AGLI Recortes de Prensa   Viernes 13 Julio 2012

El "otoño caliente" que tanto teme Rajoy es evitable
EDITORIAL Libertad Digital 13 Julio 2012

Tras su comparecencia de este miércoles en el Congreso de los Diputados Mariano Rajoy se prepara para "un problema gordo en las calles", que se agudizará a partir de septiembre tras el paréntesis del verano. En el Gobierno y en el Partido Popular se asume como inevitable la agitación social que va a tener lugar tras el discurso del presidente del gobierno, en el que anunció una serie de medidas que perjudican notablemente a las clases medias y trabajadoras de España, con la fuerte subida del Impuesto sobre el Valor Añadido como epítome de la receta del Gobierno para cuadrar unas cuentas públicas que se niega a podar, especialmente en el muy frondoso ramaje autonómico.

Los extraordinariamente bien remunerados asesores del gobierno y el PP deben haber descontado ya la catarata de manifestaciones y protestas con que la sociedad va a responder a esta agresión institucional, que situará la presión fiscal del ciudadano medio en niveles prácticamente confiscatorios, y que la izquierda y los sindicatos mayoritarios sin duda van a aprovechar para sacar una buena tajada en términos de apoyo electoral.

Sin embargo estas oscuras perspectivas que se ciernen en el futuro inmediato hubieran sido perfectamente evitables a poco que el Gobierno hubiera actuado con la contundencia que la sociedad entera reclama en el equilibrio de las cuentas del Estado por la parte de gasto, en lugar de intentar de hacerlo por la vía de los ingresos aumentando todavía más la presión fiscal que ya soportan familias y empresas.

La reducción severa del número de ayuntamientos, la supresión de las diputaciones, el cierre de empresas públicas, el despido de los miles de enchufados que medran en los distintos presupuestos y un severísimo ajuste del dispendio autonómico, habrían servido para que los españoles asumieran su parte del sacrificio en caso de que aún así hubiera resultado inevitable.

En lugar de eso, el gobierno decidió en el Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado ayer garantizar el endeudamiento de las autonomías, la verdadera gangrena del cuerpo nacional, para que la casta política pueda seguir despilfarrando el dinero que a los ciudadanos se les va a extraer con la supresión de salarios consolidados, caso de los funcionarios, o de la subida de impuestos indirectos que afectarán a toda la sociedad por igual.

Los españoles asisten atónitos a este nuevo enjuague de la clase política para preservar el disparatado despilfarro de unas comunidades autónomas que, sin ir más lejos, disponen a día de hoy de nada menos que 45 canales de televisión –encabezados por los ocho canales de TV pública del País Vasco y los siete de Cataluña– los cuales siguen funcionando a pleno rendimiento más allá de algún recorte puntual anunciado que aún está por concretarse.

A la vista de esta injusticia en el reparto de las cargas que conlleva la actual crisis, el Partido Popular no debería lamentarse por las movilizaciones que sin duda van a tener lugar en los próximos meses, sino actuar con la lealtad que cabe exigirle a un gobierno que no fue elegido precisamente para perpetuar el sistema autonómico que nos está llevando a la ruina.

Los españoles, y en especial los votantes del Partido Popular, se sienten con toda justicia traicionados por un Gobierno que llegó al poder con un recetario para salir de la crisis que comenzó a desvirtuar desde el mismo día de su toma de posesión. Aún así Mariano Rajoy puede todavía evitar ese "otoño caliente" que tanta desazón provoca en las filas de su partido. Sólo tiene que retomar el programa electoral con el que se presentó a las elecciones y comenzar a aplicarlo a partir de este mismo viernes en el Consejo de Ministros. Más fácil imposible.

Sobre el ajuste que no le gusta a Rajoy
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 13 Julio 2012

Anteayer anunció Rajoy en el Congreso lo que, al parecer, no le gusta hacer como presidente del Gobierno. Para decirlo claro y pronto, sus durísimos recortes: subir el tipo general del IVA del 18 al 21 % y el especial del 8 al 10 %; bajar la cuantía de la prestación por desempleo; reducir las prestaciones para los familiares que cuidan a personas dependientes; suprimir la extra de Navidad de los funcionarios públicos; reducir los incentivos a la contratación laboral; o, en fin, suprimir la desgravación por compra de vivienda. Sin embargo, el disgusto de Rajoy con unos recortes que, cuando no se ceban o en los más débiles (parados o dependientes) machacan a colectivos ya muy maltratados desde el punto de vista salarial (funcionarios) o son socialmente regresivos (subida del IVA), es por lo que se ve mucho menor que el que sentiría al acompañar su ajuste draconiano de otras iniciativas que hubieran ayudado a hacer creíble la justificación a la que recurrió el líder del PP para explicar la necesidad del inmenso sufrimiento que se va a imponer a este país: que España atraviesa una situación de tan extrema gravedad que ya no hay elección entre hacer sacrificios y no hacerlos.

Si eso es así, es decir, si los españoles estamos obligados a pasar por el aro de fuego que le han puesto en las manos a Rajoy los que mandan en la UE, el presidente estaba obligado a anunciar al tiempo otras medidas sin las que las hechas públicas constituyen una inmoralidad.

Porque si el país está tan mal como para arrasar con todo lo que el miércoles se llevó el presidente por delante, es que España necesita con urgencia reducir en más de dos tercios sus 8.000 ayuntamientos (y no es esa memez demagógica de la disminución de concejales), suprimir las diputaciones provinciales, acabar con las duplicidades orgánicas de las autonomías, cortar de forma drástica los gastos imparables de las elecciones y en mucha mayor medida de lo anunciado las subvenciones a sindicatos y partidos, adoptar un plan efectivo de lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida, poner fin de una vez a los privilegios escandalosos del fútbol, restringir prácticamente a cero los miles de coches oficiales que llenan nuestras calles, acabar con los viajes en primera de miles de altos cargos, meter en un hangar el avión presidencial, dar orden inmediata de cortar en seco el dispendio en fiestas y saraos o suprimir las ayudas clientelares a asociaciones de todo tipo.

En una palabra, imponer el mismo orden recio a la política que se impondrá a la sociedad. Si todo ello no se hace, los sacrificios que Rajoy nos ha exigido tienen mucho más de tomadura de pelo que de invocación a la solidaridad de los españoles para sacar todos juntos al país del gravísimo atolladero en el que está.

¿Vaciar España para pagar a Europa, sin tocar a los culpables?
Pascual Tamburri  www.elsemanaldigital.com 13 Julio 2012

Las reformas incluyen obedecer a Bruselas y renunciar a poderes nacionales. Mientras, nadie toca las competencias de las regiones. Dos procesos complementarios contra España.

A mediados de julio, en un Consejo de Ministros extraordinario, no con las mejores formas en el Parlamento y después de mucho esperar, tenemos el elenco de las reformas de Mariano Rajoy. Lo esperamos completo, pero no está asegurado que lo sea porque los tiempos son duros. Sí es seguro que se cumplirá, porque la Unión Europea nos lo exige. Es cierto que España acumula una deuda pública de 800.000 millones de euros que ahora mismo pagamos entre todos a un interés alto. Es cierto que muchas cosas no funcionan y no pueden sostenerse. Pero no es menos cierto que aún quedan pendientes problemas por solucionar, culpables que castigar y reformas que emprender. O eso esperamos.

Que paguen los culpables
España emprende ahora, sin más vacilaciones, una política de ahorro, de menos gasto público, de sacrificios de los trabajadores y de mayores impuestos. Sustancialmente, el Gobierno prevé conseguir entre el aumento de ingresos y la reducción de gastos 65.000 millones de euros, aunque está por ver qué pasa si disminuye el consumo y por ende la actividad económica. Se prevé un control y disminución del gasto de las Administraciones Públicas, en especial Ayuntamientos, Administración Central y gastos de personal funcionario y contratado; son medidas en algunos casos duras, cuya dureza resulta aún más llamativa porque no se acompaña de idénticas exigencias a las Comunidades Autónomas, grandes responsables en el pasado cercano de la multiplicación del gasto, del personal, del derroche y de la corrupción. A día de hoy hay motivos sobrados para intervenir, conforme a la Constitución, unas cuantas regiones, cuánto más para exigir a todas no sólo orden y disciplina sino recortes profundos. Es difícil pedir a millones de españoles, a muchas Administraciones y entes públicos renuncias y sacrificios mientras no se impone lo mismo a unas Comunidades Autónomas caras, obscenamente caciquiles y corruptas, ineficaces y, en muchos casos, simplemente antiespañolas. Y lo mismo que se dice de las regiones puede decirse de los bancos y de los negocios inmobiliarios: sería un suicidio político imponer sacrificios a tres generaciones de españoles para que unos cuantos grandes nombres se lucren en los tiempos duros como lo hicieron en los fáciles; si tienen deudas que pagar, que paguen con su patrimonio, como todos, y que el Estado ejerza en esto su autoridad, pues el libre mercado no puede ser la prebenda de una casta. Quien bien quiera a Rajoy le pedirá en todo esto no menos sacrificios, sino más, pero para todos: eso los hará más justos y aceptables para una inmensa mayoría.

¿Se recorta el gasto social? Quizá sea mejor decir que se empieza a ordenar, y que se deja de llamar social a lo que no era sino socialista. Ahora bien, quizá sea mejor que no paguen justos por pecadores, y que las prebendas socialistas y autonómicas no hagan desaparecer medidas sociales como las pensiones, el paro y las pagas extraordinarias, por cierto no creadas ni por Suárez ni por González ni por Aznar ni por Zapatero, sino por, ay, Franco y Primo de Rivera. Bien está el orden, y más en una casa en la que se gastó lo que no había, pero hay que alejar de la caja y llevar a los Tribunales a los responsables de la locura, y que paguen ellos y no los trabajadores y ahorradores de España el precio de la ruina. Me parece muy mal que se recorte un 20% la subvención a los partidos: es el momento de suprimirla por entero, así como a los sindicatos, y los liberados de éstos. ¿Hace falta una "tasa verde"? Empecemos quizá por suprimir toda subvención a la generación energética "verde", y por investigar quién y cómo, incluyendo grandísimas empresas y conocidísimos políticos, se ha enriquecido hasta la locura con ese dinero de todos. Aquí lo único verde de verdad, señor presidente, es la agricultura española. ¿Vamos a privatizar empresas públicas? Bien, pero que no se enriquezca quien no debe, y menos quien ya lo hizo en los años de bonanza; y aprovechemos también para nacionalizar y subastar el patrimonio público indebidamente dado en el pasado a partidos, ONG y sindicatos.

No hay que perdonar la vida a las autonomías
Medidas concretas aparte, estamos ante un problema decisivo para el futuro de España. Durante décadas se ha vaciado de contenido el Estado en beneficio de las Comunidades Autónomas, diciendo que así se lograría una Administración mejor, más cercana y eficaz y que políticamente así se conseguiría una integración de los nacionalismos en la convivencia nacional. Ahora vemos que las dos cosas eran falsas, de principio a fin. Gracias a las autonomías tenemos un Estado casi huero, una Administración enormemente más cara, grande e ineficaz y unos nacionalismos más encrespados que nunca. No es el momento de callar, otra vez, sobre el problema de las autonomías. Es el momento de cargar sobre ellas las culpas que les tocan. Y si les toca menguar o desaparecer, por el bien de España y de los españoles, así sea; España es anterior en el tiempo y superior ontológicamente a cualquiera de sus partes, cómo no va a serlo en una simple cuestión de dineros. Don Mariano, por favor, usted, yo y muchos más sabemos que esto es así. No tengamos miedo a nadie, así haya que llegar a la intervención o la reforma, para la que tiene usted mayoría parlamentaria y social sobrada.

Esta Europa es parte del problema, no de la solución
Ha señalado con gran acierto Pío Moa que no hay oposición, sino lo contrario, entre el vaciamiento del Estado a favor de la UE y a favor de las autonomías. Ambos se complementan a la perfección, pues no hay un "vaciado malo", que sería el que España ha sufrido en provecho de las oligarquías regionales, y un "vaciado bueno", que sería el experimentado en beneficio de las instituciones europeas. De hecho, sugiere Moa y puede defenderse con muchos más argumentos, ambos procesos llevan a un mismo punto, que es la desaparición práctica del Estado español (unida a la negación de España, comunidad histórica a la que llamamos entre otras cosas nación). El proceso de bruselización sólo sería "bueno" si considerásemos "bueno" el ser gobernados desde fuera, sin criterios democráticos y, eso sí, con la libertad económica puesta en los altares del nuevo macroestado; pero en realidad, para España, es tan malo como la descomposición autonómica, ya que en ambos procesos el país pierde su identidad y su autonomía, renuncia a su capacidad ejecutiva, legislativa y judicial en beneficio de personajes y órganos que el pueblo no ha elegido, y paga más a cambio de estar peor servido o, mejor dicho, de que con su trabajo, su ahorro y sus impuestos se sirvan los intereses de otros. Esta Europa bancaria no es la Europa por la que España, hija de Roma, ha luchado durante siglos.

La burocracia autonómica es cara, antidemocrática y antiespañola. Igualmente lo es la burocracia bruselense. No nos olvidemos de ellas en esta hora de recortes, caballeroes, es más, empecemos por ellas, y por igual. En la Bruselas de 2012 no están las soluciones para los errores monstruosos en lo político de Adolfo Suárez, en lo administrativo de Felipe González y en lo económico de José Luis Rodríguez Zapatero. España tiene que solucionar primero su problema regional, una de cuyas consecuencias (no la única) es la ruina fiscal, y debe después contribuir a que Europa sea, como puede ser pero no es ahora, una comunidad de naciones libres y soberanas. El Mecanismo Europeo de Estabilidad, si se acepta la actual redacción de sus artículos 32-35, se convierte en una especie de megaEstado superior a toda soberanía, no garante de la nuestra sino un paso más en su desaparición. Lo cual es buena noticia sólo para los talibanes de ciertas ideologías y para los separatistas. Renunciar a más soberanía que nadie no nos ha dado más seguridad que a quienes como Gran Bretaña quisieron conservar toda la posible. Tampoco nos ha defendido de la ruina, de la que estamos cerca, ni de la descomposición, contra la que es hora de actuar.

Cumplir sin excusas
Editorial La Razón 13 Julio 2012

La mayoría de las comunidades autónomas, que el pasado mes de mayo se comprometieron a llevar a cabo un ajuste presupuestario de 18.000 millones de euros, va con mucho retraso en el cumplimiento de los planes de recorte prometidos. Ayer mismo, Antonio Beteta, secretario de Estado de Hacienda, señalaba que sólo se habían cerrado dos empresas públicas de las 600 previstas. Los indicios, pues, no son buenos y, lo que es peor, no escapan a la atención de los mercados financieros y de los organismos de supervisión que, reiteradamente, han expresado sus dudas sobre la viabilidad económica de las comunidades autónomas. Si a ello le añadimos las continuas declaraciones contra las políticas de austeridad que, en clave de partidismo interesado, llegan desde las comunidades, diputaciones y ayuntamientos regidos por partidos de la oposición al Gobierno, no se entendería que, con este preocupante trasfondo, el Ministerio de Hacienda hubiera aceptado unas rebajas en la aplicación de los objetivos de déficit, cuyo efecto más inmediato sería aumentar, aún más si cabe, las dudas internacionales sobre la voluntad reformista del Gobierno y el crédito de España.

Aunque no todas las comunidades autónomas están en la misma situación, tampoco se pueden hacer más excepciones en las exigencias de cumplimiento que las ya contempladas en sus respectivos planes de equilibrio financiero. Aquí el Gobierno de la nación está obligado a mantener la máxima determinación, porque lo que nos jugamos, junto con nuestra credibilidad exterior, es que la mayoría de los sacrificios que se están exigiendo a los ciudadanos sean estériles. Incluso si fuera preciso, lo que nadie desea, el Gobierno dispone de instrumentos legales, como los previstos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, para intervenir las cuentas de las comunidades autónomas que, por las razones que sean, no estén dispuestas a cumplir con los objetivos de déficit o se ven incapaces de ello. Ciertamente, la tarea no es fácil ni inocua para los gobernantes autonómicos, pero el hecho de que muchas de ellas no puedan siquiera acceder al crédito exterior en condiciones tolerables, es la mejor demostración de que se necesita abordar de una vez por todas una reforma estructural de calado.

A lo largo de los años, los gobiernos autonómicos han ido reproduciendo milimétricamente la organización del Estado en cada territorio, haciendo del sistema un ente hipetrofiado e insostenible. Ese es el núcleo del problema y no bastará para resolverlo con recortar sueldos de funcionarios. Lo saben las comunidades autónomas y lo saben los ciudadanos que, en su gran mayoría, exigen una racionalización de las administraciones, hasta hora, alegres gastadoras de presupuestos.

Deberes sin hacer
El Estado sube impuestos pero no ajusta su estructura
DANIEL MARÍN ARRIBAS www.gaceta.es 13 Julio 2012

El sector público ha incrementado su gasto y su número de funcionarios, sufragando todo con incrementos tributarios y aumentos de deuda.

Antes de la crisis, la Hacienda Pública española tenía una estructura económica y financiera solvente. El gasto se ajustaba a los ingresos e incluso, durante varios años, se alcanzó el superávit presupuestario.

La burbuja provocada por la expansión crediticia y el boom inmobiliario, permitió que el ente público creciera. Y así fue. Sin embargo, la falta de decisión política desde 2007 para hacer los deberes, ha llevado al Estado español al borde de la quiebra.

Gastos / Ingresos públicos de España (Miles de millones de euros). Fuente Eurostat.

El descenso abrupto de los ingresos tributarios por la venida de la crisis, no ha ido acompañado de un ajuste en el capitulo de los gastos, sino más bien todo lo contrario. En estos últimos años, el número de funcionarios se han incrementado hasta en un 50% y el gasto público, en más de 60.000 millones de euros.

Número de funcionarios (Miles). Fuente: INE

Ante esta situación desbordada, las primeras medidas de los Ejecutivos han ido encaminadas a aumentar la deuda pública, que ha efectos económicos, supone un impuesto futuro, pero que al no ser efectivo en el presente, no supone un coste electoral excesivo. No obstante, la cada vez más insostenibilidad del mastodóntico Estado, ha disparado la prima de riesgo que los inversores exigen para seguir financiando el despilfarro, por lo que la última solución ha sido la de subir los tributos presentes, esperando una recaudación que nunca acabará de llegar.

Los ingresos que recibía el ente público antes de la crisis no volverán en décadas, por lo que, irremediablemente, el Estado terminará viéndose obligado tarde o temprano a reestructurarse. Y debe hacerlo cuanto antes, sino quiere terminar en una situación de bancarrota.

España sin alternativa a Rajoy
Pablo Sebastián www.republica.com  13 Julio 2012

Nos dijo Rajoy desde su proverbial “independencia” y defensa de “la soberanía nacional” que él carece de libertad (sic) para hacer otra cosa distinta a los duros ajustes que el jueves anunció en el Congreso de los Diputados, como algo irremediable que le viene impuesto por Europa. Lo que es absolutamente falso porque de ser cierto el BCE se habría lanzado a comprar deuda española, evitando un nuevo ataque de los mercados a España como el que no cesa y va a seguir, empujando al alza la prima de riesgo y los tipos de interés hispanos que se acercan, otra vez, al límite del rescate general de España por la UE. Que es lo quede verdad teme Rajoy (y lo que le obligaría a dimitir) y también lo que al parecer buscan Merkel, Draghi, Monti, Rehn y Almunia, para salvar a Italia de la quema -la UE no puede salvar a los dos, España e Italia, a la vez- y completar la plena intervención y el rescate de España que acaba de iniciarse por la vía de la banca.

En política y en la economía hay alternativa para todo. Pero en el caso de España para lo que no hay alternativa al día de hoy es para sustituir a Rajoy como presidente del Gobierno. Salvo que dimita, porque tiene mayoría absoluta que impediría una moción de censura y no tenemos elecciones a la vista hasta noviembre de 2015. En realidad la única alternativa a Rajoy, si continúan sus fracasos -el ajuste intempestivo del jueves es un fracaso porque debió haberlo antes y con menos virulencia- o si llega el rescate general de España, solo puede venir desde dentro del PP. Y, vista la escabechina de líderes y potenciales adversarios internos que el propio Rajoy hizo en su partido desde la presidencia del PP -allí cayeron Rato, Cascos, Zaplana, Acebes, Aguirre, Oreja, Arenas, Camps, y Gallardón se está cociendo en el Gobierno-, al PP sólo le queda en “la reserva activa” José María Aznar. Y con cara de pocos amigos como lo pudimos apreciar en los curso de verano de FAES.

Rajoy -como diría él mismo- “es lo que hay”, y se está abrasando políticamente a marchas aceleradas por causa de sus errores y de sus ministros, los que él seleccionó más con criterios de amistad que de eficacia. Y para colmo, en el PSOE, la presunta alternativa del PP, Rubalcaba, también está fracasando y no acaba de funcionar, como se vio en durante el reciente debate de ajustes de Rajoy. Además Alfredo Pérez Rubalcaba tampoco tiene (como Rajoy) liderazgo político y social ni posibles líderes alternativos (quizás solo Josep Borrell), porque Felipe González, el “gran sabelotodo”, tiene a su espalda un currículum -político/penal, en las condenas del GAL- muy difícil de olvidar, y Chacón, es mas de lo mismo, la nada “zapaterista”).

O sea, tenemos Rajoy para rato a menos que se produzca un gran cataclismo o el gran rescate de España, y que el actual presidente del Gobierno se vea obligado a dimitir –ningún líder de los países rescatados sobrevivió en el poder a la intervención de la UE-, o decida dar un paso atrás. Aunque, de momento, lo único que nos podemos preguntar es si el actual Gobierno continuará tal y como está porque falla casi todo, empezando por la política, la coordinación y la comunicación. Lo que nos podría abocar a una crisis del Gabinete para el verano, a sabiendas de que en los salones de la Moncloa se ha visto en los últimos tiempos y con bastante asiduidad a Josep Piqué y a Javier Arenas. De momento vamos a ver como discurren los próximos días y semanas en los mercados y en la tensión social, porque hay algo que parece claro: los problemas en presencia por algún lado van a estallar.

Energía para el día a día
Sindicatos, mineros y sus paradojas
Manuel Fernández Ordóñez Libertad Digital 13 Julio 2012

En el momento de escribir estas líneas, la marcha negra está a punto de entrar en Madrid. Los que hemos nacido y nos hemos criado en Asturias sabemos de sobra cómo se gestan estas movilizaciones y quiénes las espolean. No me he posicionado aún en este asunto, ni a favor ni en contra, pero sí les diré algo: si los mineros tuvieron en algún momento un ápice de razón, hace ya tiempo que la perdieron con sus algaradas de terrorismo callejero. La historia no es nueva. En Asturias ya la hemos visto muchas veces. Ante la amenaza del recorte de subvenciones a un sector totalmente anacrónico e ineficiente, ciertos grupos sacan a pasear la dialéctica de la lucha de clases, como antaño, otorgándose a sí mismos el papel de "elegidos" del proletariado.

La realidad es que el conjunto de la minería ha sido un grupo de privilegio entre la clase trabajadora. Entre los muchos privilegios de los que goza el sector del carbón, y que nos han costado a los contribuyentes casi 25.000 millones de euros, hay uno que conviene destacar. La legislación obliga a ciertas centrales térmicas a quemar el carbón nacional para producir electricidad, aún a sabiendas de que es mucho más caro que el carbón extranjero y mucho más contaminante. Esto no es más que una política proteccionista y un trato de favor a cierto colectivo social que se paga a costa de recortar las libertades del resto de la sociedad en forma de coacción fiscal. Como muestra de la paradoja, los sucesivos Gobiernos que han ido dejando España como un erial subvencionaban las energías renovables con el pretexto medioambiental y, al mismo tiempo, subvencionaban el carbón nacional que es, según ellos mismos, lo que más perjudica al medioambiente.

Y esta inenarrable yuxtaposición de posturas incongruentes continúa aflorando por doquier. La pasada semana, en Avilés, los sindicatos convocaron movilizaciones para pedir que el Gobierno rebaje la tarifa eléctrica de las grandes industrias asturianas. Resulta que las grandes industrias, por ejemplo Alcoa, son muy intensivas en energía eléctrica. Y resulta que las nefastas políticas de este país, entre ellas subvencionar el carbón nacional, han puesto la luz por las nubes. Y resulta que los sindicatos son capaces de manifestarse, simultáneamente, para pedir que el Gobierno baje la luz y para pedir que sigan las subvenciones a la minería. Al mismo tiempo, en la misma manifestación, las mismas personas pedían una cosa y su contraria. Todo esto, como no podría ser de otro modo, sin que un ápice de rubor asome a sus rostros de lija.

Los mineros deberían tener en cuenta que sus puestos de trabajo son mantenidos de manera artificial por el resto de trabajadores, la mayoría de los cuales no cuenta con sus privilegios. ¿Por qué no se prejubila a los 45 años a los pescadores, a los agricultores o a los panaderos? Deberían saber que no viven de su esfuerzo, sino de la caridad de un Estado que quita el dinero al resto de ciudadanos para mantener sus prebendas y los despilfarros de empresas como Sodes, Diasa Pharma o Venturo XXI. Empresas que recibieron millones de euros en subvenciones y no generaron ni un solo puesto neto de trabajo.

La realidad es que, como muy tarde en 2018, las ayudas a la minería finalizarán y entonces en las cuencas asturianas no quedará nada. Y no quedará nada porque durante muchos lustros el caciquismo local se dedicó a despilfarrar miles de millones de euros mientras las cuencas se iban muriendo. Al mismo tiempo, los mineros que ahora piden solidaridad veían pasar la vida desde el otro lado de la ventana del "chigre" mientras miles de jóvenes (entre ellos el que escribe esto) tuvimos que hacer las maletas y dejar nuestra tierra... para no volver jamás.

Mamporreros del nacionalismo
Falacias nacionalistas del PSC
Antonio Robles Libertad Digital 13 Julio 2012

Desde que el PSC decidió ocultar las siglas oficiales PSC-PSOE y engordar el trazo de la "C" de Cataluña, para destacar su compromiso con la identidad catalana por encima de sus ideales socialistas de su letra "S", este partido inició el último tramo para disolverse en el nacionalismo, aunque lo disimule aún con el de catalanismo o cualquiera otra de sus máscaras, como el de catalanismo cívico de última hornada. ¡Con lo fácil que sería decir civismo, si es eso lo que se quiere defender. Palabras, meras fórmulas electorales para justificar su traición a los principios por los que nació y la traición a su base electoral mayoritariamente obrera y castellanohablante.

El último acto ya lo tenemos en escena: CiU, una vez más, lo ha arrastrado al debate identitario a través del "Pacto Fiscal". Pacto fiscal, concierto económico, expolio fiscal; en Cataluña las palabras están para retorcerlas y hacerles decir lo que no es razonable exigir.

El debate económico sobre si Cataluña tiene un trato fiscal injusto y el recurso a las balanzas fiscales, se ha convertido en un debate de sordos. Los defensores de la aplicación de la LOFCA como sistema de reparto legitimado por la norma Constitucional dan argumentos económicos que desmontan la falacia del trato fiscal injusto a Cataluña. A los defensores del hecho diferencial catalán como fundamento para exigir gestionar sus impuestos o, cuanto menos, conseguir un cupo al modo vasco y navarro, los números y las evidencias les importan un carajo. La realidad está para doblegarla ante sus intereses, sean verdaderos o falsos, razonables o no.

No hay que romperse más la cabeza, es inútil dar números, un artículo del catedrático de economía del CSIC Ángel de la Fuente es uno de los últimos intentos de enfrentarlos ante los números, los hechos y el principio de igualdad entre todos los españoles. ¿Y quién le contesta? La responsable de economía del PSC, Rocío Martínez-Sampere en las mismas páginas de El País en que se publicó el primero. ¿Para qué? Para intentar convencernos de que los fundamentos del nacionalismo son el instrumento más razonable para defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña frente a los intereses de otros territorios de España. Y ni siquiera se ha dado cuenta de que lo ha hecho. Todo su argumentario, al final, se reduce a esta frase: "La teoría de la solidaridad universal entre seres humanos tiene de facto fronteras que dependen de dónde ejercemos de ciudadanos, de nuestros sentimientos de pertenencia y de cómo elegimos representarnos en gobiernos, sean o no un Estado".

Si aceptamos la primera premisa, "la teoría de solidaridad universal" como criterio para desentendernos de ella porque sólo es posible ejercerla allí donde ejerzamos de "ciudadanos", será entonces el Estado, España, el espacio jurídico político que determine tal solidaridad en nombre de la legitimidad constitucional. Pero la socialista no parece tener claro que sea España el ámbito de solidaridad, sino donde cada cual esté determinado por sus sentimientos de pertenencia. Es decir, sería el sentimiento y los intereses subjetivos de cada cual por encima de un ordenamiento jurídico quienes determinarían las reglas del reparto fiscal. Un galimatías mental puramente nacionalista para argumentar el galimatías mental y las contradicciones de un partido que, desde que nació, no ha hecho otra cosa que servir de mamporrero del nacionalismo. En su peor acepción: "dícese de quien ayuda a otro a joder a terceros".

Por otra parte, el argumentario está contaminado por la otra falacia nacionalista de limitar la solidaridad. Ni siquiera se da cuenta de que no se trata de ser solidarios sino del cumplimiento del principio legal que impone unos criterios de derecho positivo basados en la justicia, no en la caridad.

Todo esto ya no tiene nada que ver con los números económicos, sino con la ideología, con la ideología nacionalista, para ser más exactos. Si los socialistas tienen que hacer encajes de bolillos para atender la llamada de la tribu por temor a quedarse sin clientela, es su problema electoral. Que no lo justifiquen con limitaciones de la solidaridad basada en criterios territoriales. Sólo son excusas para no plantar cara ideológica al nacionalismo y confundirse con el paisaje de moda. Si ese es el problema, sean coherentes, borren la "S" de socialistas del PSC y pasen a decirse directamente PC (Partido Catalán). Seguro que no tendrán porvenir, pero al menos no engañarán a la gente. Tal como está la política, sería revolucionario. Me refiero a no mentir.

RAJOY Y SUS MINISTROS SE BAJAN EL SUELDO
Ocho comunidades en proceso de intervención
Montoro resiste la presión para relajar el déficit: Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias votan en contra; y Extremadura y Castilla y León, del PP, se abstienen.
Carmen Morodo La Razón 13 Julio 2012

MADRID- Fracaso del frente autonómico que ayer lideraron Cataluña y Andalucía para doblegar al Gobierno en su estrategia de reforzar la presión sobre las comunidades en materia de déficit. Hasta desde las autonomías populares ha habido quejas entre bambalinas, que se sustanciaron en la votación de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) con la abstención de Extremadura y Castilla y León. Galicia y Murcia también clamaron por un reparto «más equitativo» del déficit, pero acataron la decisión. En el caso gallego, con un «sí crítico».

Como adelantó este periódico el pasado miércoles, el Ejecutivo se niega a flexibilizar el 1,5 por ciento fijado para este año, pese a la prórroga hasta 2014 que Bruselas ha concedido a España para ponerse por debajo del 3 por ciento. Hacienda mantiene ese 1,5 por ciento para 2012 incluso después de que en la cumbre del Eurogrupo se acordara relajar en un punto, del 5,3 por ciento al 6,3 por ciento, el tope para el total de las Administraciones Públicas.

Y no sólo eso, sino que además Hacienda aprovechó la reunión del CPFF para confirmar a las comunidades el endurecimiento de las exigencias para los próximos años con respecto a las fijadas por el Gobierno socialista. Su déficit para 2013 será del 0,7 por ciento (dos décimas por encima del marcado en el Plan de Estabilidad 2012-2015 enviado a Bruselas); y en 2014, del 0,1 por ciento. El Gobierno de Rodríguez Zapatero estableció el déficit autonómico para el próximo año en el 1,1 por ciento, y en el 1 por ciento en 2014. Los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno fueron aprobados por 12 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. En contra votaron Cataluña, Andalucía, Canarias y Asturias. Y las dos abstenciones fueron las ya citadas: Extremadura –alegó que no conoce los ingresos– y Castilla y León.

El Ejecutivo de Rajoy justifica esta exigencia de un mayor esfuerzo de las comunidades con dos argumentos. Por un lado, en que éstas no pueden financiar un déficit mayor: de hecho, ya están teniendo serios problemas para financiarse en los mercados y hay quien lo está haciendo al nivel de países rescatados. La otra explicación es que el Estado ha realizado un notable esfuerzo para ayudarlas a «sobrevivir», que incluye desde el plan de pago a proveedores hasta la ampliación a diez años del plazo para devolver el dinero de los anticipos a cuenta que recibieron del Estado, unos 24.000 millones.

En la reunión de ayer del CPFF hubo mucha tensión, alimentada sobre todo por Cataluña y Andalucía, que se presentaron en Madrid con su propio catálogo de exigencias. La consejera andaluza de Hacienda y Administraciones Públicas, Carmen Martínez Aguayo, exigió relajar el déficit del 1,5 por ciento previsto para este año, y también que se destine el 50 por ciento de la subida del IVA a las comunidades. Mientras que las demandas catalanas fueron que se comparta el punto de margen otorgado por Bruselas; la compensación por la subida del IVA; los «hispanobonos»; y el recorte de la Administración central.

En la víspera el «jefe» de la Intervención General del Estado había presidido una «preparatoria» de esta cumbre territorial en la que ya advirtió a varios representantes autonómicos –alguno del PP– de que les daba hasta ayer por la tarde para aclarar las partidas que no cuadraban en sus ajustes presupuestarios. De no ser así, saldrían del CPFF con un tirón de orejas en forma de primer aviso oficial para poner en marcha el plan de sanciones previsto en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que, en último término, prevé la intervención. En la lista de más problemáticas estaban Cataluña, Valencia, Andalucía..., y también Murcia y Castilla-La Mancha.

El Ministerio de Hacienda no estaba satisfecho con la ejecución por parte de algunas comunidades de sus planes presupuestarios de consolidación fiscal, de acuerdo con la citada Ley de Estabilidad Presupuestaria. Decían, antes de la reunión de ayer tarde, que ha habido una notable falta de colaboración por parte de algunas, como, por ejemplo, Andalucía, a la que acusan de haber utilizado excusas burocráticas para negarse a facilitar los datos de sus empleados públicos. Y más allá de esa falta de transparencia y colaboración, en la Intervención General del Estado tampoco convencían las explicaciones y la evolución de otros planes presupuestarios. En el orden del día oficial no estaba la creación del mecanismo de auxilio financiero, pero sí la revisión de los planes de ajuste, así como de la ejecución del compromiso de reducir la plantilla de empresas y entes públicos. Finalmente no todas las comunidades aprobaron el examen y el ministro Montoro confirmó que se inicia el proceso sancionador que puede terminar en la intervención: de momento, las afectadas tienen siete días para probar que cumplirán con el 1,5 por ciento de déficit. Si no hay acuerdo, Hacienda elevará al Consejo de Ministros la petición de advertencia sancionadora sobre las «incumplidoras». Montoro se negó ayer a hacer oficiales sus nombres. El País Vasco ha sido citado a una reunión bilateral.

ANDALUCÍA Y CATALUÑA critican el endurecimiento del déficit
«Nos tratan como a criaturas. Se nos riñe y no se nos escucha». El Consejero catalán Andreu Mas-Colell manifestó así su disconformidad a su salida del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La consejera de Hacienda andaluza, Carmen Martínez Aguayo, dijo ver en el ministro un «tono amenazante», aunque no empleó la palabra «intervención». Por su parte, la consejera de Hacienda de Asturias, Dolores Carcedo, especificó que su voto no fue contra el cumplimiento del objetivo de estabilidad pero si contra el reparto del déficit, que a su juicio debería ser más equilibrado.

Lastre autonómico: 400 empresas de más y 120 millones en ayudas superfluas en lo que va de año
F. Cancio La Razón 13 Julio 2012

MADRID- O cumplen o cumplen. El Ejecutivo avisó ayer a las comunidades de que en su mano está también que la situación mejore y que han de arrimar el hombro. En diferentes aspectos, pero tendrán que recortar de todo aquello que no sea estrictamente necesario para prestar los servicios a los ciudadanos con garantías. Empezando por las empresas públicas y finalizando con los derroches:

l Empresas Públicas
En marzo de 2010, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) acordó, entre otras medidas, la reducción del número de empresas públicas autonómicas un 21 por ciento. Concretamente, la intención era la de eliminar un total de 514 entes, pero la realidad es totalmente distinta. Tal y como se desprende del último Informe sobre la reordenación del sector público del Ministerio de Economía, el 1 de julio de 2010 había en España (sin contar el País Vasco) 2.431 empresas de este tipo, aunque el plan para reducirlo no incluiría a Ceuta y Melilla ni a los entes en los que participan varias autonomías, lo que reduce la cifra a 2.359. Un año después, el 1 de julio de 2011, la reducción efectuada, según el mismo informe, era de 69 empresas, un 2,9 por ciento del total. De nuevo, sin contar las de las dos ciudades autónomas ni las comunes, pues de hacerlo se hubiese pasado de esas 2.431 a 2.357 (74 menos), una cifra muy alejada del total a recortar.

Sin embargo, durante el CPFF de ayer se debatió un nuevo documento para apremiar a las comunidades a eliminar antes de finales de 2012 las restantes empresas, después de que el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, anunciara que sólo han desaparecido dos entes este trimestre y que el plan para desinflar el sector público empresarial está siendo un «absoluto fracaso». De momento, ayer se conoció también que Galicia ya ha acabado con 44. El problema es la deuda de estas empresas: más de 13.870 millones de euros.

l Televisiones autonómicas
Otro de los puntos en los que las comunidades pierden millones de euros. El conjunto de las cadenas autonómicas presenta una deuda de más de 2.800 millones y suponen al año un gasto que supera los 1.000 millones. La televicion valenciana es la que más deuda acumula, con 1.300 millones.

l Embajadas autonómicas
Se han reducido pero aún quedan demasiadas, concretamente 114 repartidas por todo el mundo. Al año suponen un gasto cercano a los 400 millones y, por ejemplo, el Ejecutivo vasco ha destinado 1,28 millones a su sede de Bruselas y Cataluña 80.000 euros mensuales para alquilar una oficina.

l Despilfarros
En lo que va de año, el conjunto de las comunidades ha destinado más de 120 millones a proyectos cuanto menos chocantes. Entre lo más destacado en este punto están desde las ayudas a los sindicatos (las CC AA les han dado más de 64,3 millones) y la inmersión lingüística, en lo que comunidades como Cataluña, País Vasco o Galicia han invertido decenas de millones.

El PSOE, contra el recorte de concejales
El secretario de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Gaspar Zarrías, anunció ayer que su partido «combatirá por tierra, mar y aire» el «golpe bajo» a la «democracia» que supone la decisión del Gobierno de reducir el número de concejales. Los socialistas amenazan con recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC). Según el propio Zarrías, «hay cosas que hay que pactar» y que necesitan del acuerdo, por lo que quiso dejar claro que su partido está «radicalmente en contra de esta improvisación», que combatirá en el Parlamento y con sus alcaldes, y «si llega el caso» en el TC. Además, apuntó que «detrás del discurso fácil» de reducir concejales hay «algo más preocupante», como es «una operación para privatizar los servicios públicos que prestan los ayuntamientos».

Presentación del Libro
“Alfonso VIII, Historia de una voluntad” (Edit.Manuscritos)
Poder Limitado 13 Julio 2012

Autor: Augusto Bruyel
 Lunes 16 de Julio 2012 a las 20.30 en Salón Lugo del Hotel Zenit, Comandante Fontanes, 19. La Coruña


En el presente año, junto con la conmemoración del II Centenario de la Constitución de Cádiz, se cumple asimismo el VIII Centenario de la Batalla de las Navas de Tolosa (16 de Julio de 1212), hitos de la Historia de España. El 16 de julio de 1212, la coalición cristiana formada por unos 70.000 españoles, liderada por Alfonso VIII de Castilla, derrotó a los 120.000 musulmanes del Imperio Almohade, en el que fue el enfrentamiento más importante de la Reconquista, marcando el declive musulmán y comenzando la fase final de la liberación del territorio nacional.

La obra de Augusto Bruyel, se sitúa dos años después de la batalla, en el otoño de 1214, cuando Alfonso VIII emprende el que va a ser su último viaje. Durante el camino de Burgos a Plasencia, ya en el final de su vida, le van asaltando recuerdos de su muy largo reinado (56 años), todo él lleno de hechos singulares: conflictiva minoría de edad, matrimonio fecundo, luchas con los demás reinos cristianos, reconquistas magníficas, derrotas y victorias contra los almohades...

En ese continuo rebullir de pensamientos el monarca repasa los hechos y los va enjuiciando desde su lógico punto de vista, pero ya enriquecido con la perspectiva mayor que le ofrece el hecho de encontrarse más alejado de todo lo que sucedió.

El Centro de Estudios Público, “Poder Limitado”, quiere así homenajear, en la figura de Alfonso VIII de Castilla, a aquellos españoles que hace 800 años afrontaron un gran reto, venciendo las adversidades para liberar a España de la invasión extranjera. Ese mismo espíritu se transmitió a los héroes de la Guerra de la Independencia que se alzaron en 1808 contra el ocupante francés, posibilitando el Día de San José de 1812 la promulgación de la Constitución Liberal de Cádiz, que como heredera del espíritu de los combatientes en las Navas proclama que “la Nación Española es libre e independiente, y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona”

(Organiza, “Poder Limitado” contacto, Vicente F. Perles, 675815658 / pvf2007@gmail.com)

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Autonomías: que siga la fiesta
EDITORIAL www.gaceta.es 13 Julio 2012

El paquete de medidas de ajuste anunciado por el presidente del Gobierno el pasado miércoles se ha presentado como inevitable, cuando no es así. Mariano Rajoy ha optado por la vía de los ingresos –subidas de impuestos– cuando podía haber atacado con mayor decisión en el capítulo del gasto, donde queda mucha tarea por hacer. Si bien es verdad que se imponen recortes importantes a empleados públicos, subsidios de desempleo y pensiones, también lo es que mantiene una tibieza notable a la hora de recortar los privilegios de los grupos parasitarios que viven del presupuesto, como son los partidos políticos, patronales y sindicatos, y que no se afronta con decisión la gran reforma política que necesita España, que es la remodelación del Estado de las autonomías, donde la casta política campa a sus anchas, despilfarrando a manos llenas y duplicando estructuras, amén de crear redes clientelares muy costosas y muy difíciles de desmantelar. El último ejemplo de la inmoral desfachatez de la clase política lo ha dado el lehendakari vasco Patxi López, quien tendrá una pensión vitalicia aunque, como se prevé, no sea reelegido en las próximas elecciones autonómicas vascas. Así, tras sólo tres años y medio en el poder, el socialista cobrará un sueldo de por vida. El Parlamento vasco aprobó el pasado 30 de mayo una serie de cambios en la Ley de Gobierno para suprimir algunos privilegios a ex altos cargos. Pero, a pesar de la profunda crisis económica y del evidente descontento social por los sueldos de la clase política, López ha quedado al margen porque “el régimen jurídico del lehendakari permanece inalterado, dada su máxima consideración institucional”. Un auténtico escándalo.

El caso de López es sólo el botón de muestra de la desvergüenza de la clase política, que gusta de gastar a manos llenas, endeudándose hasta las cejas con tal de mantener el puesto y el tren de vida. Ayer mismo el Banco de España daba a conocer que el propio País Vasco había elevado su deuda en el primer trimestre del año hasta los 6.798 millones, lo que supone un aumento del 25% en sólo tres meses.

Si este es el caso de la comunidad puntera de la economía española, ¿qué será del resto? El panorama es desolador. La caja de las comunidades cría telarañas y los Gobiernos regionales se las ven y se las desean para poder afrontar la nómina de fin de mes porque los bancos y los mercados les niegan el pan. Ayer se reunió el Consejo de Política Fiscal y Financiera para tratar este y otros temas. Los famosos hispabonos estuvieron sobre la mesa a la espera de que se conviertan en el maná que les saque de los apuros. Mientras tanto, Cataluña, Andalucía, Asturias y Canarias se defendían con uñas y dientes contra la pretensión de Hacienda de apretar las tuercas a los Gobiernos regionales para que no sobrepasen el 0,7% de déficit en 2013, frente al 1,1% inicial. Una rebelión en toda regla a la que se sumaron con su abstención Extremadura y Castilla y León.

Las espadas se mantienen en alto, pero el objetivo de déficit será inalcanzable si se siguen presentando presupuestos sin base económica y recurriendo sin medida a la deuda pública para mantener el gasto corriente, contentar a las redes clientelares y apagar la sed irrefrenable de gasto. El Gobierno va en la buena dirección pero le queda pendiente –y Mario Draghi, presidente del BCE, lo tiene muy claro– hincar el diente a la reforma del Estado de las autonomías, que es la llave para lograr el objetivo déficit y la ansiada recuperación económica.

Galicia cambió el rumbo de Euskadi
Pablo Mosquera La Voz 13 Julio 2012

Tales días como estos, hace quince años, me encontraba formando parte de la pléyade de dirigentes políticos vascos que nos enfrentábamos con el asesinato del hijo de una familia trabajadora de Ourense. «Paisaniño, a meu rapaz non poden matalo». Estas palabras me acompañan desde julio de 1997. Me las dijo la madre de Miguel Ángel Blanco, tras la manifestación de Bilbao, un sábado 12 de julio. Ella sabía que yo era gallego, hijo de ourensano, como ellos. Aquella riada de gentes llegadas de todos los confines de Euskadi era un grito para la conducta insoportablemente violenta de ETA.

Luego, cuando se supo que los asesinos que mandaba Txapote habían ejecutado la amenaza, en Ermua, donde vivían infinidad de gallegos, tuve la experiencia del pueblo indignado, que supera el miedo y decide cambiar el rumbo de la historia. Aquella sociedad se dividía en tres: Los que se aprovechaban del terrorismo para avanzar en la construcción de nación y Estado vasco. Los que moraban como supervivientes, y trataban de adaptarse al ambiente, cambiando a sus hijos desde el nombre hasta su lengua materna. Y los que habíamos decidido sublevarnos en nombre de la libertad y la dignidad de ser ciudadano español en tierra de promisión. Estábamos en minoría, amenazados, casi aislados por los demás que no querían rozarse con nosotros, no fuera a señalarles alguien como colaboradores de los enemigos de Euskal Herría.

Desde las calles de Vitoria, con mi gente de UA, organicé toda suerte de manifestaciones para dar rienda suelta a la indignación del ¡basta ya! Incluso estando en mi pueblo marinero celebrando el Carmen, me llamaron a declarar en sede judicial, acusado de haber promovido disturbios públicos en aquellos días.

Confesé mi culpa, sin propósito de enmienda. Solo que el parlamentario de HB -Morzillo- incluía el día 16 de julio en su denuncia, y en esa fecha yo estaba en mi pueblo mariñano, llevando la santa. Pero de no ser así, hubiera estado en las calles, cambiando el destino de una tierra en que el asesinato de un hijo de gallegos puso dignidad paisana a la lucha por la libertad.

Surgió el espíritu de Ermua, sobre el dolor de una familia de gallegos que en su día hicieron la maleta para buscar trabajo en Euskadi.

«Los cómplices de ETA están en las instituciones»
Aguirre dice que Amaiur «insulta la memoria» del edil asesinado n Mari Mar Blanco: «No cejaremos hasta que esta gentuza se disuelva»
A. B. La Razón 13 Julio 2012

MADRID- Ayer, cuando se cumplían exactamente 15 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, hubo un recuerdo emocionado para el edil en Madrid y en Ermua, la localidad donde era concejal del PP cuando fue secuestrado.

En Majadahonda, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, tuvo duras palabras para Amaiur por no condenar el asesinato en el Congreso de los Diputados. En su opinión, la actitud de los abertzales «insulta la memoria» de Blanco. En el «colmo de la desfachatez», insistió, los «proetarras acusan a las víctimas de deseo de venganza».

El acto tuvo lugar junto a la iglesia de Santa Catalina, en pleno centro urbano, en donde se depositaron flores blancas para recordar al edil. Asistieron la presidenta del Foro de Ermua y de los alcaldes de Majadahonda, Las Rozas, El Escorial, Villanueva de la Cañada, Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Quijorna y Navacerrada, entre otros. Según Aguirre, «aunque es verdad que ETA ha sido derrotada policialmente en el País Vasco, los cómplices de ETA están en las instituciones, a las que acuden en coche oficial. Hoy el brazo político de los asesinos gobierna en el Ayuntamiento de San Sebastián y en la Diputación de Guipúzcoa, están ahí gracias a ETA y al miedo que han provocado con asesinatos como los de Miguel Ángel».

Mientras, en Ermua, hubo otro acto de homenaje en el que participó Mari Mar Blanco, hermana del concejal asesinado. Tras un sentido homenaje floral organizado por los populares vascos ante el monolito en memoria a las víctimas en Ermua, la hermana del edil desaparecido y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento vasco agradeció a sus compañeros de partido que sigan «defendiendo los mismos principios y valores» que llevaron a su hermano a entrar en política.

Blanco reclamó que «los terroristas reconozcan el daño causado, que reconozcan a todas y cada una de las víctimas del terrorismo y colaboren con la Justicia». De hecho, aseguró que «no cejaremos en nuestro empeño hasta que esta gentuza se disuelva, entregue las armas, reconozca a mi hermano como víctima del terrorismo y colabore con la Justicia; es la exigencia del partido de mi hermano, de mi partido, y de todos los demócratas».

Por su parte, el presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti, afirmó que ETA está derrotada, pero que aún «queda ganar a las ideas antidemocráticas que empujaron el gatillo, nos queda ganar a la dictadura de la separación entre vascos y entre españoles».

Los actos en memoria del aniversario seguirán hoy en un total de 40 ciudades españolas. Son aquellas que decidieron nombrar una calle o una instalación municipal con el nombre de Miguel Ángel Blanco. Los homenajes consistirán en declaraciones institucionales, ofrendas florales, lectura de manifiestos o minutos de silencio, informa Efe.





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