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Un nuevo modelo
José María Marco La Razón 8 Julio 2012
Durante mucho tiempo, los países europeos han vivido en la creencia
de que la esfera productiva iba por un lado y el Estado podía
aplicar cualquier decisión de redistribución de la riqueza que la
primera produjera. Esta utopía convirtió a Europa, incluida Gran
Bretaña, en el último paraíso de la redistribución socialista. Como
consecuencia, la esfera productiva se ha colapsado y con ella el
flujo de riqueza que los estados absorbían para redistribuirla según
criterios políticos. Los estados ya no pueden seguir explotando,
como han venido haciendo a las empresas, a los autónomos, a los
trabajadores. Los ingresos de los gobiernos se han reducido de forma
dramática, aunque no sus gastos. La consecuencia es la gigantesca
crisis de deuda que está asfixiando la vida de los países europeos.
Estamos asistiendo al final de un modelo económico, pero también
social y moral. Hablamos mucho de austeridad, de sostenibilidad, de
recortes… Habrá que empezar a hacerse a la idea de que muchos de los
comportamientos que nos han servido hasta aquí, y que no hemos
abandonado todavía, ya no sirven y probablemente nos condenan a un
período mucho más largo de penuria. En otras palabras: no se va a
restaurar la situación anterior, y la salida de la crisis no atañe
sólo a quienes tienen capacidad de decisión política. Afecta a todo
el mundo y alcanza a nuestra forma de vivir y a la forma en la que
trabajamos, en la que contemplamos el futuro, en la que nos
relacionamos con los demás.
Una de las grandes ilusiones que se están derrumbando es la de la
seguridad completa. A todos los niveles, además. Europa es una zona
lo bastante importante como para arrastrar a la crisis a toda la
economía mundial, pero si salimos de esta, nos encontraremos un
panorama muy distinto. Habremos dejado de ser un modelo, incluso en
términos de vida sofisticada y amable, que parece ser la última baza
de Europa. Tendremos competidores económicos, y también competidores
en cuanto al sistema político: la democracia liberal ya no resulta
tan atractiva como antes. En consecuencia, crecerán los riesgos
exteriores. Es posible que acabemos pagando muy caro, y dentro de no
mucho tiempo, los drásticos recortes que se han hecho, y que se
siguen haciendo, en seguridad y defensa.
La ilusión de la seguridad completa era también interna. Habíamos
llegado a creer en un Estado que se pudiera hacer cargo de toda
nuestra vida, desde el nacimiento a la sepultura. Pensábamos que
teníamos garantizado el progreso permanente, y que este se traducía
en menos trabajo, mayor nivel de vida, más acceso a bienes que a su
vez eran cada vez más baratos. La crisis ha pulverizado esta gran
ilusión. Nada de lo que hasta hace tres años parecía garantizado lo
está ahora. El cambio tendrá consecuencias profundas en varios
aspectos.
Uno de ellos es que el Estado no puede seguir suministrando los
servicios que ha dado hasta ahora. Tendrá que volver a lo básico: la
seguridad, la defensa, la ley y algunos programas del Estado de
Bienestar. Los políticos perderán poder y, como no parecen muy
dispuestos a hacerlo, se entiende que sean vistos como uno de los
principales problemas de la sociedad actual. Por otro lado, nos
encontramos –nos estamos encontrando ya– con la necesidad de tomar
nuevas decisiones por nuestra cuenta. Esto crea nuevos desafíos a la
hora de vertebrar una sociedad que ya no podrá depender de los
gobiernos. Instituciones de las que los europeos han creído poder
prescindir cobrarán ahora una nueva relevancia. La familia, la
religión, la nación son algunos de los elementos básicos que
permitirán restaurar la confianza, la compasión, la solidaridad.
La paradoja en este punto es que la cultura oficial de los
gobiernos, la cultura estatal, ha hecho suyo un discurso
hipercrítico hacia estas instituciones. Lo que se difunde en los
centros de enseñanza, en la cultura subvencionada, en la propaganda
oficial (con independencia del color político), es un auténtico
lavado de cerebro anticultural. Si se comprende esto, se entiende
también cómo hemos llegado a este punto y qué es lo que hay que
empezar a hacer para salir de él.
Un Estado sobredimensionado
El método y la reforma del «armatoste»
Ramón Tamames La Razón 8 Julio 2012
Recuerdo bien que en las oposiciones a cátedra de la Universidad, el
primer ejercicio se refería, por lo menos en mis tiempos, a
«concepto, método, y fuentes de la asignatura», asignándose una
especial importancia a la metodología, lo que me suscita ahora una
cierta inquietud por los procedimientos que está siguiendo el
Gobierno Rajoy, cuyos lemas más conocidos y difundidos son los
siguientes: «Nosotros ya hemos hecho todos los deberes, ahora le
toca a Europa»; seguido de otro no menos contundente: «Estoy
haciendo lo que dije que no iba a hacer».
Como declaración de principios, esas dos proposiciones son de lo más
inquietantes. La primera me recuerda aquella de Tierno Galván de que
«los programas electorales se hacen para no cumplirlos». Y la
segunda, no pasa de ser una ratificación de la primera. Los mercados
hablan por sí mismos, nos guste o no, y vienen a decirnos en la hora
presente que España no ha hecho todo lo que tenía que hacer, de modo
que en los últimos días está empezando a anticiparse que del rescate
bancario («Rato pero no consumato»), podríamos entrar en una fase
mucho más peligrosa, esto es, la del rescate global; implicando
dudas definitivas sobre la propia capacidad del Gobierno para
hacerse con una situación que se deteriora día a día.
Porque entre otras cosas, la reforma financiera no ha entrado aún en
lo que constituye la verdadera clave del problema: un stock de
viviendas de reciente construcción sin vender, de 700.000 unidades;
una situación que deriva a un volumen de créditos a promotores
inmobiliarios y constructores calificado cada vez peor, cuyo
provisionamiento está muy lejos de haberse hecho cabalmente.
Todo lo expuesto hasta aquí es para subrayar que la reforma del
Estado sigue pendiente. Los paliativos financieros, la reforma
laboral con todas sus incertidumbres y los retoques varios
adicionales no acaban de ofrecer confianza. Porque el Estado español
es un auténtico «armatoste». Palabra que en el Diccionario de la
Real Academia Española significa «instrumento grande y de poca
utilidad».
Dicho de otra forma, el Estado español es un ente hipertrofiado en
sus efectivos humanos, de muy baja productividad. Mientras sectores
completos de la economía trabajan hoy con la mitad de personal y
producen el triple que hace treinta y cinco años, el conjunto de las
administraciones públicas han más que duplicado sus empleados desde
los Pactos de la Moncloa de 1977, para una población que creció el
20%, con un factor de hiperburocratización, por tanto, superior a
cinco veces.
Y mientras el sector privado ha ganado, a lo largo de casi cinco
años de crisis, seis puntos en productividad (aunque aún le queda
mucho para llegar al 30% deseable y ser competitivo), el Estado, con
un gasto inferior en 2012 al de 2011, pierde de una tacada un 16 %
en productividad al mantener su misma nómina de 3,2 millones de
empleados públicos.
Está claro que en las circunstancias que estamos viviendo, España no
puede funcionar y debe redimensionar su sector público para que todo
marche con mayor eficacia y eficiencia. Lo que significa que debe
hacerse efectiva–debería haberse empezado desde el año 2002 con la
bonanza económica– una contracción de las administraciones públicas
de, por lo menos, un 35%. Como ha empezado a plantearse esta última
semana por el Gobierno Monti en Italia, que ha decidido reducir el
número de provincias de cien a cincuenta. La Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, que se sitúa en el marco de Hacienda,
tendría que tener ya operativos los grandes cambios necesarios, que
muy esquemáticamente trato de relacionar: concentrar municipios para
que en total no haya más de un millar en vez de ocho mil ciento
sesenta, la inmensa mayoría inviables; pasar de cuarenta y cinco
diputaciones provinciales o similares a cero; revisar las cuatro mil
quinientas empresas públicas de los tres o cuatro niveles
administrativos que tenemos, para dejarlas en no más de un centenar
de presuntamente indispensables.
Pero con todo eso no bastará: es hora de repensar también el Estado
de las Autonomías, no para suprimirlo con una reforma
constitucional, sino para adaptarlo a las posibilidades y
aspiraciones de España, y no de los gerifaltes que manejan
diecisiete republiquitas, que nos hacen sospechosos en toda Europa y
en el mundo entero de estar en un proceso de desintegración que nos
haría volver, desastrosamente, a la peseta si no llegamos a tiempo.
En un artículo de urgencia como éste, no vamos a decir mucho más.
Pero sí habremos de manifestar al presidente del Gobierno y a todo
su equipo, a quienes como españoles debemos prestar toda nuestra
ayuda en un momento tan difícil como el actual, que ya no caben más
demoras y tardanzas. El tiempo está acabándose, y pretender resolver
los problemas dentro de seis meses (porque no ha llegado este
informe o aquel, o el de más allá) no es solución sino una senda
hacia toda suerte de calamidades.
El regreso del Estado
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 8 Julio 2012
Lo singular como determinante nos ha traído división, ineficiencia y
ruina
El Estado español ha sido uno de los que ha sufrido un mayor vaciado
en el mundo a lo largo de las últimas tres décadas, hacia arriba por
la cesión de competencias a la Unión Europea y hacia abajo por las
transferencias a las comunidades autónomas. Sin embargo, estas dos
pérdidas de contenido no están inspiradas en la misma filosofía. La
corriente ascendente, que sitúa muchas políticas total o
parcialmente en manos de Bruselas, obedece al principio de
integración, es decir, la superación de diferencias étnicas,
históricas, culturales y de renta, para crear un marco supranacional
inspirado en valores universales que nos proporcione paz y
prosperidad. La descendente, que atribuye a entidades subestatales
amplias atribuciones, no pocas asimismo con carácter exclusivo, se
basa en el reconocimiento de la primacía de aquello que Europa se
afana por superar y al consagrar lo singular como determinante, nos
ha traído división, enfrentamientos, ineficiencia y ruina económica.
Mientras las instituciones comunitarias se han ido reforzando para
impedir la guerra y construir un gran mercado integrado que
multiplique nuestra riqueza, la fragmentación territorial de España
ha desembocado en terrorismo, odio entre españoles, vulneración de
derechos fundamentales y despilfarro incontrolable. La idea de la
subsidiariedad, plena de lógica funcional y administrativa, no debe
ser confundida, como hemos hecho en nuestro país, con la
exacerbación de la identidad hasta transformarla en una fuerza
disolvente, malbaratadora y asesina. Ahora, con la crisis
devorándonos por los pies, redescubrimos el Estado y pretendemos
domar a las autonomías. Demasiado tarde para hacerlo sin traumas,
por lo que más vale admitir que la reparación de un gigantesco error
ha de ser necesariamente dolorosa.
El momento de la verdad
El Editorial La Razón 8 Julio 2012
En el acto de clausura de los cursos de verano del Campus FAES, que
preside José María Aznar, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy,
ha enviado dos mensajes de calado a una ciudadanía que vive con
preocupación creciente la difícil coyuntura económica que atraviesa
España.
Primero, que la salida de la crisis sólo será posible si la nación
comprende, y actúa en consecuencia, que es imprescindible acometer
una profunda reforma del Estado y sus administraciones públicas que
deben ir mucho más allá de la simple reducción del gasto. Una
revisión en profundidad que cure los males que tradicionalmente
lastran nuestro sistema productivo y que el propio presidente del
Gobierno no dudó en citar: la inflación normativa, la multiplicación
de ventanillas y formularios, el ensimismamiento competencial o la
desmesura reglamentista.
No serán, pues, las medidas de urgencia, los denostados, pero
imprescindibles, «recortes», los que garantizarán por sí mismos el
futuro del país. Ha llegado el momento de racionalizar unas
administraciones que, como se explica en profundidad en nuestro
análisis de Primera Plana, vienen multiplicando desde hace una
década el número de empleados y de organismos públicos, con el
consiguiente sobreesfuerzo presupuestario, sin que se pueda
justificar en la existencia de cambios fundamentales en la
estructura poblacional, social o territorial del país. En otras
palabras, la crisis entendida como la oportunidad para acometer la
deseada modernización de un estado hipertrofiado, de imposible
sostenimiento y que en demasiadas ocasiones no es capaz de responder
eficazmente a los verdaderos problemas.
El segundo mensaje del presidente Rajoy tiene a sus destinatarios
más allá de nuestras fronteras, en nuestros socios comunitarios.
Ciertamente, España, como otros países, debe cumplir con las normas
fiscales de la zona euro y afrontar, por duros que sean, los
sacrificios que las circunstancias imponen. Pero si se quiere que la
moneda única sea irreversible, la Unión Europea debe cumplir los
compromisos firmados con el mismo celo y celeridad que se exige a
sus miembros. Y, aquí también, abordar una reforma profunda de los
mecanismos del euro, por más que supongan una cierta pérdida de
soberanía.
Porque sin una gran reforma fiscal y financiera, sin un regulador
único, nuestra moneda dejará de ser instrumento fundamental de
integración para convertirse en un problema que, tarde o temprano,
afectará a todos sus miembros.
Resumiendo. La situación actual de España exige medidas de ahorro y
contención del gasto en el corto y medio plazo. El Gobierno está
decidido a tomarlas. Pero para garantizar la prosperidad del país a
la larga, no son suficientes. También lo sabe Rajoy y está dispuesto
a afrontarlo.
Un Estado sobredimensionado
Ajustar para crecer
Gabriel Elorriaga Pisarik La Razón 8 Julio 2012
El tamaño de las administraciones públicas españolas ahoga al país.
La crisis económica hace necesario un cambio en todos los
comportamientos de gasto y en las pautas de inversión. Tanto las
familias como las empresas lo están realizando ya, con gran
esfuerzo; pero el sector público sigue rezagado. Las
administraciones no han realizado aún una redefinición de su
estructura, ni han adecuado sus niveles de actividad a la nueva
situación. Esta realidad salta a la vista, pero parece que nos
cuesta sacar algunas consecuencias lógicas.
El funcionamiento eficiente de todas nuestras instituciones públicas
es el punto de partida de cualquier estrategia de crecimiento
económico. Unas administraciones austeras y centradas en sus
funciones propias, con estándares de cobertura y calidad de
servicios acordes con la capacidad económica de la sociedad en la
que vivimos, son imprescindibles para salir de la crisis. Cuando
millones de españoles han perdido su empleo y la inmensa mayoría ha
visto ya significativamente afectada su situación económica, las
administraciones públicas deben ser capaces de contener
drásticamente su gasto y, de esta manera, dejar en manos de la
sociedad los recursos que hagan posible retomar la iniciativa y
establecer nuevos cauces para la creación de riqueza.
En España, las administraciones, sus presupuestos, sus empleados,
sus tareas y, por supuesto, sus dirigentes políticos han crecido
mucho más allá de lo que nos podemos permitir. Todavía son muchos
los que, ante cualquier propuesta reformista, se atrincheran en
posiciones inmovilistas, se asustan ante la magnitud de los cambios
necesarios, se acobardan ante las resistencias que cualquier proceso
de ajuste plantea. Pero éste no es tiempo para la indecisión.
La Administración local española es relativamente pequeña. Con
funciones limitadas y una financiación escasa, su tamaño está entre
los menores de los países que integramos la Unión Europea. Pero su
pequeña dimensión en modo alguno avala su eficiencia. Más de 8.000
municipios o más de 1.000 mancomunidades son demasiados. Las decenas
de miles de puestos políticos vinculados a ellas, electivos o
designados, son a todas luces excesivos. Es posible y deseable
promover un cambio que, sin merma de la adecuada representación de
los electores, permita dotar a estas administraciones de la
dimensión adecuada para gestionar los servicios que tienen
encomendados, con eficacia y eficiencia. Más de 7.700 municipios con
menos de 20.000 vecinos son muchos para España; en Dinamarca, tras
la reforma municipal que se puso en funcionamiento en 2007, no hay
ninguno.
El Gobierno popular está empeñado en hacer de la actuación del
sector público un referente de buena gestión de modo que, al tiempo
que se garantizan los servicios esenciales, las administraciones
sean un elemento crucial en la mejora de la competitividad nacional.
Para eso hay que sumar a la inexcusable austeridad rigurosos
sistemas de evaluación de políticas y de resultados, así como mucha
más transparencia en el uso de los recursos de todos. Son muchas las
tareas, acuciantes los plazos e inmensas las dificultades, pero la
ambición reformista ya demostrada en otras reformas se verá de nuevo
reflejada en los próximos pasos que no se harán esperar.
Gabriel Elorriaga Pisarik
Presidente de la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas
del Congreso
Rajoy acorralado. El tiempo no le espera.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 8 Julio 2012
El tiempo de la indecisión se acaba. Los tiempos de Rajoy que dicen
que sabe manejar tan bien, se acaban. Ya no puede dilatar más la
toma de decisiones drásticas de control del gasto público. Y ese
control pasa ineludiblemente por atreverse a dar el paso decisivo de
la renovación estructural del Estado de las CCAA. Hay que
replantearse, como ya ha hecho Italia, la propia esencia de un
modelo autonómico inviable por la incompetencia y provincianismo de
una casta política aferrada a nuevos cotos de poder donde ejercer su
nefasta influencia. Un sistema que ha creado 17 mini estados y un
guirigay de normativas y legislación que ha acabado con la propia
esencia de España como nación.
No queda tiempo para retrasar lo inevitable. Ya no vale con anunciar
medidas, hay que aplicarlas de forma urgente y transmitir a eso que
llaman los mercados, a los socios de la UE y de la zona euro que
España va a cumplir con lo que prometió. Rajoy no tiene mayor
credibilidad qe la que tuvo Zapatero. Más bien al contrario, como ha
dicho la siempre oportunista y populista Rosa Díez, Rajoy ha tardado
solo seis meses en copiar lo peor del zapaterismo. Su extrema
lentitud en la adopción de medidas de reducción de las
Administraciones del Estado, y su negativa a plantear la revisión en
profundidad del modelo autonómico, solo han generado dudas graves
sobre lo que se considera el verdadero lastre de la recuperación de
España.
Por otro lado, no es de recibo el que se haga recaer en los
ciudadanos las irresponsables conductas de esa casta política, que
sigue ajena a cualquier asunción de responsabilidad. Los aumentos de
impuestos y el recorte de prestaciones no pueden admitirse sin antes
haber agotado otras reformas de calado por los verdaderos
responsables de esta debacle. Aquí se sigue cumpliendo que la
tendencia al crecimiento incontrolado de las administraciones va en
proporción a las ambiciones personales partidistas, fomentándose el
clientelismo político de una forma similar al fraude de la compra de
votos, sea en metálico o en especie como acceso a un puesto de
trabajo público por designación directa. La Comunidad de Andalucía
con el escándalo de los ERE's fraudulentos, las subvenciones
injustificadas y los más de 30.000 nuevos funcionarios solo es la
punta de un iceberg de proporciones gigantescas que deja a España en
una situación de país bananero y poco confiable.
Mucho me temo que las recetas anti crisis de Rajoy sigan siendo las
de eludir la toma de decisiones valientes y que esperan los
ciudadanos desde que le otorgaron la mayoría absoluta. Porque para
las tácticas inmovilistas, de distracción y anti sociales, ya
teníamos a Zapatero y sus mariachis. España no puede mantener a
tantos políticos parásitos, a tantos ineptos aferrados a cargos de
responsabilidad, ni a tantos enchufados en las administraciones.
España no puede mantener un sistema autonómico que ha enterrado
cualquier posibilidad de desarrollo y que es una rémora en un
escenario de mercado único y competitivo. España no puede mantener
un gasto muy por encima de su generación de riqueza y productividad.
Se ha acabado el tiempo y ya hay países como Finlandia que no están
dispuestos a ser los paganos de semejante aberración. España no
puede jugar al inmovilismo y a adoptar solo medidas cosméticas. Se
equivoca Rajoy si cree que los ciudadanos van a aceptar seguir
siendo también los únicos paganos de su ineptitud y su negativa a
reconocer que ellos, la casta política, son los responsables. Si
quiere una revuelta social sin precedentes, solo tiene que incidir
en su huida hacia el aumento de impuestos, los recortes de pensiones
y dejar intacto el cáncer administrativo.
La deuda no la han provocado los ciudadanos y sí una pésima e
irresponsable gestión, una corrupción generalizada y un sentimiento
de impunidad total por parte de esa casta política, que no disimula
a la hora de mantener sus prebendas, sus coches, sus escoltas, y sus
indemnizaciones vitalicias valiéndose de su posición de ventaja de
poder legislar bajo el amparo de una democracia prostituida y
tercermundista. La cuerda ya se ha roto y lo próximo será la
consecuencia lógica de haber querido seguir ciegos a una realidad
social.
Adelgazar el sector público
Julio Sánchez Fierro La Razón 8 Julio 2012
La reforma de la Administración es un tema de debate clásico en la
literatura política. Unas veces se centran en saber cuál sería la
estructura y organización idoneas de los poderes públicos y otras se
orientan a determinar cómo conseguir mayor eficiencia en el trabajo
de quienes prestan servicio a los ciudadanos.
Conseguir que el grado de desarrollo del tejido administrativo no se
hipertrofie aún más hasta lograr que sea el adecuado y conseguir que
el volumen de los recursos humanos en la Administracion no se
sobredimensione son, en realidad, dos variables que se entrelazan,
pero, hasta ahora y con cierta frecuencia, sin el deseable acierto.
En España, al igual que en otros muchos países, los gobernantes han
de hacer frente a estos retos que, en esencia, son la calidad y el
coste de los servicios públicos. Ello es siempre importante y aún
más especialmente en tiempos de crisis y de austeridad. Es cierto
que las recetas no serán las mismas, porque diferente es la
intensidad y gravedad de los problemas, pero es habitual la
coincidencia en los objetivos a los que debería responder la hoja de
ruta de la reforma: contar con una Administración ágil y eficiente.
España se encuentra, también en este ámbito, en una difícil
encrucijada, que requiere decisiones ambiciosas y reformas
profundas. Lamentablemente, no disponemos apenas de tiempo para
llevarlas a cabo. Desde instancias europeas se reclama al Gobierno
que haga visibles estos cambios que, por otra parte, vienen
demandados por la imperiosa necesidad de reducir el gasto público.
Tenemos superpuestos y no siempre coordinados cinco niveles
administrativos. Esta compleja organización es hija de vicisitudes
políticas distintas y de momentos históricos diferentes. Por eso, no
es de extrañar que no haya el grado de sintonía necesario entre el
Estado autonómico y la Ley de Régimen Local. Como tampoco lo hay
entre el diseño provincial de Javier de Burgos, hijo del siglo XIX,
y las funciones del moderno Estado del Bienestar. Algo tiene que
cambiar.
Durante estos años se han adoptado algunas decisiones en falso. Así,
la multiplicidad de ayuntamientos (más de 8.000) que no se puede
corregir sin más o creando mancomunidades. De otro lado, la
duplicidad de competencias en servicios públicos básicos está a la
orden del día, pero tampoco se acierta cuando se crean nuevos
organismos para coordinarlas y ganar en agilidad. No se ha buscado
para ello la simplificación y el adelgazamiento de costosas
estructuras. Por el contrario, han proliferado fundaciones, empresas
públicas y organismos que han contribuido al crecimiento del gasto y
al aumento de empleados y directivos. Los datos de la EPA nos dicen
con claridad que cuando baja el empleo en el sector privado, el
sector publico sigue creciendo, menos, pero creciendo.
Han pasado los tiempos de la euforia económica que abonaron el
aumento del sector público, a impulsos de la transferencia de
competencias a favor de las comunidades. Ha pasado también el tiempo
en el que estas últimas rivalizaban entre sí, ofreciendo
retribuciones y condiciones de trabajo sustancialmente mejores. El
Gobierno ha anunciado que va a tomar medidas para reconducir y
reordenar la situación. No deberían contraerse a meras decisiones de
recorte del gasto, porque lo que, fundamentalmente, hace falta es
reformar la estructura de nuestra Administracion haciendo que sea la
que los ciudadanos tienen derecho a esperar: una Administracion
propia del siglo XXI, esto es, menos costosa, más sencilla y
cercana.
Julio Sánchez Fierro
Abogado
Qué hacemos para levantar España;
por Francisco Marhuenda
España está en un momento crucial en el que son necesarias más que
nunca medidas contundentes. Los españoles deben estar unidos en este
trance para que nuestro país supere las dificultades. Son necesarios
sacrificios, y debemos estar dispuestos a asumirlos.
Francisco Marhuenda La Razón
Más Europa y menos España, o se puede conciliar más Europa y también
más España. No planteo el tema desde una caduca visión nacionalista
propia de tiempos pasados, sino para determinar cómo salir
fortalecidos de la grave situación actual. Es una duda que se
suscita en estos tiempos de incertidumbre económica e institucional
provocada por la crisis más grave que vive nuestro país desde la
posguerra. En estos momentos todo está en cuestión. Desde la propia
fortaleza de la nación y los españoles a todas las instituciones del
Estado. España ha sido históricamente un país de extremos. Hemos
pasado de sentirnos capaces de conquistar el mundo, no sólo en los
tiempos del Imperio, a caer en la postración y la melancolía. El
reciente éxito en la Eurocopa ha sido un balón de oxígeno en estos
tiempos de zozobra, pero la lentitud de los mecanismos europeos a la
hora de establecer las medidas acordadas en la última cumbre nos ha
devuelto a la dura realidad de un túnel donde cuesta mucho ver la
luz. No me gusta ni la euforia ni la depresión, porque ambas son
malas consejeras.
España necesita reformas profundas, eficacia en la gestión pública,
sentido común y mucha austeridad. En las últimas décadas hemos
creado un Estado gigantesco que necesita ingentes recursos para
funcionar. La caída en los ingresos por la crisis y el colapso en
los mecanismos externos de financiación nos han llevado a un
escenario inquietante en el que necesitamos la ayuda de nuestros
socios europeos. El futuro pasa por más Europa, pero también por más
España, entendida como un Estado capaz de organizar sus
administraciones públicas con eficacia y de establecer el marco de
funcionamiento que permita la recuperación económica. Con sólo hacer
recortes no saldremos de la crisis, pero sin ellos tampoco lo
conseguiremos. La clave está en las reformas que nos permitan
recuperar la credibilidad internacional y un aligeramiento del
Estado, tanto central como autonómico, que reduzca la necesidad de
recursos que siempre estarán mejor en la actividad privada, que es
la que genera riqueza. Más impuestos es un despropósito porque sólo
sirven para pagar la espiral de gastos del Estado. Por ello, es
necesario aligerarlo. Hemos convertido la organización territorial
en unos perniciosos reinos de taifas con estructuras excesivas. La
política está para resolver problemas y no para crearlos. La
dimensión de la organización funcionarial es a todas luces
desproporcionada. El mismo criterio se puede aplicar al elevado
número de organismos, instituciones y empresas públicas.
Hemos creado 17 miniestados y 2 ciudades autónomas en los que no se
ha buscado la eficacia sino emular la estructura de la
Administración General para complacer las ansias de poder de los
políticos. No existen criterios de eficacia empresarial y búsqueda
de resultados. Con la excusa de que los partidos revalidan la
confianza en las urnas, se han obviado alegremente los criterios de
gestión que marca el sentido común. A caballo de los años de bonanza
parecía que todo era posible y ahora nos encontramos que sólo con
recortes y reformas podremos salir de la crisis. España tiene unas
infraestructuras y una población preparada pero le hace falta una
Administración que no sea un lastre sino una ayuda.
Crisis: Bruselas señala a las autonomías
como culpables
Carlos Ruiz Miguel Periodista Digital 8 Julio 2012
La crisis que vivimos se puede analizar desde múltiples
perspectivas. Pero una de las más instructivas es la de cómo desde
algunas instancias se ha intentando, sistemáticamente, desviar la
atención sobre las responsabilidades principales de la crisis.
Naturalmente, estos intentos distan de ser inocentes. Primero se
intentó apuntar a la "deuda privada" como causante de la crisis... y
luego, cuando ha quedado de manifiesto que la crisis tiene su razón
principal en la deuda pública se apunta como chivo expiatorio...
¡¡¡a las Diputaciones Provinciales!!! Pero estos cuentos ya no
cuelan. Bruselas acaba de señalar, con toda nitidez, a los
principales responsables de la crisis: las autonomías. Rajoy tiene
cada vez más difícil mirar para otro lado.
I. PRIMER INTENTO DE DESVIAR LA ATENCIÓN: LA "DEUDA PRIVADA" COMO
SUPUESTO CULPABLE DE LA CRISIS
Como he recordado en este blog, algunos opinadores, defensores del
sistema autonómico, intentaron culpar de la crisis a la "deuda
privada". Como ya he dejado escrito aquí:
Si la culpa es de la "deuda privada" la consecuencia es clara: la
articulación político-administrativa (y el sistema autonómico, por
tanto) no es la causa del problema y no hay que cambiar nada.
Pero si el problema es la "deuda pública", la consecuencia es clara:
España no tendrá credibilidad en su lucha contra la crisis mientras
no se cambie la presente articulación político-administrativa del
Estado.
La tesis ha quedado completamente desacreditada. Y es que, como he
recordado:
- mientras los particulares han disminuido su deuda en estos años...
- las administraciones públicas la han seguido aumentando...
- y es esto últimamente lo que ha provocado la subida de la prima de
riesgo de la deuda pública española y el aumento de los tipos de
interés que se cobra por la deuda pública española.
II. SEGUNDO INTENTO DE DESVIAR LA ATENCIÓN: LA CULPA ES... ¡DE LAS
DIPUTACIONES PROVINCIALES!
Destruida la primera línea de "defensa" de los partidarios del
sistema autonómico, ahora tratan desesperadamente de buscar otra
defensa. Ante la desesperante situación lo que hay que eliminar o
reducir no son las autonomías... sino los ayuntamientos y las
diputaciones provinciales.
Dejemos para otro momento el examen concreto de las diputaciones
provinciales pues, si se excluye a las Diputaciones Forales vascas,
el gasto público que suponen las restantes Diputaciones Provinciales
es mínimo en comparación con las comunidades autónomas.
El motivo de este argumento es exactamente el mismo que está detrás
del "argumento" que hace recaer en la deuda privada la culpa de la
crisis:
- si la culpa es de las Diputaciones Provinciales...
- entonces no hay que modificar el sistema autonómico.
Sucede que en Bruselas no tragan ya con ese cuento.
- Dado que el gobierno de Rajoy y la oposición del PSOE parecen
obsesionados en no tocar el sistema autonómico... aunque el barco de
la economía nacional española esté yéndose a pique...
- Bruselas ha tenido que hablar claro, yo diría más claro que nunca.
Esto es lo que ha dicho el 6 de julio el portavoz de Asuntos
Económicos de la Comisión Europea, Simon O'Connor:
El portavoz se ha remitido a "las condiciones en las que estaríamos
dispuestos a proponer una prórroga para España en la corrección de
su déficit excesivo", que fueron detalladas por el vicepresidente de
la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, el
pasado 30 de mayo.
La primera condición es que el Gobierno de Mariano Rajoy presente
"un plan presupuestario sólido para 2013 y 2014 que detalle la senda
a medio plazo de consolidación presupuestaria", explicó Rehn.
Además, España tiene que dar garantías de que "puede controlar de
forma eficaz el gasto excesivo a nivel subnacional, especialmente en
las comunidades autónomas".
Rajoy dijo en abril:
En la sesión de control del Senado, Rajoy señaló que él “ni discute
ni siquiera se plantea” un debate sobre el Estado autonómico que
está en la Constitución
Es más, voces como las de Esperanza Aguirre hablando de redefinir el
Estado autonómico quedaron en sólo eso, "palabras". Como ha
recordado la ministra Ana Mato: Ninguna comunidad ha pedido devolver
al Estado la competencia de sanidad.
Pues ahora ya está claro. El debate sobre el Estado autonómico lo ha
planteado Bruselas. Creo que habrá que discutirlo. Y no vale ya
hacer discursos para llamar la atención... y luego no hacer nada.
Salvo que el Gobierno y la oposición partidaria del sistema
autonómico quieran llevarnos a la ruina definitivamente, claro....
Un funcionario por cada 18 españoles
427.000 funcionarios más en España en sólo 10 años
El número de empleados públicos se ha disparado un 20%
hasta alcanzar los 2,5 millones. El 39% del total es laboral o
interino
C. Morodo La Razón 8 Julio 2012
MADRID- Italia despedirá al 10 por ciento de sus funcionarios para
aplazar la subida del IVA. Mario Monti sólo hace seguir así la senda
de tijeretazos a los empleados públicos por la que han circulado ya
muchos otros países europeos para atajar el déficit. Las actuaciones
han ido desde la congelación de los sueldos al recorte puro y duro,
pasando por la no renovación de las plantillas. Irlanda y Grecia son
los Gobiernos que han aplicado el mayor tijeretazo a los sueldos de
los funcionarios. Pero también se han puesto en marcha drásticos
calendarios de recortes progresivos en Francia o en el Reino Unido,
por ejemplo. La radiografía de la función pública española señala
como principal punto negro a las comunidades autónomas, y también a
los ayuntamientos, ya que en los últimos años no han dejado de
engordar su plantilla pública con el argumento de que necesitaban
más personal para prestar sus servicios. Desde 2001, la
Administración General del Estado ha reducido su personal en un 22
por ciento (163.880 personas), mientras que las autonomías lo han
incrementado en un 44% (409.569) y las Entidades Locales, en un 39%
(181.031 más). Esto implica que han hecho crecer el personal al
servicio de las Administraciones Públicas en casi 427.000 personas
en tan solo 10 años, un 20% más, cuando ni la población ni las
necesidades se han incrementado en ese 20 por ciento.
Según el último informe que maneja el Gobierno, el número de
empleados públicos es de 2.530.956 personas, con un descenso de casi
160.000 personas, un 5,92 por ciento frente a las anteriores cifras
de julio.
El dato más revelador está en la tipología de los empleados
públicos. Tan sólo el 61% es funcionario (1.653.498 personas); el 26
por ciento es personal laboral (690.278 personas); y el 13 %
restante incluye personal interino y eventual. De cada 100 empleados
públicos, 61 son funcionarios; 26, personal laboral; y los 13
restantes son personal interino y eventual.
Los funcionarios mantienen una relación con la Administración
regulada por ley en todos sus aspectos: acceso, retribuciones,
inamovilidad… La relación del laboral es como si fuera con cualquier
otra empresa, con su convenio, y también se les puede despedir
aplicando la legislación ordinaria. Y el interino es un eventual,
que tiene un contrato temporal que cubre alguna necesidad ocasional.
Es decir, que se puede prescindir de él sin problema en cuanto se
considere que ya ha dejado de existir la necesidad por la que se le
contrató.
Este crecimiento del personal laboral está muy ligado a los
servicios públicos (Sanidad, Educación, servicios sociales…), pero
también a las empresas, entes y diversos «chiringuitos» públicos que
han engordado las comunidades autónomas. El Gobierno quiere
adelgazar la masa salarial pública y está exigiendo más sacrificios
a las autonomías, entendiendo como inevitable que si hay menos
dinero tendrán que reducir costes en este capítulo. De hecho,
algunas ya han empezado a recorrer esa senda. El Gobierno andaluz de
Griñán, por ejemplo, ha iniciado su segunda Legislatura con una
rebaja en los sueldos de los funcionarios y eliminando los
complementos que reciben. También en la Comunidad de Madrid se ha
rebajado en un 3,3% el sueldo a los funcionarios.
El próximo jueves, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, el
Gobierno revisará con las comunidades sus planes de ajuste y volverá
a exigirles, con hechos y no de palabra, que lleguen al 1,5 por cien
de déficit a finales de año «haciendo lo que tengan que hacer dentro
del ejercicio de sus competencias».
Las pagas y los laborales, en la mira de economía
Como ya adelantó LA RAZÓN el pasado viernes, una de las nuevas
medidas que estudia el Ministerio de Economía es la supresión de una
de las dos pagas extras que cobran los funcionarios. Aunque no es
una decisión firme, otra de las opciones que maneja el Ejecutivo
sería realizar un ERE a los contratados laborales para lograr así el
objetivo de déficit del 5,3% pactado con la UE.
¿Por qué es necesario otro severo ajuste?
Las autonomías se enfrentan al pago de 15.666 millones
B. Carrascosa La Razón 8 Julio 2012
MADRID- A los gobiernos autonómicos les esperan seis meses de dura
travesía por un desierto financiero que no les ofrece ninguna
alternativa. Además del ajuste del déficit público al 1,3% del PIB,
objetivo que muchas no cumplirán, las comunidades afrontan
vencimientos de deuda por valor de 15.666 millones de euros de aquí
a final de año.
De la cifra total, aproximadamente la tercera parte, 5.627 millones
de euros, corresponden a bonos colocados entre inversores, mientras
que el resto (10.039 millones) son préstamos bancarios, líneas
comprometidas con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y demás
productos de deuda con proveedores acumulados durante los últimos
años. Los créditos con los bancos y con el Estado central pueden ser
refinanciados si el acreedor lo consiente, y el Gobierno ya entregó
parte del Plan de Pago a Proveedores a las regiones que se acogieron
al mismo. El problema reside en los productos de renta fija
autonómica (bonos y Letras) cuyos plazos de vencimiento apremian y
cuyos poseedores son tanto nacionales como extranjeros. El ejemplo
más cercano es el de Grecia, que no pudo abonar su deuda y los
acreedores tuvieron que asumir una quita.
Con las puertas del mercado completamente cerradas y la financiación
del Estado central cada vez más cara, los recursos con los que
cuentan las regiones para captar capital que les permita pagar los
bonos brillan por su ausencia. La posibilidad de emitir hispabonos
con aval del Estado no cogerá forma hasta que el Tesoro logre cerrar
subastas de deuda a un precio asumible. Es decir, que, hoy por hoy,
las comunidades no cuentan con recursos para pagar la deuda.
La que peor lo tiene es Cataluña, que deberá devolver a los
inversores bonos por valor de 3.127 millones de euros entre julio y
diciembre, el 55,6% del total autonómico. Su nota de solvencia
actual es Ba1, según Moody’s, el equivalente al «bono basura» y
fuera de la categoría de inversión. Esta última circunstancia le
cierra las puertas del mercado, que ya forzó en abril con una
emisión de bonos «patrióticos» a uno y dos años con sendos cupones
del 4,5% y del 5%, respectivamente, y que no cubrió en su totalidad.
Apenas colocó 1.000 millones para un objetivo de 2.000.
CÓMO ESTÁ EUROPA
ALEMANIA
El ejemplo de la solvencia
La economía alemana es la locomotora de Europa y su política de
austeridad le permitió cerrar 2011 con un déficit de sólo el 1%. Su
PIB es más del doble que el de España, 2,57 billones de euros, y su
ratio de deuda sobre el PIB es del 81,2%. Es el símbolo de la
solvencia en Europa.
ITALIA
Control presupuestario y elevada deuda
A pesar de cerrar 2011 con un déficit de 3,9%, 4,6 puntos menos que
España, acumula una ratio de deuda sobre el PIB del 120,1%. Teniendo
en cuenta que su PIB es de 1,58 billones de euros, su deuda pública
supera en cerca de 300.000 millones de euros lo que produce en un
año.
FRANCIA
El vecino del norte todavía aguanta
Cerró 2011 con un déficit de 5,2%, 3,2 puntos menos que España. Su
ratio de deuda sobre el PIB es del 85’8%, lo que supone casi un 20%
más que nuestro país, pero es una economía que no entrará en
recesión, previsiblemente, en este ejercicio.
IRLANDA
El «tigre celta» emerge tras el rescate
La economía irlandesa protagonizó el segundo rescate de la UE en
noviembre de 2010, pero esta semana ya ha realizado su primera
subasta de deuda a corto plazo. Cerró 2011 con un déficit del 13,1%
del PIB y su ratio de deuda pública es del 108,2%.
¿Mejor que los políticos?
¿Qué ocurriría si nos gobernaran los
empresarios?
JOSÉ MARÍA OLMO www.gaceta.es 8 Julio 2012
¿Tienen los políticos algo que aprender del mundo de la empresa?
¿Estaríamos mejor si las principales figuras del sector privado
gobernaran España?
La recesión ha acelerado el ritmo con el que la clase política
española lleva años perdiendo respeto entre los ciudadanos que les
votan. En el último barómetro del CIS, correspondiente al pasado mes
de abril, los encuestados situaron a los políticos y a los partidos
como el tercer mayor problema de España, sólo superados por el paro
y los problemas de índole económica. Ningún dirigente logro una nota
de aprobado.
El desprecio por la política contrasta con el prestigio que atesoran
algunos líderes empresariales que, incluso en medio de la crisis,
están logrando sacar adelante sus compañías, colarse en los
principales mercados y aumentar sus plantillas. No es habitual que
un dirigente público protagonice la portada de una revista, pero los
gerentes de Mercadona, Zara y El Corte Inglés las protagonizan
habitualmente. De algún modo, lleva tiempo macerándose un estado de
opinión que, además de rechazar a los políticos y a sus formaciones,
reivindica un mayor protagonismo de los gestores profesionales en la
gestión pública, al socaire probablemente de la tecnocracia que ha
devuelto la calma a una Italia que se había abonado a las
convulsiones y ha logrado también contener el déficit público de la
desbocada economía helena. La cuestión es: ¿qué ocurriría si los
empresarios de mayor éxito estuvieran al frente del país? ¿Tienen
los políticos y los partidos algo que aprender de la cultura
empresarial?
Sandalio Gómez, profesor de Dirección de Personas del IESE, subraya
el realismo y la objetividad que impera en el mundo empresarial, en
contraste con lo habitual en el circuito de la política. “En el
mundo de la empresa, cuando una compañía no toma las decisiones
adecuadas en el momento justo, se paga muy caro, incluso con la
quiebra”, señala. “Por supuesto, cuando estás dirigiendo un
Gobierno, la trascendencia de las decisiones se multiplica. No te
puedes tomar el lujo de no hacer nada, como hizo José Luis Rodríguez
Zapatero cuando el déficit pasó, de un año a otro, de caer un 3% a
subir de golpe más de un 12%. No sólo no se tomaron las medidas
necesarias, sino que se adoptaron justo las contrarias. Jamás se
tomaría esa licencia un buen empresario porque su compañía quebraría
y los autores del error pagarían las consecuencias. Los responsables
se irían a la calle al día siguiente”, remacha el profesor del IESE,
en contraste con la inexistencia de dimisiones en el mundo de la
política. De hecho, los políticos que fracasan en el ejercicio del
poder no suelen tener demasiados problemas para encontrar resguardo
en un escaño del Congreso, del Senado o de algún parlamento
autonómico.
La ausencia de responsables es precisamente otra de las
reivindicaciones más compartidas por la opinión pública. También, la
ausencia de análisis realistas. “Un empresario, aunque no le guste
la realidad”, prosigue Gómez, “tiene que afrontarla. Pero un
político la oculta o la manipula. Lo que nosotros enseñamos en clase
es que es necesario hacer un análisis objetivo de la situación y
tomar las decisiones oportunas en consecuencia. Cualquier directivo
sabe eso. A ningún empresario se le habría ocurrido ocultar la
situación, como hizo el Gobierno en 2008. De hecho, las compañías
sabían lo que estaba ocurriendo y comenzaron a tomar medidas, pero
el Gobierno no hizo nada y se limitó a decir que nuestras entidades
financieras se encontraban en perfectas condiciones, y ya se ha
visto que no”.
A esto se suma que el ritmo con el que los dirigentes públicos
adoptan y ejecutan las decisiones del Gobierno se aleja cada vez más
de la inmediatez que han acuñado Internet y las redes sociales. En
la empresa privada, las decisiones ejecutivas se adoptan al momento.
Pero los procedimientos políticos exigen la participación de una
mastodóntica burocracia, que incluye en muchos casos el concurso de
instituciones como el Senado que 34 años después de aprobarse la
Constitución aún no tiene definidas sus funciones (y las que realiza
son insostenibles) y del Tribunal de Cuentas, que emite sus
dictámenes con lustros de retraso.
Una formación deficiente
Antonia Martínez, catedrática de Ciencias Políticas y de la
Administración de la Universidad de Murcia, comparte el desfase
temporal entre lo público y lo privado y admite la existencia de
gran margen de mejora pero puntualiza, no obstante, que la lentitud
del proceso político “es consustancial a cualquier Estado
democrático”. “Es en las dictaduras donde las decisiones se toman al
momento”, advierte. “Además”, continúa, “hay que tener en cuenta que
muchas de las decisiones más importantes no dependen ya sólo de
España, sino de que los 27 países que componen la Unión Europea se
pongan de acuerdo, y eso dificulta la adopción de cualquier medida”.
La preparación de los ejecutivos contrasta con el limitadísimo
bagaje de los políticos
Para la profesora Martínez, la política también debería aprender del
sector privado en la selección de sus líderes. La formación de los
altos ejecutivos contrasta con el limitado bagaje de los políticos
que en los últimos años han accedido a las más altas
responsabilidades, con muy pocas excepciones. “Está demostrado que
se ha producido una caída en el nivel formativo de la clase
dirigente, principalmente por dos motivos”, señala la catedrática de
la Universidad de Murcia. “Primero, por las leyes de
incompatibilidad cada vez más restrictivas, que no hacen rentable la
política para los profesionales más exitosos. Y segundo, por la
fuerza de los partidos, que echan al que piensa distinto y se sale
de la foto. La gente con su propio proyecto, con formación y una
opinión independiente, acaba frustrada y se larga”. Martínez afirma
que la fortaleza de la formaciones facilita el control cada vez más
exhaustivo de los dirigentes, lo que a su vez refuerza a los
partidos, y así sucesivamente. Es esta dinámica la que separa de la
política a los ciudadanos que no forman parte del juego.
Sandalio Gómez defiende, en este sentido, que “no se debería poder
llegar al Gobierno sólo por los méritos políticos, porque puede ser
que el dirigente en cuestión no tenga ni idea de formar equipos, de
delegar, de interpretar la realidad o de ejecutar. Por ejemplo, no
se puede estar siempre divagando, algo que los políticos hacen
continuamente”, lamenta el profesor del IESE. En comparación con el
mundo privado, afirma, “a un empresario no le puedes contar un
rollo. Su tiempo vale oro y tienes que ir al grano. Pero eso es
justo lo contrario de lo que impera en la política: alocuciones
larguísimas que acaban sin decir nada relevante”. Gómez cree que los
ciudadanos demandan un baño de pragmatismo para la política.
Análisis cortoplacistas
Para Lorenzo Navarrete, decano del Colegio de Politólogos y
Sociólogos de Madrid, el problema puede estar en que “algunos
políticos se creen ungidos por la razón, el conocimiento y el
Espíritu Santo, y se convierten en ególatras que desprecian la
realidad”. A su juicio, “lo que ocurre actualmente es en parte el
resultado del desprecio absoluto que los políticos han tenido hacia
las consecuencias a largo plazo de sus acciones. Han hecho análisis
cortoplacistas, buscando respaldos electorales, en vez de evaluar
los efectos a largo plazo de sus decisiones”. Una compañía moderna
se plantea todos los escenarios, opina Navarrete, los positivos y
los malos, y además, con una proyección de décadas. Sin embargo, los
mandatarios se ha abonado a los programas de cuatro años y sin
pensar en consecuencias imprevistas. Los líderes públicos hablan sin
decir nada, pero un empresario siempre va al grano
La ausencia de formación puede estar detrás de los errores en el
control del gasto, otra cuestión clave en el mundo de la empresa que
la política ha despreciado. Lo cierto es que la crisis ha puesto al
descubierto despilfarros y desajustes mayúsculos que debían haberse
resuelto hace mucho tiempo, sin una recesión de por medio. En esta
nueva comparativa, la clase política también sale perdiendo. El
profesor del IESE está convencido de que “un empresario sería capaz
de hacer muchas más cosas con muchísimos menos funcionarios”. “No
sólo tomaría decisiones más ambiciosas, contundentes y rápidas, sino
que también sería capaz de explicar mejor cómo está el país”.
La catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Murcia
recuerda que en realidad el problema de la sobredimensión pública ya
se descubrió en los años sesenta. “Es la Teoría del Estado
Sobrecargado: los ciudadanos cada vez demandan más servicios y los
políticos, para justificar su existencia, conceden todas las
reclamaciones que reciben, aún a sabiendas de que no podrán
sostenerse económicamente, justo lo que ha ocurrido en España. La
responsabilidad es de los dirigentes pero también de los propios
ciudadanos, que piensan que el Estado les va a solucionar todos sus
problemas sin pagar ni un euro más en impuestos. Cualquier pueblo
quería una piscina, un polideportivo, una universidad y un
aeropuerto, pero no estaban dispuestos luego a asumir el coste que
implicaba”.
El gasto en personal sigue subiendo
La propensión al gasto es tan elevada que, aunque se han puesto en
marcha programas para recortarlo, que han incluido la rebaja de las
nóminas de los funcionarios y el descenso de las tasas de
reposición, en los primeros cinco meses de 2012 el desembolso de las
administraciones en el capítulo de personal creció otro 1,4% con
respecto al mismo periodo del año anterior. El gasto se comporta
como un gas noble, que encuentra siempre nuevos espacios por lo que
expandirse.
En España, la cuestión se amplifica además por la multiplicación de
los niveles administrativos hasta el absurdo, algo que tampoco
ocurriría en una entidad privada, donde cualquier órgano innecesario
sería automáticamente suprimido. Pero en el sector público nacional,
los factores políticos y los identitarios siempre han pesado más que
los económicos. La crisis es el resultado.
No todas las opiniones van en la misma dirección. César Colino,
profesor de Ciencia de la Administración de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia (UNED), no cree que el mundo empresarial
tenga mucho que ofrecer a los dirigentes políticos. “Es cierto que
la visión predominante es que, para funcionar bien, la
Administración debería funcionar cómo la empresa privada, pero eso
es una falacia importada de la ideología liberal que impera en
países como Estados Unidos o, en menor medida, en Reino Unido, que a
lo mejor puede funcionar bien allí pero no tiene por qué hacerlo en
otros sitios”. En el mundo privado los errores se pagan, pero en el
público se premian con un escaño
El profesor de la UNED asegura que “no está nada claro que la
gestión privada sea siempre mejor que la pública”. “Sólo hay que ver
todas las entidades financieras que han quebrado”, prosigue. “En
Estados Unidos se ha demostrado que muchos gerentes manejaron mal
sus compañías y generaron la crisis que luego ha afectado a todo el
mundo. Me atrevería a decir que en principio no hay ni un ápice más
de eficiencia en el sector privado que en el público, y puede que
sea más bien al contrario. Basta con comparar lo rápido y lo bien
que se puede renovar el Documento Nacional de Identidad y el
Pasaporte, la profesionalidad con la que se hacen estas tareas, y lo
mucho que cuesta dar de baja una línea telefónica con cualquier
proveedor privado. Desde luego, no es verdad que lo privado siempre
funcione mejor. Para nada”.
Además, Colino subraya que las comparaciones en estos campos son
difíciles porque el objetivo de los políticos y, en general, de la
Administración no es ganar dinero, ni tampoco el interés personal,
como sí ocurre legítimamente en el mundo de los negocios. “Las
instituciones no tienen por qué ser rentables y de hecho deben poder
no serlo. Por ejemplo, una escuela rural, que atienda a pocos niños,
no puede cerrar por no ser presupuestariamente rentable. Debería
poder seguir estando abierta, aunque supusiera un desembolso sin
retorno”, razona.
El profesor de la UNED sí admite que, en los partidos, “puede haber
habido una mala gestión por incentivos electorales, una
planificación deficiente o la búsqueda de objetivos equivocados”.
Pone de ejemplo muchos de los aeropuertos que se impulsaron durante
los años de bonanza, que como se ha demostrado ahora, eran
completamente innecesarios. Pero asegura que “habría también que
recordar que muchos políticos los impulsaron porque los empresarios
los reivindicaban y los consideraban necesarios o les convencieron
de encargarles la construcción y la concesión de esas
infraestructuras con presupuestos inflados. ¿Tienen la culpa sólo
los gestores? ¿O son también responsables los empresarios, que
hicieron lobby para exigir cosas que en realidad no se adecuaban a
las verdaderas necesidades? Probablemente, la culpa sea de ambos”.En
España, cualquier decisión política exige la participación de un
absurdo engranaje
Colino recuerda que en realidad la Administración lleva tiempo
tomando prestados conceptos exitosos en el sector privado, bajo la
corriente de la llamada Nueva Gestión Pública, “como el fomento de
la productividad y la competitividad, la retribución variable y el
control de calidad de los servicios públicos”. En su opinión, se han
producido muchos cambios en los últimos años. “En la administración
española se está pasando poco a poco de la cultura jurídica, que
encorsetaba cualquier decisión y ralentizaba los procedimientos, a
la cultura de los resultados, más flexible y atenta a los objetivos.
Hay que seguir avanzando en esta línea”. El profesor también cita
las leyes de buen gobierno que se están aprobando en diferentes
comunidades autónomas, así como la proliferación de agencias de
evaluación o de calidad, encargadas de supervisar el correcto
funcionamiento de la Administración, son avances significativos que
abren nuevos ámbitos para la mejora.
Corresponsabilidad
Por su parte, Antonia Martínez cree que la percepción de los
ciudadanos sobre los dirigentes cambiará si la sociedad se implica
más en la confección y aplicación de las políticas públicas,
fomentando así la corresponsabilidad en todas las decisiones. “Está
demostrado que aquellas sociedades que se preocupan más por las
decisiones políticas tienen una mejor opinión de sus dirigentes,
pero en España se piensa que el mundo de la política es algo sucio y
turbio, algo que sólo genera más desapego y el resultado es una de
las valoraciones de los políticos más bajas de Europa”. La
catedrática de la Universidad de Murcia opina que los políticos
deberían aprender de la capacidad de los empresarios “para controlar
el gasto y establecer una clasificación de prioridades”.
Para Sandalio Gómez, uno de los elementos que la clase política debe
recuperar cuanto antes es la confianza. “En el mundo de la empresa
es clave. Si la pierdes, es muy difícil luego volver a recuperarla.
Y eso es exactamente lo que le ha ocurrido a España. Ahora estamos
pagando las consecuencias de la desconfianza total que hay sobre el
país en el extranjero”, remacha. ¿Sería la situación diferente si un
gran empresario gestionara el Estado? El profesor del IESE no cree
que durara mucho, ni siquiera al frente de en un ministerio, porque
“no podría hacer prácticamente nada, al estar completamente limitado
por la actitud de las plantillas, la resistencia a las innovaciones
y el inmovilismo de las legislaciones”. La burocracia está
adaptándose a la era de la inmediatez pero aún debe mejorar
Quizá habría que empezar por otro lado. El decano del Colegio de
Politólogos y Sociólogos de Madrid señala otra urgencia: la
necesidad de que los dirigentes políticos actúen como verdaderos
líderes, algo que se da por descontado en los grandes gurús
empresariales. “El liderazgo no consiste únicamente en ser
simpático, atractivo o pronunciar frases ocurrentes, sino transmitir
a la gente la sensación de compromiso, trabajo y resolución. Es
importante la actitud. En el mundo de la empresa, incluso el fracaso
se ve como algo positivo”.
Navarrete remata sus argumentaciones con una reflexión: “Toda
sociedad tiene la Administración que merece, aquella que refleja sus
vicios y virtudes. Si la burocracia española es ineficiente es
porque también lo es la sociedad española”. Lo mismo puede ser
aplicable a la clase política.
Los mercados acorralan aún más al Gobierno
¿Por qué no se decide Mariano Rajoy de una
vez por todas a acabar con el derroche público?
El capital extranjero huye de España por la desconfianza
Periodista Digital 8 Julio 2012
La ciudadanía española lo tiene claro: haga lo que haga el Gobierno
Rajoy, pagarán los mismos; y si no hace nada, no sólo será peor,
sino que además también pagarán los mismos.
La única posibilidad de transformar la inquietud en esperanza reside
en que algunos de los recortes se parezcan a lo que tantos reclaman:
disminuir el tamaño de la Administración, reducir el número de
personas que cobran del Erario, liquidar empresas públicas
fantasmales, superfluas o tapaderas de enjuagues inconfesables,
suprimir todo gasto suntuario, devolver a su tamaño razonable el
parque móvil, acabar con el chorro de subvenciones a las iniciativas
más peregrinas y berlanguescas imaginables, etc.
Este 7 de julio de 2012, durante su intervención en la clausura del
curso de verano organizado por FAES, la fundación ligada al PP y en
la localidad madrileña de Navacerrada, Mariano Rajoy ha urgido a la
Comunidades Autónomas españolas a reducir su gasto y ha emplazado a
la UE a poner en marcha las decisiones adoptadas en la cumbre
celebrada a final de junio.
Y ha recalcado que lo deben hacer "sin vacilar" y con "la misma
energía y rapidez" que países como España están tomando medidas
difíciles contra la crisis.
Pues bien, el Consejo de Ministros de este 6 de julio de 2012, al
menos según la referencia oficial y la ampliación ofrecida por la
vicepresidenta y el ministro de Justicia, no decidió nada
sustancial, para poner fin al derroche público.
AHORRAR SOLO UNOS EURILLOS
Soraya Sáenz de Santamaría comentó detalladamente los ahorros –de
unas decenas de millones de euros, al parecer– que se pueden
conseguir cambiando la gestión del patrimonio inmobiliario del
Estado y renegociando los alquileres; pero esos comentarios no se
referían a un decreto o una orden ministerial, sino a un informe
sobre el asunto.
El otro punto objeto de ampliación fue..., otro informe, esta vez el
del ministro de Justicia relativo a la posible reforma del Consejo
General del Poder Judicial.
No hubo novedades respecto a lo ya anunciado al principio de su
mandato. Y apenas nada más, salvo la recomendación de que nadie se
ponga nervioso y mantenga la cabeza fría ante el disparo de los
intereses de la deuda que tratamos de colocar.
UN JUEGO INCOMPRENSIBLE
No alcanzamos a comprender esta especie de juego con que el Gobierno
parece divertirse manteniendo en secreto medidas que no tendrá más
remedio que hacer públicas, a no ser que esté improvisando y
lanzando globos sonda en cuya función ir administrando las
decisiones y su publicidad.
Lo cual sería aún peor que andar jugando al escondite. Porque,
ciertamente, que a estas alturas, tras medio año de ejercicio del
poder, todavía no se conozca un plan mínimamente articulado,
coherente, con su correspondiente calendario, sobre el ahorro del
gasto público consuntivo o las reformas fiscales es algo que no
favorece el sosiego, ni desde luego la confianza del mercado, que si
abomina de algo, es de no saber a qué atenerse.
Mariano Rajoy presumió durante toda su campaña electoral (y aun
antes) de ser “previsible”. Lamentablemente, hemos de desmentir este
autoelogio.
Lo que hasta ahora viene caracterizando al presidente del Gobierno,
lejos de ser su previsibilidad, es exactamente lo contrario, es
decir, la incertidumbre que desparrama por doquier.
La coletilla humorística “o no”, que tanto juego ha dado a los
imitadores de Rajoy, ha pasado del chiste a la realidad. Pero un día
tendrá que definirse. O no.
LOS MERCADOS APRIETAN
Es más que evidente que los mercados están acorralando a Rajoy.
Aunque la vicepresidenta Sáenz de Santamaría intentó dar este 7 de
julio de 2012 una imagen de normalidad y restó importancia a la
fuerte subida de la prima de riesgo a lo largo de la semana, lo
cierto es que el Gobierno está pensando ya en adelantar el anuncio
de su plan de ajuste al próximo miércoles, fecha de comparecencia
del presidente en el Congreso.
Da la sensación de que Rajoy pretendía caminar más despacio, pero
los mercados le están obligando a seguir su ritmo.
Este viernes, la prima de riesgo se colocó en 563 puntos, la Bolsa
de Madrid volvió a caer un 3% y los bonos a 10 años rozaron el 7%,
lo que supone un encarecimiento brutal de las emisiones de deuda con
las que se financia el Estado.
EL GASTO AUTONÓMICO
Pero la peor noticia fue la declaración de un portavoz de la
Comisión Europea, que afirmó que el Eurogrupo no flexibilizará el
objetivo de déficit al que se ha comprometido el Gobierno -el 3% en
2013- si Rajoy no aporta garantías de que será capaz de «controlar
el gasto excesivo de las autonomías».
El portavoz añadió un nuevo requisito: la Comisión dice ahora que el
Gobierno debe presentar sus planes presupuestarios para 2013 y 2014,
detallando todos los recortes que va a efectuar. Hasta que el
Ejecutivo no aporte esas cuentas, Bruselas no aceptará flexibilizar
el déficit, como pretende Mariano Rajoy.
La reducción del déficit se ha convertido en el problema prioritario
del Gobierno, ya que, como Merkel y Draghi han sugerido en varias
ocasiones, España sólo podrá financiarse en buenas condiciones
cuando las cuentas públicas estén equilibradas.
VAMOS FATAL
Los datos indican que en este primer semestre la desviación sobre el
objetivo de déficit ha sido muy importante a causa de la caída de la
recaudación fiscal, lo que obliga a Rajoy a endurecer el ajuste.
No hace falta ser adivino para darse cuenta de que si el déficit de
nuestras cuentas sube notablemente por encima del 5,3% previsto,
España está abocada a un rescate de su economía, puesto que será
imposible financiarse en unos mercados que cada vez están más
cerrados.
Italia tiene una prima de riesgo menor en 93 puntos a la española,
pero aun así el Gobierno que preside Mario Monti aprobó en la
madrugada del viernes el recorte de un 10% de los funcionarios del
Estado italiano, cifra que se elevará al 20% para los dirigentes
políticos.
En cambio, Monti no quiso subir el tipo general del IVA -cinco
puntos más alto que en España- por temor a un efecto contractivo
sobre la demanda.
RECORTAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La iniciativa del Gobierno de Roma obliga a Mariano Rajoy a llevar a
cabo ese recorte del tamaño de las Administraciones Públicas que ha
venido demorando.
Difícilmente se le presentará otra ocasión mejor no sólo para
reducir el número de funcionarios, sino además para cerrar
televisiones autonómicas, tribunales de defensa de la competencia,
defensores del pueblo y organismos que no sirven para nada. Si no lo
hace o lo posterga, los mercados le pasarán factura.
Retiro dorado del zapaterismo a costa de
sus víctimas
EDITORIAL Libertad Digital 8 Julio 2012
Leyre Pajín anunció esta semana que dejaba la política activa, una
declaración de la que sólo cabe lamentar que no se hubiera producido
varios años antes en beneficio de todos los españoles. Cualquiera
podría pensar que la exministra Pajín, profesional de la política
desde los veinticuatro años, había decidido comenzar a trabajar en
algún sector productivo por primera vez en su vida pero, lejos de
ella semejante intención, lo que quería decir realmente es que ha
decidido aceptar un cargo, "político, por supuesto", en la
Organización Panamericana de la Salud.
No es el único caso, como hemos demostrado aquí, sino toda una
tradición que los más fieles de Zapatero cultivan primorosamente,
para garantizarse unos ingresos a medida de lo que han estado
acostumbrados tras su paso por los distintos gobiernos de su mentor.
Si lo hicieran en empresas privadas en función de su valía nada
habría que objetar a la decisión de explorar nuevos horizontes
profesionales, pero resulta que todos ellos, sin excepción, han
encontrado acomodo en instituciones públicas que se financian, cómo
no, con cargo a los contribuyentes.
Es todavía peor, porque resulta que esos mismos organismos que
acogen alborozados la presencia de las mentes más preclaras del
zapaterismo han sido receptores de abundantes fondos procedentes del
Gobierno socialista del que formaban parte sus flamantes fichajes,
de forma que resulta difícil sustraerse a la evidencia de que se
trata de una contraprestación por las abundantes dádivas que los
beneficiarios les concedieron previamente con cargo al bolsillo de
todos los españoles.
El desparpajo de los hombres y mujeres que rodearon al peor
presidente de la historia de la democracia tiene difícil parangón en
el mundo civilizado. Todos ellos son responsables directos de haber
arruinado al país entero, condenando a varios millones de familias a
sufrir una situación de desamparo tras haber perdido sus puestos de
trabajo y, en muchos casos, también sus propiedades. Sólo por eso
deberían estar definitivamente fuera de la escena pública tras su
desalojo del poder en las últimas elecciones generales, pero lejos
de ello, han decidido seguir viviendo a expensas del pueblo al que
han empobrecido con su penosa gestión como si el drama desatado tras
su paso por el poder no fuera con ellos.
Ya que han decidido seguir esquilmando a sus víctimas, al menos que
eviten darnos lecciones de ética política desde las numerosas
tribunas que a partir de ahora van a tener a su alcance.
Cataluña
Mas reparte otros 9,5 millones de euros a
medios de comunicación en catalán
La Generalidad convoca una nueva ronda de subvenciones para la
prensa. Como en anteriores ocasiones, los medios que utilizan el
español no podrán acceder a las ayudas.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com
8 Julio 2012
El presidente de la Generalidad, Artur Mas, y el consejero de
Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, durante una rueda de
prensa reciente (foto: gencat.cat).
El proyecto nacionalista de construcción de una red de medios de
comunicación afín a sus propósitos continúa con paso firme. El
precario estado de las cuentas de la Generalidad no ha sido motivo
suficiente para que el presidente autonómico, Artur Mas (CiU), haya
reconsiderado su política de ayudas multimillonarias a la prensa.
Esta semana, el departamento autonómico de Presidencia ha convocado
una nueva ronda de subvenciones a fondo perdido para los medios de
comunicación privados de todo tipo, desde medios impresos a diarios
digitales, pasando por radios y televisiones. En esta ocasión, el
botín a repartir asciende a 9.468.979 euros, y, como es habitual,
solo hay un requisito imprescindible para poder optar a ellas:
utilizar la lengua catalana o la aranesa.
En concreto, según recoge el Diario Oficial de la Generalidad de
Cataluña (DOGC), Mas otorgará 3.194.000 euros a publicaciones
periódicas (diarias y no diarias) en soporte papel (PRE/1314/2012);
1.270.979 euros (ampliables en otros 666.000 euros) a proyectos que
fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para
empresas periodísticas privadas editoras de prensa en soporte de
papel (PRE/1303/2012); 855.000 euros a medios informativos digitales
de titularidad privada (PRE/1300/2012); 777.000 euros a emisoras de
televisión digital terrestre de empresas privadas para proyectos que
fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación
(PRE/1308/2012); 763.000 euros a proyectos que fomenten y consoliden
el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas
privadas editoras de prensa digital (PRE/1307/2012); 713.000 euros a
emisoras de radio de empresas privadas para proyectos que fomenten y
consoliden el espacio catalán de comunicación (PRE/1306/2012);
550.000 euros a emisoras de radio de titularidad privada
(PRE/1299/2012); 400.000 euros a a emisoras de televisión de
titularidad privada (PRE/1310/2012); y 280.000 euros a entidades sin
ánimo de lucro para proyectos que contribuyan al fomento del
periodismo y del espacio catalán de comunicación (PRE/1309/2012).
Discriminación por motivos ideológicos
Las subvenciones convocadas esta semana desarrollan las bases
publicadas el pasado 27 de junio que, por primera vez, reconocen
explícitamente y justifican la discriminación por motivos
ideológicos a la hora de establecer el criterio de reparto. En
concreto, la exposición de motivos indica lo siguiente:
‘Es tarea del Gobierno [autonómico] apoyar y proteger las
iniciativas de este sector para garantizar que las fuerzas del
mercado no impidan el desarrollo de proyectos que contribuyan a
garantizar el derecho a la información de todos los ciudadanos y la
consolidación de la identidad nacional del país [por Cataluña]‘.
Además, evita citar al español, lengua cooficial en Cataluña, al que
sitúa al mismo nivel que una lengua extranjera:
‘Cataluña cuenta con un sector privado de la comunicación en lengua
catalana y occitana/aranesa, sólido y emprendedor, que contribuye
día a día a la construcción del espacio catalán de comunicación.
Este sector ha de enfrentarse a una situación de desventaja
competitiva respecto a otros medios hechos en otros idiomas con
muchas más expectativas de mercado’.
El grupo Godó, el gran afortunado
Las cantidades entregadas por el Ejecutivo autonómico a los medios
de comunicación en los últimos años es inabarcable y difícil de
cuantificar en su totalidad. A modo de ejemplo, en el año 2010, y
únicamente desde la Consejería de Cultura, la Generalidad otorgó
subvenciones directas a los diarios impresos por más de diez
millones de euros con la única condición de estar escritos en
catalán. A esto hay que sumar más de tres millones de euros para los
medios digitales y otros 2,8 millones de euros para las radios y las
televisiones. Y en 2011, solamente desde el departamento de la
Presidencia, los diarios recibieron 2,1 millones en subsidios.
Sin embargo, sobresale el caso del grupo Godó, que, únicamente desde
septiembre pasado, ha recibido más de nueve millones de euros en
ayudas de todo tipo, principalmente en subvenciones directas y
publicidad institucional, pero también a través de suscripciones de
las consejerías y otros entes autonómicos y municipales.
Preguntado hace unos días por esta circunstancia, el portavoz de la
Generalidad, Francesc Homs (CiU), consideró que esta preferencia
hacia el grupo editor de La Vanguardia en el reparto de las
subvenciones es algo “razonable”.
******************* Sección "bilingüe"
***********************
El error de esquilmar a la clase media
editorial La Opinión 8 Julio 2012
Y en medio de este desastre, ¿quién rescata a los ciudadanos? El
verano llega lleno de cargas inmediatas, las subidas de los
impuestos, la luz, el gas, la gasolina, los medicamentos, un nuevo
canon para el saneamiento del agua, y otras asomando por el
horizonte, el IVA y el IBI. Todos los gobiernos dan prueba de
soberana agilidad para meter la mano en los bolsillos de los
contribuyentes y de patosa torpeza para prescindir de la grasa que
atenaza sus organismos inútiles. Con las finanzas públicas en estado
de guerra, las administraciones atacan desde todos los frentes, el
estatal, el autonómico y el municipal, pero no se atreven a
intervenir con determinación donde realmente está el daño.
Solo escapan a esta voraz avalancha los ciudadanos en la miseria,
que tampoco ven mejorar con ello su inadmisible situación, y los más
pudientes, a los que nunca les faltan mecanismos ni asesores
financieros que les alivien del fisco. Así que el peso de la factura
acaba por trasladarse a los funcionarios, los profesionales
liberales, los autónomos y los asalariados, ese estamento medio que
garantiza el equilibrio social y la reducción de las desigualdades.
A este grupo, en España y en Galicia, la crisis le viene haciendo
mucho daño. Las consecuencias pueden ser terribles. Ya lo advirtió
Fukuyama: "La democracia liberal en el mundo occidental no
sobrevivirá a un declive de las clases medias".
Para llegar a fin de mes, ya no basta con tener un empleo. Lo conoce
bien una organización humanitaria como Cáritas, que el año pasado
atendió en Galicia a casi 70.000 personas más de las que solicitaban
ayuda antes de la crisis. No son ni marginados, ni sin techo, ni
inmigrantes, ni ovejas descarriadas fruto de ambientes
desestructurados. Son las principales víctimas de esta recesión.
Matrimonios, españoles, de entre 25 y 45 años, con hijos a su cargo,
que no pueden soportar más costes. Familias de esas que hasta hace
bien poco la gente calificaría de solventes o incluso de acomodadas.
El bienestar ha retrocedido diez años y hay quien prevé que será
necesario que pasen otros diez para remontar. Serían dos décadas
perdidas. España alcanzó por primera vez el nivel medio de renta
europea en 2001. Justo en 2007, antes de estallar la crisis, lo
superó. Ahora ya está otra vez por debajo. Cada español dispone de
1.500 euros anuales menos que antes del pinchazo en lo que supone
uno de los mayores desplomes de la UE. La media de ingresos por
hogar en Galicia ha caído por debajo de los 1.700 euros mensuales
por primera vez en los últimos cinco años.
Los hogares de este país son, con los irlandeses, los más
castigados. Un paro creciente y unos salarios menguantes los
debilitan. También la evaporación de los ahorros y una fiscalidad
elevada, que en toda España está por las nubes. La crisis se ha
llevado por delante la promesa electoral de la Xunta de reducir el
tramo autonómico del IRPF, dejándola en una pequeña exención para
las personas que inviertan en empresas del Mercado Alternativo
Bursátil.
Algunos analistas calculan que el incremento de los impuestos
estatales supondrá 675 euros de media a cada contribuyente. El
Gobierno central necesita un nuevo bocado de 12.000 millones, y
puede que no sea suficiente. A las pensiones, que en Galicia son las
más bajas de España, ya les vaticinan un descuadre de entre 5.000 y
10.000 millones de euros. Y los pesimistas prevén que al ritmo que
crece el paro habrá que obtener 3.000 millones adicionales para
subsidios. Si finalmente del rescate de la banca responden las arcas
públicas será necesario sumar otros 15.000 millones en intereses.
No hay que llegar al extremo de entender los impuestos como una
expropiación, aunque a veces lo parezca. Nadie puede discutir la
justicia de una carga tributaria razonable. Pero no vamos a poder
tapar esos agujeros ni salir del bache acosando con nuevos
gravámenes a los ciudadanos productivos. Al gallego que madruga cada
mañana para ganar el pan con su furgoneta es difícil pedirle
competitividad encareciendo el litro de carburante en 5 céntimos
para una tasa verde del Gobierno central. Y eso que Galicia aplica
el mínimo recargo (1,5) en el llamado céntimo sanitario.
Las administraciones gastan demasiado y de forma muy poco eficiente.
Equilibrar las cosas no significa multiplicar la recaudación sino
practicar una austeridad responsable que acote despilfarros, como
los de tantas empresas públicas baldías. Las familias españolas
deben 866.000 millones de euros que apenas han podido menguar desde
que empezó este calvario. Más IVA, más IBI, más inventos aumentan el
peso de los sacrificios. Es como pretender salir de una borrachera
ingiriendo otra ronda de alcohol.
Sin crecimiento no hay vida y el crecimiento nunca llega con
impuestos excesivos. Las deudas únicamente se pagan generando
riqueza. Todo lo demás contribuye a engañarnos, a retrasar, a lo
sumo, la debacle. Lo decisivo no es aumentar la fiscalidad de forma
abusiva, un torpedo directo a la línea de flotación del motor de
progreso. Lo decisivo es incentivar la prosperidad y el desarrollo y
prescindir de los gastos inútiles, como no nos cansaremos de
repetir. Una clase media fuerte constituye una fuente estable de
consumo de bienes y servicios, esa demanda interna tan
imprescindible para la buena marcha del negocio.
Tony Judt afirma en su testamento intelectual, un libro dictado
cuando la enfermedad le consumía: "Lo maravilloso de la construcción
de los Estados del bienestar fue que el principal beneficiario fue
la clase media". Ahora podemos ahogarla con impuestos. El árbol del
déficit, que el propio Judt recomendaba enseñar a la gente para que
no se pierda, no permite a los gobernantes ver el bosque de nuestras
verdaderas dificultades. La solución no consiste en esquilmar a la
clase media, sino en darle motivos para crear riqueza que luego
pueda ser justamente redistributiva.
Mintegui
JON JUARISTI ABC 8 Julio 201
La designación de la candidata de Bildu para las elecciones a
lendakari me recuerda una vieja historia vasca con un insólito
desenlace moral
Como es sabido, la candidata de Bildu a la presidencia de la
Comunidad Autónoma Vasca para las próximas elecciones a lendakari se
llama Laura Mintegi Lakarra, o sea, Laura Mintegui Lacarra según la
ortografía del español, y es una profesora de la Universidad del
País Vasco, nacida en Estella hace cincuenta y siete años, que
cuenta entre sus antepasados al ilustre medievalista navarro don
José María Lacarra. La profesora Mintegui, autora de novelas
eusquéricas, procede de la proteica Herri Batasuna, en la que ya
militaba cuando la conocí, a mediados de los años ochenta.
Fue aquélla una época bastante dura. ETA mataba todo lo que podía, y
el GAL había hecho su aparición atentando y secuestrando, sobre todo
en la región vascofrancesa. El PNV pastoreaba su Euskadi sin que
nadie soñara aún en disputarle la hegemonía. En la Universidad del
País Vasco (UPV) ejercía como rector un médico valenciano con
apellido de alcaldesa valenciana. El claustro estaba dividido en dos
sectores, uno más o menos controlado por los no nacionalistas, y el
otro, que se autodenominaba «crítico», por Herri Batasuna y sus
acólitos. Este último tenía un programa muy simple: imponer el uso
del eusquera en las sesiones claustrales (lo que consiguió gracias a
un costosísimo sistema de traducción simultánea) y convertir a todos
sus miembros en funcionarios sin pasar por las oposiciones. El
rector se mantenía en un cómodo equilibrio, haciendo a los batasunos
todas las concesiones posibles sin llegar jamás al horizonte utópico
de la funcionarización universal, y garantizándose así su apoyo (o
al menos su abstención) en las sesiones claustrales.
En esas estábamos, cuando, en unos papeles incautados al GAL,
apareció cierta información acerca de un profesor vinculado al
sector crítico que lo relacionaba con ETA. Sus colegas abertzales
montaron un buen pollo y exigieron de las autoridades universitarias
que se solidarizaran con el afectado, cosa que el rector se apresuró
a hacer. Fernando Savater, todavía catedrático de la UPV, deploró en
vano que el equipo rectoral no se hubiera comportado de manera
semejante con los profesores amenazados por ETA, que ya
constituíamos un grupito conspicuo.
Entonces, aprovechando la coyuntura, la profesora Mintegui pasó al
ataque. Denunció en un periódico abertzale que los presos de ETA
matriculados en la UPV eran objeto de agresiones administrativas y
académicas por parte de la universidad, impidiéndoles disponer de
programas de las asignaturas y examinarse. Como responsable de tales
tropelías señalaba con nombre y apellido a quien esto escribe,
Obviamente, exigí del rector una solidaridad hacia mi persona
análoga a la que había manifestado con el profesor supuestamente
infamado por los GAL. El rector no movió un dedo, como era de temer.
Pero sucedió algo imprevisto. Sólo un preso de ETA estaba
matriculado en mis asignaturas. No era un arrepentido, ni mucho
menos. Sin embargo, publicó en el periódico donde habían aparecido
las insidias de Mintegui una respuesta a las mismas tachando a su
autora de embustera. Yo no era, venía a decir, santo de su devoción,
pero había que dar a cada cual lo suyo y él no tenía queja alguna de
mi proceder como profesor ni le constaba que otros presos la
tuvieran. Recibía con regularidad sus programas, y era examinado y
evaluado por mí con entera justicia. El preso, al que nunca conocí
personalmente, se llamaba José Miguel Azurmendi. Le agradecí por
carta su intervención, acusó recibo, y quedamos tan enemigos como
siempre. No sé qué ha sido de él, pero intuyo que la candidata de
Bildu se la tiene guardada.
Al imponer el uso excluyente del castellano
en los juzgados
Mas incumple la sentencia del Estatut
S.SANZ Y L.LOSADA www.gaceta.es 8 Julio 2012
La Generalitat instala sistemas informáticos que obligan a trabajar
sólo en catalán. El abuso de la lengua cooficial es patente hasta en
las carpetas y los sellos. La atención telefónica también es
discriminatoria
El Gobierno de Artur Mas se propuso desde su llegada al poder
potenciar el empleo del catalán en procedimientos y dependencias de
la Administración de Justicia. Sin embargo, ese empeño está
derivando en situaciones abusivas en las que el castellano queda
relegado a un plano ni siquiera testimonial. Esta discriminación
lingüística aparece recogida en una denuncia a la que ha tenido
acceso LA GACETA, donde un juez de Lérida pone en conocimiento de la
delegación provincial de la Consejería de Justicia una serie de
disfunciones que requieren urgente subsanación.
La misiva, fechada el pasado 4 de julio y firmada por el
magistrado-titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo
único de Lérida y su provincia, José María Aristóteles Magán, pone
de manifiesto cómo el sistema de trabajo instalado por la
Generalitat “prioriza el uso no preferente, sino único, de la lengua
catalana, por encima de cualquier otra para la tramitación de
cualquier procedimiento”. De este modo, el juez recalca que el
Ejecutivo regional está incumpliendo la sentencia que dictó el
Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña el 28 de junio
de 2010. Precisa que el máximo intérprete de la Carta Magna, en el
fundamento jurídico 14 de dicha resolución, establece que “no puede
pretenderse que el catalán sea lengua de uso normal y preferente del
poder público siquiera sólo del poder autonómico”. Asimismo, explica
el magistrado que la sentencia llega a afirmar que ninguna
Administración puede presuponer el conocimiento de la lengua
catalana ni siquiera respecto de los propios ciudadanos catalanes,
por cuanto la única lengua en la que existe un deber de conocimiento
en toda España es el castellano.
A la hora de relatar las irregularidades, el magistrado señala que
en enero de 2012 la Generalitat procedió al cambio de los equipos
informáticos, instalando unos ordenadores que sufren esa “particular
imposición lingüística” (también se ignora la lengua aranesa). Ante
ello, Magán advierte de que no corresponde a la Administración
regional elegir en cuál de las lenguas oficiales de esta comunidad
autónoma debe funcionar el sistema operativo del ordenador, “siendo
perfectamente posible desbloquear el mismo para que cada cual pueda
trabajar en la lengua oficial que desee”. En la misma línea, el
magistrado exige que la Generalitat proceda a sustituir en el plazo
más breve posible todos los materiales del juzgado que actualmente
están redactados sólo en catalán, lo que supone un uso excluyente
del castellano. Aquí incluye las “carpetillas” de los procedimientos
y los sellos de caucho, para los que también reclama la
incorporación del aranés; la cartelería de las oficinas del juzgado;
así como la atención telefónica del sistema automático.
Esta denuncia se produce poco después de que el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) admitiera en parte un recurso presentado
por el PP y tumbara varios artículos del reglamento del Ayuntamiento
de Barcelona por plantear una superioridad del catalán sobre el
castellano.
Impunidad veraniega
Dani Portero La Razón 8 Julio 2012
Y llegó el verano y con éste, la impunidad de Bildu y Amaiur. Ahora
toca el tiempo de la exaltación terrorista de ETA en las fiestas de
los pueblos vascos y navarros y de las grandes ciudades. Aunque a
Patxi López, Rodolfo Ares, Eguiguren y demás personajes vascos que
creen que el terrorismo etarra ha desaparecido por completo y, con
ello el enaltecimiento de ETA y de sus presos asesinos, hay que
recordarles que, entre julio y agosto, se celebran casi 40 fiestas
en localidades vascas y navarras que, año tras año, buscan un
espacio de impunidad y exhibición terrorista con absoluta
permisividad de los ayuntamientos organizadores de las fiestas.
Los abertzales, disfrazados ahora de bilduetarras, logran exaltar el
terrorismo de ETA en las fiestas de los pueblos a traves de las
denominadas «txoznas», que se dedican a vender bebidas, juegos y,
por qué no, tambien alguna foto de preso etarra a 1 euro. Además hay
que añadir que la rentabilidad de las «txoznas» abertzales suele ser
importante ya que, aunque declaran ante los ayuntamientos que el
beneficio durante las mismas ha sido nulo, la realidad es otra muy
diferente. En el caso concreto de las fiestas bilbaínas de agosto,
las casi veinte «txoznas» abertzales, tienen beneficios diarios de
miles de euros que no se declaran ante ningún organismo y cuyos
fines no han quedado acreditados, pero de los que se sospecha lo
peor.
Hay que recordar que ETA, a través del denominado «proyecto
Udaletxe», ideó una manera moderna de enriquecer a todas las
organizaciones declaradas terroristas y afines a ETA, entre las que
se incluía la financiación a través de las «txoznas». Por ello, y
ante los nuevos aires políticos de creer en la equivocada «derrota
de ETA», hay que tener claro que las «txoznas» abertzales, ahora
bilduetarras, no son más que una fuente adicional de ingresos de
todo el entremado etarra, si no lo son también de la propia
organización terrorista, algo aún por investigar.
La verbena de los presos
Las fiestas de los pueblos y barrios del
País Vasco y Navarra se convierten en verano en un refugio de
impunidad para homenajear a los etarras
C. S. Macías La Razón 8 Julio 2012
MADRID- Los pueblos y ciudades de País Vasco y Navarra celebran en
verano sus tradicionales fiestas. Es el momento en el que la
izquierda abertzale encuentra su espacio de impunidad, porque en
fiestas se vuelve más permisivo. Bajo el chupinazo de la
«normalización» que pregonan, se organizan para imponer sus
postulados, el miedo, pasear los retratos de los presos de ETA,
reivindicar su libertad y recaudar fondos. Las fiestas se convierten
en su fuente de financiación, de presencia pública de Batasuna
además de una manera de captar jóvenes para la causa abertzale.
Muchas de las «txoznas» –casetas– instaladas en las fiestas del País
Vasco tienen la rúbrica de diferentes tentáculos del entorno de ETA.
Entre ellas, «Txori Barrote», formada por familiares de presos,
«Kaskagorri» que aglutína a los jóvenes de Segi, «Eguzkizaleak» la
ecologísta que abandera la lucha contra el Tren de Alta Velocidad o
«Mamiki» la asociación feminista de la histórica Batasuna. Todas
tienen una misma finalidad: recaudar fondos para los presos de la
banda terrorista y su entorno.
Al margen del programa de fiestas del Ayuntamiento, estas «txoznas»
tienen sus propios programas alternativos con sus conciertos,
actividades, homenajes... Suelen protestar enérgicamente contra la
entrada de la ertzaintza en el recinto ferial y más aún cuando acude
a retirar alguna fotografía o cartel que enaltezca al terrorismo.
Emplean el negocio de la hostelería para recabar fondos bien para
los familiares de los presos o para los etarras encarcelados. En
cualquier caso, durante las fiestas están muy presentes. En cada
actividad se les rinde homenaje, se les nombra, se brinda, y en
algunas comparsas su fotografía forma parte del mobiliario. Sólo la
comparsa de «Kaskagorri» aglutina más de 20 presos de ETA entres sus
miembros a los que denominan «kaskarepresaliados». Entre ellos tiene
un lugar destacado para uno de ellos murió en un tiroteo con la
Ertzaintza.
En Pamplona, durante los sanfermines no sólo han impedido que se
llevara a cabo el tradicional «Riau-Riau», sino que al paso de las
comparsas y al son de la música van pegando por las calles
fotografías de los presos de ETA y reivindicando la anexión de
Navarra.
En los pueblos en los que gobierna Bildu la impunidad se hace más
evidente. Desde ofrecer «souvenirs» de presos por un euro en Andoain
a realizar parodias como la del año pasado en Alsasua o reclamar la
libertad de los presos desde el balcón del consistorio es algo
común. También, y con la firma del Ayuntamiento han llegado a
convocar concentraciones por los presos, como la prohibida en
Sopelana. Algunos hosteleros realizan las fiestas al margen de la
comisión de festejos que en los grandes barrios de Bilbao como
Rekalde, Santutxu, Deusto, Zorroza o San Ignacio también están
dominados por la izquierda abertzale. Las «txoznas» llegan a
recaudar grandes cantidades de dinero sin pagar tasas, ni impuestos
ni licencias de hostelería. En algunos casos reciben subvención que
puede llegar hasta los 3.000 euros. Y a pesar de su proclama
independentista, siguen conservando los toros como ocurre en los
pueblos guipuzcoános de Azkoitia, Azpeitia o Tolosa. En algunas
zonas son las fiestas de la impunidad y del miedo.
España
«El asesinato de Miguel Ángel Blanco puso
el foco en las víctimas»
Carlos Totorika, alcalde de Ermua (PSE), recuerda, quince años
después, al que fuera concejal del PP
ITZIAR REYERO / ermua (bilbao) ABC 8 Julio 2012
Alcalde de su pueblo natal desde 1991, Carlos Totorika vivió desde
primera línea la movilización social de rechazo a la violencia
surgida en Ermua tras el secuestro y asesinato de Miguel Ángel
Blanco, del que esta semana se cumplen quince años. Afirma que
aquella unidad de los demócratas “legitimó el Estado de Derecho” y
“puso el foco en la víctima” por vez primera. Hoy gobierna en
coalición con el PP y observa escéptico el regreso al Ayuntamiento
de Batasuna, que se resiste a condenar el asesinato del joven
concejal del PP.
¿En qué momento se diluyó el Espíritu de Ermua?
Creo que fue más bien un proceso que un momento en concreto. Aquella
movilización significó superar los silencios, salir a la calle,
perderle el miedo a pelear contra ETA, tener esperanza por ganar.
Legitimó al Estado de Derecho y posibilitó la Ley de Partidos, con
el aval internacional. Fue un movimiento social y político, y como
tal, la vida de todo movimiento tiene fecha de caducidad.
¿La tensión partidaria evitó que perviviera en el tiempo?
Las tensiones partidarias fueron una realidad. Y fue entre
constitucionalistas, porque a los nacionalistas no les convenía
nada. El asesinato de Miguel Ángel puso el foco en la víctima, se
dio valor a la pluralidad del país y legitimó la democracia. Pese a
los roces, se ganó en clave de valores y la capacidad de unidad y
movilización perduró en el tiempo. Hay un antes y un después. ETA
empieza a perder apoyo social, aunque es verdad que no fue por
razones éticas, sino prácticas.
El pueblo parece hoy un tanto adormilado, como cansado de que se le
identifique siempre con el asesinato.
Es cierto que hay un enorme cansancio. Durante años el esfuerzo de
movilización fue continuado y poderosísimo, y la gente está bastante
desfondada. A partir de Miguel Ángel, con cada asesinato de ETA, en
Ermua se establece un protocolo de actuación, de respuesta social a
la violencia. Se concentran entre 1.000 y 2.000 personas de media de
un pueblo de 18.000, tanto como Bilbao o San Sebastián.
Pero el hastío es sobre todo por la identificación que se hace de
Ermua en los medios.
Es comprensible. No hay vecino al que no se le haya preguntado por
aquello y ha habido miedo a decir… La gente tuvo sensación de estar
invadida por los medios. Hay un cansancio claro, pero también un
orgullo. La mayoría tiene claro que se trabajó mucho y juntos para
mostrar su repulsa a ETA.
Los niños de Ermua solo saben de Miguel Ángel lo que le enseñan en
casa y no en la escuela.
Es verdad que hasta ahora no se ha trabajado, pero el mundo
nacionalista ha impedido que en los colegios se hable con
naturalidad el tema de la violencia. Ahora empiezan las víctimas a
ser escuchadas en las aulas. No puedo estar más de acuerdo. El
asesinato de Miguel Ángel es un hito histórico para Ermua y España
del que sentirnos orgullosos, y no por su muerte en sí, sino por la
respuesta absolutamente ejemplar y poderosísima de la ciudadanía. Si
la escuela hubiera sido competencia municipal, naturalmente se
tendría a Miguel Ángel como un referente social.
¿El regreso de Bildu, con tres ediles, es una involución?
Batasuna ha tenido históricamente en torno del 18-20 por ciento de
los votos en Ermua. Tras lo de Miguel Ángel hubo mucha abstención,
parte significativa se fue a IU y al PNV. Hoy lo han recuperado. Sé
que ha gente a la que le duele, pero todos sabemos que se les
premia. Aunque no condenan a ETA, espero que algún día lo hagan.
Desgraciadamente no se les espera en el homenaje de este año.
La legalización de Sortu, "una humillación"
Mar Blanco: "Aplaudieron el asesinato de mi hermano y ahora hacen
política"
La hermana del concejal asesinado hace ahora 15 años
lamenta que los proetarras están "muy crecidos" en las
instituciones.
Agencias Libertad Digital 8 Julio 2012
A punto de cumplirse 15 años del asesinato del concejal del PP en
Ermua Miguel Ángel Blanco, su hermana María del Mar lamenta en una
entrevista en EFE que quienes entonces aplaudieron su muerte
participen ahora en la vida democrática y estén tan "crecidos" sin
haber "movido ficha".
De esta forma, la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco,
reconoce que le duele "y mucho" el revés que ha supuesto la
legalización de Sortu por parte del Tribunal Constitucional, cuando
a día de hoy esta formación sigue sin reconocer el daño causado, sin
pedir perdón y sin colaborar con la Justicia.
"Duele mucho, no me gusta, cómo me va gustar que quienes aplaudieron
el asesinato de mi hermano hoy estén haciendo política sin haber
movido ficha. Para mí supone una humillación a las víctimas del
terrorismo. Están muy crecidos", ha dicho.
Pese a la vuelta de los proetarras a las instituciones, la hermana
del concejal secuestrado y asesinado por ETA en julio de 1997 cree
que se viven momentos de "luces" y de "esperanza" con el anuncio del
cese definitivo de la violencia, que no será creíble hasta que la
organización se disuelva, entregue las armas y pida perdón.
Mar Blanco comprende que la Vía Nanclares de reinserción de presos
terroristas haya molestado a las víctimas aunque no suponga ningún
beneficio adicional para los terroristas, que tendrán que cumplir
los requisitos legales, el primero la ruptura con ETA. No obstante,
no tiene interés alguno en entrevistarse con los asesinos de su
hermano y dice que hoy por hoy ni olvida ni perdona. "Yo al fin y al
cabo a lo único que aspiro es a no tener que ver el careto de los
asesinos de mi hermano, ni sus manos manchadas de sangre, en la
calle", dice.
Recuerda que el momento más alegre que ha vivido desde la muerte del
concejal fue cuando a través de la "pecera" de la Audiencia Nacional
pudo dirigirse a los asesinos de Miguel Ángel Blanco, los etarras
Francisco Javier García Gaztelu, Txapote, e Irantzu Gallastegi,
Amaia, a los que espetó: "reíros, reíros, que más me voy a reír yo
cuando os vea pudriros en la cárcel".
Hoy, 15 años después, Mar Blanco confía en que ninguna familia más
tenga que pasar por lo que pasó la suya durante aquellas terribles
48 horas en las que, pese a todo, no hubo ninguna tentación de ceder
al chantaje de los terroristas. "Si en aquel día tanto mis padres
como yo nos opusimos a cualquier tipo de cesión o negociación, cómo
voy a hacer gestos hoy cuando no los hice cuando la vida de mi
hermano estaba en peligro", ha exclamado.
De aquel "espíritu de Ermua", aquella unidad política y aquel clamor
social que inundó las calles tras el asesinato de Miguel Ángel
Blanco, reconoce que se ha resquebrajado parte de ese consenso
político, pero prefiere quedarse con el empuje y la solidaridad de
la gente que todavía sigue sintiendo. Un cariño y un apoyo que
demuestra que la sociedad mantiene en su memoria el recuerdo de
todas y cada una de las víctimas del terrorismo, y eso será, en su
opinión, lo que permita "deslegitimar la historia de terror de ETA".
"Porque la memoria va a permitir que las futuras generaciones no
vean que al final la banda terrorista consiguió a través de las
armas algún fin político. Esas son las puertas que tenemos que
cerrar. La memoria tiene que permanecer por toda la sangre derramada
por las casi 900 víctimas de ETA", explica.
En ese camino, Mar Blanco, diputada del PP en el Parlamento vasco,
elogia sin embargo la labor del Gobierno del Partido Popular y del
ministro del Interior, y su relación con las víctimas del
terrorismo. Considera que hay vías y cauces de diálogo con el
Ejecutivo que hacen innecesario "utilizar un micrófono o salir a la
calle" cuando no hay ningún hecho que demuestre que ha cambiado la
lucha antiterrorista o la aplicación de la ley penitenciaria, aunque
rechaza, eso sí, que pueda equipararse a víctimas y verdugos, lo que
alimentaría la "teoría del conflicto" defendida por ETA.
La derrota de la organización terrorista que se merecen las víctimas
es la derrota incondicional, concluye: "Si hemos aguantado hasta
aquí no puede ser que ahora al final tiremos la toalla".
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