TC es resultado "de la inercia del proceso que se puso en marcha y que continúa", al tiempo que ha alertado de que tras esta decisión "la Nación va a ser atacada mucho más".

"En el contexto de crisis es una mala noticia. Va a debilitar muy seriamente a España. Tenemos que entender lo que nos jugamos en las elecciones autonómicas vascas de 2013, que van a ser el primer test político de la crisis", ha señalado.

De este modo, según el eurodiputado popular, ETA va a intentar, a través de las elecciones, "sacar rentabilidad de la crisis en términos políticos". "Ellos saben las dificultades que tenemos los españoles, saben que la imagen de España se ha deteriorado seriamente y van a tratar de dificultar más la idea de vender España fuera. Esa es la tragedia del proceso", ha señalado.

Sortu, legalidad y decencia
Charo Zarzalejos Estrella Digital 21 Junio 2012

Cuando un tribunal dicta sentencia no cabe más que su acatamiento. Máxime si se trata del Tribunal Constitucional cuyos fallos no son recurribles. El obligado acatamiento no acalla las opiniones legítimas que el fallo sugiera. En el caso de la legalización de Sortu, estaba cantado que el fallo iba a ser el que ha sido, aunque para tratarse de un derecho, el resultado ha sumado las voluntades mínimas imprescindibles. Pero ahí está la sentencia.

Desde ya mismo Sortu es un partido tan legal como el PSOE o el PP y, por lo tanto , le asisten los mismos derechos pero más allá de la legalidad, Sortu tiene pendiente la asignatura de la decencia democrática. Con esta sentencia, muchos han cerrado una página para abrir el libro del "nuevo tiempo", sin que esta posición vaya acompañada de reflexión alguna.

A mí se me ocurren algunas. ¿Sería asumible por los ciudadanos que un partido legal como los ya citados no condenara, por ejemplo, a los defraudadores fiscales, a un grupo de violadores o a un grupo de traficantes? ¿Nos parecería normal? Evidentemente, no. Nos produciría escándalo y rechazo. Siguiendo este argumento tan obvio y tan simple ¿podemos dar por bueno que Sortu sea legal y a día de hoy siga sin condenar en vivo y en directo a ETA y sus crímenes? ¿Se merecen la misma consideración social los partidos que han puesto víctimas que los que han callado, cuando no justificado sin mover una ceja tanto asesinato? Cuando la acción política queda desprovista de cualquier reflexión moral se cae en un pragmatismo que llega a asustar. Sortu es legal, pero no decente.

Hay que señalar también que Sortu no es Amaiur ni Bildu. No, Sortu son los "pata negra" de la izquierda abertzale. No es una coalición como Bildu en donde hay partidos como EA que siempre han condenado la violencia. Sortu es la izquierda abertzale pura y dura, sin añadidos ni subterfugios y con el tiempo se verá con toda claridad.

Ayer comparecieron en rueda de prensa y nuevamente perdieron la oportunidad, una vez legalizados, de recorrer el camino que el lehendakari les ha sugerido que recorran: condenar a ETA y pedir su disolución. No lo han hecho ni lo van a hacer, y ya es tarde para que tanto el PSE como el PNV, que con tanta insistencia han defendido su legalización, se pongan exquisitos. Esas exigencias antes. Primero condena expresa y luego legalización, pero los tiempos se han invertido y ahora Sortu, con la ley en la mano, es un partido tan legal como los demás pero para muchos carente de la decencia exigible en democracia.

SORTU, A LAS URNAS
El TC avala a Sortu días antes de su renovación
El Pleno anula, gracias a los seis magistrados «progresistas» que dieron el visto bueno a Bildu, la sentencia del Supremo que impidió a la formación inscribirse como partido. Cinco magistrados se oponen al fallo al argumentar, como la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que es un instrumento de ETA y que su rechazo a la violencia es un ardid
R. Coarasa / F. Velasco La Razón 21 Junio 2012

Madrid- Sortu ya tiene vía libre para presentarse a las próximas elecciones vascas. A sólo unos días de que se aborde su renovación, el Tribunal Constitucional (TC) rehabilitó ayer políticamente a la formación abertzale 15 meses después de que el Tribunal Supremo (TS) la apartase de las urnas por considerarla una marioneta de los terroristas.

Como en el caso de la polémica sentencia sobre Bildu, la resolución que da vía libre a Sortu se acordó por un estrechísimo margen, gracias al voto de seis magistrados «progresistas», incluido el de su presidente, Pascual Sala. Los cinco integrantes del Pleno elegidos a propuesta de PP y el también «progresista» Manuel Aragón (que ya se alineó con el sector «conservador» en las controvertidas sentencias sobre el Estatut y Bildu) votaron en contra y tres de ellos –el propio Aragón y los magistrados Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas– han anunciado votos particulares.

Sólo el hecho de que no se haya cubierto la vacante de Roberto García-Calvo (fallecido hace cuatro años) ha evitado que la resolución tuviese que salir adelante con el voto de calidad del presidente del TC.

Hasta última hora, tal y como informó ayer LA RAZÓN, los magistrados que han avalado la ponencia de la «progresista» Elisa Pérez Vera (ver gráfico) han intentado sumar a su causa más apoyos para no dar, de nuevo, una imagen de fractura. Pero no ha sido posible, por lo que la «foto-finish» de la votación ha sido la misma que en el «caso Bildu» (aunque entonces se produjo sobre la vulneración del derecho de sufragio pasivo).

Pautas para el futuro
Aunque fuentes del TC indicaron que los magistrados «no han entrado en la valoración de la prueba» (como sucedió con Bildu con los informes policiales y los documentos incautados a ETA), la resolución sí enumerará los comportamientos que acarrearían en el futuro la ilegalización de Sortu, unas pautas que facilitarán la supervisión de la Fiscalía y la Abogacía del Estado para evitar que la formación abertzale burle la ley una vez pasado el filtro del Constitucional.

En la decisión del TC (cuya sentencia se conocerá en su integridad en los próximos días) ha pesado sobremanera el «inequívoco» rechazo a la violencia recogido en los estatutos de Sortu, una declaración que para la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que se oponían a la demanda de amparo de Sortu, era meramente cosmética. Pero el Alto Tribunal considera que la resolución del Supremo que apartó de la carrera electoral a la formación abertzale vulneró el derecho de asociación de los recurrentes, por lo que declara nulo el auto de la Sala del 61 de 30 de marzo de 2011, reconociendo el derecho de Sortu a inscribirse como partido político sin más dilación.

«Estrategia de engaño»
Ese auto del Supremo también fue polémico, pues frente a los nueve magistrados que lo avalaron, otros siete votaron en contra, y sus argumentos fueron esgrimidos precisamente por el abogado de Sortu, Iñigo Iruin, en su demanda de amparo ante el TC, al igual que la resolución del Alto Tribunal sobre Bildu.

La Sala del 61 concluyó que el rechazo de la violencia de Sortu formaba parte de una «estrategia de engaño» orquestada por ETA para burlar la ilegalización y conseguir estar presente en las instituciones a través de esa «técnica de desdoblamiento». Para el Alto Tribunal no había dudas de que fue la banda terrorista la que había «gestado, alentado y tutelado la estrategia de Batasuna de crear un nuevo partido político».

Los siete magistrados de la Sala del 61 que firmaron el voto particular (entre ellos Juan Antonio Xiol Ríos, que a partir de hoy será presidente en funciones del Supremo si finalmente Carlos Dívar presenta su dimisión) calificaron sin embargo la decisión de sus compañeros de «ilegalización preventiva.

La campaña sale gratis
Jesús María Zuloaga La Razón  21 Junio 2012

La inscripción en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior de Sortu, decidida ayer por el Tribunal Constitucional, tiene el efecto no precisamente colateral de servir como elemento capital para la campaña de las próximas elecciones autonómicas vascas, a convocar cuando lo decida el lendakari Patxi López. A los proetarras, la campaña les va a salir gratis y la pregunta que muchos ciudadanos se van a plantear en los próximos días es la de si el alto Tribunal, no podía haber esperado a abordar un asunto tan determinante para la política vasca, y, por lo tanto, española, a que se celebrasen esos comicios.

Batasuna, alias la «izquierda abertzale», ya tenía su marca, presentada hace unos días. Nadie podía decir que quedaban en una situación de indefensión, ya que su presencia en las elecciones estaba más que garantizada. Entonces, ¿por qué darles el plus de la legalización de Sortu? ¿Si se ha esperado tantos meses a tomar una decisión, no se podía aguardar algunos más?

El pasado 16 de mayo, ETA lanzaba, mediante un comunicado, un auténtico ultimátum a las instituciones españolas y francesas. Entre otras cosas, señalaba que existían «condiciones suficientes para abordar la Declaración de Ayete», adoptada en la Conferencia Internacional, celebrada en San Sebastián en octubre del año pasado, en la que se pedía, entre otras cosas, una solución negociada, en la que debían participar, en los asuntos políticos, representantes de los partidos (se entiende que con una «izquierda abertzale» legalizada). «Demorar la solución –agregaba– no es beneficioso para nadie y, además de alargar el sufrimiento, puede generar situaciones de bloqueo perjudiciales». La frase tenía su aquel, por más que algunos se ocuparan de transmitir que se trataba de un texto meramente publicitario.

Sin que se trate de establecer una relación causa-efecto, lo cierto es que el comunicado es de mayo y la legalización de Sortu se ha producido un mes después. Que cada uno saque las conclusiones que estime oportunas.

Este asunto, el de la legalización o no de Sortu, constituía una especie de muro de contención de las exigencias que la banda y su entramado plantean como reivindicaciones prioritarias para no volver a las armas. Tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición del pasado lunes, hasta enero de 2013 no tomarán una decisión definitiva sobre el mantenimiento o no de la tregua. Roto el dique de Sortu, las aguas fluyen con una fuerza tremenda sobre el tema de los presos, con las consecuencias que no tardaremos en comprobar. Los proetarras, envalentonados como nunca, lo saben y lo aprovecharán.

La historia próxima pondrá a cada uno en su sitio y el pueblo español, del que formamos parte con mucho orgullo los vascos, asistirá a las consecuencias. Primero fue Bildu, ahora Sortu y, en medio, Amaiur. ETA ha completado el círculo de la recomposición de su «Frente Institucional». Se les ha dado mucho a cambio de nada, porque las palabras, y, en especial, las de los terroristas, se las lleva el viento, el mismo que mece los cipreses de los cementerios.

Ignora los estatutos del partido
El TC ve motivos para ilegalizar Sortu en la misma sentencia que lo legaliza
La sentencia dice que Sortu podría ser ilegalizado si compara víctimas con verdugos. El partido, en los estatutos, ya lo hace.
agencias Libertad Digital 21 Junio 2012

La sentencia del Tribunal Constitucional que permite la inscripción de Sortu en el Registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior y que supone, 'de facto', su legalización, fija los límites que el partido no debe cruzar si no quiere ser ilegalizado. Entre ellos, la equiparación del sufrimiento de las víctimas con el que supone el cumplimiento de una pena por terrorismo, el ensalzamiento de etarras o las actuaciones que cuestionen la labor de las fuerzas de seguridad.

Así se señala en la sentencia, parte de cuyo contenido ha trascendido este jueves después de que ayer el Pleno del tribunal de garantías, por seis votos frente a cinco, acordara otorgar el amparo a la defensa de Sortu contra la decisión del Tribunal Supremo que en mayo de 2011 de prohibir el nacimiento de este partido político.

El alto tribunal reconoce a los recurrentes su derecho a inscribirse en el registro de partidos políticos si bien establece que "a la vista de la experiencia acumulada frente a las tentativas de eludir la ilegalización judicialmente decidida" hay que fijar una serie de conductas que "por su manifiesto contraste con el principio democrático y el pluralismo político", puede conducir a la ilegalización de una determina formación política.

Según el texto de la sentencia, al que ha tenido acceso Europa Press, "así ocurre con las expresiones de equiparación de la violencia terrorista con la coacción legítima que en un Estado de Derecho se reserva a las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado cuando persiguen, detienen y ponen a disposición judicial a los responsables de los delitos de terrorismo; y a los Jueces y Tribunales cuando les condenan en un proceso justo y con todas las garantías".

Se da la circunstancia, sin embargo, de que en los Estatutos que en su día presentó Sortu para inscribirse como partido, incluían varias afirmaciones que suponen, de hecho, la equiparación de víctimas y verdugos y la habitual mención de distintos tipos de "violencia" en el País Vasco para diluir la responsabilidad de la banda en sus crímenes.

Así, en el momento en que Sortu "rechaza" la "violencia" terrorista, emplea esta fórmula: "La definitiva y total desaparición de cualquier tipo de violencia, en particular, la de la organización ETA". Y pocas líneas más abajo, añade que son partidarios del "reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas".

Extracto de los estatutos de Sortu donde habla de "todas las víctimas"

En el fallo, tampoco resultan admisibles para el tribunal las actuaciones que tengan por objeto cuestionar el deber de las fuerzas policiales a la hora de perseguir a los responsables de la violencia terrorista.

La sentencia, cuya ponente fue la magistrada del denominado "sector progresista" Elisa Pérez Vera, recalca que "no puede asumirse en democracia todo intento de colocar en el mismo plano el sufrimiento infringido a las víctimas de la violencia terrorista y el eventual efecto aflictivo asociado al cumplimiento de la pena impuesta precisamente por la responsabilidad en que incurrieron quienes, recurriendo o justificando el terror, con su comportamiento causaron graves daños no sólo a las víctimas sino a la esencia misma de una sociedad democrática".

Tampoco pueden aceptarse, a juicio del Constitucional, aquellas actuaciones tendentes a otorgar al terrorismo una legitimación, "especialmente si la misma está proyectada a su justificación como medio necesario para alcanzar o avanzar en la consecución de objetivos políticos o cuando se utiliza la situación latente del terrorismo como chantaje para la consecución de objetivos políticos de una organización terrorista por las vías de la presión política y social al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la violación de los derechos fundamentales que comporta".

También puede ser causa de ilegalización el ensalzamiento de los autores de acciones terroristas, o su presentación como "víctimas o héroes".

Añade el Constitucional que la actividad de un partido político vulnera los principios democráticos y legitima la violencia terrorista cuando, "con manifiesto desprecio del orden constitucional, supedita su rechazo a la consecución negociada de objetivos políticos que sólo pueden alcanzarse en un Estado de Derecho mediante la utilización de procedimientos democráticos".

Para el alto tribunal, en la misma órbita entran conductas como la incitación al incumplimiento de las leyes democráticamente aprobadas, con la específica finalidad de favorecer las actividades de las en lugar de promover su derogación, "así como cualquier tipo de actuación que contribuya al sostenimiento económico de una organización terrorista".

La Sentencia, que cuenta con los votos particulares de los magistrados, Javier Delgado Barrio, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón Reyes, recuerda que la creación de los partidos políticos es "libre" dentro del respeto de los cometidos que el artículo 6 de la Constitución enumera, "por lo que sólo cabrá la denegación de la inscripción o la declaración de disolución de un partido político cuando concurra causa legal para ello".

Además, el fallo del Tribunal Constitucional pone de relieve que las circunstancias que "verdaderamente" definen a la asociación como partido se acreditan una vez está constituido, "y sólo entonces puede constatarse si los fines definidores de su ideario político, en principio constitucionalmente libres, se persiguen por medios, no ya pacíficos, sino, antes aún, compatibles con las funciones constitucionales a las que los partidos sirven como instrumentos".

El Pleno destaca también los importantes rasgos diferenciales con otras demandas de ilegalización resueltas por el Tribunal Constitucional. En este caso, destacan los magistrados, se trata de la negativa de inscribir a Sortu en el Registro de Partidos Políticos, lo que en la práctica ha supuesto que ha tenido una actividad mínima desplegada por sus promotores y diligentes centradas en la presentación de dicha formación.

Además, los magistrados recuerdan que las declaraciones recogidas en los estatutos de Sortu, en las que rechazan la violencia de ETA "han de considerarse que constituyen un contradicción suficiente para entender, en principio, contrarrestada o diluida la eficacia probatoria de otros elementos de convicción de los que pudiera inferirse que el nuevo partido político cuya inscripción se pretende en el Registro de Partidos Políticos pudiera perseguir, continuar o suceder la actividad de los Partidos Políticos judicialmente ilegalizados y disueltos".

Por último, el Tribunal Constitucional señala que resulta "desproporcionado" denegar la inscripción de una formación política porque limita el libre ejercicio del derecho de asociación, más aún a la vista de los instrumentos de control a posteriori de que ha dotado el legislador para evitar posibles fraudes que impidan a los terroristas o a quienes les amparan y protegen "se prevalgan de los beneficios del Estado de Derecho para intentar destruirlo desde el interior de instituciones democráticas".

FUE CREADA EN 2011
Sortu: la marca de ETA que nació de la negociación
Los batasunos querían presentar el partido a las elecciones municipales y forales de mayo de 2011.
J. Arias Borque Libertad Digital  21 Junio 2012

Destrozados por la actividad de las Fuerzas de Seguridad del Estado todos los intentos de reconstruir Batasuna, los responsables del brazo político de ETA comenzaron a trabajar en septiembre de 2010 en la construcción de una nueva formación política que les permitiese regresar a las instituciones.

En ese momento, contaron con la complicidad de un Gobierno, dirigido por José Luis Rodríguez Zapatero, que venía de negociar políticamente con la banda terrorista, en la que le había ofrecido a ETA la legalización de su brazo político. Además, había influido todo lo posible en el TC para que permitiese la participación en las elecciones europeas de 2009 de Iniciativa Internacionalista, una coalición de partidos de extrema izquierda extraparlamentaria que acogió en su seno a candidatos batasunos. De hecho

Para superar todos los obstáculos y, especialmente, la Ley de Partidos, la creación de los estatutos de este nuevo partido recayó en Iñigo Iruin, un veterano abogado que defendió a terroristas de ETA en la Audiencia Nacional, fue miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, senador de HB durante cuatro años en la Cámara Alta, diputado HB en el Parlamento vasco durante casi una década, y asesor del por entonces jefe de ETA, Eugenio Etxebeste Antxon, en las negociaciones de Árgel de 1989.

El nuevo partido fue presentado oficialmente el 7 de febrero de 2011 en el Palacio Euskalduna de Bilbao, teniendo como padres de la ceremonia al propio Iruin y a Rufino Etxeberria, un veterano dirigente de HB-EH-Batasuna conocido por defender durante los años noventa la aprobación de la ponencia Oldartzen (Embistiendo), que abogaba por la socialización del sufrimiento. Es decir, propugnaba el asesinato por parte de ETA de políticos, jueces, fiscales o periodistas, entre otros.

Para superar el obstáculo al que se enfrentan todas las marcas electorales de ETA, la Ley de Partidos, los estatutos de Sortu tuvieron importantes novedades, como el rechazo a todo tipo de violencia "sin ambages", incluida la de ETA, y un cambio absoluto en el modelo organizativo.

También, abogaban por "el reconocimiento y reparación de todas las víctimas originadas por las múltiples violencias que han tenido presencia en nuestro pueblo en las últimas décadas". Es decir, en la línea del discurso proetarra comparaban a las víctimas del terrorismo con los etarras que ingresan en prisión y colocaban en un plano similar el terrorismo de ETA y la labor de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Pese a los cambios en los estatutos y el rechazo de la violencia, la nueva formación nació con claros indicios de ilicitud, debido al alto número de veteranos dirigentes de HB-EH-Batasuna, cabecillas de candidaturas que fueron ilegalizadas y recientes cargos públicos de PCTV-ANV que habían respaldado sus actos de constitución y presentación; a su negativa a condenar la historia terrorista de ETA; y su negativa a pedir a la banda su disolución y la entrega de sus armas.

Esos indicios y otros más que fueron recogidos por los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional sirvieron de prueba al Tribunal Supremo para ilegalizar a la formación, por ser sucesora de HB-EH-Batasuna, en marzo de ese año. Por ello, Sortu no puedo ser la marca electoral de ETA en las elecciones municipales y forales de mayo de 2011. Desde entonces, estaba pendiente el recurso en el Tribunal Constitucional.

Cine
Europa exige modificar la Ley del Cine Catalán en dos meses por discriminar películas europeas
La Comisión Europea reclama al Estado que «ponga fin a las normas que dificultan la distribución de películas no españolas»
BARCELONA ABC Cataluña  21 Junio 2012

La Comisión Europea ha exigido una modificación de la Ley del Cine Catalán en un plazo de dos meses al tacharla de "discriminatoria" y contraria a las normas de la UE sobre la libre circulación de servicios.

En un dictamen emitido este jueves, la CE reclama al Estado que "ponga fin a las normas discriminatorias que dificultan la distribución de películas no españolas" y amenaza con recurrir al Tribunal de Justicia de la UE.

La polémica norma, que se aprobó en el Parlamento catalán pero que de hecho no ha llegado a aplicarse tras el acuerdo entre majors y gobierno catalán,obliga a alcanzar un 50% de distribución de películas en catalán en el territorio, incluidas las versiones originales, dobladas o subtituladas, con la excepción de las películas en castellano, exentas de esta obligación.

La comisión, que considera que "las políticas de los estados que quieren promocionar la lengua son legales", recuerda sin embargo que las medidas adoptadas han de cumplir ciertas condiciones: "ser proporcionadas en relación con el objetivo perseguido y no discriminar al resto de estados miembros".

El primero en reaccionar al dictamen ha sido el conseller de Cultura de la Generalitat, Ferran Mascarell, quien además de subrayar que la resolución de Bruselas "en ningún momento cuestiona la protección del catalán y solo cuestiona uno de los 200 artículos", ha avanzado que empezará a trabajar con los grupos parlamentarios con los que se acordó la ley para resolver como encajar en la normativa.

universidad
El 88% de los nuevos alumnos de la UPV puede estudiar íntegramente en euskera
Se incrementa el porcentaje de profesores que pueden impartir sus asignaturas en lengua vasca
VASCO PRESS | BILBAO El Correo  21 Junio 2012

En el curso 2011-12 la UPV ha ofertado la posibilidad de realizar sus estudios íntegramente en euskera al 87,92% del alumnado de primer curso, según se desprende de las conclusiones de la evaluación del seguimiento del Plan Director del Euskera (2007/08-2011/12). Los datos se han dado a conocer tras la reunión de hoy del Consejo de Gobierno, que también ha aprobado por asentimiento el Plan Estratégico de la UPV 2012-2017.

El rector Iñaki Goirizelaia ha destacado que se ha realizado una evaluación del plan "honesta y minuciosa" y que "hay razones para estar contentos". "El progreso del euskera en la universidad es evidente en todos los campos y, aunque tenemos algunos puntos débiles, la gran mayoría de los indicadores son positivos. En los estudios de grado no será posible avanzar mucho más en los próximos años, pero tenemos retos, por ejemplo, en los postgrados", ha explicado.

En lo que se refiere a la oferta docente, la UPV ha hecho una clara apuesta por la enseñanza en euskera en el periodo 2007-12, cuyo objetivo era ofertar en euskera los títulos de grado, siempre y cuando la demanda fuera suficiente. En el curso 2011-12, el 78% de los créditos de las materias obligatorias se han ofertado en euskera y se ha superado el objetivo marcado en el Plan Universitario 2011-14 (76,5%). En el curso 2011-12, el 46,7% del alumnado se ha matriculado en euskera en el primer curso, cuatro puntos más que el año anterior. También se ha detectado puntos débiles, sobre todo en los grupos con un número pequeño de alumnos, de menos de 15 en general.

Profesorado
En el apartado personal docente e investigador también se ha constatado una tendencia al alza, más si se tiene en cuenta que en 1989 solo el 13% del profesorado de la UPV era bilingüe. El Plan Director se fijó como objetivo elevar el porcentaje del profesorado bilingüe al 43%, y en 2011-12 ya se ha alcanzado el 45,10%. El porcentaje de doctores entre este colectivo ha crecido hasta el 61,49%, y el objetivo marcado por el Plan Universitario 2011-14 (61%) también se ha superado.

En cuanto a las tesis leídas en euskera, su número ha crecido considerablemente: en 2007 se leyeron 19 y en 2010, 29, si bien es verdad que si se toma en cuenta el total de tesis, el porcentaje es todavía pequeño (8,84%).

El Plan Universitario 2011-14 ha establecido como indicador el número de becas otorgadas para realizar la tesis en euskera y en 2011 se ha superado el objetivo: se debía conceder 24 y se han dado 25.
Por otra parte, según el Plan Director, para 2011 el 52% de los puestos de trabajo del personal de Administración y Servicios debería tener asignada una fecha de preceptividad para su perfil lingüístico, y el objetivo se ha cumplido. Además, el 58% de los trabajadores ha acreditado ya el perfil que se les ha asignado.




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