AGLI Recortes de Prensa   Jueves 28 Junio 2012

El problema es España.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 28 Junio 2012

El problema no son los mercados el problema es España. Y eso mientras no se reconozca por esta casta política corrupta es lo que nos llevará al desastre social y económico que ya empieza a ser más cercano de lo que muchos se piensan. Es por eso que las sanguijuelas secesionistas se aprovechan para desafiar a España, a su Gobierno y a cualquiera que se ponga en su camino de segregación. Lo malo es que la mayoría de los ciudadanos creyó en que el PP, con independencia de su cabeza de lista Rajoy, iba a hacer lo que prometía con tanta seguridad. La dolorosa realidad ha sido que en la alternancia del poder el PP se ha limitado a hacer todo o contrario de lo que prometió, escudándose una y otra vez en la herencia recibida.

Y yo no niego que la herencia fuera inasumible, con una deuda monstruosa, un sistema financiero colapsado y plagado de corruptos gestores y una deslealtad institucional en todas las autonomías gobernadas por nacionalistas o por socialistas dispuestos a ser la verdadera oposición. Pero lo que no admito es que la única alternativa haya sido la de asfixiar a los españoles a base de incrementar impuestos sin haber actuado contra lo que es la esencia del problema, la mórbida dimensión de las administraciones públicas en España y un sistema autonómico inmanejable e insolidario.

España dejó de ser una desde que se aprobaron una serie de Estatutos con aspiraciones separatistas y se mantuvieron las posiciones de privilegio de las llamadas comunidades históricas de El País vasco y Navarra. Se pasó a un puzle de 17 mini estados con sus respectivos parlamentos, gobiernos e instituciones propias. Un fondo de reptiles sin fin, en el que se ha cumplido aquella máxima socialista de que el dinero público no es de nadie. Unas CCAA cuyas aspiraciones provincianas eran las de destacarse en su autonomía queriendo acentuar y promover todo aquello que las diferenciaba de las demás y exigiendo la igualdad de derechos a equipararse en desarrollo y "estado del bienestar" a las que sobresalían ya de forma natural como motores de creación de riqueza.

Unas CCAA donde el clientelismo político, la corrupción y el abuso del poder institucional ha llegado a extremos de auténticas dictaduras. Un conglomerado de territorios dispuestos a exprimir las arcas del Estado para satisfacer sus propias aspiraciones irreales en función de su productividad. Unas CCAA sin planes reales de desarrollo donde el cortoplacismo político de sus dirigentes las ha llevado a la ruina y al paro de sus ciudadanos. Unas CCAA empeñadas en que el "Estado", es decir todos los demás españoles, tenía una deuda histórica por el retraso de décadas y el "abandono" de otras épocas. Mientras, otras como Cataluña, empeñadas en que su construcción nacional e independencia no eran compatibles con una balanza de pagos que consideran injusta, exigiendo un trato de igual a igual entre su Autonomía y España.

Y es en este país de traidores, de insolidarios, de corruptos y de desaprensivos, donde los ciudadanos nos vemos sometidos a la dictadura de una casta política cuyo objetivo es perpetuarse en el poder aunque con ello deba arruinar a España. La pregunta que hago a mis conciudadanos es ¿Hasta cuando estamos dispuestos a admitir este estado de cosas? ¿Vamos a asistir impasibles a ver cómo unos pocos miles llevan a nuestra Patria al abismo y la miseria? ¿Somos solo españoles cuando nos emocionamos con las gestas de nuestros deportistas y nuestra selección de futbol?

Mientras me queden fuerzas para escribir y Periodista Digital siga ofreciéndome este rincón de libertad de expresión, no voy a dejar de reclamar a mis conciudadanos, a todos los que se sientan españoles, que ayuden a España a no ser condenada al fracaso. Juntos podemos salvarla y forzar que las cosas cambien. Si no lo hacemos, las generaciones futuras nos lo reprocharán y tendrán razón en acusarnos por nuestra cobardía.

Rajoy o la insistencia en el error
EDITORIAL Libertad Digital 28 Junio 2012

Si el martes supimos que la administración central del Estado está a punto de superar el déficit máximo permitido para todo este año, este miércoles los ministros de Economía de la Eurozona han sido taxativos a la hora de señalar que el Estado español será "plenamente responsable" del rescate a la banca española, rechazando así la petición de nuestro Gobierno que reclamaba una recapitalización directa que no computase como deuda del Estado. Son dos noticias que, no por previsibles, encierran tal gravedad que deberían haber llevado al presidente Mariano Rajoy a no demorar un día más lo que ya le era exigible en sus cien primeros días de gobierno, a saber, anunciar una histórica reforma de nuestro insostenible modelo de Estado y la supresión drástica del gasto público como única forma de suprimir el déficit público.

En lugar de ello, nos hemos encontrado a un presidente del Gobierno que lo único que ha hecho públicamente es reiterar sus lamentos por lo mucho que tenemos que pagar por seguir endeudándonos; declaraciones que sólo servirán para acrecentar y encarecer todavía más el temor de nuestros acreedores respecto a si algún día seremos capaces de pagar lo que seguimos pidiendo en préstamo. Es evidente que con estas declaraciones Rajoy trata de forzar una intervención por parte de Europa consistente en una nueva ronda de monetización de deuda por parte del Banco Central Europeo, o la emisión de eurobonos o en la constitución de una unión bancaria europea; es decir trasladar al conjunto de la UE la carga de la inoperancia del Ejecutivo español a la hora de podar de verdad los gastos de su administración central y obligar a hacer lo mismo a sus gobiernos regionales.

Claro que aun peor ha sido el espectáculo que nos ha ofrecido el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Tras días de jugar con el lenguaje para tratar de convencernos de que la contraproducente subida del IVA no será una subida del IVA, sino una "reconsideración de los tipos del IVA", Montoro nos ha tratado de convencer este miércoles de que el déficit que llevamos acumulado no es en realidad tan preocupante como el que reflejan los datos ofrecidos por el propio Ministerio que él dirige. La verdad a medias con la que Montoro trata de colarnos su mentira completa es que, en términos homogéneos, y no según contabilidad nacional como se ha hecho habitualmente, el déficit de la administración central de enero a mayo no sería, efectivamente, del 3,41% sino del 2,31%, dato este último que no reflejaría, entre otras cosas, las transferencias que este año se han adelantado a las autonomías.

Aun siguiendo este último criterio de interpretación, es evidente que de seguir a este ritmo, al final del año nos encontraríamos con un déficit exclusivamente referido a la administración central del 5,52%; es decir más de dos puntos superior al comprometido. Pero es que, además, el hecho de que la administración central haya, no solo adelantado sino tambien acrecentado las transferencias a las autonomias, no busca sino maquillar durante un tiempo los tímidos ajustes de gasto que están llevando las comunidades, espectáculo que evidenciaría la pasividad del Gobierno a la hora de intervenir sus cuentas de forma aun más manifiesta que la que está mostrando a la hora de hacer cumplir las sentencias del Supremo sobre normalización lingüística.

Finalmente, tras la espectacular caída de ingresos por IVA, superior al 20%, que hemos experimentado tras la subida de este impuesto aprobada hace dos años por Zapatero, y tras la histórica y aun más dañina y contraproducente subida del IRPF y de Sociedades aprobada por Rajoy, plantear ahora como solución una nueva subida del IVA es, lisa y llanamente, una pulsión suicida. Nuestra empobrecida y asfixiada sociedad civil no aguanta un grado más de presión fiscal, sea esta directa o indirecta. Rajoy debe centrarse exclusivamente en la reducción del gasto público y abandonar un camino equivocado que no nos dejará de llevar a la completa ruina por mucho que no sea él el que lo iniciase.

ARTÍCULO DEL PRESIDENTE Y EDITOR DE LA VOZ DE GALICIA
Cortar por lo insano
Santiago Rey Fernández-Latorre La Voz 28 Junio 2012

En su empeño por sostenerlo y no enmendarlo, el presidente del Gobierno ha vuelto a lanzar un nuevo alegato contra la clase media. Con su habitual estilo, se ha limitado a decir hace apenas unas horas que vendrán más medidas duras y difíciles, pero se ha negado a concretar qué nuevas penalidades va a exigir a la población. Y mientras, los líderes del PSOE -ahora parapetados en su agujero- esperan el fatal anuncio mirando hacia otro lado, más pendientes de sacar rédito de las encuestas electorales que de los problemas reales que sufren hoy los ciudadanos.

Triste para España. Pero nada sorprendente en la forma de actuar de quienes han venido malgobernándonos desde que comenzó la crisis, hace ya cinco años, hasta llevar el país a la deriva.

El solo anuncio de semejantes presagios, después de todo lo ya vivido, revela la absoluta falta de perspectiva con que actúan los supuestos líderes, que han decidido pasar toda la factura, sin contemplaciones, a la gente esforzada, en lugar de rectificar y corregir los desmanes que ellos mismos han generado y alimentado hasta construir un Estado insostenible.

Ni uno solo de sus torpes movimientos se ha dirigido hasta ahora a favorecer la creación de empleo y riqueza. Y ni una sola de sus medidas ha apuntado al verdadero corazón de los desajustes, que no es otro que el exceso de gasto, despilfarro e ineficacia en el hipertrofiado aparato de las Administraciones públicas.

Si de verdad se tratase de reformar el país para hacerlo competitivo, mucho antes de tocar la sanidad, la educación y los servicios sociales habría sido necesario plantearse un modelo de Estado propio del siglo XXI, en lugar de seguir acrecentando, parche tras parche, una herencia decimonónica fundamentada en el disfrute del poder más que en el servicio a los ciudadanos.

Basta aproximarse someramente a algunas cifras para entender el dislate que se está produciendo en España por los excesos de una organización política insoportable.

Cuenta el país con más de 70.000 políticos. Todos juntos formarían una mediana ciudad, a la que habría que sumar como residentes no siempre bien censados a la pléyade de asesores, técnicos y cargos de confianza de que se dotan para ejercer sus funciones, casi siempre electoralistas. En ese grupo aparecen los 1.184 diputados de los Parlamentos autonómicos, que cobran entre 3.000 y 6.000 euros mensuales, aunque hay casos en que llegan a los 9.000. El coste global de esas Cámaras territoriales se acerca cada año a los 400 millones de euros.

Con esas cifras, ni los diputados ni los partidos políticos parlamentarios, que en el primer trimestre del año ya han percibido 17 millones de euros en subvenciones, son capaces de hacer creíbles sus discursos sobre la crisis, porque sus caras de circunstancias se antojan falsas, tan alejados como están en su comportamiento de lo que demandan al resto de los ciudadanos.

Si tomasen en serio los problemas que padece España, sabrían que hay instituciones obsoletas que pueden borrarse de un plumazo con el consiguiente ahorro para las arcas públicas. Como las diputaciones provinciales españolas de régimen común, que cuentan con unos ingresos anuales de más de 6.200 millones de euros.

En el caso de Galicia, estas instituciones predemocráticas aportan, además, ejemplos culminantes de derroche, como se observa en la creación de hipódromos, el mantenimiento de pazos, castillos y fincas, o la contratación irracionalmente exagerada de personal, como sucede en el caciquil caso de Ourense.

Por si fuese poco, Galicia cuenta con 315 municipios (siete más que todo Portugal), muchos de ellos incapaces de atender sus propias necesidades de funcionamiento. Cerca del 40 % no logran ingresar por sus servicios ni la mitad de lo que se les aporta desde los presupuestos del Estado y de la Xunta.

Las comunidades autónomas, resultantes en tantos casos del irracional café para todos, se han convertido en el gran sumidero de los impuestos de los contribuyentes, con presupuestos que -salvo las de menor población- rondan o superan los 10.000 millones anuales, hasta llegar a cifras como los 16.000 de Madrid o los 32.000 de Andalucía y Cataluña.

Gran parte de ellas generan deudas inasumibles, como los 41.800 millones de Cataluña, los 20.800 de Valencia, o los 7.000 de Galicia. En total, la deuda reconocida por las comunidades autónomas en el año 2011 superó los 140.000 millones.

Algunas de ellas, enfrascadas en su política narcisista, continúan incrementando su ego abriendo supuestas embajadas privativas, como si no fuesen ya suyas todas las que España tiene en el mundo, por cuyo cuerpo diplomático pagamos decenas de millones de euros al año.

Una cantidad considerable, desde luego, pero escasa si se compara con todo lo que nos cuesta la macroburocracia de la Unión Europea, que se ha convertido en el laberinto más intrincado y más caro del Viejo Continente. Todo para que podamos asistir en directo a los ataques que nos dedican altas personalidades, como el español Joaquín Almunia, tan irreflexivo que no es capaz de comprender que sus declaraciones -calificadas por algunos como terrorismo económico- solo contribuyen a acrecentar el pánico dentro y la desconfianza fuera.

Pero al gigantesco despilfarro europeo todavía hay que sumar más derroches domésticos. Como los que se dilapidan en propaganda. No de otro modo se puede calificar el dispendio insostenible que generan las televisiones autonómicas, que viven confortablemente obesas alimentadas por el dinero extraído del bolsillo de los contribuyentes. Entre todas, consumen cada año 1.200 millones. Los canales catalanes se llevan 260 millones de financiación pública, la andaluza otras 200, y la gallega, cerca de 100 millones.

Junto con todo esto, no faltan otras partidas menores pero fácilmente reducibles. Desde la inoperante cámara del Senado -que cuesta 55 millones anuales- a los defensores del pueblo en las comunidades autónomas. Algunos, como el vasco y el catalán, tienen presupuestos de 4,7 y 7 millones, en tanto que el gallego consume 2.

Solo con aplicar racionalidad en algunas de las partidas enumeradas, el Gobierno podría haberle ahorrado a los contribuyentes una parte mucho más grande que todo lo que pretende conseguir empobreciendo el acceso a la sanidad, a la educación y a los imprescindibles servicios sociales.

Pero ni el Gobierno anterior ni el actual han tenido el coraje de actuar donde se hace evidente la necesidad. En lugar de racionalizar el modelo y acabar con el sobrecoste que han generado políticas electoralistas y prebendistas, se han empeñado en buscar más ingresos con mayores exacciones y recortes, atacando siempre las debilitadas expectativas de la clase media. El último y más sangrante ejemplo es la injusta subida del IVA que se nos anuncia como inminente e inevitable.

Puestos a buscar ingresos, en lugar de promover la amnistía fiscal para los que han eludido sus obligaciones, bien podría el Gobierno exigir el pago de los impuestos a los que se aprovechan de su situación de inexplicable privilegio, como ocurre con los clubes de fútbol, que deben entre todos nada menos que 750 millones a las arcas de Hacienda. O hacer afrontar las consecuencias de sus actos a los responsables de la quiebra del sistema financiero -desde los pésimos supervisores del Banco de España hasta los exdirectivos de entidades arruinadas-, en lugar de dejarlos irse tranquilamente a sus casas a disfrutar de jubilaciones millonarias.

Ahí, y no en los trabajadores de la empresa privada y en los maltratados funcionarios, es donde es preciso actuar. No se trata de recaudar decenas de miles de millones exprimiendo todavía más a la sociedad. Se trata de acabar con el disparate en que han devenido las estructuras políticas. De cortar justamente por lo insano. No hacerlo es ya mucho más que torpeza o negligencia. Es un caso de lesa patria. Y los ciudadanos no lo olvidarán.

Eurobonos disciplinarios
Pablo Cerezal Libertad Digital 28 Junio 2012

Cada vez que nos rescatan, la prima de riesgo sube y la Bolsa se desploma. Los inversores no quieren saber nada de unos planes que consisten en crear más deuda y más gasto para encubrir un déficit crónico. Eso sólo prolongará la agonía hasta que seamos como Grecia.

Igual que hemos dejado que los precios de la vivienda reventaran, hay que hacer lo mismo con la burbuja del gasto público. Cuanto más tiempo mantengamos esta ficción, más subirán los costes totales del préstamo: desde 2007 pagamos 18.000 millones más, un gasto que ahora tendremos que recortar de más.

Los inversores (y, no lo olvidemos, dependemos de ellos mientras insistamos en vivir de prestado) no están dispuestos a seguir inyectando dinero a un país que se regocija en su propia miseria. Los mercados no atacan, se defienden. Protestan porque, si los políticos no están dispuestos a rebajar sustancialmente el gasto público (cerca de un 30%) y los impuestos y no liberalizan mercados clave (trabajo, empresas públicas, sectores intervenidos), la única opción es subir los impuestos y eso deprimiría tanto la actividad que el nivel de desempleo actual nos parecería incluso deseable. No es broma: hace cinco años el mileurismo tenía connotaciones negativas; hoy a muchos les gustaría serlo.

De acuerdo con el inversor Ray Dalio, todavía nos quedan 10 años de crisis, de los que dos serían especialmente graves. Sin embargo, muchos dudamos de los catastrofistas. El futuro no es lo que se nos viene encima, sino lo que construimos. Quizá los políticos no deseen deshacer la maraña de intereses creados que frenan la creación de riqueza, pero los mercados quieren que crezcamos para que les podamos devolver su dinero.

En este sentido, creo que Alemania apoyará los eurobonos. No porque la austeridad sea contraria al crecimiento, que no lo es -si eso fuera cierto nunca habríamos dejado de crecer-; tampoco porque les guste regalarnos su dinero, como si pagaran impuestos por afición; ni porque nuestras necesidades generen una obligación en ellos; lo harán porque Merkel ya ha descubierto que Rajoy es igual de incompetente que Zapatero y necesita una zanahoria delante para tirar del carro.

Europa no mancomunará todas las deudas por debajo del 60% del PIB, como piden muchos. Esta es una propuesta vacía que encerraría dudas sobre la solvencia de toda Europa. En cambio, sí puede apoyar las Euroletras, deuda con vencimiento a muy corto plazo (3 meses, 6 meses) de las que se pueda salir con facilidad si las cosas no resultan. Alemania podría animar así a España comprando deuda si hace las reformas, y si no las hace, dejar de renovar sus posiciones como castigo. Zanahoria y palo.

La crisis de deuda es una oportunidad excepcional para que España haga sus reformas, pero ya son muchas las que van en la dirección correcta y se quedan a medio camino. Esto, al contrario de lo que muchos analistas señalan, no es positivo: quien intente llegar nadando a América puede ir en la dirección correcta, pero morirá ahogado de todas formas. Si la opinión pública ve que las tensiones se relajan, entenderá que España no sólo va en la buena dirección, sino que además va a llegar a buen puerto. Y apoyarán las reformas, porque necesitamos creer en el futuro.

Pablo Cerezal, analista económico del Think tank Civismo
www.civismo.org

Rajoy incumple
Manuel Molares do Val Periodista Digital 28 Junio 2012

Que Mariano Rajoy incumpla su compromiso de no subir el IVA o que quebrante su programa electoral por imposición de la UE merece la comprensión ciudadana, pero que traicione las promesas políticas que lo llevaron al poder podría tomarse como engaño premeditado.

Es el caso reciente del voto del PP a favor de la inmersión en catalán de los hijos de militares destinados temporalmente en Cataluña, de manera que esos niños no recibirán obligatoriamente clases en castellano.

El PP se comprometió a garantizar la enseñanza en español en todas las CCAA según las sentencias de los tribunales Supremo y Constitucional que declaran ilegal la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, y que la Generalidad incumple.

Una Proposición no de Ley en la Comisión de Defensa del Congreso el PP señalaba que “A los hijos de personal militar trasladado por un periodo inferior a tres años a cualquier comunidad con idioma cooficial, se les facilitará la escolarización en centros que impartan los estudios con castellano como lengua vehicular, eximiéndoles, en su caso, de la evaluación de conocimientos en la asignatura concreta de la lengua cooficial correspondiente”.

Pero CiU consiguió que, pese a su mayoría absoluta, el PP aceptara añadir que “o se les facilitará una atención personalizada y un apoyo lingüístico específico para que puedan continuar con todas las garantías con el proceso de aprendizaje”.

Los niños, pues, estarán sometidos a la inmersión ilegal, y los padres deberán pedir atención personalizada para estudiar algo en castellano.

Así se incumplen las sentencias lingüísticas en Cataluña y, además, el PP se erige en cómplice de esas ilegalidades.

Esta es una traición a los principios mucho más grave e inaceptable que vulnerar las imprudentes promesas económicas electorales que aseguraban prosperidad y no la ruina actual.

El gasto duplica a los ingresos
El déficit, ¿un problema de ingresos o de gastos?
El Gobierno gastó el doble de lo que ingresó en los primeros cinco meses del año. Los datos demuestran la inexistencia de austeridad.
M. Llamas Libertad Digital 28 Junio 2012

El PP llegó al Gobierno el pasado noviembre con un objetivo muy claro: reducir el déficit público mediante la puesta en marcha de un serio programa de austeridad pública. Desde entonces, y tras casi seis meses en el poder, la evolución de las cuentas públicas sigue sin reflejar el cumplimiento de dicha promesa.

Según las estimaciones de Fedea -elaboradas con datos provisionales de ejecución presupuestaria-, el déficit del conjunto del sector público -Gobierno, CCAA, ayuntamientos y Seguridad Social- tan sólo ha bajado en 180 millones de euros entre el primer trimestre de 2012 y el primero de 2011. Es decir, a día de hoy todavía no se ha producido el ansiado ajuste fiscal.

El mito de la austeridad sigue, pues, presente en España, pese a que Bruselas exige reducir el déficit desde el 8,9% del PIB en 2011 al 5,3% este año y al 3% el siguiente. Pero, ¿en dónde radica la raíz del problema: en el gasto o en los ingresos?

A nivel general, los datos de cierre presupuestario en 2011 muestran que las administraciones públicas siguieron gastando el año pasado casi un 30% más de lo que ingresaron mediante impuestos. El siguiente gráfico resume la evolución de gastos (empleos) e ingresos (recursos) del sector público español desde el estallido de la crisis (2007).

El gasto público no ha dejado de crecer, hasta el punto de que en 2011 aún era un 13% superior al nivel alcanzado en 2007 -en pleno auge de burbuja inmobiliaria y económica-. De hecho, desde 2007 a 2011, el gasto en España ha aumentado en 4,4 puntos porcentuales del PIB, el doble que en Alemania (2,1 puntos). Mientras, los ingresos -incluyendo cotizaciones sociales- han bajado poco más del 5% durante ese mismo período.

Así pues, se observa cómo las autoridades políticas han disparado el gasto durante la crisis, al tiempo que han tratado de mantener a toda costa el mismo nivel de ingresos existente en plena expansión económica mediante sucesivas y sustanciales subidas de impuestos. No en vano, los españoles soportan hoy una de las mayores cargas impositivas de Europa y del conjunto de los países desarrollados -englobados en la OCDE-. En concreto, sufren el IRPF más alto de la UE en todos los tramos de renta, superando a franceses, italianos y alemanes, y a un nivel similar al de los suecos -mucho más ricos que los españoles-.

Déficit de la Administración Central
En este sentido, los últimos datos conocidos sobre el déficit del Estado (Administración Central) vienen a corroborar, igualmente, la ausencia total de austeridad en el sector público. Los números rojos del Estado alcanzaron los 36.364 millones de euros el pasado mayo en términos de Contabilidad Nacional, lo que equivale al 3,41% del PIB, quedándose a apenas décima del objetivo para todo 2012 (3,5%). La pregunta clave aquí sigue siendo la misma: ¿en qué partida radica el problema, ingresos o gastos?

El siguiente cuadro, con datos hasta mayo de la Intervención General del Estado según el protocolo de déficit excesivo (la metodología contable que impone Eurostat) arroja varias respuestas:

Los ingresos apenas han bajado un 4% hasta mayo de 2012 en comparación con los primeros cinco meses de 2011. Sin embargo, el gasto ha crecido un 11,6% interanual. Como resultado, el déficit del Estado, lejos de reducirse, se ha disparado un 30,5% en los últimos 12 meses.

En comparación con 2007 -último año de auge económico-, los ingresos fiscales del Gobierno central han caído un 35% como resultado de la crisis -pese a las subidas de impuestos-, mientras que el gasto es hoy un 25% superior.

Si se toma como referencia 2004, en pleno período de burbuja inmobiliaria, se observa que los ingresos son hoy apenas un 6,6% inferiores, mientras que el gasto, por el contrario, se ha disparado un 52,4% desde entonces.

Dicho de otro modo, el Estado trata de mantener en pie una estructura -medida en gasto público- mayor que la existente en pleno boom económico, empleando para ello unos ingresos que, como es lógico, han menguado como resultado de la recesión económica y el paro, aunque se mantienen a niveles similares a los de 2004 -en pleno crecimiento económico-.

Una forma mucho más simple de verlo es la siguiente: el Estado gasta hoy el doble de lo que ingresa -el gasto estatal es un 115% superior a los ingresos-; un descuadre superior incluso al registrado hasta mayo de 2011 (el gasto era entonces un 102% superior a los ingresos); por el contrario, hasta mayo de 2007 el gasto sólo era un 11,5% superior a los ingresos. ¿Resultado? El déficit del Estado hasta mayo de 2012 es 25 veces superior al registrado en los cinco primeros meses de 2007. El Banco de España ya refleja el cambio de tendencia a peor del déficit estatal.

PROMOCIONA 'SOCIEDAD CIVIL Y DEMOCRACIA'
Mario Conde abona el terreno para volver a liderar un partido político en otoño
Alberto Mendoza. El Confidencial 28 Junio 2012

Asegura que no quiere “fagocitar” con su nombre y apellidos el nacimiento de un nuevo partido político, pero Mario Conde ya ha puesto en marcha el altavoz mediático que puede conducirle este otoño a liderar la formación Sociedad Civil y Democracia. El empresario se reserva su decisión, pero el actual presidente del grupo, Daniel Movilla, no esconde sus deseos: “Ojalá Mario esté con nosotros”.

Sociedad Civil y Democracia parte de una asociación con el mismo nombre, que a su vez comparte integrantes e ideario con la Fundación Civil, que sí preside Conde. La relación resulta obvia, pero formalmente son entidades diferentes y el expresidente de Banesto no milita en el nuevo partido político. Eso sí, ya ha comenzado a difundir su creación y a defender tanto su estrategia como sus principios. Movilla, que además de presidir el partido es patrono de la fundación de Conde, expresó a El Confidencial su esperanza de que por fin dé el paso: “Ojalá Mario decida dar el salto a la política y estar con nosotros”.

El calendario remite al 6 de octubre, cuando la formación celebra su congreso constituyente en Madrid. Entonces se elegirá al nuevo presidente, comité ejecutivo, estatutos y reglamento interno. “Ese será el momento de definirse, quien estará y quién no. Porque se pueden compartir ideales y no estar. Pero quien desee pasar a la acción, quien prefiera abandonar el discurso y la literatura para colaborar a un cambio real y efectivo, ya tiene un camino marcado, un sendero”, publicó ayer Conde en su blog.

En este artículo, advierte además que “quien quiera cambios tiene que competir electoralmente mediante un partido”, por lo que defiende la creación de esta nueva formación: “Se trata de un movimiento social que adopta esa forma porque quiere pasar a la acción”. Asimismo, tras aclarar que se trata de un movimiento independiente formalmente de su fundación, subraya que “es igualmente evidente que los ideales, las ideas de fondo de la Sociedad Civil, las comparto y proclamo desde hace años. Pero no se trata del partido de fulano o mengano”.

¿Y cuáles son esas ideas? La formación se define como “transversal, ni de izquierdas ni de derechas”, pero el expresidente de Banesto, expresidiario, abogado del Estado y empresario ya compitió como candidato del CDS en 2000, y se mantiene en el candelero con su participación en el grupo Intereconomía. Entre otras cosas, Conde se define contra el sistema de poder existente en España y a favor del humanismo cristiano.

Sin financiación pública
A la espera de Conde, Movilla explicó que su partido ya cuenta con unos 2.000 simpatizantes, y que aspira a establecerse en todas las comunidades autónomas para concurrir a los próximos comicios gallegos y vascos, los más próximos en el calendario, si finalmente se celebran en 2013. “Tenemos gente en Galicia, Asturias, Cataluña, Castilla y León, Valencia, Andalucía y Madrid. Queremos ser un partido de implantación nacional, porque muchas cosas se deciden en la periferia, fuera de Madrid”, sostuvo.

En tiempos de desafección hacia las instituciones y crisis económica, pretenden constituirse como la opción del descontento, una suerte de fuerza antisistema que parte de figuras relacionadas con la derecha que no se acomoda en el PP. Para ello, renuncian por principio a la financiación pública, y se comprometen a financiarse únicamente con la aportación de “afiliados, simpatizantes y amigos”. La imagen de Conde impresa en un cartel electoral puede estar más cerca.

11-M
Tres mil días de Calvario
Gabriel Moris Libertad Digital 28 Junio 2012

El pasado veintiocho de mayo se cumplieron los tres mil días del más sangriento de los atentados perpetrados contra el Estado Español; eso sí, utilizando como víctima propiciatoria al indefenso pueblo que sostiene al Estado. Al pueblo que vota a sus representantes en unas instituciones que, lejos de prevenir, de investigar, juzgar y condenar a todos los responsables del atentado, trata de "olvidar lo inolvidable", apoyándose en frases como "el 11-M es cosa juzgada y condenada". ¿Cómo pueden demostrarnos esa falsa aseveración? ¿Resistiría este atentado una auditoría en los ámbitos policial, judicial y parlamentario? Si nuestra salvación económica pasa por la realización de una auditoría externa e independiente, ¿cuánto no más urgente será una auditoría para evaluar y corregir nuestra situación ética y moral? Todos hemos oído que la economía se ve afectada por los ciclos económicos mundiales. Sin restar importancia a la recesión económica y a la necesidad de actuaciones urgentes, antes o después, nuestra economía remontará. ¿Podríamos extrapolar esta afirmación a nuestro derrumbe en materia de valores, incluidos la justicia, la ética y la moral? En mi opinión, no. Coloquialmente decimos, y no nos falta razón, que "lo primero es lo primero".

Hace unos días he escuchado que el asesinato de Prim se ha esclarecido en el segundo centenario de su nacimiento. Conocer la verdad de un crimen que cambió la historia de España me parece una noticia alentadora pero poco útil a esta distancia de los hechos. Las víctimas del 11-M, al menos algunas, deseamos que la Verdad que "rompió nuestras vidas" y nos arrebató a nuestros seres queridos, no permanezca en el búnker que la guarda, elaborado a tal fin, por el mal llamado Estado de Derecho. Ni "Todos íbamos en los Trenes", ni "Todos queremos saber la Verdad"; al menos eso demuestran los hechos hasta hoy. Los autores intelectuales o instigadores no fueron identificados en la sentencia. Tampoco se descubrieron las motivaciones ni la trama, y respecto a los ejecutores o autores materiales, creo que un solo condenado y con lagunas importantes sobre las pruebas del delito, deja en entredicho la investigación, el juicio y la sentencia. Podemos citar con nombres propios y DNI a los responsables de esta triste situación, los que además ostentaron u ostentan el monopolio de la investigación y de la aplicación de la Justicia a todos los culpables; ya sea por falta de prevención, por acción, por omisión o por mentirnos. Hoy están todos vivos e incluso ascendidos o condecorados, cuando pasen doscientos años, sólo Dios habrá aplicado sobre ellos su Justicia. Pero con la Verdad y la Justicia pendientes se podría escribir la Historia de una España más digna que la que nos ha conducido a la bancarrota en ocho años.

Uno de estos días, por decisión del Parlamento español, se conmemora el Día de las Víctimas del Terrorismo. El Parlamento Europeo eligió el 11 de Marzo como fecha más simbólica para recordar y homenajear a todas las víctimas de Europa. ¿Alguien puede explicar esta falta de sintonía con nuestros socios comunitarios? ¿No son europeas las víctimas españolas o acaso se quiere evitar el recuerdo de una fecha inolvidable? Sea como sea, nuestro Parlamento nos debe a las víctimas del terrorismo algo más que un día de caras compungidas y discursos más o menos elaborados. No pedimos que nos traten con la generosidad que, sin nuestro consentimiento, aplican a los terroristas, sólo pedimos conocer toda la Verdad de los atentados de los Trenes de Cercanías, y que la imperfecta Justicia de España, se aplique a todos y cada uno de los implicados en la ejecución de los crímenes y en impedir el total y veraz esclarecimiento de los hechos. ¿Qué implicaciones debe haber para que el Estado desoiga nuestras lógicas exigencias?

Cuando estas reflexiones salgan a la luz, se habrán cumplido tres mil treinta días de la matanza. El próximo 11 de Julio habrán transcurrido CIEN meses sin nuestros seres queridos, y muchos, seguiremos conviviendo con las secuelas de todo tipo que algunos cargaron sobre nuestras vidas.

Con frecuencia vienen a mi mente las imágenes de un hecho ocurrido hace veinte siglos en torno al monte Calvario. Este hecho histórico, según Flavio Josefo y otros historiadores de la época, contó con la colaboración de personajes como Judas (el amigo traidor), el Sanedrín lleno de inquisidores, Pilatos (el cobarde injusto), el cambiante populacho que pasó del aplauso a la condena, Pedro el fiel que lo negó, la madre fiel en el amor aunque traspasada por el dolor, el cirineo y Longinos. Creo que todos, empezando por las víctimas y terminando en las más altas magistraturas del Estado, podemos identificarnos con alguno de los protagonistas de aquellos hechos. Algunos no pisaron el Calvario pero la Víctima recibió la última lanzada, eso sí, acompañado por su madre y los suyos, y ayudado hasta la cima por el cirineo. ¿Es exagerado que las víctimas nos sintamos en el Calvario? Nos queda el consuelo de que la muerte no triunfó sobre la Vida verdadera.

España
España tiene más políticos que profesores universitarios titulares
El debate sobre el exceso de cargos se reabre a unas horas de que se apliquen nuevos recortes
maría cedrón. redacción / la voz  28 Junio 2012

A pocas horas de que España aplique nuevos recortes acuciada por Bruselas y en medio de la discusión en torno al impacto sobre el ciudadano del rescate a la banca, el debate relativo al sobrepeso de la Administración pública no ha cesado. Uno de los actores principales de ese debate es la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Especial eco ha logrado su propuesta para reducir a la mitad el número de diputados de la Asamblea regional, que pasarían de 129 a 65. De ser aprobada en la Cámara (que tendría que dar luz verde a una reforma del Estatuto de Autonomía y debería contar con el apoyo de una docena de votos de la oposición), podría generar un efecto de contagio en otras comunidades. El presidente de Extremadura ha sido uno de los primeros en sumarse a la idea.

Actualmente el número de diputados autonómicos que hay en España asciende a 1.184, una cifra que se dispara hasta los 70.620 (más de la población de ciudades como Ferrol) en el caso de contabilizar a todos los políticos que forman parte de las diferentes Administraciones. Desde el Congreso y el Senado hasta los ayuntamientos, los eurodiputados, las diputaciones forales o los cabildos insulares.

Esta cantidad, que ya superaría al número de integrantes del Cuerpo Nacional de Policía (rondan los 62.569) o el número de profesores titulares en las universidades (30.425, según el INE), rebasaría los 79.000 al sumar también ministros, consejeros autonómicos, altos cargos de las Administraciones central y regionales, además de asesores y personal de confianza de los gabinetes de los organismos mencionados.

Todo pese a los recortes que ya se produjeron en algunas Administraciones como la gallega, donde, por ejemplo, el número de altos cargos se redujo en el 2009 en un 36 %, y el de personal de gabinete, en un 32 %.

Pero para completar el saco de la política española todavía habría que incluir otros nichos como los directivos de Administraciones paralelas, cargos en empresas públicas, cámaras de comercio, defensores del pueblo, entidades financieras públicas, consorcios, organismos internacionales, entidades de cooperación y desarrollo...

Aunque no hay datos oficiales que permitan establecer un cómputo estimado al respecto, existen informes oficiosos que han llegado a cifrar la cantidad de políticos en España en más de 400.000, el doble que Italia o Francia.

Cuánto podría ahorrar el Gobierno madrileño con la propuesta de recorte de diputados, respaldada por el propio Rajoy, que llegó a asegurar que Madrid «tiene autonomía». Teniendo en cuenta que el salario base de cada diputado en la Asamblea era el año pasado de 49.048 euros brutos al año, según datos hechos públicos por los representantes de UPyD entonces, podrían ahorrase más de 3,1 millones de euros solo en ese concepto. Ahí no estarían incluidas dietas o pagos como el plus por ser portavoz en los diferentes grupos de trabajo.

Complementos
Los complementos hacen que los sueldos de los diputados en los diferentes Parlamentos autonómicos o incluso en el Congreso o Senado sean muy variables. En Galicia, por ejemplo, el salario final puede oscilar entre una media de 4.500 euros mensuales y los 9.000 euros o más de cada uno de los miembros de la Mesa. De todas formas, ya hay comunidades, como Extremadura, que han propuesto bajar las retribuciones a los miembros de la Cámara autónoma en un 5 %.

Los que se mueven en esas cantidades son también los diputados del Congreso. El sueldo base, rebajado un 10 % en mayo del 2010, es de 2.813,87 euros. A ellos hay que añadir los complementos en función del cargo dentro de la Cámara baja. Al final varía entre los 3.500 y los 5.700 euros, cantidades a las que también habría que añadir la compensación de 870,56 euros por gastos de manutención para los elegidos por Madrid o los 1823,8 para los de otras comunidades. Además este año les han eliminado la contribución al fondo de pensiones de diputados y senadores.

Artur Mas e Irene Rigau deben cumplir con el Estado de Derecho
Convivencia Civica  28 Junio 2012

Estimados amigos,

Una vez más, la Justicia ha puesto de relieve la inconstitucionalidad del sistema de la inmersión lingüística en Cataluña. El Tribunal Supremo, en una sentencia de una gran claridad, ha explicitado que la enseñanza única y exclusivamente en catalán impuesta por el nacionalismo no es aceptable en una sociedad bilingüe como la nuestra.

Como venimos defendiendo en Convivencia Cívica Catalana, a una sociedad bilingüe le corresponde por lógica, por sentido común y por respeto a todos, una escuela bilingüe.

El Tribunal Supremo ha establecido en su sentencia que nuestras dos lenguas oficiales deben recibir un trato equitativo en la educación, no siendo admisible un sistema monolingüe sólo en catalán como el vigente en la actualidad.

Desde Convivencia Cívica Catalana nos felicitamos por esta sentencia que constituye una buena noticia y un acicate para los que defendemos una educación bilingüe en Cataluña, respetuosa con nuestras dos lenguas y que no margine ni trate como lengua extranjera a ninguna de ellas.

Lamentablemente, el gobierno catalán vuelve con su cantinela habitual tras cada sentencia contraria a sus intereses en el sentido de no acatarla y de mantener el status quo actual.

Estas manifestaciones, proferidas, una vez más, por el señor Mas y la señora Rigau no pueden ser calificadas sino como directa expresión de una concepción antidemocrática del poder que se intenta sustraer al control judicial que obliga tanto a ciudadanos como a políticos.

Convivencia Cívica Catalana considera que el gobierno catalán debe abandonar esta actitud antidemocrática y, en consecuencia, acatar las sentencias de los Tribunales y modificar el actual régimen lingüístico escolar, esto es, el sistema de inmersión lingüística, sustituyéndolo por un modelo de conjunción lingüística, en el que ambas lenguas oficiales sean utilizadas como lenguas vehiculares y de docencia.

Convivencia Cívica Catalana anuncia que en caso de persistir en esta lamentable actitud de no acatamiento de la citada sentencia, tiene intención de querellarse contra el Presidente del gobierno autonómico catalán, Artur Mas y contra la Consejera de Educación, Irene Rigau, por un delito de desobediencia a los Tribunales (art. 410 del Código Penal).

En Convivencia Cívica Catalana pensamos que no es admisible en un Estado de Derecho el incumplimiento reiterado desde hace años de leyes y sentencias, como es el caso del gobierno catalán. Se trata de una falta de respeto a los padres que han ganado los pleitos y, digámoslo claro, de una auténtica tomadura de pelo a nuestro sistema jurídico.

Las leyes y las sentencias se redactan para ser cumplidas y no para ser guardadas en un cajón ni para reírse de ellas, incumpliéndolas abiertamente. Y quienes así actúan deben saber que su lamentable actitud no les puede salir gratis.

Atentamente,
CONVIVENCIA CIVICA CATALANA
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Entre Escocia y Massachusetts
Francesc de Carreras La Vanguardia 28 Junio 2012

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) anda en estos últimos tiempos algo desorientada. ¿Hacia dónde debe ir Catalunya?, se pregunta. ¿Hay que celebrar un referéndum para decidir si nos separamos de España? ¿Debemos, simplemente, formar parte de un Estado federal? ¿Queremos imitar al Partido Nacionalista de Escocia, que ha fijado un referéndum de independencia justamente para 2014, o nos conformamos con ser Massachusetts, un miembro más de Estados Unidos, un estado federal? Las opciones planteadas no sólo son divergentes sino contradictorias.

Esta variedad de modelos que imitar no es nueva. Durante muchos años Quebec fue el espejo en el que se miraron muchos nacionalistas catalanes mientras allí parecía probable la independencia. Tras el desplome de la URSS, los modelos que imitar fueron también variados, Lituania el más recurrente. La ruptura de mutuo acuerdo entre Chequia y Eslovaquia también fue objeto de admiración. En las guerras balcánicas, Eslovenia y Croacia fueron los buenos de la película y Serbia el malo más malo, trasunto de la España castellana. También se tomó el ejemplo de Montenegro cuando logró separarse de Serbia. Y la declaración unilateral de independencia de Kosovo, ratificada por la Corte Internacional de Justicia, se ha tomado como precedente jurídico de todo proceso de secesión.

Así pues, todos los modelos sirven como término de comparación y, aunque muy distintos entre sí, se ponen como ejemplos de una futura Catalunya separada de España. No deja de ser paradójico, sin embargo, que aquellos que fundamentan esta separación en su singular identidad no encuentren un modelo propio, coherente con esta identidad, y lo busquen en países tan distintos y lejanos. Quizás Catalunya tenga algunas especificidades que la distinguen del resto de España pero, en todo caso, tiene muchas más respecto de Irlanda, Quebec, Lituania, Chequia, Eslovaquia, Eslovenia, Croacia, Montenegro o Kosovo.

En los últimos dos años parecía que la posición de CDC, finalmente, se concretaba. Artur Mas ofreció una hoja de ruta, la denominada "transición nacional", en la que la anhelada independencia era el objetivo con una etapa intermedia que consistía en alcanzar un sistema de concierto económico semejante al vasco y navarro. Nadie creía que tal sistema fuera posible sin un cambio de Constitución y, por tanto, el camino hacia la independencia parecía ser inmediato. A las tradicionales razones de identidad nacional, se sumaba el argumento económico, propio de la Liga Norte italiana: España nos roba, nuestro dinero se va y no vuelve. Todo ello estaba bendecido por Jordi Pujol, quien venía sosteniendo desde hace más de un año que permanecer en España ya no interesaba a Catalunya y el único camino era separarse.

Esta era la posición de Convergència en marzo pasado, cuando celebró su congreso: Catalunya necesitaba un Estado propio. El modelo era Escocia: el proceso debía culminar en un referéndum para separarse de España. Pero algo ha sucedido desde entonces porque las perspectivas de CDC parecen haber cambiado.

La primera señal fue un reciente artículo de Jordi Pujol ("La crisis europea (nuestra crisis)", La Vanguardia del 10 de junio pasado) en el que se decía: "Lo que Catalunya necesita es la garantía de su identidad, unas competencias adecuadas en el campo social, cultural y de desarrollo, y la financiación justa para actuar eficientemente en estos tres campos. Eso se podría hacer en el marco español (...)". Caramba: el Estado propio ya no era necesario, bastaba lo de siempre (identidad, competencias y financiación) y ello se podía hacer dentro de España. Poco después Artur Mas dijo que no hacía falta un Estado propio, bastaba con una hacienda propia: se rebajaba un peldaño. Ahora se renuncia a aplicar el pacto fiscal hasta que finalice la crisis económica. Cuán largo me lo fiáis.

Faltaba inventarse un modelo. Aprovechando su reciente viaje a EE.UU., el president de la Generalitat allí lo encuentra: Catalunya es (o debe ser) "la Massachusetts de los Estados Unidos de Europa", dice Mas. Esto, obviamente, tiene un pequeño problema: Estados Unidos de América es un Estado federal y la Unión Europea no lo es; el Estado federal, en todo caso, es España, la España de las autonomías, de la cual Catalunya es ente territorial autónomo, como Massachusetts también en EE.UU. Existe, además, una pequeña diferencia: hoy Catalunya tiene más autonomía respecto de Madrid que Massachusetts respecto de Washington. En concreto: la misma que Wyoming o Dakota del Sur. Así son de simétricos los estados federales. ¿Quiere Catalunya tener un trato singular y excepcional en España? Pues no escoja Massachusetts, señor Mas. Si lo escoge, debe ser partidario de un Estado federal simétrico.

No sé la razón por la cual CDC ha dado este giro. Unos dicen que, según los sondeos, el referéndum sería un tremendo fracaso; otros que poderosos sectores empresariales del entorno convergente han forzado a cambiar de rumbo. Sea lo que fuere, el modelo ya no es Escocia, es decir, la independencia, y se está buscando otro modelo para encontrar una salida al lío en el que andaban metidos.

Cataluña
Una querella por desobediencia a los tribunales planea sobre Irene Rigau
Convivencia Cívica anuncia que si la consejera no cumple la ley presentarán una denuncia amparada en el artículo 410 del Código Penal. Por su parte, las entidades independentistas piden a los profesores “recuperar el arte de la desobediencia y la insumisión”.
Redacción www.vozbcn.com  28 Junio 2012

Medio millar de personas protesta en la Plaza de San Jaime de Barcelona contra la sentencia del Tribunal Supremo en favor del bilingüismo en Cataluña (foto: Solidaritat).

La consejera de Enseñanza de la Generalidad tiene poco margen de maniobra tras la sexta sentencia judicial que declara nula la aplicación de la inmersión lingüística obligatoria en catalán que excluye al español como lengua vehicular. Irene Rigau (CiU) se ha negado, una vez más, a cumplir las sentencias del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo.

El asunto es grave. Convivencia Cívica Catalana ha anunciado que presentará una querella contra Rigau, y otra contra Artur Mas (CiU), presidente autonómico, por manifestar que no cumplirán con lo establecido por los tribunales y no aplicarán el bilingüismo en las escuelas de Cataluña.

En un comunicado, la entidad que preside Francisco Caja, profesor en la Universidad de Barcelona, ha indicado que ‘el sometimiento del poder político a las decisiones de jueces y tribunales y a sus resoluciones judiciales es un principio elemental, indispensable de la democracia, que confiere al ejercicio del poder político su naturaleza democrática’; por lo que considera que la decisión de la Consejería de Enseñanza es ‘antidemocrática’.

Así, Convivencia Cívica ha advertido de que, en caso de no poner en práctica lo que los tribunales han establecido, es decir, que el bilingüismo o conjunción lingüística sea el modelo de las escuelas, Rigau y Mas podrían incurrir en un delito de desobediencia a los tribunales, que está recogido en el artículo 410 del Código Penal. Convivencia Cívica ha asegurado que seguirá defendiendo la legalidad y los derechos de los ciudadanos de Cataluña.

Recurso contra las instrucciones del próximo curso
En la misma línea, Impulso Ciudadano ha anunciado que presentará recurso contra las instrucciones escolares del próximo curso de la Consejería, si la Generalidad no las adapta a la legalidad surgida tras la última sentencia del Tribunal Supremo, que anula hasta seis apartados del decreto escolar de educación infantil.

La entidad que preside José Domingo, ex diputado autonómico, ha instado a Rigau a que ‘cumpla con su obligación de garantizar que el castellano sea lengua vehicular’, en las escuelas de Cataluña, ‘al igual que lo es la lengua catalana’. Y ha recordado que la última sentencia del Supremo, conocida esta misma semana, ‘no sólo afecta a los preceptos anulados, sino a todo el modelo educativo catalán’.

En caso de que la Consejería no adapte las normas para el próximo curso, que empieza en septiembre, la asociación cívica llevará a los tribunales las instrucciones escolares. Además, en un comunicado, ha lamentado que las manifestaciones posteriores a la última sentencia siga dejando a los dirigentes de CiU en posiciones enrocadas en la ilegalidad.

López-Dóriga insta a Rigau a llevar el tema ante el Constitucional
Eduardo López-Dóriga ha valorado para LA VOZ DE BARCELONA la reciente sentencia del Supremo en términos muy contundentes: “Deja las cosas claras, realmente es difícil no cumplirla”. Para el presidente de la Asociación por la Tolerancia, “es un paso adelante muy grande” ya que establece que es la Administración autonómica la que debe ofrecer el bilingüismo en las aulas y no carga sobre el alumno la petición de tal derecho.

En relación a una posible querella contra Rigau, López-Dóriga ha señalado que ”es difícil que un tribunal no establezca una responsabilidad sobre la consejera autonómica de Enseñanza si no cumple con la sentencia”, su “responsabilidad penal” parece obvia, si se niega a cumplir lo que establecen los tribunales.

Por otro lado, ha apuntado que no cree que la Generalidad recurra la sentencia, pese a que Rigau ha señalado que lo está barajando, pues el Tribunal Constitucional podría entrar directamente a anular artículos de la autonómica Ley de Educación de Cataluña (LEC), que si bien ha quedado modificada de facto tras la sentencia del Estatuto de 2010, es el único argumento al que ahora mismo se agarra la consejera.

No ceder a los tribunales “ni un milímetro”
Frente a las entidades que se han felicitado por el reciente fallo del Supremo, la entidad Som Escola, en una rueda de prensa en la sede de Òmnium Cultural, ha valorado la decisión del Alto Tribunal como una mala noticia ya que, en su opinión, el modelo escolar se está agrietando.

Los portavoces de Som Escola han instado a la Consejería de Enseñanza a no ceder “ni un milímetro”, mantenerse al margen de la ley y han exigido a Rigau que no cumpla las normas ni las sentencias. En este sentido, han adelantado que pedirán una reunión con el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert (PP), aunque no han señalado qué pedirán al miembro del Gobierno; y llevarán a cabo actividades en las escuelas para que los padres y profesores se unan al desacato a los tribunales.

También ha protestado la asociación ligada a Solidaritat Catalana, Escola en Català. Alrededor de 500 personas se han concentrado en la Plaza de San Jaime de Barcelona, con el apoyo explícito de Solidaritat y ERC, para mostrar su rechazo a la última sentencia del Supremo e instar a la Generalidad a desacatar a los tribunales.

La entidad bilingüe Convivencia Cívica se querellará contra Mas si desobedece al TS
La Generalitat amenaza con ir al TC para blindar su inmersión lingüística
Los nacionalistas no se mueven de sus posiciones
J. Planes La Razón 28 Junio 2012

BARCELONA- Un día después de que el Tribunal Supremo (TS) dictara una sentencia que tumba la inmersión lingüística en la educación infantil, de tres a seis años, la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, dijo que ahora estudian recurrir al Tribunal Constitucional (TC). En la rueda de Prensa posterior al anuncio del fallo del TS, Rigau descartó presentar ningún recurso.
La consellera cambió ayer de opinión y señaló que, pese a que el Govern aún no ha tomado ninguna decisión, se contempla la posibilidad de pedir amparo al TC. Lo que sucede es que fue precisamente este Alto Tribunal quien, en junio de 2010, emitió una sentencia sobre el Estatut catalán que indicaba que «el catalán no debe ser la única lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña».

A la espera de este posible recurso del Govern ante el Constitucional, Rigau criticó la «ofensiva del Supremo contra el catalán» e insistió, una vez más, en que «no retrocederemos en nuestra política lingüística porque la Ley de Educación de Cataluña (LEC), está avalada por el Parlament». Esta ley precisamente está recurrida por el PP catalán ante el TC. En el caso de que el Constitucional falle a favor de los populares, el Govern se quedará sin escudo legal para defender su política de inmersión lingüística, vigente desde 1983.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, defendió ayer la sentencia del TS y aseguró que «da respuesta a la realidad de Cataluña que se palpa a pie de calle y que es el modelo lingüístico y educativo que siempre hemos defendido».

«La normalidad de la vida de la calle se debe trasladar a las escuelas, defiende el bilingüismo integrador que es el que siempre ha defendido el PP, e impulsa el catalán y también la lengua castellana, dejando libertad a los padres para dejar que sus hijos puedan estudiar en la misma aula en catalán y en castellano», señaló la líder de los populares.

Por su parte, la entidad bilingüe Convivencia Cívica de Cataluña (CCC) anunció que se querellará contra Rigau y el president de la Generalitat, Artur Mas, por un delito de desobediencia a los tribunales en el caso de que incumplan la sentencia del Supremo. CCC consideró que el «sometimiento del poder político a las decisiones de jueces y tribunales y a sus resoluciones judiciales es un principio elemental, indispensable de la democracia». Para CCC, el argumento de que la LEC blinda la inmersión lingüística «carece de fundamento jurídico».

Pujol pide «reaccionar con toda energía» ante la ofensiva
El ex presidente de la Generalitat de Cataluña y fundador de CDC, Jordi Pujol, ha enmarcado la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a establecer el castellano como lengua vehicular junto al catalán en la educación infantil en una «nueva ofensiva» contra la lengua. Ante esta situación, Pujol insta a la ciudadanía de Cataluña a reaccionar «con toda energía», recalcando que esta ofensiva judicial se enmarca en el «ahogo económico y financiero» que sufre la Generalitat. En un editorial de su Centro de Estudios, Pujol lamenta que desde Madrid se opte por «debilitar» la lengua y cultura catalanas, tratando de condenarlas a la residualización.


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