AGLI Recortes de Prensa   Jueves 12 Julio 2012

Esquilmar a la sociedad entera para salvar a la Casta
EDITORIAL Libertad Digital 12 Julio 2012

El presidente del Gobierno compareció ayer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los acuerdos alcanzados en el último Consejo Europeo y detallar la nueva batería de medidas que va a poner en marcha en el terreno económico. La situación actual de la economía española es tan grave que justifica sobradamente la adopción de medidas extraordinarias, pero ya que nuestro problema esencial es el equilibrio de las cuentas del Estado, lo que cabía esperar es que esas decisiones fueran dirigidas a reducir el monstruoso gasto público de las distintas administraciones antes de esquilmar todavía más a las clases productivas, que es finalmente lo que el Gobierno de Rajoy ha decidido.

Rajoy ha preferido actuar como lo hizo el pasado mes de diciembre nada más llegar al poder: anunciar con detalle una batería completa de subida de impuestos con entrada inmediata en vigor, limitándose a mostrar su disposición a introducir eventuales recortes de gasto en el futuro y ciertos retoques estructurales si las circunstancias lo permiten.

En su intervención, el presidente aseguró ayer que su gobierno no tenía más opción que adoptar esas decisiones "difíciles y dolorosas" para el conjunto de los ciudadanos, frase no por repetida menos falsa teniendo en cuenta el desbarajuste autonómico que padecemos. España tiene diecisiete minigobiernos que consumen 160.000 millones de euros anuales (el 17% del PIB), de los cuales 53.500 millones se van en pagar los sueldos de su personal y otros 28.000 en gastos para mantener la propia administración autonómica en funcionamiento, embajadas incluidas. Esos mismos miniestados derrochan nada menos que 24.000 millones de euros en repartir subvenciones a entidades privadas para los fines más diversos, que en los casos de las comunidades gobernadas por los nacionalismos suponen además una afrenta directa a los ciudadanos que no comulgan con su carácter sectario. Si sumamos a este catálogo de los horrores financieros el hecho de que las comunidades autónomas están endeudadas en más de 150.000 millones de euros, es necesario tener mucho cuajo para decir a esos mismos ciudadanos esquilmados por el engendro autonómico que no existe alternativa a la brutal subida de impuestos que el gobierno de España nuevamente les ha recetado.

Es cierto que Rajoy ha anunciado también algunas reformas estructurales que van en la dirección de reducir el peso del Estado, pero algo parecido dijo también en diciembre pasado y todo quedó prácticamente en nada salvo, eso sí, la subida de impuestos que acompañó a esa apelación grandilocuente, que los ciudadanos comenzaron a experimentar en su bolsillo de forma inmediata.

Rajoy se niega a atacar el problema central de la economía española sin otra motivación que la meramente política pues, desde un punto de vista exclusivamente técnico, es evidente que nuestro país tiene que modificar radicalmente su diseño institucional si quiere sobrevivir a esta crisis.

De momento el Gobierno prefiere elevar los ingresos del estado esquilmando a las clases medias, en especial a los funcionarios, antes que acabar con el parasitismo de una casta autonómica que se niega a renunciar a sus privilegios. El problema de Rajoy es que la situación de la economía española es tan angustiosa que más tarde o más temprano tendrá que enfrentarse a la realidad de que nuestro país no puede mantener más tiempo el engendro autonómico. Lo único que conseguirá con su inacción es que la agonía sea más larga. Y las víctimas más numerosas.

Para mirar lejos hay que tener muy buena vista.
Vicente A. C. M. Periodista Digital 12 Julio 2012

Para avanzar hay que mirar lejos, Rajoy “dixit”, pero para ver lejos hay que tener una vista de águila y no la extrema miopía que afecta a Rajoy y a todo su Gobierno. Las medidas anunciadas ayer y que van a ser refrendadas mañana en el vergonzoso Consejo de Ministros presidido por Su Majestad D. Juan Carlos I, muestran la cortedad de miras de unos dirigentes políticos incapacitados para llevar los destinos de España. Los españoles nos vemos rehenes de un Gobierno sin ideas y sin la valentía para acometer las reformas de un sistema caduco y corrupto que nació podrido en la llamada etapa de la transición.

Dijo Rajoy que no teníamos elección: “Los españoles hemos llegado a un punto en que no podemos elegir entre quedarnos como estamos o hacer sacrificios. No tenemos esa libertad. Las circunstancias no son tan generosas. La única opción que la realidad nos permite es aceptar los sacrificios y renunciar a algo, o rechazar los sacrificios y renunciar a todo. “ Claro que cuando habla de sacrificios no pareció pensar en toda esa casta de políticos bien aferrados a sus cargos, a sus coches oficiales, despachos, asesores e incentivos salariales de todo tipo. Desde luego que dijo que pensaba en los más de cinco millones y medio de parados, y en los afortunados que cobran ese paro a los que va a rebajar las prestaciones por desempleo. Supongo que se le pondrían los pelos como escarpias al pensar que él mismo y los más de 450.000 cargos políticos tuvieran que vérselas en semejante trance.

Por eso, todo su empeño es en querer convencer de que no hay otras alternativas y que en el ámbito de la Administración ya se han tomado medidas drásticas. Falso de toda falsedad y de un cinismo extremo. Además, lejos de ejercer de verdadero gobernante, descarga su responsabilidad en las 17 satrapías y amenaza con controles exhaustivos de su gasto y de intervención, siendo consciente de su debilidad y de su incapacidad para llevar a cabo esas amenazas. Más bien me recuerda a aquella grotesca escena del avispado empresario jerezano hacia su verdugo, con aquél “¡que te pego, leche!”. Resulta patético que Rajoy exija a otros lo que su Gobierno ya ha sido incapaz de cumplir en seis meses llegando al 75% del déficit total comprometido para todo el año 2012.

Puede que la decisión de Rajoy sea firme para llevar a cabo su inaceptable programa de acoso y derribo a las economías de los ciudadanos, pero hace mal en creer que esa misma firmeza no la va a tener el pueblo español para oponerse frontalmente a este ataque descarado, mientras esta casta de políticos corruptos y corruptores permanece ajena a los sacrificios que van a imponer vía Decreto Ley con la complicidad de una Monarquía nada ejemplar. Porque para ejemplaridad, basta comprobar la resistencia feroz a que el nombre de la Infanta Dª Cristina de Borbón y Grecia se vea comprometido y salpicado por las “irregularidades financieras” de su esposo y padre de los nietos del Rey. Claro que luego se nos querrá seguir convenciendo de que todos somos iguales ante la Ley.

Puede que seguir en Europa nos salga demasiado caro por los excesos cometidos por unos gestores que parecen haberse librado ya de sus responsabilidades civiles y penales. Puede que si queremos seguir en esa comunidad elitista, debamos pagar los atrasos y las deudas de esos manirrotos, defraudadores y despilfarradores. Pero la pregunta es si ese es el verdadero deseo de los españoles o solo de sus dirigentes. Porque un viejo dicho popular sentencia que “más vale ser cabeza de ratón que cola de león”. Si somos un país empobrecido por la gestión de unos mal nacidos, quizás deberíamos plantearnos como pueblo si nos merece la pena seguir pasando penurias sin garantías de mejorar o simplemente decidir que antes de que nos lo impongan, podemos dejar esa comunidad e irnos a otra más acorde con nuestras posibilidades. O sea, mudarnos de barrio. Francia y Alemania junto a otros socios ricos se plantean hace tiempo eso que llaman “la Europa de dos velocidades”. ¿Quieren más pistas sobre sus verdaderas intenciones de colonizar a los PIIGS?

Seguimos siendo los españoles las víctimas inocentes de un sistema corrompido desde su inicio y que ha afianzado a una casta que ejerce su dictadura sin ninguna oposición. Es hora de que se rompa el silencio de los corderos y se dejen oír los aullidos de los lobos. Siempre hay alternativas posibles.

No, señor presidente, usted podía haber hecho más
Nacho Cardero. El Confidencial 12 Julio 2012

Desde ayer somos algo más pobres. Lo comentaba recientemente uno de los escasos banqueros que ha salido indemne del tsunami del rescate: “El sueldo medio del español será de seiscientos euros netos al mes de aquí a tres años”. Una afirmación que podría entenderse como una boutade, una provocación destinada a sonrojar al interlocutor, y que, sin embargo, se encamina por desgracia a convertirse en una realidad. La devaluación interna que sufre el país comienza a permear todos los estratos sociales.

Si alguien hubiera presagiado hace tres años que el IVA alcanzaría el 21%, que el Gobierno se vería forzado a quitar la paga de Navidad a los funcionarios y recortar las prestaciones por desempleo, nos habríamos apresurado a lapidarle en plaza pública acusándole de apocalíptico y antipatriota. Pero hoy nos encontramos a 12 de julio de 2012, veinticuatro horas después de que Mariano Rajoy haya presentado uno de los mayores recortes de la historia, y ése es el escenario al que nos enfrentamos. Salarios de derribo para un país en quiebra, donde los ricos han dejado de ser ricos, la clase media se encuentra capitidisminuida y los parados ya no saben siquiera lo que son.

Un Mariano Rajoy serio y resignado, con ese halo de incomprensión con el que acompaña sus gestos, subió a la tribuna del Congreso para anunciar medidas tan necesarias como dolorosas que a buen seguro tardaremos tiempo en calibrar. De haberlas realizado hace siete meses, se habrían entendido como la inmolación de un presidente del Gobierno dispuesto a sufrir una catarata de huelgas generales y sacrificar su reelección para salvar el país. Ayer, en cambio, no daba la impresión de tratarse del jefe del Ejecutivo sino de un gestor a cargo de una compañía en suspensión de pagos que ha terminado capitulando y entregando las llaves a sus acreedores. La troika hablaba por boca de Rajoy. No había opción. El Memorando de Intervención (eufemísticamente denominado de “Entendimiento”) así lo exigía. “Hago lo único que se puede hacer para salir de esta postración”, confesaba Rajoy a sus señorías.

Señor presidente, usted podía haber hecho más. Como acertadamente le recordó Rosa Díez, tenía la posibilidad de “optar entre el Estado del bienestar y el actual Estado de las autonomías”, y se decantó por el segundo, por mantener los privilegios de las comunidades y suprimir derechos a los ciudadanos

Pero no, señor presidente, usted podía haber hecho más. Como acertadamente le recordó Rosa Díez, tenía la posibilidad de “optar entre el Estado del bienestar y el actual Estado de las autonomías”, y usted se decantó por el segundo, por mantener los privilegios de las comunidades y suprimir derechos a los ciudadanos.

Porque dígame, señor presidente, cómo se pueden bendecir estos recortes sociales si en la Comunidad Valenciana, gobernada por el PP (Alberto Fabra), todavía hay tres canales de televisión que chupan de las arcas públicas como sanguijuelas, si en Telemadrid (Esperanza Aguirre) un puñado de cargos gana más que el propio presidente del Gobierno, y en Castilla-La Mancha (María Dolores de Cospedal) ponen chóferes para que los invitados acudan a los programas emulando a las starlets de Hollywood; cómo se pueden anunciar unas medidas tan draconianas, tan perniciosas para el ciudadano, si Fomento sigue obcecado en construir el AVE a Galicia por 9.000 millones de euros, si hay aeropuertos abiertos como el de Huesca que apenas reciben cinco pasajeros al mes, si este 2012 se van a pagar 700 millones de euros más en primas a las renovables que el ejercicio pasado, si el Ejecutivo sale finalmente al rescate de las concesionarias de autopistas igual que ha hecho con la banca. ¿Acaso alguien puede entenderlo?

No hay precedente de un hachazo similar a la renta disponible de las familias. El consumo amenaza con desplomarse. Con las medidas de ayer, los expertos vaticinan recesión hasta al menos 2014 y una travesía en el desierto de, como mínimo, una década. Rajoy ha encontrado un extraño aliado en el líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ejerce de hombre de Estado con el objeto de salvaguardar el legado de los anteriores gobiernos PSOE-PP. Pero no es el único ni el principal. La sociedad española, consciente de que no queda otra que tirar para delante y asumir los sacrificios, también está dispuesta a arrimar el hombro. Ahora bien, no se trata de un apoyo gratuito. Como contrapartida exige empezar a mover los cimientos autonómicos, poner coto al gasto superfluo y cerrar unas cuantas televisiones.

A medio camino
EDITORIAL www.gaceta.es 12 Julio 2012

Finalmente, parece que el Gobierno de Mariano Rajoy se ha dispuesto a aprobar un verdadero recorte del gasto público. Desde luego, lo ha hecho como consecuencia de la presión de Bruselas y tras muchas improvisaciones y contradicciones internas, pero lo que cuenta son los resultados. Con el déficit público de 2011 en el 9%, resultaba inaplazable, con tal de recuperar nuestra credibilidad y con tal de demostrar a todo el mundo que podemos evitar la suspensión de pagos, aprobar un ajuste de esta magnitud; un recorte que afectara a las principales partidas de los Presupuestos Generales del Estado y que permitiera hacer aflorar, más allá de toda duda razonable, un considerable volumen de ahorro.

En concreto, empleados públicos, parados, pensionistas, políticos y sindicatos han sido los principales afectados por esta nueva ronda de ajustes. A los primeros, se les ha suprimido la paga extra de Navidad; a los segundos, se les ha rebajado la prestación por desempleo a partir del sexto mes; a los terceros, si bien todavía no se ha concretado, parece que se les retrasará la edad de jubilación y se les alargará el periodo de cómputo de la pensión; y a los últimos, se les ha vuelto a reducir el importe de las subvenciones que perciben del sector público.

A esta imprescindible moderación del gasto público –desbocado desde la época de la burbuja– se le ha sumado una más que prescindible subida del IVA, que se añade a las ya realizadas en materia de IRPF y Sociedades durante los primeros meses del año. Sin duda, en materia de impuestos este Gobierno se está equivocando por entero desde el primer día: España, si quiere que su sector privado levante cabeza y pueda competir con países mucho más ricos y productivos que el nuestro, no puede permitirse cargar más las tintas sobre la estructura tributaria de familias y empresas. En esta rúbrica, la única buena noticia que dio el Ejecutivo ayer fue la rebaja en dos puntos (uno por año) de las cotizaciones a la Seguridad Social, uno de los sobrecostes que más está lastrando ahora mismo la creación de empleo.

Por otro lado, en el paquete de ajustes anunciado ayer también se encuentran otras reformas que, adecuadamente implementadas, pueden arrojar efectos muy positivos para el crecimiento a largo plazo de nuestro país: una reforma del mercado energético donde, previsiblemente, se cargará la mayor parte del ajuste sobre las deficitarias energías renovables; una privatización y liberalización del transporte ferroviario y aeroportuario patrio, dos de los sectores donde peores inversiones se han acometido durante la pasada década; y una legislación que favorezca la unidad de mercado y suprima la dispersión normativa fruto de las autonomías.

En suma, quitando las prescindibles subidas de impuestos, las medidas anunciadas ayer por Mariano Rajoy van en la buena dirección: recortan tanto en las partidas gruesas (empleados públicos, subsidio de paro y pensiones) como en aquellas accesorias (políticos y sindicatos). Además, avanza dosis adicionales de liberalización como las que necesita un país tan regulado e intervenido como España.

Sin embargo, si finalmente se redujera el déficit en 35.000 millones o 40.000 millones de euros al año, todavía quedarían más de cinco puntos de PIB en concepto de déficit por atajar: casi 55.000 millones de euros que habrá que recortar de un modo u otro en los próximos ejercicios. El paquete de Rajoy, por consiguiente, no es un punto final al ajuste, sino un buen primer paso que habrá que complementar con muchos otros en el futuro. En caso contrario, la prima de riesgo continuará sin relajarse y los capitales seguirán huyendo de este país, todo lo cual continuará asfixiando y aplastando nuestras posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, el Gobierno no ha desvelado los imprescindibles planes para reducir el número de empleados públicos, cuyo número ha aumentado en más de 800.000 en la última década.

Y es aquí donde, precisamente, reside la parte más débil y criticable del plan: en la ausencia de un proyecto dirigido a remodelar y redimensionar nuestro modelo de Estado. Si es cierto que el tamaño de nuestra burocracia se ha desbocado y que necesitamos recortar gastos mollares, como el coste estructural de funcionamiento de nuestras Administraciones Públicas, urge una revisión profunda de nuestro sector público que Rajoy, hasta el momento, no ha presentado.

Afortunadamente, no existe alternativa a la austeridad y es esa inexorable certeza la que terminará imponiendo una racionalización del sobredimensionado sector público español.

Por mucho que algunos analistas insistan en que la austeridad es un error que nos está conduciendo al colapso, lo cierto es que la bancarrota nacional la está provocando un déficit público desbocado que sigue cargando sobre las espaldas de todos los contribuyentes una montaña de deuda pública que cada vez se observa como más difícilmente repagable.

Los inversores nacionales y extranjeros no se fían de la solvencia de España y, en consecuencia, de su capacidad para seguir dentro del euro. Ante el riesgo de que el país colapse –y habría colapsado con toda seguridad sin los ajustes anunciados ayer por Rajoy– sólo queda comenzar a cuadrar las cuentas de verdad. Los españoles le entregaron las llaves de La Moncloa al Partido Popular para que hiciera aquello que Zapatero no quiso hacer: sanear el presupuesto. Ahora sólo cabe esperar que a Mariano Rajoy no le tiemble el pulso ante los futuros reajustes que, nadie lo dude, siguen siendo absolutamente necesarios.

Cambio de sistema
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 12 Julio 2012

Una sociedad en la que de cada dos activos entre 18 y 25 años uno carece de empleo se encuentra próxima al colapso

España se encuentra sometida desde el inicio de la crisis hace cuatro años a un proceso de deterioro progresivo que las políticas aplicadas por el anterior Gobierno socialista y por el actual del PP no sólo no aciertan a detener, sino que, por el contrario, agravan la situación al actuar de manera excesivamente lenta y no suficientemente incisiva sobre los problemas que padecemos.

Si examinamos, por ejemplo, el nivel de paro juvenil, la cifra del 52% es auténticamente estremecedora. Una sociedad en la que de cada dos activos entre 18 y 25 años uno carece de empleo se encuentra próxima al colapso porque está secando la fuente de su futuro. Si a este dato deprimente se añade el hecho de que el 18% de nuestros jóvenes parados ni estudia ni trabaja, es decir, han tirado la toalla y se debaten entre la apatía, la pérdida de autoestima y la delincuencia, la certeza de un fracaso colectivo sin precedentes se impone sin paliativos.

Por supuesto, este es un elemento de nuestras presentes desgracias especialmente lacerante en la medida que afecta a la parte más vulnerable y esencial de nuestro capital humano, pero se sitúa en el conjunto de una panoplia de señales de alarma todas igualmente en rojo, la calificación de bono basura para la deuda autonómica, la rigidez del déficit público, la parálisis del crédito, la ofensiva separatista en Cataluña y en el País Vasco, la espada de Damocles del rescate gravitando sobre nuestras cabezas, y así podríamos seguir.

Hemos alcanzado ese punto terrible en el que, como decía Tácito de los últimos tiempos de la República romana, no podemos soportar ni nuestros males ni sus remedios. En efecto, la obligación ineludible de equilibrar el presupuesto del Estado nos conduce a todo tipo de medidas de austeridad que derivan en recortes de beneficios sociales, de inversión en infraestructuras, de fomento a la investigación y al desarrollo y de salarios de los funcionarios, acompañadas de fuertes subidas de impuestos directos e indirectos.

Semejante esfuerzo de ahorro se traduce de inmediato en una caída de la actividad económica que a su vez disminuye la recaudación tributaria con la consiguiente necesidad de incrementar la presión fiscal y el desencadenamiento de una espiral descendente y perversa que nos hunde cada vez más en el hoyo. Mientras, los dos grandes partidos se resisten a tomar de común acuerdo las decisiones requeridas para transformar nuestra estructura territorial e institucional con el fin de hacerla viable y sostenible. En cuanto a los nacionalistas, vuelan como buitres sobre el cuerpo exhausto de la Nación esperando el momento de darse el festín.

El escenario se corresponde al de un próximo cambio de sistema, tal como sucedió en la Roma del siglo primero AC o más recientemente en el paso de la cuarta a la quinta República en Francia o de la primera a la segunda en Italia. Dado que este paso es inevitable, sería mucho mejor y menos traumático que los que hoy tienen en sus manos las palancas del Estado en España pilotasen esta maniobra de forma responsable y valiente, como sucedió durante la Transición, que quedarnos todos al albur de una convulsión potencialmente violenta e impredecible.

Es por eso que se ha puesto en marcha la iniciativa www.reconversion.es, a la que invito a adherirse a los millones de españoles que me consta comparten el análisis que acabo de exponer.

Sabemos lo que nos pasa
José Luis González Quirós*. El Confidencial 12 Julio 2012

A diferencia de lo que en su día señaló Ortega y Gasset como típico de las crisis españolas (“Lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa, y eso es lo que nos pasa”), la actual está perfectamente diagnosticada y solo espera el tratamiento adecuado. Naturalmente, no todo el mundo estará conforme, pero esto ocurre siempre. Nuestro problema no está en la discrepancia, sino en la inoperancia, en que quienes debieran actuar conforme al análisis correcto se resisten a hacerlo.

Tenemos perfectas razones para sentirnos preocupados ante lo que se pudiera llamar una tormenta perfecta, pero nuestro problema no es primariamente económico, no ocurre únicamente porque debamos muchísimo dinero y la deuda nos arrebate soberanía dejándonos con un Gobierno que se tenga que limitar a aplicar medidas que se le dictan en otra parte. Esto, efectivamente, sucede, pero el quid no está en el hecho, sino en sus causas.

Entre 2004 y 2011, nuestra deuda se multiplicó por dos, gastamos muchísimo más de lo debido, nos endeudamos tanto como lo acumulado desde la época de los Reyes Católicos, para exponerlo en su forma más gráfica. Se trató de un proceso al que no se puso freno, algo que se convirtió en especialmente grave en 2008, y que cualquiera que recuerde el debate entre Solbes y Pizarro puede tener presente con la mayor claridad. ¿Cuáles han sido las razones políticas de tamaño disparate? Fundamentalmente, el hecho de que la democracia haya podido llegar a confundirse con un sistema irresponsable de promesas que se traducen en gastos tan insostenibles como absurdos e inútiles. Buena parte de nuestros políticos no han ganado las elecciones, sino que se han acostumbrado a comprarlas por sistemas muy distintos al de Romanones pero igualmente espurios.

Buena parte de nuestros políticos no han ganado las elecciones, sino que se han acostumbrado a comprarlas por sistemas muy distintos al de Romanones pero igualmente espuriosAhora que los mineros andan por Madrid, bastará con recordar cómo se ha afrontado ese problema, y estar atentos a lo que haga el Gobierno para comprender de qué forma cobarde y demagógica se han regalado prebendas y gollerías con dinero barato y abundante, pero que no era nuestro. Ahora hay que pagar la cuenta y, puesto que no hay dinero, lo habremos de pagar a precios tan escandalosos como insoportables. Que el reciente recorte propuesto por el Gobierno apenas alcance a cubrir el importe de los intereses de la deuda, que sigue aumentando, es una buena muestra de la hondura del daño.

Estamos ante una dificultad de tan inmenso calado que constituye un error de principio afrontarla como si fuese un problema meramente contable, dando por hecho que no somos capaces de enfrentarnos a sus causas, para eludir el alcance político del mal que nos aflige.

Todos tenemos una gran responsabilidad en cuanto ha ocurrido, pero unos más que otros, sin duda. Quienes han llevado a los electores a la idea, sin duda progresista, pero a izquierda y derecha, de que todo nos es debido, de que se puede hacer cuanto se demande sin parar en pensar cómo se paga, son los mayores culpables, sin duda alguna.

Pero también son responsables quienes no se han atrevido a denunciar ese mercadeo del voto con argumentos de peso, quienes han ofrecido más por menos, quienes lo han supeditado todo a la conquista del poder, al precio que fuese, ocultando irresponsablemente las cosas que tenían obligación de decir, y no dijeron. No es un mero problema de pedagogía política, como a veces se dice, es que es absurdo empeñarse en vencer al rival a costa de que se hunda el barco; y eso se ha hecho… algunos continúan haciéndolo con notoria desvergüenza.

Ahora nos encontramos con una soberanía demediada por fuera y con una unidad destrozada por dentro. No se puede arreglar este engendro a base de remiendos, hace falta hacer política de altura, reconocer la verdadera naturaleza del mal y aplicar la medicina a los propios, sin encargar siempre a los demás que paguen la factura de una crisis de la que, de ninguna manera, son responsables únicos. Que funcionarios, pensionistas y parados tengan que soportar el mayor coste, y además deban hacerlo sin explicaciones claras, valientes y rigurosas, sin que nadie sepa ser ejemplar para poder apelar al patriotismo y a la responsabilidad, administrando el recorte como una especie de castigo, es un nuevo dislate, un abuso que, de no remediarse pronto, conducirá a quienes lo practican a una rápida pérdida de apoyo popular, sin ningún beneficio para nadie. Luego se dirá que son los costes de la crisis, pero serán, más bien, los costes de no afrontar la crisis con valor y con determinación, con empeño en suscitar esperanza, fiándolo todo a un arreglo milagroso de la economía que nadie entiende cómo podría producirse en un clima de absoluto desmantelamiento, sin ninguna idea ambiciosa, sin la menor reforma de fondo.

Una vieja nación como la nuestra conserva inmensos depósitos de energía, de creatividad, de ambición, pero hay que saber aprovecharlos, hay que empezar a reconocer la verdad y a ser rigurosos con sus consecuencias.

*José Luis González Quirós es analista político

CONTRA LA SOCIEDAD
MANUEL MARTÍN FERRAND ABC  12 Julio 2012

El PP no se atreve a dimensionar adecuadamente el aparato de la Administración y redistribuye la carga sobre los ciudadanos

MARIANO Rajoy, menos astuto de lo que marcan su presunción y su origen, suele alardear de que sabe lo que debe hacer, pero los hechos tienden a desmentirle. Ayer acudió al Congreso, un escenario que no es su preferido. Cuando los diputados esperaban una referencia sobre sus gestiones y encuentros bruselenses, se despachó con el anuncio de una próxima subida del IVA, la reducción de las prestaciones del paro y la supresión de la paga de Navidad para los funcionarios y empleados públicos. Si no tuviéramos la dolorosa experiencia de todo un trienio, el último de José Luis Rodríguez Zapatero, y del primero de los semestres del Gobierno de Rajoy podríamos entender, con la ayuda de la buena voluntad, que esas medidas, y otras de parecido sesgo que habrán de seguirlas, resultan inevitables. Algo doloroso pero benéfico, tal que la amputación de una de sus extremidades a quien padece una gangrena galopante. Pero la experiencia parece habernos enseñado más a los ciudadanos que a quienes nos representan en el Parlamento y no conviene dejarse llevar por las emociones y, menos todavía, por las palabras huecas.

Habrá que recortar tanto cuanto sea preciso -¿aunque se trate de derechos adquiridos?- la retribución de los funcionarios, su número y los gastos no fundamentales del Estado; pero con una condición, la de haber reducido al mínimo los gastos superfluos que, como pura exhibición de poder, incluyen los Presupuestos del Estado, las Autonomías, las Diputaciones, los Ayuntamientos, las Comarcas, los Cabildos y las muchas instituciones públicas que, a lo largo de los siglos, han ido agigantando la dimensión del Estado sin demostrar su eficacia al servicio de los ciudadanos.

Cabe decir en defensa de Rajoy que en la sesión parlamentaria de ayer solo Alfredo Pérez Rubalcaba estuvo más lejos de la realidad, confuso en sus planteamientos y evidente en su vaciedad que el presidente del Gobierno; pero eso solo consuela, posiblemente, a los devotos del PP. A los demás nos engorda el susto que genera la situación y la perspectiva de futuro que proyecta. El PP, un partido que nutre sus cuadros con infinidad de funcionarios, no se atreve a dimensionar adecuadamente el aparato de la Administración y redistribuye la carga sobre los ciudadanos, algo que ya no da más de sí. Una Navidad sin pagas extraordinarias, que ya debieran haberse prorrateado entre las doce mensualidades del año, será una Navidad sin regalos sobre el tercio de la población nacional que vive de lo público. Eso puede provocar una situación insostenible entre los grandes comercios y los fabricantes que, desde el turrón a los chalecos de punto, producen los objetos propios de la elegancia social y familiar propia de esas fechas. De verdad, ¿sabe Rajoy lo que tiene que hacer?

España se hunde
Pablo Barranco Minuto Digital 12 Julio 2012

Ya estamos intervenidos formalmente. Los “hombres de negro” de Bruselas han obligado a Rajoy a subir el IVA, y ahora tienen en el punto de mira las pensiones. De poco vale ahora decir que el Gobierno del PP nos ha engañado con el incumplimiento de sus promesas electorales. Si no tenían ni idea del terreno que pisaban, estamos en manos de unos inútiles. O de unos inconscientes, que viene a ser lo mismo.

¿Por qué Rajoy sube ahora el IVA si hace unos meses dijo que subía el IRPF para no subir el IVA? Es más, pone en marcha prácticamente todos los cambios que venía negando en los últimos 7 meses en el Gobierno.

Un Gobierno serio habría tomado las medidas más duras desde el primer momento, sin esperar a que nos humillaran desde Bruselas. Pero las prioridades eran otras: ganar en Andalucía (vaya fracaso), no desgastar a su carismático líder y no enfadar a la gran banca.

La subida del IVA, al igual que la del IRPF y de los recortes en Sanidad y Educación, dañan a los de siempre: al pequeño comerciante, al autónomo, al asalariado. En una actitud cobarde y antisocial, no se plantea en ningún momento recortar en gastos superfluos de la casta oligárquica política.

Solamente con la desaparición, entre otros, del inútil Senado (vestigio borbónico), de las Diputaciones (oasis del enchufismo político), de los Consells Comarcals (santo y seña del contrapoder CiU-PSC), o de las televisiones públicas (armas de la manipulación informativa), nos ahorraríamos la friolera de más de 25.000 millones de €, casi 5 veces más que lo que va a aportar la subida del IVA al 21%.

Asimismo, con la reforma o supresión de, por ejemplo, las subvenciones estatales (sindicatos anacrónicos UGT-CCOO, patronales y amiguetes varios), de los sueldos de altos cargos públicos, de los 40.000 coches oficiales y las 10.000 tarjetas de crédito que pagamos entre todos, nos ahorraríamos otros 20.000 millones de €. Total, 45.000 millones de €, que nos permitirían de golpe liberarnos del chantajismo y el yugo del poder de Bruselas. Pero no, lo fácil es subir los impuestos y hundir más todavía en la miseria a miles de familias españolas.

Porque con la subida del IVA se retrae el consumo, se ralentiza la demanda, se cierran industrias, se crea más paro, se paraliza el crédito, y…se hunde al país.

Y de esta manera vamos camino de ser Grecia. O quizás hacia una sublevación popular. ¿Quién pensaba en 1931 que en unos meses Alfonso XIII huiría como un conejo y su régimen se derrumbaría?

El agujero negro de la crisis. Esperando el viernes 13.
Magdalena del Amo Periodista Digital 12 Julio 2012

Estos días, a propósito del bosón de Higgs, esa misteriosa partícula, “de Dios” según algunos, sin masa, que pone en marcha la interacción entre las partículas elementales que conforman el tejido cósmico, he releído la obra Wilber Cuestiones cuánticas, sobre el pensamiento de Heisenberg, Schrödinger, Einstein, Jeans, Planck, Pauli, Eddington—, los físicos de la mecánica cuántica, místicos de la ciencia más avanzada. Cada descubrimiento científico reafirma más la grandeza de la creación, este universo gigante en el que lo invisible e intangible supera a lo tangible, que decía el padre Teilhard de Chardin; este cosmos que Dios “domina y reúne con la figura de la cruz” que san Gregorio de Niza evoca en sus Himnos del Paraíso.

Pero no vivimos en un paraíso precisamente. Por si no tuviéramos poco con los recortes y ajustes que viernes a viernes el Gobierno viene anunciando desde su llegada a La Moncloa, el próximo viernes 13 doble dosis, o triple, ya veremos. Ya lo anunció Rajoy para hacernos el susto más llevadero. “Europa debe cumplir con los acuerdos adoptados la semana pasada entre sus jefes de Estado… y las comunidades autónomas deberán ajustar más el gasto”. Lo dijo en la clausura del Campus de Faes. Lo cierto es que en Europa no paran de presionar y España vuelve a ser zona de rescate. El optimismo cantado hace dos semanas se difumina a medida que pasan los días y se va conociendo la letra pequeña del documento del préstamo o ayuda financiera –qué más da el nombre—para recapitalizar la banca. Primero se habló que el crédito sería al Estado a través del FROB; luego se llegó a un acuerdo para que se inyectara directamente a la banca –recuérdese pulso Monti-Rajoy—, y así no computaría como deuda, aunque sería a partir de 2013 pues aún no está creada la nueva autoridad de supervisión europea independiente. El nuevo eje Madrid-Roma-París está variando la hoja de ruta de Berlín, pero patalean y son renuentes a cumplir los acuerdos. Por eso Rajoy les reprende. Los requisitos y contraprestaciones por el crédito hasta 100.000 millones de euros son muy, muy, muy duros, durísimos. Y estaremos sometidos a supervisión cada tres meses. A Merkel le llueven las críticas entre los suyos. Tiene a 160 economistas en contra de los acuerdos de la Unión Europea, y se oponen a dar fondos para la recapitalización. Holanda ha puesto el grito en el cielo y Finlandia amenaza con abandonar el euro porque no está dispuesta a costear el despilfarro de los países endeudados, sin garantías bilaterales. Esto, y la espera por los acuerdos del memorando, crea mayor incertidumbre en los mercados y, como consecuencia, la prima de riesgo sube a 580 puntos básicos y el bono a diez años rebasa hoy el 7%.

El viernes 13, ¡oh casualidad!, mal día para los anglosajones y desde ahora malo para los españoles. Ese día, Rajoy anunciará más medidas, pero seguro que repercutirán, como siempre, en la clase media y en el pequeño contribuyente que solo tiene lo puesto, y la cúpula la dejarán intacta. Por qué no recortan donde deben y verán cómo la prima de riesgo se coloca en la pendiente resbaladiza. Anuncian que reformarán la Administración para evitar duplicidades y burocracia. Maquillaje seguro, como siempre.

La realidad es que el Congreso sigue tan opulento como siempre; el Senado, el órgano más parasitario y del que todo el mundo opina que debe desaparecer, tampoco se ha enterado de que hay crisis; y tampoco los exministros; los órganos consultivos y varios miles de empresas públicas, también se mantienen resistentes a la ruina, con sus más de 80.000 cargos públicos. ¡Y qué decir de las autonomías! Estas suponen más de 26.000 millones de euros de gasto corriente y de personal. Un auténtico dolor de cabeza para el Gobierno que se debate en la ambivalencia amor-odio porque en Europa no entienden eso de los taifas. Hace unos años, la banca extranjera nos inyectaba dinero en vena –tan nocivo como la heroína— para cubrir todo tipo de caprichos de nuevos ricos, y nos hizo adictos. Así, como si se tratase de maquetas de trabajos manuales, se hacían jardines botánicos por doquier –que ahora son pura maleza—, piscinas climatizadas, palacios de congresos, aeropuertos innecesarios, museos de todo, oficinas de turismo –sin turistas—, centros de interpretación, parques temáticos, ciudades de la cultura… Hemos configurado un Estado insostenible, con dieciocho parlamentos y otros tantos presidentes y vicepresidentes, más diputados y senadores –pasan de 1800—, y además, consejeros, delegados, subdelegados, secretarios, directores, asesores, gabinetes de prensa… ¡uf!, y un inflado número de puestos de libre designación. ¡Y las televisiones públicas! Esa es otra. Un total descontrol, de gasto, de personal, de parrilla. Son caras y malas y no contribuyen en nada al bien común, pero son el Cinexin de los políticos. Todo este derroche millonario es con cargo al erario público, es decir, a los impuestos. Nuestros recortes, sacrificios y privaciones son para pagar a esta caterva de personajes públicos, sus lugares de trabajo, sus coches, chóferes, viajes, dietas, ADSL en sus domicilios particulares, sus iphone y sus ipad. Otra cosa son los sindicatos y los partidos políticos. ¡Los partidos nos costarán este año 65 millones de euros!

Creímos que Rajoy abordaría la reforma del Estado antes de que los hombres de negro se nos metieran de okupas, con k. Pero no. Aquí los tenemos negociando el rescate a la banca. Y ya sabemos cómo se las gastan. Como aviso para ir tomando nota, de país no rescatado pero sí intervenido como España, Monti aprieta las tuercas a los italianos y no admite insumisiones. Primero propuso la reforma fiscal y las pensiones, y ahora le toca hincar el diente al gasto público. El ahorro de 26.000 millones de euros hasta el 2014 pasa por recortar el 20% a los cargos directivos y el 10% al resto de los niveles, incluso a las Fuerzas Armadas. Fusión de provincias, de tribunales, de fiscalías y eliminación de oficinas de jueces de paz, forman parte del plan Monti, quien también abordará la financiación de partidos políticos y sindicatos. A cambio, no subirá el IVA del 21 al 23%. Ignoramos el resultado en el tiempo previsto, pero si tomamos a Portugal como referencia, un año después de haber tomado las medidas, la tasa de paro se incrementó del 12% al 15, con una contracción del PIB del 3,9%. ¡Nada halagüeño!

No puedo acabar el artículo sin hacer alusión a la aparición del Códice Calixtino y su entrega hoy de manos del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al arzobispo monseñor Julián Barrio, con la presencia del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la presidenta del Parlamento, Pilar Rojo, y otros políticos. Todos estamos contentos, sobre todo los gallegos, especialmente porque se han despejado todas las dudas que algunos medios habían sembrado sobre la vinculación de algún canónigo de la Catedral, para perjudicar al Deán. La verdad ha resplandecido y todos celebramos el final feliz, aunque seguro que a alguno de estos escritores a lo Dan Brown, la verdad les ha estropeado, ya no el titular, sino el final del libro. Ni conspiración ni misterio. Mis felicitaciones a la Policía –también presente en el acto— y al juez instructor Vázquez Taín –ídem—, que si ya tenía un historial casi de leyenda por su bien hacer en los casos de narcotráfico, este éxito no deja de ser un hito especial, afortunadamente difícil de conseguir. Su nombre está ya vinculad a la historia del códice para los historiadores de años y siglos venideros.
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Periodista y escritora, pertenece al Foro de Comunicadores Católicos.
Directora y presentadora de La Bitácora, de Popular TV
Directora de Ourense siglo XXI
periodista@magdalenadelamo.com

UN PORCENTAJE IRRISORIO
Las cifras del "tocomocho" de la supresión de empresas de las CCAA
El Semanal Digital www.elsemanaldigital.com 12 Julio 2012

El secretario de Estado de Administraciones Públicas criticó abiertamente a los gobiernos regionales por no haber hecho los deberes, horas antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, echó este jueves un buen rapapolvo a las comunidades autónomas horas antes de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera y un día después de que Mariano Rajoy las conminara a seguir el ejemplo de su tijeretazo.

Beteta no dudó en utilizar los micrófonos de Onda Cero para hacer una "severa crítica" -como la definió él mismo- porque, hasta ahora, los gobiernos autonómicos han hecho oídos sordos a la necesidad de eliminar empresas públicas. "No se ha trabajado correctamente porque no han seguido el plan de cerrar empresas públicas y sólo se han cerrado 2 de 600", desveló. El porcentaje es irrisorio, un 0,33%.

El pasado mes de marzo el Gobierno de Mariano Rajoy decidió extinguir 24 de sus sociedades, desinvertir en ocho y acelerar la liquidación de otras 13. Además, este mismo miércoles el presidente anunció en el Congreso la inminente puesta en marcha de la segunda fase del Plan de Reestructuración del Sector Público Empresarial y Fundacional, para hacer una nueva purga.

El Ejecutivo está presionando a las comunidades y ayuntamientos para que tomen medidas similares, ya que la mayoría de las empresas públicas dependen de estos entes. En todas las administraciones públicas había en marzo 4.000 empresas, fundaciones, consorcios y entidades públicas y cerca del 90% estaban participadas por comunidades y ayuntamientos. Solo unas 400 dependían de la Administración central.

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tiene previsto pedir más esfuerzos a las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para cumplir los nuevos objetivos de déficit pactados con Bruselas, aunque no les dará más margen para reducir sus saldos negativos.

Fuentes gubernamentales señalaron que el Ejecutivo pretende mantener el objetivo de déficit de las comunidades en el 1,5% este año pese al margen adicional concedido por Bruselas, que permite dejar el déficit público en el 6,3% al cierre del ejercicio en lugar del 5,3% previsto anteriormente.

El Gobierno no parece dispuesto a aflojar la soga a las comunidades, que fueron las que más se desviaron de su objetivo en 2011, pero también son las que más están cumpliendo en los primeros meses del año gracias a las transferencias recibidas del Estado.

De esta forma, parece que el punto adicional de déficit será asumido en su totalidad por la Administración central, que sumó hasta mayo un déficit de 36.364 millones de euros, el 3,41% del PIB, rozando ya el objetivo del 3,5% fijado para el conjunto del ejercicio.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Más impuestos a los ciudadanos, pero la casta política no se toca
Pedro Fernández Barbadillo Periodista Digital

Nos suben el IVA, reducen el pago del desempleo a los parados, suprimen una paga a los funcionarios... pero se mantiene el Estado de las Autonomías. La oligarquía política nos dirige al precipicio.

Acaba de hablar Mariano Rajoy en el Congreso para explicar que va a hacer lo que Bruselas nos impone y él tenía que haber hecho hace seis meses para arreglar el desastre que nos ha dejado Zapatero (votado por 11 millones de moscas, no lo olvidemos).

Sus planes: subir el IVA, suprimir la paga de Navidad a los funcionarios, reducir la prestación por desempleo a los parados (para que busquen trabajo más deprisa, como dicen los de la CEOE, cuando el trabajo ha desaparecido) y eliminar un 30% de los concejales. Hace un día, el Eurogrupo ha impuesto al Gobierno y a la banca una serie de condiciones para recibir el rescate-que-no-es-rescate que el primero no había querido aplicar, entre ellas la pérdida de soberanía. Vamos, hay que reconocer que estamos intervenidos por Bruselas y que tenemos que cumplir todas sus exigencias.

¿Todas? No, no todas. El Estado de las Autonomías no se toca. Ni las televisiones públicas regionales, ni los defensores del pueblo autonómicos, ni los consejos consultivos, ni los CAC, ni los observatorios, ni los gabinetes, ni los cargos de confianza, ni las subvenciones a los partidos, la CEOE y el sindicato único CCOO-UGT, ni los 17 parlamentos autonómicos, ni la ayuda a las ONG que trabaja en el extranjero, ni las prejubilaciones, ni los informes jurídicos encargados los bufetes de postín, ni las consultorías, ni las embajaditas...

La austeridad, o sea, acabar con el derroche es imprescindible para salir del pozo. Sin los aeropuertos, ni los miles de millones entregados a las ONG, ni la corrupción, ni los enchufes en la Administración, no estaríamos tan mal. Pero esto supone destrozar todavía más a las clases media y baja y ahogar el consumo. Y a menor consumo, menos demanda, y menos producción, y menos recaudación. ¿Por qué los funcionarios que están en el Gobierno no ven esto? ¿O es que los pactos de la transición les impiden meter mano en el Estado de las Autonomías, ese gran éxito en el que sólo creen ellos y quienes viven de las autonomías?

¿Y qué propone Alfredo Pérez Rubalcaba? Mantener las subvenciones a los mineros. ¿Y Cayo Lara? Lo mismo y dos huevos duros. ¿Y CiU? El pacto fiscal, o sea, el concierto económico vasco aplicado a Cataluña. ¿Y Amaiur? La autodeterminación de Euskal-Herría o lo que sea.

Ah, el AVE a Galicia, región que empieza a perder población por la caída de la demografía y tiene tres aeropuertos, se sigue construyendo. Y creo que el que va a Cantabria también. Así vamos camino de ser Grecia.

O quizás hacia una sublevación popular. Quién pensaba en enero de 1931 que en uno meses Alfonso XIII huiría como un conejo y su régimen se derrumbaría.

Gentuza
Alfonso Ussía La Razón 12 Julio 2012

Con la inexpresividad calculada de las malas personas, el portavoz de Amaiur en el Congreso se negó a condenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco. ¿Cómo condenar lo que quince años antes había celebrado con júbilo? La asesina de 23 inocentes, amparada por el magistrado socialista López Guerra y condenada a más de tres mil años de prisión, habrá de ser liberada e indemnizada de acuerdo a una sentencia del Tribunal de Estrasburgo. El Gobierno de España ha recurrido la sentencia y mantiene a esa homínida con coño de cianuro en la cárcel. Josecho Ibazeta, secretario del alcalde de San Sebastián, amenazó de muerte, después de gritar repetidamente «¡Gora ETA militarra!», a un grupo de jóvenes que celebraban la victoria de la Selección de España en la Eurocopa. Al no lograr que los jóvenes se atemorizaran, Ibazeta apuntó a los portadores de la Bandera de todos y endulzó su ignominia con estas palabras: «Voy a sacar la pistola y os voy a dar dos tiros». Esta bestia tenía un cargo oficial en el Ayuntamiento donostiarra. En Guecho, un hombre que paseaba a su perro en la noche del triunfo español, fue brutalmente apalizado con raquetas de «padel» –se trataría de proetarras pijos–, por una pandilla de indeseables que previamente maltrataron a su perro. También en Guecho, y a la misma hora, un conjunto de jóvenes con camisetas coloradas y banderas españolas fue apedreado por un preparadísmo comando de futuros asesinos.

El portavoz de Amaiur puede rechiflarse de Miguel Ángel Blanco porque se ha permitido la participación del entorno del terrorismo en las instituciones democráticas. La criminal múltiple, Inés del Río, si no prospera el recurso del Gobierno de España, se reencontrará con la libertad en unas pocas semanas. Lo primero que hará no será visitar las tumbas de sus veintitrés asesinados. Quizá, si su abogado se lo recomienda, llamará a don Luis López Guerra, magistrado del Tribunal de Estrasburgo, secretario de Estado de Justicia en el Gobierno de Zapatero, diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid y vicepresidente entre 1992 y 1995, propuesto por el PSOE, de Tribunal Constitucional, el magistrado español firmante de la sentencia de Estrasburgo. Ibazeta, el bárbaro que amenaza a unos jóvenes en una ciudad española por celebrar un triunfo deportivo de España, no habría ocupado un cargo de privilegio en el Ayuntamiento de San Sebastián si no hubiera triunfado la conspiración del Tribunal Constitucional contra nuestra Constitución y nuestro sistema democrático, precisamente. Y las agresiones a los ciudadanos de Guecho no se habrían producido si las humillaciones y salvajadas previas que han sufrido los vascos pacíficos se hubieran castigado adecuadamente. Todo responde a un calculadísimo plan, al que no es ajeno ni el PSOE ni el PSE de Pachi López, de debilitar la estructura de España en beneficio de los separatismos periféricos. Lo que ignoran Pachi López y los suyos, e Iñigo Urkullu y sus nacionalistas burgueses, es que serán los primeros en caer cuando la barbarie de Amaiur, Bildu, Sortu y ETA –son lo mismo–, gobiernen gracias a seis magistrados obedientes al Poder Ejecutivo, y sitúen a las tres provincias vascas –no olvidemos Navarra, su única opción de supervivencia–, en un estado de enfrentamiento irreversible.

En pocos años, quizá, nuestro mapa sea diferente. Lo habrán amputado entre todos. Y lamentaremos nuestra cobardía ciudadana, nuestro desinterés social. Una nación que sólo se une con los triunfos deportivos no tiene demasiado futuro. Tenemos que unirnos todos los minutos de todos los días para impedir que nos roben España. Ha llegado el momento de actuar sin cobardía. Esta gentuza no puede derrotarnos.

Tarifa plana para asesinatos
http://santiagonzalez.wordpress.com  12 Julio 2012

Ayer oí cómo unos tertulianos comentaban con gran calor la sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos que estima el recurso de la terrorista presa Inés del Río Prada para ser puesta en libertad por el criterio de aplicación del Código Penal de 1973 y de los criterios de redención de penas por el trabajo, a saber: un día redimido por cada dos trabajados.

Inés del Río fue condenada a más 3.000 años de reclusión por los asesinatos de 23 personas. El criterio de redención de penas que venía aplicándose era reducir las condenas al máximo de la pena que se podía cumplir: 30 años, a los que se aplicaban los beneficios. Un día por cada dos cumplidos, dejaban las sentencias en 20 años (no en 15, como erróneamente calculaba ayer Tajadura en su, por lo demás, excelente artículo en El Correo).

El Tribunal Supremo consideró razonablemente que este criterio suponía la ignorancia del principio de proporcionalidad de las penas y, en el caso que nos ocupa, del cumplimiento de las mismas: no es lógico de el autor de un robo cumpla la misma pena que el autor de un robo con asesinato. Pongamos un ejemplo: en estos días estoy leyendo el extraordinario libro de Gitta Sereny ‘Desde aquella oscuridad’, en el que recoge sus conversaciones con Franz Stangl, comandante de los campos de exterminio de Sobibor y Treblinka. Stangl, capturado en 1967, fue condenado en 1970 a cadena perpetua por su participación en 900.000 asesinatos. En estos días también se está juzgando a Mikel Otegi, autor del asesinado de dos ertzainas en Itsasondo en 1995. El fiscal le pide 75 años. Supongamos que es condenado a 50, 25 por cada asesinato. Supongamos también que cumpliera la pena en virtud del mismo CP que Inés del Río, que en la cárcel se matricula en un curso de enología y supongamos que no es de aplicación la doctrina Parot. Los 50 años serían 30, que se quedarían en 20.*

Consideremos ahora, ceteris paribus, el caso de Franz Stangl. Como diría Victoria Abril en sus principios: 900.000 asesinatos a 25 años cada uno hacen un total de 22.500.000 años de pena. Stangl se matricula en el curso de enología o en uno de macramé o juega a fútbol sala en el patio de la cárcel. Los 30 años de máxima condena que podría cumplir se quedarían en 20. O sea, que si tiene usted alma de psicópata, una vez cometido el primer asesinato, no se prive, que todos los demás le saldrán gratis. Tarifa plana para el asesinato.

El error mayor de la sentencia del TEDH que ayer suscribían con diferente grado de entusiasmo los tertulianos es considerar que España vulneró el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece que no puede existir una pena sin ley que la avale, el artículo 5, que contempla el derecho a la libertad y la seguridad. La doctrina Parot, que empezó a aplicarse cuando Del Río ya llevaba años de condena no es una Ley, sino un criterio. No se ha aplicado retroactivamente, porque el momento oportuno para computar los beneficios penitenciarios no es el inicio del cumplimiento de la pena, cuanto todavía no has hecho los cursos de macramé o te has matriculado en la Universidad del País Vasco, te has examinado y si te ha tocado como profesora Laura Mintegi o alguno de sus conmilitones, hayas aprobado todas las asignaturas con sobresaliente. Pero eso hay que contabilizarlo después, no caben los beneficios penitenciarios con carácter preventivo.

Me parece asunto también maravilloso que no se quiera reparar en las actividades que dan lugar a los beneficios penitenciarios y en el fraude que en algunos casos entrañan. Un suponer, esos citados estudios presenciales de la asesina múltiple Inés del Río en la UPV, en clases de mañana y en la rama de castellano, para mas señas, mientras era huésped de Instituciones Penitenciarias en régimen de internado riguroso. Es que si esto no ha podido ser -y no ha podido ser- la Fiscalía debería iniciar actuaciones por un delito de falsedad en documento público. Los jueces deberían no tener en cuenta unos méritos que no se han producido e Inés del Río debería considerar cumplida su pena en 2017. Esc decir, lo mismo que si se le hubiera aplicado la doctrina Parot.

* Eso de manera indicativa. Hay asesinos múltiples a quienes por acumulación de beneficios penitenciaros se les ha quedado en menos. Hay quien, con 10 asesinatos solo ha cumplido 16 años de condena. La misma Mercedes Galdós de la que tratábamos el otro día, por 17 asesinatos cumplió 19 de cárcel.

Un tercer tiro en la nuca
ISABEL SAN SEBASTIÁN ABC 12 Julio 2012

El espíritu de Miguel Ángel padece un nuevo ultraje con este fallo del Tribunal de Estrasburgo

HOY hace quince años que cayó abatido en un monte guipuzcoano Miguel Ángel Blanco tras soportar cuarenta y ocho horas de tortura inicua y recibir dos tiros en la nuca disparados por la espalda a bocajarro, como es costumbre arraigada en los sicarios etarras. El joven concejal de Ermua no tenía vocación de héroe, ni aspiraba en modo alguno a convertirse en mártir, ni entrego su vida por una causa. Se la robaron los mismos que todavía ahora se niegan obstinadamente a condenar su asesinato; los Errekondos cuyo silencio resuena en el Congreso con el estruendo de un coche bomba, incapaces de responder afirmativamente a una pregunta tan sencilla como si deploran o no ese crimen, porque hacerlo sería tanto como renegar de sí mismos y de la serpiente y el hacha que les han llevado hasta donde están. Hasta la consecución de un poder que jamás habrían alcanzado de no trepar hasta él sobre un montón de cadáveres, apoyándose en la cobardía de cuantos han preferido negociar con el terror que plantarle cara.

Miguel Ángel no ha visto crecer a sus hijos ni envejecer a sus padres, aunque su nombre fue durante largo tiempo símbolo de rebelión democrática. Un símbolo muy a su pesar, pues seguro que habría preferido ser un hombre cualquiera. Ni más ni menos que un hombre, con todo un futuro por vivir. A cambio de esa renuncia impuesta, su localidad natal se convirtió en sinónimo de resistencia frente a la coacción. En espíritu que ha ido perdiendo fuerza hasta morir de consunción, sepultado por toneladas de mentiras y cesiones vergonzantes. Por ese «proceso de paz» que ha permitido al número dos del Ayuntamiento de San Sebastián amenazar de muerte a unos chavales cuyo «delito» era llevar la bandera española, a la vez que daba «vivas» a ETA en las calles que gobiernan los suyos; los integrantes del brazo político de la organización terrorista. Un espíritu destruido por un gobierno traidor que dejó minas sembradas hasta en el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde el catedrático Luis López Guerra, de incuestionable adscripción socialista y larga trayectoria de servicios a ese partido bajo cuyas siglas fue diputado autonómico y secretario de Estado de Justicia, ha firmado una sentencia que constituye un balón de oxígeno para la banda armada y un misil en la línea de flotación de la defensa articulada por el Estado español frente a quienes quieren acabar con él. Un hachazo probablemente mortal a la «doctrina Parot», gracias a la cual siguen encarcelados algunos de los verdugos más sanguinarios de esta banda de psicópatas fanáticos que ahora se disponen a salir en tropel habiendo pagado en muchos casos menos de un año de prisión por cada vida arrebatada. Un tercer disparo en la nuca de Miguel Ángel, cuyo espíritu, al igual que el de todos y cada uno de los muertos inocentes que ha dejado tras de sí la barbarie etarra, padece con este fallo un nuevo ultraje.

El Gobierno de Mariano Rajoy, que anda embarcado en la tarea de salvar a España a costa de quemarse a lo bonzo en la hoguera de los recortes, ha garantizado que recurrirá este desatino judicial, mantendrá encerrada a la etarra beneficiaria de la generosidad de Sus Señorías defensoras de los derechos humanos de los victimarios, que no de las víctimas, y perseverará en la interpretación legal que merma la impunidad de los terroristas al privarles de libertad al menos durante treinta años. Confiemos en que así sea. Porque una Nación que inclina dócilmente la cabeza ante el verdugo y se deja vejar sin defenderse, no es digna de llamarse España ni de seguir existiendo. Y desde luego no merece que nadie arriesgue el pellejo por ella.

Cataluña
El PSC rechaza garantizar la disponibilidad lingüística del servicio de atención ciudadana de la Generalidad
Los socialistas votan en contra de una propuesta del PP que planteaba que el 012 introdujese al inicio de la llamada, junto al mensaje grabado de bienvenida, la posibilidad de elegir la lengua en la que el ciudadano quiera ser atendido.
Maite Molina www.vozbcn.com  12 Julio 2012

“Más que aportar soluciones a problemas, lo que pretende el PP es generar problemas. No esperamos ningún tipo de lección de aquellos que justamente han luchado contra la paz lingüística en nuestro país [por Cataluña]“.

Con estas palabras la portavoz adjunta del PSC en el Parlamento autonómico, Laia Bonet, ha rechazado este miércoles una propuesta de resolución del PP para ‘garantizar la disponibilidad lingüística plena en catalán y castellano del servicio de atención telefónica ciudadana 012‘ que ofrece la Generalidad.

La Generalidad debe adaptarse a la lengua que usen los ciudadanos
La proposición, defendida por la diputada autonómica popular María José García Cuevas en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara autonómica, planteaba que el servicio de información telefónica de la Generalidad introdujese al inicio de la llamada, junto al mensaje grabado de bienvenida -que, únicamente en catalán, ofrece acceder a las condiciones del servicio-, la posibilidad de elegir la lengua en la que el ciudadano quiera ser atendido, español o catalán.

García Cuevas ha recordado que la ley obliga a la Generalidad a atender a los ciudadanos en su lengua de elección “sin necesidad de solicitud expresa”. De hecho, así lo recoge el Fundamento Jurídico 23 de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto, que interpreta el artículo 50.5:

‘Sólo los particulares, en tanto que titulares del derecho de opción lingüística garantizado por el propio artículo 33.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, pueden preferir una u otra de ambas lenguas en sus relaciones con el poder público radicado en Cataluña. Y hacerlo, además, en perfecta igualdad de condiciones por cuanto hace a las formalidades y requisitos de su ejercicio, lo que excluye que, como pudiera resultar de una interpretación literal del apartado 5 del artículo 50 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, quienes prefieran que su lengua de comunicación con las Administraciones sea el castellano hayan de pedirlo expresamente. El precepto, sin embargo, es conforme con la Constitución ya que puede interpretarse en el sentido de que, en el marco de la política de fomento y difusión del catalán, las entidades públicas, instituciones y empresas a que el precepto se refiere, pueden utilizar la lengua catalana con normalidad, sin perjuicio de poder utilizar también con normalidad el castellano, en sus relaciones internas, en las relaciones entre ellas y en sus comunicaciones con los particulares, siempre que se arbitren los mecanismos pertinentes para que el derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones en castellano pueda hacerse efectivo sin formalidades ni condiciones que redunden para ellos en una carga u obligación que les constituya en la posición de sujeto activo en sus relaciones con la Administración pública’.

Anulación de sanciones por la exclusión del castellano
Esta preferencia de la Generalidad por el catalán -excluyendo el español- ya ha supuesto que los tribunales hayan anulado algunas sanciones impuestas por la Administración autonómica. Incluso el Ayuntamiento de Barcelona anula las multas de tráfico que son recurridas porque las señales no están en las dos lenguas oficiales de Cataluña, tal y como indica la ley.

A pesar de ello, el alcalde de Barcelona, Xavier Trias (CiU), ha rechazado recientemente la posibilidad de que el Ayuntamiento se dirija a los ciudadanos en las dos lenguas oficiales, después de que una sentencia del TSJC -recogiendo la doctrina del Tribunal Constitucional- haya recordado al Consistorio que debe atender a los ciudadanos de oficio en la lengua que utilicen sin que estos lo pidan expresamente.

El operador decide si cambia de lengua o no
Según ha denunciado García Cuevas, “el servicio sigue funcionando prioritariamente en catalán” -una fórmula prohibida expresamente por el Tribunal Constitucional- y “lo que sucede en la práctica es que queda a voluntad del operador que atiende al ciudadano cambiar o no de lengua”.

Para “garantizar la disponibilidad lingüística plena” en las dos lenguas oficiales, el PP ha propuesto “realizar todos los ajustes técnicos necesarios para que el ciudadano directamente, antes de ser atendido por el operador, elija la lengua en la que quiere ser atendido”. García Cuevas se ha preguntado: “¿Qué pasaría si la Generalidad atendiese en castellano y cambiase al catalán si el ciudadano utilizase esa lengua?”. “Les parecería un pecado mortal”, ha respondido ella misma.

El PSC considera la propuesta una “valencianización de Cataluña”
La representante del PSC ha argumentado su rechazo a la propuesta del PP apelando a la propia sentencia del Constitucional, que avala el derecho de los ciudadanos a no tener que pedir expresamente a la Administración la lengua de relación.

Bonet ha considerado que la incorporación de un mensaje grabado que pregunte previamente en qué lengua quiere ser atendido el ciudadano supondría “la valencianización de Cataluña”. “¿Lo propondrá también para el servicio de emergencias 112? Mientras tanto, tal vez ya no haría falta la emergencia. Aquí funcionamos por sentido común y lo que prevale es que la gente se entienda, porque vivimos en un país [por Cataluña] normal”, ha subrayado.

CiU: preguntar por la lengua de preferencia encarecería el servicio
David Bonvehí (CiU) ha señalado que en su formación están “cansados y hartos” de estos planteamientos, y ha señalado que “no hay derecho a que se sigan haciendo este tipo de propuestas de resolución cuando no existe problema lingüístico” en Cataluña. Bonvehí ha asegurado que los operadores siempre “se adaptan” a la lengua de sus interlocutores.

Además, ha asegurado que introducir esta opción “comportaría alargar el mensaje inicial de la llamada en 30 segundos”, lo que “supondría incrementar sensiblemente el coste del servicio” -que ha calculado en 1,6 millones de euros anuales de coste adicional para los usuarios-, “una mayor ocupación de las líneas y un mayor tiempo de espera para establecer el contacto”.

ERC: “El catalán es la lengua propia”
Por parte de ICV-EUiA, Mercè Civit ha defendido que “el sistema de normalización lingüística en el ámbito de la Administración [autonómica] está muy bien adecuado” y “se han garantizado siempre” los derechos de las dos principales comunidades lingüísticas de Cataluña. “Nunca ha habido conflictos [lingüísticos en Cataluña] y hacemos un llamamiento a continuar manteniendo [el modelo]“, ha insistido.

La diputada autonómica de ERC Violant Mascaró ha defendido que “el catalán es la lengua propia del país [por Cataluña]” y ha insistido en que “no hace falta que haya una simetría en el uso de las dos lenguas en Cataluña [por parte de la Administración autonómica] porque el catalán, además de lengua propia de Cataluña, está en inferioridad de condiciones por la presión del castellano y por la voluntad del Estado de quererla imponer”. “El simple hecho de que una persona utilice el castellano no quiere decir que no pueda o no quiera ser atendido en catalán por las Administraciones [autonómicas] catalanas”, ha señalado.

La propuesta del PP ha sido rechazada por el resto de grupos, esto es, CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC (ningún miembro de Solidaritat ha asistido a la sesión, mientras que Ciudadanos no tiene representante en esa comisión).




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