AGLI Recortes de Prensa   Miércoles 4  Julio 2012

Primero hay que hacer recortes en la política
Pablo Sebastián www.republica.com 4 Julio 2012

Este Gobierno no puede iniciar una segunda oleada de ajustes, recortes, impuestos y reformas de gran incidencia social si no incluye en todo esto y en primer lugar el gasto de la política, de los políticos, de las instituciones, organismos y empresas públicas tanto estatales, como autonómicas y municipales. No se le puede pedir más sacrificios a la ciudadanía si los políticos no empiezan por ellos mismos dando un ejemplo de civismo y moralidad que hasta el momento brilla por su ausencia. O incluso por su inmoral comportamiento como el que se desprende de la amnistía fiscal para los defraudadores y delincuentes, indultos a los políticos que fueron condenados por corrupción, vista gorda sobre banqueros con responsabilidades en la quiebra del sistema financiero que ahora debemos pagar entre todos, etcétera.

No se pueden subir impuestos como el IVA, ni subir la edad de jubilación ni emprender más ajustes de orden social, sin que antes no se haga la gran reconversión y el ajuste de todas y cada una de las administraciones del Estado. Si el Senado no sirve para nada, como es el caso, se suprime, y mientras tanto no puede seguir tal y como está derrochando dinero público en un indecente sistema de traducción simultánea entre españoles, despreciando la lengua del Estado para dar gusto a los nacionalistas que desprecian y que maltratan el idioma castellano en sus respectivas autonomías. Y ese es solo un ejemplo que clama a cielo del despilfarro nacional.

Y lo mismo con las radios y televisiones autonómicas, ruinosas y manipuladoras al servicio de los caciques -ahora a favor del PP en la mayoría de los casos-, y contrarias a la democracia. Estos entes públicos o son rentables o se han de cerrar ¡ya! E igual ha de ocurrir con cerca de 3.000 ayuntamientos, de los más de 8.000 que existen, o las diputaciones, o cientos de empresas públicas nacionales, regionales e incluso municipales que están en quiebra, así como toda clase de centros públicos y organismos, muchos de ellos duplicados o triplicados en el Estado.

Y al fondo de todo ello está el gran despilfarro nacional, el cáncer de las Comunidades Autónomas y el propio modelo autonómico del Estado, crecientemente insolidario y en casos contrario a la cohesión nacional. Esto no puede continuar como está, porque como dice Rajoy, hasta la saciedad, no podemos gastar más de lo que se ingresa, lo que es verdad. Pero Rajoy ha que empezar por los ajustes, reformas y recortes de los políticos, la clase política, los partidos y las instituciones, las empresas y los organismos del Estado. Y de manera especial en el ámbito autonómico. Ahí está la reciente declaración del fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, con su propuesta para que el Estado recupere la Justicia como competencia nacional.

Cosa de la que hasta ahora no hemos oído decir nada al Gobierno de Rajoy y del PP, precisamente porque es el PP el que disfruta en este momento de la gran ocupación de los cargos públicos a nivel estatal, autonómico y municipal, y da la impresión que no quiere perder esos privilegios y el clientelismo político que les regala. Tal y como antes ocurría con el PSOE, que también calla sobre todo esto (aún les quedan bastantes parcelas de poder), un asunto espinoso del que solo habla UPyD.

Pero si el Gobierno protege por un lado a los defraudadores de la Hacienda pública, a los banqueros abusadores y a los políticos de la corrupción, y no reduce a fondo los gastos de la política y de las demenciales y variadas administraciones del Estado, y vuelve a meter la tijera en el gasto social (impuestos, jubilaciones, etc.), si vamos por ese camino ya transitado la revuelta social llegará armada de razón y de justa indignación.

Lo acabamos de ver en el incendio de Valencia, ayuntamientos, diputaciones, Comunidad Valenciana, Gobierno central y todos ellos juntos y por separado no han podido con el fuego arrasador que ha calcinado 50.000 hectáreas. Un fuego que ya forma parte de la negra serie de incendios que se suelen repetir todos los años por estas fechas a lo largo y ancho del territorio nacional. Y ¿qué hacen los políticos y todas estas administraciones? Fracasar y luego dar excusas y exhibir su descoordinación e incapacidad para prevenir y frenar el ataque del fuego abrasador que lamentablemente ya no tiene arreglo y seguramente volverá con igual o mayor voracidad.

La burbuja política
Manuel I. Cabezas González  www.vozbcn.com  4 Julio 2012

Los filósofos distinguen las causas próximas o inmediatas de un hecho y las causas lejanas u originarias. Por su lado, para los seguidores de la medicina alternativa, la medicina ortodoxa sólo trata los síntomas de las enfermedades, pero no las causas del mal; esto hace que las enfermedades se conviertan en crónicas y, con ello, la industria farmacéutica (farmafia, la llaman algunos) tiene aseguradas sus pingües ganancias.

En España, desde que se reconoció oficialmente la existencia de la gravísima crisis económica que estamos sufriendo, los economistas, la casta política y los voceros de ésta -los llamados todólogos- se han dedicado a repetir el mantra de que la causa de todos nuestros males actuales está en la burbuja inmobiliaria, coadyuvada por la burbuja financiera (o viceversa, tanto monta, monta tanto). Según algunos, éstas empezaron a enraizar y a tomar forma en los prometedores años 90 (Barcelona ’92 y Expo de Sevilla). Ahora bien, este punto de vista pone el acento en las causas próximas o en los síntomas de la crisis, que son las ramas que nos impiden ver el bosque de las causas originarias y primeras de la misma.

Hoy, España está cubierta por un cielo emburbujado, que sigue provocando una destrucción sistemática y progresiva de nuestro Estado del bienestar. Ahora bien, la madre de todas las burbujas no es ni la inmobiliaria, ni la financiera, ni la conjunción de las dos, ni la…, ni la… La madre de todas las burbujas y de la crisis hay que buscarla en otro sitio: en la casta política (burbuja política); y, como diría Santiago Segura, en el brazo tonto de la ley, el poder judicial (burbuja judicial), que es ya el primer problema para los ciudadanos españoles, según el último informe del CIS y una encuesta de Metroscopia (El País, 24 de junio de 2012). Centrémonos hoy en la burbuja política y dejemos, para mejor ocasión, el análisis de las otras.

Hoy, en la vida política de España, es una realidad tangible que no existe separación de poderes, principio tan del gusto de Montesquieu, cuya muerte vaticinó certeramente Alfonso Guerra en los 80. Ahora bien, sin esta separación, la calidad, la salud y la higiene democráticas dejan mucho que desear o brillan simplemente por su ausencia. Por eso, como ha escrito, atinadamente y por casualidad, la todóloga de servicio, Pilar Rahola, ‘España es una democracia […] intervenida, […] un paraíso de arribistas’. Y, en este ‘paraíso de arribistas’, los miembros de la casta política se han ido multiplicando como los conejos, hinchando cada vez más la burbuja política; se han aposentado, como lapas y sanguijuelas, en las instituciones y en los poderes del Estado; los han colonizado; y están haciendo y deshaciendo a su antojo, pensando sólo en ellos y en las próximas elecciones y no, como debería ser, en el bien común y en las próximas generaciones, como diría Winston Churchill.

En efecto, desde hace algunas semanas, se ha desvelado, en la prensa digital no apesebrada, el contenido de un informe confidencial, que nadie ha desmentido, realizado por la Presidencia del Gobierno de España. Se trata de un informe relativo al número de políticos con sueldo, que pagamos todos los ciudadanos de bien. Son, nada más y nada menos, 445.468 individuos, situados en todos los organismos, estamentos y niveles de la administración: 300.000 políticos más que Alemania y el doble que Francia e Italia; y representan muchos más que la suma de los médicos (166.000), de los policías (150.000) y de los bomberos (20.000), que se ocupan de lo que realmente nos importa: nuestra salud y nuestra seguridad. Y el coste no es, como suele decir la fauna de los todólogos, el chocolate del loro; representa, tirando a la baja, unos 13.500 millones de euros anuales, que equivale al recorte que nos han impuesto a los asalariados o a la mitad de los intereses que debemos pagar por la deuda o a la subida de impuestos varios, copagos y otras medidas anticrisis.

Siendo alarmantes estos datos, lo más grave son las consecuencias de los actos y comportamientos de los miembros de esta burbuja política que, como escribió la todóloga de cabecera, Pilar Rahola, ‘procede del todo a cien de los partidos’: despilfarro, uso discrecional y apropiación descarada de recursos públicos; corrupción; hipertrofia de las administraciones públicas, para colocar a amigos y afines, que no se deben confundir con los funcionarios; politización del funcionariado; control político del Tribunal de Cuentas, del Banco de España, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del INE, del INEM, etc.; mangoneo en las cajas de ahorro; desequilibrio en las cuentas públicas y endeudamiento desbocado; hipertrofia legislativa y el correlato de la ruptura de la unidad de mercado, de la unidad sanitaria, de la unidad lingüística, de la unidad educativa, etc. Y todo esto ha conducido a la ingobernabilidad de España y a la inviabilidad del Estado de las Autonomías.

Ante todo esto, parece lógico y razonable que los ciudadanos españoles estemos hasta el gorro de la casta política de todo el arco parlamentario -desde el PP al PSOE, pasando IU, UPyD y los diversos partidos nacionalistas- y que consideremos que no está a la altura de las circunstancias. Por eso, la casta política, progenitora de la burbuja política y, a través de ésta, de todas las demás burbujas (la inmobiliaria, la financiera, la judicial, la autonómica, la sindical…), debería tener memoria histórica. Con su hacer está incubando un populismo irracional y visceral, que puede traer como regalo, de nuevo, a algún salvapatrias.

No estaría de más que meditase sobre el siguiente pasaje del manifiesto que, el 12 de septiembre de 1923, hizo público Primo de Rivera: ‘Ha llegado para nosotros el momento, […], de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando a la Patria, no ven para ella otra solución que libertarla de los profesionales de la política’ (la casta política). Es todo un aviso para navegantes. Y sería muy positivo que los ciudadanos pincháramos, de una vez por todas, la burbuja política y obligáramos a la casta política, que “no nos representa” a hacerse el haraquiri. Como dejó escrito el premio Nobel de literatura, José Saramago, no sospechoso de ser de derechas, los políticos no son parte de la solución sino parte del problema: ‘Sn política no se puede organizar una sociedad. El problema es que la sociedad está en manos de los políticos’ (de rancio abolengo o de nuevo cuño).

Manuel I. Cabezas González es profesor titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona

El acelerador
MANUEL MARTÍN FERRAND ABC  4 Julio 2012

España necesita, y con urgencia, una gran transfusión de austeridad, una anteposición de la lógica nacional a la regional

CUANDO Mariano Rajoy dice de sí mismo que es «previsible» está haciendo gala del españolísimo sostenella y no enmendalla que, a lo largo de la Historia, pocos frutos ha germinado en la realidad nacional española. Tanto es así que, si nuestros grandes escritores en presencia se arrimaran más al presente que al pasado, contra su costumbre, del mismo modo que Benito Pérez Galdós dedicó uno de sus Episodios Nacionales al guerrillero «Juan Martín, el Empecinado», cualquiera de los que más brillan hoy en las listas del éxito literario debiera escribir una narración, espatarrada entre la realidad histórica y la fantasía literaria, sobre «Rajoy, el empecinado astuto». Ahora, cuando ni los hermeneutas rajoyanos de mayor cualificación son capaces de interpretar el rumbo que pretende el presidente del Gobierno, va y nos dice que «toca pisar el acelerador». Vale, aceleremos; pero, ¿para llegar adónde? El «vísteme despacio, que tengo prisa», la única sentencia luminosa del felón Fernando VII, resulta oportuna para nuestra tribulación presente.

«Nada nos va a alejar del rumbo» repite Rajoy con intención pedagógica; pero, ¿cuál es el rumbo? Está claro que los recortes y reformas que, con cuentagotas, nos sugiere el presidente del Gobierno son, por duros que resulten, hijos de la necesidad alcanzada por el irresponsable festín derrochador de la última década de la vida española y de las consejas -de obligado cumplimiento- de nuestros socios y prestamistas en la Unión Europea. España necesita, y con urgencia, una gran transfusión de austeridad y la anteposición de la lógica nacional al sentimentalismo regional, ese quiero y no puedo que contribuye con gran eficacia a que en España, y sus diecisiete porciones, pululen más de 400.000 políticos, electos y designados y retribuidos. El doble que el censo alemán de la especialidad. No bastan los recortes, hay que rediseñar.

En esa línea de pensamiento acierta el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cuando, tras reconocer como un error el traspaso de las competencias de Justicia a las Comunidades Autónomas, proclama «si es posible» -¿lo es?- su retorno al Estado. Una mediocre realidad, como la que arrastrábamos cuando, después de la muerte de Francisco Franco, las Cortes apañaron la Constitución del 78 multiplicada por 17 no da el resultado de 17 mediocres realidades, sino el de una gigantesca calamidad que, además de traicionar el espíritu germinal de la Nación, debilita el Estado e impide el sentimiento patriótico que, como rescoldo, pudiera quedar latente en las instituciones y en muchos más ciudadanos de los que parece a primera vista.

La furia del español
Jesús Fonseca La Razón 4 Julio 2012

Imposible ponerle puertas al español. Casi quinientos millones lo hablan ya en todo el mundo. Así, con la mayor naturalidad. Una cifra que acaba de conocerse y que desborda las previsones más optimistas. Por suerte estas cosas no dependen de nosotros. No somos los españoles los dueños de nuestra lengua. Mejor así. «El español es demasiado importante para dejarlo en manos de los españoles», solía decir ese cubano universal que era Cabrera Infante. Está claro que el español no necesita que nadie lo defienda, se defiende solo. Nuestra lengua, avanza espectacularmente y se extiende en internet y entre el empresariado internacional, aunque siguen siendo nuestras asignaturas pendientes, es cierto.

Aún así, sin triunfalismo alguno, el español es el segundo idioma del mundo. «Un gran idioma de comunicación internacional», en palabras del Rey. Que las pronunció, por cierto, en Barcelona, hace bien poco, con motivo del I Congreso Internacional de Economía y Cultura. Pues sí, al menos quinientos millones sienten predilección por nuestra lengua a la hora de levantar la vida, que es como decir que les gusta soñar, divertirse, comer, meter goles, y, cada vez más, hacer negocios en español.

Nos hemos dado cuenta tardíamente de los espacios creadores y posibilidades que este idioma nuestro nos ofrece. Aunque nunca es tarde si la dicha es buena. También en esto, como en tantas cosas para España, lo mejor está por venir. Por lo pronto, el 85 por ciento de los estudiantes norteamericanos eligen el español. ¿Cuántos españoles saben que, en Brasil, es obligatorio desde la escuela?...

Cada día más chinos lo prefieren. El valor económico de nuestro idioma es evidente. Como lo es que no hay ningún peligro serio para la lengua de España. ¿Cómo podría haberlo para una fuerza así de imparable? ¿Seremos capaces de aprovechar tan favorables vientos? No hacerlo sería de lelos, ciertamente.

El aprendiz de Rousseau
J. M. Ruiz Soroa, EL CORREO.  4 Julio 2012

El filósofo ginebrino pasó a la historia de las ideas, entre otros méritos, por ser quien descubrió la posibilidad paradójica de llamar libertad a la imposición. Rousseau, en efecto, estableció que una vez que el ser humano se ha enajenado por completo a la sociedad a través del pacto social, cuando obedece a la voluntad general de la sociedad no hace sino obedecer a su propia voluntad. Por eso, dijo con palabras memorables, al hombre se le puede y debe obligar a ser libre, porque coaccionarle para que cumpla con la voluntad general no es sino hacerle realizar su propia voluntad.

La magia de Rousseau estaba en su reconversión del significado de las palabras: muchos pensadores habían ya convenido que al hombre se le puede obligar a cumplir y respetar ciertos mandatos sociales. Pero esta obligación era una limitación para su voluntad individual. Nadie hasta que llegó Rousseau imaginó que a esa limitación se le podía también llamar libertad. Desde entonces, generaciones enteras de hegelianos, leninistas y otros magos de la política han bebido fértilmente de su descubrimiento: libertad no es hacer lo que usted quiere, amigo lector, esa es una falsa o ilusoria libertad. Libertad, su propia libertad, es que usted haga lo que quiere la sociedad, o la voluntad general, o la razón histórica, o la clase, o el partido.

Bueno, pues resulta que Patxi Baztarrika se nos ha revelado como un digno aprendiz de la magia rousseauniana y dedica así sus mejores esfuerzos en ‘Más euskera es más libertad’ (EL CORREO 30.06.12) a convencer a la ciudadanía vasca (por si no era consciente de ello) de que es su propia libertad la que la lleva entusiasta a aprender el idioma vernáculo. Que no hay ni ha habido nada de coerción en la política lingüística, ni siquiera un atisbo de imposición u obligación, que si el euskera avanza es porque los ciudadanos lo deciden y aceptan libremente. Que si los padres deciden educar a sus hijos en euskera, la suya es una decisión tan libre como ejemplar. Y si alguien se atreve a poner en duda que es la libertad y sólo la libertad la que lleva a los ciudadanos al bilingüismo, lo hace porque es un partidista o un ignorante.

¡Vaya por Dios! ¡Y yo sin enterarme! ¡Y como yo, un montón de conocidos! Todos esos que decidieron educar en euskera a sus hijos porque si no lo hacían así tenían garantizado para ellos el desempleo. Todos esos profesores que aprendieron euskera, en lugar de dedicar sus esfuerzos a otras tareas o aprendizajes que les interesaban más, porque si no lo hacían podían dar por terminada su carrera docente. Todo ese empleo público reservado a los bilingües y vedado a los monolingües, todo eso no era imposición ni coacción, era nuestra libertad, nuestra verdadera libertad. Por eso nos obligaban, para hacernos libres, y por eso nos anuncia Baztarrika todavía más dosis de esa mixtura de ‘coacción-libertad’: cuanto más euskera sepamos, más libres seremos. ‘Euskera macht frei’.

Y es que, como con sublime seriedad afirma Baztarrika una y otra vez, «ser monolingüe no es un derecho, sino una limitación», lo cual en su pensamiento parece funcionar como una especie de legitimación del paternalismo bienhechor del poder público, que al imponernos una segunda lengua no estaría coartando nuestra libertad sino corrigiendo nuestras limitaciones personales. Pero sucede que, en primer lugar, la cuestión a debate no es la caracterización del monolingüe (como derecho o como limitación), sino que la cuestión a debate para cualquier política intervencionista es: ¿tiene el poder público legitimación para corregir lo que considera como limitaciones de sus súbditos? ¿Puede el Estado hacer mejores a los ciudadanos aunque ellos no lo deseen y aunque tengan una noción diversa de lo que es bueno para ellos? Para ser más claro, un ejemplo parafraseado: ‘ser calvo no es un derecho, sino una limitación’. Obvio, claro está. Pero, ¿legitima ello al Estado para obligar a los calvos a hacerse implantes capilares por mor de la estética de la mayoría? Más bien no, supongo.

El poder público puede imponer a los individuos ciertos deberes de perfeccionamiento, por ejemplo todos aquellos que le permiten constituirse como una persona autónoma en lo intelectual (la instrucción) o en lo económico (la seguridad social). Lo que no puede lícitamente (en una perspectiva democrático liberal) es imponerle obligaciones para que cumple con el tipo de ciudadano perfecto que ese poder sueña o imagina como desiderátum. El nacionalismo sueña con unos ciudadanos tipo que, entre otras cosas, hablen todos el idioma vernáculo. Y tiene derecho a su sueño, como cualquier otra ideología tiene derecho al suyo. Pero a lo que no tiene derecho es a imponer su sueño a las personas diciéndoles algo así como «es por vuestro bien», «lo hago para perfeccionaros, para suprimir vuestras limitaciones». Cada uno es dueño de sus propias limitaciones y ningún poder superior de tipo benevolente puede obligar a una persona a ‘ser mejor’. Eso sería, dijo Immanuel Kant, la peor clase de despotismo posible. O, como dijo Stuart Mill, la única legitimación del poder social para obligar a las personas a hacer o no hacer algo es el evitar que puedan causar daño a los demás, pero nunca lo es, nunca, el procurarles su propio bien. Cada uno es el juez inapelable de lo que es su propio interés.

A no ser, claro está, que ese poder (o los aprendices del gran poder) diga: «Pero es que nosotros no obligamos a nadie; al revés, son los ciudadanos los que nos exigen mejorarles». Entonces cabe todo. Es la magia de las palabras, esa magia que inventó Rousseau y que convirtió a la palabra libertad en un término que ha valido para todo, hasta para hacer esclavos a los seres humanos.

Por amplia mayoría
La Eurocámara tumba el acuerdo antipiratería ACTA
Hay dudas sobre los derechos de los usuarios de internet.
agencias Libertad Digital 4 Julio 2012

El pleno del Parlamento Europeo ha tumbado este miércoles con una amplia mayoría el acuerdo internacional contra la falsificación y la piratería (ACTA) por sus dudas respecto a la efectividad del Tratado y al respeto de los derechos de los usuarios de internet.

El voto se produce después de que hasta cuatro comisiones europarlamentarias hayan recomendado rechazar el acuerdo y de que la Comisión Europea haya recurrido al Tribunal de Justicia de la UE (TUE) en busca de su aval, frente a la presión social por las críticas de usuarios de Internet y las 2,5 millones de firmas que llevaron una queja ante el Parlamento Europeo.

Con este veto, el acuerdo ACTA no podrá aplicarse en la Unión Europea y se mantendrán las normas exigentes en materia de lucha contra la falsificación y la piratería. Si Bruselas quiere seguir adelante para reforzar las reglas tendrá que buscar nuevos instrumentos o renegociar el acuerdo con sus socios internacionales teniendo en cuenta las exigencias de la Eurocámara.

El acuerdo ACTA ha sido rechazado por 478 eurodiputados y ha sumado el voto a favor de 39 eurodiputados y 165 abstenciones. En el debate previo al voto, el martes en Estrasburgo (Francia), todos los grupos políticos a excepción del Partido Popular Europeo (PPE) se pronunciaron en contra del texto por distintas razones.

Populares europeos y el comisario de Comercio, Karel de Gucht, defendieron la necesidad de un acuerdo internacional para proteger la propiedad intelectual y combatir la piratería y pidieron a la Eurocámara aplazar el voto hasta conocer el fallo del TUE, algo que no han conseguido.

De Gucht dejó claro en el debate que, al margen del sentido del voto del pleno, seguirá adelante con el caso ante el Tribunal de Justicia Europeo para "responder a las preocupaciones" de los europeos y aclarar "si es compatible con los Tratados, en especial con la Carta europea de Derechos Fundamentales".

Para su entrada en vigor, el acuerdo ACTA necesita ser ratificado por al menos seis de las partes que lo han negociado, entre ellos Estados Unidos, Australia, México, Marruecos y Japón. En el caso de la Unión Europea, deben firmarlo y ratificarlo cada uno de los Estados miembros y la UE como bloque, por tratarse de un acuerdo que abarca competencias nacionales y comunitarias.


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Libertad sin ira y sin Decretos Ley
Vicente A. C. M. Periodista Digital 4 Julio 2012

¿Desde cuando la imposición es democrática? Pues normalmente siempre que se disponga de una mayoría absoluta. Pero eso es una cosa y otra la injerencia en competencias transferidas a las CCAA. Porque le guste al Gobierno de Rajoy o no, entre las transferencias está la de que cada Comunidad Autónoma legisle sobre aspectos como los horarios de apertura de establecimientos y negocios. Y solo se puede apoyar una medida así si se basa en la legalidad de retomar transferencias , aunque sea de forma temporal y basado en la situación de emergencia nacional por la crisis económica.

Como Liberal confeso, desde luego que estoy de acuerdo en dejar libertad en la definición de los horarios, siempre que se respeten los derechos de los trabajadores y no sirva como un medio de extorsión o de menoscabo de sus condiciones, sobre todo las de descanso ininterrumpido. Cada negocio debería plantearse libremente poder optar incluso a un horario continuado de 24 horas, como ya sucede en países como los USA, al menos en muchos de sus Estados.

Por ello, ni la Generalitat tiene razón al limitar por Ley este derecho inherente al tipo de empresas a los que aplicaría, ni el Gobierno de España puede de modo unilateral y con limitaciones basadas en aspectos de población y posibilidades turísticas, imponer por Ley algo que no sea aplicable de modo universal, sin distinciones ni excepcionalidades más que dudosas. Porque lo primero que hay que aplicar a todo es el sentido común, cosa que parece faltar a los dos Gobiernos.

Pero este lío normativo y enfrentamientos es solo un aspecto más del grave problema Insitucional que asola a España con un sistema autonómico inviable e ineficaz. Un sistema que ya he definido como el mayor fondo de reptiles que acoge a una casta política corrupta y corruptora. Una casta que impone a su antojo sus normas y leyes con actitud dictatorial y en muchos casos lesiva para los intereses de los ciudadanos a los que dicen representar. Una actitud que sobresale en aquellas CCAA gobernadas por los nacionalismos secesionistas que aprovechan cualquier oportunidad para incidir en su ideología separatista y diferenciarse del resto de España.

Creo sinceramente que no beneficia nada acudir una y otra vez a una Justicia desprestigiada como es el Tribunal Constitucional, cuyo acuerdo de reparto de cargos ha sido otra vez lo más bochornoso del patético escenario de la Justicia en España. Creo que España debe plantearse ya si quiere mantener esta monstruosa estructura de mini estados y un Gobierno Central sin competencias reales y que debe acudir a Decretos Ley que son directamente repudiados y recurridos en constantes actos de insumisión y desafío Institucional por las satrapías de los gobiernos de las CCAA.

Libertad de horarios sí, pero nunca por Decreto Ley. Y eso aplica a todas las restricciones que intentan controlar las libertades ciudadanas. Menos control y más sentido común.

Anclados en la Edad Media
Eduardo Goligorsky Libertad Digital 4 Julio 2012

En mi artículo "El lamento del pagano" tildé de totalitarios a los militantes secesionistas que acusan de ser enemigos de las instituciones y de los símbolos patrios a quienes no comulgan con las directivas políticas del Líder Supremo. Los estigmatizados fueron Josep Piqué y el Cercle de Economia, que no canonizaron el pacto fiscal, "joya de la corona" del president de la Generalitat, Artur Mas. Debo confesar que me equivoqué.

En dicho artículo comparaba a los acusadores con los castristas, que llaman "gusanos" a los disidentes; con los peronistas, que los llaman "cipayos", y con los franquistas, que los llamaban "conspiradores judeomasonicomarxistas". Insisto: me equivoqué. Los totalitarismos son producto de una patología que tiene sus raíces en el siglo XX, con metástasis en el XXI. En cambio, el nacionalismo identitario que genera difamaciones como la arriba citada está anclado en la Edad Media. En aquella época tenebrosa, los esbirros del Santo Oficio se especializaban en la cacería de relapsos, herejes y heterodoxos. Quien me inspira esta mirada retrospectiva es, nuevamente, la ubicua Pilar Rahola, quien en su artículo "La botiflera", o sea, en castellano, "La traidora" (La Vanguardia, 22/6), se encarnizó con Dolores Serrat, consejera de Educación del Gobierno de Aragón,

una Agustina de Aragón de pacotilla que lucha contra las fuerzas del mal nacionalistas. Es la inventora del término "aragonés oriental" y la responsable de la ley más lesiva contra los derechos lingüísticos de 60.000 personas que viven en un territorio, la franja de Ponent, donde hace 800 años que hablan catalán (...) No hay nada peor que una persona que, para ser aceptada, necesita traicionar sus orígenes. Es decir, la identidad de su gente durante generaciones.

Aduanas lingüísticas
Anclada en la Edad Media, la columnista dicta, como lo hacían los inquisidores, su auto de fe, o su fatua, para decirlo con el lenguaje de los otros supervivientes del Medioevo, los imanes islámicos, contra la relapsa, hereje o heterodoxa. Con idénticos argumentos a los utilizados, vean por dónde, contra el botifler, o sea el renegado Salman Rushdie, aunque, afortunadamente, con menos efectos prácticos. ¿"Traicionar sus orígenes"? ¿Es catalana vieja o catalana nueva la señora Serrat? En los 800 años transcurridos desde que se empezó a hablar catalán en la franja de Ponent (o de Levant, según desde dónde se mire) se sucedieron muchas generaciones de emigrantes e inmigrantes que, como en todas las sociedades no encapsuladas y degeneradas por la consanguinidad, hablaron, pensaron y actuaron de muy distinta manera. ¿"La identidad de su gente durante generaciones"? Esto sí nos trae al nazismo moderno, experto en filtrar identidades de arios viejos y arios nuevos. Una lectura atenta de Identidades asesinas, de Amin Maalouf (Alianza, 1999), podría devolver a Rahola a la órbita del pensamiento racional, pensamiento que en su Arcadia de hace 800 años era castigado con la hoguera.

Todo lo cual nos plantea un interrogante: quienes entablan estas polémicas erigiéndose en defensores de los presuntos derechos lingüísticos de minorías presuntamente amenazadas, ¿actúan movidos por un exquisito interés académico en la preservación del acervo filológico? ¡Qué va! La cultura y la filología les importan un pimiento. Si les importaran, clamarían al cielo por el desamparo al que está condenada la lengua castellana en las escuelas catalanas. Su objetivo es otro, de naturaleza estrictamente política: levantar aduanas lingüísticas para obstaculizar la movilidad y la comunicación dentro del territorio de España, ese mismo territorio que se proponen fragmentar.

La idealización de la perennidad identitaria y de las formas de vida sencillas asociadas a las sociedades tradicionales, cuando no medievales, es, como hemos visto, inseparable de estas corrientes políticas que, aunque se disfracen de solidarias y progresistas, son eminentemente reaccionarias y discriminatorias. El paleontólogo Ives Coppens hace una sabia reflexión al respecto (en Luigi Luca Cavalli-Sforza, Genes, pueblos y lenguas, Crítica, 2000):

Cuando vemos, por ejemplo, a los bosquimanos o a los indios de América, relegados en lo que crudamente se califica de "reservas", cabe la pregunta: ¿querer que esas poblaciones continúen con sus tradiciones, sus cantos, sus lenguas, no es prohibirles el acceso al mundo contemporáneo? ¿Acaso esas reservas no son pequeñas islas de origen que mantenemos para nuestro disfrute y no para el de sus habitantes? Creo que esas poblaciones no tienen otra solución que mezclarse genética y culturalmente con nosotros –lo que también vale recíprocamente– o desaparecer. No hay que sentir nostalgia.

El lingüista Gilles Polian, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología (Ciesas Sureste) de Chiapas, escenario de las patochadas del falso subcomandante Marcos, subraya (El País,11/6/2012):

El problema que yo he observado es que la lengua indígena no ayuda. Importa que los hijos hablen español e incluso inglés. No sé si lo definiría como complejo, lo veo más una cuestión práctica, de supervivencia. Si eso tiene como precio perder la lengua, es un precio menor.

Vulnerables a la demagogia
Coppens comete un pecado de candidez cuando presume que los políticos conservan esas pequeñas islas para el disfrute de los espectadores urbanos. En realidad se trata de baluartes electorales, cuyo aislamiento cultural e incomunicación lingüística respecto del resto de la sociedad civil circundante, junto al encadenamiento a mitos y tradiciones anacrónicas, los hace vulnerables a la demagogia y el clientelismo. Nuevamente, nada puede ser más ajeno a las motivaciones de estos políticos que la vocación humanista de preservar lenguas o culturas autóctonas.

Un ejemplo patente de la instrumentalización política del tribalismo retrógrado con fines bastardos lo encontramos en la Constitución boliviana del 2009, aprobada bajo el mandato del manipulador cocalero Evo Morales. En el texto que reproduce la web Pueblos Originarios en América leemos:

Se considera Nación y pueblo indígena originario campesino a toda la colectividad humana que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica, instituciones, territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasión colonial española.

Este pueblo indígena ha sido condenado por dicha Constitución a ceñirse a las formas de vida primitivas de sus antepasados, con sus creencias religiosas, espiritualidades, prácticas y costumbres; su propia cosmovisión; sus saberes y conocimientos tradicionales, su medicina tradicional, sus idiomas. Reviste especial importancia el reconocimiento de la justicia indígena: "La jurisdicción ordinaria y la jurisdicción indígena originario [sic] campesina gozarán de igual jerarquía". O sea, que Evo Morales dejó sentadas las bases para la anarquía sanitaria, educacional, cultural y jurídica que creyó poder utilizar en su propio beneficio, aunque ahora le ha salido el tiro por la culata. Las víctimas del desbarajuste involucionista fueron, son y serán los 60 grupos tribales, a menudo enfrentados entre ellos. Como lo serán las futuras generaciones en nuestra más civilizada España si se convierten en realidad los planes de los balcanizadores.

Exhumaciones mistificadoras
Volvamos, pues, a España. El mismo día en que Rahola dictó su fatua contra la apóstata Dolores Serrat, La Vanguardia publicó una columna de Antoni Puigverd en la que este funambulista, después de vapulear desde la cuerda floja a la misma descarriada, y de remover los venenos de la leyenda negra del anticatalanismo español, deslizó un puñado de arena para compensar la carretada de cal:

Por supuesto: el catalanismo ha fallado mucho en su estrategia de vecindad con Aragón (agua, obras sacras y Juegos Olímpicos de invierno podrían haberse defendido de manera solidaria y mutual [sic] con Aragón). ¿Y qué decir de la identificación política de la lengua con el pancatalanismo? ¡Una fábrica de ganar enemigos!

Pues de eso se trata. Y es lógico, no extraño como afirma Puigverd, que, vista esta "identificación política de la lengua con el pancatalanismo" que practican los ideólogos del irredentismo, el PP desenmascare las triquiñuelas que éstos utilizan para plantar sus banderas en Valencia, Baleares y Aragón, y en el Rosellón francés y el Alguer italiano, con el fin de refundar los Països Catalans que expandieron el gran inquisidor Nicolás Aymerich, el predicador despótico Vicente Ferrer, el depredador Roger de Flor con sus mercenarios almogávares y el rey colonizador Jaime I. Sin que a los secesionistas les importen un pimiento, repito, los aspectos académicos y filológicos que reivindica Puigverd.

Y sin apartarme del tema, abro un paréntesis para recrearnos con la faceta ridícula de estas exhumaciones mistificadoras que reflotan amañadas raíces identitarias, más lejanas aun que las que idolatra Rahola. Escribe Gregorio Morán (LV, 23/6/2012):

Vamos a vivir un afloramiento astur-txale, variante autóctona del independentismo, pero en plan sidrería y sacar pecho, "venimos del siglo noveno". Un reciente titular anunciaba los restos de un chaval de hace 49.000 años hallado en las faldas del Sueve: "Niño, asturiano y neandertal". Ahí queda eso.

Ahorcadas en Massachusetts
Ahora hablemos en serio. Baltasar Porcel contó en Retrato de Julio Caro Baroja (Círculo de Lectores, 1987) que, cuando le planteaban que con el autonomismo la gente sentía una mayor impresión de libertad y hablaba de las libertades forales y de las leyes de cada reino antes de la Nueva Planta impuesta por Felipe V, don Julio respondía:

Sí, en efecto, con todas esas leyes en Navarra, Aragón, Cataluña, serían muy libres, pero en las cosas fundamentales desde el Renacimiento, que son la libertad de conciencia del hombre, la de expresión, la de elección, no sólo no lo eran sino que vivieron cientos de años con la Inquisición y no les importó. Luego, este foralismo y las llamadas libertades colectivas no comportaban las libertades que quiere y necesita el hombre de hoy, las individuales.

Naturalmente, ninguna invocación visceral a la mitología lingüística e identitaria encarnada en el Aragón de hace 800 años resiste la comparación con este modelo de discurso ilustrado. Y fue el muy añorado profesor Juan Ramón Lodares quien abordó el tema con su proverbial racionalidad en El paraíso políglota (Taurus, 2000), poniendo en su lugar al conglomerado reaccionario, que él llamaba "tradicionalista":

Sin embargo, no es normal que se combata abierta o sigilosamente el realismo lingüístico, es decir, el interés de los hablantes por pasarse a la lengua que a su juicio les brinda más oportunidades. En términos generales, la lengua que más atrae a nuestros realistas es el español, a casi nadie le interesa perderlo o dejar de dominarlo. Por eso el combate del nuevo tradicionalismo no es un combate contra el español en sí, que sería un combate absurdo, porque incluso si todos los catalanes, vascos, gallegos, valencianos, mallorquines, asturianos, aragoneses de la Franja (o aragoneses todos), etcétera, etcétera, decidieran abandonar el español, numéricamente no se notaría. Se notaría en otras cosas: la gente en España quedaría más aislada, la vida sería más incómoda y las comunicaciones mucho más costosas y difíciles, pero la lengua española en sí perdería un porcentaje ridículo de su población (recuperable por México en cuatro o cinco años). El combate es mucho más preocupante, porque lo es contra el realismo lingüístico, es decir, contra personas que quieren elegir y se ven coartadas. En España se combate el realismo de diversas maneras, pues se supone que en las áreas de contacto lingüístico el realista ha de ser forzosamente bilingüe, en lugar de ser tranquilamente hispanohablante. Ha de hacerse bilingüe, además, según planes de ingeniería social trazados por consejerías y comités de expertos que orientan "científicamente" el futuro de las masas.

En esas estamos mientras continúa la navegación rumbo a la Ítaca soberana. Ahora, nos quieren convencer de que esa Ítaca tiene el perfil de Massachusetts. Cuidado. El Massachusetts de hoy es un prodigio de modernidad y desarrollo científico, es inseparable de esa potencia formidable que se llama Estados Unidos, y sus habitantes hablan el mismo idioma que se habla en el resto del país. Pero el peligro reside en que nuestros secesionistas tienen la malsana obsesión de mimetizarse con las supercherías del pasado, y fue precisamente en Massachusetts, en la aldea de Salem, donde a finales del siglo XVII los puritanos, adoctrinados por el implacable teólogo Cotton Mather, ahorcaron a unas díscolas mujeres acusadas de brujería. A las hoy famosas brujas de Salem, inmortalizadas por Arthur Miller, también las consideraron botifleras, o sea traidoras. Traidoras a la identidad, los dogmas y los prejuicios de sus antepasados.

Cataluña
"Pese a las sentencias, no tocaré la inmersión"
Mas, insiste: “Puede haber sentencias, resoluciones, todo lo que quiera, [pero] no se tocará la inmersión en catalán”
El presidente de la Generalidad desafía a la legalidad vigente y asegura abiertamente que no aplicará las múltiples sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que ordenan el restablecimiento del bilingüismo escolar.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com  4 Julio 2012

“En términos legales, ante una ley del Parlamento [autonómico] de Cataluña que hipotéticamente contradiga una ley del Parlamento español, el Gobierno [autonómico] seguirá la legalidad del Parlamento [autonómico] de Cataluña. Y no nos dejaremos decir que no es legal lo que estamos haciendo, porque defendemos que somos una nación y entendemos que la voluntad democrática expresada pacíficamente está por encima de todo. [...] Nosotros creemos que el derecho a decidir reside en el Parlamento [autonómico] de Cataluña. Por tanto, hemos de ser consecuentes con esto”.

Con estas palabras, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU), confesaba, en una entrevista publicada el pasado 22 de mayo en el diario Ara, el desprecio de la formación nacionalista al Estado de Derecho y la jerarquía normativa, un planteamiento que, lejos de quedarse en una simple declaración de intenciones, es una práctica cada vez más habitual por parte del Gobierno autonómico.

Actuar como si Cataluña fuese un estado independiente
La “transición nacional hacia el derecho a decidir” planteada por el presidente de la Generalidad, Artur Mas (CiU), como su principal objetivo político a medio plazo, pasa por actuar como si Cataluña fuese un estado independiente, tal y como ha reconocido en más de una ocasión el secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), Oriol Pujol.

En este sentido, Mas ha subrayado este martes la importancia de que la legislación autonómica se avance a las normas que se aprueben a nivel nacional para así blindarse frente unas supuestas invasiones competenciales “constantes” por parte del Ejecutivo:

“El Gobierno [autonómico] de Cataluña y las instituciones catalanas necesitan protegerse también en su actuación para poder defender las competencias y para poder defender la anticipación de determinadas decisiones. Nos deberíamos anticipar a algunas cosas que sabemos que pasarán para, de esta forma, fijar nuestra posición y tener la norma propia, pero sabiendo que nuestra forma de acabar teniendo la norma acaba siendo mucho más, a veces, farragosa, tal vez garantista también, y eso es bueno en este sentido, pero en cualquier caso más farragosa, que otros gobiernos que están actuando de otra forma, y que algunas veces esta actuación nos está debilitando nuestra capacidad de autogobierno”.

El líder de CiU ha hecho estas declaraciones durante la presentación del informe de 2011 de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalidad, unas críticas que se referían especialmente a los últimos decretos-ley sobre educación y sanidad, y que el Ejecutivo autonómico no ha descartado llevar ante el Tribunal Constitucional.

La Generalidad ignora la legalidad vigente en materia lingüística
Sin embargo, las amenazas de los dirigentes nacionalistas no son simplemente palabras. La realidad es que la Generalidad actúa desde hace tiempo en diversos ámbitos como si no existiese una normativa nacional de rango superior a la autonómica, y el caso más evidente es el lingüístico, materia que Mas ha calificado siempre como una de las “líneas rojas” que no permitirá cruzar a ninguna ley ni ningún tribunal nacionales.

De hecho, la Generalidad sigue aplicando impunemente la inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán a pesar de que el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo han reiterado en innumerables ocasiones que es ilegal la prohibición del español como lengua vehicular en las escuelas de Cataluña.

El argumento utilizado por CiU es que la Ley de Educación de Cataluña avala la inmersión, obviando que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto modificó de facto ese régimen lingüístico.

Si la inacción de los diferentes gobiernos y tribunales ante estos flagrantes desacatos a la ley es sorprendente, no lo es menos la posición del PSC en este ámbito. El ex presidente de la Generalidad José Montilla, al igual que ahora hace Mas, propuso en su momento burlar la doctrina del Constitucional mediante ‘soluciones legislativas’ alternativas, asegurando que el Alto Tribunal se había “extralimitado” de sus funciones.

‘Uno de los fenómenos más graves que se están produciendo en España’
El ex ministro de Justicia Francisco Caamaño (PSOE) tuvo que recordar el pasado viernes, durante unas jornadas sobre ‘derecho a decidir’ organizadas por la Fundació Rafael Campalans, que la Constitución no otorga competencias exclusivas a las CCAA, sino que establece aquellas que ‘podrán asumir’, siempre limitadas al control de las mismas por parte de las Cortes Generales -mediante leyes marco y de armonización- y de los tribunales, ‘aun en el caso de materias atribuidas a la competencia’ de las CCAA, subraya la Carta Magna.

La periodista Victoria Prego consideró la semana pasada que la insumisión de la Generalidad frente a las sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo sobre bilingüismo escolar es ‘uno de los fenómenos más graves que se están produciendo en España sin que desde el poder Legislativo nadie haya dado todavía señales de haber comprendido la extraordinaria capacidad destructiva que tiene el asunto. Y sin que nadie, por tanto, se haya puesto inmediatamente a resolverlo’.

Mas alardea de que incumplira las sentencias contra la inmersión
Este mismo miércoles, Mas ha asegurado durante la sesión de control al Gobierno autonómico celebrada en la Cámara autonómica que no piensa acatar ninguna sentencia que afecte a la inmersión obligatoria:

“No habrá ni un paso atrás en este modelo de inmersión en catalán. Puede haber sentencias, resoluciones, todo lo que quiera, pero el modelo es el que es, está socialmente aceptado por parte de más del 90% de la sociedad catalana y de una amplísima mayoría de esta cámara. Y, sobre todo, una cosa que sería un argumento jurídico, además, que es que hay una ley que se llama Ley de Educación de Cataluña, también ampliamente votada por esta Cámara y vigente, que está por encima de cualquier decreto que pueda estar impugnado, y esta ley no ha sido impugnada, y por tanto, el curso que viene se aplicará la ley, que quiere decir que no se tocará nada respecto a lo que hay ahora desde el punto de vista de la inmersión lingüística en catalán“.

La pregunta que se deriva de las palabras del presidente autonómico es evidente: ¿Actuarán el Gobierno o los tribunales para restablecer la legalidad vigente en Cataluña? Todo apunta a que eso no sucederá a corto plazo.

EL 12 DE JULIO
El PP homenajeará en Ermua a Miguel Ángel Blanco al cumplirse 15 años de su asesinato
J. M. R. | BILBAO. El Correo 4 Julio 2012

El PP del País Vasco ultima un acto de partido para homenajear a Miguel Ángel Blanco, al cumplirse quince años de su asesinato a manos de ETA. Los populares de Euskadi rendirán tributo el próximo 12 de julio a quien fue su concejal en el Ayuntamiento de Ermua. Un día después, el propio Consistorio, gobernado por el PSE, organizará una ceremonia más institucional para honrar su memoria.
Miguel Ángel Blanco fue secuestrado por ETA un 10 de julio de 1997. Ni las multitudinarias manifestaciones exigiendo su liberación, que dieron lugar al llamado 'espíritu de Ermua', ni los desesperados emplazamientos de gobiernos y partidos lograron doblegar a los terroristas. En un ultimátum que desató una honda conmoción social dentro y fuera de Euskadi, la banda terrorista le asesinó dos días después.

Junto al monolito
Desde entonces, el PP y el Consistorio vizcaíno han recordado cada 12 de julio a Blanco. En coincidencia con el 15 aniversario de su muerte, los populares del País Vasco ser trasladarán el jueves de la semana que viene hasta Ermua para rendir un homenaje a su concejal, presumiblemente en los alrededores del monolito levantado en memoria de las víctimas del terrorismo. Un día después, la jornada de recuerdo será promovida por el Ayuntamiento desde un plano más institucional.

Asimismo, la Fundación Miguel Ángel Blanco que preside su hermana, Mari Mar, ha decidido organizar en septiembre un homenaje en el que se concederán distinciones a los ayuntamientos españoles que se hayan sumado a los actos de apoyo al concejal asesinado por ETA.

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