AGLI Recortes de Prensa   Jueves 19 Julio 2012

Letanía de incumplimientos
EDITORIAL www.gaceta.es 19 Julio 2012

La letanía de incumplimientos del programa con que el Partido Popular concurrió a las elecciones legislativas de noviembre pasado puede dar la impresión de que está confeccionada por un enemigo con el ánimo de confundir con sus embustes al público. Pero no hay tal: el trabajo que publicamos hoy refleja la pura realidad, y se queda corto.

Las elecciones que llevaron a Mariano Rajoy a La Moncloa tuvieron la economía como eje de las campañas de todos los partidos. La crisis mundial ya había asomado su fea cara a finales de 2007, pero el pueblo soberano prefirió dar más crédito a las fintas y las mentiras de Pedro Solbes que a los avisos de Manuel Pizarro en aquel memorable debate preelectoral ante los comicios de 2008, que volvió a ganar el partido socialista. Y la realidad se acabó imponiendo, y la última Legislatura fue un calvario para todos, porque Zapatero, por mucho que mareó la perdiz con sus ocurrencias sobre la Champions League de la economía y otras bobadas, hubo de ceder a Bruselas en mayo de 2010 y anunciar un programa de recortes que acabó siendo su tumba política.

Mariano Rajoy cargó la suerte de la economía en sus discursos y mítines de la campaña. Apenas habló de otra cosa, convencido por sus asesores de que lo único que importaba al electorado eran las cosas del bolsillo. Y ganó las elecciones, ciertamente, con una amplia mayoría absoluta además. Entre sus votantes había, desde luego, muchos que creyeron sus promesas de bajar los impuestos, dinamizar la actividad, permitir que las pymes y los autónomos no pagasen el IVA al facturar sino al cobrar, mantener la desgravación por la futura compra de vivienda en el IRPF, etcétera. Pero también había votantes que esperaban la fulminante derogación de leyes agresivas contra la libertad de educación, desprotectoras del matrimonio y la familia. Y muchos votantes esperaban también una actividad pronta del Gobierno en materias como la reordenación del caos autonómico, la mano dura contra toda clase de corrupción, la lucha contra el derroche del dinero público. Y hubo también, cómo no, nuevos votantes del PP que decidieron cambiar su voto porque pensaron que sería bueno que llegase a La Moncloa cualquiera menos el que la venía ocupando.

La realidad con que los ciudadanos, también los votantes del PP, se han encontrado hasta ahora ha sido justo la contraria. Rajoy había dicho que él es un hombre previsible, que su Gobierno sería fiable; pero lo primero que hizo fue anunciar incumplimientos expresos de su programa en materia precisamente económica, y un programa de recortes que penaliza a los más desfavorecidos y sobre todo a las clases medias, cosa inevitable en todo programa de recortes, porque los multimillonarios no dan tanto de sí cuando el agujero es de decenas de miles de millones de euros.

La irritación ciudadana es perfectamente comprensible; lo raro sería que no se hubiera producido, y no deja de ser admirable la paciencia con que tantos y tan castigados vienen soportando esta situación. Lo único que puede salvar a Rajoy del oprobio de haber mentido tanto a los ciudadanos es el hecho de que sus decisiones están dictadas por Bruselas. Pero, ¿no había ninguna otra forma de salir de esta?

¡Sí habría dinero, Señorías!
Vicente A. C. M. Minuto Digital 19 Julio 2012

No hay dinero y puede que cuando lo tengamos no podamos devolverlo. Pero claro, señorías, sí tendríamos dinero si adelgazamos la estructura de las administraciones, si echamos a tantos parásitos que viven del erario público y no aportan valor añadido, si optimizáramos el sistema autonómico en vez de mantener 17 mini estados y si los partidos políticos fuéramos responsables y abandonáramos nuestro pedestal y situación de privilegio compartiendo el sacrificio del resto de los ciudadanos. Sí señorías, entonces tendríamos dinero de sobra para pagar los salarios y para disminuir la deuda.

Se vuelve a equivocar el Gobierno del PP y Rajoy por el victimismo e irresponsabilidad que se trasluce tras estas declaraciones del Ministro de Hacienda Sr. Montoro. Su mantra de "Señorías, no hay dinero" se ha convertido en la gota que colma el vaso de la ineptitud de un Gobierno que no quiere o no tiene el valor de acometer las reformas estructurales que necesita España. Además, su rotunda sinceridad al confirmar la bancarrota, solo puede llevarnos a acelerar el proceso de intervención global y la imposición de un gobierno tecnócrata al estilo de Grecia.

Hoy se han aprobado por mayoría absoluta con los exclusivos votos del PP, todas las propuestas de subidas de impuestos como el IVA, recortes salariales y sociales de los funcionarios y empleados públicos, que se suman a las ya adoptadas desde el mismo momento en que Rajoy tomó posesión del Gobierno de España. Estos casi siete meses solo han servido para constatar la nula voluntad del PP para reformar seriamente lo que es el verdadero cáncer de España, sus sobredimensionadas administraciones y empresas públicas, así como el descontrol de un Estado autonómico en rebeldía.

Y por el otro lado, la deslealtad y profunda traición desvergonzada de un PSOE capitaneado por el político más dañino de la Historia de España, secundado por unos Sindicatos anacrónicos y que solo se representan a sí mismos y a sus bastardos intereses. Un escenario que solo un miserable sindicalista podría calificar de "estado de guerra". Menos mal que son otros tiempos y que los ciudadanos no estamos por la labor de secundar ninguna algarada, y mucho menos aquellas que quieren capitanear los que solo velan por no perder sus subvenciones y seguir viviendo a costa del trabajo y del dinero de los demás.

España está en bancarrota. Lo ha admitido su Ministro de Hacienda. Ahora solo queda esperar la llegada de esos famosos hombres de negro y que asuman el poder. Como siempre, la falta de unidad, de lealtad, de patriotismo, son las responsables de que tengan que venir extranjeros a decir cómo hemos de vivir si queremos seguir con la ilusión de pertenecer a ese selecto club del euro y de esa amalgama de intereses que es la UE. Habría que remontarse a épocas muy lejanas para poder comparar la actual situación de desgobierno y de rencillas entre taifas.

Tanto monta, monta tanto el PSOE como el PP. Ambos partidos son los culpables de que España se encuentre en esta situación y soplo por eso merecen nuestro desprecio y su exclusión de la vida social y política de España. Pero si los españoles permitimos que esto siga así, también seremos cómplices y mereceremos el destino que nos espera, mucho más terrible de lo que se imaginan. España cae por el abismo y pronto será el fatal desenlace.

Un análisis que no resiste un análisis
Aleix Vidal-Quadras www.gaceta.es 19 Julio 2012

Un diagnóstico previo profundo y perfecto casa mal con la carrera a trompicones contra los acontecimientos a la que hemos asistido a partir del pasado enero

La Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales es un taller de pensamiento muy prestigiado, que ha hecho y hace contribuciones muy valiosas a la hora de entender los problemas de la sociedad española y del contexto global en el que pugna por seguir a flote.

Si se examina la larga lista de publicaciones que ha producido desde su puesta en marcha hace ya un cuarto de siglo por José Mª Aznar, se hallan trabajos de los pensadores más acreditados en los campos económico, político, histórico y social tanto de nuestro país como del mundo occidental en general. Algunos de los libros o de los ensayos nacidos bajo su impulso y patrocinio son auténticamente notables y representan aportaciones decisivas a la elucidación de las grandes cuestiones de nuestra época.

De hecho, cuando el expresidente del Gobierno eche la vista atrás dentro de veinte o treinta años, cosa que podrá hacer dada su excelente salud, estoy seguro de que uno de los logros de los que se sentirá más orgulloso, sino del que más, será la creación y consolidación de un centro de generación de ideas de tal potencia y excelencia.

Por eso resulta insólito que haya surgido de FAES una Nota Editorial tan extraña como la del último número de sus Cuadernos. Desde la primera línea el lector se ve sumido en el desconcierto porque nada de lo que se le dice en este breve texto encaja con la realidad que vivimos ni es internamente consistente. Si, tal como afirma el editorialista, todo lo que nos sucede era previsible y conocido de antemano, incluso desde hace años, la pregunta que emerge inevitable es por qué no se acudió a las elecciones generales de noviembre de 2011 con un plan detallado de acción que comprendiera una estrategia completa y una agenda exhaustiva de iniciativas legislativas a implantar en los dos primeros meses de actuación del nuevo Gobierno en vez de someter a la ciudadanía a un goteo pausado y gradual de reformas específicas, prolongando la angustia y la incertidumbre que la propia Nota denuncia y provocando la creciente impaciencia de los mercados y de nuestros socios comunitarios. Un diagnóstico previo profundo y perfecto casa mal con la carrera a trompicones contra los acontecimientos a la que hemos asistido a partir del pasado enero.

Tampoco parece lógica la proclamación de la bondad del programa electoral de la actual mayoría, al que se califica de referencia fundamental, cuando el propio jefe del Ejecutivo ha admitido públicamente que se ha visto obligado a desdecirse del mismo en bastantes de sus puntos esenciales. Si ese programa encerraba la solución a nuestros males, males que estaban exacta y rigurosamente detectados, la senda emprendida de abandono de sus términos centrales adquiere un carácter absurdo.

Otro aspecto contradictorio con la trayectoria y la filosofía de FAES es la regañina a la sociedad civil por reaccionar ante la aparente impotencia de las elites políticas frente a la crisis alumbrando propuestas, animando debates y haciendo recomendaciones a los gobernantes. Una entidad destinada precisamente a aprovechar los mejores activos intelectuales y morales de nuestros ámbitos académico, empresarial, profesional y cultural para elaborar doctrina sobre los temas que en cada momento preocupan a los españoles no es la más indicada para descalificar como arbitristas o sedicentes portavoces de la ciudadanía a los que con la mejor voluntad intentan añadir su grano de arena al agitado bullir del contraste de perspectivas que puebla la red y el conjunto de medios a partir del estallido de las burbujas inmobiliaria y financiera.

Ahora bien, FAES tiene razón cuando constata que nuestras desgracias rebasan lo económico y alcanzan lo institucional. La pena es que esta muestra de lucidez no vaya acompañada de la extracción de la consecuencia obvia: la necesidad de un replanteamiento integral de nuestro sistema político y constitucional, de nuestro modelo productivo y de nuestra contextura ética si de verdad aspiramos a superar una de las peores etapas de nuestro devenir contemporáneo.

En una coyuntura en la que el ministro de Economía acaba de comunicarnos que nos encontramos al borde de no poder pagar las nóminas de los funcionarios, más vale que la sociedad se mueva y extraiga de su seno las fuerzas saludables y espontáneas que la salven de los bienintencionados administradores del statu quo porque a base de análisis que no resisten un análisis saltaremos de apaño en apaño hasta el derrumbe final

Argumento inquietante
La frase «no hay dinero en las arcas públicas» obliga al Gobierno a dar una explicación
editorial El Correo 19 Julio 2012

El ministro Montoro recurrió ayer a un argumento inquietante para justificar los recortes en la función pública al señalar que si no se incrementa la recaudación no habrá dinero para pagar la nómina de los empleados de las administraciones. Hasta ahora se suponía que las medidas de ajuste aplicadas sobre los costes laborales de las instituciones perseguían obtener resultados inmediatos en cuanto a la reducción del déficit y, en un segundo plano, para la racionalización del sistema. Pero la respuesta del titular de Hacienda a una interpelación socialista adquirió un tono tan angustioso que invita a pensar que no se trató de un recurso dialéctico. Fue un mensaje dirigido a los funcionarios, apelando a su responsabilidad y al interés que debieran mostrar para que cuadren las cuentas del Estado. Fue también un emplazamiento al primer partido de la oposición para que se alinee con el Gobierno y asuma la parte que pueda corresponderle en la tarea de reducir los gastos e incrementar los ingresos de las administraciones.

Pero junto a ello Montoro optó por apelar a las negras perspectivas que ensombrecen el panorama de las cuentas públicas mediante una declaración que exige ser precisada en todos sus extremos por el Gobierno. No es la primera vez que el ministro de Hacienda oscila entre la cautelosa ocultación de los datos que obran en su poder respecto a la situación del erario y alguna altisonante revelación. Puede que al oír a Montoro decir que «no hay dinero en las arcas públicas» el Ejecutivo no sienta ninguna necesidad de explicarlo por temor a que los mercados se tomen en serio lo que podría pasar como una 'boutade' y la oposición prefiera mirar hacia otro lado ante una afirmación que compromete al conjunto del arco parlamentario. Pero ni los ciudadanos están en condiciones de cerrar los ojos ni las instituciones están legitimadas para no decir toda la verdad sobre el momento que atraviesa su liquidez. El dramatismo que empleó Montoro no fue solo una manera de hablar, por mucho que todos los que le escucharon prefiriesen simular que se lo tomaban así. Por eso es imprescindible que el Gobierno concrete por lo menos cuánto dinero cree que dispondrá para cerrar el presente ejercicio.

Sí, se puede elegir: caben políticas distintas y mejores
José Luis González Quirós*. El Confidencial 19 Julio 2012

Un rasgo muy común a una buena mayoría de gobiernos es el de ceder a la tentación de presentar su política como la única posible. Lo que hace este Ejecutivo al indicarnos que no puede elegir es, por tanto, bastante común y, en cierto modo, excusable. Sin embargo, sí resultan extrañas otras dos notas que afectan gravemente a este destino (supuestamente inexorable) al que se siente dolorosamente sometido nuestro Gobierno. En primer lugar, que lo que está haciendo guarde una relación muy tenue, cuando no contradictoria, con lo que se prometía en el programa electoral del PP; en segundo lugar, que el tratamiento consista en una medicación meramente sintomática, como si las manifestaciones de la enfermedad fuesen casuales, como si nadie fuese capaz de analizar la etiología de los males que nos afligen, para explicárselo a los (doblemente) pacientes.

Pues bien, en contra de lo que asegura el presidente del Gobierno, sí podemos elegir. Naturalmente, no se pueden escoger nuestros problemas, que son los que son, pero sí las formas de abordarlos, asunto en el que el diagnóstico es decisivo, y, por supuesto, se puede preferir unas soluciones a otras porque los gobiernos no se mueven en el reino de la necesidad, sino en el de la política. Las dificultades externas son extremadamente graves, y desde hace un año estamos, de algún modo, intervenidos, pero es precisamente esa presión adicional de la UE y de los mercados la que debería invitarnos a actuar con mayor audacia para tratar de sacudirnos, cuanto antes, ese yugo insoportable. Por desgracia, pese a que el Gobierno ha propuesto muchas reformas, da la sensación de que se limita a continuar la labor del anterior. Esta percepción tan extraña se debe a que todavía no se ha enfrentado con el agente decisivo en nuestro cuadro clínico, que no consiste en que recaudemos menos de lo que necesitamos gastar, sino en que gastamos más de lo que podemos recaudar, especialmente con una economía en recesión.

Los ciudadanos ven cómo se aplica la tijera a sus bolsillos mientras no se hace nada serio ni inmediato para que cesen los gastos perfectamente inútiles o prescindibles; y lo constatan al tiempo que se asustan por no percibir un plan de fondo claro para salvar al país

En este punto coincide la sensibilidad de sus electores con la de muchos de sus críticos, sin que importe que el PSOE siga teniendo la desfachatez de criticar los remiendos en lo que ellos destrozaron. Los ciudadanos ven cómo se aplica la tijera a sus bolsillos mientras no se hace nada serio ni inmediato para que cesen los gastos perfectamente inútiles o prescindibles; y lo constatan al tiempo que se asustan por no percibir un plan de fondo claro para salvar al país, algo más que un ajuste de cuentas hecho en el peor momento.

El Gobierno puede estar a punto de enajenarse el apoyo de quienes deseaban su llegada y estaban dispuestos a esforzarse, pero a cambio de un plan, de algo más que promesas que ya se han visto incumplidas, y de expectativas que, medio año después, ya no resultan tan creíbles ni razonables.

Es imposible, por ejemplo, que nadie se consuele pensando que el Ejecutivo haya hecho ya su trabajo, anunciando una ley de privatización de las televisiones autonómicas, ya que es obvio que si no se cambian unas cuantas cosas, esa ley será puro papel mojado. La complejísima trama política y administrativa que soportamos dificulta enormemente la toma de decisiones eficaces y rápidas, y por eso es de perentoria necesidad que el Gobierno dé muestras de que está dispuesto a cortar por lo sano, para que los ciudadanos entiendan que se está empezando a poner coto a los desmanes que nos han arruinado, a ese gasto desmelenado y estúpido que nos ha traído hasta aquí.

El hecho de que los ciudadanos echen la culpa de cuanto pasa a los políticos, debería suscitar una potente autocrítica. Si los electores ven que se inicia una reforma de las maneras de hacer política, empezarían a conceder un margen más amplio a este Gobierno en apuros. Una ley que clarificase las actuaciones internas de los partidos, que impidiese, por ejemplo, el nepotismo, que obligase a la transparencia y al respeto de elementales normas de higiene democrática, que incentivase la competencia interna y estableciese claridad en los procesos de designación, que limite severamente la contratación de personal de confianza, o que castigue eficazmente la corrupción política, en lugar de proteger a los corruptos con el subterfugio de la presunción de inocencia, no supondría ningún alivio inmediato en el déficit público, pero daría a los ciudadanos la idea de que, por fin, se empieza a trabajar sobre las causas de tanto despilfarro: nadie se cree que lo que se malbarata se pierda por las alcantarillas.

Política es libertad, energía para cambiar las condiciones en las que se produce la realidad, y ahora mismo es evidente que las virtudes de la democracia no bastan para tapar las vergüenzas de un sistema que nos está asomando peligrosamente al abismo. Nos hace falta imaginación y audacia, capacidad de adelantarse a los acontecimientos. España es una gran nación, y merece un gran proyecto, algo más complejo y atractivo que una hoja de cálculo.

*José Luis González Quirós es analista político

El galimatías de las autonomías
Amando de Miguel Libertad Digital 19 Julio 2012

Continúo con los estímulos intelectuales que nos enriquecieron en las sesiones de la Magdalena, organizadas por Denaes. (No confundir con las Danaides). Se trataba de dilucidar qué es eso del Estado de las autonomías. La expresión empieza por ser confusa, pues las regiones o autonomías siempre serán menos autonómicas que el Estado. Ahí no terminan, sino que empiezan, las aporías. No es la menor que nadie parece estar satisfecho con la evolución que ha tomado el principio del Estado de las autonomías en España. No es solo porque no lo podemos pagar sino porque se disuelve la nación española, sin que esté claro en qué queda la cosa. Se impone la terminología nacionalista por la que lo que antes era "nacional" ahora es "estatal". En cambio, lo "nacional" de ahora en muchos casos equivale a lo que antes era lo "regional".

Ignacio Astarloa explicó a un auditorio entregado que la descentralización abierta de la Constitución de 1978 significa una especie de tornillo sinfín por el que las autonomías nunca están satisfechas. Es la mejor demostración de que la Constitución realmente no rige y hay que reformarla a fondo. Planeaba sobre la sala el contenido del manifiesto por la "reconversión" del Estado.

Enrique Calvet sostuvo la tesis de la necesaria suspensión de las autonomías para proceder a su reestructuración. Su opinión es que estamos ante un Estado fallido, contrario, por ejemplo, a la virtud del Estado francés para resolver el problema regional.

Albert Rivera consideró que la metáfora apropiada para el actual Estado de las autonomías es la de los reinos de Taifas en la Edad Media. El problema más agudo es que los nacionalistas no quieren ser españoles. Pero la paradoja es que esos mismos nacionalistas han sido socios de todos los Gobiernos españoles de la democracia. Después de ese discurso comenté el milagro que supone el hecho de que don Albert haya sido un egresado de la enseñanza de Cataluña. Es evidente que nuestro hombre ha debido de leer mucho. Es una demostración de que el sistema de enseñanza tampoco es tan definitivo como suponemos.

Gustavo Bueno (senior) nos deleitó con una verdadera lección magistral sin papeles sobre Filosofía y Filología al modo socrático. Empezó con la observación de que a los españoles nos resultan familiares ciertos términos de la Filosofía perenne, como "sustancia" o "categoría". Su proposición es que hace falta una teoría del Estado, que no existe en el texto constitucional. Más ideas, entrelazadas como en una cadena del ADN: el Estado se basa en compartir una cultura propia. La voz "democracia" es polisémica y todo lo santifica. La "solidaridad" es otro término confuso, como lo es la dicotomía "izquierda-derecha". La última conclusión del maestro nos dejó turulatos y levantó una ovación de divo operístico: "Hablando no se entiende la gente porque realmente no se puede convencer a nadie". Ya digo, Sócrates redivivo.

Algo más tendría que decir del alumnado de esta Escuela de Verano. Naturalmente, se trata de una autoselección. Las intervenciones de los ponentes eran el estímulo para que las conversaciones continuaran en el refectorio. A pesar del programa tan apretado, hubo tiempo para que los maestros y los discípulos se acercaran al monumento dedicado a las víctimas del terrorismo. En nombre de todos, Santiago Abascal y Gustavo Bueno (senior) colocaron gentilmente un ramo de flores. Era el aniversario de la tortura y asesinato de Miguel Ángel Blanco. Fue la potísima razón para que al menos hubiera un minuto de silencio. Era la forma de contrarrestar tanta greguería.

fontenebro@msn.com

Por qué deben recortar las autonomías
Emilio J. González Libertad Digital  19 Julio 2012

El presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, ha llamado a la rebelión de las autonomías contra la política de ajuste presupuestario del Gobierno Rajoy por entender que éste pide a las comunidades autónomas un mayor esfuerzo en el recorte de los gastos, el 64% del total, cuando sólo son responsables del 35% del gasto público total en España, mientras que la Administración Central del Estado asume nada más que un 31% del total del ajuste cuando es responsable del 52% del gasto público total. Según la argumentación de Mas, todo el gasto público que se realiza en España es igual, con independencia de que corra a cargo del Estado o de las autonomías, pero la realidad es que no es así. De ahí que las autonomías puedan y deban hacer más esfuerzos que el Estado. ¿Por qué?

En primer lugar, las cifras que maneja Artur Mas son agregados globales que no distinguen algunas cuestiones básicas. Por ejemplo, el 38,7% del gasto total de la Administración Central del Estado corresponde a la Seguridad Social, esto es, al pago de pensiones, y esa es una partida presupuestaria que no tiene nada que ver con la política económica ni nada por el estilo porque se financia con las cotizaciones sociales. En segundo término, el 9,6% del gasto total de la Administración Central corresponde al desempleo. Si quitamos estas dos partidas, el Estado solo es responsable del 27% del gasto público total, menos que las autonomías. He aquí la primera razón por la que las comunidades tienen que asumir una mayor carga del ajuste presupuestario.

En segundo término, la mayor parte del gasto del Estado se destina a financiar las funciones básicas del mismo, esto es, defensa, representación exterior, orden público y justicia, que son funciones de las que, obviamente, no podemos prescindir. ¿Qué hacen las autonomías? Pues dedicar, por término medio, la mitad de sus gastos a otros dos elementos esenciales, sanidad y educación. Luego el resto de lo que hacen las autonomías es perfectamente prescindible, a diferencia de la mayor parte de los gastos estatales. Es más, incluso en las dos partidas fundamentales de gasto autonómico hay razones para aplicar recortes. Pensemos, por ejemplo, en educación. No tiene sentido alguno que en España haya 56 universidades públicas, la mayor parte de las cuales han surgido tras la creación del Estado de las autonomías porque todas ellas querían tener de todo, lo cual ha dado lugar a importantes derroches. En consecuencia, dadas las diferencias en cuanto a la composición de los gastos de la Administración Central y los de las autonomías, es lógico que sean estas últimas quienes tengan que asumir la mayor parte del esfuerzo de ajuste presupuestario porque sus gastos no son fundamentales.

¿Qué es lo que ocurre? En el caso de Cataluña, que el ajuste presupuestario implica o dejar a los ciudadanos sin sanidad y educación, o acabar con las políticas de promoción del nacionalismo, como las embajadas catalanas en el exterior, que es algo a lo que Mas no parece dispuesto a renunciar. Pero lo que tienen que tener en cuenta el presidente de la Generalidad catalana y los demás presidentes autonómicos es que esos gastos tan innecesarios como superfluos en los que incurren son los responsables de nuestra crisis fiscal y su mantenimiento en el tiempo está costando muchos puestos de trabajo y la desaparición de muchas empresas. Tal y como están las cosas, las autonomías ya no pueden seguir disparando con pólvora del rey, entre otras cosas porque el rey ya no tiene pólvora.

El precio de la frivolidad
IGNACIO CAMACHO ABC  19 Julio 2012

El frívolo amotinamiento de las autonomías contra el ajuste es un modo de llamar a gritos a la troika de intervención

NADIE sabe a ciencia cierta si España va a ser intervenida pero hay momentos en que ciertamente parece estarlo mereciendo. Con el descalzaperros autonómico, agravado por el amotinamiento contra el déficit y la resistencia a los recortes, estamos llamando a gritos a la troika. Y por si no se enteran en Bruselas, o no se quieren dar por aludidos -al final eso del rescate es un coñazo y, sobre todo, un desembolso de lo más incómodo-, no paramos de dar argumentos: los nueve mil liberados sindicales, el lío de las participaciones preferentes, las subvenciones energéticas, la mora creciente de los bancos, el goteo titubeante de medidas y contramedidas del Gobierno. ¿Pero cómo demonios se va a fiar nadie de un país que es un cachondeo?

Ayer, Portugal logró colocar en los mercados letras del Tesoro más baratas que las españolas. Se trata de un país empobrecido por la intervención y su durísimo ajuste, mucho más fuerte que el nuestro pero mejor digerido por la sociedad y las instituciones. Y no tiene autonomías que se nieguen a aceptar la necesidad de rebajar un tren de gasto inviable. Éste es un punto crucial para los mercados de deuda, cuyos intermediarios no logran entender que una nación en quiebra sea incapaz de embridar el déficit de su estructura pseudofederalizada. La rebelión de las comunidades contra el Gobierno -en el caso de Cataluña por pura asfixia financiera mezclada con la mitología soberanista; en los de País Vasco y Andalucía por mera irresponsabilidad de unos gobernantes empeñados en hacer oposición desde las instituciones- retrata un Estado descompuesto cuyas autoridades consideran el poder como un mecano de responsabilidades parceladas. Justo la clase de frivolidad que más desconfianza provoca en el momento crítico de una crisis de escala.

Nos hemos vuelto un país trivial, insensato, dirigido por una nomenclatura inadaptada que no sabe levantar la mirada de sus nanointereses domésticos y sus manejos clientelares. Y si el bloqueo institucional acaba impidiendo la adopción de medidas de saneamiento puede ocurrir dos cosas: una, que Europa se harte de este juego, dé un golpe sobre la mesa y mande a los hombres de negro a cortar por lo sano la hemorragia pasándose por el forro el llanto airado de los taifas territoriales. Y otra, aún peor, que simplemente se canse y desista; que el tamaño del rescate le resulte disuasorio y nos deje caer: el default, la suspensión de pagos, la quiebra completa. Tal vez la pesetización, el caos de una ruptura del euro y una devaluación salvaje e instantánea.

No es un apocalipsis imaginario sino un conjunto de hipótesis verosímiles. Y las estamos haciendo cada vez más probables entre todos a base de una abracadabrante falta de seriedad colectiva. Porque una nación no puede ser una suma de estaditos en manos de una colección de egos ofuscados por la pasión del poder y el sectarismo ideológico.

'Irás y no volverás'
VICTORIA PREGO El Mundo 19 Julio 2012
.
Las costuras del Estado de las Autonomías estallan por todas partes ahora que se ha acabado definitivamente el dinero con el que regar la molicie en la que hemos estado viviendo.

Lo que ha hecho el presidente de la Generalitat ha sido llamar a la rebelión. Ha invitado a todos los dirigentes autonómicos a pararle los pies al Gobierno, a resistirse a las medidas dictadas desde Madrid, a no aplicarlas o a paralizar sus decisiones recurriéndolas ante el Tribunal Constitucional con el argumento de que invaden sus competencias.

Y lo ha hecho porque puede, porque en esta España descoyuntada es perfectamente posible traducir en hechos una convocatoria de esta naturaleza. Esa es la realidad en la que tiene que actuar un Gobierno español -éste o cualquiera- que puede tener una sólida mayoría parlamentaria pero nunca llegará a tener en sus manos las riendas del país.

En lo dicho ayer por Artur Mas en el parlamento catalán está la clave de la profunda debilidad de esta distribución del poder político que, legislatura tras legislatura, hemos ido considerando lo propio de una democracia tan avanzada y tan requetemoderna como la nuestra.

Un modelo por definición inacabable, el adjetivo que tantas satisfacciones ha proporcionado a los sacerdotes de la descentralización infinita, a las vestales de la cesión de competencias por la vía de irás y no volverás, a los adoradores de una supuesta dignidad política que, sin que nadie se haya atrevido durante años a discutir tal dogma, sólo podía mantenerse viva si era alimentada a base de autonomía y más autonomía. Cuanta más mejor.

Y este es el resultado: no sólo está Cataluña con sus amenazas. Está también Andalucía, que ha decidido no bajar el sueldo a sus funcionarios porque ya les tiene que quitar una paga extra. Y está Asturias, y el País Vasco, y Canarias, que pondrán unas medidas en marcha y otras no, según les cuadre. Y están algunas del PP, que también se han revuelto contra el Gobierno aunque no han llegado a desobedecerle.

Esta es la España real, la que se ve desde los mercados y desde los centros de poder de la UE. Es un paisaje nacional atravesado de grietas. Con esa fotografía, es de ilusos exigir confianza a los demás. No damos motivo.

Y lo grave no es que se critiquen las decisiones del Gobierno. Razones hay de sobra para hacerlo, por sus torpezas, sus descuadres clamorosos como el de hoy, y sus nulos resultados.

Lo grave es que, por acertadas que éstas fueran, España no puede garantizar ni ante Europa ni ante los inversores que cumplirá lo comprometido. Sencillamente porque, como cualquiera puede comprobar con sólo abrir los periódicos, a lo mejor resulta que las autonomías no se dejan.

Los manguerazos de euros suministrados por la Administración para evitar que comunidades hoy levantiscas dejaran de pagar sus nóminas, como ha ocurrido en junio con Andalucía, no computan aquí en términos de obligaciones recíprocas. Aquí lo que computa es lo de la invasión de competencias. Así nos va.

Cataluña debería estar intervenida y Artur guardar silencio
EDITORIAL Libertad Digital 19 Julio 2012

Cataluña es una comunidad autónoma que debería estar a estas alturas intervenida por el Gobierno de España a tenor de lo establecido en el Plan de Estabilidad aprobado por el Ejecutivo, que establece esa posibilidad en el caso de aquellas comunidades que no cumplan con sus planes de ajuste destinados a controlar el déficit. Es cierto que junto a Cataluña hay otras comunidades autónomas candidatas a que se suspenda su capacidad ejecutiva, pero pocas hacen gala de la contumacia con la que el nacionalismo catalán se opone a cualquier esfuerzo presupuestario que sirva para contener su propia ruina y, por extensión, la del resto de España.

Es cierto que el legado del tripartito catalán tras su salida del poder no podía se más nefasto, pero Artur Mas ha conseguido la proeza de empeorarlo en tan sólo un año y medio. Desde que tomó posesión a finales de diciembre de 2010, el gobierno presidido por Mas no sólo no ha sido incapaz de reducir el endeudamiento monstruoso que acumulaba su región, sino que lo ha aumentado en nada menos que en 8.000 millones de euros pasando de los 34.000 millones que dejó en herencia el inefable Montilla a los 42.000 de la actualidad. Además de ser responsable de la tercera parte de toda la deuda autonómica, Cataluña padece en estos momentos un nivel de endeudamiento público que se sitúa en el 21% de su PIB, de nuevo el más alto de todas las regiones españolas y, por ejemplo, dos veces y media mayor que el de la Comunidad de Madrid, que con un 8,7% está cinco puntos por debajo de la media Española a pesar de su importancia económica en el contexto nacional.

Los guarismos antes descritos confirman a la región catalana como la más derrochadora de las 17 autonomías, sin que hasta el momento su Gobierno regional haya mostrado visos de querer revertir este proceso. Muy al contrario, el nacionalismo catalán pretende, como siempre, que el resto de España corra con los gastos de su penosa gestión, a cuyo fin recurren al catálogo habitual de victimismo y gestos desdeñosos al que sus dirigentes nos tienen ya demasiado acostumbrados.

Pero lo de Artur Mas llamando a la rebelión del resto de comunidades autónomas contra las medidas de ajuste de Rajoy, haciéndolas cómplices de sus desvaríos, es un despropósito político excesivo hasta para el nacionalismo catalán, a pesar de su conocida dimensión eminentemente torrencial. Artur Mas no puede dar lecciones a nadie, tampoco en materia económica. Ni siquiera el resto de las comunidades autónomas, también grandes derrochadoras de la riqueza nacional aunque lejos de los niveles a los que el nacionalismo catalán ha llevado su capacidad de despilfarro.

Ante esta rebelión autonómica encabezada por el nacionalismo, la mayor desgracia que nos ha tocado padecer a los españoles, el Gobierno debería tomar cartas en el asunto simplemente ejecutando aquellos procedimientos que él mismo estableció para acabar con los casos de mayor contumacia. Y nadie más reincidente que el presidente de la región catalana, Artur Mas. El mismo que un día llama a la rebelión contra los recortes de Rajoy y al siguiente exige que el resto de los españoles siga sufragando sus dispendios a través de la curiosa versión de "hispabonos" pergeñada en mala hora por de Guindos y Montoro.

El fraudulento
Alfonso Ussía La Razón 19 Julio 2012

Con la rigurosa convicción democrática que caracteriza a los sindicalistas profesionales, Cándido Méndez se ha referido en una de sus divertidas intervenciones públicas a la «mayoría absoluta fraudulenta del Gobierno de Mariano Rajoy». Esa oración no tiene otro sentido que el reconocimiento tácito de la repugnancia que le produce al compañero Méndez el sistema democrático. La opinión es libre, y la mía me sugiere que para un determinado, y no reducido sector de la izquierda española, la democracia es sólo valida cuando las candidaturas zurdas son las más votadas en las urnas. Tenemos una izquierda de caverna, antigua y anclada en el pasado, contempladora de paisajes afortunadamente superados excepto para sus ojos. Poner en duda la limpieza de los resultados de las últimas elecciones generales, sólo se le ocurre a un defensor del pensamiento único establecido como instrumento del poder.

Simultáneamente, el ministerio de Hacienda ha propuesto eliminar 6.000 liberados en la función pública. Es decir, 6.000 sindicalistas profesionales. Su propuesta no es incrementar el pavoroso número de parados en seis mil más, sino obligarlos a trabajar como hace el resto de los funcionarios. Ese abuso gorrón no es considerado como un fraude por el compañero Méndez, al que nada habría que sancionar moralmente si los liberados sindicales percibieran sus salarios de los fondos de los sindicatos y no de los impuestos de todos los españoles. Nuestros inmovilistas sindicatos nada tienen de progresistas. Son ultraconservadores en su concepto de bien común, cuando en realidad representan la incurable enfermedad de la avaricia del dinero ajeno. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras perderían toda su influencia si dependieran de sus afiliados. Ha llegado la hora de suprimir las subvenciones. No se atreverá el Gobierno de Rajoy a llevar a cabo tan benéfica acción en su totalidad, pero cualquier indicio de reducción del nivel de la chulería de quienes viven del trabajo de los demás, será siempre bien recibido. Y no me refiero únicamente a los sindicatos.

España, y su administrador, el Estado, necesitan dinero para mantener su estructura, sus instituciones y su fortaleza soberana. Hay Organizaciones No Gubernamentales admirables, y otras, muchísimas, cuyo único fin es el de vivir a costa de la generosidad del Gobierno. En cualquier caso, todas son gubernamentales en mayor o menor medida. El Estado de bienestar es un objetivo maravilloso, pero no se puede interpretar como un derecho adquirido por decenas de miles de golfos que viven sin dar un palo al agua, cuando a más de cinco millones de españoles les han arrebatado el agua y los palos. Y de esta situación, ya enfermedad crónica, de exaltación de la indolencia, la pereza, la negligencia y la haraganería, tienen mucha responsabilidad los sindicatos, organizaciones monstruosas y carísimas, inviables en momento tan crítico como el que atravesamos. Defraudar a los que no defraudan es un fraude mayúsculo.

Mientras no se celebren unas nuevas elecciones generales –las izquierdas podrían llevarse una sorpresa–, los resultados de las últimas son inatacables y no se pueden poner en duda. Con el dinero que sobra a los sindicatos y que proviene de nuestros bolsillos, se puede incendiar la calle, pero no derretir las urnas. Europa obliga, y nuestra recuperación pasa por el sacrificio de todos. No obstante, el aumento de los impuestos a los que más trabajan y no a los que más tienen, esa decisión fácil e injusta, es la gran mancha que ensombrece la gestión del Gobierno.
Pero su legitimidad es absoluta si se cree en el sistema democrático. Los que no estén conformes con la libre participación ciudadana en unas elecciones, que lo digan claramente. No pasa nada. Un Estado de Derecho también tolera y ampara a los que no creen en él.

MEJOR TARDE QUE NUNCA
Purga sindical: la plaga de liberados tiene los días contados
El Semanal Digital 19 Julio 2012

Rajoy ha decidido emprender un camino que Aguirre abrió hace dos años y por el que entonces recibió feroces críticas. Ahora es distinto.

Aún debe de recordar Esperanza Aguirre cómo varios ministros de José Luis Rodríguez Zapatero y un buen puñado de socialistas de primera línea se tiraron a su yugular cuando en septiembre de 2010 la presidenta madrileña, acostumbrada a tomar la delantera, anunció una drástica reducción del número de liberados sindicales en la Administración regional madrileña.

Aguirre abrió un camino que hasta entonces nadie se había atrevido a recorrer, en buena medida por miedo a una reacción airada de los sindicatos, que ahora sufren un descrédito ganado a pulso por tantos años de silencio cómplice. La decisión de la lideresa hizo que el año pasado las arcas públicas de la Comunidad se ahorraran más de 72 millones de euros, al reducir de 3.464 a 712 el número de liberados a tiempo completo.

En vista del éxito, después otras regiones han seguido la misma senda: Castilla-La Mancha, La Rioja, la Comunidad Valenciana, Baleares, Galicia, Murcia... siempre con la frontal oposición de CCOO, UGT y CSIF, pero con la Justicia de su parte. Sin ir más lejos, este mismo miércoles se conoció una sentencia del Tribunal Superior de Justicia murciano en la que éste avala el tijeretazo de Ramón Luis Valcárcel al número de sindicalistas. De poco le sirvió a CCOO su recurso apelando a los derechos fundamentales, porque el alto tribunal lo ha tenido claro: dadas las "circunstancias económicas excepcionales", la medida está más que justificada.

He ahí el quid de una cuestión que los sindicatos no quieren entender, o que no conviene entender: España atraviesa por una situación crítica, y si las mastodónticas administraciones españoles no pueden permitirse el volumen de empleados que tienen, menos aún el de liberados. Cifra que según las parcas estimaciones -porque no les sale a cuenta entrar en detalles- difundidas por UGT y CCOO, ronda los 10.000 entre el Estado, las comunidades autónomas y las administraciones locales.

La semana pasada, Mariano Rajoy cerró el círculo que Esperanza Aguirre empezó a dibujar hace casi dos años. El presidente anunció en el Congreso una drástica reducción del número de liberados hasta los mínimos legales, una de las pocas medidas de su último paquete de recortes que estos días ha recibido buenas críticas en la prensa.

Será porque la opinión pública está harta de quienes dicen defender los derechos de los trabajadores y por detrás se derriten por un sillón en el consejo de administración de alguna caja de ahorros. Apuesten a que muchos de ellos son lo que están cortando el tráfico en varias vías principales de la capital -como el paseo de la Castellana- mañana sí y mañana también a unas horas en las que los trabajadores suelen dedicarse a eso, a trabajar.

Este miércoles, también en la Cámara Baja, Cristóbal Montoro puso cifras a ese hachazo sindical: 6.000 de ellos dejarán de cobrar de las arcas públicas del Estado, las comunidades, los ayuntamientos o las diputaciones por proteger a sus compañeros -en cursiva- y volverán a sus puestos de trabajo. Sólo en la Administración central la cifra de estos privilegiados pasará de 3.004 a 1.063, casi la tercera parte.

Con todo, el Gobierno estima un ahorro de 250 millones de euros para el conjunto de las administraciones. En vista de la nada despreciable cifra sólo cabe hacerse una pregunta: ¿Por qué no se ha hecho antes? Han tenido que pasar cuatro años de crisis, cinco millones de parados, un déficit del 8,9% y una deuda exterior española casi equivalente al PIB para que los sindicatos vean reducido su plantel de liberados al mínimo legal, que visto lo visto es más que suficiente.


******************* Sección "bilingüe" ***********************

Oscuras cuentas sindicales
El Editorial La Razón 19 Julio 2012

Las movilizaciones convocadas para hoy por los sindicatos en protesta por las últimas medidas económicas del Gobierno aprovechan el descontento que, lógicamente, ha supuesto para los empleados públicos la supresión de su paga extra de Navidad y el recorte de días libres. La protesta de los funcionarios es, sin duda alguna, legítima pero no deberían dejar que sirviera a las centrales sindicales y a los grupos de la oposición como instrumento de erosión al Ejecutivo.

Porque asistimos al esperpento de escuchar cómo los grandes sindicatos como UGT, que cobra subvenciones del Estado sin informar abiertamente de en qué se gasta el dinero público –y aplica sin dudar dañinos ERE en sus propias oficinas–, exigen en cambio al Gobierno de la nación lo que ellos son incapaces de hacer en su propia casa. Esperpento es también asistir al espectáculo de un PSOE que aplica sus propios ERE como un empresario cualquiera, agitando la movilización para recuperar en la calle la influencia que perdió en las urnas. Todavía se niegan a asumir que los ciudadanos saben que el desastroso estado de las cuentas públicas que ahora debe afrontar el equipo de Rajoy se debe a la gestión de los socialistas.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, explicó ayer en el Congreso con absoluta claridad la gravedad de una situación que ha obligado a su Gobierno a adoptar medidas tan drásticas e impopulares: sencillamente, no hay dinero para pagar las nóminas y no cabe más solución que elevar los ingresos ­–de ahí la subida del IVA– y rebajar la suma total. Hacer frente a la impopularidad, y a la protesta callejera, es una cuestión de responsabilidad y de sentido común. Como el que falta en el Gobierno de la Generalitat catalana cuando su presidente anima a las autonomías al desacato y a un suicida incumplimiento del déficit. Y es el mismo sentido común que los socialistas de Rubalcaba deberían asumir para ayudar al Ejecutivo a resolver una situación de la que son directamente responsables y explicar a los empleados públicos que no caben soluciones irreales. Mariano Rajoy ha optado por aplicar las únicas políticas posibles, aun a costa del desgaste que conllevan y de contradecir su propio programa electoral, en la confianza en que es posible sacar a España de esta desastrosa situación.

Hoy las cifras de la economía, como el precio de la vivienda o el nivel de impagados, recuerdan demasiado a los años negros de Felipe González. Fue entonces el Partido Popular quien nos rescató de la crisis y quien ahora reclama de los ciudadanos, y especialmente de los empleados públicos, comprensión y sentido común ante un reto todavía más formidable que es posible superar si todos empujamos en la misma dirección y somos capaces de afrontar los sacrificios, mostrando a nuestros socios de la Unión Europea y al resto del mundo una voluntad común.

Comienza la cuenta atrás

Serafín Fanjul Libertad Digital 19 Julio 2012

Aunque a diario parezca mentira, el PP ganó las elecciones por mayoría absoluta, pero Mariano Rajoy se muestra obstinado en devolver el poder a los socialistas a toda prisa. Soslayando las medidas económicas, que todos padecemos y cuya efectividad sigue en veremos, aunque debamos esperar algún tiempo antes de pronunciarnos en bloque, es menester fijar la atención en gravísimos aspectos políticos de su gestión, es decir de su falta de gestión, o contradicción flagrante de cuanto prometieron antes de los comicios a la vista del arrasamiento del Estado llevado a cabo por el tándem Rodríguez-Pérez. Leyes sociales (más bien antisociales), educación, orden público, defensa, corrupción, política exterior, cohesión nacional, aparato judicial... son algunos de los terrenos en que el PSOE aplicó una política sistemática de sanguijuelas y tierra quemada mientras usaba y abusaba de los recursos económicos de forma irresponsable y fraudulenta.

Rajoy prometió cosas muy concretas y le dimos mayoría absoluta para que las cumpliera: reforma de la ley del aborto (ya empantanada en las chácharas y comisiones del Congreso); recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por la ley del matrimonio homosexual (donde escurre el bulto con el pretexto de que los progres nombrados por Rodríguez son mayoría); legalización de Bildu, "línea roja" –aseguró un tal Basagoiti– y ya tenemos, además, Amaiur y Sortu, a un paso de hacerse con todo el País Vasco (y la ETA sin disolverse); cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, púdicamente reconvertida en "prisión permanente" sólo para terroristas (y aun eso, ya veremos); reforma seria del Poder Judicial y ahí tenemos a Gallardón implorando consenso a los socialistas, o sea que no se hará nada de nada; reforma educativa, ya presentada en sociedad como minirreforma y pospuesta ad calendas graecas (¿dará tiempo de que entre en vigor, como la otra?); limpieza del aparato policial (infestado sine die con los chicos de Rubalcaba); higienización de RTVE (tras seis meses tocando la flauta en su torno, las murallas de Jericó siguen incólumes, y ahora montan los otros chicos de Rubalcaba la bronca, porque no van a permitir una televisión neutral del Estado: la tele es suya).

Pero hay más. Nuevo fiasco en Gibraltar: si no están dispuestos a tomar una sola medida seria, ¿para qué hacen el ridículo sacando pecho con bobadas como cancelar un viaje de la reina o enviar al rey a visitar media hora a los pescadores de Algeciras? Si no fuera mi país el implicado, me daría risa. Prosecución de la política de Rodríguez de favorecer a los asesinos etarras: "nos atendremos a la ley", gime el ministro del Interior, a sabiendas de que, con la ley en la mano, se les puede acercar o alejar, recluirles de por vida en la isla del Hierro, o soltarles con palmas y olivos, porque jueces y políticos retuercen "la ley" a su antojo y no hay Supremo ni Constitucional que se lo impida: vean a la Generalidad catalana en abierta rebelión en cuanto le viene en gana. Y nadie mueve un dedo.

Y más de Interior: el Sr. Fernández Díaz ya dejó constancia de su ciclópea talla en los microscópicos incidentes de Valencia (no repetiré lo dicho a la sazón), pero ahora –aterrorizado por el vandalismo de los mineros, o de encapuchados de su padre y su madre– añade una perla para engarzar en su ya largo collar: "Yo les pido con toda humildad (sic) que tengan mesura". Omito mayores comentarios porque este plañidero se comenta solo, pero no puedo evitar preguntarme a qué grados de indignidad y vergüenza piensan llevar la autoridad del Estado. ¿Sobre qué base moral nos cobran impuestos?¿Quién es doña Soraya para reñirnos por las facturas "sin IVA", mientras el gobierno al que pertenece no es capaz ni de garantizar el orden público, razón número uno de la existencia del Estado? Estamos como en los gloriosos tiempos de Corcuera ("Yo les diría a los violentos [por asesinos etarras] que lo que hacen no está bien...") o del indignante Camacho, protector de perroflautas.

Hay quien piensa que Rajoy, maquiavélico el tipo, consciente de no poder arreglar nada, se refugia en los impedimentos y trabas legales que le ponen los otros. Y agregan que esto es "galaico". Buena está la cosa: dejen de infamar a toda una tierra y una gente (la mía) con parvadas de chiste. El argumento se cae solo enumerando la lista interminable de gallegos que demostraron, con sus actos, determinación, valor y... claridad. Dejen los personajes de broma para cuentos, chascarrillos y rexoubas que, eso sí, en Galicia se producen buenos. La personalidad de cualquiera consta de componentes muy variados, uno de los cuales es el lugar de nacimiento o ciertas pautas culturales, más o menos presentes o cambiantes, pero el señor aludido también es, por ejemplo, registrador de la propiedad, lector de Marca (¿y qué más lee?) y político profesional desde muy temprana edad y padre de dos hijos y gasta barba... ¿A cuál de todas esas características achacaremos sus acciones y omisiones?

Por el bien de todos, mi deseo es que el gobierno actual pueda cumplir su mandato de cuatro años (sólo nos faltaría la desestabilización que acarrearía otro gobierno PP con mayoría relativa), pero si la catástrofe económica se acentúa y Rajoy convoca elecciones anticipadas, cabreados con el lector de Marca (entre los que me cuento, por lo expuesto y por algún motivo más), ojo con lo que hacéis, porque la alternativa (aun con mayoría precaria, actúan con toda desvergüenza) es la Chacón y su Barroso, nada en la sombra. Aquélla que "también es Rubianes". Estamos en un callejón sin salida, a menos que alguien, con autoridad en el PP, se decida a cortar esta deriva suicida. Y no me pregunten nombres porque hay pocos donde elegir.

El fin de la limpieza étnica
Carmen Gurruchaga La Razón 19 Julio 2012

Pocas cosas hay más duras en la vida que abandonar obligatoriamente la tierra que te vio nacer, crecer y en la que te hubiera gustado seguir viviendo si no llega a ser porque unos asesinos y sus acólitos te obligaron a dejarla para evitar ser asesinada. Pero quizás el colmo de esa malévola situación sea que logren su objetivo final, consistente en retirar socialmente, de una u otra manera, a quienes no son nacionalistas, lo que significa una limpieza étnica en toda regla. Es decir, que quienes no comparten sus objetivos independentistas, totalitarios y sectarios se ven privados de cualquier derecho en el territorio geográfico que va de Miranda de Ebro a la frontera con Francia.

No me gusta personalizar, pero voy a contar qué me sucedió a mí y a decenas de miles de coterráneos. La presión etarra mediante atentados, amenazas o formar parte de los planes asesinos de la banda nos obligó a dejar la tierra que amábamos e instalarnos en otros lugares de España en los que fuimos por o general bien recibidos. Esa marcha obligada ocasionó que la mayor parte de la diáspora se empadronara en el lugar en el que tuvieron que instalarse, lo que les impidió seguir votando en el País Vasco. Una situación objetivamente injusta que no sufren los nietos de vascos que han nacido y residen fuera de España y que inclina la balanza electoral a favor de los nacionalistas que, paradójicamente, son quienes han expulsado de su tierra a los que no opinan como ellos. Por eso, hace años que la diáspora vasca reivindica su derecho a votar en las elecciones autonómicas, lo que claramente inclinaría la balanza a favor de los constitucionalistas. Una realidad intolerable para el nacionalismo vasco.

De cómo el espíritu de Ermua fue alterado por la política de los complejos
Jesús Dominguez. Minuto Digital 19 Julio 2012

Cuando se supo que Miguel Ángel Blanco había sido ejecutado, asesinado por ETA, un sentimiento de rabia y de indignación recorrió la sociedad española, incluyendo la vasca, donde ese sentimiento tomó la forma de revuelta popular contra los proetarras y/o batasunos, ese violento entorno marxista separatista que tenía (y tiene) como objetivo a cualquiera que se siente español.

Vivimos momentos épicos, en los que los ciudadanos de a pié, perdieron el miedo y pasaron a la acción, dejando como muestra del desprecio a los asesinos alguna herrikotaberna guarida de proetarras reducida a humo y cenizas. Realmente parecía que las cosas habían cambiado para siempre en el País Vasco, cuando incluso la gente se encaraba abiertamente a los batasunos y les increpaban, y acongojaban, a la puerta de sus sedes.

Sin embargo, toda esta enorme algarada de libertad popular se cortó repentinamente. Las alarmas saltaron en los salones del poder político del más alto nivel, y activaron una inmediata operación en forma de gigantesco “bisturí social”, que extirpó cualquier tipo de reacción espontánea y popular. Se quería, y se creía, que estaba todo atado, bien atado, y repartido, y por lo tanto era impensable dejar espacio para la aparición de nuevos actores en escena que modificaran el plan maestro trazado desde la Transición.

Se quería en definitiva que la sociedad española siguiera dormida y aborregada. Es aquí cuando surgen las “manos blancas”, el “aquí está mi nuca”, e incluso se marginaba y expulsaba de las manifestaciones contra el terrorismo a aquellos que defendían una mayor contundencia en la lucha contra ETA y su entorno.

Además, se pacta y adopta la estrategia de pasar a definir mediáticamente a los etarras como “nacionalistas” o “fascistas”, y se dejan de usar las definiciones más ajustadas a la realidad como son separatistas, marxistas, y sobre todo anti-españoles.

…y de aquellos polvos, estos lodos. Gracias a esa actitud de equiparación en la legitimidad de posturas, y de negación del conflicto, nos encontramos hoy en día en una dificilísima situación, en la que ellos, los ETA-Batasuna-Amaiur, dominan la calle y las instituciones, y todo parece indicar que esta batalla la han ganado.

Pujol, omnipresente
Daniel Tercero www.vozbcn.com 19 Julio 2012

A Convergència Democràtica de Catalunya (CiU, por extensión) le ocurre como al PRI mexicano o al nuevo kirchnerismo argentino, o, por qué no, al PC chino. Tantos años en el poder ejecutivo les atrofia la visión del mundo real, el que les rodea. No distinguen entre partido y gobierno. También ocurre en otros lugares de España. Andalucía, verbigracia. Y con el PSOE como protagonista. Quizás, también en Galicia, con el PP.

En Cataluña, un ejemplo del control absoluto que ostenta CiU se puede ver (o, precisamente, no ver) en las sombras de Jordi Pujol en la política autóctona. Son muchas. Innumerables. Pero hay una que, muy sutilmente y con la boca pequeña, desmiente el propio ex presidente autonómico sin que obtenga respuesta. Es un ejemplo del mito que se crea alrededor de los populismos. Como si Néstor guiara a Cristina en la Casa Rosada.

Por más que lo ha desmentido -ya digo, con la boca pequeña- los medios siguen sin creerle, por lo visto. Pujol estuvo en prisión durante el franquismo acusado de ser el autor de los panfletos que se lanzaron entre el público en lo que se conoce como los hechos del Palacio de la Música. Fue en 1960. Pero Pujol no participó del acto. Eso era cosa de los que podían (y así fue) recibir un golpe o un puñetazo. En el Palacio de la Música había miembros del Gobierno franquista. La seguridad era máxima.

Pues bien. TV3 llevará a la televisión una investigación del sumario del juicio. Esta noticia se conoció hace unas semanas y el tema de la prisión de Pujol volvió a ser tema de una actualidad relativa. Aquí tienen lo que recogieron El Mundo y El País sobre el futuro reportaje televisivo:

Noticia recogida en 'El Mundo'.
Noticia recogida en 'El País'.

Pero no solo en las versiones en internet. También en la edición de papel de El País -del día siguiente- quedó para la historia que el ex presidente autonómico estuvo en el Palacio de la Música. Nada más lejos de la realidad. Otros fueron, al estilo convergente, más sutiles y citaron en el penúltimo párrafo, casi pidiendo perdón, que Pujol no estuvo en los hechos del Palacio de la Música.

¿Todo el mundo puede escribir de todos los temas? ¿No habría que, además de saber juntar palabras, saber de lo que se escribe? ¿El periodista debe escribir tal cual lo que le digan desde un partido político o habíamos quedado en que hay que comprobar la propaganda de las formaciones políticas? ¿No habría que tener un mínimo alto de cultura general para poder ser el transmisor de información? ¿Usted cree que yo puedo escribir un artículo informativo -que no sea más que una correa de transmisión de propaganda- sobre un hallazgo científico de química, por ejemplo?

Todo esto me hace recordar a un director de una agencia de noticias pública que se enteró, ya siendo un fervoroso independentista y recién llegado al cargo puesto por ERC, de que Rafael Casanova, al que los nacionalistas honran cada 11 de septiembre, no había muerto ese día de 1714 sino casi 30 años después, tras seguir ejerciendo de abogado en Cataluña. Todo un descubrimiento, desde luego.

Daniel Tercero es periodista de LA VOZ DE BARCELONA

Al conseller Mascarell
Francesc de Carreras La Vanguardia (via www.vozbcn.com)  19 Julio 2012

Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB

El Gobierno de Aragón pretende denominar "aragonés oriental" al catalán hablado en las zonas fronterizas con las provincias de Lleida y Tarragona: una solemne tontería defendida por su consejera de Cultura. Por su parte, Ferran Mascarell, conseller de Cultura de la Generalitat catalana, publicó en La Vanguardia del pasado lunes, día 16, un artículo ("Tranquillitas del catalán") en el que sostenía posiciones de un nivel semejante sobre la lengua en Catalunya. No tenemos suerte con los consejeros de Cultura.

La primera impresión que tuve al empezar a leer el artículo de Mascarell fue que más parecía un texto propio de un tertuliano exaltado que la reflexión ponderada de un alto cargo público. Una vez leído llegué a otra conclusión: carecía de argumentos, sólo se trataba de un conjunto de invectivas con un final inconsistente. Una vez más se constata que tratar de la lengua en Catalunya es pisar terreno sagrado y que los inquisidores no necesitan razones ni análisis, les basta el dogma.

La tesis del artículo es muy simple: el Estado -español, por supuesto- es enemigo de la lengua catalana y para resolver la situación los catalanes debemos construir un Estado propio. Veamos cómo la desarrolla el conseller.

Según Mascarell, el "principal enemigo es (...) el Estado español a través de sus aparatos políticos y judiciales (...). Los partidos españolistas (...) niegan sistemáticamente cualquier apoyo político, administrativo, legislativo y económico al catalán. El Estado no respeta ni promueve el catalán, a menudo lo maltrata y lo combate (con recursos, sentencias, reinterpretaciones y suspensiones inequívocamente restrictivas y contrarias). Son las diferentes maquinarias territoriales de obediencia estatal las que tratan sistemáticamente de fraccionar, prohibir, dificultar y minimizar el catalán (...). Los que luchan contra el catalán (...) desean una sociedad catalana fragmentada en dos comunidades lingüísticas, anhelan una Catalunya socialmente dividida, suspiran por una Catalunya políticamente subordinada". Con este tono tan objetivo describe Ferran Mascarell la situación.

Me gustaría preguntarle a un extranjero que visite Catalunya -un ejecutivo, un profesor invitado, un turista cualquiera- si esta es la verdadera situación. Preguntarle, por ejemplo, si le parece que el catalán es una lengua maltratada, no utilizada por los poderes públicos, ni por los medios de comunicación, ni en los centros de enseñanza, ni es de uso habitual en comercios, hoteles o restaurantes. Preguntarle si las indicaciones del aeropuerto, las estaciones de tren, las autopistas y carreteras, las calles, los museos, las tiendas, no están rotuladas en catalán. Preguntarle si ha visto u oído contar que las autoridades del Estado persiguen a quienes hablan catalán.

Tras haber respondido a estas preguntas, me gustaría que el visitante leyera el artículo del conseller y me diera su opinión. Estoy seguro que se habría quedado asombrado por sus afirmaciones, tan contrarias de lo que está a la vista de todos.

Lo que sorprende a los visitantes es quizás otra cosa: que aun cuando el catalán es sólo la lengua materna del 31,6% de los ciudadanos y el castellano la del 55 %, la primera, a pesar de ser menos utilizada, tenga tanta vitalidad y presencia pública, esté tan protegida por las leyes, tanto autonómicas como estatales. ¿No sabe el conseller que estas leyes, en desarrollo de la Constitución, regulan que el catalán es -junto al castellano- lengua oficial en Catalunya y, como tal, puede usarse en todos los ámbitos públicos, con el deber de funcionarios y jueces atender a los ciudadanos en la lengua que escojan?

Las falsedades victimistas del conseller tienen un objetivo: justificar la independencia politizando la lengua. Dice así Mascarell: "Con este Estado no tendremos nunca corrientes favorables al catalán. Nos hace falta uno (...) que sea amigo y no enemigo del catalán. Reconstruir lo que tenemos, construir un Estado amigo, esta es la cuestión". Pero tampoco en esto acierta. Naturalmente, la libertad ideológica permite ser partidario de la secesión de Catalunya; eso nadie lo discute. Pero es muy dudoso que un Estado catalán fuera más conveniente para la lengua catalana desde la perspectiva que la defiende Mascarell.

Afortunadamente, en el mundo actual la antigua soberanía de los estados está limitada por los derechos humanos garantizados en tratados internacionales. Muchos regulan la protección de las lenguas minoritarias.

En el caso de que Catalunya se constituyera en Estado, habría que proteger los derechos de la minoría (sic) castellanohablante y ello incluye el derecho a ser educado en la propia lengua. Por tanto, el sistema de inmersión lingüística e, incluso, el sistema bilingüe, deberían ceder paso a la doble red escolar.

¿Esto es lo que pretende Mascarell? ¿Conoce el libro de Albert Branchadell La hipòtesi de la independència (Empúries, Barcelona, 2001)? Se lo aconsejo, conseller. Verá como las cuestiones que usted tan alegremente propone no son tan sencillas. Lea, entérese y piense, señor Mascarell, por algo es conseller de Cultura.

Galicia
La Xunta quiere extender a calles y empresas el empleo de los topónimos oficiales
Un borrador de norma prevé vetar las subvenciones a libros de texto que no utilicen en gallego los nombres de lugar
m. ch. santiago / la voz 19 Julio 2012

El Gobierno autónomo quiere desarrollar la Lei de Normalización Lingüística, promulgada hace ya 29 años, para extender la «obriga» de utilizar la toponimia oficial a ámbitos hasta el momento ajenos a esa imposición, entre ellos, las calles, otras vías urbanas y las empresas privadas. Además, pretende firmar acuerdos con el Estado para que este último también la emplee en la red de carreteras de toda España, así como vetar las subvenciones para libros de texto en cuya elaboración no se respete. De prosperar, aclara un portavoz de la Consellería de Presidencia, esos cambios en ningún caso serían implantados con carácter retroactivo. Es decir, por ejemplo, el Deportivo de La Coruña podría seguir denominándose como hasta ahora, si sus gestores así lo quisieran.

Todavía en fase de borrador de anteproyecto y, por tanto, sujeto a la presentación de alegaciones y a posibles variaciones de criterio, el Ejecutivo prepara un decreto cuyo artículo tercero establece: «Deberán respectar a forma oficial dos topónimos todas as instalacións e elementos materiais e inmateriais que incorporen na súa denominación un nome de lugar do territorio de Galicia, como, entre outros, os parques eólicos, os rexistros mineiros, as designacións de medios de transporte e as marcas comerciais». Asimismo, prescribe iguales pautas para «elementos xeográficos de titularidade e xestión propia como bens de interese cultural, espazos naturais ou portos marítimos, así como o resto de accidentes xeográficos».

El texto reserva para la Real Academia Galega la «competencia de propor» a la Xunta las formas toponímicas correctas.

Carmen Alborch y otro senador valenciano piden defender el catalán
David Lozano El Semanal Digital 19 Julio 2012

No se han pronunciado en defensa de la lengua propia de la Comunidad Valenciana pero sí lo han hecho para respaldar a la catalana mostrando una evidente falta de sensibilidad.

No es ningún secreto que el "valenciano" está "amenazado" por quienes tratan a toda costa de catalanizar esta idioma, en un afán "imperialista" propia del nacionalismo catalán. El tema de la lengua vernácula de la Comunidad Valenciana es pues un tema sensible ya que el valenciano es un tema recurrente para quienes atacan a las señas de identidad valencianas reduciendo la lengua a un anecdótico dialecto del catalán. Con estos antecedentes, no es bueno que una serie de políticos elegidos democráticamente para representar a la Comunidad Valenciana se apresuren en firmar mociones en defensa del catalán, sin aparentemente mostrar preocupación por lo que pueda ocurrir con el valenciano y reconociendo implícitamente que "el valenciano es catalán".

Y esto ha ocurrido con la senadora, electa por la provincia de Valencia, Carmen Alborch que junto a otros 8 senadores del PSOE ha suscrito una moción en defensa del catalán para denunciar por los supuestos cambios que están introduciendo las instituciones gobernadas por el PP en Baleares y Aragón. Una encendida defensa del catalán que además de Alborch ha rubricado el alcalde de l´Eliana, José María Ángel Batalla. Los firmantes piden al Gobierno de España que "actúe de acuerdo con lo que establece el mandato constitucional de especial respeto y protección de todas las lenguas de España, adoptando las medidas correspondientes a favor del reconocimiento de la unidad de la lengua catalana".

Además de Alborch y Batalla, han firmado otros seis, dos por cada comunidad donde el catalán es una lengua "de uso claramente arraigado", han presentado la declaración en la Cámara Alta, una declaración en la que han incidido en su intención de promover, a partir de septiembre, una proposición de ley sobre el reconocimiento y el fomento de las lenguas de España, de acuerdo con el artículo 3 de la Constitución. La declaración está suscrita, además de por los dos mencionadas, por Antonio Arrufat y José María Becana, de Aragón; Carles Martí y Jessus Sequera, de Cataluña y Francesc Antich y Antoni Manchado, de Baleares.

El parlamentario catalán Carles Martí ha explicado que, aunque son sólo ocho los que aparecen como firmantes, el resto de senadores socialistas coincide con el texto de la declaración, cuyo objetivo es denunciar los cambios referentes al catalán que el PP "está introduciendo" en Aragón y Baleares, así como reivindicar la lengua como patrimonio de todos los españoles. Añade que las modificaciones legislativas impulsadas por Aragón y Baleares comportarían "un deterioro del estatus legal de la lengua, de los derechos lingüísticos de los catalanohablantes y de la normalización de la lengua en la enseñanza, la comunicación y el uso social" en ambas comunidades.


Recortes de Prensa   Página Inicial