AGLI Recortes de Prensa   Lunes 9 Julio 2012

Merkel quiere salvar a Italia y hundir España
Pablo Sebastián www.republica.com  9 Julio 2012

Rajoy está tocado política y personalmente y se le nota, y se ve en los sondeos de opinión de valoración del Gobierno. Su consuelo está en que Rubalcaba está peor y con líos dentro del PSOE como se acaba de comprobar en el congreso socialista andaluz. Pero la ausencia de oposición no le resta al presidente del Gobierno ni un ápice del temor y la preocupación que tiene ante el posible rescate e intervención de España por parte de la UE, el escalón superior y definitivo al del rescate de la banca que hoy debate el Eurogrupo en un Consejo, donde el ministro De Guindos adelantará nuevas reformas y ajustes del déficit español que el Gobierno anunciará dos días después en el Congreso de los Diputados.

Rajoy huye de su impotencia frente a los mercados y las presiones de la UE como si de sombras acosadoras se tratara y no encuentra la formula mágica para alcanzar un tiempo de sosiego que permita a España recuperar el aliento. En la UE todas las reformas que se les anuncien les parecerán pocas e insuficientes y los mercados no quieren saber nada que tenga a efectos a medio plazo y parecen convencidos de que España acudirá al gran rescate, y que esa será la nueva y cuarta ofrenda que la UE les ofrecerá a sus insaciables fauces –tras las de Grecia, Irlanda y Portugal-, para intentar de esa manera salvar a Italia, porque un rescate doble de Italia y España nos llevaría definitivamente al final del euro, que es el sueño ideal de los especuladores monetarios, sobre todo los que han apostado por el dólar.

Y si es cierto que Merkel, y los duros de la UE –“la troika” donde están la Comisión, el BCE y el FMI- han tomado esa decisión de salvar a Italia y abandonar a España, entonces no habrá nada que hacer y el desprestigio de España y del Gobierno de Rajoy serán enormes y nos sumergirán en el pozo del desánimo nacional. Y ojalá que nos equivoquemos, pero la actitud de brazos cruzados del BCE de los últimos días, negándose a comprar deuda hispana en pleno y feroz ataque de los mercados –que llevaron la prima de riesgo a los 563 puntos y el interés de bonos a 10 años al 7 %- da una idea de la poca disposición de este Banco Central Europeo que gobierna el italiano Mario Draghi, y que seguramente habría actuado de otra manera si Italia fuera la nación con problemas. Y algo parecido se puede decir de los comisarios europeos Rehn y Almunia que tratan a su ex compañero Monti con guante de seda, mientras presionan a España, y no digamos de Merkel que fue la madrina de Monti en su desembarco como presidente del consejo de ministros de Italia.

Mientras que a Rajoy la canciller y su compañera en el Partido Popular Europeo, Ángela Merkel, lo trata con cierto desdén y displicencia, sobre todo después de que al Gobierno de Madrid le estallara en las manos Bankia –por sus propios errores- y de que aparecieran nuevos agujeros del déficit público en las autonomías de Valencia y en Madrid aumentando las desconfianza en España. Y ampliando la brecha de tensiones como las que Rajoy lideró en sus enfrentamientos con la Comisión, el BCE y el conjunto de la UE tras al veto a las política de crecimiento en la cumbre de la UE como chantaje previo al logro de ventajas financieras como las presentadas como victoria: ayudas directas a la banca hispana y compra de deuda de España e Italia –si lo piden- por parte de los fondos de estabilidad de la UE. Dos falsas victorias porque en ellas están las contrapartidas –“letra pequeña”- de la intervención del país por parte de la “troika” de la Comisión, BCE y FMI y ese es el argumento en el que se refugia ahora Draghi para no mover un dedo en defensa de la deuda de nuestro país, como diciendo: si queréis ayuda pedirla oficialmente y someteros a la intervención.

Aunque presuma de lo contrario el Gobierno no ha jugado bien sus cartas en el tapete de Bruselas: hizo reformas y ajustes mas bien escasos (como lo demuestra el fracaso de los Presupuestos de 2012, que ahora hay que retocar); presentó tarde esas cuentas del Estado (para ganar las elecciones andaluzas); no dijo la verdad sobre el déficit de las CC.AA (de Madrid y Valencia); ni sobre Bankia y otras cajas de ahorro, ahora viene la crisis de la gallega); desafió a la Comisión sobre el objetivo de déficit de 2012 (con el 5,8 & que se quedó en el 5,3%); presumió Rajoy de presionar a la UE para el rescate de la banca (cuando fue al revés); se ha negado el gobierno a llamar “rescate” a las ayudas a la banca, afirmando además que nadie les ha pedido contrapartidas (como las que va a anunciar Rajoy en el Congreso); insiste Rajoy, tras los acuerdos de la pasada cumbre de la UE, que no habrá condiciones de orden nacional para la compra de deuda española por los fondos de la UE (lo que es rotundamente falso); y añade Rajoy que España no pedirá que dichos fondos compren deuda española, cuando se lo están pidiendo al BCE.

Ojalá que el BCE reaccione, que el Eurogrupo ponga en marcha este lunes y con urgencia el rescate bancario, que la UE y los mercados aplaudan los nuevos ajustes y reformas del Gobierno, que se harán públicos este miércoles y que cese la presión sobre la prima de riesgo y los intereses de nuestra deuda. Ojala que todo esto sea así y que esta semana que entra constituya el principio de un cambio de tendencia y de un tiempo mejor. Pero nada de esto está claro y además empiezan a circular sospechas de que en la UE existe un secreto consenso favorable a Italia que deja España en un segundo y peligroso lugar. Lo vamos a saber muy pronto y cuando antes mejor. No vaya a ser que un espejismo le permita al Gobierno bajar la guardia antes de que una posible tempestad nos ataque en pleno mes de agosto, cuando nadie está en su sitio ni se prevén mecanismos de urgencia para reaccionar.

Es Rajoy quien quiere seguir hundiendo España
Nota del Editor 9 Julio 2012

Si Rajoy hubiera tenido la más mínima intención de hacer algo positivo por España, lo primero que debería haber hecho habría sido la derogación de todas las leyes sobre lenguas regionales, medida sin coste económico alguno y de un impacto enorme en la simplificación del estado.

Las medidas siguientes tienen costes sociales elevados, inevitables, pues el desmantelamiento del tinglado autonómico implica más millones de parados, pero permitirá que la sociedad recupere sus recursos y pueda crear empleo productivo.

El último cartucho
José Luis Martín Miralles Estrella Digital 9 Julio 2012

Los avances conseguidos con las decisiones adoptadas en la última reunión del Consejo Europeo han sido un alivio poco duradero para nuestra prima de riesgo, que se ha vuelto a disparatar, a la vez que nuestra bolsa ha tomada de nuevo el camino de bajada.

Y esto sucede porque, como después de cada reunión de este tipo, se imponen otras realidades, que de una parte pasan por las resistencias internas que se está encontrando Merkel con sus propios socios de gobierno y sus propios conciudadanos para sacar adelante las decisiones adoptadas y de otra parte, por las resistencias que ponen otros países que como Finlandia querrían que hipotecáramos la Costa del Sol.

Otra realidad es la falta de credibilidad acerca del cumplimiento del déficit para este año en nuestro país que está fijado en el 5,3%. Esa falta de credibilidad creo que impulsa a Merkel a utilizar los resortes a su alcance para demorar y dificultar el rescate bancario español y para que el BCE no compre deuda de nuestro país, que es lo único que en este momento podría minorar nuestra prima de riesgo. Se trata de poner problemas y demoras y así ir apretando el cuello de Mariano Rajoy para forzarle a tomar las medidas que Merkel desea.

Ante esta situación nuestro gobierno aprobará un nuevo paquete de reformas (eufemismo) en los próximos días que cumplirán con algunas de las expectativas de Bruselas. Ya estamos oyendo hablar de la elevación del IVA, de la eliminación de la deducción por adquisición de vivienda y otras más. Creo que esas medidas constituirán el último cartucho del gobierno para tratar de tranquilizar a Merkel y a los mercados, y que si no lo consiguen, la intervención, dura o blanda, podría estar a la vuelta de la esquina.

Bajo mi punto de vista, la forma de goteo en que el gobierno está llevando a cabo las reformas, no permiten la existencia de un marco claro y estable en el cual todos sepamos a qué atenernos. No se pueden están cambiando las reglas del juego de forma constante ya que se crea inseguridad. Hay que tomarlas todas juntas y aplicarlas, dejando al margen el rédito electoral.

Y además tengo la impresión de que la reforma más importante, ni está ni se la espera. Me refiero a los 17 reinos de taifas que tenemos montados en este país y que son pozos sin fondo. El descontrol y el gasto de estos reinos de taifas sí que producen pavor en Europa y más en concreto en Merkel.

El sistema de las autonomías que nos dimos en la transición, con todos sus coches oficiales, televisiones, altos y bajos cargos y toda la corruptela posible ha producido un gigantismo de sector público que amenaza con engullir al privado que lo tiene que sustentar. Hay que modificar el sistema a toda prisa para que el sector privado de este país pueda comenzar a respirar de nuevo. Pero lo cierto es que de esta reforma tan sólo hemos oído en una ocasión a Esperanza Aguirre decir algo positivo en ese sentido y por contra a Mariano Rajoy decir que ni siquiera se lo plantea.

Entiendo que los políticos no estén en su mayoría por esa labor, pero los ciudadanos de este país tenemos que indicarles el camino a seguir y si es necesario saliendo a la calle como cuando "La Roja" gana la Copa de Europa. ¿O es que acaso nuestro futuro es menos importante que el fútbol?

El plan de negocio de Rajoy
Francisco Muro de Iscar Estrella Digital 9 Julio 2012

Nos hemos quejado mucho de los Gobiernos o los ministros que legislan a golpe de telediario, especialmente en el terreno penal, influidos, por ejemplo, por la noticia de un asesinato de un menor o la huida de un terrorista. Pero llevamos mucho tiempo legislando en respuesta a los movimientos espasmódicos de los mercados y cada reforma, cada cambio, cada medida se revela inútil poco tiempo después. Seguramente el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, también podría hacer otras cosas, y aunque algunos señalan que existe un plan, una mayoría cree que no hay tal programa sino una respuesta nerviosa a cada golpe que se recibe. Zapatero anunciaba medidas drásticas que se quedaban en nada y tal vez pensaba que engañaba a Europa y a los mercados. Pero se hacía trampas al solitario, nos engañó a todos y nos hizo perder mucho tiempo.

Ahora Rajoy tiene un país en emergencia. Ha tocado el problema laboral, no ha afrontado a fondo el problema financiero, tiene una Administración y una función pública necesitadas de una reforma profunda, y debe hacer una revolución en el sistema educativo, pero da la sensación permanente de improvisación, no transmite confianza. Son muchos lo que le piden un programa y un calendario, saber a qué atenernos, qué recortes hay que hacer -muchos todavía- y cuándo, qué medidas propone para crecer, para crear empleo, para levantar el país. También los países también deben tener "un plan de negocio".

Como reformamos una cosa cada día, sin ese plan explícito, da la sensación de que aquí nada funciona. Y no es verdad. Pero si vendemos fuera que los bancos y cajas están quebrados, que el regulador financiero no se entera de nada, que los políticos son ineptos y corruptos, que la industria no existe, que el turismo sufre bajo la amenaza de la subida del IVA, que la Administración está en manos de incompetentes, etc., nos van a cobrar cada euro que nos presten al doble de lo que vale y vamos a pagar estas deudas por los siglos de los siglos.

Ahora se está hablando de quitar la paga de diciembre a los funcionarios y de eliminar no se cuántas decenas de miles de contratos en las Administraciones públicas, como ha anunciado también Monti en Italia. Seguro que sobra personal en la Administración, pero da pánico pensar que es más fácil echar a los que trabajan que a los que no pegan un palo al agua o a los ineptos que les mandan. Tenemos funcionarios que no hacen nada, pero también muchos que cumplen fantásticamente su tarea y que son absolutamente competentes. Demonizar la función pública es otro error. Hace falta un análisis serio de lo que tenemos, de las duplicidades, de las ineficiencias y actuar con vistas al futuro. Es posible que ahora haya que meter el bisturí, pero sin un plan a medio y largo plazo, el enfermo será crónico. ¿Tiene un plan este Gobierno? Pues que lo enseñe.

PP-PSOE
Manca serietà
Emilio Campmany Libertad Digital 9 Julio 2012

Decía Andreotti que en la política española manca finezza. Es posible, pero lo que de verdad falta es seriedad. Estamos al borde de la quiebra, de la intervención, del desastre en definitiva ¿y a qué se dedican nuestros políticos? Rajoy se queja de que no se puede gastar más de lo que se ingresa como si él en eso no tuviera nada que ver. Luego recrimina a Europa no cumplir lo pactado cuando somos nosotros quienes no lo hacemos. A pesar del torbellino en el que anda metido, encuentra tiempo para irse a su tierra a devolver el Códice Calixtino para asegurarse ser la foto de portada de este lunes (la de La Razón la tiene asegurada). Y Gallardón dice que negociará la reforma del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE. Así, la negativa de Rubalcaba le servirá de excusa para no cumplir su programa y que sigan siendo los políticos quienes continúen eligiendo a los miembros de la alta institución.

Al otro lado del hemiciclo, las cosas están aún peor. El PSOE no hace una sola propuesta de cómo recortarían ellos el gasto para cumplir el compromiso de déficit. A lo más que llegan es a afirmar que no harían nada de lo que se supone va a hacer Rajoy. O sea, dejarlo todo como está, una muy populista manera de garantizar la quiebra entre un atronador flamear de banderas rojas. Pero, como ven que, escaldados como estamos, ese mensaje no cala, se dedican también a meterse con sus disidentes y a inventar chascarrillos de titular de periodicucho de izquierdas como lo del "Fátimagate", por lo de la filtración que desde el Ministerio de Empleo han hecho del ERE del PSOE. Que esa es otra, como si allí no hubiera graves problemas de los que ocuparse.

En Bankia puede verse muy bien de qué pasta, y nunca mejor dicho, están hechos unos y otros, pues socialistas y populares, cuando el auditor afirma haberles entregado unos papeles que reflejaban la situación del banco, contestan que nadie puso el énfasis en ello y que, en todo eso, ellos no se enteraron de nada. Seguro que no lo hicieron. Tan seguro como que nunca se preguntaron por qué les pagaban sumas ingentes por eso, por no enterarse de nada.

Dicen por ahí que todo pueblo tiene los gobernantes que se merece. Yo no digo que alguna vez, como electorado, no hayamos sido tan inconscientes como nuestros políticos. Pero, en 2011 pusimos a Rajoy al frente del Gobierno para que hiciera todo lo que había que hacer, por muchos que fueran los sacrificios que implicara, con tal de que los primeros en asumirlos fueran los políticos. Nos han metido algún crujido que otro más o menos inútil, pero ellos siguen como siempre, preocupados por salir en la foto, largando mensajes de brocha gorda y haciendo como que se pelean mientras se reparten las bicocas, que no han suprimido ni una. Falta, desde luego, finura y seriedad. Y muchas más cosas.


Tras la fractura social, la quiebra territorial
Gonzalo López Alba. El Confidencial 9 Julio 2012

Santa Olalla del Cala y Monesterio son dos pueblos de España separados por 18,6 kilómetros. El primero pertenece a Huelva, en Andalucía; y el segundo a Badajoz, en Extremadura. Los jubilados de Santa Olalla con ingresos inferiores a 18.000 euros anuales contribuirán al copago farmacéutico con un máximo de ocho euros al mes, mientras que los de Monesterio además tendrán que abonar en metálico el gasto que exceda esa cantidad hasta que la correspondiente administración autonómica les devuelva el diferencial adelantado, cuando pueda y si es que puede, lo que en la práctica obliga a estos pensionistas a actuar como prestamistas sin contraprestación de intereses.

Este es uno de los muchos ejemplos reales que pueden ponerse para advertir de que el Estado de las Autonomías, que durante los últimos treinta años contribuyó de manera decisiva al reequilibrio territorial de España, ha sido puesto en la senda de convertirse en una fuente adicional de desigualdad. Son crecientes los indicios de que, tras la fractura social, la crisis trae una brecha territorial, aunque todavía no resulten tan evidentes como el hecho de que la clase media española se ha convertido en una especie en extinción mientras que la distancia entre las rentas altas y las bajas va camino de convertirse en un abismo.

Los recortes que se están aplicando con el mantra de la austeridad no sólo tienen un impacto contable y financiero sino que, en la medida en que conllevan un desmantelamiento de las redes de protección igualitarias que constituyen la esencia del Estado social, expulsan del sistema a crecientes capas de población. La gratuidad de los medicamentos para los jubilados, como las subvenciones para el transporte, las ayudas a los dependientes y otros servicios sociales constituían en la práctica una renta indirecta para los más desfavorecidos. Sin ese complemento, corren el riesgo de pasar de ser débiles a engrosar directamente la bolsa de los excluidos.

El peso proporcional de esta población en las distintas comunidades autónomas hace que en unos territorios sea más difícil –y socialmente gravoso- que en otros hacer recortes de gasto público en las partidas sociales y esos territorios coinciden de forma alarmante con aquellos que tienen también una mayor dificultad para financiarse y, a la postre, de recuperar la senda del crecimiento económico. Establecido el tope para su endeudamiento en el 1,5% de su PIB, la consecuencia es que Madrid puede endeudarse diez veces más que Extremadura, aunque su población sólo multiplica por seis a la de esta comunidad. Y resulta que Extremadura es una de las comunidades autónomas donde hay más jubilados con la pensión mínima. Así, las personas aparecen, de nuevo, como las últimas que cuentan en los cálculos políticos, salvo que sea como unidades de consumo o de tributación.

Si los españoles nos volvimos de la noche a la mañana autonomistas fue no sólo porque ningún español de ninguna región quería ser menos que catalanes, vascos, navarros o gallegos, sino porque el Estado de las Autonomías se demostró útil para los ciudadanos. Ahora, sin embargo, empieza a cuajar la idea de que no sólo no es útil, sino también derrochador y, llegado el caso, perjudicial. Sin lugar a dudas la crisis confiere urgencia a reformas que se han demostrado necesarias desde hace tiempo para eliminar duplicidades administrativas, aligerar las burocracias, racionalizar los repartos competenciales y suprimir gastos protocolarios. Pero es una operación que ha de practicarse con bisturí si no se quiere dañar a las partes sanas del organismo.

Las autonomías sin autonomía ya no son sólo un bosquejo teórico. La Ley de Estabilidad Presupuestaria incorporó el mecanismo legal para que pueda convertirse en una realidad inmediata que echará más leña a la hoguera de que la política es superflua y el sueldo de los políticos un gasto suntuario. El experimento puede comenzar con los gobiernos autonómicos porque la fuerza de los Estados nación se ha evaporado succionada por el poder flotante de los mercados y, siendo titánica la tarea de recuperar el poder para la política, resulta fácil para los gobiernos estatales caer en la tentación de intentar revitalizarse fagocitando a las administraciones regionales y locales.

Pero lo que puede venir luego ya lo describió Martin Niemöller en 1946: “Cuando los nazis vinieron a llevarse a los comunistas, guardé silencio porque yo no era comunista (…) Cuando vinieron a buscarme, no había nadie más que pudiera protestar”. Los políticos, de todas las ideologías y niveles administrativos, están en el disparadero por demérito propio, pero resultaría suicida para los ciudadanos olvidar que, como advierte Zygmunt Bauman (Tiempos líquidos), “uno no puede estar seguro de sus derechos personales a menos que pueda ejercer sus derechos políticos”, y al mismo tiempo, como repite con insistencia Paolo Flores d´Arcais, y que “la pobreza (antigua o nueva) genera desesperación y sumisión, absorbe toda la energía en la lucha por la supervivencia, y sitúa la voluntad a merced de promesas vacías y engaños insidiosos”.

Por primera vez incluyen motivos ideológicos para las ayudas
Mas pide un crédito de 500 millones de euros mientras regala casi 10 a la prensa en catalán
Curiosa forma de gobernar, la de CiU, que pide un crédito para la Generalidad y desde la presidencia se regalan millones a la prensa
Daniel Tercero. Periodista Digital 9 Julio 2012

Pedir un crédito de 500 millones de euros porque la Administración que gestionas no tiene dinero y repartir 9,5 millones entre la prensa. Esta es la estrategia de Artur Mas (CiU) al frente de la Generalidad de Cataluña, según se ha sabido este fin de semana.

La semana pasada --julio 2012-- se dio a conocer, a través del Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña (DOGC) que el departamento que lleva directamente Mas ha abierto convocatoria de subvenciones para los medios de comunicación, solo en catalán o aranés (pero no en español, pese a a que es lengua oficial), por casi 9,5 millones de euros.

MOTIVOS IDEOLÓGICOS
A esta cita podrán acceder los medios de comunicación privados de todo tipo, desde medios impresos a diarios digitales, pasando por radios y televisiones. Además, los nacionalistas en el Palacio de la Generalidad han introducido un elemento ideológico para la entrega de las ayudas públicas.

Desde ahora se reconoce explícitamente y se justifica que las subvenciones se destinen a medios de comunicación que "contribuyan a garantizar el derecho a la información de todos los ciudadanos y la consolidación de la identidad nacional del país [por Cataluña]". En total, se repartirán, solo de la presidencia autonómica y en 2012, 9.468.979 euros.

Según recoge el DOGC, Mas otorgará 3.194.000 euros a publicaciones periódicas (diarias y no diarias) en soporte papel; 1.270.979 euros (ampliables en otros 666.000 euros) a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa en soporte de papel; 855.000 euros a medios informativos digitales de titularidad privada y 777.000 euros a emisoras de televisión digital terrestre de empresas privadas para proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación.

A estos hay que añadir otros 763.000 euros a proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación para empresas periodísticas privadas editoras de prensa digital; 713.000 euros a emisoras de radio de empresas privadas para proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación; 550.000 euros a emisoras de radio de titularidad privada; 400.000 euros a a emisoras de televisión de titularidad privada; y 280.000 euros a entidades sin ánimo de lucro para proyectos que contribuyan al fomento del periodismo y del espacio catalán de comunicación.

DISCRIMIANDOS LOS MEDIOS EN ESPAÑOL
Esta convocatoria, como viene siendo habitual, quedan excluidas las empresas de Cataluña que opten por utilizar el español, lengua oficial en toda España, y, por tanto, la Generalidad perjudica y discrimina a una parte del sector periodístico.

Curiosamente, en la convocatoria abierta, se sitúa al español -sin citarlo- con el resto de idiomas extranjeros, como si en Cataluña hubiera un sector periodístico en inglés, francés o chino:

"Cataluña cuenta con un sector privado de la comunicación en lengua catalana y occitana/aranesa, sólido y emprendedor, que contribuye día a día a la construcción del espacio catalán de comunicación. Este sector ha de enfrentarse a una situación de desventaja competitiva respecto a otros medios hechos en otros idiomas con muchas más expectativas de mercado".

EL CASO DEL GRUPO GODÓ
Los medios de comunicación reciben dinero público de la Generalidad de Cataluña por varios medios. Al margen de la publicidad institucional, las subvenciones directas y las de concurso, en los últimos años el ejemplo paradigmático de medio de comunicación subvencionado es el que protagoniza el Grupo Godó.

Únicamente desde septiembre pasado (2011), ha recibido más de 9 millones de euros en ayudas de todo tipo, principalmente en subvenciones directas y publicidad institucional, pero también a través de suscripciones de las consejerías y otros entes autonómicos y municipales. Una cifra "razonable" para el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs (CiU).

En el año 2010, y solo desde la Consejería de Cultura, la Administración autonómica otorgó subvenciones directas a los diarios impresos por más de diez millones de euros con la única condición de estar escritos en catalán.

A esto hay que sumar más de tres millones de euros para los medios digitales y otros 2,8 millones de euros para las radios y las televisiones. Y en 2011, solamente desde el departamento autonómico de presidencia, los diarios recibieron 2,1 millones en subsidios.

Y MIENTRAS TANTO...
Mientras esto sucede, la Generalidad está a punto de cerrar con tres entidades bancarias un crédito sindicado de 500 millones de euros para afrontar los graves problemas de tesorería y pagos pendientes, según fuentes de la Consejería de Economía y Conocimiento y publica El País.

Esta sería la cuarta vez que el Gobierno autonómico de Mas tuviera que recurrir a bancos para poder hacer frente a los compromisos económicos adquiridos. En 2011, la Administración autonómica firmó tres créditos: uno por 500 millones, otro por 400 y uno más por 150 millones.


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Aldeanismo totalitario
El Editorial La Razón 9 Julio 2012

La coalición aberztale Bildu, trasunto de Batasuna, ha hecho pública su lista de consejeros para el caso de que ganen las próximas elecciones autonómicas en el País Vasco. Fieles a la descripción de las sociedades totalitarias que hiciera Orwel en su impagable «1984», los viejos proetarras no ahorran eufemismos con la clara intención de disimular su verdadero objetivo, que no es otro que la creación de un Estado independiente, marxista y autogestionario. Y así, el Departamento de Interior pasaría a llamarse de «Libertades Ciudadanas», lo que mejora en mucho el «Ministerio de la Paz» orweliano que se encargaba de la guerra; el de Empleo y Asuntos Sociales se denominará «Justicia Social», y el de Agricultura tendría el nombre de «Soberanía Alimentaria», en un canto a la autarquía que no hubiera superado el mismo franquismo y que explica a las claras el concepto aldeanista de una ideología que se ha quedado fuera de su tiempo. Pero se pretende crear otro departamento mucho más inquietante: el de «Normalización Lingüística», con la misión de euskaldunizar a los vascos de lengua materna castellana, que son la mayoría. No es posible llamarse a engaño: el programa de Bildu es el mismo que ha intentado imponer ETA a base de terror y asesinatos y supondría, de tener éxito, la eliminación a la larga de cualquier disidencia en el País Vasco. Como todo movimiento mesiánico, mezcla las aspiraciones políticas con el deseo de crear un nuevo modelo de sociedad. Ambos conceptos, el separatista y el que se refiere a la ingeniería social, figuran en los documentos pre electorales firmados por los distintos grupos abertzales, que hoy da a conocer LA RAZÓN, y que reflejan lo que ya está sucediendo en algunas de las localidades donde gobiernan.

Le asiste, pues, toda la razón a Antonio Basagoiti, presidente del Partido Popular del País Vasco, cuando advierte de que las próximas elecciones regionales serán las más «trascendentales» de los últimos 30 años, porque está en juego «el triunfo de ETA o el de la democracia de los que se sienten vascos y españoles». Por supuesto, el análisis abertzale admite que las urnas no le darán la mayoría necesaria para imponer su proyecto, por lo que han diseñado una estrategia a medio plazo de desobediencia civil, presión en la calle y utilización de las instituciones en las que está presente a través de Bildu o Amaiur, con el objetivo de desplazar al PNV, al que sus documentos presentan como responsable, junto al resto de las fuerzas políticas no nacionalistas, de las dificultades económicas que atraviesa el País Vasco. Ante esta situación, toca al Gobierno de la nación y a los partidos democráticos extremar la vigilancia y actuar con firmeza allí donde se conculque la Ley o se pongan trabas al ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

La prima de riesgo de la Justicia
EDITORIAL Libertad Digital 9 Julio 2012

El anuncio realizado por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, nada más tomar posesión de su cargo de una verdadera reforma que parecía, esta vez sí, encaminada a la regeneración de la Justicia fue probablemente la noticia más esperanzadora desde que el inefable Zapatero abandonó el poder. Sin embargo, en estos siete meses hemos visto un Gobierno más dado a los buenos propósitos y los grandes anuncios que a aplicarlas realmente, cuando no a contradecir en la práctica sus intenciones iniciales. La mejor noticia se convertía el viernes en la mayor decepción, cuando Gallardón supeditaba los cambios en el poder judicial al "consenso" con el PSOE, que es lo mismo que no cambiar nada, salvo a peor. La de la Justicia es, con la de la organización del Estado, la más urgente de las reformas que necesita España. Hay quien puede pensar que ahora la prioridad son las medidas económicas pero se equivoca si piensa que estas dos cuestiones son ajenas a la crisis económica o que la solución está exclusivamente en ajustes contables. Sin una racionalización de la estructura administrativa del Estado será imposible el control del gasto a largo plazo, y sin una justicia independiente España no será una un país que genere confianza y credibilidad.

No hay mejor ejemplo, por desgraciado y siniestro que sea, que lo que está sucediendo con la banda terrorista ETA. Las sucesivas legalizaciones de los marcas electorales de los criminales por parta de un Tribunal Constitucional, órgano no jurisdiccional nombrado por los partidos políticos que enmienda la plana al poder judicial invadiendo las competencias del Tribunal Supremo, se solapan con las 195 denuncias de que esos mismos partidos legalizados apoyan a ETA, que ha presentado este domingo el propio delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo.

El apoyo a los presos de ETA es un claro menosprecio a las víctimas del terrorismo y eso es causa de ilegalización según recoge la sentencia que los legaliza. Bildu lo hace allí donde gobierna, según nada menos que 195 denuncias avaladas por el Gobierno de España, pero sigue siendo legal. ¿Cómo es posible que esto suceda en un Estado de Derecho? Es de locos. Ahora que la prima de riesgo es la principal angustia de Mariano Rajoy, podría reflexionar en lo difícil que resulta confíar en España y, por tanto, en su deuda, asistiendo a espectáculos dantescos como este. Si la prioridad es generar confianza, es ineludible que la justicia sea independiente, que los jueces elijan a sus vocales y que el Tribunal Constitucional se convierta en una sala del Supremo. Así debe funcionar la democracia y así seremos una nación fiable. Con o sin consenso, señor Gallardón.

UN PAÍS EN DESBANDADA
ISABEL SAN SEBASTIÁN ABC 9 Julio 2012

¿Dónde radica el fallo estructural? En los cimientos de la construcción democrática. O sea, en los partidos políticos con vocación mayoritaria

LA crisis que nos azota está llevándose por delante mucho más que nuestros ahorros. Mucho más que los puestos de trabajo que sustentaban a cinco millones y medio de familias. Más incluso que ese Estado del Bienestar construido derecho a derecho a base de ingentes sacrificios por las generaciones que nos precedieron y también por la mía, nacida en un tiempo en el que cualquier horizonte vital de progreso podía vislumbrarse únicamente a base de esfuerzo y perseverancia, sin que nada nos fuese debido. Este huracán económico es de tal magnitud que amenaza con destruir los cimientos sobre los que se asienta la democracia tal como la conocemos; el esqueleto político que desde la Transición hasta hoy ha sostenido el sistema por el que nos regimos. Y no parece que nuestros dirigentes estén a la altura del desafío.

Las encuestas reflejan claramente la imagen de un país en desbandada, huérfano de liderazgo. Los dos partidos que han vertebrado tradicionalmente a la sociedad, alternándose en el Gobierno, retroceden a ritmo acelerado ante formaciones cuya única fortaleza radica en descalificar todo lo que hacen otros y prometer el oro y el moro, desde la impunidad que otorga el saberse ayuno de poder y por tanto de responsabilidad. PP y PSOE pierden apoyos a una velocidad que debería inquietarles no sólo a ellos, sino a quienes conservamos la certeza de que este edificio, repleto de grietas y necesitado urgentemente de reformas, sigue siendo mejor que la intemperie del experimento o de la experiencia comunista, por no mencionar la dictadura del terror que garantiza cualquiera de las marcas etarras. Claro que si las obras no se acometen de inmediato, el derrumbamiento será inevitable.

¿Dónde radica el fallo estructural? En los cimientos de la construcción democrática. O sea, en los partidos políticos con vocación mayoritaria. El PSOE está fragmentado ideológica y territorialmente, lamiéndose las heridas de la derrota, a la búsqueda desesperada de pesebres en los que poder abrevar a su rebaño. Le costará años recuperarse de los estragos causados por ese azote llamado Zapatero, que ahora corre maratones en Escocia. El PP sencillamente no existe. Lo que se conoce como «partido», la organización capilar con capacidad de penetración hasta en el último rincón de la nación, encargada de sostener el quehacer del Gobierno en las maduras y especialmente en las duras, brilla por su ausencia. No es un «problema de comunicación», como suele decirse a la ligera. Es algo mucho más grave: una falta absoluta de discurso que lleva a sospechar si en su lista de prioridades quedará algún principio inquebrantable por el que merezca la pena luchar; una indefinición alarmante en la fijación de fines y sobre todo de medios con los que alcanzarlos, cambiantes unos y otros cada día al albur de vientos variables; una enemistad enconada con la verdad, que deja al ciudadano solo ante un peligro cierto.

El «político» se percibe como el problema y no como la solución porque, con las consabidas excepciones honrosas, abdica de su obligación de dar respuestas útiles, o al menos veraces, al votante sobre problemas concretos. Ni siquiera por los suyos parece dispuesto este PP a dar la cara en momentos de tribulación. La Audiencia Nacional imputa indiscriminadamente a 33 consejeros y directivos de Bankia, entre quienes hay algunos personajes sumamente turbios y otros de trayectoria y comportamiento intachable, como Ángel Acebes, y nadie pone la mano en el fuego por nadie. Nadie responde. ¡Sálvese quién pueda! En esto estamos hoy los españoles?

Olvidos y hegemomía
Antonio Elorza, EL CORREO.  9 Julio 2012

El nacionalismo no ha conseguido hasta fecha reciente desarrollar una cultura nacional de calidad, logrando en cambio imponer la idea de que cuanto pueda producirse sin atender a sus baremos de nacionalidad vasca ha de ser excluido

Cuando supe que estaba en marcha una refundación del Museo de San Telmo en San Sebastián, me puse en contacto con sus gestores. Mi esposa, ya fallecida, pertenecía a la última generación de descendientes del poeta euskeldún Indalecio Vizcarrondo, Vilinch, y en razón de ello había conservado algunos originales manuscritos de sus versos. Una vez atendido con la máxima amabilidad, la oferta de donación fue rápidamente aceptada y hoy ‘Juramentuba’ se exhibe en una vitrina de la exposición permanente. Aprovechando la ocasión, recordé a esos mismos gestores que mantenía una excelente relación con los descendientes de una de las figuras señeras del siglo XX vasco, el ingeniero Nicolás María de Urgoiti, fundador de la Papelera Española, promotor de otras iniciativas en el país y luego en Madrid, creador del más importante periódico diario de la primera mitad del siglo XX en España, ‘El Sol’. Aunque por azar vio el mundo en Madrid, Urgoiti siempre se consideró vasco –«fue en San Sebastián donde mis ojos se abrieron al mundo»–, e incluso estuvo a punto de formar parte de la candidatura republicana en la provincia en junio de 1931. Su vida profesional se había inaugurado en Vizcaya, al frente de la Papelera del Cadagua, sobre cuyo funcionamiento en todos los órdenes –técnicos, económicos, de denuncia de la explotación de los trabajadores– dejó unas páginas admirables.

Los familiares estaban incluso dispuestos a ceder al museo un magnífico busto de don Nicolás, obra de Victorio Macho, pero de nada sirvió. No hubo siquiera respuesta. Tal vez como venganza por haber sembrado los montes del antiestético pino papelero, su nombre y sus actividades fueron ignorados. Como contrapartida, una vitrina evocaba una actividad económica sin duda menos importante que la industria papelera, pero también sin duda más expresiva de lo que quienes pensaron el museo juzgaban que era el alma verdadera del país: el trabajo de la alpargata, al que entregaron su vida generaciones de mis antepasados en Azkoitia. Por cierto, exhibiendo un banco de alpargata bastante deteriorado.

Conviene decir que el olvido de Urgoiti no fue total en el País Vasco –así fue evocado en una notable exposición sobre Bilbao hace años–, y que es compartido en otros lugares donde desarrolló su trabajo, particularmente en Madrid. Aquí de modo absurdo tropezó con el muro de Ortega y Gasset, a quien siguió en muchas de sus ideas y que fue el colaborador privilegiado de sus publicaciones. Pero que ni fundó ‘El Sol’ –tal y como afirmaba incluso la exposición organizada en honor del filósofo al llegar los socialistas al gobierno–, ni sus planteamientos políticos y económicos fueron un simple reflejo de los orteguianos. Fue un demócrata mucho más resuelto que el autor de ‘España invertebrada’. La estricta complementariedad intelectual de ambos personajes fue olvidada y el esperpento llegó hasta un ensayo de gran difusión donde se citaba textualmente un supuesto elogio de Urgoiti a Ortega, con la entrada en escena de la figura del arquero, cuando en realidad era Ortega quien elogiaba a Urgoiti, auténtico guía del diario. El proyecto reformador de Urgoiti tenía además unas raíces estrictamente autóctonas: en un esquema de círculos concéntricos, donde el análisis de las deficiencias de la industria papelera en Vizcaya y en Guipúzcoa le lleva a plantear la innovación en la cultura, en la prensa como vehículo de modernización de la mentalidad y de la política, y por fin, a una concepción técnica del Estado.

En tierra vasca, las razones del olvido son distintas y conciernen a otras causas. Es algo que Juan Pablo Fusi ya señaló hace tiempo. El nacionalismo no ha conseguido hasta fecha reciente desarrollar una cultura nacional de calidad dentro de su marco, logrando en cambio imponer la idea de que cuanto pueda producirse sin atender a sus baremos de nacionalidad vasca, ha de ser excluido o menospreciado. La alpargata por delante de la Papelera. A título personal, partiendo de Unamuno, pueden librarse de las tinieblas exteriores. No en los cauces que configuran la mentalidad colectiva. Una concepción perversa de la ‘construcción nacional’, de estricta confesión nacionalista, ha actuado aquí con gran eficacia. Y en los tres años de paréntesis gubernamental socialista, no parece que nada haya cambiado. Posiblemente, a pesar de su atención a la cuestión cultural en el plano lingüístico, ni siquiera se lo han planteado, o no se han atrevido a hacerlo, con el PNV siempre en guardia. Ha estado ausente la necesaria imagen de una Euskadi donde la nación debe ser plural, donde sobra la proyección política irredentista de una Euskal Herria más allá del nacionalismo cultural, donde las concepciones políticas del mundo abertzale vulneran continuamente desde su esencialismo los criterios democráticos.

Nada tiene de extraño que esa hegemonía nacionalista, confirmada en las elecciones, sea ejercida sin problemas sobre todos los ámbitos de la vida vasca. Cuentan su relato en solitario y el PSE se limita a la adecuación, a intentar convencer a la opinión de que son más razonables –lo cual es cierto–, sin poner en entredicho los mitos de la ideología dominante.

Según escribiera un integrista marroquí, al otro se le respeta su libertad de opinión, siempre que la ejerza entre las cuatro paredes de su casa. No hay prohibiciones expresas, pero los ciudadanos conocen la distribución de papeles entre dominantes y dominados. El efecto-mayoría juega a fondo. Puedes manifestarte como quieras por el Athletic. No es pertinente hacerlo por la victoria de ‘La Roja’. Ninguna prueba más clara que la dimensión minoritaria de las expresiones públicas de alegría el pasado domingo. Sabes que exhibir signos identitarios españoles equivale a opositar a la exclusión, incluso en medio urbano. Aquí, como al configurar la tradición cultural, Sabino ha trinfado.

El sentido cívico de la culpa
El asesinato anestesia la sensibilidad moral del victimario
Reyes Mate El País  9 Julio 2012

Es mucho lo que muere cuando se mata por razones políticas, por eso son tan peligrosas las simplificaciones que atienden un aspecto y se desentienden de los otros. Algo de esto está ocurriendo estos días a propósito de los encuentros entre víctimas y victimarios. Aunque unos lo plantean como parte de un proceso de elaboración de la culpa, otros sospechan que lo que hay detrás es un intento de impunidad o, al menos, de mejora de las condiciones penitenciarias.

Hay que reconocer que esos encuentros no son habituales, aunque lo que ahí se fragua sea algo que la moral sí suele tener en cuenta. Porque una cosa es la culpa legal, de la que se encarga el derecho y que tiene por objetivo la parte de la acción criminal tipificada como delito, y otra la culpa moral, que se refiere a causas o efectos de la acción criminal no delictivos, pero que son inmoralidades que pesan sobre la conciencia de los victimarios y que condicionan la vida social. No son culpas excluyentes, sino complementarias. Cuando Karl Jaspers planteó, en 1946, la cuestión de la culpa moral y política, lo hizo a sabiendas de que el Tribunal de Núremberg iba a hacerse cargo de la culpa legal, es decir, iba a juzgar a los grandes delincuentes nazis por crímenes contra leyes determinadas, pero entendió que el futuro democrático de Alemania dependía de que se reconociera una culpa moral, que no se ventilaba en los tribunales de justicia, porque lo decisivo no era el atentado a una ley, sino a la humanidad del asesino y de la sociedad cómplice. Para un nuevo tiempo político era capital la elaboración de la culpa moral porque eso propiciaba un cambio interior que era decisivo.

Uno llega al arrepentimiento al constatar que el tiro en la nuca no te convierte en un héroe

La irrupción de la culpa moral en el debate político es una novedad que ha ocurrido en la medida en que las víctimas se han hecho visibles. Mientras fueron invisibles, los actores del fenómeno terrorista eran el Estado y los terroristas. Como lo importante era la vida de los vivos, el Estado recompensaba la renuncia a la violencia con el olvido. Los terroristas lo sabían y apostaban fuerte por la amnistía. Con la visibilización de las víctimas hemos aprendido que la calidad de vida entre los vivos depende de la justicia que hagamos a los muertos. Se acabó lo de poner el contador a cero.

Los encuentros como los que han tenido lugar en el taller de Nanclares de Oca se ubican en ese contexto de elaboración de la culpa moral que no es solo un asunto privado. Puede sentirse moralmente culpable quien reconozca el daño que se ha hecho a sí mismo al asesinar o posibilitar el asesinato de un inocente. Kepa Pikabea, condenado por múltiples asesinatos, ha acertado con la formulación, lograda quizá tras muchos años de reflexión: “Las armas te dejan heridas que no cicatrizan nunca”. Llegar a esa lúcida conclusión no resulta fácil porque el asesinato anestesia la sensibilidad moral del victimario. Jorge Luis Borges lleva esta percepción al extremo en esa criatura suya, un oficial nazi, que condenaba a muerte a inocentes para matar la compasión que pudiera renacer en él. Esto explicaría lo raro que resulta encontrar etarras que se reconozcan culpables, así como la dura piel moral de su entorno político.

Lo cierto es que una vez alcanzado ese punto de culpabilidad moral, se abre el camino para el arrepentimiento que no tiene que ver con la renuncia a ideas políticas, sino con los hechos cometidos en nombre de esas ideas. Uno llega al arrepentimiento al constatar que el tiro en la nuca no te convierte en un héroe, sino en un asesino que mata al otro y se hace daño a sí mismo. Entonces desea que aquello no hubiera ocurrido. Descubre que su vida depende de la vida negada, por eso lamenta lo ocurrido.

En el encuentro que sostuvo Roberto Manrique, víctima del atentado contra Hipercor, con Rafael Caride, uno de los autores de la masacre, este se negó a pedirle perdón, porque, decía él, “al no ser creyente, carecía de sentido”. Digamos que el perdón, como la culpa y el arrepentimiento, tienen pedigrí religioso, pero como tantas otras figuras políticas. Eso no significa, sin embargo, que no se pueda hablar políticamente del perdón, entendido ahora no como ofensa a Dios, sino como solicitud del victimario a la víctima de una segunda oportunidad. Lo que realmente pide es la posibilidad de demostrar a la víctima que puede mostrarse de otra manera para con ella porque él, el autor confeso del crimen, es más que su crimen. Puede ser de otra manera. Claro que la víctima está en su derecho de negarse, pero también es lógico que quien se sienta culpable y arrepentido demande la gracia de demostrar que puede comportarse humanamente y pertenecer al mundo de la vida democrática que él quería destruir al asesinar a ciudadanos de ese mundo.

Reyes Mate es profesor de Investigación del CSIC

Manual abertzale para esconder banderas
Bildu acumula 180 denuncias en seis meses, buena parte por no respetar la Ley sobre la enseña nacional
C. S. Macías La Razón 9 Julio 2012

MADRID- Según la Ley 39/1981 que regula el uso de la enseña nacional, la bandera de España «deberá ondear en el exterior y ocupar el lugar preferente en el interior de todos los edificios y establecimientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o insular y municipal del Estado». Pero Bildu, desde que irrumpió en los ayuntamientos de algunos pueblos del País Vasco y Navarra desafía la ley, como también coaliciones de la izquierda abertzale e incluso el PNV, que alarga el plazo hasta el límite. El delegado del Gobierno del País Vasco, Carlos Urquijo, puede llegar a firmar en una semana hasta seis o siete requerimientos en los que insta a los consistorios que no la tienen puesta a que cumplan la ley. Si pasados 30 días no se ha colocado la enseña, Delegación del Gobierno recurre al contencioso administrativo que obligará a colocarla. En su mayoría, los municipios optan por obedecer, pero a su manera. Y es que si no colocan la bandera pueden ser inhabilitados de su cargo. Este incumplimiento es el segundo asunto que concentra mayor número de denuncias a Delegación del Gobierno contra Bildu, plataformas de la izquierda abertzale o PNV. En concreto, 135 municipios del País Vasco, gobernados en su mayoría por Bildu o formaciones de la izquierda abertzale, acumulan 180 denuncias desde diciembre del pasado año por actos de apoyo a presos de ETA, facilitar ayudas de distinta índoles a sus familiares y no respetar la «ley de banderas».

En el municipio vizcaíno de Elorrio se colocó la bandera de España esta semana, de madrugada, tras haber recibido el primer requerimiento. Por primera vez en 32 años ondea en uno de los bastiones de la izquierda abertzale que hoy gobierna el PNV con el apoyo del concejal del PP Carlos García. Lo han tratado de hacer de la manera más discreta, aunque ya ha habido alguna procesión de vecinos para contemplar lo que para el nacionalismo más radical supone un varapalo. La alcaldesa del PNV, Ana Otadui, ha preferido no recurrir y así ahorrar el dinero de las costas sabiendo que finalmente estará obligada a ponerla. La norma subraya que la bandera debe ondear «en el exterior en zona preferente», aunque, como reconoce Urquijo, «cada uno lo interpreta como le da la gana» y la esconden. «Siempre estamos vigilantes por si su colocación constituye un agravio a la bandera».

En el caso del Ayuntamiento de Elorrio está situada junto a la ikurriña, pero en un lateral que da a la parte de atrás del Ayuntamiento. Aunque no es el único caso en el que se cumple con la norma, pero a medias. En Durango, la bandera está en el tejado y sólo se ve en helicóptero o en Bilbao figura en el campanario.

Plantadas en San Sebastián
El Ayuntamiento de San Sebastián, gobernado por Karlos Izagirre, de Bildu, fue obligado a restituir la bandera de España que ondeaba como si fuera un trapo en lo alto del Consistorio. Finalmente optaron por plantarlas en una especie de macetero de granito en la entrada.

La Prensa escrita se lleva la concesión más cuantiosa
Mas 'regala' 5,5 millones de euros a publicaciones en catalán y aranés
D. MARTÍNEZ www.gaceta.es 9 Julio 2012

Subvenciona la inmersión lingüística mientras cobra a los pacientes por sus recetas. Abre otras dos ‘embajadas’ culturales en Francia.

Más de 5,5 millones de euros destinados a subvencionar medios de comunicación que emitan o publiquen en catalán o aranés. Ese es el último dispendio aprobado por la Generalitat de Cataluña, que continúa sin reducir un ápice las ayudas a proyectos que fomenten y afiancen la identidad catalana mientras recorta el gasto en servicios públicos. “En vez de copago, reduzca subvenciones identitarias”, le espetó el miércoles pasado la líder del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, al presidente regional, Artur Mas.

Lejos de atender la demanda del PP, la Generalitat concedió nuevas ayudas de marcada tendencia nacionalista el jueves pasado. El Diario Oficial del Ejecutivo autonómico publicó ese día un total de ocho nuevas convocatorias para subvencionar “proyectos que fomenten y consoliden el espacio catalán de comunicación”. Todas ellas se cargan a los presupuestos de 2012, siendo la más cuantiosa la destinada a “editoras de Prensa en proyecto papel”. Hasta 1.270.979 euros recibirán las empresas privadas que desarrollen la consigna antes indicada y soliciten participar de la ayuda.

Los medios informativos digitales son los segundos más beneficiados, al ser dotados los que publiquen “en catalán o aranés” con 855.000 euros. Tras ellos están las “emisoras de televisión digital terrestre”, que se embolsarán 777.000 euros. Las empresas editoras de Prensa digital y las radios de empresas privadas, por su parte, se repartirán 763.000 y 713.000 euros.

La relación de subvenciones al periodismo en catalán la cierran las “estructurales” concedidas a emisoras de radio, las que percibirán las “emisoras de televisión” y las destinadas a “entidades sin ánimo de lucro”. Estas tres últimas ayudas están dotadas con 550.000, 400.000 y 280.000 euros.

Además, la Generalitat aprobó ese mismo día la apertura de dos nuevas embajadas en Francia. Según consta en el Diario Oficial, el Ejecutivo catalán acordó, en virtud de sendos informes favorables de Presidencia, “reconocer oficialmente” a las entidades Casal Català de Nantes Tirant lo Blanc y Centre Català d’Occitània como comunidades catalanas “del exterior en Francia”.

Ayuntamientos de Bildu suman en seis meses unas 180 denuncias por apoyar a presos de ETA o esconder la bandera española
El Gobierno acusa también a San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa, que además permiten trabajar el Día de la Constitución El delegado en el País Vasco, Carlos Urquijo, advierte de que no permitirá que "se desafíe al Estado"
Europa Press www.lavozlibre.com 9 Julio 2012

Madrid.- La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha denunciado desde diciembre de 2011 a 135 pueblos de Euskadi, gobernados en su mayoría por Bildu o formaciones de la llamada izquierda abertzale, por apoyar a los presos de ETA o dar ayudas a sus familiares, por no exhibir en sus fachadas la bandera nacional o por no remitir al Estado y a la Comunidad Autónoma los acuerdos adoptados, como les exige la ley.

En total, el Gobierno ha iniciado desde que llegó un total de 195 contenciosos contra pueblos e instituciones de Euskadi, según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press. En su inmensa mayoría son localidades de pequeño tamaño, pero también figuran en la lista el Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de Guipúzcoa. Todos los casos son denunciados al Tribunal Superior de Justicia del País Vaso, que hasta el momento ha dictado tres sentencias, favorables al Estado.

En el caso de la capital guipuzcoana, las denuncias se deben a la colocación en abril de la bandera republicana en vez de la española y la ayuda al documental sobre presos de ETA que iba a realizar una productora, que renunció al dinero tras la advertencia pública que hizo la Delegación del Gobierno. Además, el consistorio donostiarra cuenta con una denuncia por alterar el calendario laboral para que sus funcionarios puedan trabajar el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, el 25 de octubre, Día del País Vasco, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. La Diputación de Guipúzcoa se enfrenta a una denuncia por este mismo asunto y a otra por crear una Comisión Dinamizadora de Migración y Diversidad, un ente cuya composición y funciones desconocidas ha provocado también la crítica del PSE.

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Carlos Urquijo, ha asegurado en declaraciones a Europa Press que la institución que dirige no permitirá "que se desafíe a la Administración General del Estado, sobre todo cuando se presume de ello, como hacen los nacionalistas, especialmente los de Bildu". "La ley está de nuestro lado. El País Vasco está dentro de España, no es una isla. No vamos a permitir que hagan de su capa un sayo, que nadie trate de torear a la administración", ha añadido.

SIN ACTAS NI ACUERDOS
De los 195 contenciosos iniciados por la Delegación del Gobierno, casi 80 van dirigidos contra la obligación de los ayuntamientos de entregar a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma copia de las actas y de los acuerdos alcanzados. Así lo exige la Ley de Bases de Régimen Local, pero es un deber incumplido por el 77 por ciento de los municipios guipuzcoanos y el 68 por ciento de los vizcaínos. Urquijo ha reconocido las "dificultades" que ello supone para hacer un "seguimiento" de las decisiones municipales. "Para hacer un control de la legalidad debemos guiarnos por las actas que presenten los ayuntamientos, lo cual es difícil en el País Vasco", añade.

El segundo asunto que concentra mayor número de denuncias es el incumplimiento de la ley que regula el uso de la bandera nacional y otras banderas y enseñas, con 62 contenciosos iniciados. El tercer grupo lo constituyen el apoyo a los presos de ETA y a sus familias, mediante ayudas directas al transporte o la colocación en el ayuntamiento de carteles a favor del "regreso de los presos al País Vasco". La inmensa mayoría de estos consistorios están gobernados por Bildu o plataformas electorales de la izquierda abertzale. Pero también se encuentra algún municipio del PNV, como Hondarribia, denunciado por no cumplir la ley de banderas y por no enviar copia de sus actas y acuerdos. La Delegación del Gobierno ha emprendido medidas legales también contra otros casos menos repetidos. Por ejemplo, por sacar a concurso plazas de funcionarios cuando hay una limitación estatal, con el objetivo de reducir el déficit de las administraciones públicas; es el caso del ayuntamiento de Iruraiz-Gauna.

CONTRA EL GOBIERNO VASCO Y LA DIPUTACIÓN DE ÁLAVA
Entre las instituciones contra las que ha iniciado un contencioso el Gobierno figura el Ejecutivo vasco, por convocar en mayo de 2011 ayudas al sector pesquero y acuícola de Euskadi. La documentación fue enviada al Tribunal Superior vasco el 3 de enero de este año. También se encuentra la Diputación de Álava, gobernada por el PP, a la que se le ha requerido que derogue varios artículos de una norma foral sobre la elaboración de presupuestos por parte de las entidades locales.

Miguel Ángel Blanco: 15 años de la muerte del héroe de Ermua
Pasado el tiempo, el 'espíritu de Ermua' se ha difuminado; con el brazo político de ETA copando las instituciones
 www.lavozlibre.com 9 Julio 2012

Madrid.- El 10 de julio de 1997 la banda terrorista ETA perpetraba el para muchos más vil asesinato de los casi 1.000 que tiene en su haber. Miguel Ángel Blanco Garrido, un concejal de un pequeño pueblo de Vizcaya, Ermua, era secuestrado y sentenciado a muerte. Los terroristas dieron al Gobierno, por entonces presidido por el Partido Popular (PP) de José María Aznar, 48 horas de plazo para que acercara a los presos de ETA a las cárceles del País Vasco. El Ejecutivo -Jaime Mayor Oreja era el ministro del Interior- no cedió al chantaje y 48 horas Miguel Ángel Blanco fue ejecutado. Su cuerpo apareció en un monte del pueblo guipuzcoano de Lasarte, aún con vida. Murió en la madrugada del 13 de julio, en el hospital de Nuestra Señora de Aranzazu, en San Sebastián.

El secuestro, sentencia de muerte, y posterior ejecución del joven concejal del Partido Popular originó el denominado ‘espíritu de Ermua’. Por primera vez en democracia, la ciudadanía se unió exigiendo la desaparición de ETA. Las calles de las principales ciudades de España se abarrotaron de personas que emocionadas, a la par que indignadas, dijeron ¡basta ya! a la barbarie terrorista. El asesinato traspasó fronteras, teniendo repercusión en las principales cabeceras de los medios de comunicación a nivel mundial.

Miguel Ángel Blanco era un joven de 29 años hijo de un albañil y una ama de casa, Miguel Blanco y Consuelo Garrido. Tenía una hermana, María del Mar, que siguió los pasos políticos de su hermano y en estos momentos forma parte de la dirección del Partido Popular. Miguel Ángel, pese a las dificultades económicas familiares, logró licenciarse en Ciencias Económicas, estudios que compatibilizó ayudando a su padre como albañil, y con su otra pasión, la música. Miguel Ángel era el batería del conjunto musical ‘Poker’. Dos meses faltaban para que Miguel Ángel Blanco se casase con su novia de toda la vida, María del Mar Díaz.

Han pasado 15 años del vil asesinato de Miguel Ángel Blanco. Tiempo en el que el que para muchos, el ‘espíritu de Ermua’ se ha difuminado. En Ermua, la mayoría de balcones lucen pancartas a favor del acercamiento de los presos de ETA a las cárceles del País Vasco, el mismo chantaje que en 1997 terminó con la vida del joven concejal ‘popular’. Bildu y Amaiur, coaliciones que aún no han condenado los asesinatos de ETA, están en las instituciones. Sortu ha sido legalizado por el Tribunal Constitucional, y EH Bildu, la marca con la que los sucesores de Batasuna concurrirán a las próximas elecciones autonómicas vascas, según todas las encuestas, ocupará al menos la segunda posición en el Parlamento Vasco, con posibilidades reales de llegar a la Lehendakaritza.

Hoy los restos de Miguel Ángel Blanco no descansan en Ermua, el pueblo de su corazón, lo hacen en Galicia. La tumba era sistemáticamente ultrajada, las flores tiradas y la lápida pintada. Sus padres, Miguel y Consuelo, son originarios de Junquera de Espadañedo, un pequeño pueblo de Orense. ETA y su brazo político siguen pidiendo el acercamiento de presos. También sus asesinos, Francisco Javier García Gaztelu, alias ‘Txapote’, y su novia, Irantzu Gallestegui ‘Amaia’. En el 15º aniversario de la muerte de Miguel, nada ha avanzado para muchos.


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