AGLI Recortes de Prensa   Martes 3  Julio 2012

Autonomías
Pólvora del rey
Emilio J. González Libertad Digital 3 Julio 2012

El presidente del Gobierno ha dicho que las comunidades autónomas, aunque están cumpliendo con lo pactado, tienen que hacer un esfuerzo mayor en términos de ajuste presupuestario. Lo que yo creo que debería hacer Rajoy es aprovechar la crisis para hacer un verdadero cambio de modelo, no solo para cerrar el déficit presupuestario y, con él, la crisis fiscal de nuestro país, sino para que no vuelva a suceder nada de lo que nos ha llevado a esta situación.

Ese modelo tiene que pasar, en primer lugar, por una verdadera corresponsabilidad fiscal. Hoy las autonomías se financian, en gran medida, a través de su participación en los impuestos que recauda el Estado. Por tanto, viven fundamentalmente de las transferencias que les realiza éste, sin tener que subir los impuestos cuando quieren gastar más. Basta con que vengan buenos tiempos, como los de la burbuja inmobiliaria, para que los gobiernos regionales disparen sus gastos, porque el Estado siempre les transferirá dinero; y, si luego las cosas van mal, como ahora, ahí está también el Estado para arreglar las cosas. Habría que dotar a las autonomías de impuestos propios, que ellas pudieran manejar en función de sus intereses; que los tuvieran que subir cuando quisieran gastar más o que los pudieran bajar para optar por políticas económicas que dieran más margen a la iniciativa privada. En este sentido, las transferencias estatales deberían limitarse a lo relacionado con la solidaridad interterritorial, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de los servicios públicos esenciales con la misma calidad, con independencia del territorio en que vivan, y, por supuesto, siempre controlando que no se interprete calidad de los servicios públicos con que todas las regiones tengan que tener de todo.

Esto lleva al segundo pilar del cambio de modelo, qué competencias deben ejercer las autonomías. En este sentido, el Gobierno central debería dejar bien claro qué corresponde hacer a cada cual y eliminar todas las duplicidades, además de actuar contra cualquier territorio que quisiera exceder su marco competencial. Asimismo, dentro de lo que puedan ser competencias autonómicas, el Estado debe velar por que se cumplan algunos criterios básicos; por ejemplo, no todas las autonomías pueden tener universidades propias, porque no es eficiente ni rentable, ni hospitales dotados de todos los medios habidos y por haber, con independencia de que dichos medios se infrautilicen. Es decir, el Gobierno central debe articular y coordinar planes nacionales de sanidad y educación para evitar dichos problemas o, simplemente, quedarse con las competencias en materia de universidades y hospitales, por seguir con el mismo ejemplo.

Si no se actúa de esta manera, las autonomías seguirán disparando con pólvora del rey. Es decir, seguirán proliferando los asesores, los coches oficiales, las visas oro y los cargos públicos de todo tipo, porque los gobiernos regionales no tienen que pedir directamente el dinero a los ciudadanos para financiar sus excesos y continuarán revistiendo de interés popular aquellas políticas cuyos fines no son más que electoralistas, como lo de que nadie tenga que desplazarse de su región para estudiar y cosas por el estilo. Sin estos cambios, lo único que se conseguirá es un pulso permanente entre el Estado y las autonomías sobre quién tiene que asumir la mayor parte de la carga del ajuste presupuestario, mientras se dejan intactas las bases para que, una vez superada la crisis fiscal, vuelva a repetirse la misma historia de despilfarros.

El fracaso moral del socialismo español
Francisco Rubiales Periodista Digital 3 Julio 2012

El socialismo tiene que cambiar sus postulados si quiere sobrevivir en el futuro. No solo tiene que ser garante de avances en justicia social, sino que debe garantizar también lo que hasta ahora ha ignorado: la democracia y la solvencia ética de los pueblos y gobiernos. Nunca más debe alinearse con la mentira, el retroceso social, el fracaso económico y el hundimiento moral de un pueblo, como hizo bajo el nefasto mandato de Zapatero.

Bajo el liderazgo de Zapatero, el socialismo vivió una etapa de indignidad y de fracaso moral sin precedentes, un declive político, ideológico y ético que la historia condenará, no sólo por lo que significó de negativo para España, sino por la cobardía de una militancia socialista que permitió a sus dirigentes, sin rebeldía alguna, perpetrar toda una interminable serie de errores, traiciones, atropellos, indignidades, injusticias y abusos.

La reiterada negación de la crisis, motivada por el ansia de ganar unas elecciones, el despilfarro, la negociación oscura y tramposa con ETA y otras muchas fueron fechorías típicas de aquel socialismo sin ética ni decencia patrocinado por el inepto presidente de León, hoy escondido, sin haber pedido perdón por sus estragos a España y vergonzosamente cobrando como miembro del Consejo de Estado, después de haber recibido de su pueblo el más brutal de los rechazos.

El pago a los terroristas de un cuantioso rescate (de entre 8 y 10 millones de euros, según la prensa), con dinero público, a cambio de la libertad de los dos cooperantes catalanes secuestrados por Al Queda en Mauritania, sobre los que pesaban sospechas y acusaciones de ser más turistas solidarios que verdaderos luchadores por la justicia internacional, due una de las fechorías típicas de aquel socialismo español que cargaba sus alforjas de ignominia e indecencia en el ejercicio del poder. Al negociar con terroristas y pagar un precio por el rescate, Zapatero no sólo demuestró que el negocio del secuestro y el ultraje terrorista es rentable, sino que permitió también a esos grupos renover su armamento y reforzar sus estructuras de poder y vocación delictiva.

Pero las traiciones y fracasos "antisocialistas" del zapaterismo han sido muchas más y de mayor calado, como las de hacer pagar a los más débiles (pensionistas, viudas, desempleados y funcionarios) el peso de la crisis, la negativa terca a reducir drásticamente el despilfarro público y los privilegios de la casta política gobernante, la incapacidad para reducir la monstruosa dimensión del aparato estatal, insostenible e ineficaz, el apoyo activo al nacionalismo más antiespañol y disgregador, la utilización de la mentira y del engaño como instrumentos básicos de gobierno, el acoso directo a la Constitución, la compra, con dinero público, de los votos nacionalistas que él necesitaba para seguir gobernando, la utilización de talonario de cheques como elemento fundamental de la política exterior española, su errónea y destructiva política económica, culpable del empobrecimiento de España, de los más de cinco millones de parados que pululan por las calles españolas y de la destrucción masiva de tejido productivo, además de su protagonismo indiscutible en la división de la sociedad española y en el profundo desprestigio de la política y hasta de la democracia en España hacen de Zapatero no sólo el peor gobernante de la España moderna en varios siglos, sino el "enterrador" de un socialismo basado en la ética y en la decencia, como lo concibieron León Bloom Jaurés y otros muchos pensadores históricos de la izquierda.

La desmoralización en las filas del socialismo español es ya dramática y no se ha frenado con la derrota y huida de Zapatero. Miles de socialistas honrados se sienten ideológica y moralmente vejados por su partido, además de avergonzados ante el comportamiento de sus líderes y los dramáticos resultados para España que tovo el último gobierno socialista.

El gran drama actual del PSOE es que los socialistas honrados que soñaban con una profunda refundación del PSOE se están marchando de la política, desesperados ante el continuismo de Rubalcaba y la persistencia en el error de forjar un PSOE cuya principal y casi única ideología es el poder y el reparto de beneficios entre sus socios (militantes y aliados). Sin esa fuerza renovadora interna, el socialismo español es poco más que una banda sin escrúpulos que orienta todos sus esfuerzos hacia la conquista del poder y el reparto del botín. Un socialismo así, por fortuna, no tiene espacio en un futuro que cada vez se perfila más como profundamente marcado por el renacimiento ético, el protagonismo de los ciudadanos y la exigencia de más decencia y solvencia en la política y los poderes públicos.

El gran drama de España es que la revolución ética que el país necesita para sobrevivir no la quiere hacer el PSOE, que podría hacerla si se refundara desde la honradez, ni la hará una derecha que hace mucho tiempo renunció a las ideas y principios para abrazar, al igual que el PSOE, la cultura del poder y del reparto entre los suyos del botín del Estado.

Voto en Blanco

Reforma Wert
Los últimos de la clase
Cristina Losada Libertad Digital 3 Julio 2012

El ministro Wert ha avanzado las líneas maestras de una reforma educativa. Una más, se dirá. Sí, una más, pero no más de lo mismo. Se han pergeñado casi tantas reformas de la enseñanza como gobiernos, pero en realidad sólo hemos tenido Logse. La original y sus prolongaciones, hijas de una norma concebida bajo el principio de que la escuela, también ella, diera la espalda a las tradiciones. La idea de que el primordial papel de la enseñanza era impartir conocimientos resultaba, para el progresismo, tremendamente retrógrada. El saber, el esfuerzo, la excelencia, el mérito, y su necesario acompañante, la autoridad del profesor, eran valores muy poco igualitarios. A efectos de subvertir el canon, el logsianismo ha sido un éxito absoluto. La igualdad en la ignorancia roza la perfección. La enseñanza pública ha dejado de ser el ascensor social que fue en tiempos. Es un caso clásico de política de izquierdas: resultados opuestos a los que se propone conseguir.

En algunos de los países que sucumbieron a la modas pedagógicas del 68, sus propios valedores políticos, a la vista del resultado, terminaron por rectificar. Aquí, me temo, no caerá ese premio gordo. El primer bosquejo del ministro ya ha merecido la reprobación socialista. Y en qué términos. Rubalcaba ha empezado por asustar a los niños con el espectro de Aznar, y estará a punto de denunciar que el retorno de las reválidas, aquellas que jalonaban el viejo bachillerato, es una vuelta a la tenebrosa época de la dictadura. Porque evaluar a los alumnos en momentos clave de la vida escolar no es un procedimiento razonable y homologado, sino autoritarismo y pretexto para la "segregación". En suma, Wert, o sea, Aznar, quiere cargarse el maravilloso sistema que ha puesto a la enseñanza española entre los últimos de la clase de los países desarrollados.

La reforma Wert no sé si suena a Aznar, pero suena bien. En cambio, un propósito del ministro chirría. Alcanzar el consenso con el PSOE, sindicatos de izquierdas y asociaciones, que nunca han levantado la voz contra el deterioro de la enseñanza, es tarea destinada al fracaso. Recuérdese a su antecesora Pilar del Castillo. Negoció largo y tendido una reforma, pero ni logró el plácet socialista ni pudo tampoco aplicarla. Zapatero derogó su ley en un pispás. Diríjase el ministro a una sociedad agudamente consciente de los defectos logsianos y de la necesidad de una transformación. No pierda mucho tiempo tratando de contentar a los que no quieren contentarse.

Tour Eiffel o de Babel
Juan Vicente Santacreu Estrella Digital 3 Julio 2012

La humanidad a lo largo de la historia ha construido entre otras, dos torres muy famosas, la torre Eiffel y la torre de Babel. Sobre esta no te voy hablar porque supongo que sabes como empezó y como terminó. Es más, si vives en España, incluso estarás familiarizado con sus efectos, siempre y cuando no seas un autista social o te dediques a contar nubes.

Sobre la Torre Eiffel, aunque estoy seguro que sabes lo que es y donde está, te voy a relatar algunos detalles que muy pocos conocen. De paso que te lo cuento, a lo mejor tenemos suerte y este artículo le llega a algún político. Y si tenemos mucha más suerte, quizás hasta pillen el mensaje.

La Torre Eiffel la construyó Gustave Eiffel en París para la Exposición Universal de 1889. En principio se edificó para este evento pensando que luego se iba a desmontar. Como los ingenieros no tenían mucha experiencia en este tipo de construcciones, ya que tenía unas dimensiones espectaculares y sobre todo para la época, no regatearon en invertir en infraestructura para asegurar su solidez.

Una vez finalizada la Exposición Universal y observando que la espectacularidad de la obra atrajo la admiración del mundo entero, se aplazó su desmontaje unos diez años. Fue entonces y coincidiendo con la utilidad que se le dio a la Torre Eiffel en la Primera Guerra Mundial para temas estratégicos de comunicación, cuando se decidió prorrogar su existencia.

A partir de esa decisión empezaron los problemas para la Torre Eiffel porque la estructura que se había diseñado era tan solo para unos cuantos años. Los padres de La Constitución, perdón, -en que estaría pensando- los padres de la construcción la diseñaron para que fuera bonita, muy sólida y agradara a todos olvidándose que una estructura tan pesada no podría perdurar en el tiempo.

La Torre en un principio pesaba unas 7.300 toneladas que posteriormente llegó a unas 10.000 toneladas por el tema del “café para todos”. Unos quisieron instalar en la torre sus restaurantes, otros las tiendas, museos, etc... Es decir, poco a poco se dotó de un lastre difícil de soportar.

Pasados los años se observó que la Torre Eiffel se estaba inclinando hacia su pilar más próximo al Sena y es que una estructura tan pesada no podía soportar el paso del tiempo y luchar contra las leyes naturales. Fue entonces, y para evitar que la Torre se engullera a si misma como un agujero negro, cuando se decidió aligerar su estructura para que pudiera perdurar a lo largo del tiempo.

Los franceses, que aunque gabachos no son imbéciles, no empezaron a dilucidar gilipolleces y no entraron en el juego si hay que quitar unos “tornillitos” o unos cuantos remaches, no, radicalmente se acometieron todas las reformas necesarias eliminándose de un plumazo 4.000 toneladas de hierro.

Conclusión, la Torre Eiffel la puedes contemplar hoy en día por varios motivos:
-Toda la estructura está diseñada para aunar fuerzas y mantener la cúpula en lo más alto.
-No está construida en base a 17 pilares, solo cuatro y muy sólidos.
-En su momento se hizo una reforma estructural eliminando lastre para que soportara el paso de los años.

Por cierto, lo más alto de Francia es la Torre Eiffel y ¿sabes qué ondea en su cúpula?, la bandera francesa. Y aunque te parezca increíble están orgullosos los de derechas y orgullosos los de izquierda. Son gabachos pero no son imbéciles. Nosotros en cambio no somos gabachos pero somos...

Así es la historia y así te la cuento

Tiempos de crisis' en el Campus FAES
Pizarro: "El gran cáncer de la economía de mercado es la corrupción"
El expresidente de Endesa alerta de casos en los que "no son los mejores los que se llevan la recompensa sino los más cercanos al poder".
Beatriz García Libertad Digital 3 Julio 2012

José María Aznar ha presentado de manera muy especial la conferencia Tiempos de crisis que ha tenido lugar este martes en el Campus FAES, en Navacerrada (Madrid), de la mano del exdiputado del PP y académico de Número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, Manuel Pizarro. "Estoy aquí ejerciendo una tarea que no hago normalmente porque se trata de una circunstancia excepcional ya que quiero recordar a Adela, esposa de mi amigo Manolo Pizarro, expresando todo mi respeto y consideración hacia ella", ha explicado el expresidente del Gobierno y presidente de FAES. Hay que recordar que Adela Buñuel Adán fallecía la semana pasada en Madrid.

Manuel Pizarro, que a pesar de esta circunstancia no ha querido faltar a su compromiso, le ha agradecido al expresidente su compañía en una ponencia en la que ha aportado su reflexión sobre la crisis económica mundial. "Se trata de una crisis de mercado y de sociedad. Las crisis económicas tienen siempre un fallo moral y de mal comportamiento y lo que pasa ahora es que no sabemos dar respuesta a los problemas del siglo XXI", ha explicado.

Pizarro, ha querido hacer hincapié en los valores de la economía abierta y en sus dos pilares: Estado y sociedad. "Si ponemos el ojo en el Estado, vemos que el gran fallo del socialismo real es la tiranía del Estado hacia la sociedad. Eso provoca que, automáticamente, el sistema comience a ser ineficiente porque una parte del Estado toma como rehenes a la ciudadanía", ha dicho.

También ha diferenciado los mecanismos de referencia de ambos sistemas: "En un sistema socialista hay alguien muy listo en una ventanilla que es el que dirige, y en un sistema abierto el referente son los precios, que son las expectativas de todos los que intervienen en el."

Los enemigos de la economía abierta, ha asegurado, "son todos aquellos que impiden la libertad y la información, pero el gran cáncer de esta economía es la corrupción, porque no son los mejores los que se llevan la recompensa sino los que están mas cerca del poder. Esto pasa cuando no hay transparencia y cuando los medios de comunicación no trasladan lo que está pasando en la realidad".

La quiebra del sistema financiero
Respecto al sistema bancario, Pizarro ha definido el negocio de la banca, "como un negocio donde se paga todo lo que se puede por captar ahorro –porque, si no, esos clientes se irán a otras entidades– y donde se presta al precio más barato posible por el mismo motivo". El problema es que "antes el banquero sabía a quien le prestaba el dinero y si se lo iba a devolver, era un negocio de proximidad, ahora al banquero no le preocupa si se lo devuelves porque ya ha vendido a un tercero ese crédito", ha explicado. Pizarro ha señalado como el origen de la crisis subprime el que "ni el que vende sabe lo que vende ni el que compra sabe lo que compra. Y eso al final provoca la quiebra del sistema financiero".

Cuando se produce la quiebra del sistema financiero, "no se puede dejar quebrar al sistema porque cuando un banco quiebra desaparece el dinero del banco y de los clientes. Si se salva a un banco hay que hacerlo previniendo que lo que ha ocurrido no se vuelva a repetir y eso no se ha hecho".

Respecto a los errores que han provocado la crisis, Pizarro ha señalado que "han fallado los reguladores, los supervisores, no ha habido transparencia y algo que a mí me preocupa especialmente es que no se ha exigido ningún tipo de responsabilidad. El único que ha ido a la cárcel ha sido Madoff; nadie ha devuelto nada de lo que ha hecho desaparecer y eso tiene que cambiar, hay que exigir responsabilidades a los culpables", ha concluido.

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El polémico Tribunal Constitucional
RAMÓN PUNSET La Opinión 3 Julio 2012

Esperanza Aguirre, personalidad relevante de la rama más conservadora del Partido Popular y rival de Mariano Rajoy, ha sugerido recientemente que la jurisdicción constitucional, cuya titularidad ostenta el Tribunal Constitucional (TC), se transfiera a una Sala del Tribunal Supremo (TS). Tal propuesta la formuló ante los periodistas, presa de indignación, nada más conocerse el fallo del máximo intérprete de la Constitución sobre el caso Sortu, que ha conducido a la legalización de este partido de la izquierda abertzale, al que el TS había considerado sucesor fraudulento de los ilegalizados Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.

Pues bien, ¿convendría suprimir el TC y conferir sus funciones al TS? Esto podíamos haberlo hecho ya en 1978 al redactar la Constitución (teníamos a la vista el antecedente, poco ejemplar, del Tribunal de Garantías Constitucionales de nuestra II República, así como los distintos modelos de justicia constitucional existentes en los estados más importantes), y deliberadamente no lo hicimos. Una de las razones de ello, aunque no la de mayor peso, fue que la judicatura de entonces había actuado como brazo represor del franquismo, de modo que encomendarle sin solución de continuidad la tutela de las libertades ciudadanas y de la autonomía territorial hubiera sido un rasgo de humor surrealista, o de constitucionalismo postsoviético avant-la-lettre. No obstante, la institución de un Tribunal Constitucional respondió también a consideraciones de más fuste.

La Constitución estableció un Estado democrático de Derecho, es decir, una democracia pluralista, de respeto a las minorías, y no una democracia jacobina. Garantizar a la vez el imperio del Derecho y la creación democrática del mismo no es un empeño fácil, y hasta puede que deba considerarse como una variante de la búsqueda de la piedra filosofal. El principio de legalidad propio del Estado de Derecho, elevado a su más alto grado, implica someter a enjuiciamiento jurisdiccional incluso las leyes que aprueban las Cortes Generales y los parlamentos de las comunidades autónomas, que son órganos de representación popular directa. Y para que el principio democrático no padezca por ello, se ha dispuesto que el TC -único órgano jurisdiccional facultado para anular una ley parlamentaria- sea designado en sus dos terceras partes (ocho magistrados) por el Congreso y el Senado. Los cuatro magistrados restantes son designados a partes iguales por el Gobierno (que goza de la confianza del Congreso) y por el Consejo General del Poder Judicial (en cuya elección intervienen también las Cortes). En consecuencia, el TC es, a diferencia del TS, un órgano de carácter representativo, aunque no de naturaleza política, sino jurisdiccional.

Y aquí viene el problema: ¿puede ser un verdadero órgano jurisdiccional aquel cuya elección procede de instituciones políticas? Esto es lo que parece negar Esperanza Aguirre cuando, al hilo del caso Sortu, se queja airadamente de "un Tribunal Constitucional nutrido de políticos que se llaman magistrados, pero que no lo son". ¿Por qué no lo son y sí, en cambio, lo serían, en todo caso, los magistrados del TS? El órgano jurisdiccional de justicia constitucional más antiguo y prestigioso del mundo, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que puede declarar la inconstitucionalidad de las leyes del Congreso y de las legislaturas de los Estados de la Unión, no se compone tampoco (necesariamente) de jueces de carrera, sino que sus muy respetados miembros son propuestos por el Presidente y examinados y confirmados (o no) por el Senado. A veces, los designados proceden del mundo de la política. Es más: una buena parte de la judicatura norteamericana emana directamente de la elección popular. Entonces, señora Aguirre, ¿no se rigen los estadounidenses por el rule of law? ¿Tampoco son auténticos estados de Derecho la República Federal de Alemania o la República Italiana, cuyos tribunales constitucionales se componen de manera similar al TC español?

Un Tribunal es un verdadero órgano jurisdiccional no por el origen (profesional o electivo) de sus miembros, sino por la existencia en sus pronunciamientos de un razonamiento jurídico y no ideológico-político. La argumentación política pertenece al debate político, en tanto que aquello que distingue a la actividad jurisdiccional es la resolución de controversias sobre la interpretación del Derecho aplicable al caso litigioso.

Dicho lo cual, ¿debería modificarse la Constitución, suprimirse el TC y atribuirse sus funciones a una "Sala de lo Constitucional" del TS? No sería, por supuesto, un disparate, pero a condición -irrenunciable- de que esa Sala fuese elegida por los representantes del pueblo. Incluidos, ya puestos, los representantes de las comunidades autónomas que integrasen un Senado completamente territorial. Porque las comunidades autónomas, que también producen leyes susceptibles de anularse por el TC, deberían tener algo que decir en la elección de los magistrados constitucionales, y ninguna instancia mejor que un Senado de tipo federal.

Si el control de la constitucionalidad de las leyes lo ejerciese, por decisión (hoy impensable) del constituyente, una Sala del TS compuesta como las cinco salas actuales, el Estado de Derecho quizá no se viera seriamente afectado (la cuestión resultaría, de todos modos discutible, al concernir a la división de poderes), pero no cabe duda de que, como diría Esperanza Aguirre, sería "un día muy triste para la democracia".

Tribunal anticonstitucional
Nota del Editor 3 Julio 2012

Y dale con las mil mentiras. El TC por muchas vueltas que quieran darle es absolutamente anticonstitucional. La última palabra sobre la interpretación de la CE la tuvimos los ciudadanos que la votamos (yo en contra, entonces ya se veía que era un disparate), y el TC la ha destrozado en letra e interpretación.

El Art. 3º no establece deber alguno de conocer lenguas regionales y el TC impone la inmersisón en tales lenguas. La CE establece el deber de conocer el español y al TC le importa un rábano, y así estamos.

El TC, lo mismo que las autonomías deben desaparecer, y el gobierno de lo que queda de España, si tuviese algún atisbo de decencia, seriedad, respondabilidad o sentido común, hace tiempo que habría derogado todas las leyes sobre lenguas regionales.

La pena es que en todas partes mandan los economistas de los impuestos para cubrir los gasto en vez de los que tienen sentido común y defienden la reducción de gastos del aparato del estado para que la actividad económica se recupere.

¿El IVA es lo único importante? ¿O era Navarra? ¿O es España?
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 3 Julio 2012

La crisis política se ha cerrado en falso, con la crisis económica acechando y la amenaza abertzale ante una puerta abierta. Se arrastran errores de una década.

Un fin de semana después de ser cesado por Yolanda Barcina, el martes 26 de junio y con coincidencia absoluta en los dos diarios impresos navarros, el exvicepresidente económico Álvaro Miranda dio las razones de su salida del Gobierno (que son las de la ruptura UPN-PSOE) en un escrito que tituló "Navarra es lo único importante". Tiene razón el ingeniero Miranda en casi todo lo que dice, y la verdad es que le ha tocado enfrentarse a la vez con las miserias internas de su propio partido y con las envidias de sus socios de coalición, los socialistas de Roberto Jiménez. Nada para envidiar y sí quizá mucho que explicar a los ciudadanos normales que aún no entienden cómo se pasa así de rápido del amor al odio y del poder a la cesantía.

Dice Miranda, y tiene razón, que la "coalición entre UPN y PSN evidenció, desde el primer día, fuertes fricciones internas y numerosas algaradas externas". Parece que de alguna manera él mismo se sentía o era señalado como causa de parte de esos tumultos, puesto que ahora explica que "en el pasado mes de febrero le propuse a la presidenta el planificar mi retirada ordenada del Gobierno", y que si aplazó ese paso fue por la acumulación de tareas propias de su cargo e imposibles de transferir de golpe a un recién llegado. Entre ellas, la aplicación de los recortes presupuestarios obligados para toda España y, hasta el 7 de mayo, "el gravísimo problema de la fiscalidad de VW".

El lector no navarro, y en buena medida el navarro, no sabe qué problema tenía o tiene con Hacienda la primera empresa industrial de la provincia. Había abierta una inspección de la Agencia Tributaria, no contra Volkswagen sino contra la Hacienda Foral de Navarra, porque desde 1994 la empresa alemana estaba siendo navarra a efectos de compras y catalana a efectos de ventas exteriores (a grandes rasgos), con lo cual Navarra habría estado ingresando el IVA de VW pero a los alemanes se lo habría estado devolviendo la Hacienda del Estado. Dicho así es un buen negocio, y de hecho lo fue durante muchos años y con muy diferentes Gobiernos en Madrid y en Pamplona. Curiosamente la Hacienda nacional empezó a presionar no cuando se supo o sospechó la cosa, sino mucho después, cuando Navarra se convirtió un obstáculo en los planes negociadores de José Luis Rodríguez Zapatero. Por supuesto son coincidencias, qué duda cabe, pero hay o había un acta de Inspección que podía ser de más de mil millones de euros para Navarra. Es verdad que era un gravísimo problema fiscal.

Lo era, sobre todo, porque si Navarra ingresa unos 1150 millones de euros por IVA al año, devolver a VW 360 millones es mucho más que todos los recortes habidos y por haber. Naturalmente esto explica, mirando una legislatura atrás, la fuerza de los consejos empresariales (de empresarios "amigos"… amigos del PSOE) que recibieron el Gobierno de Navarra y la UPN respecto a su posición en Madrid y a su relación con los partidos nacionales. Sólo con Mariano Rajoy en el poder Yolanda Barcina parece haber conseguido (aconsejada por Miranda, también en esto) que la Hacienda del Estado no mire atrás… aunque naturalmente querrá cobrar su IVA y no devolver el de los demás, en adelante.

Mientras todos pusiesen cara de no saber, la Hacienda navarra ganaba porque ingresaba; VW ganaba porque aquí pagaba menos; Hacienda no hacía más que perder. Como navarro, creo que en esto nos hemos jugado, a cuenta de improvisaciones a cortísimo plazo y personalísimos intereses, a la vez el fuero y el huevo. El huevo, que es una deuda abrumadora y la continuidad de VW. El fuero, porque nadie va a defender que tengamos una Hacienda privativa si la usamos así. Imaginemos qué habría dicho (y hecho) don Antonio Cánovas. Y, por supuesto, puertas abiertas a nuestros salvadores abertzales, cargados de razones. ¡Qué curioso que la coalición UPN-PSN haya venido a terminar justo cuando en Madrid, con una buena voluntad digna de mejor causa, se ha dado una solución al asunto y éste ya no se puede usar para coaccionar a ningún gobernante navarro!

Lo hechos son dos: Álvaro Miranda sale del Gobierno de Yolanda Barcina y lo hace dejando solucionados algunos problemas decisivos pero en franca crisis los ingresos de la Hacienda foral, que no por serlo es inmune a los males de este siglo. Recordando las bondades de la coalición socialista-regionalista, Miranda cree "que los ciudadanos de Navarra se merecen inexcusablemente una inmediata reconducción del conflicto político". Sin duda, Navarra se merece un Ejecutivo sólido, estable y activo como lo tuvo, por ejemplo, durante los primeros 135 años de la vigente Ley de 1841; el espectáculo actual, u otros varios que hemos ido dando desde 1977, no es un buen servicio ni a los navarros ni a su Fuero. Ahora bien, dice el consejero saliente que "aquí la fábrica se llama Navarra, es propiedad de los navarros y navarras", y que "aquí lo único importante solo es Navarra". Y eso no es exactamente cierto. Navarra es, existe, porque es una parte de España. No hay servicio leal y válido a Navarra si no tiene en cuenta, y aun antes, el servicio a la nación. La "fábrica" no es tal, es un negociado de una gran empresa, si se quiere usar ese símil, ninguna de cuyas partes tiene sentido por sí misma, aunque funcione hoy con tanta autonomía como en uno u otro momento de la historia se haya creído bueno dejar.

Todos le deseamos un feliz retorno a su puesto de trabajo, señor Miranda, del que falta hace 16 años; pero también le pedimos que recuerde esto, tan sencillo, y es que España es antes que ninguna de sus partes, en el espacio y en el orden natural de las cosas. La patria común es también superior a los impuestos recaudados o no, que como todos los órganos del Estado, desde el último Ambulatorio a la mayor Universidad, están, como las regiones, al servicio del bien común. Que es el de España, y España sí es importante (no precisamente sólo por el fútbol).

Las primas de Sánchez Camacho.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 3 Julio 2012

¡Qué bien saben los políticos exigir a los demás lo que no están dispuestos ellos a aplicarse! Alicia Sánchez Camacho, la flamante representante del PPC no ha dudado en pedir a los recientes campeones de Europa de fútbol, que donen generosamente sus primas conseguidas como profesionales en un acto de solidaridad. Yo le pido a la Sra. Sánchez Camacho que pida a los diputados del parlamento catalán que cedan todos sus complementos y que soliciten el cambio del Estatuto para que deje reducida a la mitad o mejor a la cuarta parte su número de diputados, así como a eliminar todas las “embajadas” territoriales que la Generalitat mantiene en todo el mundo.

Porque, qué fácil es pedir solidaridad a los demás cuando se vive del erario público. Qué facil resulta hacer campañas de concienciación a los ciudadanos sin dar ni un mínimo ejemplo de austeridad o de coherencia política. Porque la Sra. Sánchez no sé a que tipo de ideología representa, pero lo que es seguro es que no se trata de la mayoritaria que vota al PP. Claro que eso mismo puede aplicarse a Rajoy con todo su equipo de Gobierno, que tras una campaña de promesas, ha ido rompiéndolas todas bajo la excusa de que hacerlo era “inevitable”. Lo único inevitable es volver atrás en el tiempo y romper el voto dejado en la urna, pero desde luego que no es irreversible, al menos en un futuro no demasiado lejano.

La única prima que hay que vigilar es la famosa de riesgo. No, no se trata de una prima lejana de Rajoy o del Ministro de Guindos, sino de un baremo económico que compara las deudas de los países entre ellas y una tomada como base 100, en este caso la de Alemania. Pero eso ya lo saben todos los españoles de tanto oírlo o leerlo en los medios de comunicación y desinformación nacionales. Lo que no hay nunca que caer es en “hacer el primo”, es decir lo que pide esta señora a unos profesionales del fútbol por haber logrado un objetivo de récord, cosa que ni ella ni toda su casta de politicastros de este país pueden soñar en realizar.

Porque existe una gran diferencia, haya o no primas de por medio. Los jugadores profesionales que integran la selección de España de fútbol se sienten orgullosos de formar parte de ella y con los salarios que ya perciben en sus clubes, su dedicación y esfuerzo personal son totalmente desinteresados y con el único objetivo de defender esa camiseta de España. Sin embargo, lo que hace esta casta política se aleja totalmente de ese desinterés y orgullo. Al contrario, su objetivo solo es su propia promoción personal, sus accesos a cargos de poder y el compadreo para repartirse la tarta de ese poder. Por eso es por lo que luchan desesperadamente.

No me venga con milongas y arengas populistas Sra. Sánchez. Defienda a sus votantes del acoso nacionalista y de la inmersión lingüística a la que se ven sometidos. Defienda la igualdad de todos los españoles ante la Ley y tenga el valor de mantener una postura de oposición real a quienes solo pretenden segregarse de España y hacen políticas de insolidaridad con el resto de las regiones españolas. Aprenda conceptos como sacrifico, unidad y altruismo. Dé ejemplo de lo que predica para los demás. ¿Es eso esperar mucho de usted? No sé lo que dirán los que le votaron, pero supongo que muchos se habrán arrepentido de haberle dado su voto de confianza.

Cataluña
Hipocresía nacionalista sin límites
Destacados empresarios y juristas del mundo nacionalista no dudan en renunciar a sus principios y apelar al bilingüismo institucional para defender sus intereses económicos frente a la Generalidad acudiendo, incluso, a la vía judicial.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com  3 Julio 2012

En las últimas décadas la hipocresía ha sido un rasgo de identidad definitorio del nacionalismo catalán, capaz de renunciar a la supuesta honradez e integridad de su proyecto a cambio de pingües beneficios económicos, para después cubrirse con la bandera y así repeler cualquier acusación. Sin embargo, estas dobleces han alcanzado recientemente límites insospechados.

A principios de 2011, una importante empresa leridana fue sancionada por la Consejería de Empresa y Empleo (antes, Consejería de Trabajo) con 3.000 euros tras un expediente incoado por una infracción de seguridad laboral. La sociedad multada decidió acudir a la vía judicial, apelando a que la Generalidad había tramitado todo el proceso sancionador únicamente en catalán, y eso le había generado indefensión.

En marzo de este año, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Lérida le dio la razón a la empresa y anuló la sanción impuesta por la Generalidad, tal y como ha sentenciado en otros casos similares recogidos por LA VOZ DE BARCELONA.

Un bufete de abogados próximo a CiU
Sin embargo, la sorpresa es mayúscula al descubrir quiénes son los actores implicados en este proceso. Por una parte, el letrado que ha representado a la empresa sancionada es Juan Ignacio Dénchez Almoril, del bufete Cuatrecasas-Gonçalves Pereira. Se trata de uno de los más importantes despachos de abogados de España con oficinas por todo el mundo -y cuyo socio principal, Emilio Cuatrecasas Figueras, está imputado por un presunto fraude fiscal- que tiene unas excelentes relaciones con CiU.

De hecho, entre sus socios cuenta con Albert Raventós Soler. Raventós fue director del Gabinete Jurídico de la Generalidad entre 2001 y 2003, durante la última etapa de Jordi Pujol, cargo que abandonó tras diversas polémicas. Además, fue miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad entre 1988 y 2005.

Así las cosas, no deja de ser chocante, cuando menos, que el bufete Cuatrecasas solicite la nulidad de una multa a uno de sus clientes alegando que la Administración autonómica ha utilizado únicamente el catalán en su procedimiento sancionador.

Una empresa cercana al nacionalismo catalán
Pero aún es mayor el desconcierto al conocer que la empresa recurrente es Prefabricados Pujol, compañía que dio origen al Grupo Pujol, un holding familiar que, tras varias generaciones, se ha hecho con una treintena de sociedades del mundo de la construcción con epicentro en Mollerusa (Lérida) y que factura alrededor de 300 millones de euros anuales.

Las simpatías de los propietarios del Grupo Pujol hacia los nacionalistas son de sobras conocidas en la comarca. La compañía aportó un millón de euros al proyecto fallido de Spanair, asegurando que lo hacían “por patriotismo”. En 2003 crearon la Fundació Pujol i Gorné, que tiene entre sus objetivos el de fomentar ‘la integración social’ de los empleados del grupo para conseguir su ‘adaptación a la realidad social, cultural y lingüística’ de Cataluña. Además, la empresa forma parte de FemCat, una fundación empresarial que denuncia que Cataluña tiene un ‘elevado déficit fiscal’.

Su principal accionista, Josep Maria Pujol Gorné, fue presidente del Consejo Social de la Universidad de Lérida entre 1999 y 2008, y recibió la Cruz de San Jordi en 2009, un galardón que otorga la Generalidad a las personas y entidades sociales que ‘han destacado por sus méritos y por sus servicios a Cataluña en la defensa de su identidad o, más generalmente, en el plano cívico y cultural’.

El consejero delegado colabora con ERC
Jordi Pujol Torrent, consejero delegado de Prefabricados Pujol (foto: prefabricatspujol.com).

El consejero delegado de Prefabricados Pujol es Jordi Pujol Torrent, tercera generación de la familia de empresarios. Pujol Torrent fue designado en 2005 por el entonces consejero de Gobernación de la Generalidad, Joan Carretero (en ese momento en ERC), para dirigir la elaboración del Libro blanco de la función pública catalana.

Desde muy jovencito, el actual responsable de Prefabricados Pujol mostró cuál era su tendencia política. Durante su época de estudiante de Derecho, fue dirigente del Bloc d’Estudiants Independentistas (BEI) y militante de ERC. En 1994, con 20 años de edad, justificó ante los medios el boicot que un grupo de radicales efectuó al entonces líder de la oposición, José María Aznar, cuando se disponía a pronunciar una conferencia en la Universidad de Lérida y que tuvo que ser suspendida. Pujol Torrent lamentó “los insultos a Aznar, pero no los dedicados a Aleix Vidal-Quadras, un personaje que es nefasto para Cataluña”, espetó.

Habida cuenta de los antecedentes de Pujol Torrent y de su entorno, cabe concluir que cuando se trata de dinero, aunque sea de una cantidad insignificante para una de las empresas más importantes de Cataluña, los principios quedan en un segundo lugar, y cualquier método es válido para el nacionalismo catalán.

Varapalo judicial sin precedentes contra la Generalidad
Por otra parte, la sentencia dictada por el magistrado José María Magán Perales abre una nueva vía argumental a los defensores del bilingüismo en las Administraciones públicas. A lo largo de 13 páginas, el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Lérida da un severo repaso a las prácticas discriminatorias en materia lingüística que lleva a cabo la Generalidad.

El juez recuerda que el Gobierno autonómico debe someterse a lo establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que estableció que el catalán no puede ser preferente respecto al castellano, por lo que la Generalidad no tiene ‘derecho alguno a dirigirse exclusivamente a los ciudadanos en la lengua catalana’.

‘No es que el uso del catalán fuera preferente, es que es el único’
Subraya que no es legal remitir escritos únicamente en catalán cuando ’el ciudadano libremente eligió la lengua castellana para dirigirse a la Administración’, como ocurrió en este caso, en que la Generalidad ‘se ha permitido seguir remitiendo cualesquiera notificaciones y se ha permitido seguir imponiendo unilateralmente la lengua catalana, con una absoluta falta de respeto a la lengua elegida por el ciudadano, y con quiebra directa de lo establecido por el Tribunal Constitucional’. ‘No es que el uso de la lengua catalana en este caso fuera preferente [para la Generalidad], es que es el único’, indica.

E insiste:
‘Se puede decir más alto, pero no más claro. Por tanto: punto y final a la imposición de la lengua catalana como exclusiva y excluyente. Las Administraciones públicas situadas en Cataluña ya no tienen ningún derecho a actuar de esta manera, como de manera impune han hecho hasta ahora. La definición del catalán como lengua propia de Cataluña no puede suponer en modo alguno un desequilibrio del régimen de cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del castellano’.

‘Un gravísimo desafío al Estado de derecho’
‘Tales prácticas -continúa la sentencia- han de considerarse fuera de la legalidad y expresamente inconstitucionales, pues del Estatuto hacia abajo, sin excepción alguna, han caído una tras otra como fichas de dominó, y han quedado todas carentes del aparente respaldo legal que la promulgación del Estatuto, o los usos seguidos hasta ahora por la Administración pública, pudieron haber conferido a este tipo de prácticas, hoy fuera de la legalidad. Por tanto, cualesquiera regulaciones, sean estas del rango normativo que sean, en las cuales se hayan podido cobijar este tipo de prácticas nulas e ilegales, han quedado todas al descubierto y carentes de la más mínima protección legal‘.

Y añade:
‘La gravedad de la cuestión es que podemos estar ante un incumplimiento sistemático (involuntario o voluntario) de lo declarado con carácter definitivo por el más alto intérprete de la Constitución española. Es evidente que si el incumplimiento es voluntario podemos estar ante un gravísimo desafío al Estado de derecho, y un desacato e insumisión frontal y abierta de la elemental obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones de los jueces [recogida en los artículos 118 y 164 de la Constitución]. Resulta sencillamente impensable que una Administración pública pretenda la aplicación de la legalidad desde la más absoluta ilegalidad’.

El magistrado concluye que, ‘si la Administración decide situarse fuera de la legalidad, debe ser plenamente consciente de las consecuencias que aquello puede tener, y pechar y asumir cuantas derivaciones juridícas se produzcan de una ilegalidad cometida por quien está obligada a la aplicación de la legalidad. Y la primera consecuencia jurídica no puede ser otra que la anulación de lo actuado‘.

‘No estamos ante ninguna casualidad’
Además, considera que la discriminación lingüística de la Generalidad solo la aplica contra el español y ‘no estamos ante ninguna casualidad’, puesto que, en otros casos, ha comprobado que cuando ‘el ciudadano efectuó su escrito de alegaciones en aranés, rápidamente la Administración regional se apresuró a cambiar la lengua y a contestarle y a realizar todos los trámites del expediente utilizando la lengua aranesa, y ello sin necesidad de que el ciudadano tuviese que pedir nada expresamente’.

‘Esta es la prueba más evidente de la marginación lingüística que, utilizando dinero público, está llevando a cabo la Administración regional catalana. Con ello se consigue que el castellano quede relegado a lengua de tercer nivel (por detrás del catalán y del aranés), despreciado por la Administración, y relegado al ámbito estrictamente familiar’, destaca.

Por último, anuncia que ‘dada la gravedad de la actuación descrita, y la posibilidad de que este tipo de conducta sea transversal, procede derivar actuaciones al Defensor del Pueblo de España, en tanto que órgano constitucional, respecto del trato lingüístico que la Administración demandada ha dado a quienes libremente han decidido utilizar el castellano, y al Ministerio Fiscal, por si la conducta descrita pudiera ser encuadrable en algún tipo impunitivo’. Y condena a pagar las costas a la Generalidad, ‘pues de lo contrario se haría perder al recurso su finalidad’.

El TSJC da la razón a otras dos familias que reclaman español en la escuela
Este fallo se suma al goteo de sentencias que se han producido después de que el Tribunal Constitucional (TC)
Europa Press www.lavozlibre.com 3 Julio 2012

Barcelona.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dado la razón a otras dos familias que reclamaban poder escolarizar en castellano a sus hijas, que cursan educación Infantil en centros de Barcelona y Tarragona.

Este fallo se suma al goteo de sentencias que se han producido después de que el Tribunal Constitucional (TC) considerara que el castellano también es "lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña junto con el catalán", como reconoce igualmente el TSJC en la presente resolución.

De hecho, en marzo, el TSJC avaló el modelo de inmersión lingüística en catalán en las escuelas, si bien determinó que la Generalitat debía ofrecer enseñanza en castellano individualizada a las tres familias demandantes que querían clases en este idioma, por lo que esta vez se ha pronunciado en el mismo sentido. En aquel momento, la Generalitat resolvió la papeletal ofreciendo atención individualizada a cada uno de esos alumnos, lo que no satisfacía a los padres.

Estas dos familias, que llevan a sus hijas al CEIP Cèsar August de Tarragona y al CEIP Els Porxos de Barcelona, presentaron sendos recursos contencioso-administrativos en 2009 ante una resolución de la Conselleria de Educación que rechazaba que el impreso de preinscripción escolar incluyera la pregunta sobre la lengua habitual de su hija, ya que querían escolarizarla en castellano.

Alegaban el principio de igualdad en el primer nivel de enseñanza junto al resto de castellanoparlantes, si bien el TSJC considera que esa petición no alcanza "en absoluto" a otros padres, alumnos y centros radicados en Cataluña. La sentencia recuerda que el TC ha fijado que el catalán es la lengua "normalmente vehicular en la enseñanza universitaria y no universitaria" pero no la única, con lo que no se puede impedir la utilización del castellano. Así, insta a la Generalitat a adoptar "cuantas medidas sean precisas para adaptar el sistema de enseñanza que afecta a la niña a la nueva situación creada por el Tribunal Constitucional", reza el fallo. Estas sentencias se rubricaron en mayo, antes de que el Tribunal Supremo (TS) obligara a introducir el castellano como lengua vehicular en la educación Infantil en Cataluña, con lo que el TSJC no ha podido tener en cuenta este fallo.



imposición de la lengua
La Justicia obliga al Gobierno valenciano a hacer dos guiños al catalán
 Minuto Digital 3 Julio 2012

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) obliga a la Generalitat a incluir en los Estatutos de la Universitat Jaume I de Castellón las expresiones “académicamente lengua catalana” y “ámbito lingüístico catalán”.

Según el texto de la sentencia hecho público por el TSJCV, la resolución del alto tribunal estima parcialmente el recurso interpuesto por la Universitat contra el Consell por la modificación que hizo de tres expresiones recogidas en los Estatutos del centro educativo al considerar que contradecían el Estatuto de Autonomía.

En dicha modificación el Ejecutivo autonómico rechazaba incluir en la normativa estatutaria de la UJI las denominaciones ‘académicamente lengua catalana’, ‘ámbito lingüístico catalán’ y ‘País Valenciano’.

En el fallo dictado con fecha 10 de mayo de 2012, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCV ha aceptado restablecer dos de las menciones estatutarias.

Sobre la primera, ‘académicamente lengua catalana’, indica que la sentencia no ha tenido que pronunciarse nuevamente “al haberse allanado la Generalitat en este punto al recurso”, siendo además una cuestión sobre la que ya se han pronunciado a favor en reiteradas ocasiones los tribunales, entre otros, el Tribunal Constitucional en sentencia de 21 de abril de 1997.

Con respecto a la segunda mención, ‘ámbito lingüístico catalán’, entiende que esta expresión “no posee un alcance distinto al de ‘académicamente lengua catalana’, como también puede denominarse al valenciano en el ámbito universitario, sin que ello contradiga el Estatuto de Autonomía”.

No al País Valenciano
La sentencia desestima sin embargo la denominación ‘País Valenciano’ contenida en el Preámbulo “por entender el Tribunal que no se utiliza como antecedente histórico, sino para definir así a la Comunidad Valenciana, lo que es contrario al Estatuto de Autonomía”, como ya falló el propio TSJ en sentencia de 7 de abril de 2005, recoge el texto.

El TSJ indica en el fallo hecho público hoy que el Consell de la Generalitat “ha vulnerado la autonomía de la Universitat Jaume I al ejercitar, sobre los Estatutos de dicha Corporación pública, un control de legalidad incorrecto”.

La Generalitat dispone de tres meses para rectificar los enunciados normativos señalados y publicarlos posteriormente en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana.

Comisionado vasco para la memoria
Clamor en las víctimas para que Jesús Loza dimita o cese
ALBERTO LARDIÉS www.gaceta.es 3 Julio 2012

Las víctimas del terrorismo exigen que el Comisicionado para la convivencia y la memoria del País Vasco dimita o cese tras instar a los damnificados a 'fundar un partido si quieren hacer política'.

El comisionado para la convivencia y la memoria del País Vasco, Jesús Loza, sigue a lo suyo. El hombre elegido por el lehendakari, Patxi López, para entenderse con las víctimas del terrorismo de cara al hipotético final de ETA sólo está logrando irritarlas. Y cada vez más. Anteayer trascendió que Loza ha escrito un artículo en el que introduce afirmaciones como esta: “¿Las víctimas quieren hacer política? Pues me parece perfecto, que funden un partido político, pero que no pretendan imponer una razón de parte a un gobierno”. La respuesta de las víctimas, según afirman a LA GACETA, es clara: Loza debe dimitir.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, asegura a este diario que “parece que Loza es el comisionado de la paz, pero sólo de la paz de la izquierda abertzale”. “Por supuesto que tendría que dimitir, ¿qué sentido tiene ese puesto? De hecho, parece que no le queda otra cosa que hacer que criticar a la AVT”, aduce. Y explica que “este señor tuvo la desfachatez de escribirme una carta no muy cariñosa cuando decidimos no reunirnos con él, e incluso le dio una copia de esa carta al resto de asociaciones”.

Esta postura por parte de la AVT va en la línea de lo manifestado por otros colectivos como Covite y Voces Contra el Terrorismo (VCT). Sin ir más lejos, hace unos 15 días VCT presentó un escrito en el que reclamaba a Patxi López la destitución inmediata del comisionado, después de que este situase “fuera de la Constitución” a quienes se han manifestado contra el plan de reinserción de etarras puesto en marcha por el Ministerio del Interior y respaldado por el propio Ejecutivo vasco. El presidente de este colectivo, Francisco José Alcaraz, lo tiene muy claro: “O dimite o tiene que ser destituido”. “Que alguien defienda que ETA tiene representación política y nos ataque por opinar –arguye– es un insulto, una humillación y un menosprecio a todas las víctimas”. “Es tremendo ese argumento de que para hablar de política tenemos que montar un partido, porque entonces él tendría que ser víctima para hablar de las víctimas, ¿no?”, ironiza Alcaraz.
Chema Morales, presidente de la Asociación Internacional de Víctimas del Terrorismo y vicepresidente de la Federación de Asociaciones Autonómicas, recalca: “Las víctimas del terrorismo, contra las que se ha atentado por razones políticas, al menos merecemos poder decir lo que pensamos”. “Nosotros cumplimos nuestra palabra porque Patxi López nos pidió en una reunión que fuéramos críticos con su gestión; en cambio, él no cumplió su palabra porque defiende un discurso sin vencedores y vencidos”, narra. Me sorprenden profundamente los discursos de López y de Loza, por ejemplo en Barcelona en el aniversario por Hipercor, porque son diferentes a lo que dicen en el País Vasco”.

Además de instar a las víctimas a “fundar un partido para hacer política”, Loza introducía otras perlas en una entrevista concedida a la revista Andalupaz. Por ejemplo, aseguraba que “algunas víctimas parece que quieran dirigir la política penitenciaria y eso no es aceptable. Es justo que quieran influir, pero hay una diferencia entre influir e imponer. Algunas víctimas creen que tienen la razón por ser víctimas”. Asimismo, el comisionado para la convivencia argumentaba que “ha habido incluso quienes han hecho creer a las víctimas que casi dirigirían el final” e insistía en que se debe “contar” con ellas, pero “las decisiones las tomarán los legítimos representantes de toda la sociedad”, es decir, el Gobierno y el Parlamento, recogió Europa Press.


“¿Hay que contarles todo a las víctimas? Evidentemente. ¿Hay que escuchar a las víctimas? Por supuesto. Pero también las víctimas tienen que escuchar. La escucha tiene que ser mutua”, defendía antes de reconocer que consideraba “un error” que la AVT, mayoritaria en el colectivo, no quiera reunirse con él


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