AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 27 Junio 2012

Situación insostenible
Déficit explosivo
Emilio J. González Libertad Digital 27 Junio 2012

España se encuentra en una situación presupuestaria muy preocupante. Eso no es una novedad. Lo peor de todo, sin embargo, es que el problema, lejos de corregirse, tiende a agravarse. Según los datos de déficit del Estado de los cinco primeros meses del año, éste se situó en el 3,41% del PIB, tan solo una décima por debajo del objetivo para el conjunto del ejercicio, si bien el Ministerio de Hacienda señala que, en términos homogéneos, que incluye los adelantos realizados a las autonomías, el desequilibrio fiscal se queda en el 2,38%, un poco por debajo del resultado registrado en el mismo periodo del año anterior. Lo importante, empero, no es una cifra u otra, sino que estamos en una situación de crecimiento explosivo del déficit que ya debería haber disparado todas las alarmas del Ejecutivo.

Los ingresos presupuestarios están evolucionando peor de lo previsto, lo que siembra muchas dudas sobre la capacidad del Gobierno para cumplir los objetivos presupuestarios pactados con la UE. Para complicar más las cosas, el Banco de España acaba de decir que la recesión de la economía española se agrava, es decir, que las cosas van a peor y, como es lógico, los ingresos presupuestarios seguirán deteriorándose más de lo previsto. Mientras tanto, el Ejecutivo sigue financiándose a unos tipos de interés crecientemente elevados. Así es que tenemos una economía con tasas de crecimiento negativas y unos tipos de interés que superan con creces, en todos sus plazos, al ritmo de aumento del PIB. Esta situación se conoce como de crecimiento explosivo del déficit porque el ritmo de actividad económica no es lo suficientemente elevado para poder aportar recursos con los que pagar esos intereses y amortizar parte de la deuda. En consecuencia, la partida de intereses pasa a formar parte del gasto público y, de esta forma, alimenta el crecimiento del déficit, que a su vez genera más deuda, intereses más altos y más déficit. Estamos, por tanto, en un círculo vicioso que, de no atajarse, de aquí a unos meses provocará la suspensión de pagos. ¿Qué más se necesita para que el Ejecutivo comprenda la gravedad de la situación?

Tal y como están las cosas, el Gobierno debería estar poniendo en marcha nuevos planes de ajuste presupuestario, no por la vía de los impuestos, sino por la de los gastos, que es la menos dañina para la economía y donde de verdad hay mucho margen de actuación. Para ello es necesario que el Ejecutivo empiece a meter mano de una vez por todas a las autonomías y a los ayuntamientos, en especial a las primeras, obligándolas, por las buenas o por las malas, a recortar sus gastos de forma drástica, eliminar duplicidades con el Estado, acabar con políticas completas y poner fin al derroche de recursos en forma de tanto coche oficial, tanta visa oro y tanto gasto de representación, tanto asesor, etc. Por desgracia, el Gobierno sigue sin entender que o reforma por completo el Estado de las autonomías y empieza a hacerlo ya mismo, o esto se va a pique, porque apenas nos queda tiempo para actuar. Y como los ciudadanos también podemos hacer cosas, les recomiendo que se adhieran a la iniciativa Reconversión, a través de su página www.reconversion.es

Lengua y justicia
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 27 Junio 2012

La condición de lengua cooficial no significa hiperoficial, como interpretan los nacionalistas.

La Constitución de 1978, con el fin de reconocer la realidad cultural y lingüística de los distintos territorios españoles, establece la cooficialidad de la lengua común, el castellano o español, y la lengua autóctona allí donde la hubiera. Esta condición de cooficial no significa hiperoficial, como interpretan los nacionalistas.

Su política en este ámbito ha consistido lisa y llanamente en expulsar al castellano del espacio público y del sistema educativo, con grave vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, aplastamiento de las libertades civiles y violación flagrante de la letra y del espíritu de nuestra Ley de leyes. Ningún Gobierno central de los dos grandes partidos nacionales se ha atrevido a poner coto a tales desmanes e incluso, en una muestra de acomplejamiento y de falta de convicciones realmente llamativa, han copiado la normativa normalizadora -léase coactiva- de los secesionistas y gran parte de sus prácticas en las Comunidades en las que han disfrutado de largas mayorías absolutas.

España es el único Estado del mundo en el que una familia se ve imposibilitada de escolarizar a sus hijos en la lengua oficial de ese Estado en una fracción apreciable de la geografía nacional. Semejante disparate jurídico, ético, cultural, social y económico es una de las muchas consecuencias nocivas -la ruina en la que nos encontramos es otra- de una concepción profundamente errónea de lo que debe ser la unidad en la diversidad.

El Tribunal Supremo acaba de dictar una sentencia ejemplar en la que pone las cosas en su sitio y anula un decreto de la Generalidad de Cataluña sobre el uso del catalán en la enseñanza infantil sentando doctrina de manera precisa:

"El castellano es lengua vehicular y docente junto con el catalán" afirma el Supremo, y también que su utilización en este sentido "constituye en el sistema educativo catalán un derecho constitucionalmente reconocido que no puede quedar sometido en su ejercicio a la condición de que se solicite por quién lo posea a título individual".

Otros elementos destacables de la sentencia son que el castellano no ha de quedar reducido a ser una asignatura más, que la relación de los padres castellano-hablantes con el centro escolar ha de tener lugar en dicha lengua y que, oh música celestial a los oídos de los amantes de la libertad, el método de inmersión lingüística es "por su naturaleza y por definición contrario al sistema". Conviene resaltar que tan esclarecedora decisión de la máxima instancia jurisdiccional viene a invalidar otra previa del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña favorable a los separatistas.

¿Verdad qué se entiende el motivo por el que los nacionalistas quieren limitar el papel del Supremo al de simple unificador de doctrina? Y es que España, a la que convergentes, peneuvistas, bloqueros y batasunos pugnan obsesivamente por liquidar, es matriz de libertades y derechos, es el espacio físico, jurídico y espiritual que nos eleva al rango de ciudadanos, es la garantía de que estamos protegidos frente al fanatismo, la arbitrariedad y la opresión. Por eso quieren acabar con ella y por eso debemos defenderla con toda firmeza. Nos va en ello la dignidad, la libertad y la vida.

¡No más insumisiones! Ante la insumisión, suspensión.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 27 Junio 2012

Si este Gobierno de Rajoy tuviera vergüenza llevaría al Congreso una propuesta de suspensión de la Autonomía de Cataluña. No se puede aceptar como normal el que los dirigentes de esa Comunidad hagan pública su insumisión y su negativa a cumplir con las sentencias del Tribunal Supremo de España, bajo pretexto de que esas sentencias contradicen su bastardo Estatuto, cuya aprobación fue otra traición de los componentes del PSOE del llamado Tribunal Constitucional, con su entonces Presidenta María Emilia Casas a la cabeza. Una afrenta a la libertad de los españoles que residen en esa comunidad y que se consiente desde un Gobierno cobarde y amedrentado por el nacionalismo secesionista.

Ya está bien de que asistamos a escenas de desafío total a la legalidad única que es la Constitución, y si no lo es, entonces nada que esté amparado por ella será respetado ni digno de ser respetado, empezando por las Instituciones. España no puede ser una anarquía y que en cada corralito se impongan las dictaduras del nacionalismo más radical y excluyente, como en este caso el de CiU, con la inestimable colaboración del PSC y del PPC. Unos políticos que deben su legitimidad a unas leyes de ámbito estatal sin las que no podrían ser electos ni ejercer sus cargos.

Solo espero que esas palabras del portavoz del Gobierno autónomo de Cataluña sean respondidas desde el Gobierno de España y que se garantice el cumplimiento de la Ley, bien por las buenas, o por el uso de los mecanismos de protección que la propia Constitución prevé para casos de emergencia. Y este de la insumisión reiterada a incumplir las sentencias del Tribunal Supremo empieza a ser una emergencia nacional más preocupante que la misma crisis económica.

Basta ya de desafíos al autoridad de las Instituciones del Estado. O las hacemos respetar o España dejará de ser un Estado de Derecho y nadie podrá garantizar que la anarquía se apodere de varios sectores de la sociedad. Este Gobierno tiene el deber de imponer su autoridad y acabar con las insumisiones de todo tipo y el continuado desafío a la legalidad vigente. En esto no puede mirar a otro lado y hacer como que no pasa nada. Los españoles tenemos derechos reconocidos en la Constitución que deben ser respetados en todo el territorio, incluidas esas comunidades que se creen islas segregadas e independientes. Ni lo son, ni en un futuro cercano lo serán, no sin luchar.

Espero que no haya que llegar a extremos indeseables y se imponga el imperio de la Ley de España. Como español lo exijo a este Gobierno.

Montesquieu, Rajoy y el 155 de la Constitución, contra la imposición del catalán
Willi Sánchez www.lavozlibre.com  27 Junio 2012

Director de Logística y Operador de Transportes en la empresa privada

"Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el Senado hagan leyes tiránicaspara ejecutarlas del mismo modo. Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor".

En el año 1748, Montesquieu dejaba claro el porqué de la Separación de los Poderes del Estado, con un argumento que hoy nadie discute en público porque hacerlo retrataría al dicente situándolo, sin la más mínima duda, en el lugar que ocupan los tiranos en nuestra historia.

La Generalidad de Cataluña, representada por la inefable Rigau, ha vuelto a sugerir que no cumplirá con la última resolución del Tribunal Supremo que determina, de forma contundente, que el español debe ocupar el mismo lugar que el catalán en la Enseñanza Primaria. Esta nueva Resolución echa por tierra el último Auto del TSJC y la Ley de Enseñanza de Cataluña (LEC), que fue aprobada en el Parlamento de Cataluña, con el respaldo mayoritario de los Partidos Políticos catalanes, excepto PP y Ciutadans. Cabe destacar la inexistencia de enmienda alguna al apartado lingüístico, vacío aprovechado maliciosamente por la Convergente para argumentar su abyecto desacato.

Al igual que los marxistas bolcheviques a principios del siglo XX, los 'bienpagados' políticos nacionalistas, en complicidad permanente con el TSJC y la ausencia de oposición a sus delirios, se autoproclaman representantes de una colectividad suprema, dotándola de una legitimidad absolutista, que margina los derechos individuales de las personas y convierte la Legislación en un simple escrito de obediencia arbitraria.

La situación política en Cataluña es la descrita, como hipótesis, por Montesquieu cuando argumentaba el peligro de que el Estado no se sustentara sobre la base de la Separación de Poderes y, como bien apuntaba, Cataluña se haya inmersa en una tiranía donde el imperio de la vida y la libertad de los ciudadanos es completamente arbitrario.

Le guste o no al señor Rajoy, la pelota se encuentra en el tejado del Gobierno, pues la responsabilidad del Poder Ejecutivo no es otra que la del cumplimiento de las Leyes, utilizando, para ello, los mecanismos que la propia legislación determina, como por ejemplo, el artículo 155. 1 de la Constitución Española, que dice: "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general".

La Selectividad francesa descubre con Messi la discriminación lingüística en Cataluña
Manuel Romero www.lavozlibre.com 27 Junio 2012

Periodista y director de La Voz Libre

La prueba de la Selectividad francesa ha difundido al mundo que en los colegios e institutos de una parte de España está prohibido enseñar y aprender en español.

Esta situación de persecución del español quedó de manifiesto en un reportaje que publicó ‘La Voz Libre’ el 12 de mayo de 2009, que recurría a la relevancia social del jugador argentino del FC Barcelona Leo Messi, para dar a conocer su caso y difundir la situación discriminatoria que se vive en Cataluña: su hermana tuvo que regresar a Argentina porque no encontró un solo centro de enseñanza en Cataluña en el que continuar los estudios en español que inició en su país.

Este 2012, la prueba de la selectividad francesa, conocida como Baccalauréat Général, en su ejercicio de comprensión, traducción y redacción del idioma español, ha utilizado gran parte del texto de esa crónica de ‘La Voz Libre’, dando a conocer y planteando preguntas a los examinados sobre la situación discriminatoria de la enseñanza en Cataluña.

Más allá del enlace a través del cual puede leerse el reportaje en su totalidad, estos son los extractos utilizados por el Ministerio de Enseñanza de Francia:

Leo Messi, estrella del FC Barcelona, fue víctima en el pasado de las consecuencias de la política lingüística de la Generalitat de Cataluña. Su madre y su hermana menor abandonaron Barcelona y se marcharon a Argentina porque no pudieron encontrar un colegio en el que se impartieran las clases en español.

La familia de Messi vive separada desde entonces. Celia, madre del delantero del Barça, reside en la ciudad argentina de Rosario cuidando a Marisol, que actualmente cuenta 14 años. Jorge Messi, el padre, vive junto al '10' en la localidad de Castelldefels (Barcelona).

El motivo por el que la madre de Messi y parte de la familia se marcharon de Cataluña se debió a que Marisol, la menor de los cuatro hermanos, fue incapaz de adaptarse a la enseñanza en catalán y por la inexistencia de un centro en el que estudiar en español, su lengua materna.

Aunque es el idioma oficial de España, Argentina y otros 19 países, con casi 500 millones de hablantes en el mundo, el castellano está excluido en Cataluña del sistema de enseñanza tanto público como privado. La legislación tampoco permite la fundación por parte de los padres o de empresas privadas de colegios en español, aunque sí existen centros trilingües franceses, ingleses o alemanes, combinados con el catalán y escasamente con la asignatura de Lengua Castellana, en los que están matriculados los hijos de las clases acomodas de Barcelona. Los siete millones de habitantes de Cataluña hablan español y lo usan de forma habitual. Para más de la mitad de la población es su lengua materna. Sin embargo, la Generalitat de Cataluña no lo considera válido como idioma administrativo o de enseñanza, manteniéndolo excluido de la vida oficial y cultural desde hace más de dos décadas.

Leo Messi, de 21 años, llegó a Barcelona hace 9 con un problema –una enfermedad hormonal que afectaba a su crecimiento- y una ilusión –superar una prueba infantil en el FC Barcelona. Ambos retos tuvieron un feliz desenlace y comenzaron a resolverse la tarde en la que el técnico del Barça, Carles Rexach, decidió contratarlo. El club comenzó a pagar los 1.800 dólares mensuales que costaba la cura y que sus padres no podían afrontar.

Sus padres y sus tres hermanos, Rodrigo, Matías, y Marisol, que entonces tenían 20, 18 y 6 años de edad, respectivamente, se trasladaron a Barcelona. Pero seis meses después, la familia tuvo que dividirse.

“Cuando mi hermanita María Sol iba a la escuela, le hablaban en catalán, lloraba y no le gustaba. Entonces mi vieja decidió volver a Rosario con ella y mis hermanos, Matías y Rodrigo, para que siguiera la escuela allá”. El relato de aquella adversidad se divulgó en medios como 'Clarín', 'Para ti' y la revista de la compañía Aerolíneas Argentinas. Paradójicamente, no en España.

El presidente del Barça, Joan Laporta, acostumbra a arengar a su plantilla enardeciendo el sentimiento hacia lo catalán: “Os exigimos respetar la identidad catalana del club y os pedimos que habléis y escribáis en catalán”.

Leo Messi, sin embargo, no habla catalán. Su timidez y compromiso con el Barça no le ha impedido transmitir a su entorno en Argentina el desagrado que le produce esta presión, que había tenido su precedente el día anterior a la intervención de Joan Laporta.

[…]
Maragall afirmó: “Voy a hablar con el presidente del Barça, Joan Laporta, para que destacados miembros del equipo, como Leo Messi e Iniesta, apoyen el catalán. Leo Messi puede hacer que los argentinos hablen catalán”.

El chico, que tuvo más fácil encontrar en Barcelona la ayuda económica para su enfermedad y el reconocimiento deportivo que un colegio en español para su hermana, era propuesto públicamente y sin previo aviso como promotor del catalán. La propuesta no ha obtenido resultado. Messi sigue expresándose en su lengua materna, el español.

30 AÑOS DE ERRADICACIÓN DEL ESPAÑOL
Esto sucede en Cataluña, donde desde hace más de 30 años el castellano ha sido erradicado del sistema de educación, dejándolo limitado a dos horas semanales, con el mismo trato de una lengua extranjera. Incluso los profesores que imparten esas dos horas lo hacen dando las explicaciones en catalán.

Todos los libros escolares existentes están en catalán y las únicas actividades extraescolares -teatro, cine, deporte- se realizan en catalán. Hasta el idioma en los comedores de los centros, las comunicaciones con los padres, las charlas de pasillo y los juegos de patio deben realizarse en catalán y nunca en español. Así lo establece la Ley de Educación de Cataluña. Quien no se lo crea, que se la lea.

Esto contraviene la Constitución Española. Las numerosas sentencias dictadas en contra de esta política discriminatoria son respondidas con el desacato de la Generalitat, que deja en entredicho que en España exista un auténtico Estado de Derecho.

La política lingüística de la Generalitat de Cataluña atenta contra las leyes y los principios básicos de libertad y humanidad. Que un niño no pueda aprender en su lengua materna, como puede ser el castellano -oficial en todo el país-, no es más que el resultado de un plan de sectarismo nazi impulsado y aplicado por las diferentes administraciones de la Generalitat de Cataluña, permitido y cofinanciado por el resto del Estado, que en su día decidió traspasar las competencias de educación a quiénes no han hecho más que utilizarlas para modificar la composición lingüística de la población por medio de la ingeniería social, propiciando las diferencias con el resto de España y generando la distancia y el conflicto que desemboque en la secesión. Llevan 30 años y emplearán otros 30, si fueran necesarios, hasta imponer su voluntad.

Desde su nacimiento, ‘La Voz Libre’ viene denunciando esta situación, que en Cataluña es presentada e interpretada por los dirigentes nacionalistas y catalanistas de forma artera, asegurando que todos los niños acaban hablando castellano. No dejan opción a la reflexión de que del hablar al escribir media un enorme trecho y del escribir al tener conocimientos de cultura general en el idioma materno media otro. De hecho, los niños lo aprenden en casa y en la calle, además de por televisión, pero sólo como instrumento de comunicación oral, sin trasfondo cultural. También los niños haitianos hablan francés sin pisar un colegio. Pero no se trata de hablar un idioma, sino del derecho a recibir la enseñanza en esa lengua que precisamente se habla. Y eso en Cataluña no se practica con el español.

Esta aberración pasa desapercibida en el resto de España, donde incluso se llega a dudar de que lo que se cuenta sea así. Si alguien vacila de la certeza de esta descripción, lo que debe hacer es utilizar la parte inferior de esta página, destinada a los comentarios, para informar del nombre de algún colegio público o privado en Cataluña en el que el español sea la lengua de enseñanza. Si no es así, lo único que aportará son argumentos de apoyo a una estrategia que no se detiene ni si quiera cuando la crisis económica obliga a la Generalitat a recortar en todos los ámbitos de la administración de Cataluña… excepto en el de la imposición lingüística.

Así, más allá de la apariencia de conformidad social que trata de esparcir por el mundo la Generalitat, afloran las evidencias de que ese silencio es el producto de la apisonadora oficialista y burocrática que abona con presupuesto la imposición de un idioma sobre otro, dejando a los ciudadanos como única opción del uso del español la transmisión oral y la fuente de televisión como maestra general del aprendizaje del vocabulario culto.

La marginación y discriminación del español, junto con los contenidos sectarios y manipulados de los manuales escolares, se complementa con pasajes chuscos y rastreros, como la marginación de acontecimientos deportivos que aglutinen a niños y jóvenes de toda España, no autorizando a los patrocinadores oficiales de la Eurocopa 2012 la instalación de pantallas gigantes en la vía pública de Barcelona o de cualquier otra ciudad catalana, desde donde seguir los partidos de la selección nacional de fútbol y que puedan generar entusiasmo hacia lo español.

Los nacionalistas pusieron en marcha esa estrategia con el convencimiento de que la presión a lo largo de los años generaría hastío y cansancio en aquellos ciudadanos rebeldes. Y no les faltaba razón. Quien quiera enfrentarse a la artillería todo poderosa de la Generalitat de Cataluña y de sus recursos materiales ha de recurrir a abogados pagados por su propio bolsillo. Y si, tras años de litigio, los tribunales dan la razón al ciudadano, la Generalitat declara sin disimulo que no acatará la sentencia. Por ahora, el Gobierno de la Nación se ha desentendido sistemáticamente de este problema y ha dejado que la ley y la razón no imperen en todo el territorio que administra.

Gracias a la prueba de Selectividad francesa, muchos jóvenes de la Polinesia conocen la situación de discriminación en la enseñanza en Cataluña. Ahora sólo falta que en La Moncloa también se den por enterados y decidan gobernar.

Francisco Marhuenda: «Hemos dejado crecer sin control la estructura de organización del Estado »
Francisco Marhuenda ve en el crecimiento desaforado de las comunidades y las ambiciones nacionalistas dos graves problemas de España

Ávila - U. Fuente La Razón 27 Junio 2012

El problema está presente en todos los diarios. Como lo sintetizó Francisco Marhuenda, director de “LA RAZÓN”, en España nos hemos comportado como “nuevos ricos” y hemos dejado crecer sin control una estructura de organización del Estado sin precedentes y sin sentido común. “Es un tema polémico, complicado y muy interesante. Pero siempre hay alguien que se enfada cuando se trata. Porque así funciona el carácter español, por el que pasamos de los grandes cariños a los odios desaforados.” “El estado autonómico ni es la panacea ni es una porquería, pero requiere que sea revisado para afrontar el futuro”, afirmó.

Marhuenda, también exdirector general de Relaciones con las Cortes, apuntó que “el problema del modelo español es que es un modelo abierto, y como tal, se sabe dónde empieza pero no dónde acaba”. En este sentido, recalcó que el título VIII de la constitución que regula las autonomías es una especie de “Constitución interna” y complica mucho las modificaciones competenciales, por ejemplo. “Requiere la intervención de ambas partes para cambiar o reformar cualquier asunto y en base a ese título cada autonomía se dotó a sí misma de una denominación, ya fuera comunidad histórica, nacionalidad o región. Y a partir de ahí empezaron los chiringuitos”, explicó.

Uno de los asuntos más polémicos son las competencias. Marhuenda lamentó que se haya transferido la de educación porque “ha contribuido a acentuarse diferencias. Yo quiero una España con diversidad, pero no con división”, dijo. También criticó que, por ejemplo, en el caso de Turismo, haya competencias a todos los niveles: ministerial, autonómico, provincial, municipal, e incluso de diputaciones. “Necesitamos una administración eficaz”. “Es necesario aligerar la estructura del estado porque no puede ser tan “amplio, pesado y costoso. La Administración ha crecido de forma desaforada y eso lo está percibiendo la sociedad”, afirmó.

“Soy pesimista porque creo que hay un grave problema con los partidos nacionalistas ya que su objetivo es sólo romper el Estado”, dijo Marhuenda, que hizo un prolijo repaso a la evolución constitucional española, y señaló que tras la Guerra de la Independencia el tema territorial ha quedado “con costuras abiertas, mal zanjado”. En la transición se debatieron modelos de todo tipo, desde el tímido descentralización de Manuel Fraga a planteamientos extremos de los nacionalistas. Sobre los nacionalistas versó parte de su intervención, y lo que a su juicio, ha sido el error de todos los presidentes de la democracia: “pensar que pueden pactar con ellos y aplacar sus ambiciones. Cada paso que dan es un escalón a la independecia, no a la convivencia. “Un estado no puede estar sometido a tensiones territoriales permanentes –advirtió-. En mi caso, ser catalán es mi forma de ser español”.

En este sentido, contrapuso al caso español el modelo alemán, donde tienen sus länder pero “hay lealtad constitucional. Los partidos políticos son nacionales y es compatible el apego al lugar de origen con ser alemán. Todos piensan primero en Alemania”. Por otro lado, planteó ejemplos de otras naciones en el mundo que tienen menos autogobierno en sus regiones, como es Reino Unido: “Ya les gustaría a escoceses y galeses tener el autogobierno que tiene Cataluña, por ejemplo”.

Nace Sociedad Civil y Democracia
Una asociación vinculada a Mario Conde crea un partido político
GACETA.es  27 Junio 2012

La asociación Sociedad Civil Española, vinculada a diversos movimientos ciudadanos, celebrará el Congreso Constituyente del partido en octubre.

Sociedad Civil Española, asociación estrechamente vinculada a los movimientos ciudadanos durante los últimos años, ha puesto en marcha los mecanismos de constitución de un nuevo partido político, "Sociedad Civil y Democracia" (SCD), con el que comparecerá en próximas contiendas electorales, tanto autonómicas como nacionales y europeas.

El punto de partida del proyecto tuvo lugar el pasado mes de mayo, momento en el que Sociedad Civil, cuyo think tank, Fundación Civil, está presidida por Mario Conde, abrió distintas delegaciones virtuales, con el fin de promover la afiliación de amigos y simpatizantes a través de las redes sociales de Twitter y Facebook.

Sociedad Civil y Democracia, que ya está inscrito en el Registro del Ministerio del Interior, celebrará su congreso constituyente el próximo mes de octubre, salvo que acontecimientos inesperados precipiten su presentación.

Hasta esa fecha, y continuando con la actividad que ha realizado en estos últimos meses, Sociedad Civil Española seguirá manteniendo encuentros con empresarios, universitarios, colectivos sociales y plataformas ciudadanas, así como con personalidades de relevancia social, con el fin de transmitirles la necesidad de que la sociedad civil tome más protagonismo en la vida pública.

Además, en septiembre tiene previsto protagonizar distintos encuentros en Cantabria, Asturias, Galicia, Castilla y León, Valencia, Andalucía y Madrid, que son las comunidades autónomas en las que desea contar con estructura e implantación al comienzo de la andadura de este nuevo partido político.

ESPAÑA
VICTORIA PREGO El Mundo 27 Junio 2012

«El curso que viene lo seguiremos haciendo de la misma manera». Lo que la consejera de Educación de la Generalitat de Cataluña dijo ayer con claridad es que no le importa lo que acaba de decir el Tribunal Supremo. Que no tiene, en suma, ninguna intención de cumplir esta última sentencia que obliga -o debería obligar- a que en esa comunidad no se imponga en determinados niveles de la enseñanza el uso del catalán en detrimento del castellano «también lengua oficial», como tan inútilmente recuerda por enésima vez el Alto Tribunal citando, por cierto, al Constitucional.

En esa respuesta de Irene Rigau está la clave de uno de los fenómenos más graves que se están produciendo en España sin que desde el poder Legislativo nadie haya dado todavía señales de haber comprendido la extraordinaria capacidad destructiva que tiene el asunto. Y sin que nadie, por tanto, se haya puesto inmediatamente a resolverlo.

Porque lo que sucede es que en nuestro país se puede desobedecer a los tribunales con total impunidad siempre que quien lo haga sea una autoridad política o un funcionario público. Así de claro. La prueba la tenemos en las sucesivas sentencias salidas del TS en las que se ordena a los responsables catalanes que otorguen al castellano el mismo trato de lengua vehicular en la enseñanza que el que se da al catalán.

Una y otra vez, algunos medios de comunicación recogemos con gran despliegue las resoluciones del Supremo. Y una y otra vez comprobamos cómo esas órdenes judiciales son plenamente ignoradas sin que a continuación se tomen medidas para obligar a esas autoridades a cumplir las sentencias.

Seguro que muchos se han preguntado alguna vez qué sanciones tiene previstas el Estado de Derecho para castigar un incumplimiento de tal calibre. La respuesta es ninguna. Al menos ninguna con la potencia suficiente como para disuadir a un gobernante de cometer una desobediencia que debería tener la consideración de muy grave: lo que está previsto es una multa y una inhabilitación de seis meses a dos años. Eso como máximo. Semejante amenaza de sanción -que nunca se ha activado- le debe de parecer al Gobierno de la Generalitat una broma comparada con la pétrea convicción nacionalista que alimenta su estrategia de «inmersión lingüística» en catalán y no en castellano.

Y por eso, porque no está incluida en el Código Penal ninguna sanción realmente coactiva, las autoridades políticas optan por mirar para otro lado mientras asisten impávidas al deterioro de la autoridad de los tribunales, un principio en el que se sustenta a su vez el de la separación de poderes. Total, una minucia.

La lengua viva
Los desengañados del PP
Amando de Miguel Libertad Digital 27 Junio 2012

Posiblemente sea un fenómeno natural, el hecho de que los simpatizantes de un partido se desengañen un poco cuando llega al poder. Pero en el caso del PP el hecho es muy pronunciado. Tanto es así que las críticas que pueda recibir el PP en estos momentos por parte de la izquierda son más bien anodinas, estereotipadas, inimaginativas. En cambio las que provienen de personas honradamente conservadoras o liberales son a veces muy ácidas. Es lógico; se recordará el axioma de que la frustración genera agresión, aunque solo sea verbal. La frustración proviene en este caso de la confianza que en su día se depositó en el equipo gobernante del PP. Era visto como gente muy preparada, dispuesta a enmendar los desastres de la etapa de Zapatero. No era difícil, puesto que el de León ha sido seguramente el gobernante más nefasto que ha tenido España desde Fernando VII. Pero ahora viene la frustración. Llevamos ya seis meses de gobernación (ahora dicen "gobernanza"; vaya por Dios) y la situación económica no mejora. Es más, asistimos al triunfo legal de los terroristas vascos. Pero mis opiniones son aquí lo de menos. Me importa más registrar algunas de los eximios libertarios.

José María Navia-Osorio reconoce que "Rajoy no es un líder... Es un hombre sin convicciones, y eso hace que falte a la verdad sin necesidad de mentir. Ha llegado a un punto en el que dice lo que se espera de él a sabiendas de que nadie le cree... En pleno rescate está huido". Añado que la crítica que hacíamos a Zapatero por su orgía del politiqués se empieza a quedar pequeña cuando escuchamos a Rajoy. Habrá que creer en la teoría teológica de la gracia de estado.

Juan Díaz López-Canti me envía una carta abierta dirigida a Rajoy. La escribe en su "condición de sufrido votante del PP". Resumo algunos de sus agravios: la política timorata respecto a los separatistas, la negativa a que los europarlamentarios dejen de volar en clase business, la vergüenza del Tribunal Constitucional. Don Juan se atreve a más, a proponer que se modifique "nuestra más que amortizada Constitución". Como consecuencia de la decepción que le producen todos esos puntos, don Juan avisa: "Mucho tienen que corregir ustedes para que yo, mi familia y cuantos amigos pueda convencer les demos nuestro voto en las próximas elecciones". Ya sé que una golondrina no hace verano (realmente el verano era antes la primavera), pero es que las golondrinas suelen llegar en bandadas. Quiero decir que son legión las personas con las que yo me relaciono, más bien conservadoras o liberales, que no votarán al PP en las próximas elecciones. Harían bien nuestros gobernantes en enterarse de esa corriente de opinión. Comprendo que la situación económica no es buena, y por causas que no siempre dependen de los gobernantes españoles, pero algo más podrían hacer, aparte de freírnos a impuestos.

Luis Bayo me invita a que explique mis recuerdos sobre la TVE de la época de Balbín, Calviño y Cebrián. Puedo dar fe de José Luis Balbín, un gran profesional con quien tuve mucha relación. Aunque pueda parecer extraño, esa televisión era mucho más libre y plural de lo que es ahora. Por lo menos esa es mi impresión personalísima. A mí mismo me parece una conclusión un poco absurda, pero es lo que percibo y recuerdo. Es un error creer que, por cambiar al director de TVE, va a menguar el partidismo. La prueba es que TVE sigue teniendo un tufo hacia la izquierda que tira para atrás. La explicación está en que el grueso de los profesionales que trabajan en esa casa son abiertamente izquierdistas. Concretamente, quienes de verdad controlan TVE son los sindicatos siameses UGT-CCOO. Solo el parte meteorológico se libra del sectarismo.

La ficción de la consejera Rigau
El Tribunal Constitucional y el Supremo dictaminan en múltiples ocasiones que no es legal prohibir el español como lengua vehicular escolar junto al catalán. Sin embargo, la consejera de Enseñanza mantendrá la inmersión apelando a la ley, mientras que el portavoz de la Generalidad asegura que no cambiarán el sistema “diga lo que diga este tribunal [el TS] o cualquier otro”.
Alejandro Tercero www.vozbcn.co  27 Junio 2012

“Estamos donde estábamos. La Ley de Educación de Cataluña (LEC) nos da la cobertura que necesita Cataluña y sus centros para continuar aplicando la inmersión lingüística y mantener el catalán como lengua normalmente empleada como lengua vehicular de aprendizaje. Por tanto, continuidad y serenidad absoluta en todos los centros”.

Con estas palabras ha respondido este martes la consejera de Enseñanza, Irene Rigau (CiU), a la nueva sentencia del Tribunal Supremo (TS), una más, que anula parcialmente un decreto autonómico de 2008 sobre ordenación de la educación infantil y que recuerda que la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que viene aplicando la Generalidad es ilegal.

Rigau, en una rueda de prensa convocada de urgencia unas horas después de hacerse público el dictamen del Alto Tribunal y en declaraciones a los medios, ha reiterado que la Consejería, al igual que en anteriores ocasiones, no piensa acatar esta sentencia. Sin embargo, ninguno de sus argumentos tiene base jurídica.

Las sentencias del Tribunal Constitucional y del TS afectan a la LEC
La consejera ha subrayado que el decreto parcialmente anulado por el TS es del año 2008, mientras que la LEC se aprobó en 2009, por lo que, en su opinión, “lo que está vigente es lo que está aprobado a posteriori”. “Tenemos vigente la LEC y podremos continuar aplicando lo mismo que aplicábamos. [...] Tenemos la base legal para continuar aplicándolo, la LEC está vigente, por tanto, ningún problema”, ha insistido.

Sin embargo, Rigau olvida que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, emitida el año 2010, sí afecta a la LEC al establecer que ‘el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza’, de igual forma que lo hacen las sentencias del TS emitidas en diciembre de 2010 y en mayo de 2011.

Así, el propio TS destaca en su sentencia de este martes que la LEC ‘se deberá someter en su posterior desarrollo reglamentario a la doctrina constitucional que resulta de la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional [sobre el Estatuto], y, por lo tanto, incorporar en el sistema educativo de Cataluña al castellano como lengua vehicular y docente junto con el catalán, y en los términos que esta sala dispuso en sus sentencias de 9, 13, y 16 de diciembre de 2010 y 4, 10 y 19 de mayo de 2011, de modo que el mismo no quede reducido en su uso al de objeto de estudio de una asignatura más, sino que se haga efectiva su utilización como lengua docente y vehicular en la enseñanza’.

El Tribunal Constitucional nunca ha avalado la inmersión
La consejera también ha recordado que la normativa parcialmente anulada ahora por el TS es similar a otros decretos emitidos por la Consejería en 1992 y 2002 y que “hasta ahora nadie había recurrido”. “¿Qué ha cambiado del 92 al 2012? La posición del Supremo, la realidad de Cataluña es la misma. Si en el 92 esto estaba vigente y era constitucional, ¿por qué no lo ha de ser ahora?”, se ha preguntado, y ha defendido que el Tribunal Constitucional nunca ha cuestionado la inmersión lingüística escolar exclusivamente en catalán, y que en su sentencia 31/2010 no anuló el artículo 35 del Estatuto.

Tampoco tiene razón la consejera en esta cuestión, puesto que el Tribunal Constitucional siempre ha dictaminado que la inmersión no es legal. En concreto, la sentencia del Tribunal Constitucional 337/1994 advirtió de que ‘es legitimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo, siempre que ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente’. La sentencia 6/1982 destacó que no solo es exigible el aprendizaje del castellano ‘como materia curricular sino su empleo como lengua docente’. Y la sentencia 31/2010 indicó, en relación al artículo 35 del Estatuto, que ‘el catalán debe ser, por tanto, lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza, pero no la única que goce de tal condición, predicable con igual título del castellano en tanto que lengua asimismo oficial en Cataluña’.

Además, el TS en sus últimas sentencias ha sido contundente al respecto de la inmersión obligatoria:
‘En contra de la doctrina del Tribunal Constitucional esa exclusión de hecho del castellano como lengua vehicular pervierte el modelo lingüístico establecido en la Constitución de conjunción lingüística o de bilingüismo integral de modo que se implanta un modelo de inmersión lingüística contrario al espíritu y a la letra de la Constitución‘.

La LEC todavía puede ser modificada explícitamente por el Constitucional
Rigau también ha argumentado que la LEC ya no se puede recurrir porque los plazos para hacerlo han caducado, y ha recordado que el PP no impugnó los capítulos relativos a la inmersión lingüística en su recurso contra esta ley, que está pendiente de dictamen del Tribunal Constitucional. Por ello, ha considerado esta normativa autonómica como un “techo de protección” que da “máxima seguridad al modelo” de inmersión.

No es exacto este planteamiento de la consejera puesto que las sentencias del Tribunal Constitucional y del TS sí afectan de facto a la LEC, aunque estos dictámenes no hayan sido originados por recursos interpuestos directamente contra esta ley. Además, el TSJC o el TS pueden plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre cualquier aspecto de la LEC al Tribunal Constitucional, lo que generaría un dictamen aclaratorio de esta normativa, una situación que no es descartable que ocurra en el transcurso de alguno de los diversos procesos abiertos por padres de alumnos y por las asociaciones en defensa del bilingüismo que todavía están pendientes de sentencia judicial.

La utilización de ambas lenguas debe ser ‘proporcional y equitativa’
Rigau ha defendido el sistema de inmersión obligatoria apelando a que el TC “dice que es la Generalidad la que ha de adoptar el porcentaje y la proporción adecuada” de uso de ambas lenguas oficiales -castellano y catalán- en el sistema educativo.

De hecho, el Tribunal Constitucional señala en varias sentencias que ‘corresponde a los poderes públicos competentes [la Generalidad], en atención a los objetivos de la normalización lingüística en Cataluña y a los propios objetivos de la educación, organizar la enseñanza que ha de recibirse en una y otra lengua en relación con las distintas áreas de conocimiento obligatorio en los diferentes niveles educativos para alcanzar un resultado proporcionado con estas finalidades’. E insiste en que es ‘legítimo que el catalán, en atención al objetivo de la normalización lingüística en Cataluña, sea el centro de gravedad de este modelo de bilingüismo’.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional también establece un límite a ese planteamiento, que es el de que ‘ello no determine la exclusión del castellano como lengua docente de forma que quede garantizado su conocimiento y uso en el territorio de la Comunidad Autónoma’, puesto que ‘es constitucionalmente obligado que las dos lenguas cooficiales sean reconocidas por los poderes públicos competentes como vehiculares, siendo en tales términos los particulares titulares del derecho a recibir la enseñanza en cualquiera de ellas’.

Además, el TS ha sido aún más concreto que el Constitucional, y en diversas sentencias ha ordenado ‘que el castellano sea reintroducido como lengua vehicular de forma proporcional y equitativa en relación al catalán en todos los cursos del ciclo de enseñanza obligatoria’.

La atención individualizada no sustituye el derecho a la educación en español
Rigau ha indicado que la LEC prevé un mecanismo de “atención individualizada” para los niños de primera enseñanza cuyos padres así lo soliciten. Este método consiste en que el profesor da unas breves explicaciones en español a los niños que durante las clases -que son únicamente en catalán- no entienden alguna cosa.

Sin embargo, el TS ya ha advertido en reiteradas ocasiones de que la atención individualizada en castellano no sustituye al derecho que tienen los alumnos a recibir educación en castellano:

‘Si se examina el expediente administrativo y, en concreto, el informe de la inspección educativa, [...] en ambos se niega categóricamente que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza. Igualmente se afirma en esos informes que en cuanto a la primera enseñanza que comprende la educación infantil y el primer ciclo de la enseñanza primaria la misma no se imparte en la lengua materna sino que se utiliza el sistema de atención individualizada en lengua castellana que es algo bien distinto del derecho a recibir esa educación en su lengua habitual‘.

A pesar de ello, la consejera ha rechazado la posición del TS:
“Aquí hay una cuestión que es clara, estamos ante una cuestión pedagógica y si alguien dice que si a los estudiantes se les separa en un aula aparte es discriminatorio -siempre hemos dicho que no separaremos nunca por razón de lengua- y si dentro del aula, al darle una atención individualizada, también le está discriminando, ¿cómo lo he de hacer? [...] ¿Por qué [hemos de impartir algunas asignaturas también en castellano]? ¿No es discriminatorio para el de la otra lengua? ¿No es discriminatorio para los del otro colectivo? [...] No podemos entender la atención individualizada como un acto discriminatorio, es al revés, es un acto que ayuda a poder seguir con normalidad”.

Instituciones internacionales rechazan la inmersión
Por último, Rigau ha asegurado que el sistema inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán es “un modelo avalado por organismos internacionales”.

Sin embargo, un informe emitido en 2008 por el Comité de Expertos independientes del Consejo de Europa, que analizó la aplicación en España de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, apuntó todo lo contrario a lo sostenido por la consejera. En concreto, este informe advirtió de que ‘la Carta no prevé la enseñanza obligatoria en catalán para todos los alumnos, sino, únicamente, que todos los alumnos reciban educación en catalán si sus padres así lo desean‘, y concluyó que en Cataluña ‘existe supuestamente un sistema basado en la impartición de educación fundamentalmente en la lengua cooficial para todos aquellos que lo solicitan, pero este sistema no debe ser obligatorio para todos los niños’.

“Diga lo que diga este tribunal o cualquier otro”
A pesar de que todos los argumentos jurídicos dicen lo contrario, Rigau ha insistido en considerar que la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán está dentro de la legalidad, y se ha apoyado en que “en Cataluña hay un sentimiento muy alto a favor del modelo”, aunque la Consejería no permite que los padres decidan si están a favor o no del modelo por lo que el “sentimiento” al que recurre Rigau no está demostrado. “Ha habido un revés a un decreto previo a una ley que da validez a la inmersión lingüística, ha habido un aviso político preocupante, pero no nos hemos quedado sin marco legal“, ha reiterado.

En este sentido, el presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), ha defendido que “un idioma, cualquier idioma, forma parte de la identidad de la persona y de los pueblos, y todos son igual de respetables”. “Todo el mundo tiene que saber que como [el catalán] es nuestro idioma desde hace más de 800 años, lo seguiremos hablando y lo seguiremos enseñando pese a quien pese y haya las barreras que haya“, ha destacado, aunque las sentencias de los tribunales en ningún caso han puesto en duda la enseñanza en catalán, siempre que esta no excluya la educación en español.

Más reveladoras, en cambio, han sido las declaraciones del portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), quien ha señalado este miércoles que el Gobierno autonómico mantendrá el modelo de inmersión lingüística obligatoria exclusivamente en catalán “diga lo que diga este tribunal [el TS] o cualquier otro”. “Tenemos que centrarnos en saberlo preservar y no ponernos demasiado nerviosos ante este tipo de agresiones. [...] De aquí no nos moveremos, por aquí no pasaremos. El tema de la inmersión lingüística es sagrado para los catalanes de todos los colores políticos”, ha advertido el dirigente nacionalista.

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¿Y esto, qué es?
Alfonso Ussía La Razón 27 Junio 2012

Tenemos en la legalidad a Bildu, Amaiur y Sortu. Es decir, que tenemos en la legalidad a la ETA. Se han enfadado mucho sus miembros con la detención del terrorista que asesinó a Isaías Carrasco, que ha sido enchironado junto a otro compañero de sangre putrefacta. Se entiende. A nadie le gusta que detengan a un hermano. Para Amaiur es «ir en dirección contraria». Analicen la reflexión. En España, la detención de un asesino es ir en dirección contraria. Bildu ha subvencionado un cortometraje que hace apología de la ETA. El Gobierno ha dicho que toma nota. El Fiscal también. Las notas pueden terminar en las papeleras, la del Gobierno y la del Fiscal. En Cataluña, el Presidente de la Generalidad y su Consejera de Educación han afirmado que no tienen la menor intención de acatar una sentencia del Tribunal Supremo en la que se anulan los decretos de imposición del catalán como única lengua vehícular.

A mí, lo de la «lengua vehícular» se me antoja una cursilería, pero ahora se dice de esta forma. Es decir, que el máximo representante del Estado en Cataluña se cisca públicamente en el Tribunal Supremo. En ninguno de los casos anteriormente expuestos se cumple la Ley. Un Estado que no obliga a cumplir la Ley no es un Estado de Derecho, sino un Estado de máxima gravedad. No obstante, los ciudadanos de a pie se sienten asfixiados con las medidas económicas, probablemente correctas, que se han adoptado. Pero carecen del derecho a ser comprendidos. El retraso de un día en el pago de los impuestos –los que pueden pagarlo–, se castiga con una multa descomunal. ¿Qué aliciente tiene un ciudadano para colaborar con sus impuestos con un Estado que no cumple ni hace cumplir la Ley?

Por cada cien españoles, un político. España es la nación con más políticos de Europa. Diecisiete Gobiernos, y diecinueve Parlamentos. Más de doscientas embajaditas ubicadas en todos los rincones del mundo de exclusiva representación autonómica. Miles de ayuntamientos inviables, opuestos a la creación de macrocomunidades por exclusivos problemas de aldea y discusiones de campanario. Esperanza Aguirre propone reducir el número de parlamentarios en Madrid y los suyos responden con el silencio. El PSOE e IU, lo contrario. Quieren aumentar el número de gorrones en Andalucía. El ciudadano de a pie habla solo por la calle, gesticula, no comprende lo que sucede y acude como un corderito a la Delegación de Hacienda a pagar su multa. Para colmo, es severamente amonestado por un funcionario. El Presidente del CGPJ, es acosado y derribado por un resentido con la ayuda del grupo más importante de comunicación de España. Del más importante, entre otros motivos, por ser el que más debe. Su Consejero Delegado, que cobra más de una decena de millones de euros se ha instalado en Nueva York. La nueva y ejemplar izquierda. Hasta Nueva York no llegan los insultos y las lágrimas de los despedidos con un ERE.

El Estado de las Autonomías ha fracasado rotundamente. Podría haber funcionado en una nación poblada por políticos mayoritariamente honestos, no dedicados a vivir de los contribuyentes. Pero no. Las dos autonomías autollamadas «históricas» han recibido tanto que se sienten inducidas a la separación. Una, con violencia física, y la otra con violencia verbal.

Un aparte. ¿Acaso Castilla no es una comunidad histórica? Manda narices. El resto no tiene sentido. Las redes sociales y las palabras de la calle no llegan a los políticos. Se pide una recomposición, refundación del Estado. España se deshilacha. El Estado, apenas existe. Las Leyes no se cumplen. ¿Esto qué es?

El final de la cuenta atrás
Martín PRIETO La Razón 27 Junio 2012

Ugaitz Errazkin, presunto asesino de Isaias Carrasco e Ignacio Uría, junto a un «kale borroka» como José Javier Oses, ha sido detenido en Francia. Destacamos que ambos iban armados pero eso es ancilar. Todos los etarras en suelo francés portan un arma para ser juzgados primero por los tribunales galos por tenencia ilícita, cumplir allí condena y esperar que para su extradición se haya ablandado el Gobierno español. No se les entiende la táctica porque las cárceles francesas son más rigoristas que las españolas. El masoquismo y el sadismo están interrelacionados. Les define más sus desaforados alaridos avivando la lucha armada.

Políticamente hubiera sido deseable que se hubiera detenido en España a un jefe etarra y su mayordomo para evitar la legítima sensación (sólo sensación) de que nuestras policías han reducido la marcha de sus pesquisas. Si no es así es porque el sur de Francia esta agujereado por guardias civiles de paisano que ponen a la gendarmería en la pista de los jeques de la banda. Por eso el portavoz de Amaiur, Errekondo, acusó al Gobierno de las detenciones francesas. Pero el peligro lo tenemos en casa. Lectores de León Trotsky, éstos fanatizan el entrismo y la revolución permanente.

Entrar en las instituciones rinde más que un Hipercor. La Abogacía del Estado y la Fiscalía (y posteriormente el Tribunal Supremo y el obstáculo leguleyo y politizado del Tribunal Constitucional) tienen contundentes informes de la Policía y la Guardia Civil que demuestran que Bildu, Sortu y Amaiur son franquicias de una organización criminal pero nos limitamos a hacerles dulces objeciones y vanas amenazas. ¿Sería imaginable que De Gaulle hubiera legalizado a la OAS que además de terrorista era ultrapatriota? Algún día se actualizará el TC, que lleva años caducado en fondo y forma, se acabará este proceso de paz de polichinelas y comenzará a contarse el final de la cuenta atrás.

Homenaje a las víctimas
El Editorial La Razón 27 Junio 2012

El homenaje a las víctimas del terrorismo celebrado ayer en el Congreso de los Diputados ha ido más allá de lo meramente protocolario y marca un camino que las fuerzas parlamentarias tienen la obligación de transitar cada año al servicio de la memoria, de la dignidad y de la justicia. Al rendir tributo a los asesinados y mutilados por la banda ETA y por los islamistas se está reafirmando la supremacía del Estado de Derecho sobre los que utilizan el terror para alcanzar objetivos políticos.

Pero también se proclama la victoria de los demócratas y la derrota inapelable de los asesinos. No hay equiparación posible, ni moral ni política, entre víctimas y verdugos. Con estas premisas se celebró el acto de ayer, en el que el ministro del Interior subrayó que el Estado no se plegará jamás a las demandas de los pistoleros, como bien se demuestra con las recientes detenciones de dos etarras en Francia y, ayer, de dos yihadistas en Melilla. Fernández Díaz, que ayer impartió una lección magistral en la Escuela de Verano de la UCAV y de LA RAZÓN, advirtió a los dirigentes batasunos, se llamen Amaiur, Bildu o Sortu, de que no les saldrá gratis la vulneración de las líneas rojas que ha marcado el Tribunal Constitucional para instar su ilegalización. Aludía el ministro a la subvención del Ayuntamiento de San Sebastián a un vídeo de exaltación etarra, pero también a pantomimas como la protagonizada ayer por los diputados y senadores de Amaiur en Guernica, en la que no tuvieron empacho en equiparar a los asesinados con los asesinos.

Derrotar y erradicar completamente el terrorismo aún requerirá un tiempo y más esfuerzo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de ahí la importancia de que el Gobierno y la oposición mantengan firme el rumbo de la política antiterrorista, la cual pasa necesariamente por perseguir a los que humillen a las víctimas. No le será fácil al equipo de Rajoy avanzar, con el tacto y la energía precisos, por este territorio. El ministro Fernández Díaz está realizando una gestión muy atinada, aunque no todas las asociaciones de víctimas estén plenamente satisfechas o no hayan puesto reparos.

Están en su derecho, desde luego, pero de lo que no cabe duda alguna es de que el Gobierno está firmemente determinado a derrotar a los terroristas. Por eso es de lamentar que al acto de ayer en el Congreso no asistieran algunas asociaciones de elevada representatividad. Por encima de diferencias puntuales ha de valorarse la unidad de todos los demócratas y la gran relevancia política de que sea el Congreso el que acoja un homenaje anual a las víctimas. Se podrá discrepar sobre el método más adecuado, pero no sobre el fin último, que no es otro que acelerar la derrota de ETA. Y en este empeño es imprescindible la unidad de todos.

ETA está activa
Román Cendoya www.gaceta.es 27 Junio 2012

Lo único que tiene que hacer el Gobierno es aplicar la Ley y ejecutar las sentencias.

Ayer se volvió a escuchar “Gora ETA, la lucha es el camino”. La realidad es mucho más tozuda que la capacidad de mentira, manipulación y adaptación de los Pascuales Salas, los Ares, Rubalcabas y los PP de la vía Nanclares. ETA no está derrotada, está viva, está operativa con miembros armados, con pisos francos y coches con matrículas falsificadas. Y gracias a los serviles miembros del Constitucional tiene comandos institucionales en Ayuntamientos, Diputaciones y en el Parlamento Español.

ETA necesita de colaboradores, propagandistas de la ficción de la reconciliación como Ares, quien ha arremetido contra Consuelo Ordóñez por desenmascarar la mentira del perdón institucional. Consuelo ha tenido que pagar el plus de sufrimiento de tener que ir a ver al asesino de su hermano, para demostrar que nuestros políticos nos mienten.

Bildu y Amaiur –los comandos políticos– saben que el Gobierno no tiene voluntad política de instar a su ilegalización. Por eso, se mofan del Estado. Critican las detenciones, no acuden al homenaje a las víctimas y financian documentales proterroristas. Y la pusilánime respuesta del portavoz del PP es que “toman buena nota” y que Amaiur y Bildu se lean la sentencia del TC. Oyarzábal se sumó al “aviso” y dijo que los pasos “inteligentes” del Gobierno propiciarán que ETA anuncie su “disolución definitiva”. Lo único que tiene que hacer el Gobierno es aplicar la Ley y ejecutar las sentencias del Constitucional. Lo normal. Nada inteligente. Pero eso no lo hacen. ¿Por qué le dejan a ETA la decisión política de su “disolución”? El oficialismo del PP enterró sus principios y valores bajo las lápidas de sus últimos asesinados. ETA está activa y actúa –en las instituciones– mientras el PP “toma nota”. ¿Con bolígrafo o lápiz? ¿En hoja en blanco o cuadriculada? ¿Para qué? Para nada.

Cataluña
La (enésima) sentencia
José García Domínguez Libertad Digital 27 Junio 2012

Es sabido, igual el cumplimiento de las leyes que el acatamiento a los veredictos de jueces y magistrados constituyen asunto facultativo en la ínsula Barataria de Artur Mas; una opción, como dicen ahora los cursis. Así, con cansina indiferencia, el presidente de la Generalitat acaba de remitir a la papelera la enésima sentencia del Supremo que ordenaba no proscribir el uso docente del idioma español en las aulas. Sentencia innecesaria, por lo demás. Y ello porque los dictámenes del Tribunal Constitucional son vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los poderes públicos: jueces, parlamentos, Gobierno y, por supuesto, administraciones autonómicas varias.

No hace falta ninguna resolución judicial a fin de que se cumplan los fallos del TC. Ninguna. Sobra por ocioso, pues, cualquier pronunciamiento redundante de instancia alguna tras el veredicto firme del Alto Tribunal a cuenta de la reforma del Estatuto de Cataluña. Recuérdese al respecto la literalidad del mandato del Constitucional sobre las lenguas propias e impropias: "Las Administraciones públicas [...] no pueden tener preferencia por ninguna de las dos lenguas oficiales". Eso rompería el "equilibrio inexcusable entre dos lenguas igualmente oficiales y que, en ningún caso, deben tener un trato privilegiado [...] Solo los particulares pueden preferir una u otra de ambas lenguas. Y hacerlo, además, en perfecta igualdad de condiciones [...], lo que excluye que [...] quienes prefieran el castellano hayan de pedirlo expresamente".

Una exigencia que no únicamente alcanza a los pupitres sino que apela al universo institucional todo, empezando por los impresos municipales y acabando por las multas a los tenderos de barrio insumisos. Imperativos, los de nuestro orden legal, que hasta los testaferros del hacha y la serpiente se pliegan a cumplir. A regañadientes, sí, cerdeando, sí, pero al menos cubren las apariencias. He ahí, sin ir más lejos, la Ley de Banderas. Una norma que las máscaras institucionales de ETA aplican frente al altivo desacato de los nacionalistas presuntamente moderados de CiU. Impunidad, la de los catalanistas, que en última instancia se ampara en la doctrina golpista de Tejero. "Obediencia debida" llamaban cuando el 23-F a la coartada de la soldadesca levantisca. Proceda de una vez la Fiscalía contra maestrillos dados a la insubordinación, profesores-inmersores y demás peones de brega de los insurrectos. Obediencia, solo a la Ley.

Convivencia Cívica se querellará contra Mas y Rigau por desacatar las sentencias del Supremo
El TS ordena por sexta vez a la Generalitat reinstaurar el español como lengua vehicular en la enseñanza

EP www.lavozlibre.com  27 Junio 2012

Barcelona.- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, ha decido taparse los oídos por sexta vez ante los fallos judiciales que le obligan a reinstaurar el español como lengua vehicular en la enseñanza. Este desacato continuará "caigan las sentencias que caigan", tal y como anunció Mas tras conocer ayer la última sentencia del Tribunal Supremo en este sentido. La consejera de Educación de la Generalitat, Irene Rigau, siguió en la línea de no aceptar la sentencia: "Estamos donde estábamos". Convivencia Cívica Catalana no permanecerá impasible.

Convivencia Cívica Catalana (CCC) se querellará contra el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, y la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, por un "delito de desobediencia" si incumplen el fallo del Tribunal Supremo (TS) contra la vehicularidad del catalán en la etapa infantil. La entidad considera que la negativa del Gobierno catalán de cumplir con el fallo es una "directa expresión de una concepción antidemocrática del poder", que se intenta sustraer al control jurisdiccional que obliga a políticos y ciudadanos.

A juicio de la asociación presidida por Francisco Caja, los argumentos alegados por la consejero Rigau para incumplir la sentencia "carecen de todo fundamento jurídico" y ha negado que la Ley de Educación de Cataluña (LEC) blinde al Gobierno autonómico del cumplimiento de cualquier fallo. "El poder político no puede en ningún caso interpretar la LEC ni ninguna otra ley", función reservada precisamente a jueces y tribunales. Convivencia Cívica ha reclamado al Ejecutivo catalán que abandone la "actitud antidemocrática" y, en consecuencia, acate las sentencias de los tribunales y modifique el actual régimen lingüístico.
 



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