AGLI Recortes de Prensa   Sábado 7 Julio 2012

Otro viernes incierto
EDITORIAL www.gaceta.es 7 Julio 2012

La imperiosa necesidad de luchar contra el déficit, que obliga a España a colocar deuda pública con unos intereses que bordean lo inasumible, ha hecho de cada viernes una jornada de espera de los acuerdos de un Gobierno sometido a la presión de recortar el gasto, aumentar los ingresos o ambas cosas a la vez. La inquietud deriva de la certidumbre con que el común se enfrenta a la realidad: haga lo que haga el Gobierno, pagarán los mismos; y si no hace nada, no sólo será peor, sino que además también pagarán los mismos. La única posibilidad de transformar la inquietud en esperanza reside en que algunos de los recortes se parezcan a lo que tantos reclaman: disminuir el tamaño de la Administración, reducir el número de personas que cobran del Erario, liquidar empresas públicas fantasmales, superfluas o tapaderas de enjuagues inconfesables, suprimir todo gasto suntuario, devolver a su tamaño razonable el parque móvil, acabar con el chorro de subvenciones a las iniciativas más peregrinas y berlanguescas imaginables, etc. Pues bien, el Consejo de Ministros de ayer, al menos según la referencia oficial y la ampliación ofrecida por la vicepresidenta y el ministro de Justicia, no decidió nada en este sentido. La señora Sáenz de Santamaría comentó detalladamente los ahorros –de unas decenas de millones de euros, al parecer– que se pueden conseguir cambiando la gestión del patrimonio inmobiliario del Estado y renegociando los alquileres; pero esos comentarios no se referían a un decreto o una orden ministerial, sino a un informe sobre el asunto. El otro punto objeto de ampliación fue..., otro informe, esta vez el del ministro de Justicia relativo a la posible reforma del Consejo General del Poder Judicial. No hubo novedades respecto a lo ya anunciado al principio de su mandato. Y apenas nada más, salvo la recomendación de que nadie se ponga nervioso y mantenga la cabeza fría ante el disparo de los intereses de la deuda que tratamos de colocar.

No alcanzamos a comprender esta especie de juego con que el Gobierno parece divertirse manteniendo en secreto medidas que no tendrá más remedio que hacer públicas, a no ser que esté improvisando y lanzando globos sonda en cuya función ir administrando las decisiones y su publicidad. Lo cual sería aún peor que andar jugando al escondite. Porque, ciertamente, que a estas alturas, tras medio año de ejercicio del poder, todavía no se conozca un plan mínimamente articulado, coherente, con su correspondiente calendario, sobre el ahorro del gasto público consuntivo o las reformas fiscales es algo que no favorece el sosiego, ni desde luego la confianza del mercado, que si abomina de algo, es de no saber a qué atenerse.

Mariano Rajoy presumió durante toda su campaña electoral (y aun antes) de ser “previsible”. Lamentablemente, hemos de desmentir este autoelogio. Lo que hasta ahora viene caracterizando al presidente del Gobierno, lejos de ser su previsibilidad, es exactamente lo contrario, es decir, la incertidumbre que desparrama por doquier. La coletilla humorística “o no”, que tanto juego ha dado a sus imitadores, ha pasado del chiste a la realidad. Pero un día tendrá que definirse. O no.

Trampa de elefantes y “pánico” financiero
Pablo Sebastián www.republica.com  7 Julio 2012

Pronto vamos a saber si la UE quiere ayudar a España comprando deuda a través del BCE o si por el contrario prefieren que España solicite el gran rescate de la deuda del Estado por los fondos de estabilidad de la UE, algo que los españoles e italianos presentaron como una gran conquista en la cumbre del Eurogrupo de la UE de los pasados 28 y 29 de junio. Esa trampa de elefantes en la que Rajoy y Monti se han metido ellos solitos y que les va a obligar a admitir -si finalmente piden esa ayuda- la intervención de nuestro país por la “troika” de los “hombre de negros” de la Comisión, el BCE y el FMI. Y vamos a ver los ajustes que presentará Rajoy esta próxima semana a remolque de los que acaba de presentar Monti en Italia (reduciendo funcionarios y provincias, entre otras cosas), que le ha vuelto ha madrugar la iniciativa al español alejando su país del riesgo de rescate global y en plena y continua confidencia con Merkel, a la que acaba de recibir en Roma, mientras su país se aleja ¡en 100 puntos! por debajo de la prima de riesgo de España.

Estamos viviendo momentos de alarma y alta tensión financiera y social, por el nuevo ataque de los mercados a la deuda española y ante el anuncio por el Gobierno de duras medidas de ajuste social que incluirán varias de la Administración para evitar duplicidades y el cierre de empresas públicas, además de subida de la edad de jubilación, bajada de la tasa de desempleo a 15 meses, reducción de empresas y cargos públicos y otros ajustes fiscales como la subida del IVA y más reformas, que van provocar nuevas y duras tensiones económicas y sociales. Medidas con las que el Ejecutivo del PP pretende transmitir a la UE y a países como Alemania (o Finalndia y Holanda) que España mantiene sus objetivos de déficit y cumple sus compromisos a ver si con ello el BCE se anima a comprar deuda española, para evitar que el anunciado rescate de la banca española (recalentado ayer con la imputación de la cúpula de Bankia) se extienda al rescate general de la deuda del Estado ante la gravedad de los acontecimientos. Aunque nos temmemos que la UE prefiera el rescate de España para controlarla en vez de mas ayudas del BCE.

España ha regresado a la zona de emergencia financiera con la vuelta de la prima de riesgo en los 563 puntos, tipos de interés al 7% (el pasado jueves España pagó bonos a 10 años a 6,50 %), nuevas caídas de la Bolsa, lo que nos lleva a la situación de alta tensión y pánico que ya vivimos en la víspera de la cumbre del Eurogrupo de la UE, cuyas medidas en favor del rescate directo de la banca española y de futuras ayudas a la financiación del Estado, no han servido para nada. Ni siquiera sirvió la bajada ayer de los tipos de interés del BCE al 0,75 %.

En estas graves circunstancias de los ajustes del gasto público y social -que se añaden a los implementados en la redacción de los Presupuestos del 2012-, cabe preguntarse si el Gobierno sabe hacia dónde va, o si va improvisando y dando “palos de ciego” a ver si da con la tecla mágica que nos permita un tiempo neutro o de sosiego, antes de entrar en el incierto verano financiero en el que este país podría acabar solicitando el rescate general ante las instancias de la UE, lo que tampoco habría que descartar.

La gravedad de la situación está provocando a la vez un deterioro de la vida política española, por ausencia de Rajoy y su Gobierno del Parlamento -se esperan grandes anuncios el próximo día 11 de julio-, y la falta de acuerdos con los primeros partidos de la oposición. Lo que hace que el Ejecutivo se dedique a Gobernar por decreto ante la falta de acuerdos con los primeros partidos de la oposición, que tampoco parecen estar a la altura de la situación: los nacionalistas culpando de la crisis y de sus errores a España; y el PSOE aparentando apoyos simbólicos al Gobierno pero a la vez defendiendo su “coto electoral” y base social, con duras críticas a los ajustes sociales que se acercan y que nos podrían traer nuevas y sonadas protestas sociales.

La buena práctica democrática, en las actuales circunstancias y la necesidad de una política ordenada y puntual de comunicación del Gobierno -se habla de la posible incorporación al Ejecutivo de Rajoy y al PP de los ex ministros de Aznar, Piqué y Arenas, para cubrir este déficit de comunicación- constituyen elementos claves de la situación general que vivirá en los próximos días momentos de especial interés por cuanto el próximo lunes 9 España deberá anunciar la cantidad de dinero que pide a la UE para el rescate de sus bancos y cuyo tope máximo es de 100.000 millones euros, mientras que el miércoles 11 se espera que Mariano Rajoy anuncie en el Parlamento el nuevo paquete de ajustes, reformas y medidas con el que piensa cumplir sus objetivos de déficit que alguna fuente ha calculado en cerca de 30.000 millones de euros.

Ajustes que podrán ser bien recibidos en la UE, porque en ellos se incluyen varias de las exigencias de la Comisión Europea y FMI para el rescate bancario -a pesar que el Gobierno insiste en que no hay condiciones políticas y económicas, lo que no es cierto-, pero que no van a impresionar a los mercados porque este sector solo se guía por la cuenta de resultados de cada día, y sabe que la deuda española (pública y privada) es inmensa, que estamos en la zona más dura de la recesión y que los ajustes del gobierno llevan el virus de la tensión social y de una menor recaudación de fondos del Estado si cae la actividad empresarial y sube el paro y todo su gasto social. El que Gobierno pretende paliar bajando la tasa de la cobertura de desempleo.

No obstante, el Gobierno pretende con estos ajustes decir a la UE que España cumple y espera en contrapartida ayudas inmediatas del BCE en compra de deuda y adelanto de ayudas a la banca. Pero de la misma manera que a los mercados no le impresionan estas medidas de efectos a medio plazo, no sabemos si la UE si va a reaccionar acelerando la compra de deuda, o si al contrario va a empujar a España a solicitar un rescate general de su deuda lo que sería un gran fracaso político y un desastre nacional. Un escenario muy duro para el que haría falta que el Gobierno tuviera previsto con su correspondiente “Plan B”. Aunque mucho nos tememos que esa situación no la contempla el optimismo voluntarista en el que se ha instalado Rajoy, convencido quizás de su capacidad para presionar a la UE, como lo hicieron él y Monti en la pasada cumbre europea con el argumento de que es el euro el que peligra si España e Italia caen. Una apuesta arriesgada que tiene una posible respuesta: España no caerá porque la vamos a intervenir de una vez por todas y de verdad.

Un ERE de politicos y asimilados
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 7 Julio 2012

Sabemos que hay que prescindir de cosas porque estamos prescindiendo de ellas. Diría más, las casas , las familias supieron mucho antes que el Gobierno la que se les venía encima y adoptaron las medidas pertinentes de manera mucho más atinada que el entonces presidente Zapatero las suyas. Baste recodar al respecto que mientras nuestros evanescente ZP tuvo la ocurrencia de dilapidar 19.000 millones de euros en poner pajareras en el jardín (aquello fue el plan E) las gentes de a pie ya se ataban los machos y se ajustaban el cinto.

Porque la economía no es algo ajeno a lo cotidiano sino lo más cercano a la realidad. Así que cuando se ha gastado sin control, se ha entrampado uno hasta las cejas, los ingresos han caído en picado y no hay manera de mantener la casa todo el mundo sabe que hay que olvidarse de algunas o muchas cosas que esa familia “ya no se puede permitir”. Que hay que salvar lo esencial, o sea, la propia casa, el condumio y la escuela de los chicos y el médico de la abuela. Lo demás quedará para la nostalgia del tiempo que se fue y quizás para la esperanza por si vuelve. Pero hasta en lo primero habrá que hacer recortes y dejarse de lujos gastronómicos, uniforme de diseño y enfermera de postín.

Eso lo sabemos todos. Otra cosa es que nos guste. Por tanto también comprendemos que cuando la casa común de la Nación se enfrenta a un problema similar, aunque inmenso de magnitud, tenga que hacer ajustes, prescindir de cosas y dejar de darnos aquello que ya como conjunto no nos podemos permitir. Por la simple y contundente razón de que no lo podemos pagar, porque estamos entrampados y ni siquiera tenemos ya quien nos preste.

La clave está en decidir, tanto en un Gobierno como en una casa, que es aquello de lo que nos vemos obligados a prescindir y en todo aquello en lo que debemos recortar. Para que no se nos venga abajo todo y nos quedemos, al fin, sin nada. Y en eso es en lo que estamos. En que ahorramos, donde recortamos, hasta en los más delicados asuntos, para lograr mantener el tinglado. Porque el objetivo es mantenerlo. Las prestaciones del paro, las pensiones, la sanidad publica y la educación. Y hasta ahí puede entenderse que se recorten elementos no fundamentales y, desde luego, se persigan fugas y fraudes.

Todo ello puede ser entendido por la sociedad. Y lo está aguantando. Rechinando los dientes, claro. Porque a nadie le gusta. Pero entendiendo de alguna forma que no queda otro remedio. Pero hay una cosa que no puede, ni debe ni es posible entender. Que mientras los administrados las pasan negras, los administradores silben. No es de recibo.

Aquí todos hemos apechugado con un ERE. Todos menos los políticos. Y los asimilados. O sea, todos esos centenares de miles que a lo largo de lustros se han “colocado” en las administraciones y en las empresas publicas. De todos los partidos y cada uno en alícuota cota dependiendo de poder y momento. La “profesión” no se ha tocado. Se ha dado algún retoque y ha hecho muchas declamaciones. Pero hasta el momento se han salvado del ERE. Y les toca. Le toca de inmediato y con urgencia. Les toca porque eso si que no se lo aguantamos, ni vamos a aguantarlo. No nos pueden decir que nos amputemos un brazo y ellos no tocarse un dedo.

La administración y los administradores deben adelgazar. Esta hinchada, duplicada, triplicada y cuadriplicada. Tenemos más de tres millones de funcionarios. Que unos lo son de verdad “ de carrera”, que se lo han ganado (por cierto que a ellos si les ha tocado la vara del tio Paco) pero hay toda una grasa acumulada que no lo son. Que son los “funcionarios de partido”, que se han enquistado y que son lo verdaderamente insostenible del sistema. Y esa es la madre del cordero. Y el padre.

Esa es la gran reforma, la que parece ser la imposible de afrontar, a la que sin embargo es cada vez más imprescindible meterle mano. Hay que hacer un ERE de administraciones y de administradores. Y le toca hacerlo al Gobierno del PP y eso significa empezar a hacerlo por los suyos, que en casi todas partes gobiernan y administran.

Porque esa es otra. La dialéctica real, la discusión o el dialogo, está entre el Gobierno y la sociedad. Es hacía el hacia quien se dirige la interpelación y la mirada. La dirige la ciudadanía. Porque sabemos quien es el verdadero interlocutor. Porque seamos claros, por mucho ruido, que armen, los anteriores en el cargo, esos poco pueden decir aquí. Al menos por un tiempo. De los que dejaron la casa en ruinas no vamos a esperar, ni espera ni casi tolera casi nadie, que den ahora consejos y menos que exijan milagros. Pero a los que asumieron el mando y el control, a los que gobiernan es a los que hay que exigirles y obligarles. Entre otras cosas, y urgentemente, un ERE. Su propio ERE.

Deuda
El mensaje del BCE
Emilio J. González Libertad Digital 7 Julio 2012

La negativa del Banco Central Europeo a adoptar medidas adicionales en favor de las economías más débiles de la zona euro, más allá de la rebaja de tipos de interés que aprobó este jueves, ha puesto al Gobierno en una difícil situación. Después del margen de confianza logrado la semana pasada, tras el Consejo Europeo de Bruselas, este viernes la prima de riesgo ha vuelto a subir hasta los 561 puntos, colocando nuevamente a España al límite en materia de sostenibilidad de deuda pública. ¿Qué pretende con ello el BCE? Mandar al Ejecutivo de Mariano Rajoy el mensaje de que ya es hora de que empiece a tomar medidas.

Hasta ahora, el BCE ha venido sosteniendo la deuda pública española mediante intervenciones en los mercados para evitar que la prima de riesgo se dispare, con el fin de dar tiempo al Gobierno para preparar las medidas necesarias de ajuste presupuestario; pero se ha encontrado con que el Ejecutivo no solo no ha trabajado en esas medidas, sino que ha habido que forzarle a aceptar el rescate europeo del sistema financiero español. Al BCE, por tanto, se le ha acabado la paciencia con nuestro país, y lo que le viene a decir con su negativa a continuar con el programa de compra de deuda pública española en los mercados para mantener la prima de riesgo en niveles manejables es que ya no está dispuesto a esperar más; si no se toman medidas, que el Gabinete acuda al Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE) en busca de ayuda. Por supuesto, este es un extremo que el Gobierno rechaza por completo, porque la ayuda del MEDE significaría la imposición a España, por parte de la Comisión Europea y del propio BCE, de las medidas de ajuste que hasta ahora no se han tomado. Dicho de otra forma, equivaldría a intervenir de facto la economía española, con lo que ello supondría de durísimo golpe político para Mariano Rajoy y su equipo.

A Rajoy, por ello, no le queda más alternativa, si quiere evitar la intervención, que anunciar rápidamente todo un programa contundente de medidas de ajuste, con cifras y calendario de ejecución, que sirva para que los mercados se crean el compromiso del Gobierno de cumplir con los objetivos presupuestarios pactados con la Unión Europea. Si el presidente no lo hace así, lo que le ha venido a decir el BCE es que está dispuesto a dejar caer a España. El presidente, por tanto, debe ser claro y contundente en su próxima comparecencia en el Congreso de los Diputados acerca de lo que piensa hacer, concretando las medidas que va a tomar, cuantificando las mismas y dando fechas concretas para su aprobación, porque a estas alturas de la película ya no basta con anuncios genéricos. Lo que quieren los mercados es concreción, y no van a aceptar otra cosa.

Bankia y el pozo séptico del sistema
José Antonio Zarzalejos. El Confidencial 7 Julio 2012

“Lo que las leyes no prohíben, puede prohibirlo la honestidad” (Séneca)

La ciudadanía venía avisando. La clase política estaba siendo percibida -y sigue siéndolo- como un problema desasosegante para los españoles. Así lo registra machaconamente, barómetro tras barómetro el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Además de torear la inquietud social con brumosas referencias a la regeneración democrática, los dirigentes políticos, sin embargo, se tomaban el síntoma demoscópico a beneficio de inventario y persistían, y lo siguen haciendo, en sus más inquietantes prácticas. ¿Cuáles? Aquellas que, poco a poco pero de forma imparable, degradan el sistema político e institucional: corrupción (caso Gurtel y Eres falsos, por citar dos casos especialmente graves), extrema politización y sectarismo en la conformación de órganos constitucionales –Consejo General del Poder Judicial y Tribunal Constitucional-, desregulación de la Jefatura del Estado que ha propiciado la muy reciente crisis de la Corona, nepotismo en vez de meritocracia, vaciamiento del Estado a favor de una distribución autonómica ineficiente de poderes políticos, administrativos y legislativos y extrema debilidad y subordinación política de las instancias de control y supervisión, en particular, del Banco de España y de la Comisión del Mercado de Valores (CNMV).

A tal estadio de indigencia cívica ha llegado nuestra clase política que, pese al clamor sordo de los ciudadanos, está reciente el bochornoso caso Dívar, persiste la opacidad de los vocales del órgano de gobierno de los jueces que no revelan sus gastos de representación, se continúa renovando el Tribunal Constitucional en función de toscas afinidades ideológicas para neutralizar al Tribunal Supremo en claro fraude a la Carta Magna, se relajan todavía más las condiciones a los defraudadores para que blanqueen sus patrimonios y rentas y pueda prosperar una distócica amnistía fiscal y el Congreso de los Diputados se reduce drásticamente a una Cámara de convalidación de decretos leyes y a rutinarias sesiones de control en forma de toma y daca dialéctico que por reiterado, hastía. El absceso ha ido creciendo hasta que ha terminado por estallar y lo ha hecho por una fisura más que previsible: el caso Bankia.

El Gobierno ha cometido dos errores de bulto que se han comportado con un bisturí quirúrgico: el primero, gestionar sin pericia alguna la nacionalización de la entidad, defenestrando a Rodrigo Rato y permitiendo lo que hoy por hoy es una especulación (19.000 millones necesarios para recapitalizar Bankia); el segundo, bloquear la depuración de responsabilidades políticas en el Congreso, asumiendo que el entero sistema de Cajas de Ahorros, su supervisión -la del Banco de España y la prudencial de las Comunidades Autónomas-, requería un saneamiento ejemplarizante. Un partido con la impertinencia precoz de su etapa iniciática -Unión, Progreso y Democracia- se ha revuelto y ha abierto el portón penal mediante una querella criminal admitida a trámite por el Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, a través de un auto de 49 páginas que linda más con una sentencia condenatoria que con el despacho de un trámite procesal preciso para la depuración posterior de responsabilidades. La resolución del magistrado Andreu es estremecedora –excesiva en sus afirmaciones especulativas y en determinadas expresiones coloquiales- pero constituye una pieza paradigmática de lo que está arraigado en la conciencia colectiva de la ciudadanía: el cincuenta por ciento del sistema financiero español representado por las Cajas, con muy honrosas excepciones, ha sido el pozo séptico de un sistema político que ha ido degradándose de manera imparablemente progresiva.

El Gobierno ha cometido dos errores de bulto que se han comportado con un bisturí quirúrgico: el primero, gestionar sin pericia alguna la nacionalización de la entidad, defenestrando a Rodrigo Rato y permitiendo lo que hoy por hoy es una especulación; el segundo, bloquear la depuración de responsabilidades políticas en el Congreso

Bankia no es Rodrigo Rato o José Luis Olivas; Bankia no es un proceso sumario al PP como muchos quisieran e intentan; Bankia no es una triste excepción de mala gestión -quién sabe si delictiva-; Bankia no es un caso aislado. El caso Bankia es la quintaesencia de la decadencia moral de una clase política que se ha negado tercamente a regenerarse. En el momento en que el Estado permitió que las Comunidades Autónomas dictasen leyes sobre sus Cajas, poniéndolas al servicio de los Ejecutivos de turno, el Banco de España quedó demediado y el sistema autonómico se convirtió en un régimen de taifas. En el territorio de las Cajas se produjo un pacto tácito pero operativo: gestores de conveniencia, consejos de administración y de control tan dóciles con aviesamente ignorantes, y una sistemática implantación en ellas de un muy rentable nepotismo y amiguismo en el que todos ganaban. Ganaban los Gobiernos autonómicos que controlaban a los gestores, muchos de ellos tan serviles como beneficiados con sueldos y pensiones estratosféricas; los partidos políticos que retribuían a sus dirigentes con cómodos y rentables puestos en las entidades y se financiaban con facilidad; los sindicatos que metían la cabeza en el sistema financiero y no se cortaban a la hora de los cobros y los empresarios amigos (del ladrillo y las infraestructuras) que financiaban sus negocios con amplios márgenes.

El 15 de octubre del pasado año escribí en este mismo espacio un texto titulado “Los cajistas se cargan el BdE y el Estado autonómico”. Recibí descalificaciones desde promontorios sociales poderosos: hice populismo, decían, del peor género. Pero ha sucedido como se relató entonces, porque el destape penal de Bankia, no sólo convierte en casi irrecuperable la reputación del Banco de España y, a medio plazo, la viabilidad de la actual conformación del modelo autonómico, sino que cuestiona transversalmente a todos los partidos políticos (PP, PSOE, IU), a los sindicatos (CCOO y UGT), a las patronales empresariales y a la complacencia y a la distracción interesada de muchos medios de comunicación y periodistas que callaron/callamos cuando la obligación deontológica era enterarse cabalmente de lo que ocurría y denunciarlo (y ya escribió Joseph Pulitzer que “las naciones prosperan y decaen simultáneamente con su prensa”). Sin olvidar a la Iglesia Católica, que con Caja Sur echó en esta partida su cuarto a espadas, y a las compañías auditoras, que han hecho la vista gorda en demasía. El cuestionamiento es transversal también en el tiempo: el caso Bankia no es el resultado de unos meses de gestión, de una fusión alocada y de una salida a Bolsa casi fraudulenta, sino el último y quizás más grave episodio de gestión irresponsable y acaso delictiva de la mitad del sistema financiero español bajo la responsabilidad última de la clase política durante muchos años.

No hay sociedad que aguante las dosis de transparencia y veracidad que requiere la depuración de la pésima gestión de las Cajas de Ahorro en medio de una gran recesión sin alterar los mecanismos de autoprotección ciudadana ante el expolio que se ha producido

Estamos ante una posible causa general que, si llega a sus últimas consecuencias, cambiará la morfología político-institucional de España. No hay sociedad que aguante las dosis de transparencia y veracidad que requiere la depuración de la pésima gestión de las Cajas de Ahorro en medio de una gran recesión, sin, de inmediato, alterar los mecanismos de autoprotección ciudadana ante el expolio que se ha producido. El germen del relato del destrozo causado por las malas prácticas de gestión de estas entidades se encuentra en el auto-diatriba del juez Andreu, que ha llamado a declarar a los responsables más obvios de Bankia -aunque en algún caso no precisamente a los más culpables, es el caso del fugaz Ángel Acebes que nada tuvo que ver con los hitos cuestionados de la entidad- pero que ya prevé la comparecencia judicial del ex gobernador del Banco de España, Fernández Ordóñez (¿llamará a Jaime Caruana también?), al auditor de Deloitte, Francisco Celma, y al presidente de la Comisión del Mercado de Valores, Julio Segura. Habrá más testigos: quizás Pedro Solbes y Elena Salgado, quizás Rodríguez Zapatero, quizás presidentes de Comunidades Autónomas -del PSOE y del PP, del PSC y de CiU-, quizás presidentes de auditoras y consultoras, quizás secretarios generales de organizaciones sindicales, quizás obispos, quizá los actuales ministros de Economía y de Hacienda… quizás estemos ante una causa general catártica que higienice el pozo séptico del sistema, salvando, eso sí a las excepciones honradas, solventes, serias y rigurosas –políticas, gestoras y funcionariales- que en este caso van a ser las que confirmen la regla. Que nadie olvide que si España se ha visto en la necesidad de solicitar el rescate bancario ha sido para reponer las pérdidas causadas por un continuado pillaje codicioso de guante blanco y conciencia negra ante los que el Fiscal General del Estado debería estar ya desplegando una batería de querellas para que el caso Bankia sea, como corresponde, el caso del expolio nacional.

Reformar la Justicia, pero con permiso del PSOE
EDITORIAL Libertad Digital 7 Julio 2012

La politización de la Justicia es uno de los males endémicos de la democracia española. Con el nombramiento de los integrantes de los principales órganos judiciales por parte de los partidos políticos, uno de los poderes, el legislativo, somete a su particular criterio el funcionamiento de otro, el judicial, lo que además supone toda una anomalía democrática que contraviene el espíritu de la Constitución.

Precisamente una de las primeras declaraciones públicas del actual ministro del ramo fue un alegato a favor de la recuperación de la independencia del Consejo General del Poder Judicial, argumento que fue saludado convenientemente por los que creemos en una Justicia autónoma como garantía de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Al poco de iniciar su gestión en la cartera de Justicia, Ruiz Gallardón encargó el tradicional informe independiente para mejor llevar a efecto ese mandato constitucional. Elaborado dicho documento por la comisión de expertos nombrada al efecto, nada debería impedir al Gobierno cumplir de forma inmediata su promesa.

Pues bien, ayer fue el día en que, culminados todos esos trámites, el ministro Ruiz Gallardón decidió que, antes de llevar a efecto lo que la lógica aconseja y el ordenamiento constitucional exige, es necesario someter los términos de esa reforma crucial al criterio del Partido Socialista Obrero Español y, en menor medida, al resto de formaciones políticas con representación parlamentaria.

Los socialistas han expresado en repetidas ocasiones su oposición tajante a que dispongamos de una Justicia independiente gobernada por un órgano formado por miembros de la carrera judicial. Fiel a su tradición totalitaria, el PSOE exige que el CGPJ sea un negociado más controlado por el partido en el Gobierno para validar sus tropelías siempre que sea menester, así que, a menos que Gallardón haya decidido timar a todos los españoles en este asunto, poco margen de acuerdo puede existir entre los que quieren liberar a la Justicia del yugo partidista y los que pretenden someterla indefinidamente a su particular fielato.

Hay cuestiones opinables en la gestión diaria de los asuntos públicos en los que el acuerdo entre las fuerzas parlamentarias es garantía de estabilidad, pero desde luego cumplir la Constitución en uno de sus mandatos esenciales no es algo que pueda someterse a una especie término medio con quienes no respetan los principios básicos de las sociedades democráticas.

El actual ministro de Justicia tuvo las agallas políticas de poner sobre el tapete una de las principales cuestiones que afectan al normal funcionamiento de nuestra democracia, la independencia del poder judicial. Ahora le toca cumplir esa exigencia que él mismo se impuso, aunque para ello deba renunciar al acuerdo con un Partido Socialista claramente refractario a perder el control del poder judicial. Si el Gobierno del señor Gallardón ha actuado bajo su único criterio en cuestiones de menor calado, como la reforma laboral, con mucho mayor motivo debería hacerlo ahora en una materia que constituye uno de los tres vértices de toda democracia digna de ese nombre.

CAMPUS FAES
El «aparatoso tinglado» del modelo territorial
González-Trevijano aboga por redefinir el modelo de Estado
Madrid - L. R. N. La Razón 7 Julio 2012

El catedrático de Derecho Administrativo Tomás Ramón Fernández pidió ayer una reforma profunda del modelo territorial porque ha derivado en un «aparatoso tinglado» y en un estado «ingobernable» ante el que hay que actuar. Fernández apostó por la reducción del número de comunidades autónomas. Adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, el catedrático hizo esta reflexión en la conferencia «Reforma institucional y fortalecimiento democrático» que pronunció ayer en el campus de verano de la Fundación FAES dedicada a la reforma del modelo territorial.

«Hay que hacer algo y pronto porque así no podemos seguir». Éste fue el arranque de su brillante puesta en común sobre la «preocupante» situación que atraviesa España.

Según sostuvo, el Estado de las Autonomías actual se construyó «atropelladamente» al margen de toda reflexión, no sólo por el número de comunidades, 17, sino por las competencias «a borbotones» que se les transfirieron «sin pensar en sus consecuencias». «Los problemas derivados de la ausencia de un modelo de Estado no han hecho sino agravar la situación hasta el extremo de hacer no sólo disfuncional, sino ingobernable el entramado institucional», declaró.

Por la tarde, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Pedro González Trevijano, consideró «extremadamente peligroso» que se ponga en cuestión o se dude de la solvencia de la Monarquía u otras instituciones que han permitido, en su opinión, avanzar y fortalecer el sistema democrático español.

Presentado por el director de LA RAZÓN, Francisco Marhuenda, González-Trevijano defendió la fortaleza de las instituciones, especialmente la Monarquía, así como la vigencia de la Constitución de 1978, ya que se declaró un firme convencido de los valores y principios que la encarnan, aunque abogó por introducir algunas reformas. En cuanto al papel de la Monarquía, señaló que se ha ganado el reconocimiento de los ciudadanos, como evidencia el hecho de que sea la institución más valorada por los españoles, según refleja la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Finalmente, González-Trevijano señaló que algunos de los retos que se fijaron en la Carta Magna se han cumplido de una forma razonablemente satisfactoria, si bien ha insistido en que todavía tiene una «asignatura pendiente»: redefinir el modelo del Estado.

Aprueba nuevos recortes
Monti elimina la mitad de las provincias italianas
El ahorro previsto entre todas las medidas será de unos 26.000 millones en tres años; el Ejecutivo de Roma espera evitar la subida del IVA.
Lm/agencias Libertad Digital 7 Julio 2012

El Gobierno italiano aprobó el jueves nuevos recortes en el ámbito de Sanidad y Educación, así como una reducción de personal de la Administración Pública, que le permitirán obtener los recursos necesarios para evitar la subida de dos puntos del IVA, hasta el 23 %, prevista para octubre.

Asimismo, según el comunicado emitido por la presidencia del Gobierno, el decreto prevé intervenir sobre las provincias para reducir a la mitad su número actual, que es de 110, a través de fusiones y uniones de estos entes.

El Ejecutivo aprobó este nuevo paquete de medidas en forma de decreto ley en un Consejo de Ministros que se inició alrededor de las 18.00 horas del jueves y se alargó durante siete horas. En una rueda de prensa posterior a la reunión, el primer ministro italiano, Mario Monti, explicó que el ahorro previsto con estos recortes será de 4.500 millones para esta segunda mitad de 2012, de 10.500 millones de euros para 2013 y de 11.000 millones para 2014.

El jefe del Gobierno italiano señaló que, en función de este ahorro, será posible evitar el aumento del IVA previsto para este octubre, así como durante el primer semestre de 2013, con lo que una eventual alza se aplaza hasta julio del año próximo.

La nueva norma, que ahora deberá ser ratificada por el Parlamento, prevé, entre otras medidas, un recorte del 20% de los cargos directivos en la Administración Pública y del 10% en el resto de niveles. También se fija una reducción no inferior al 10% en el organigrama de las Fuerzas Armadas. Se recortan los gastos de los Ministerios y se endurecerán además los mecanismos de revisión de los procedimientos para la compra de bienes y servicios por parte de la Administración, mientras se limitarán los gatos en coches oficiales hasta el 50% del registrado en 2011.

Otro de los ámbitos sobre los que el Gobierno intervendrá con este decreto ley es el de la Sanidad, con la reducción de los gastos ligados a la compra de bienes y servicios y con rebajas en el gasto farmacéutico.

La aprobación del texto llegó tras una semana marcada por las filtraciones de su contenido y de tensiones con los sindicatos, que tras reunirse con los representantes gubernamentales criticaron que la norma contenía solo "recortes horizontales" y advirtieron de la posibilidad de convocar una huelga general.

Esta serie de recortes, incluidos los aprobados hoy, forman parte de los objetivos de la llamada spending review (revisión del gasto, en inglés) que está llevando a cabo el Ejecutivo tecnócrata del primer ministro italiano, Mario Monti, con la que el Gobierno pretende poner fin al "despilfarro". Para lograrlo, el Ejecutivo nombró a finales de abril al químico y empresario italiano Enrico Bondi comisario extraordinario para la reducción del gasto de la Administración Pública del país.

A mediados de junio el Ejecutivo ya aprobó otros dos decretos con el objetivo de "reducir el peso del Estado y fomentar el desarrollo" que preveían la venta de parte de acciones y de patrimonio inmobiliario estatal, así como reducciones en el personal del Ministerio de Economía y de Presidencia.

Con todo, Italia registró en el primer trimestre de 2012 un déficit público del 8% de su producto interior bruto (PIB), según los datos facilitados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (Istat), que precisó que esa cifra se debe al aumento de los intereses que el país ha tenido que pagar por su deuda.

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La cosecha del error

Iñaki Zaragüeta La Razón 7 Julio 2012

El PSOE vuelve a hacer buena la teoría de que para «votar una copia, voto al original». La política errática del socialismo en el País Vasco, asumiendo los postulados de Eguiguren como si de un partido nacionalista se tratara, obtiene su triste cosecha. Para eso se vota al PNV y a los grupos abertzales. Ésta es la primera conclusión a destacar tras conocerse la encuesta del Euskobarómetro. El nacionalismo aumenta 9 escaños respecto a los comicios de 2009.

Pero la consulta sociológica nos enseña, al menos, un par de lecciones más, tan desesperantes como la primera. Me refiero al error institucional, quizás histórico, de la política de Zapatero de forzar al Tribunal Constitucional a legalizar las candidaturas electorales del entorno etarra. Éstas ya aparecen como segunda fuerza política a escasa diferencia de la primera, el PNV, sin olvidar que ya gobiernan Guipúzcoa por obra y gracia de la torpeza del ex presidente al facilitarle la presencia en las elecciones locales de 2011. Lo que tenía que haberse concedido como resultado de la disolución de ETA, Zapatero se lo dio por delante. Así estamos.

Finalmente, destaca el avance continuo de la izquierda abertzale. Si la vida de España se complica con una mayoría absoluta tan dominante –46 de 75 escaños– pero con lendakari del PNV, ¿qué será si Bildu, Amaiur, Batasuna o como quieran denominarse de aquí a las elecciones, aumenta uno o dos escaños y asciende a primera fuerza con su candidato en Ajuria Enea?

No nos engañemos. Por esa vereda caminamos, gracias a la deriva incomprensible del PSOE, sin que a su jefe actual, Rubalcaba, dé la impresión de preocuparle. ¡Cuán engañados nos tuvo! Así es la vida.

El Foro Ermua secunda la iniciativa de la Fundación Miguel Ángel Blanco
En el XVº ANIVERSARIO MIGUEL ÁNGEL BLANCO
Foro de Ermua 7 Julio 2012

40 municipios españoles recordarán el próximo viernes 13 de julio las Jornadas de Ermua en los lugares que llevan su nombre
www.fmiguelangelblanco.es

A propuesta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, el próximo 13 de julio cuarenta Ayuntamientos españoles que decidieron nombrar una calle, un parque, un polideportivo, una plaza etc. con el nombre de Miguel Ángel Blanco convocarán a sus ciudadanos para realizar homenajes en su recuerdo y en el de todas las víctimas del terrorismo. Actos cívicos sencillos y entrañables: declaraciones institucionales, ofrendas florales, lectura de manifiestos, minutos de silencio, etc. rememorando aquellos días de julio que hicieron salir de sus casas a más de seis millones de ciudadanos por una nueva atrocidad de ETA: el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Aquellos días de julio de 1.997 se convirtieron en la mayor y mejor contestación a la barbarie terrorista, unieron a la ciudadanía en la defensa de su dignidad como seres humanos y españoles y asentaron la mejor metodología en la lucha contra esta lacra: la no negociación, la aplicación del estado de derecho, la solidaridad con las víctimas, la unidad social y política y la deslegitimación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

Entre el 10 y el 12 de julio de 1997, millones de españoles siguieron la crónica anunciada del asesinato de un joven de 29 años, concejal del Partido Popular en Ermua, que fue arrebatado de su familia y asesinado por ETA sin la más mínima piedad, desoyendo la exigencia de todo un país hastiado de la banda asesina y que demostró junto a su gobierno, las instituciones y toda la clase política menos Herri Batasuna ir de la mano para intentar salvar la vida de Miguel Ángel Blanco mostrando firmeza democrática y no cediendo a la imposición de los terroristas.

No podemos olvidar lo que se gritó en las calles: “Sin pistolas no sois nada”; “ETA y HB la misma cosa es”, “BASTA YA, queremos PAZ”. En aquellos días se trazó la línea divisoria entre los demócratas y los totalitarios, la sociedad española tuvo claro quienes eran las víctimas y quienes los verdugos.

Miguel Ángel Blanco permanece en la conciencia y en el corazón de la gente de bien, es un referente y un símbolo de libertad, conciencia y solidaridad, de la defensa de los principios democráticos por los que miles de ciudadanos españoles han dado su vida, su integridad física, su libertad o su seguridad en una larga lucha por la derrota del terrorismo aún sin resolver. Hoy ETA está desbaratada policialmente, pero más fuerte que nunca políticamente. Hoy cien ayuntamientos vascos y navarros, entre ellos San Sebastián y la Diputación Foral de Guipúzcoa son gobernados por Bildu. Estos y sus cinco diputados en el Congreso no tienen nada que decir ante el secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco ni ante ninguna de las miles de víctimas del terrorismo de ETA. Desde el recuerdo de Miguel Ángel Blanco esta situación de humillación a todas las víctimas representa una anomalía ética y democrática.

La Fundación Miguel Ángel Blanco está comprometida con el objetivo de salvaguardar el significado del Espacio Miguel Ángel Blanco, un tiempo y un lugar de la inocencia de las víctimas, de solidaridad social, de defensa de los principios éticos y políticos y de nuestras libertades, que nos unen como sociedad. Hasta la derrota absoluta e incondicional del terrorismo la Memoria de Miguel Ángel Blanco y la de todas las víctimas no descansará tranquila.

La Fundación Miguel Ángel Blanco promueve y coordina la campaña El Mapa de la Memoria Miguel Ángel Blanco, informando con este comunicado de todos los lugares donde se realizarán actos y el desarrollo de los mismos y anima a todos los ciudadanos españoles a secundar estas convocatorias.

CATALUÑA RECLAMA A RAJOY MÁS DE 3.000 MILLONES EN COMPROMISOS IMPAGADOS
Artur Mas pide un crédito urgente de 500 millones a La Caixa para poder pagar las nóminas
Antonio Fernández El Confidencial 7 Julio 2012

Las finanzas de la Generalitat se encuentran bajo mínimos. Tanto que Artur Mas ha tenido que recurrir esta semana a un crédito para poder pagar las nóminas. Según diversas fuentes consultadas por este diario, el Gobierno catalán pidió a La Caixa 500 millones de euros “a una semana vista” ante los problemas de tesorería que afronta. De acuerdo con las citadas fuentes, “se trata de problemas puntuales, de lo que denominamos punta de tesorería”. Otros interlocutores gubernamentales hablan de “tensiones de tesorería” derivadas de la falta de ingresos.

Según las fuentes, el crédito se está negociando todavía, aunque se da por hecho que no habrá muchos problemas para cerrarlo. “El Gobierno necesita liquidez inmediata para hacer frente a unos compromisos y se retornaría enseguida”, añaden. Lo que no quiere el Ejecutivo autonómico es recurrir de nuevo a la emisión de deuda, ya que las cargas financieras que soporta en la actualidad son enormes: cada año paga 1.000 millones de euros sólo en intereses por el servicio de la deuda.

La realidad es que el bajón de los ingresos y la falta de transferencias de la Administración central han abocado a la administración pública catalana a tener que recurrir a la ayuda de la entidad financiera emblemática de la comunidad para poder solventar el bache. Uno de los argumentos ofrecidos es que se debe a la falta de liquidez ante el pago de la extraordinaria de junio, aunque otras fuentes apuntan también a problemas con el sistema informático que provocó fallos en las transferencias de las nóminas a las cuentas particulares de los empleados públicos.

Lo cierto es que el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell, no ha tenido más remedio que poner en marcha esa solución de emergencia ante el colapso de las finanzas. Y eso porque las nóminas de la Generalitat representan un pico: aproximadamente, más de 300 millones de euros mensuales, si tenemos en cuenta los salarios que dependen directamente de las consejerías y de los principales organismos autónomos que dependen del Gobierno, como el Instituto Catalán de la Salud (ICS) o el Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC).

Fuentes del Gobierno catalán consultadas por El Confidencial señalaron a este diario que el problema de las finanzas de la Administración autonómica se han visto agravadas en los últimos meses a causa del incumplimiento de los compromisos de pago del Gobierno central, una acusación que han reiterado en los últimos días tanto el consejero de economía como Artur Mas.

Lo que debe Rajoy
El presidente de la Generalitat aludió al tema en el pleno parlamentario del pasado miércoles, en el que desveló que el Gobierno de Mariano Rajoy debe a Cataluña 759 millones en infraestructuras del año 2011 y otros 211 millones de euros del año 2012. En total, pues, 970 millones de euros que la comunidad catalana ya ha gastado y que tendría que haber cobrado.

Pero además, las fuentes consultadas añaden otras partidas pendientes de cobro. El Ejecutivo central, por ejemplo, tampoco abonó el Fondo de Competitividad del año 2011, lo que representa unos 1.450 millones de euros más. Y, por si fuera poco, existe otro capítulo relativo a los servicios del Estado que presta la Generalitat y que tampoco ha recibido, a pesar de no ser competencia suya, lo que subiría la cifra a varios cientos de millones más. El total del dinero que reclama Cataluña sobrepasaría con creces los 3.000 millones de euros.

“De la Ley de Dependencia, nosotros hemos pagado el año pasado un total de 728 millones de euros, mientras que el Gobierno central aportó sólo 258 millones. De esa partida, a nosotros nos correspondía pagar 493 millones, por lo que hemos abonado 253 millones de euros que tendría que haber puesto Madrid. En otras palabras, según la ley,Cataluña y el Estado deberían sufragar la Ley de Dependencia al 50%, pero nosotros hemos puesto el 67% y ellos menos del 24%. Eso nos representa un esfuerzo adicional considerable en estos momentos de crisis”, señalan las fuentes consultadas.

Ése es sólo un ejemplo, ya que hay varios servicios en situación parecida. ”En el tema delas infraestructuras, que corresponden a la disposición adicional tercera del Estatuto, hay un incumplimiento flagrante. El Gobierno central tenía la lista de sus compromisos y había firmado convenios que, al final, se han quedado en agua de borrajas”. En cuanto a los servicios del Estado prestados por la Generalitat , “lo que ha habido es una deslealtad institucional. Estamos hablando de normativas estatales que afectan al funcionamiento de la comunidad autónoma”.

Bildu lo adelantó
Los proetarras dinamitan el inicio de los Sanfermines
ALBERTO LARDÍES www.gaceta.es 7 Julio 2012

Los batasunos impiden el paso a los concejales e insultan a UPN. La Corporación suspende el acto tras la agresión a un policía municipal.

Era de esperar. Los personajes de la izquierda abertzale volvieron a su senda de violencia contra el diferente. Un grupo de proetarras dinamitó la esperada celebración del Riau Riau en la primera jornada de los Sanfermines de Pamplona. Así, un emotivo y célebre acto que llevaba 16 años sin poder llevarse a cabo nuevamente quedó suspendido.

A las cinco y media de la tarde, puntualmente, la banda municipal de música La Pamplonesa abandonó el Ayuntamiento, en cuya plaza esperaba ya la comparsa de Gigantes y Cabezudos, para liderar la comitiva que debía desplazarse hasta la capilla de San Fermín, en línea con una tradición que data de 1915 y que quedó sepultada desde 1996 precisamente por altercados como el ocurrido esta tarde. Fuentes municipales explican a LA GACETA que un grupo de proetarras, que portaban banderas a favor de los reclusos de la banda, provocaron los problemas, mientras la inmensa mayoría de los presentes quería que el Riau Riau se celebrase con normalidad.

Ni el alcalde, Enrique Maya, ni los concejales pudieron salir del Ayuntamiento. Los insultos y movimientos del citado grupo causaron varias peleas entre los mozos allí congregados. Y la Corporación decidió suspender el acto después de que los batasunos agredieran a un policía municipal que resultó herido, según las mismas fuentes. Para colmo, este grupo y sus afines empezaron a gritar “UPN kanpora” (UPN fuera).

Sin duda, en los altercados se notó la influencia del grupo municipal de Bildu. Y es que esta misma semana los ediles de esta coalición Eva Aranguren y Peio Martínez de Eulate señalaron que la labor del Ayuntamiento consiste en “facilitar el debate” en torno a esta cuestión y en “promover un diálogo incluyente y participativo” con los agentes sociales que intervienen en las fiestas de los Sanfermines.

resultados de 'Hizkuntzen kale-erabileraren neurketa'
El uso del euskera en la calle se ha estabilizado los últimos diez años
En Gipuzkoa, el único territorio donde la evolución es ascendente, un tercio de las conversaciones en el espacio público se hace en esta lengua
NEREA AZURMENDI | SAN SEBASTIÁN. El Correo 7 Julio 2012

LAS CIFRAS
9,4% de las conversaciones en Bizkaia se hacen en euskera, lo que supone un ligero descenso, mientras en Álava suponen un 4%. Gipuzkoa es el único territorio en el que la evolución es ascendente, alcanzando el 32,7%.
66 de cada cien personas que hablaban en la calle lo estaban haciendo en euskera en los lugares en los que más del 75% de la población era euskaldun. Donde el porcentaje de euskaldunes baja del 25%, solo el 3% de las conversaciones son en euskera.
19,2 de las conversaciones entre niños de entre 2 y 14 años se desarrollaban en euskera. Son el grupo de edad que más usa esta lengua en la calle. Y en cuanto hay niños presentes, el uso del euskera crece también entre los adultos.

Los primeros resultados de la sexta entrega de 'Hizkuntzen kale-erabileraren neurketa' (medición del uso de las lenguas en la calle) que realiza desde hace más de dos décadas el Cluster de Sociolingüística y que ayer avanzaron en San Sebastián algunos miembros del mismo, aportan muchos datos y, sobre todo, plantean numerosas preguntas.

El dato más redondo de cuantos incluye la primera entrega del trabajo que ha realizado un organismo que tiene entre sus miembros, entre otros, a varias facultadas de la UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea, la Universidad Pública de Navarra, Eusko Ikaskuntza, Elhuyar o AEK es el que indica que el 13,3% de las conversaciones que se mantenían en las calles del País Vasco y Navarra durante las semanas de 2011 en las que se realizó el trabajo de campo se producían en euskera. Es un porcentaje casi idéntico al detectado en 2001 y casi tres puntos mayor que el registrado en 1989 cuando, a instancias de José Luis Álvarez Enparanza, 'Txillardegi', la aproximación a la realidad del euskera desde la perspectiva de la sociolingüística comenzó a integrar las herramientas y los métodos más avanzados y rigurosos del momento.

La primera conclusión, por lo tanto, parece obvia: en los últimos diez años el uso del euskera en la calle se ha estabilizado o, si se prefiere un término un más contundente, se ha estancado, a pesar de que en el mismo período de tiempo el número de bilingües no ha dejado de crecer.

Realidades muy distintas
La supuesta paradoja y las conclusiones aparentamente obvias que se derivan de ese dato genérico, sin embargo, deben matizarse en función de muchos factores, tal como destacaron en la presentación del estudio los profesores de universidad pública vasca Xabier Isasi e Iñaki Martínez de Luna. En primer lugar, teniendo muy presente que el dato es la media de los que proceden de territorios en los que la situación del euskera es muy diferente.

Así, en el conjunto de Navarra el uso del euskera en la calle se mantiene estable desde 2001 en torno al 5,7%. Algo menos que en Iparralde (6,2%) donde la tendencia a la baja empezó a frenarse hace cinco años. En lo que respecta a la CAV, la presencia del euskera en espacios públicos desciende ligeramente en Bizkaia, quedando en el 9,4%, así como en Álava, el territorio donde menos euskera se habla en la calle, con apenas un 4%.

Gipuzkoa es la otra cara de la moneda. No solo es el territorio en el que el euskera está más presente en el espacio público -el 33% de las conversaciones se desarrollan en esa lengua-, sino que es el único en el que esa presencia no ha dejado de crecer desde 1989, si bien los datos reflejan cierto estancamiento en los últimos cinco años. Por su propia configuración sociolingüística, además, en Gipuzkoa se advierte con especial claridad la relación existente entre la densidad de bilingues y el uso público del euskera. Porque, tal como dos no se pelean si uno no quiere, dos no hablan euskera si uno no puede...

Con constancia ejemplar desde hace más de veinte años, la medición refleja la relación, plasmada en su correspondiente fórmula matemática, entre el porcentaje de bolingües y la presencia social del euskera. La realidad confirma la previsión estadística, y cuando el porcentaje de bilingues no llega al 25%, el uso del euskera en la calle rara vez rebasa el 3%. En el otro extremo, algo que sucede en bastantes municipios de Gipuzkoa, cuando la mayoría de los vecinos saben euskera (entre el 75% y la totalidad), el 66% de las conversaciones en la calle se desarrollan en esa lengua. Como destacaron en la presentación, para hablar en euskera, «no basta con la voluntad o con la lealtad a la lengua, también hacen falta oportunidades».

Por lo tanto, el hecho de que casi el 70% de la población de Euskal Herria viva en territorios en los que menos de una cuarta parte sabe euskera hace que en esos entornos el uso social del euskera sea muy bajo y, en consecuencia, la media parezca también baja.

Getxo subvencionará con 100 euros a quien se saque el carnet de conducir en euskera
El Ayuntamiento, gobernado por el PNV, ofrecerá las ayudas a jóvenes de entre 17 y 23 años.
Europa Press www.lavozlibre.com 7 Julio 2012

Bilbao.- El Ayuntamiento vizcaíno de Getxo, gobernando por el PNV, ofrecerá una subvención de 100 euros a los jóvenes de entre 17 y 23 años que realicen el examen teórico del carnet de conducir en euskera, tras haber realizado la preparación en alguna de las autoescuelas adheridas a la campaña 'Gidabaimena euskeraz'.

El objetivo de esta campaña, según ha informado el Consistorio en un comunicado, es impulsar el uso de la lengua a través de una ayuda que se otorgará a aquellas personas que hayan realizado el citado examen con fecha posterior al 1 de enero de 2012. De momento sólo se puede realizar el examen teórico en euskera, pero varios de los servicios de la Diputación de Vizcaya trabajan para que, en un futuro próximo, exista también la posibilidad de realizar el examen práctico en euskera.

Los jóvenes interesados en la subvención deberán abonar primero la matrícula. La solicitud se presentará con posterioridad a la realización del examen de conducción. Esta ayuda sólo se podrá percibir una vez. En Getxo seis autoescuelas ofrecen la posibilidad de preparar el examen teórico en euskera (Algorta, Amezti, Uribe Kosta, Getxo, Arias y San Inazio, y en las dos últimas también el práctico).

Asimismo, todos los jóvenes del territorio que realicen el examen de conducir en euskera optarán a los regalos que se sortearán este año y que consisten en un vale para 100 litros de combustible, un fin de semana en una casa de agroturismo y un IPAD3.

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