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Autonomías
Pólvora del rey
Emilio J. González Libertad Digital 3 Julio 2012
El presidente del Gobierno ha dicho que las comunidades autónomas,
aunque están cumpliendo con lo pactado, tienen que hacer un esfuerzo
mayor en términos de ajuste presupuestario. Lo que yo creo que
debería hacer Rajoy es aprovechar la crisis para hacer un verdadero
cambio de modelo, no solo para cerrar el déficit presupuestario y,
con él, la crisis fiscal de nuestro país, sino para que no vuelva a
suceder nada de lo que nos ha llevado a esta situación.
Ese modelo tiene que pasar, en primer lugar, por una verdadera
corresponsabilidad fiscal. Hoy las autonomías se financian, en gran
medida, a través de su participación en los impuestos que recauda el
Estado. Por tanto, viven fundamentalmente de las transferencias que
les realiza éste, sin tener que subir los impuestos cuando quieren
gastar más. Basta con que vengan buenos tiempos, como los de la
burbuja inmobiliaria, para que los gobiernos regionales disparen sus
gastos, porque el Estado siempre les transferirá dinero; y, si luego
las cosas van mal, como ahora, ahí está también el Estado para
arreglar las cosas. Habría que dotar a las autonomías de impuestos
propios, que ellas pudieran manejar en función de sus intereses; que
los tuvieran que subir cuando quisieran gastar más o que los
pudieran bajar para optar por políticas económicas que dieran más
margen a la iniciativa privada. En este sentido, las transferencias
estatales deberían limitarse a lo relacionado con la solidaridad
interterritorial, para que todos los ciudadanos puedan disfrutar de
los servicios públicos esenciales con la misma calidad, con
independencia del territorio en que vivan, y, por supuesto, siempre
controlando que no se interprete calidad de los servicios públicos
con que todas las regiones tengan que tener de todo.
Esto lleva al segundo pilar del cambio de modelo, qué competencias
deben ejercer las autonomías. En este sentido, el Gobierno central
debería dejar bien claro qué corresponde hacer a cada cual y
eliminar todas las duplicidades, además de actuar contra cualquier
territorio que quisiera exceder su marco competencial. Asimismo,
dentro de lo que puedan ser competencias autonómicas, el Estado debe
velar por que se cumplan algunos criterios básicos; por ejemplo, no
todas las autonomías pueden tener universidades propias, porque no
es eficiente ni rentable, ni hospitales dotados de todos los medios
habidos y por haber, con independencia de que dichos medios se
infrautilicen. Es decir, el Gobierno central debe articular y
coordinar planes nacionales de sanidad y educación para evitar
dichos problemas o, simplemente, quedarse con las competencias en
materia de universidades y hospitales, por seguir con el mismo
ejemplo.
Si no se actúa de esta manera, las autonomías seguirán disparando
con pólvora del rey. Es decir, seguirán proliferando los asesores,
los coches oficiales, las visas oro y los cargos públicos de todo
tipo, porque los gobiernos regionales no tienen que pedir
directamente el dinero a los ciudadanos para financiar sus excesos y
continuarán revistiendo de interés popular aquellas políticas cuyos
fines no son más que electoralistas, como lo de que nadie tenga que
desplazarse de su región para estudiar y cosas por el estilo. Sin
estos cambios, lo único que se conseguirá es un pulso permanente
entre el Estado y las autonomías sobre quién tiene que asumir la
mayor parte de la carga del ajuste presupuestario, mientras se dejan
intactas las bases para que, una vez superada la crisis fiscal,
vuelva a repetirse la misma historia de despilfarros.
El fracaso moral del socialismo español
Francisco Rubiales Periodista Digital 3 Julio 2012
El socialismo tiene que cambiar sus postulados si quiere sobrevivir
en el futuro. No solo tiene que ser garante de avances en justicia
social, sino que debe garantizar también lo que hasta ahora ha
ignorado: la democracia y la solvencia ética de los pueblos y
gobiernos. Nunca más debe alinearse con la mentira, el retroceso
social, el fracaso económico y el hundimiento moral de un pueblo,
como hizo bajo el nefasto mandato de Zapatero.
Bajo el liderazgo de Zapatero, el socialismo vivió una etapa de
indignidad y de fracaso moral sin precedentes, un declive político,
ideológico y ético que la historia condenará, no sólo por lo que
significó de negativo para España, sino por la cobardía de una
militancia socialista que permitió a sus dirigentes, sin rebeldía
alguna, perpetrar toda una interminable serie de errores,
traiciones, atropellos, indignidades, injusticias y abusos.
La reiterada negación de la crisis, motivada por el ansia de ganar
unas elecciones, el despilfarro, la negociación oscura y tramposa
con ETA y otras muchas fueron fechorías típicas de aquel socialismo
sin ética ni decencia patrocinado por el inepto presidente de León,
hoy escondido, sin haber pedido perdón por sus estragos a España y
vergonzosamente cobrando como miembro del Consejo de Estado, después
de haber recibido de su pueblo el más brutal de los rechazos.
El pago a los terroristas de un cuantioso rescate (de entre 8 y 10
millones de euros, según la prensa), con dinero público, a cambio de
la libertad de los dos cooperantes catalanes secuestrados por Al
Queda en Mauritania, sobre los que pesaban sospechas y acusaciones
de ser más turistas solidarios que verdaderos luchadores por la
justicia internacional, due una de las fechorías típicas de aquel
socialismo español que cargaba sus alforjas de ignominia e
indecencia en el ejercicio del poder. Al negociar con terroristas y
pagar un precio por el rescate, Zapatero no sólo demuestró que el
negocio del secuestro y el ultraje terrorista es rentable, sino que
permitió también a esos grupos renover su armamento y reforzar sus
estructuras de poder y vocación delictiva.
Pero las traiciones y fracasos "antisocialistas" del zapaterismo han
sido muchas más y de mayor calado, como las de hacer pagar a los más
débiles (pensionistas, viudas, desempleados y funcionarios) el peso
de la crisis, la negativa terca a reducir drásticamente el
despilfarro público y los privilegios de la casta política
gobernante, la incapacidad para reducir la monstruosa dimensión del
aparato estatal, insostenible e ineficaz, el apoyo activo al
nacionalismo más antiespañol y disgregador, la utilización de la
mentira y del engaño como instrumentos básicos de gobierno, el acoso
directo a la Constitución, la compra, con dinero público, de los
votos nacionalistas que él necesitaba para seguir gobernando, la
utilización de talonario de cheques como elemento fundamental de la
política exterior española, su errónea y destructiva política
económica, culpable del empobrecimiento de España, de los más de
cinco millones de parados que pululan por las calles españolas y de
la destrucción masiva de tejido productivo, además de su
protagonismo indiscutible en la división de la sociedad española y
en el profundo desprestigio de la política y hasta de la democracia
en España hacen de Zapatero no sólo el peor gobernante de la España
moderna en varios siglos, sino el "enterrador" de un socialismo
basado en la ética y en la decencia, como lo concibieron León Bloom
Jaurés y otros muchos pensadores históricos de la izquierda.
La desmoralización en las filas del socialismo español es ya
dramática y no se ha frenado con la derrota y huida de Zapatero.
Miles de socialistas honrados se sienten ideológica y moralmente
vejados por su partido, además de avergonzados ante el
comportamiento de sus líderes y los dramáticos resultados para
España que tovo el último gobierno socialista.
El gran drama actual del PSOE es que los socialistas honrados que
soñaban con una profunda refundación del PSOE se están marchando de
la política, desesperados ante el continuismo de Rubalcaba y la
persistencia en el error de forjar un PSOE cuya principal y casi
única ideología es el poder y el reparto de beneficios entre sus
socios (militantes y aliados). Sin esa fuerza renovadora interna, el
socialismo español es poco más que una banda sin escrúpulos que
orienta todos sus esfuerzos hacia la conquista del poder y el
reparto del botín. Un socialismo así, por fortuna, no tiene espacio
en un futuro que cada vez se perfila más como profundamente marcado
por el renacimiento ético, el protagonismo de los ciudadanos y la
exigencia de más decencia y solvencia en la política y los poderes
públicos.
El gran drama de España es que la revolución ética que el país
necesita para sobrevivir no la quiere hacer el PSOE, que podría
hacerla si se refundara desde la honradez, ni la hará una derecha
que hace mucho tiempo renunció a las ideas y principios para
abrazar, al igual que el PSOE, la cultura del poder y del reparto
entre los suyos del botín del Estado.
Voto en Blanco
Reforma Wert
Los últimos de la clase
Cristina Losada Libertad Digital 3 Julio 2012
El ministro Wert ha avanzado las líneas maestras de una reforma
educativa. Una más, se dirá. Sí, una más, pero no más de lo mismo.
Se han pergeñado casi tantas reformas de la enseñanza como
gobiernos, pero en realidad sólo hemos tenido Logse. La original y
sus prolongaciones, hijas de una norma concebida bajo el principio
de que la escuela, también ella, diera la espalda a las tradiciones.
La idea de que el primordial papel de la enseñanza era impartir
conocimientos resultaba, para el progresismo, tremendamente
retrógrada. El saber, el esfuerzo, la excelencia, el mérito, y su
necesario acompañante, la autoridad del profesor, eran valores muy
poco igualitarios. A efectos de subvertir el canon, el logsianismo
ha sido un éxito absoluto. La igualdad en la ignorancia roza la
perfección. La enseñanza pública ha dejado de ser el ascensor social
que fue en tiempos. Es un caso clásico de política de izquierdas:
resultados opuestos a los que se propone conseguir.
En algunos de los países que sucumbieron a la modas pedagógicas del
68, sus propios valedores políticos, a la vista del resultado,
terminaron por rectificar. Aquí, me temo, no caerá ese premio gordo.
El primer bosquejo del ministro ya ha merecido la reprobación
socialista. Y en qué términos. Rubalcaba ha empezado por asustar a
los niños con el espectro de Aznar, y estará a punto de denunciar
que el retorno de las reválidas, aquellas que jalonaban el viejo
bachillerato, es una vuelta a la tenebrosa época de la dictadura.
Porque evaluar a los alumnos en momentos clave de la vida escolar no
es un procedimiento razonable y homologado, sino autoritarismo y
pretexto para la "segregación". En suma, Wert, o sea, Aznar, quiere
cargarse el maravilloso sistema que ha puesto a la enseñanza
española entre los últimos de la clase de los países desarrollados.
La reforma Wert no sé si suena a Aznar, pero suena bien. En cambio,
un propósito del ministro chirría. Alcanzar el consenso con el PSOE,
sindicatos de izquierdas y asociaciones, que nunca han levantado la
voz contra el deterioro de la enseñanza, es tarea destinada al
fracaso. Recuérdese a su antecesora Pilar del Castillo. Negoció
largo y tendido una reforma, pero ni logró el plácet socialista ni
pudo tampoco aplicarla. Zapatero derogó su ley en un pispás.
Diríjase el ministro a una sociedad agudamente consciente de los
defectos logsianos y de la necesidad de una transformación. No
pierda mucho tiempo tratando de contentar a los que no quieren
contentarse.
Tour Eiffel o de Babel
Juan Vicente Santacreu Estrella Digital 3 Julio 2012
La humanidad a lo largo de la historia ha construido entre otras,
dos torres muy famosas, la torre Eiffel y la torre de Babel. Sobre
esta no te voy hablar porque supongo que sabes como empezó y como
terminó. Es más, si vives en España, incluso estarás familiarizado
con sus efectos, siempre y cuando no seas un autista social o te
dediques a contar nubes.
Sobre la Torre Eiffel, aunque estoy seguro que sabes lo que es y
donde está, te voy a relatar algunos detalles que muy pocos conocen.
De paso que te lo cuento, a lo mejor tenemos suerte y este artículo
le llega a algún político. Y si tenemos mucha más suerte, quizás
hasta pillen el mensaje.
La Torre Eiffel la construyó Gustave Eiffel en París para la
Exposición Universal de 1889. En principio se edificó para este
evento pensando que luego se iba a desmontar. Como los ingenieros no
tenían mucha experiencia en este tipo de construcciones, ya que
tenía unas dimensiones espectaculares y sobre todo para la época, no
regatearon en invertir en infraestructura para asegurar su solidez.
Una vez finalizada la Exposición Universal y observando que la
espectacularidad de la obra atrajo la admiración del mundo entero,
se aplazó su desmontaje unos diez años. Fue entonces y coincidiendo
con la utilidad que se le dio a la Torre Eiffel en la Primera Guerra
Mundial para temas estratégicos de comunicación, cuando se decidió
prorrogar su existencia.
A partir de esa decisión empezaron los problemas para la Torre
Eiffel porque la estructura que se había diseñado era tan solo para
unos cuantos años. Los padres de La Constitución, perdón, -en que
estaría pensando- los padres de la construcción la diseñaron para
que fuera bonita, muy sólida y agradara a todos olvidándose que una
estructura tan pesada no podría perdurar en el tiempo.
La Torre en un principio pesaba unas 7.300 toneladas que
posteriormente llegó a unas 10.000 toneladas por el tema del “café
para todos”. Unos quisieron instalar en la torre sus restaurantes,
otros las tiendas, museos, etc... Es decir, poco a poco se dotó de
un lastre difícil de soportar.
Pasados los años se observó que la Torre Eiffel se estaba inclinando
hacia su pilar más próximo al Sena y es que una estructura tan
pesada no podía soportar el paso del tiempo y luchar contra las
leyes naturales. Fue entonces, y para evitar que la Torre se
engullera a si misma como un agujero negro, cuando se decidió
aligerar su estructura para que pudiera perdurar a lo largo del
tiempo.
Los franceses, que aunque gabachos no son imbéciles, no empezaron a
dilucidar gilipolleces y no entraron en el juego si hay que quitar
unos “tornillitos” o unos cuantos remaches, no, radicalmente se
acometieron todas las reformas necesarias eliminándose de un plumazo
4.000 toneladas de hierro.
Conclusión, la Torre Eiffel la puedes contemplar hoy en día por
varios motivos:
-Toda la estructura está diseñada para aunar fuerzas y mantener la
cúpula en lo más alto.
-No está construida en base a 17 pilares, solo cuatro y muy sólidos.
-En su momento se hizo una reforma estructural eliminando lastre
para que soportara el paso de los años.
Por cierto, lo más alto de Francia es la Torre Eiffel y ¿sabes qué
ondea en su cúpula?, la bandera francesa. Y aunque te parezca
increíble están orgullosos los de derechas y orgullosos los de
izquierda. Son gabachos pero no son imbéciles. Nosotros en cambio no
somos gabachos pero somos...
Así es la historia y así te la cuento
Tiempos de crisis' en el Campus FAES
Pizarro: "El gran cáncer de la economía de
mercado es la corrupción"
El expresidente de Endesa alerta de casos en los que "no son los
mejores los que se llevan la recompensa sino los más cercanos al
poder".
Beatriz García Libertad Digital 3 Julio 2012
José María Aznar ha presentado de manera muy especial la conferencia
Tiempos de crisis que ha tenido lugar este martes en el Campus FAES,
en Navacerrada (Madrid), de la mano del exdiputado del PP y
académico de Número de la Academia de Jurisprudencia y Legislación,
Manuel Pizarro. "Estoy aquí ejerciendo una tarea que no hago
normalmente porque se trata de una circunstancia excepcional ya que
quiero recordar a Adela, esposa de mi amigo Manolo Pizarro,
expresando todo mi respeto y consideración hacia ella", ha explicado
el expresidente del Gobierno y presidente de FAES. Hay que recordar
que Adela Buñuel Adán fallecía la semana pasada en Madrid.
Manuel Pizarro, que a pesar de esta circunstancia no ha querido
faltar a su compromiso, le ha agradecido al expresidente su compañía
en una ponencia en la que ha aportado su reflexión sobre la crisis
económica mundial. "Se trata de una crisis de mercado y de sociedad.
Las crisis económicas tienen siempre un fallo moral y de mal
comportamiento y lo que pasa ahora es que no sabemos dar respuesta a
los problemas del siglo XXI", ha explicado.
Pizarro, ha querido hacer hincapié en los valores de la economía
abierta y en sus dos pilares: Estado y sociedad. "Si ponemos el ojo
en el Estado, vemos que el gran fallo del socialismo real es la
tiranía del Estado hacia la sociedad. Eso provoca que,
automáticamente, el sistema comience a ser ineficiente porque una
parte del Estado toma como rehenes a la ciudadanía", ha dicho.
También ha diferenciado los mecanismos de referencia de ambos
sistemas: "En un sistema socialista hay alguien muy listo en una
ventanilla que es el que dirige, y en un sistema abierto el
referente son los precios, que son las expectativas de todos los que
intervienen en el."
Los enemigos de la economía abierta, ha asegurado, "son todos
aquellos que impiden la libertad y la información, pero el gran
cáncer de esta economía es la corrupción, porque no son los mejores
los que se llevan la recompensa sino los que están mas cerca del
poder. Esto pasa cuando no hay transparencia y cuando los medios de
comunicación no trasladan lo que está pasando en la realidad".
La quiebra del sistema financiero
Respecto al sistema bancario, Pizarro ha definido el negocio de la
banca, "como un negocio donde se paga todo lo que se puede por
captar ahorro –porque, si no, esos clientes se irán a otras
entidades– y donde se presta al precio más barato posible por el
mismo motivo". El problema es que "antes el banquero sabía a quien
le prestaba el dinero y si se lo iba a devolver, era un negocio de
proximidad, ahora al banquero no le preocupa si se lo devuelves
porque ya ha vendido a un tercero ese crédito", ha explicado.
Pizarro ha señalado como el origen de la crisis subprime el que "ni
el que vende sabe lo que vende ni el que compra sabe lo que compra.
Y eso al final provoca la quiebra del sistema financiero".
Cuando se produce la quiebra del sistema financiero, "no se puede
dejar quebrar al sistema porque cuando un banco quiebra desaparece
el dinero del banco y de los clientes. Si se salva a un banco hay
que hacerlo previniendo que lo que ha ocurrido no se vuelva a
repetir y eso no se ha hecho".
Respecto a los errores que han provocado la crisis, Pizarro ha
señalado que "han fallado los reguladores, los supervisores, no ha
habido transparencia y algo que a mí me preocupa especialmente es
que no se ha exigido ningún tipo de responsabilidad. El único que ha
ido a la cárcel ha sido Madoff; nadie ha devuelto nada de lo que ha
hecho desaparecer y eso tiene que cambiar, hay que exigir
responsabilidades a los culpables", ha concluido.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
El polémico Tribunal Constitucional
RAMÓN PUNSET La Opinión 3 Julio 2012
Esperanza Aguirre, personalidad relevante de la rama más
conservadora del Partido Popular y rival de Mariano Rajoy, ha
sugerido recientemente que la jurisdicción constitucional, cuya
titularidad ostenta el Tribunal Constitucional (TC), se transfiera a
una Sala del Tribunal Supremo (TS). Tal propuesta la formuló ante
los periodistas, presa de indignación, nada más conocerse el fallo
del máximo intérprete de la Constitución sobre el caso Sortu, que ha
conducido a la legalización de este partido de la izquierda
abertzale, al que el TS había considerado sucesor fraudulento de los
ilegalizados Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna.
Pues bien, ¿convendría suprimir el TC y conferir sus funciones al
TS? Esto podíamos haberlo hecho ya en 1978 al redactar la
Constitución (teníamos a la vista el antecedente, poco ejemplar, del
Tribunal de Garantías Constitucionales de nuestra II República, así
como los distintos modelos de justicia constitucional existentes en
los estados más importantes), y deliberadamente no lo hicimos. Una
de las razones de ello, aunque no la de mayor peso, fue que la
judicatura de entonces había actuado como brazo represor del
franquismo, de modo que encomendarle sin solución de continuidad la
tutela de las libertades ciudadanas y de la autonomía territorial
hubiera sido un rasgo de humor surrealista, o de constitucionalismo
postsoviético avant-la-lettre. No obstante, la institución de un
Tribunal Constitucional respondió también a consideraciones de más
fuste.
La Constitución estableció un Estado democrático de Derecho, es
decir, una democracia pluralista, de respeto a las minorías, y no
una democracia jacobina. Garantizar a la vez el imperio del Derecho
y la creación democrática del mismo no es un empeño fácil, y hasta
puede que deba considerarse como una variante de la búsqueda de la
piedra filosofal. El principio de legalidad propio del Estado de
Derecho, elevado a su más alto grado, implica someter a
enjuiciamiento jurisdiccional incluso las leyes que aprueban las
Cortes Generales y los parlamentos de las comunidades autónomas, que
son órganos de representación popular directa. Y para que el
principio democrático no padezca por ello, se ha dispuesto que el TC
-único órgano jurisdiccional facultado para anular una ley
parlamentaria- sea designado en sus dos terceras partes (ocho
magistrados) por el Congreso y el Senado. Los cuatro magistrados
restantes son designados a partes iguales por el Gobierno (que goza
de la confianza del Congreso) y por el Consejo General del Poder
Judicial (en cuya elección intervienen también las Cortes). En
consecuencia, el TC es, a diferencia del TS, un órgano de carácter
representativo, aunque no de naturaleza política, sino
jurisdiccional.
Y aquí viene el problema: ¿puede ser un verdadero órgano
jurisdiccional aquel cuya elección procede de instituciones
políticas? Esto es lo que parece negar Esperanza Aguirre cuando, al
hilo del caso Sortu, se queja airadamente de "un Tribunal
Constitucional nutrido de políticos que se llaman magistrados, pero
que no lo son". ¿Por qué no lo son y sí, en cambio, lo serían, en
todo caso, los magistrados del TS? El órgano jurisdiccional de
justicia constitucional más antiguo y prestigioso del mundo, el
Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que puede declarar la
inconstitucionalidad de las leyes del Congreso y de las legislaturas
de los Estados de la Unión, no se compone tampoco (necesariamente)
de jueces de carrera, sino que sus muy respetados miembros son
propuestos por el Presidente y examinados y confirmados (o no) por
el Senado. A veces, los designados proceden del mundo de la
política. Es más: una buena parte de la judicatura norteamericana
emana directamente de la elección popular. Entonces, señora Aguirre,
¿no se rigen los estadounidenses por el rule of law? ¿Tampoco son
auténticos estados de Derecho la República Federal de Alemania o la
República Italiana, cuyos tribunales constitucionales se componen de
manera similar al TC español?
Un Tribunal es un verdadero órgano jurisdiccional no por el origen
(profesional o electivo) de sus miembros, sino por la existencia en
sus pronunciamientos de un razonamiento jurídico y no
ideológico-político. La argumentación política pertenece al debate
político, en tanto que aquello que distingue a la actividad
jurisdiccional es la resolución de controversias sobre la
interpretación del Derecho aplicable al caso litigioso.
Dicho lo cual, ¿debería modificarse la Constitución, suprimirse el
TC y atribuirse sus funciones a una "Sala de lo Constitucional" del
TS? No sería, por supuesto, un disparate, pero a condición
-irrenunciable- de que esa Sala fuese elegida por los representantes
del pueblo. Incluidos, ya puestos, los representantes de las
comunidades autónomas que integrasen un Senado completamente
territorial. Porque las comunidades autónomas, que también producen
leyes susceptibles de anularse por el TC, deberían tener algo que
decir en la elección de los magistrados constitucionales, y ninguna
instancia mejor que un Senado de tipo federal.
Si el control de la constitucionalidad de las leyes lo ejerciese,
por decisión (hoy impensable) del constituyente, una Sala del TS
compuesta como las cinco salas actuales, el Estado de Derecho quizá
no se viera seriamente afectado (la cuestión resultaría, de todos
modos discutible, al concernir a la división de poderes), pero no
cabe duda de que, como diría Esperanza Aguirre, sería "un día muy
triste para la democracia".
Tribunal anticonstitucional
Nota del Editor 3 Julio 2012
Y dale con las mil mentiras. El TC por muchas vueltas que quieran
darle es absolutamente anticonstitucional. La última palabra sobre
la interpretación de la CE la tuvimos los ciudadanos que la votamos
(yo en contra, entonces ya se veía que era un disparate), y el TC la
ha destrozado en letra e interpretación.
El Art. 3º no establece deber alguno de conocer lenguas regionales y
el TC impone la inmersisón en tales lenguas. La CE establece el
deber de conocer el español y al TC le importa un rábano, y así
estamos.
El TC, lo mismo que las autonomías deben desaparecer, y el gobierno
de lo que queda de España, si tuviese algún atisbo de decencia,
seriedad, respondabilidad o sentido común, hace tiempo que habría
derogado todas las leyes sobre lenguas regionales.
La pena es que en todas partes mandan los economistas de los
impuestos para cubrir los gasto en vez de los que tienen sentido
común y defienden la reducción de gastos del aparato del estado para
que la actividad económica se recupere.
¿El IVA es lo único importante? ¿O era
Navarra? ¿O es España?
Pascual Tamburri www.elsemanaldigital.com 3 Julio 2012
La crisis política se ha cerrado en falso, con la crisis económica
acechando y la amenaza abertzale ante una puerta abierta. Se
arrastran errores de una década.
Un fin de semana después de ser cesado por Yolanda Barcina, el
martes 26 de junio y con coincidencia absoluta en los dos diarios
impresos navarros, el exvicepresidente económico Álvaro Miranda dio
las razones de su salida del Gobierno (que son las de la ruptura
UPN-PSOE) en un escrito que tituló "Navarra es lo único importante".
Tiene razón el ingeniero Miranda en casi todo lo que dice, y la
verdad es que le ha tocado enfrentarse a la vez con las miserias
internas de su propio partido y con las envidias de sus socios de
coalición, los socialistas de Roberto Jiménez. Nada para envidiar y
sí quizá mucho que explicar a los ciudadanos normales que aún no
entienden cómo se pasa así de rápido del amor al odio y del poder a
la cesantía.
Dice Miranda, y tiene razón, que la "coalición entre UPN y PSN
evidenció, desde el primer día, fuertes fricciones internas y
numerosas algaradas externas". Parece que de alguna manera él mismo
se sentía o era señalado como causa de parte de esos tumultos,
puesto que ahora explica que "en el pasado mes de febrero le propuse
a la presidenta el planificar mi retirada ordenada del Gobierno", y
que si aplazó ese paso fue por la acumulación de tareas propias de
su cargo e imposibles de transferir de golpe a un recién llegado.
Entre ellas, la aplicación de los recortes presupuestarios obligados
para toda España y, hasta el 7 de mayo, "el gravísimo problema de la
fiscalidad de VW".
El lector no navarro, y en buena medida el navarro, no sabe qué
problema tenía o tiene con Hacienda la primera empresa industrial de
la provincia. Había abierta una inspección de la Agencia Tributaria,
no contra Volkswagen sino contra la Hacienda Foral de Navarra,
porque desde 1994 la empresa alemana estaba siendo navarra a efectos
de compras y catalana a efectos de ventas exteriores (a grandes
rasgos), con lo cual Navarra habría estado ingresando el IVA de VW
pero a los alemanes se lo habría estado devolviendo la Hacienda del
Estado. Dicho así es un buen negocio, y de hecho lo fue durante
muchos años y con muy diferentes Gobiernos en Madrid y en Pamplona.
Curiosamente la Hacienda nacional empezó a presionar no cuando se
supo o sospechó la cosa, sino mucho después, cuando Navarra se
convirtió un obstáculo en los planes negociadores de José Luis
Rodríguez Zapatero. Por supuesto son coincidencias, qué duda cabe,
pero hay o había un acta de Inspección que podía ser de más de mil
millones de euros para Navarra. Es verdad que era un gravísimo
problema fiscal.
Lo era, sobre todo, porque si Navarra ingresa unos 1150 millones de
euros por IVA al año, devolver a VW 360 millones es mucho más que
todos los recortes habidos y por haber. Naturalmente esto explica,
mirando una legislatura atrás, la fuerza de los consejos
empresariales (de empresarios "amigos"… amigos del PSOE) que
recibieron el Gobierno de Navarra y la UPN respecto a su posición en
Madrid y a su relación con los partidos nacionales. Sólo con Mariano
Rajoy en el poder Yolanda Barcina parece haber conseguido
(aconsejada por Miranda, también en esto) que la Hacienda del Estado
no mire atrás… aunque naturalmente querrá cobrar su IVA y no
devolver el de los demás, en adelante.
Mientras todos pusiesen cara de no saber, la Hacienda navarra ganaba
porque ingresaba; VW ganaba porque aquí pagaba menos; Hacienda no
hacía más que perder. Como navarro, creo que en esto nos hemos
jugado, a cuenta de improvisaciones a cortísimo plazo y
personalísimos intereses, a la vez el fuero y el huevo. El huevo,
que es una deuda abrumadora y la continuidad de VW. El fuero, porque
nadie va a defender que tengamos una Hacienda privativa si la usamos
así. Imaginemos qué habría dicho (y hecho) don Antonio Cánovas. Y,
por supuesto, puertas abiertas a nuestros salvadores abertzales,
cargados de razones. ¡Qué curioso que la coalición UPN-PSN haya
venido a terminar justo cuando en Madrid, con una buena voluntad
digna de mejor causa, se ha dado una solución al asunto y éste ya no
se puede usar para coaccionar a ningún gobernante navarro!
Lo hechos son dos: Álvaro Miranda sale del Gobierno de Yolanda
Barcina y lo hace dejando solucionados algunos problemas decisivos
pero en franca crisis los ingresos de la Hacienda foral, que no por
serlo es inmune a los males de este siglo. Recordando las bondades
de la coalición socialista-regionalista, Miranda cree "que los
ciudadanos de Navarra se merecen inexcusablemente una inmediata
reconducción del conflicto político". Sin duda, Navarra se merece un
Ejecutivo sólido, estable y activo como lo tuvo, por ejemplo,
durante los primeros 135 años de la vigente Ley de 1841; el
espectáculo actual, u otros varios que hemos ido dando desde 1977,
no es un buen servicio ni a los navarros ni a su Fuero. Ahora bien,
dice el consejero saliente que "aquí la fábrica se llama Navarra, es
propiedad de los navarros y navarras", y que "aquí lo único
importante solo es Navarra". Y eso no es exactamente cierto. Navarra
es, existe, porque es una parte de España. No hay servicio leal y
válido a Navarra si no tiene en cuenta, y aun antes, el servicio a
la nación. La "fábrica" no es tal, es un negociado de una gran
empresa, si se quiere usar ese símil, ninguna de cuyas partes tiene
sentido por sí misma, aunque funcione hoy con tanta autonomía como
en uno u otro momento de la historia se haya creído bueno dejar.
Todos le deseamos un feliz retorno a su puesto de trabajo, señor
Miranda, del que falta hace 16 años; pero también le pedimos que
recuerde esto, tan sencillo, y es que España es antes que ninguna de
sus partes, en el espacio y en el orden natural de las cosas. La
patria común es también superior a los impuestos recaudados o no,
que como todos los órganos del Estado, desde el último Ambulatorio a
la mayor Universidad, están, como las regiones, al servicio del bien
común. Que es el de España, y España sí es importante (no
precisamente sólo por el fútbol).
Las primas de Sánchez Camacho.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 3 Julio 2012
¡Qué bien saben los políticos exigir a los demás lo que no están
dispuestos ellos a aplicarse! Alicia Sánchez Camacho, la flamante
representante del PPC no ha dudado en pedir a los recientes
campeones de Europa de fútbol, que donen generosamente sus primas
conseguidas como profesionales en un acto de solidaridad. Yo le pido
a la Sra. Sánchez Camacho que pida a los diputados del parlamento
catalán que cedan todos sus complementos y que soliciten el cambio
del Estatuto para que deje reducida a la mitad o mejor a la cuarta
parte su número de diputados, así como a eliminar todas las
“embajadas” territoriales que la Generalitat mantiene en todo el
mundo.
Porque, qué fácil es pedir solidaridad a los demás cuando se vive
del erario público. Qué facil resulta hacer campañas de
concienciación a los ciudadanos sin dar ni un mínimo ejemplo de
austeridad o de coherencia política. Porque la Sra. Sánchez no sé a
que tipo de ideología representa, pero lo que es seguro es que no se
trata de la mayoritaria que vota al PP. Claro que eso mismo puede
aplicarse a Rajoy con todo su equipo de Gobierno, que tras una
campaña de promesas, ha ido rompiéndolas todas bajo la excusa de que
hacerlo era “inevitable”. Lo único inevitable es volver atrás en el
tiempo y romper el voto dejado en la urna, pero desde luego que no
es irreversible, al menos en un futuro no demasiado lejano.
La única prima que hay que vigilar es la famosa de riesgo. No, no se
trata de una prima lejana de Rajoy o del Ministro de Guindos, sino
de un baremo económico que compara las deudas de los países entre
ellas y una tomada como base 100, en este caso la de Alemania. Pero
eso ya lo saben todos los españoles de tanto oírlo o leerlo en los
medios de comunicación y desinformación nacionales. Lo que no hay
nunca que caer es en “hacer el primo”, es decir lo que pide esta
señora a unos profesionales del fútbol por haber logrado un objetivo
de récord, cosa que ni ella ni toda su casta de politicastros de
este país pueden soñar en realizar.
Porque existe una gran diferencia, haya o no primas de por medio.
Los jugadores profesionales que integran la selección de España de
fútbol se sienten orgullosos de formar parte de ella y con los
salarios que ya perciben en sus clubes, su dedicación y esfuerzo
personal son totalmente desinteresados y con el único objetivo de
defender esa camiseta de España. Sin embargo, lo que hace esta casta
política se aleja totalmente de ese desinterés y orgullo. Al
contrario, su objetivo solo es su propia promoción personal, sus
accesos a cargos de poder y el compadreo para repartirse la tarta de
ese poder. Por eso es por lo que luchan desesperadamente.
No me venga con milongas y arengas populistas Sra. Sánchez. Defienda
a sus votantes del acoso nacionalista y de la inmersión lingüística
a la que se ven sometidos. Defienda la igualdad de todos los
españoles ante la Ley y tenga el valor de mantener una postura de
oposición real a quienes solo pretenden segregarse de España y hacen
políticas de insolidaridad con el resto de las regiones españolas.
Aprenda conceptos como sacrifico, unidad y altruismo. Dé ejemplo de
lo que predica para los demás. ¿Es eso esperar mucho de usted? No sé
lo que dirán los que le votaron, pero supongo que muchos se habrán
arrepentido de haberle dado su voto de confianza.
Cataluña
Hipocresía nacionalista sin límites
Destacados empresarios y juristas del mundo nacionalista no dudan en
renunciar a sus principios y apelar al bilingüismo institucional
para defender sus intereses económicos frente a la Generalidad
acudiendo, incluso, a la vía judicial.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com
3 Julio 2012
En las últimas décadas la hipocresía ha sido un rasgo de identidad
definitorio del nacionalismo catalán, capaz de renunciar a la
supuesta honradez e integridad de su proyecto a cambio de pingües
beneficios económicos, para después cubrirse con la bandera y así
repeler cualquier acusación. Sin embargo, estas dobleces han
alcanzado recientemente límites insospechados.
A principios de 2011, una importante empresa leridana fue sancionada
por la Consejería de Empresa y Empleo (antes, Consejería de Trabajo)
con 3.000 euros tras un expediente incoado por una infracción de
seguridad laboral. La sociedad multada decidió acudir a la vía
judicial, apelando a que la Generalidad había tramitado todo el
proceso sancionador únicamente en catalán, y eso le había generado
indefensión.
En marzo de este año, el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de
Lérida le dio la razón a la empresa y anuló la sanción impuesta por
la Generalidad, tal y como ha sentenciado en otros casos similares
recogidos por LA VOZ DE BARCELONA.
Un bufete de abogados próximo a CiU
Sin embargo, la sorpresa es mayúscula al descubrir quiénes son los
actores implicados en este proceso. Por una parte, el letrado que ha
representado a la empresa sancionada es Juan Ignacio Dénchez
Almoril, del bufete Cuatrecasas-Gonçalves Pereira. Se trata de uno
de los más importantes despachos de abogados de España con oficinas
por todo el mundo -y cuyo socio principal, Emilio Cuatrecasas
Figueras, está imputado por un presunto fraude fiscal- que tiene
unas excelentes relaciones con CiU.
De hecho, entre sus socios cuenta con Albert Raventós Soler.
Raventós fue director del Gabinete Jurídico de la Generalidad entre
2001 y 2003, durante la última etapa de Jordi Pujol, cargo que
abandonó tras diversas polémicas. Además, fue miembro de la Comisión
Jurídica Asesora de la Generalidad entre 1988 y 2005.
Así las cosas, no deja de ser chocante, cuando menos, que el bufete
Cuatrecasas solicite la nulidad de una multa a uno de sus clientes
alegando que la Administración autonómica ha utilizado únicamente el
catalán en su procedimiento sancionador.
Una empresa cercana al nacionalismo catalán
Pero aún es mayor el desconcierto al conocer que la empresa
recurrente es Prefabricados Pujol, compañía que dio origen al Grupo
Pujol, un holding familiar que, tras varias generaciones, se ha
hecho con una treintena de sociedades del mundo de la construcción
con epicentro en Mollerusa (Lérida) y que factura alrededor de 300
millones de euros anuales.
Las simpatías de los propietarios del Grupo Pujol hacia los
nacionalistas son de sobras conocidas en la comarca. La compañía
aportó un millón de euros al proyecto fallido de Spanair, asegurando
que lo hacían “por patriotismo”. En 2003 crearon la Fundació Pujol i
Gorné, que tiene entre sus objetivos el de fomentar ‘la integración
social’ de los empleados del grupo para conseguir su ‘adaptación a
la realidad social, cultural y lingüística’ de Cataluña. Además, la
empresa forma parte de FemCat, una fundación empresarial que
denuncia que Cataluña tiene un ‘elevado déficit fiscal’.
Su principal accionista, Josep Maria Pujol Gorné, fue presidente del
Consejo Social de la Universidad de Lérida entre 1999 y 2008, y
recibió la Cruz de San Jordi en 2009, un galardón que otorga la
Generalidad a las personas y entidades sociales que ‘han destacado
por sus méritos y por sus servicios a Cataluña en la defensa de su
identidad o, más generalmente, en el plano cívico y cultural’.
El consejero delegado colabora con ERC
Jordi Pujol Torrent, consejero delegado de Prefabricados Pujol
(foto: prefabricatspujol.com).
El consejero delegado de Prefabricados Pujol es Jordi Pujol Torrent,
tercera generación de la familia de empresarios. Pujol Torrent fue
designado en 2005 por el entonces consejero de Gobernación de la
Generalidad, Joan Carretero (en ese momento en ERC), para dirigir la
elaboración del Libro blanco de la función pública catalana.
Desde muy jovencito, el actual responsable de Prefabricados Pujol
mostró cuál era su tendencia política. Durante su época de
estudiante de Derecho, fue dirigente del Bloc d’Estudiants
Independentistas (BEI) y militante de ERC. En 1994, con 20 años de
edad, justificó ante los medios el boicot que un grupo de radicales
efectuó al entonces líder de la oposición, José María Aznar, cuando
se disponía a pronunciar una conferencia en la Universidad de Lérida
y que tuvo que ser suspendida. Pujol Torrent lamentó “los insultos a
Aznar, pero no los dedicados a Aleix Vidal-Quadras, un personaje que
es nefasto para Cataluña”, espetó.
Habida cuenta de los antecedentes de Pujol Torrent y de su entorno,
cabe concluir que cuando se trata de dinero, aunque sea de una
cantidad insignificante para una de las empresas más importantes de
Cataluña, los principios quedan en un segundo lugar, y cualquier
método es válido para el nacionalismo catalán.
Varapalo judicial sin precedentes contra la Generalidad
Por otra parte, la sentencia dictada por el magistrado José María
Magán Perales abre una nueva vía argumental a los defensores del
bilingüismo en las Administraciones públicas. A lo largo de 13
páginas, el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo de
Lérida da un severo repaso a las prácticas discriminatorias en
materia lingüística que lleva a cabo la Generalidad.
El juez recuerda que el Gobierno autonómico debe someterse a lo
establecido en la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el
Estatuto, que estableció que el catalán no puede ser preferente
respecto al castellano, por lo que la Generalidad no tiene ‘derecho
alguno a dirigirse exclusivamente a los ciudadanos en la lengua
catalana’.
‘No es que el uso del catalán fuera preferente, es que es el único’
Subraya que no es legal remitir escritos únicamente en catalán
cuando ’el ciudadano libremente eligió la lengua castellana para
dirigirse a la Administración’, como ocurrió en este caso, en que la
Generalidad ‘se ha permitido seguir remitiendo cualesquiera
notificaciones y se ha permitido seguir imponiendo unilateralmente
la lengua catalana, con una absoluta falta de respeto a la lengua
elegida por el ciudadano, y con quiebra directa de lo establecido
por el Tribunal Constitucional’. ‘No es que el uso de la lengua
catalana en este caso fuera preferente [para la Generalidad], es que
es el único’, indica.
E insiste:
‘Se puede decir más alto, pero no más claro. Por tanto: punto y
final a la imposición de la lengua catalana como exclusiva y
excluyente. Las Administraciones públicas situadas en Cataluña ya no
tienen ningún derecho a actuar de esta manera, como de manera impune
han hecho hasta ahora. La definición del catalán como lengua propia
de Cataluña no puede suponer en modo alguno un desequilibrio del
régimen de cooficialidad de ambas lenguas en perjuicio del
castellano’.
‘Un gravísimo desafío al Estado de derecho’
‘Tales prácticas -continúa la sentencia- han de considerarse fuera
de la legalidad y expresamente inconstitucionales, pues del Estatuto
hacia abajo, sin excepción alguna, han caído una tras otra como
fichas de dominó, y han quedado todas carentes del aparente respaldo
legal que la promulgación del Estatuto, o los usos seguidos hasta
ahora por la Administración pública, pudieron haber conferido a este
tipo de prácticas, hoy fuera de la legalidad. Por tanto,
cualesquiera regulaciones, sean estas del rango normativo que sean,
en las cuales se hayan podido cobijar este tipo de prácticas nulas e
ilegales, han quedado todas al descubierto y carentes de la más
mínima protección legal‘.
Y añade:
‘La gravedad de la cuestión es que podemos estar ante un
incumplimiento sistemático (involuntario o voluntario) de lo
declarado con carácter definitivo por el más alto intérprete de la
Constitución española. Es evidente que si el incumplimiento es
voluntario podemos estar ante un gravísimo desafío al Estado de
derecho, y un desacato e insumisión frontal y abierta de la
elemental obligación de cumplir las sentencias y demás resoluciones
de los jueces [recogida en los artículos 118 y 164 de la
Constitución]. Resulta sencillamente impensable que una
Administración pública pretenda la aplicación de la legalidad desde
la más absoluta ilegalidad’.
El magistrado concluye que, ‘si la Administración decide situarse
fuera de la legalidad, debe ser plenamente consciente de las
consecuencias que aquello puede tener, y pechar y asumir cuantas
derivaciones juridícas se produzcan de una ilegalidad cometida por
quien está obligada a la aplicación de la legalidad. Y la primera
consecuencia jurídica no puede ser otra que la anulación de lo
actuado‘.
‘No estamos ante ninguna casualidad’
Además, considera que la discriminación lingüística de la
Generalidad solo la aplica contra el español y ‘no estamos ante
ninguna casualidad’, puesto que, en otros casos, ha comprobado que
cuando ‘el ciudadano efectuó su escrito de alegaciones en aranés,
rápidamente la Administración regional se apresuró a cambiar la
lengua y a contestarle y a realizar todos los trámites del
expediente utilizando la lengua aranesa, y ello sin necesidad de que
el ciudadano tuviese que pedir nada expresamente’.
‘Esta es la prueba más evidente de la marginación lingüística que,
utilizando dinero público, está llevando a cabo la Administración
regional catalana. Con ello se consigue que el castellano quede
relegado a lengua de tercer nivel (por detrás del catalán y del
aranés), despreciado por la Administración, y relegado al ámbito
estrictamente familiar’, destaca.
Por último, anuncia que ‘dada la gravedad de la actuación descrita,
y la posibilidad de que este tipo de conducta sea transversal,
procede derivar actuaciones al Defensor del Pueblo de España, en
tanto que órgano constitucional, respecto del trato lingüístico que
la Administración demandada ha dado a quienes libremente han
decidido utilizar el castellano, y al Ministerio Fiscal, por si la
conducta descrita pudiera ser encuadrable en algún tipo impunitivo’.
Y condena a pagar las costas a la Generalidad, ‘pues de lo contrario
se haría perder al recurso su finalidad’.
El TSJC da la razón a otras dos familias
que reclaman español en la escuela
Este fallo se suma al goteo de sentencias que se han producido
después de que el Tribunal Constitucional (TC)
Europa Press www.lavozlibre.com 3 Julio 2012
Barcelona.- El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha
dado la razón a otras dos familias que reclamaban poder escolarizar
en castellano a sus hijas, que cursan educación Infantil en centros
de Barcelona y Tarragona.
Este fallo se suma al goteo de sentencias que se han producido
después de que el Tribunal Constitucional (TC) considerara que el
castellano también es "lengua vehicular de la enseñanza en Cataluña
junto con el catalán", como reconoce igualmente el TSJC en la
presente resolución.
De hecho, en marzo, el TSJC avaló el modelo de inmersión lingüística
en catalán en las escuelas, si bien determinó que la Generalitat
debía ofrecer enseñanza en castellano individualizada a las tres
familias demandantes que querían clases en este idioma, por lo que
esta vez se ha pronunciado en el mismo sentido. En aquel momento, la
Generalitat resolvió la papeletal ofreciendo atención
individualizada a cada uno de esos alumnos, lo que no satisfacía a
los padres.
Estas dos familias, que llevan a sus hijas al CEIP Cèsar August de
Tarragona y al CEIP Els Porxos de Barcelona, presentaron sendos
recursos contencioso-administrativos en 2009 ante una resolución de
la Conselleria de Educación que rechazaba que el impreso de
preinscripción escolar incluyera la pregunta sobre la lengua
habitual de su hija, ya que querían escolarizarla en castellano.
Alegaban el principio de igualdad en el primer nivel de enseñanza
junto al resto de castellanoparlantes, si bien el TSJC considera que
esa petición no alcanza "en absoluto" a otros padres, alumnos y
centros radicados en Cataluña. La sentencia recuerda que el TC ha
fijado que el catalán es la lengua "normalmente vehicular en la
enseñanza universitaria y no universitaria" pero no la única, con lo
que no se puede impedir la utilización del castellano. Así, insta a
la Generalitat a adoptar "cuantas medidas sean precisas para adaptar
el sistema de enseñanza que afecta a la niña a la nueva situación
creada por el Tribunal Constitucional", reza el fallo. Estas
sentencias se rubricaron en mayo, antes de que el Tribunal Supremo
(TS) obligara a introducir el castellano como lengua vehicular en la
educación Infantil en Cataluña, con lo que el TSJC no ha podido
tener en cuenta este fallo.
imposición de la lengua
La Justicia obliga al Gobierno valenciano a
hacer dos guiños al catalán
Minuto Digital 3 Julio 2012
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJCV) obliga a la Generalitat a incluir en los
Estatutos de la Universitat Jaume I de Castellón las expresiones
“académicamente lengua catalana” y “ámbito lingüístico catalán”.
Según el texto de la sentencia hecho público por el TSJCV, la
resolución del alto tribunal estima parcialmente el recurso
interpuesto por la Universitat contra el Consell por la modificación
que hizo de tres expresiones recogidas en los Estatutos del centro
educativo al considerar que contradecían el Estatuto de Autonomía.
En dicha modificación el Ejecutivo autonómico rechazaba incluir en
la normativa estatutaria de la UJI las denominaciones
‘académicamente lengua catalana’, ‘ámbito lingüístico catalán’ y
‘País Valenciano’.
En el fallo dictado con fecha 10 de mayo de 2012, la Sala de lo
Contencioso Administrativo del TSJCV ha aceptado restablecer dos de
las menciones estatutarias.
Sobre la primera, ‘académicamente lengua catalana’, indica que la
sentencia no ha tenido que pronunciarse nuevamente “al haberse
allanado la Generalitat en este punto al recurso”, siendo además una
cuestión sobre la que ya se han pronunciado a favor en reiteradas
ocasiones los tribunales, entre otros, el Tribunal Constitucional en
sentencia de 21 de abril de 1997.
Con respecto a la segunda mención, ‘ámbito lingüístico catalán’,
entiende que esta expresión “no posee un alcance distinto al de
‘académicamente lengua catalana’, como también puede denominarse al
valenciano en el ámbito universitario, sin que ello contradiga el
Estatuto de Autonomía”.
No al País Valenciano
La sentencia desestima sin embargo la denominación ‘País Valenciano’
contenida en el Preámbulo “por entender el Tribunal que no se
utiliza como antecedente histórico, sino para definir así a la
Comunidad Valenciana, lo que es contrario al Estatuto de Autonomía”,
como ya falló el propio TSJ en sentencia de 7 de abril de 2005,
recoge el texto.
El TSJ indica en el fallo hecho público hoy que el Consell de la
Generalitat “ha vulnerado la autonomía de la Universitat Jaume I al
ejercitar, sobre los Estatutos de dicha Corporación pública, un
control de legalidad incorrecto”.
La Generalitat dispone de tres meses para rectificar los enunciados
normativos señalados y publicarlos posteriormente en el Diario
Oficial de la Comunidad Valenciana.
Comisionado vasco para la memoria
Clamor en las víctimas para que Jesús Loza
dimita o cese
ALBERTO LARDIÉS www.gaceta.es 3 Julio 2012
Las víctimas del terrorismo exigen que el Comisicionado para la
convivencia y la memoria del País Vasco dimita o cese tras instar a
los damnificados a 'fundar un partido si quieren hacer política'.
El comisionado para la convivencia y la memoria del País Vasco,
Jesús Loza, sigue a lo suyo. El hombre elegido por el lehendakari,
Patxi López, para entenderse con las víctimas del terrorismo de cara
al hipotético final de ETA sólo está logrando irritarlas. Y cada vez
más. Anteayer trascendió que Loza ha escrito un artículo en el que
introduce afirmaciones como esta: “¿Las víctimas quieren hacer
política? Pues me parece perfecto, que funden un partido político,
pero que no pretendan imponer una razón de parte a un gobierno”. La
respuesta de las víctimas, según afirman a LA GACETA, es clara: Loza
debe dimitir.
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles
Pedraza, asegura a este diario que “parece que Loza es el
comisionado de la paz, pero sólo de la paz de la izquierda
abertzale”. “Por supuesto que tendría que dimitir, ¿qué sentido
tiene ese puesto? De hecho, parece que no le queda otra cosa que
hacer que criticar a la AVT”, aduce. Y explica que “este señor tuvo
la desfachatez de escribirme una carta no muy cariñosa cuando
decidimos no reunirnos con él, e incluso le dio una copia de esa
carta al resto de asociaciones”.
Esta postura por parte de la AVT va en la línea de lo manifestado
por otros colectivos como Covite y Voces Contra el Terrorismo (VCT).
Sin ir más lejos, hace unos 15 días VCT presentó un escrito en el
que reclamaba a Patxi López la destitución inmediata del
comisionado, después de que este situase “fuera de la Constitución”
a quienes se han manifestado contra el plan de reinserción de
etarras puesto en marcha por el Ministerio del Interior y respaldado
por el propio Ejecutivo vasco. El presidente de este colectivo,
Francisco José Alcaraz, lo tiene muy claro: “O dimite o tiene que
ser destituido”. “Que alguien defienda que ETA tiene representación
política y nos ataque por opinar –arguye– es un insulto, una
humillación y un menosprecio a todas las víctimas”. “Es tremendo ese
argumento de que para hablar de política tenemos que montar un
partido, porque entonces él tendría que ser víctima para hablar de
las víctimas, ¿no?”, ironiza Alcaraz.
Chema Morales, presidente de la Asociación Internacional de Víctimas
del Terrorismo y vicepresidente de la Federación de Asociaciones
Autonómicas, recalca: “Las víctimas del terrorismo, contra las que
se ha atentado por razones políticas, al menos merecemos poder decir
lo que pensamos”. “Nosotros cumplimos nuestra palabra porque Patxi
López nos pidió en una reunión que fuéramos críticos con su gestión;
en cambio, él no cumplió su palabra porque defiende un discurso sin
vencedores y vencidos”, narra. Me sorprenden profundamente los
discursos de López y de Loza, por ejemplo en Barcelona en el
aniversario por Hipercor, porque son diferentes a lo que dicen en el
País Vasco”.
Además de instar a las víctimas a “fundar un partido para hacer
política”, Loza introducía otras perlas en una entrevista concedida
a la revista Andalupaz. Por ejemplo, aseguraba que “algunas víctimas
parece que quieran dirigir la política penitenciaria y eso no es
aceptable. Es justo que quieran influir, pero hay una diferencia
entre influir e imponer. Algunas víctimas creen que tienen la razón
por ser víctimas”. Asimismo, el comisionado para la convivencia
argumentaba que “ha habido incluso quienes han hecho creer a las
víctimas que casi dirigirían el final” e insistía en que se debe
“contar” con ellas, pero “las decisiones las tomarán los legítimos
representantes de toda la sociedad”, es decir, el Gobierno y el
Parlamento, recogió Europa Press.
“¿Hay que contarles todo a las víctimas? Evidentemente. ¿Hay que
escuchar a las víctimas? Por supuesto. Pero también las víctimas
tienen que escuchar. La escucha tiene que ser mutua”, defendía antes
de reconocer que consideraba “un error” que la AVT, mayoritaria en
el colectivo, no quiera reunirse con él
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