AGLI Recortes de Prensa   Sábado 14 Julio 2012

Peor de lo que nos habían anunciado
EDITORIAL Libertad Digital 14 Julio 2012

El texto de la reforma fiscal aprobado ayer en el Consejo de Ministros, arroja grandes sorpresas que desvirtúan las pretensiones livianas con que fue presentada públicamente por el presidente en el Congreso de los Diputados y referida en los medios por el ministro del ramo. En el caso del Impuesto sobre el Valor Añadido, no sólo es que el tipo general y el reducido experimenten un importante incremento, sino que también, y esto no se había dicho, hay todo un catálogo de productos y servicios que tributaban al 8 por ciento y a partir del 1 de septiembre lo harán al 21, nada menos que trece puntos de incremento en una sola vez. Es el caso de los suministros agrícolas y sanitarios, los bienes y servicios relacionados con la salud o el arrendamiento de viviendas, ninguno de los cuales puede catalogarse precisamente como superfluo o prescindible. Por añadidura, el gobierno ha decretado también un aumento disimulado del Impuesto de Sociedades y una subida de las cotizaciones sociales para algunos supuestos, además de otros impuestos menores como el del tabaco que asimismo verán modificado al alza su tipo impositivo.

Pero la comparecencia de la vicepresidenta y los ministros económicos tras el Consejo de este viernes sirvió además para confirmar lo que aquí tantas veces hemos denunciado, la preocupante laxitud del Gobierno a la hora de emprender las grandes reformas administrativas que el país necesita junto con una gran celeridad y precisión en el detalle para aumentar la presión fiscal que ya soportamos todos los ciudadanos.

En esencia, ha quedado claro que la voluntad del Gobierno para acometer la reforma del disparatado entramado institucional, fuente de todos nuestros males, se limita a vagas apelaciones que tendrán que sustanciarse en el medio plazo. Es lo que ocurre con la medida estrella anunciada este viernes, según la cual los ayuntamientos reducirán el número de concejales, pero necesariamente en 2014 por imperativo electoral. A su vez las diputaciones, órganos cuyo destino iba a ser la desaparición, no sólo no se eliminan sino que a partir de ahora tendrán mayores competencias en la administración local con lo que sus presupuestos, lejos de suprimirse, tendrán que verse incrementados.

Al final es evidente que la preocupación principal del Gobierno no es reducir el peso insoportable del Estado, sino tratar de mantenerlo tal cual está con nada más que ligeras modificaciones, todo ello a costa del contribuyente.

La liberalización de la actividad comercial es sin duda una buena noticia para todos, empresarios y consumidores, pero el coste añadido que vamos a tener que soportar para que la clase política mantenga sus actuales prebendas institucionales va a ser tan dañino que, hasta una medida tan saludable como esta, resulta un triste consuelo.

Mariano Rajoy, el hombre de los seis millones de parados
Eduardo Arroyo www.elsemanaldigital.com 14 Julio 2012

La última medida del Gobierno de subir el IVA es quizás una de las decisiones más absurdas, estúpidas y desastrosas que ha tomado un gobierno en Europa. Y mire el lector que toman medidas...

A este paso Rajoy acabará pasando a los anales como el hombre de los seis millones de parados... o quizás algo peor.

Es absurda porque en una economía en plena contracción, cuando el PIB cae más y más y la actividad económica se reduce, el encarecimiento de absolutamente todo –que es lo que va a ocasionar la subida del IVA- va a hacer que los españoles dispongan de menos dinero para gastar, va a hundir la demanda y va a provocar una mayor contracción de la actividad. Es estúpida porque su único soporte lógico es el prejuicio ideológico según el cual la intervención de los bancos centrales como institutos emisores últimos es, por definición, "keynesiano" e "inflacionista", lo cual impide tener una "economía saneada".

Que se llame "saneada" a una economía que camina con paso firme y decidido hacia los seis millones de parados y que, con cada medida de ajuste, nos hunde más en los problemas que presumiblemente debería solucionar, es prueba fehaciente de lo necios que pueden llegar a ser los humanos, especialmente en su variante política. Por último, es desastroso porque esta "medicina" está destinada a empeorar al enfermo, no a curarlo. De todo ello se deduce que Mariano Rajoy pasará a la Historia de España con el dudoso honor de haber conducido a nuestro país a niveles de paro que jamás se alcanzaron.

Es posible que se aduzca como explicación, que el equilibrio del déficit es una exigencia doble: de Bruselas, para aportar el dinero del rescate que la banca española necesita y, en segundo lugar, de los mercados para que nos otorguen la confianza que exigen para aportarnos la financiación. Esto, claro está, es un sofisma en el sentido de que solo es cierto si se aceptan los supuestos de que, primero, la financiación viene solo de los mercados y, después, de que el BCE solo debe vigilar la "estabilidad de los precios". El BCE debería financiar el crecimiento de la economía y vigilar que el dinero en circulación no aumentara por encima de la producción. Debería comprar él los bonos de deuda soberana de los Estados y no mirar cómo los compran los mercados para obtener pingues beneficios.

Para variar la actual política de la UE, a Rajoy le quedaría el as en la manga de presionar a Bruselas y al BCE con la salida de España del euro y con el hecho incontestable de que España es demasiado grande como para dejar que se hunda sin ayuda. Este es el motivo por el cual Bruselas ha accedido al rescate: no porque consideren que Europa es necesario o similar.

El problema es que Rajoy no ha hecho valer el citado as con la valentía y la audacia necesaria. Paradójicamente, es Rajoy quien tiene la sartén por el mango y no al revés, como suele creerse. Pero para utilizar este arma hay que estar convencido de que lo primero es la nación española y no salvar los beneficios astronómicos de los mercados y del sector financiero.

Ahora, a cambio de 30.000 millones de euros, ha cedido considerables porciones de soberanía a Bruselas, de manera que la banca española ha quedado al margen del gobierno y, por consiguiente, de la democracia. Ahora mismo, parte de la función financiera –totalmente clave- está en rebeldía frente al gobierno, como sucedería si, por ejemplo, el cantón de Cartagena decidiera no obedecer al Ejecutivo de Madrid.

Por favor, que nadie entienda esta condena sin paliativos de la política del PP como una aquiescencia hacia el PSOE. Los socialistas, hasta ahora, han sido los responsables de uno de los ajustes más salvajes y criminales que ha sufrido nuestro país, bajo el gobierno de Felipe González y su siniestro Carlos Solchaga. Por eso hay que tener una inmensa caraduda, como Eduardo Sotillos en El Mundo, para esgrimir el coraje de Felipe González en el pasado y olvidar que el PSOE del que él era portavoz estaba entonces en la misma línea de acción que hoy están Mariano Rajoy y sus chicos.

El futuro se presenta negro de verdad. Pero no es nada con lo que va a venir. Joel Kotkin ha publicado el último 30 de mayo un artículo en la revista Forbes donde hace mención de un dato en el que pocos reparan. Su artículo se titula What´s Really Behind Europe´s Decline? It´s The Birth Rates, Stupid (¿Qué hay realmente tras el declive europeo? La tasa de natalidad, estúpido). El ejemplo principal que ilustra el desarrollo de Kotkin es -¿lo adivinan?- España. Kotkin explica que la caída demográfica de los países europeos ha sido llevadera en el norte –desde el punto de vista económico- a causa de la creciente inmigración y de economías altamente cualificadas y tecnificadas.

España, Portugal, Grecia e Italia no han construido economías de este estilo, de manera que son mucho más sensibles a la caída demográfica. La consecuencia es que la "tasa de dependencia", el porcentaje de personas jubiladas por cada uno que trabaja será insostenible hacia 2021, con 6 jubilados por trabajador, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Cabe preguntarse: cuando eso suceda, ¿de donde van a "recortar" si es que quieren devolver fabulosos intereses a los mercados?

Kotkin hace suyo el argumentario de Alejandro Macarrón Larumbe que, en su libro El suicidio demográfico de España (Homo Legens, 2011), explica como la caída demográfica de España se debe "sobre todo a un cambio de valores". Kotkin, citando al mencionado autor español, dice que la España conservadora de Franco, en la que la familia era una prioridad de Estado, dio paso a una nueva situación en la que las mujeres valoran, principalmente, la riqueza, divertirse, comprar una casa, viajar, etc., todo ello sin tener en cuenta la carga de los hijos.

Naturalmente, esa nueva situación también contempla un varón a la medida, embrutecido por ambiciones personales y materiales y totalmente servil para un sistema que compra su aquiescencia mediante salarios abultados, precariedad y larguezas en las vacaciones.

Sería deseable que este tipo de afirmaciones no suscitaran las iras de feministas y progresistas del montón, que acabaran pidiendo el cierre de la revista Forbes por "facha". Más interesante sería constatar que no hay sociedad alguna que sobreviva sin el compromiso de sus miembros para con la pervivencia de aquella y, guste o no, no existe "derecho" alguno que pueda esgrimirse contra esta realidad incontestable.

Así las cosas, tenemos una política económica demencial y una situación de subversión de valores cuyas consecuencias vamos a empezar a ver. Pero yo me pregunto quienes son los culpables de este letal cambio de valores, que citan Kotkin y Macarrón Larumbe. En mi opinión el desastre ha sido gestado con políticos e "intelectuales" procedentes de la izquierda y de la derecha, con la tolerancia, en suma, de toda una clase dirigente que debería responder ante el pueblo y ante la historia de nuestro país.

Sin embargo, de momento, le va tocar el "premio gordo" a uno de los políticos que, en esencia y detrás de todas las apariencias mediáticas, es el más torpe de todos, dado que, posiblemente, imbuido de amor sincero a su patria va a poner en marcha los mecanismos que van a conducir indefectiblemente a la implosión absoluta de la nación española. Pasará por ello a los anales como "el hombre de los seis millones de parados"… o quizás algo peor.


ARTÍCULO DEL PRESIDENTE Y EDITOR DE LA VOZ DE GALICIA
Al borde de la insumisión
Santiago Rey Fernández-Latorre La Voz 14 Julio 2012

Empujado por un poder distinto del que le otorgó con todo mérito la soberanía nacional, el presidente del Gobierno se ve hoy en la obligación de afrontar la peor crisis económica (y también social y política) que le ha tocado vivir a España desde la transición.

No es precisamente gozoso gobernar en medio de semejante tempestad. Nadie puede arrendarle la ganancia. Porque, como suele pasar cuando sobrevienen cataclismos como el que estamos viviendo, el triunfador de las elecciones tiene que olvidar sus buenos deseos, retorcer sus promesas e incluso negarlas para hacer lo contrario de lo que propuso.

Pero reconocer de entrada la dificultad del momento no quiere decir en absoluto que se pueda coincidir mínimamente con la presunta solución que ayer propuso el presidente del Gobierno y hoy, si nadie lo remedia, consumará en el Consejo de Ministros.

En primer lugar, habría que cuestionarse si tiene España que someterse a los dictados de quienes actúan solo por su propio interés, sea desde los grises despachos de Bruselas, los funcionales de Berlín o los lujosos de la City londinense y otras capitales del mundo.

Ni la Unión Europea, ni Alemania ni los famosos mercados están legitimados para imponerle a España una especie de suicidio económico y social. Porque los términos en que se está planteando -como ya le sucedió a Grecia y a Portugal- no son de ayuda, sino de usura.

Y si en el contexto europeo es inevitable someterse a semejante disciplina (que no es otra que socializar la miseria a marchas forzadas), un buen gobernante tiene la obligación de buscar alternativas con una sola finalidad: preservar al máximo los derechos, la forma de vida y las sanas expectativas de sus ciudadanos. Los políticos están para resolver problemas; no para agrandarlos.

Pues bien: se ha hecho todo lo contrario. Lo que el miércoles anunció Mariano Rajoy a los españoles -por decirlo de una forma elegante- no es de recibo. No debiera esperar aplauso, desde luego; y ni siquiera comprensión, por mucho que se hagan tantos esfuerzos en las opiniones publicadas.

De ningún modo puede compartirse que tengan que afrontar semejante factura tres o cuatro generaciones de españoles, mientras se regodean en sus poltronas los verdaderos causantes de la bancarrota del sistema financiero y del despilfarro continuo del dinero público.

Basta poner el ejemplo de la gestión de Bankia, contemplar el desahucio de una familia en paro o asistir a una manifestación de los pequeños ahorradores atrapados con trampa en las preferentes, para preguntarse por qué los que originaron este enorme daño a la sociedad se escabullen sin dar cuentas.

Del mismo modo, mucho antes de blandir el bisturí -como hace ahora este Gobierno, y antes el de infausto recuerdo-, habría que haber analizado con rigor dónde están las vías de fuga que vuelven insostenible el gasto público.

Si de verdad se quisiera ver, no llevaría mucho tiempo constatar que la dilapidación tiene su origen en la exagerada hipertrofia de las estructuras políticas. Ayuntamientos incapaces de sostenerse, diputaciones carentes de utilidad, comunidades autónomas creadas para engordar a la clase política, ministerios vacíos de contenido, instituciones acomodadas en el boato, televisiones públicas infladas en varias capas por cada gobierno de turno para asegurarse su propaganda.

Ahí es donde ni siquiera ha entrado el bisturí del Gobierno. Sin embargo, ha cortado sin contemplaciones en el único tejido sano que tiene España: su gente, su clase media.

El poder no se ha atrevido con los que tienen poder, pero sí con los que no lo tienen.

En primer lugar, ha hundido a toda la población haciendo subir el IVA justo cuando más detenido está el consumo. Es tal la aberración (por lo que tiene de contradicción con los cacareados objetivos de crecimiento y creación de empleo) que hasta algunas grandes empresas que tienen la fortuna de poder aguantar ya han anunciado que no lo repercutirán a los consumidores.

Junto con ese castigo general a la economía de la clase media, el Gobierno se ha aplicado para hacer aún más daño a quienes menos lo merecen.

Retira la paga extra de Navidad a los empleados públicos, quizá el sector más injustamente tratado por este Gobierno y el anterior. El médico que atiende en la Seguridad Social, el profesor que se encarga de educar en el colegio público o en la Universidad, el bombero, el policía y todos los que sirven a los ciudadanos, despreciados una vez más por quienes deberían motivarlos.

Reduce las ya de por sí exiguas e incompletas ayudas de la ley de dependencia, y envía al fondo del pozo a quienes tienen que atender a familiares impedidos, aun a sabiendas de que esa es la peor situación para poder conciliar las obligaciones personales con un trabajo.

Quienes lo han perdido o pueden perderlo son hoy el eslabón más débil de la sociedad. Y para ellos también ha habido más bisturí, dado que se reduce el seguro de desempleo. Con los parados, son los pensionistas los que quedan en peor situación, ya que el IVA en productos básicos no distingue edades ni situaciones personales, y el copago farmacéutico les exprime lo que no tienen.

Tamaño ataque a la línea de flotación de la clase media no se arregla de ningún modo. Ni siquiera incluyendo en el paquete otras medidas menos insensatas, como rebajar el número de concejales (aplazado al aún lejano 2015), o recortar las subvenciones a partidos y sindicatos en vez de eliminarlas. Tampoco con el gesto a la galería de bajar el sueldo de los ministros y altos cargos.

Si hoy se consuman todos estos duros hachazos a la vitalidad del país, nadie debería extrañarse de que se produzca no ya el desafecto general hacia los gobernantes actuales y anteriores, sino algo peor. Cada vez está más presente entre gente buena y civilizada la idea de que los políticos que les piden el voto terminan traicionándolos. Por eso crece el sentimiento de insumisión.

Lo cierto es que quienes desgobiernan así son los únicos culpables de que cada vez seamos más los que nos sentimos insumisos políticos.

Mejor les sería revocar urgentemente estas aberraciones.
O si no pueden o no quieren, irse ya a descansar a casa.

¡Que IVA España!
Gabriela Bustelo www.gaceta.es 14 Julio 2012

El gran montaje del Estado de las autonomías sigue intacto.

En la medida en que todo el armazón político español estaba basado en el fraude y la mentira, la solución a la crisis consiste, básicamente, en decir la verdad. La profunda remodelación que precisa este país será imposible mientras los españoles no sean capaces de eliminar la mentira de su conducta habitual. El asunto no es fácil. Por eso cuando Rajoy hizo un alarde de sinceridad el miércoles al desgranar en el Congreso los dramáticos recortes inminentes, parecía estar diciendo la verdad, pero no era toda la verdad. El presidente asegura que no le queda otra. Y no es cierto. En su obsesión por reducir el déficit para resistir el acoso de Bruselas, ha cargado una presión desorbitada sobre el contribuyente. Subir el IVA, reducir el subsidio de desempleo y eliminar la paga de Navidad a los funcionarios y empleados públicos sólo se puede hacer si antes se ha suprimido todo el gasto público innecesario. Cosa que no se ha hecho. El gran montaje del Estado de las autonomías sigue intacto, con los 17 parlamentos, los Consejos de lo Económico y Social, los Consejos Consultivos, los Tribunales de la Competencia, los Defensores del Pueblo, las embajaditas interiores y exteriores, los ministrillos con sus coches de alta gama, sus teléfonos móviles de última generación y su ejército de escoltas. Sin olvidar los 17 Boletines Oficiales Regionales con ingentes regulaciones que pueden volver loco a cualquier inversor extranjero, pues ante la perspectiva de tener que estudiar y acatar miles de excéntricos reglamentos locales, huirá despavorido. Según una encuesta de LA GACETA, un 94% de los españoles cree que hay que reducir drásticamente el tinglado autonómico. Pero los políticos a quienes han votado los españoles, en cambio, parecen no querer enterarse. Parapetados tras los cristales ahumados de sus Audis, no ven ni oyen la realidad.

La crisis española se debe a la contaminación política de la economía. Zapatero, obcecado en su gochismo obligatorio, obvió la economía durante tres años. Recordemos que Solbes dijo a comienzos de 2008 que quien hablara de recesión no sabía nada de economía. Pero Rajoy ha tardado siete meses en reaccionar y cuando lo ha hecho, ha sido obligado por los tecnócratas de la UE, que le han impuesto una batería de soluciones financieras para una crisis cuyo origen es, repetimos, político. Al Wall Street Journal le asombra que, dada la mayoría absoluta del partido conservador español, el presidente pida solidaridad con tanta insistencia, pues tiene una capacidad de maniobra casi total.

Rajoy, por desgracia, sufre el síndrome de la derecha española, cuyo complejo de inferioridad es una de las grandes tragedias nacionales.

Quienes nos congratulamos en noviembre de 2011 ante la mayoría absoluta del PP contemplamos con desesperación que la derecha parece gravemente infectada por el virus del zapaterismo. Y como los 600 asesores de ZP siguen en Moncloa, no descartamos que sean ellos quienes manejan los hilos de este absurdo país.

O pagamos o nos desahucian
Antonio Pérez Henares Periodista Digital 14 Julio 2012

Puede discreparse de la cirugía, pero la enfermedad no puede negarse. Y es un tumor maligno de los peores. Metástasis, vamos. La disección, no se si incluso autopsia, que hizo Rajoy en el Congreso , abriendo en canal el cuerpo tendido deja al descubierto la situación de extrema gravedad de este organismo llamado España.

Hemos gastado publica y privadamente con tal celeridad y descontrol que debemos una inmensidad. Nuestra deuda es de 900.000 millones de euros. Tan solo en el último año gastamos 91.000 millones más de lo que ingresamos. En resumen, que ese pufo supone prácticamente todo lo que el país produce a lo largo de un año. Más de un 90% de nuestro PIB. Esa deuda es la que nos asfixia y nos tiene sumidos en la más profunda postración. Es tanta y la desconfianza en que podamos hacer frente a los intereses y ya no digamos al principal que ya casi nadie nos presta y si lo hace es con intereses cada vez más elevados. La prima de riesgo. Por cierto, la mayoría lo debemos fuera. Encabeza la lista de acreedores Alemania.

Es atroz pero es lo que hemos de afrontar. Y hay quien todavía se niega siquiera a reconocer la gravedad o suponer que el tumor es una bola de grasa que se disuelve poco menos que sola. La izquierda y los sindicatos están en ello. Es en el fondo una pertinaz negación de la crisis a base de teorizar culpables pasados y proponer cataplasmas ideológicas como remedio cuando la cuestión es tan simple que o dejamos de gastar lo que no tenemos, pagamos algo de lo que debemos o simplemente nos cortan el grifo y nos embargan.

Te dicen que ahí están nuestros impuestos, los 17 millones de cotizantes. Pero es que no da. No llega ni de lejos para sostener todo este inmenso tinglado. Llega tan poco que hay que pedir prestado para pagar hasta el paro.

Puede discreparse de los remedios, pero no puede pretenderse que no nos duela. Nos está crujiendo a todos. ¿Pero cual es la alternativa si no hacemos nuestros ajustes, nuestros recortes y la necesarias amputaciones?. Si el dinero no llega y si encima ya nadie nos presta, ya no será una paga extra, una rebaja en el paro o un servicio menos. Será, si se produce la definitiva quiebra, el embargo, el desahucio. Será todo. Porque y esto es lo que parece no quererse comprender es que está a punto de irse al traste todo, absolutamente todo y lo más esencial de un estado de bienestar en el que hemos vivido durante los últimos tiempos. Y es que puede no haber dinero para el paro, ni para la sanidad, ni para la educación, ni para los funcionarios ni para apenas nada. Porque ya en realidad no lo hay, porque lo que ingresamos ha sido, y ha sido la terrible insensatez cometida, muchísimo menos de lo que hemos gastado y ahora debemos. Y, o corregimos eso, o definitivamente nos hundimos.

Los dolorosos recortes de derechos (podemos mantenerlos todos pero si no hay agua en el pozo ¿me quieren decir de que nos sirven los derechos de riego?) , el aumento de las obligaciones, los impuestos, no pueden “gustar” a nadie. De hecho ni al que los impone que sabe que ello va contra el mismo y dinamita su voto. Pero no es cuestión de gusto. Es cuestión de necesidad extrema, de emergencia nacional, de que este armatoste de estado se cae por los cuatro costados.

Y algunos no parecen darse cuenta demasiado. Y no solo la oposición o los sindicalistas liberados. El tinglado autonómico, que está enseñando cada vez más sus despropósitos y su insostenibilidad manifiesta, la casta política aferrada a sus cargos convertidos en profesión de por vída y los “funcionarios de partido” enquistados y metidos con calzadores sectarios desde el ayuntamiento hasta el senado pasando por diputaciones, empresas publicas y toda guisa de variopintas administraciones, todos ellos se conjuran y se resisten para que el bisturí no pase por ellos.
Pero esta vez no queda otra. Esta es la ultima oportunidad, si es que incluso ya la tenemos y, en realidad, estamos ahogados aunque sigamos manoteando. Las medidas anunciadas el miércoles y aprobadas ayer en el consejo de ministros tienen incluso, amen de la discrepancia sustitutoria, o sea, otras pero con igual o mayor monto y objetivo, una carga de terrible duda añadida al sacrifico. Es que si además ya llegaran a tiempo, ya salvaran los muebles, ya nos sacaran aunque sea lenta, dolorosamente y poco a poco de esta sima. En suma, si hay remedio.

Puede gritarse en las calles y agitar banderas. Pero lo que tenemos encima se soluciona con pancartas. Que más quisiéramos. Ya lo ha visto el actual Gobierno, a los mercados, a nuestros acreedores les dan bastante igual los votos y el color de las papeletas. Quiere cobrar, no se fían y si no se fían y no nos prestan, si se produce el definitivo cierre de la persiana entonces si que vamos a saber que es una crisis. Vamos a saber lo que es la calamidad, el desamparo total y el estallido. No hay rescate que valga para el Titanic. Hay naufragio y hielo.

No ha habido gráficamente mejor prueba que la foto de ayer, del Rey, Jefe del Estado, presidiendo el Consejo de ministros. Está en juego España, está en juego ya nuestro presente y definitivamente nuestro futuro, como no lo ha estado desde que alumbro la democracia. Está en juego toda nuestra forma de vida.

Señores, se acabó el pasado
Galo Mateos. El Confidencial 14 Julio 2012

“Los hombres y pueblos en decadencia viven acordándose de dónde vienen; los hombres geniales y pueblos fuertes sólo necesitan saber a dónde van”. (J. Ingenieros)

Sí señores, se acabó el pasado, se acabó Rajoy, se acabaron Zapatero, Rubalcaba, el PSOE, el PC, el PP, sus abusos y monsergas. Se acabaron los pijos y los progres. Se acabó el franquismo y la República. Se acabó todo. Caspa dialéctica que el viento debe llevarse cuanto antes. Ahora solo somos personas con algunos principios, un pasado equivocado, cargadas de deudas y escasamente esperanzadas.

La Transición convirtió aquella inocente Águila de San Juan en un insaciable buitre de 17 cabezas, y no en el fruto ordenado y esperable de aquella enorme conciencia de cambio. Con toda justicia, nos podemos considerar estafados por la gestión promovida por los partidos políticos dominantes ante el pésimo resultado final en términos de la democracia y el bienestar al que aspirábamos. Tenemos uno de los peores registros en términos de calidad democrática comparativa en Europa y las peores perspectivas económicas del grupo.

La fracturada sociedad española, en su hemisferio consciente -el otro todavía vive un sueño de caudillos redentores-, ha cambiado su forma de pensar, según las encuestas. Desde la bronceada generación del “llámame y comemos” a los más jóvenes, algo se barrunta en el espeso silencio de los antaño corderos. La casta política ha demostrado ser mucho más competente para llevarnos al hoyo que para sacarnos de él, y la mayor parte de la población recela de todo lo público y ya solo persigue soluciones individuales.

¿Es beneficiosa la soberanía política?
Tras la pérdida de soberanía financiera, tan advertida desde este diario y tan contestada por los del ‘Nunca pasará, España es demasiado grande’, la gente empieza a preguntarse cuál es el beneficio de mantener la soberanía política. Sobre todo, gestionada por una gente que cada vez que ve un problema, nos hurga el bolso. Mucha prisa para colocar a los consortes en los mejores sitios y poca para acabar con el costosísimo sistema de propaganda montado.

La crisis que ahora quiere evitar el Gobierno es la de perder la confianza de la población, y que haya que convocar elecciones, o de que al final nos sugieran un sustituto para La Moncloa. Ni Irlanda, ni Portugal, ni Italia, ni Grecia han perdido nada mandando al tinte a los anteriores. Puede ser la única manera de que entiendan la responsabilidad política de lo que hacen. Desmontada la amenaza golpista, alejando militares de su cabecera, haciendo partidistas las instituciones que debían controlarla, la casta política se ha extendido como una plaga sin depredador conocido.

El cáncer, de verdad, son los partidos políticos. Ni era tan mala la Constitución ni había por qué maltratarla con continuas componendas. Los ayuntamientos y las autonomías no nacieron para esto que ha sucedido. Han sido sus ocupantes quienes tomaron la decisión de asaltarlas en beneficio de los suyos

Más allá de las pomposas y arrogantes explicaciones ofrecidas, nos hemos enterado de lo que de verdad importa a nuestros políticos, lo que más han protegido: el sistema financiero, el sistema autonómico y la estructura de poder partidista que los sostiene; propaganda y clientelismo. Los demás a pagar.

El cáncer, de verdad, son los partidos políticos. Ni era tan mala la Constitución ni había por qué maltratarla con continuas componendas. Los ayuntamientos y las autonomías no nacieron para esto que ha sucedido. Han sido sus ocupantes quienes tomaron las decisiones de asaltarlas en beneficio de los suyos. Y, en efecto, los dos partidos principalmente culpables, allá el grado de cada uno, pueden pasar al olvido a poco que la población se haga la sorda o persista en esta depresión inducida por el aumento de impuestos y la falta de oportunidades. Dejarles caer por un déficit incumplido sería un modo indoloro de quitárnoslos de encima, sin himno, sin bandera, sin traductores y sin la medalla del Congreso.

Han estirado una cuerda que se ha roto, de momento, por la parte económica… y está a punto de romperse por la parte política. A unos por causarlo mucho y a otros por impedirlo poco. Pero se tienen que marchar. Según las encuestas, ya no colman nuestras aspiraciones y la devoción a sus líderes ha caído por los suelos. Y no por tomar medidas difíciles, sino por no tomar las que la población reclamaba como más urgentes y justas.

Retirar dinero de la calle en plena recesión no va a aumentar la recaudación de impuestos. Buena prueba es que la subida del IRPF no fue suficiente y ha habido que complementarla ahora. La viabilidad de los recortes en las administraciones delegadas se sujetan más en mayores recaudaciones que en los recortes, por lo que el resultado va a ser inverso al esperado. Sobre todo, cuando la crisis aquí se manifestó más estructural que en ninguna parte y el tsunami producido aún no alcanzó de lleno nuestras playas.

España necesita un aliado en Europa
Confirmado que España no era tan grande para ser intervenida, nada impide a la población manifestar su descontento y buscar un aliado en esta nerviosa Europa para provocar unas elecciones anticipadas. Elecciones, que como en Grecia ya no serían bipartidistas. Si UPyD, con el único mérito especial de no haber participado en anteriores gobiernos, no acaba ganando, pocas alianzas le faltarán. Le bastaría con escenificar el camino omitido por el PP.

Primero se suicidó el PSOE y ahora el PP lleva camino de ahorcarse por el mismo vicio de restar importancia a los problemas y no actuar con firmeza sobre ellos. Comprar tiempo no es resolverlos.

Solo nos queda esperar que el tiempo aleje esta dramática experiencia para la mayoría y que, fieles a nuestros mayores principios liberales, sepamos interpretar que el progreso es fruto de la suma de todo el esfuerzo y talento individual que pongamos en juego. Un estado empresario, partidista, corrupto y paternalista, es una calamidad en la que no volveremos a incurrir. La oportunidad de cambiar está cerca.

Confiemos en que esa posible liberación, nos despeje la mente para abordar los complicados retos a los que nos vamos a enfrentar. De poco servirán las recetas colectivas, no nos van a escuchar. Pero aquí, en Narnia, en esa orilla soleada donde las cosas son siempre posibles, seguiremos buscando las recetas individuales que nos permitan avanzar.

Fondo de rescate
Aprender la lección
Emilio J. González Libertad Digital 14 Julio 2012

El Gobierno ha decidido imitar a la Unión Europea y ha creado un fondo de ayuda a las autonomías insolventes que le permitirá intervenir aquéllas con problemas para financiar su deuda sin tener que intervenirlas oficialmente, con lo que permitirá a los gobernantes que las han llevado al desastre salvar la cara y mantener la dignidad. Como instrumento para resolver la crisis financiera autonómica, la idea no está mal: aquellas autonomías que necesiten ayudas tendrán que aplicar programas de saneamiento dictados por el Ejecutivo, lo que obligará a muchas de ellas a tener que realizar los ajustes presupuestarios que se niegan a llevar a cabo. Para garantizarse que las autonomías harán lo que tienen que hacer, el Ejecutivo se reserva la posibilidad de retenerles dinero de las subvenciones que deban recibir, con el fin de que nadie actúe a la griega, cogiendo el dinero y después negándose a hacer los deberes. Todo ello es muy lógico, tiene mucho sentido y debería servir para restaurar la confianza de los mercados en la capacidad de nuestro país para superar nuestras dificultades presupuestarias. Sin embargo, creo que esta medida debería venir acompañada por otras más profundas en el futuro, porque con la idea del fondo de rescate autonómico no se incide en la verdadera raíz del problema.

Si queremos evitar que vuelva a repetirse una situación como ésta, el Gobierno debería proceder a una reforma en profundidad del Estado de las Autonomías. Mediante dicha reforma, el Ejecutivo debería definir cuáles son las competencias propias de las comunidades autónomas y prohibirles el ejercicio de aquellas otras que les resulten impropias, como acaba de hacer con los ayuntamientos. Además, también debería modificarse el sistema de financiación autonómica, para que las comunidades dejen de participar en los ingresos del Estado y se financien exclusivamente con impuestos propios, que puedan manejar libremente. De esta forma, quien quiera hacer lo que no le corresponde tendrá que subir los impuestos a sus ciudadanos, lo que debería servir de mecanismo de control para que ninguna autonomía se desmadre por el coste político que ello podría acarrear a sus dirigentes. Así, quien, por ejemplo, quiera tener una empresa pública deficitaria para colocar a sus amigos y correligionarios, tendrá que rendir cuentas directamente ante los contribuyentes que tengan que hacerse cargo de la factura a través de los impuestos. Y lo mismo tendrá que hacer quien quiera mantener embajadas en el exterior, grandes flotas de coches oficiales, sistemas de subvenciones para comprar votos o una administración inflada de efectivos para dar empleo a los amigos, correligionarios y sindicalistas de turno.

De la misma forma, el Gobierno debería proceder a la recuperación de competencias, en todo o en parte, que jamás se debieron ceder, por ejemplo educación. Igualmente, el Ejecutivo debe reivindicar y desarrollar el artículo de la Constitución que le faculta para ordenar la actividad productiva y le confiere todos los poderes en material de política económica, con el fin de que ningún nivel de la Administración pueda oponerse a sus medidas alegando la invasión de competencias.

Con el fondo de rescate podemos resolver la crisis financiera de las autonomías, pero se trata también de aprender la lección y evitar que se pueda provocar una nueva crisis, así como de cortar de raíz el despilfarro autonómico.

Caña al funcionario
J. A. Gundín La Razón 14 Julio 2012

El diccionario es cruel con el término «funcionario», al que le asigna media docena de sinónimos tan poco caritativos como burócrata, chupatintas, paniaguado, covachuelista o subordinado. Desde Larra hasta Valle Inclán y de Cadalso a Cela, la mejor literatura ha adornado al empleado público con toda suerte de vicios y corruptelas, hasta el punto de que ha pasado al imaginario colectivo como la expresión más acabada del parásito social. De ahí que, en no pocas ocasiones, los funcionarios sean la presa más fácil sobre la que descargar los rigores de la austeridad. Como el rejonazo que acaban de sufrir en su extra de Navidad. Sin embargo, no hay nada más alejado del parasitismo que un médico, un militar, un policía, un profesor o un juez, que son la médula de la función pública. Es verdad que el sector público goza de condiciones laborales envidiables por su estabilidad y por su garantía salarial. Pero casi no se repara en que para alcanzar ese empleo, el funcionario ha tenido que superar pruebas de ingreso muy exigentes y enfrentarse a oposiciones de gran dureza. Por lo demás, la mayoría se gana cumplidamente su salario al servicio de los ciudadanos en áreas tan vitales como la salud, la educación, la seguridad o la ley.

Podrá discutirse si España necesita 2,6 millones de funcionarios, si no son excesivos para un país que demográficamente ha entrado en regresión y económicamente en parada cardiaca. Es probable que con un 20% menos de trabajadores, nos arreglaríamos en lo fundamental y el ahorro compensaría el sacrificio. Pero si el gasto público está desbocado, los culpables no son precisamente los funcionarios, sino otros que han usurpado sus funciones. O sea, los enchufados y colocados a dedo, o mediante inverosímiles procedimientos, como empleados públicos por las castas políticas municipales y autonómicas. Se calcula que un millón de ellos calienta las sillas de 4.500 empresas públicas, entes oficiales y organismos de variado pelaje. El mérito mayor de estos mantenidos, cuyos sueldos rivalizan con los de un médico o de un maestro, es ser pariente, amigo o comilitón del gobernante de turno. Si a esta fauna le sumamos los cientos de diputados autonómicos y su cohorte burocrática de secretarias, chóferes y asistentes, la conclusión a la que se llega es muy sencilla: la poda, si quiere ser equitativa, ha de hacerse en otros predios antes que en el sueldo de una enfermera o de un guardia civil. Lo que procede, en suma, es que los gobiernos autonómicos redecoren con menos escaños sus relamidos parlamentos, que son la versión pop del viejo casino provincial, cierren al menos un tercio de las empresas que montaron en plena burbuja y licencien a sus amiguetes con un beso por mejilla.

CPFF
La inmunidad presupuestaria de la casta autonómica
Pablo Molina Libertad Digital 14 Julio 2012

El Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este jueves tuvo como principal punto del orden del día reñir un poquito a las autonomías más díscolas en el cumplimiento de sus compromisos presupuestarios. Cristóbal Montoro pidió por favor a los consejeros autonómicos un poquito de mesura en el dispendio, a ver si con un poco de suerte llegamos a fin de año con una desviación manejable del objetivo de déficit, descontando ya que las comunidades no tienen pensado ajustarse al 1,5 por ciento previsto.

La propuesta de mantener el objetivo de déficit autonómico para este año, con pequeñas reducciones en 2012 y 2013, se saldó con el voto en contra de Andalucía (3 canales públicos de TV), Asturias (3 canales), Canarias (otros 3 canales) y Cataluña (subcampeona mediática con 7 canales de televisión autonómica, a tan sólo uno del País Vasco). Por su parte dos comunidades gobernadas por el PP, Extremadura (1 canal autonómico) y Castilla León (2 canales de TV), se abstuvieron en la votación.

El resto de comunidades autónomas, todas del PP, se sometió a la exigencia del ministro votando a favor de la prudencia presupuestaria, lo que no supone un compromiso añadido de restricción para no exceder el déficit fijado, sino tan sólo un gesto formal para aliviar el sofoco del pobre Montoro, que de tanto amenazar con intervenir a las comunidades más descocadas ha acabado provocando cierta ternura en los consejeros que han de soportar sus sermones periódicos.

La conclusión de este Consejo que se anunciaba apocalíptico es que las comunidades autónomas no están dispuestas a prescindir de funciones básicas como las televisiones públicas, las embajadas en países exóticos o las direcciones generales dedicadas a combatir el cambio climático. Tampoco se les ve demasiado interesadas en suprimir las fundaciones, observatorios y empresas públicas en las que trincan grandes sueldos toda una legión de enchufados. La casta autonómica se ha declarado a sí misma ajena a la crisis y el Gobierno es incapaz de levantar esa inmunidad presupuestaria, a pesar del mayor sufrimiento que esta desvergüenza generalizada está provocando en los contribuyentes con bajadas de sueldo, reducciones de subsidios y aumento de impuestos.

Los populares temen el "otoño caliente" que se les avecina, pero su gesto no es la censura de una respuesta que creen injustificada, sino el lamento impotente del que conoce la perversidad de sus acciones. Han traicionado a sus votantes, los únicos que podrían apoyarle en este embate. En septiembre que los defienda la diputada Fabra.

Rebelión autonómica
Esther Esteban Estrella Digital 14 Julio 2012

No hay manera. Ya no solo es que estemos en una situación crítica, que los hombres de negro, se diga lo que se diga, estén aquí y sintamos su aliento en el cogote, que los mercados nos tengan acojonados con esa prima de riesgo que se ha convertido en un comensal más en nuestra mesa.

Todo va mal y se nos dice que puede ir peor, aunque uno tiene la sensación de que esta crisis la estamos pagando los mismos de siempre y que los poderosos, agazapados en sus bufetes de abogados, amparándose unos a otros, ocultos en sus sicav y sacando su dinero a espuertas hacia los paraísos fiscales, al final se van de rositas.

Todo va mal porque además de los problemas del gobierno, y los recortes sin precedentes que se ve obligado a aplicar, las autonomías no están dispuestas a perder un ápice de su poder o lo que es lo mismo, con una visión miope pretenden seguir como derrochadores reinos de taifas como si no pasara nada y la cosa no fuera con ellos. La reunión del consejo de política fiscal y financiera celebrada el jueves es la prueba evidente de que no están por la labor de colaborar, ni están dispuestas a aceptar un objetivo de decifits del 0.7% para el 2013 y un 0.1 para el año siguiente. La rebelión autonómica contra los ajustes de Rajoy tal vez sea uno de los mayores pulsos que se le ha echado al gobierno últimamente sobre como debe repartirse la carga del ajuste en los próximos años para salir de la crisis.

Asturias, Andalucía, Canarias y Cataluña votaron en contra, lo cual aunque es bastante incomprensible tiene cierta lógica dado que sus presidentes son de distinto signo político que el gobierno y es un forma evidente de ejercer la oposición. Lo llamativo es que a esta rebelión se sumaran también con su abstención los presidentes de Extremadura y Castilla León, incluso Galicia que aun votando a favor mostró claramente su rechazo a los objetivos del déficits. Que sean los suyos quienes le den la espalda al presidente es mal asunto y políticamente no hay por donde cogerlo.

Que Mariano Rajoy no sea capaz de meter en cintura a las comunidades autónomas debilita y mucho su posición de cara al Exterior porque ¿Quién se va a fiar de nosotros si el presidente se compromete a unas cosas en la UE y luego es de puertas adentro donde no puede cumplirlas?. Aquí no se trata de cargarse el estado de las autonomías, como pretenden algunos a río revuelto, sino de dimensionarlas de forma ajustada y poner orden de una vez por todas en el desmadre y despilfarro en lo que se han convertido. Unos pocos políticos indeseables han hecho de su poder territorial la cuevas de Ali Baba donde entraban a saco sus amiguetes para hacer negocio. Todas sin excepción y de todos los colores políticos han despilfarrado a manos llenas, ha habido trafico de influencia, amiguismo, sectarismo, abuso de poder y una larga lista de delitos que se han ido tapando porque a nadie le convenía abrir la olla de la podredumbre.

Es hora de enmendar las cosas. De que el estado autonómico se ajuste a las verdaderas necesidades de los ciudadanos, de eliminar políticos de sus parlamentos, enchufados de sus gabinetes y de espantar a todos esos cuervos que han sobrevolado las mismas para sacar tajada. Si Rajoy no mete en vereda a los presidente autonómicos y si estos no están a la altura de las circunstancias, esto no se arregla de ninguna de las maneras. Si al gobierno hay que exigirle responsabilidad los presidente autonómicos no son unos invitados de piedra que pasaban por ahí y desde luego son corresponsables y mucho de la situación y de la desafección de los ciudadanos con la clase política.

¿Una, grande y libre?
CÉSAR ALONSO DE LOS RÍOS ABC  14 Julio 2012

Auna buena parte de los líderes de opinión -políticos y periodistas- le ha venido dando por interpretar el Estado de las Autonomías como la expresión de una necesaria descentralización administrativa. En estos días, y a causa de la inquietud que está creando tal modelo en la eurozona, están insistiendo en ello. Según estos necios y peligrosos seres se habría tratado, en su día, de una corrección del funcionamiento de la Administración en aras de un Gobierno más cercano al ciudadano, aunque nunca en la eliminación de España como realidad nacional y aún menos como Estado.

A tales seres parece no haberles importado, ni en el pasado ni en la actualidad, las creencias políticas de los nacionalismos, esto es, sus estrategias independentistas; ni las conquistas que han ido consiguiendo en esta línea a lo largo de estas tres últimas décadas; ni el empequeñecimiento del poder central; ni el desprestigio de las instituciones y los símbolos españoles; ni el rechazo de nuestro pasado desde los Reyes Católicos hasta hoy?

Estos seres, digo, elegidos para crear opinión y mover voluntades tratan de justificar la degradación del Estado como algo normal, dentro del orden natural de las cosas, que, en todo caso, es temporal y corregible. Para ellos las exageraciones del autonomismo fueron la contrapartida a un régimen unitario y unitarista. Por lo demás, el modelo de diecisiete gobiernos y diecisiete parlamentos ha sido tenido como ejemplar en el mundo entero que no debería cuestionar hoy la UE.

CiU y el PNV serían las expresiones razonables y necesarias de un espíritu que terminará por arrastrar a otras formaciones más radicales, incluso a las partidarias del terrorismo, en retroceso ya. Por esto -dicen estos seres tan necios como peligrosos- Miguel Ángel Blanco comienza a ser pura memoria y la doctrina Parot una práctica contraria al triunfo de la paz «real». Por fin, si España debe dejar de ser «una, grande y libre» a causa del euro, ¿por qué no por coherencia «interior»?

El Estatuto Provincial
Las diputaciones vuelven al centro del concepto España, en pleno desprestigio del café autonómico
Enric Juliana La Vanguardia  14 Julio 2012

Las diputaciones provinciales regresan al centro del concepto España. Ante la imposibilidad de acometer, en un corto periodo de tiempo, una sangrienta fusión de pequeños y medianos municipios -Villaconejos y Chinchón, Novelda y Monforte del Cid, Ribadeo y Vegadeo, Cabezón de Pisuerga y Santovenia de Pisuerga, Abejar y Cabrejas del Pinar, Benamejí y Encinas Reales, Folgueroles y Sant Julià de Vilatorta, Petra y Ariany..., por sólo citar algunas proximidades- el Gobierno ha decidido someterlos a estado de excepción. El municipio que no se halle en condiciones de garantizar los servicios locales básicos será comisariado por su diputación. Se refuerza el poder de los interventores municipales y se reducirá en un 31% el actual número de concejales: de 68.578 a 47.240. En las próximas elecciones locales (mayo del 2015) en España se eligirán 21.338 concejales menos.

Menos política a escala local.
Menos polítiqueo, por decirlo con el lenguaje que hoy gusta en la calle. Más poder para las diputaciones y más capacidad de control para los interventores, originarios de las Cortes de Cádiz y estatalizados por don José Calvo Sotelo con el Estatuto Municipal de 1924. Con todo el estamento político de la Segunda Restauración bajo acusación popular, las corporaciones provinciales y los cuerpos nacionales del Estado regresan al centro del escenario. Aires de la Primera Restauración.

Reforma alfonsina. Estatuto Provincial.
Suben las diputaciones y bajan las autonomías, ferozmente desprestigiadas y sometidas a una amenaza de intervención, de la que sólo se salva el Gran Madrid -gracias a una ventajosa capitalidad radial sin obligaciones extras de solidaridad- y el clúster confederal vasco-navarro. El actual Gobierno ya habla de las autonomías como si fuesen cuerpos extraños. Algunos ministros, como Cristóbal Montoro, no pueden reprimir un leve gesto de asco. El jienense Montoro olfatea bien el humor de la calle. La evolución del café para todos en la psicología colectiva española es alucinante. Ensalzado en su día como una maniobra genial, ahora es la causa de todos los males. ¡Abajo las autonomías! Las deudas del café para todos se refinanciarán con un crédito avalado por las Loterías del Estado. Que baje Valle-Inclán y lo vea.

El Estado autonómico, sin embargo, no será desmantelado. No, por ahora. Ninguna bandera será retirada del balcón. La fachada seguirá siendo la misma, pero el edificio será reestructurado por dentro, ampliando las estancias ideadas en 1833 por Javier de Burgos, padre de la división provincial de España.

La jugada es de alcance. El PP limita el pequeño clientelismo local, refuerza las viejas redes de poder provincial y busca un silente ahogo de las autonomías. Indirectamente refuerza la ley electoral, cuya base provincial está protegida por la Constitución. ¿Alguien se acuerda de aquellos chicos del 15-M en la Puerta del Sol, que en vez de pedir sóviets, tenían como primer punto la circunscripción electoral única? El pontevedrés Mariano Rajoy nunca dará un centímetro de margen a UPyD. Estatuto Provincial.

Movilización contra ETA
Lo que queda de Ermua
Mikel Buesa Libertad Digital 14 Julio 2012

Tres lustros han transcurrido desde que, en aquel aciago doce de julio, fue asesinado Miguel Ángel Blanco. La angustia de los días previos, en las dos jornadas que duró su secuestro, quedó entonces brutalmente resuelta. De aquellas horas conservo una fotografía del rostro de Miguel Ángel, en la que se adivinan las huellas de los muchos besos que, en un signo de solidaridad, dejaron mujeres de bocas pintadas, y se leen los mensajes con los que decenas de personas trataron de expresar su apoyo a Miguel Ángel, compartiendo su sufrimiento. Cuando observo ese retrato, evoco siempre el pasaje escrito por Antonio Muñoz Molina en el que describe la fotografía de otro perseguido por el totalitarismo, Willi Münzenberg, de la siguiente manera: "Mira en ella directamente a los ojos, quizás con un punto de extravío y anticipada desesperación, con la tristeza que tienen los muertos en las fotos, los testigos de una verdad terrible".

Miguel Ángel Blanco fue, en efecto, testigo enmudecido y doliente del Mal que impregna a ETA, como a las demás organizaciones terroristas. Un Mal que ha de ser escrito con mayúscula porque designa la voluntad de unos hombres para decidir, por razones políticas, acerca de la vida y la muerte de otros y, por tanto, para romper el vínculo esencial de solidaridad que nos une entre nosotros a los seres humanos y nos permite esperar, en cualquier circunstancia, el respeto, la ayuda y el amparo de los demás. El terrorismo ataca a personas inocentes que son elegidas, a veces al azar y en otras ocasiones por su adscripción a un grupo, con independencia de cuáles puedan haber sido o no sus actos. Las víctimas del terrorismo son así testigos del Mal por su conciencia de no haber incurrido en culpabilidad alguna y no ser merecedoras del terrible castigo al que se les somete. Miguel Ángel fue, sin duda, el paradigma de esa inocencia.

En aquellos días una buena parte de la sociedad española tomó conciencia cabal de ese testimonio a través de una movilización sin precedentes que se extendió de norte a sur, de este a oeste, hasta los más recónditos lugares de nuestra geografía. El epicentro estaba en Ermua, pero por todas partes surgieron grupos de personas, jóvenes y viejos, mujeres y hombres, que reclamaban la libertad para Miguel Ángel a la vez que apoyaban la firmeza del Gobierno para que no se diera la menor razón a ETA, cediendo a sus exigencias. Fue entonces cuando, en España, anidó la convicción de que el combate contra el terrorismo ha de perseguir su derrota, y de que para ello son imprescindibles no sólo la fuerza y el derecho, sino también el apoyo de la sociedad civil.

Lo que entonces se designó como "el espíritu de Ermua" fue precisamente esto último. Ermua fue el lamento de una sociedad civil horrorizada, es cierto, pero también fue la movilización de la sociedad civil para dar legitimidad al Estado en su tarea de derrotar a ETA. Ese espíritu se canalizó y se preservó a través de varias organizaciones que, con un esfuerzo digno de encomio, fueron capaces de expresarlo durante varios años: el Foro Ermua, primero, Basta ya, más tarde, la Fundación para la Libertad, después; entidades todas ellas nacidas en el País Vasco que luego fueron complementadas por una importante diversidad de asociaciones surgidas en todas las regiones de España. El movimiento cívico se convirtió así en una de las tres patas que sostenían la política antiterrorista del Gobierno. Su presidente en la época, José María Aznar, tuvo la claridad de juicio suficiente para comprender que, a pesar de las críticas que muchas veces recibía, el papel de ese movimiento era crucial para la legitimación de un Estado que necesitaba no sólo reprimir a los integrantes de ETA y a los que, desde múltiples instancias, le servían de soporte político, ideológico y económico, sino también crear nuevas normas jurídicas que reforzaran la capacidad del Estado de Derecho para defenderse de una violencia orientada hacia su destrucción. Estado y sociedad civil se complementaban, de esta manera, en un asunto crucial para la política española.

El acceso al poder de José Luís Rodríguez Zapatero trastocó radicalmente este esquema. El nuevo presidente renunció rápidamente al objetivo de la derrota de ETA para pasar a negociar políticamente con ella; y, de manera inmediata, trató de desactivar a las organizaciones que había sido capaces de articular la movilización ciudadana. Lo logró sin demasiado esfuerzo en el caso de Basta ya –tal vez porque sus principales dirigentes eran miembros o simpatizantes del partido socialista–, pero no pudo doblegar al Foro Ermua –que en aquel momento aglutinaba, además, a una multiplicidad de asociaciones cívicas ajenas al País Vasco– o a la Fundación para la Libertad –cuyo trabajo estaba más centrado en la reflexión intelectual y en preservar los delgados hilos que aún conectaban entre sí a los constitucionalistas–.

El papel del movimiento cívico, unido al de las asociaciones de víctimas, fue crucial para expresar la oposición social a unos trasiegos políticos entre Zapatero y ETA de los que se derivaban tanto el desarme del Estado, como la injusticia para quienes habían sufrido directamente las consecuencias de la violencia. Y también para evitar que ese proyecto acabara triunfando, dando así la razón a la organización terrorista.

Ese movimiento se vació en la oposición a la política de negociación con ETA, de manera que cuando, en su segunda legislatura, Zapatero se alejó del proyecto original, apenas pudo remontar y, de hecho, perdió gran parte de su influencia moral sobre la sociedad española. De Ermua ya no quedaba casi nada, aunque las huellas de aquella emoción vertida para salvar a Miguel Ángel Blanco se hayan mantenido imborrables en el espíritu de los muchos millones de personas que, desde entonces, asumieron para sí mismas la causa de las víctimas del terrorismo; una causa que reclama sin cesar la justicia y que repudia a ETA y a todos los que alientan o justifican su violencia. De esas huellas hay todavía testimonio en los estudios sociológicos, de manera que es una aplastante mayoría de los españoles la que se opone a que los gobiernos sean condescendientes con los terroristas y la que exige aún hoy su derrota.

Esta constante de la sociedad española tiene, sin embargo, una fisura profunda en el País Vasco, donde el cansancio, la cobardía y la degradación moral han acabado derrotando a los que se oponían al terrorismo, dejándolos como una minoría silente que hoy apenas se hace visible en las encuestas. Esta minoría de vascos es hoy nuestra única esperanza. De ello debiera tomar nota el gobierno que preside Rajoy, pues, si como ya se visualiza en el horizonte político, el embate del nacionalismo independentista va a ser irrefrenable, entonces la necesitará para volver a legitimar el sostenimiento de la unidad de España. No obstante, puede ocurrir que, cuando llegue el momento, el vacío sea la única respuesta porque los rescoldos de Ermua se hayan apagado definitivamente.

******************* Sección "bilingüe" ***********************



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