AGLI Recortes de Prensa   Viernes 20 Julio 2012

Privilegios
José María Marco La Razón 20 Julio 2012

Cristóbal Montoro ha dejado bien claro estos días en el Congreso que el Estado español, tal como está concebido ahora mismo, no puede ni siquiera pagar las nóminas de sus empleados. Hay que agradecer al ministro su sinceridad, aunque uno de los remedios a los que ha acudido el Gobierno, que es el de subir los impuestos (por muy «progresivamente» que sea), cuadra mal con la voluntad del Gobierno de animar la economía española.

Efectivamente, una forma de interpretar las declaraciones de Cristóbal Montoro en el Congreso es que el Gobierno da prioridad al mantenimiento del Estado en su actual situación, y que esa prioridad es lo que lleva a seguir presionando a una economía exhausta, en proceso de ajuste desde el año 2007. Se diría, en otras palabras, que al menos una parte del actual ajuste, en particular las subidas de impuestos, va destinado a seguir pagando los gastos de un Estado absurdamente sobredimensionado.

El argumento coloca al Gobierno en una situación ambigua. Por una parte, lo aleja de los trabajadores, los autónomos y los empresarios, que no pueden dejar de percibir que la mayor parte del ajuste se está haciendo sobre ellos, mientras que los gobiernos no reducen el gasto en una parte mínimamente comparable. Ahí siguen las televisiones y las radios públicas, los caprichos «culturales», los servicios públicos fastuosos, los 17 Estados con sus 17 gobiernos y sus 17 parlamentos, sus decenas de consejeros, viceconsejeros, jefes de gabinete, etc., etc., etc. A sufragar todo eso van las subidas de impuestos… Eso es lo que piensa cualquier contribuyente y cualquier autónomo o empresario que ha visto cómo se le ha subido el IRPF y ahora el IVA, tal vez arruinándole su medio de vida.

Por otro lado, esta posición parece presuponer una cierta comprensión para con los empleados públicos a los que está llegando el ajuste en forma de reducción de salario o aumento de algunas (pocas) horas de trabajo. Se entiende, claro está, que el Gobierno no desee enfrentarse a los empleados públicos, una fuerza temible por su número y porque tiene poco que perder: no se juegan nada con sus amagos de protesta a la hora del café, impensables en una empresa privada. Aun así, el Gobierno debería tener claro que los que protestan desde que llegó al poder el Partido Popular lo hacen por razones puramente políticas. También lo hacen para defender sus privilegios, privilegios de los que no goza el resto de los españoles y que van desde el puesto de trabajo garantizado de por vida hasta el no tener que rendir cuentas de cómo se gasta el dinero público, ese fuero medieval del que disfrutan los sindicatos en nuestro país. Ni la deuda ni los impuestos pueden servir para seguir pagando privilegios.

Crisis
Españoles en la encrucijada
Emilio Campmany Libertad Digital 20 Julio 2012

Esta casta política que padecemos es un horror, pero con ser la más responsable de lo que nos pasa, no es la única. ¿Estamos los españoles dispuestos a soportar los sacrificios que deberían proponernos para salir de ésta? Creo que no. Desde luego, se puede recortar mucho en las numerosas prebendas de los políticos y en el número de quienes las disfrutan. Pero hoy es obvio que eso no sería suficiente. La casta ha ido incrementando exponencialmente las ayudas, subsidios y servicios sociales que recibimos los ciudadanos para comprar nuestra voluntad y que les consintamos disfrutar de las canonjías y gabelas que se reservan para ellos. En la izquierda existe además la convicción de que cuantos más servicios preste el Estado, mejor porque eso nos hace más iguales. El que su calidad sea peor que regular no importa, porque lo relevante no es que recibamos buena o mala educación, por ejemplo, sino que sea igual para todos.

Somos al fin conscientes de que algo hay que hacer. Pero el electorado de derechas se niega a que le priven de los servicios que hasta ahora recibía mientras los políticos no reduzcan sus privilegios a la mínima expresión. Y si lo hicieran, ya veríamos cuántos votantes del PP aceptarían de buen grado un recorte en su pensión, por ejemplo. El de izquierdas está aún peor porque cree que buena parte del problema se resolvería si de una vez por todas les suben los impuestos a los ricos, que siempre habrá margen para hacerlo mientras haya un mínimo signo externo de riqueza.

Hay que suprimir miles de cargos públicos y eliminar la capacidad de contratar a dedo. Y asimismo hay que, si no subir los impuestos, perseguir el fraude fiscal. Pero, con ser todo eso necesario, no bastará para superar la crisis. Los españoles tenemos que estar dispuestos a recibir del Estado mucho menos de lo que recibíamos. Hay que eliminar muchos subsidios y subvenciones. Y eso vale para el mileurista que se beneficia de una ayuda para pagar el alquiler y para el empresario al que se la dan para que extraiga un carbón que no vale lo que cuesta obtenerlo. Los políticos que tenemos, a pesar de lo incompetentes y mediocres que son, lo harían si se lo reclamáramos. El problema está en que no sólo no lo reclamamos, sino que nos ponemos como panteras cuando nos tocan nuestro bolsillo. Y así no vamos a ninguna parte. Aunque barramos a esta casta de inútiles, nadie que sea elegido democráticamente hará tanto como hay que hacer si ve que, haciéndolo, despierta nuestra ira generalizada. La crisis es ya de tal volumen que sólo hay dos formas de salir de ella: volver a la peseta y devaluar o recortar y recortar hasta gastar sólo lo que nos podamos permitir. Que cada cual exija y reclame a los políticos lo que prefiera. Pero que lo haga porque ésos no van a hacer nada que no queramos. Y por una de las dos vías hay que salir o nos despeñamos.

El IVA nos ataca a todos
Francisco Aranda Libertad Digital 20 Julio 2012

-Papá, ¿qué es el IVA? -Hijo, el IVA es un señor muy malo que acaba de matar al ratoncito Pérez, a Papá Noel, a los Reyes Magos, y a la VISA de tu madre.

El campus de verano de este año de la Fundación Faes, que preside José María Aznar, ha estado nuevamente a la altura esperada, especialmente en materia económica por lo cual hay que felicitar especialmente a su director de economía, Miguel Marín.

Me ha parecido especialmente oportuna la intervención de Arthur Laffer, economista especialmente reconocido por su famosa curva (una U invertida) que explica la relación entre los ingresos fiscales y los impuestos, demostrando que a partir de cierto punto, la subida de los impuestos no sólo no genera más recaudación para las arcas públicas, sino que logra todo lo contrario. Pues bien, por allí pasaron numerosos representantes del actual Gobierno de España: ¿por qué no le hicieron caso y nos han vuelto a elevar la carga impositiva?

Es verdad que el principal problema que está atacando al futuro de nuestro país es la terrible deuda que arrastramos, tras un gobierno socialista manirroto que hemos padecido durante dos legislaturas. Por ello, es cierto que para seguir avanzando como país necesitamos ofrecer a nuestros acreedores signos a corto plazo de que somos capaces de devolver lo que nos prestan y que somos muy rigurosos, para evitar erosionar nuestra maltrecha credibilidad internacional. Pero es igualmente cierto que todo ello también puede hacerse teniendo confianza en nuestra economía y apostando por una mayor libertad en el mundo de los negocios. Fue un gran error que este Gobierno subiera el IRPF y el Impuesto de Sociedades nada más llegar al poder y vuelve a ser un error que haya subido ahora el IVA. Independientemente de que Laffer haya demostrado científicamente en una servilleta que subir impuestos reduce la recaudación, el sentido común también avala esta tesis, especialmente en momentos de crisis.

Resulta que en un momento en el que el consumo se retrae, se opta por subir los precios de los productos debido al incremento del IVA. Parece evidente que eso sólo puede provocar una mayor depresión del consumo y, por lo tanto, menor recaudación. A mí me parece de cajón que el incremento del IVA, se traslade o no a los precios finales, atacará a nuestras empresas, ya de por sí endeudadas, tanto si las empresas trasladan el aumento a los precios, como si no lo hacen. Si deciden no trasladar el aumento para mantener el volumen de ventas, se resentirán los márgenes al asumir la parte que no paga el consumidor. Y, si deciden trasladarla a los precios, los empresarios perderán clientes, ya que a mayor precio de un producto, hay menos compradores dispuestos a adquirirlo (excepto en los productos de primera necesidad, cuya demanda sabemos que es inelástica).

Lo cierto es que tarde o temprano las empresas se verán forzadas a reducir sus costes, comprar menos o de peor calidad y, finalmente, recortar el empleo. Asimismo, todos esos nuevos desempleados que se van a generar solicitarán la prestación por desempleo, por lo tanto, el Estado tendrá que hacerse cargo de pagarle un subsidio a personas a las que antes, no sólo no les pagaba nada, sino que aportaban elevadas cotizaciones a la Seguridad Social “once puntos más que la media de la OCDE”. Es decir, que además se generará mayor gasto público.

Además, la subida del IVA reduce la renta disponible, la capacidad de ahorro y, por tanto, la posibilidad de desapalancarse y devolver los préstamos, lo que generará un incremento de la morosidad (lo cual ya está siendo confirmado oficialmente).

Como bien dice el que fuera asesor de Reagan y Thatcher, más Estado sólo significa más gasto, por eso en este momento la prioridad número uno de nuestro Ejecutivo debe ser reducir el elefantiásico entramado público que se come todo lo que le echen y más. Las políticas keynesisnas de estímulos en la demanda sólo generan más déficit provocando que los estados entren en un círculo vicioso del que es imposible salir. Generar demanda vía estímulos del Gobierno es una política ortopédica que siempre acaba por saltar por los aires. No entiendo por qué no se lleva a la gestión pública algo básico en la gestión de cualquier familia y que pasa por no gastar más de lo que se ingresa. Los norteamericanos, sin ir más lejos, empiezan ya a padecer la política keynesiana de Obama y que se traduce, por ejemplo, en su tasa de paro o en el elevado tiempo que un desempleado tarda en encontrar ahora un empleo. Y dentro de poco sufrirán lo que ya llaman un “precipicio fiscal”, que es un periodo de fuertes recortes y elevados impuestos.

Los gobiernos nunca crean recursos, lo único que pueden hacer es redistribuirlos y es su responsabilidad que nadie abuse de esa solidaridad y que se cree un entorno que favorezca el desarrollo de la economía. El sobrecargo impositivo desincentiva la actividad económica y genera más economía sumergida porque los individuos obtienen por su esfuerzo menos de lo que deberían y de lo que merecen. Por eso, el Estado debe ser mínimo. Cubrir simplemente los servicios y bienes que el sector privado no puede aportar y cuidar de los que no pueden valerse por sí mismos. No nos engañemos, como bien dijo Friedman, detrás de cualquier gasto de un gobierno siempre hay un impuesto.

El presidente Rajoy tiene una compleja coyuntura económica que solucionar. Pero también cuenta con ejemplos para lograr convencer a sus socios europeos de que menos ingresos a corto vía impuestos, se traducirán en una recaudación sólida y sostenible en el medio plazo para hacer frente a las deudas. Cameron trató de obtener ingresos mediante subidas de impuestos y fracasó, mientras que otros países como Suecia o Noruega no cayeron en la tentación de los estímulos y ahora están fuera de la crisis con sus arcas equilibradas. Como dijo John F. Kennedy, "el mejor estado de bienestar es aquel que tiene a sus ciudadanos con un empleo bien remunerado". Afortunadamente, nuestro actual Ejecutivo lo sabe, así que lo animo a que lo implemente con convicción.

El ojo público
8.116 municipios: ¿alguien da menos?
Roberto L. Blanco Valdés La Voz 20 Julio 2012

Los ayuntamientos gallegos, por boca de la federación que los agrupa (la Fegamp), acaban de proclamar un no rotundo frente a las muy tímidas reformas anunciadas por el Gobierno con la (ilusa) pretensión de poner orden en un ámbito -el local- donde el desorden ha llegado a extremos pavorosos. No solo eso: la Fegamp se ha pronunciado además contra la rebaja de las retribuciones de alcaldes y concejales, de modo tal que a los únicos a los que se reducirá el sueldo en los ayuntamientos será, finalmente, a sus maltratados funcionarios. Inenarrable.

Cuando, comenzando el último tercio del siglo XIX, los liberales avanzaban en Italia hacia la construcción de un Estado unificado, una parte de la aristocracia territorial, que veía peligrar sus seculares privilegios, decidió adoptar una actitud de colaboración con los cambios que venían como única forma de conservar una parte de su poder a cambio de entregar otra a los revolucionarios. El novelista Lampedusa dejó constancia de esa actitud en la frase -hoy archiconocida-que pronuncia el protagonista de su más célebre relato (El Gatopardo): «Si queremos que todo permanezca como está, es necesario que todo cambie».

Muy lejos de tales sutilezas, los profesionales de la política (local, provincial o nacional) vienen aplicando en España, en lo que se refiere a sus privilegios de clase, una máxima de una rotundidad apabullante: «Si queremos que todo permanezca como está, es necesario? que todo permanezca como está». Más claro, el agua.

Nada, pues, de gatopardismo ni de gaitas, sino la pura y dura conservación del statu quo, no vaya a ser que, comenzados los cambios, alguien se anime a seguir y acaben miles de cargos públicos por perder su confortable modo de vivir.

En España existen 8.116 municipios, de cerca de 6.000 de los cuales debería prescindirse no porque los ayuntamientos sean poco relevantes, sino justamente por todo lo contrario: porque el poder local juega un papel central en el bienestar de todos. Un papel que exige necesariamente un mínimo tamaño, por debajo del cual los ayuntamientos son sencillamente un lujo absurdo y una fuente de despilfarro de recursos que no podemos permitirnos. Un tamaño mínimo que llevaría, además, a acabar también con esa institución cara e inútil que son hoy las diputaciones provinciales.

Todo el mundo que sabe de este asunto está convencido de lo que acabo de apuntar. Como lo está de que el único modo de racionalizar la actual situación pasa por la aprobación de una ley estatal que ponga fin de una vez al vigente disparate. Pero para eso es necesario un Gobierno que, además de estar dispuesto a meter en cintura a los simples ciudadanos, lo esté también a cambiar las cosas por arriba. No para que todo siga como está, sino para que la situación cambie de verdad.

Cambio de cultura
Abusar del Estado
Emilio J. González Libertad Digital 20 Julio 2012

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acaba de decir que hay que renunciar a los servicios públicos que no son financiables. Yo creo que a lo que hay que renunciar, antes que a los servicios públicos básicos y fundamentales que sirven para cohesionar a nuestra sociedad, es a la concepción del Estado que tienen los españoles, entre ellos los políticos.

Aquí vivimos en una cultura según la cual el Estado tiene que proveer a todos de todo. Que alguien quiere crear una asociación cultural, por ejemplo, pues una de las primeras cosas que hace es ver a qué tipo de subvenciones tiene derecho y, si no hay ninguna, pide que se cree. Que alguien quiere sentirse solidario con los más desfavorecidos de la Tierra, pues ahí está el Estado para que dedique el 0,7% del PIB a la mal llamada ayuda al desarrollo. De esta forma hemos llegado a un punto en el que al sector público le pedimos de todo, que resuelva los problemas de nuestras vidas, que nos dé una vivienda asequible, que nos facilite cultura gratuita y hasta, incluso, que nos organice fiestas y conciertos a través de las respectivas concejalías de festejos y consejerías de cultura, todo ello, por supuesto, financiado con dinero público.

Aquí también nos hemos creído que el derecho a la percepción de un servicio público implica que en todas partes tenga que haber de todo, con independencia de si se necesita realmente o no o de si es económicamente eficiente la prestación de ese servicio con estas características. También pedimos, además, que la prestación de los servicios públicos le resulte completamente gratis a los ciudadanos, sin pensar de dónde va a salir el dinero para financiarlos. Es más, aquí nadie se plantea quién puede o debe acogerse a la gratuidad de los servicios públicos. Aquí lo que importa, en última instancia, es que queremos que todo sea gratis, sin pararnos a pensar que todo tiene un coste.

Muchos ciudadanos, por tanto, viven inmersos en una cultura de uso y abuso de lo público, pero no son los únicos. Quien más exprime a la vaca pública son los partidos políticos y los sindicatos, que llenan la Administración Pública de cargos que no se necesitan para nada, que pretenden vivir como reyes a su costa, que la utilizan para colocar a sus parientes, amigos y correligionarios y, cómo no, que quieren, además, que los gastos de sus organizaciones sean financiados por el dinero de todos.

Con lo que hay que acabar, señor Montoro, es con esta cultura. No vale decir que hay que renunciar a los servicios públicos que no son financiables mientras en este país hay 30.000 coches oficiales, decenas de miles de asesores de todo tipo, cientos de miles de contratados laborales allegados al partido o sindicato de turno, subvenciones para todo y para todos, televisiones públicas que hacen la competencia desleal a las privadas, etc. El día que acaben con todo esto, díganos entonces de qué servicios públicos tenemos que prescindir. Pero antes, pongan fin a esta cultura de abusar del Estado.

Cataluña
Empresarios catalanes advierten de que la inmersión lingüística es “una barrera” para atraer talento extranjero
“Mucha gente no quiere venir a instalarse en Barcelona, porque saben que, por ejemplo, tendrían que llevar a sus hijos a una escuela sólo en catalán y piensan que ese idioma luego no les sirve para nada”, asegura el presidente de Barcelona Global, Emilio Cuatrecasas.
Alejandro Tercero www.vozbcn.com 20 Julio 2012

La política de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán que viene aplicando la Generalidad desde hace dos décadas parece haber encontrado un nuevo escollo.

Más allá de que los tribunales hayan dictaminado por activa y por pasiva que se trata de un modelo ilegal, las principales empresas de Cataluña empiezan a sufrir los efectos de la prohibición del español como lengua vehicular de las escuelas junto al catalán.

“Una barrera interna difícil de gestionar”
Así lo ha denunciado este jueves el abogado Emilio Cuatrecasas, presidente de Barcelona Global, una asociación de empresarios y profesionales barceloneses recientemente creada con el objetivo de situar a la capital catalana entre ‘las mejores ciudades en el mundo para desarrollar actividad empresarial y talento’.

‘Barcelona Global comparte la idea de hacer de Barcelona una ciudad abierta, cosmopolita, próspera y responsable‘, según reza su declaración de principios corporativa.
Durante la presentación de los nuevos proyectos desarrollados por sus miembros para dinamizar la actividad empresarial y atraer talento extranjero, Cuatrecasas ha señalado que la actual política lingüística implementada por la Administración autonómica “es una barrera interna difícil de gestionar”:

“Mucha gente no quiere venir a instalarse en Barcelona, porque saben que, por ejemplo, tendrían que llevar a sus hijos a una escuela sólo en catalán y piensan que ese idioma luego no les sirve para nada”.

Una asociación de empresarios amigos del nacionalismo
A pesar de que en su página web señalan que la asociación ‘no tiene afiliación política alguna y su agenda de trabajo es completamente independiente de la de cualquier partido político’, e insisten en que las ‘simpatías políticas de sus socios no tienen ninguna trascendencia para la asociación’, no dejan de ser sorprendentes las declaraciones de su presidente, especialmente si tenemos en cuenta que entre los socios de Barcelona Global se encuentran destacados empresarios catalanes conocidos por su cercanía al mundo nacionalista.

Así, entre sus socios corporativos protectores se encuentran las multinacionales Agrolimen (de la familia Carulla) y Media Planning (de la familia Rodés), fundadores y principales accionistas del diario Ara, cercano a ERC. También destaca la presencia del grupo Godó (propietario de La Vanguardia), de la empresa Abertis (presidida por Salvador Alemany, a su vez nombrado presidente del Consejo Asesor para la Reactivación Económica y el Crecimiento por Artur Mas) y del Banco Sabadell (propiedad de La Caixa), quienes mantienen unas excelentes relaciones con CiU.

Otros socios corporativos protectores son Applus y Deloitte, compañías en las que David Madí ocupa altos cargos directivos. Madí fue durante muchos años mano derecha del presidente de la Generalidad, Artur Mas, en CDC y dirigó varias de sus campañas electorales. Sin olvidar que el despacho de abogados de Emilio Cuatrecasas, imputado por presunto fraude fiscal, es uno de los más importantes de España y siempre ha tenido importantes vínculos con CiU, lo que no le ha impedido incurrir en algunas contradicciones; de hecho, entre sus socios cuenta con Albert Raventós Soler, que fue director del Gabinete Jurídico de la Generalidad entre 2001 y 2003, durante la última etapa de Jordi Pujol.

A título personal aparecen en la lista de miembros de Barcelona Global conocidos empresarios y políticos nada beligerantes con el nacionalismo catalán, como Ricard Fornesa (presidente de honor de Caixabank), Antoni Abad (presidente de Cecot), Lluís Bassat (publicista), Sandro Rosell (presidente del F.C. Barcelona) y el propio Ferran Mascarell (consejero de Cultura de la Generalidad), entre otros.

Quejas recurrentes del mundo empresarial
No es la primera vez que el mundo empresarial denuncia los problemas que plantean al desarrollo empresarial las barreras lingüísticas o administrativas que se han ido levantado entre las CCAA. En marzo de 2011 los notarios criticaron las dificultades que creaban la excesiva “pasión legisladora” de las CCAA. También ha habido reproches a la quiebra de la unidad de mercado por parte de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución.

A principios de 2011, el director gerente de la Cámara de Comercio Alemana para España, Walther von Plettenberg, alertó sobre los perjuicios de la imposición del catalán como única lengua vehicular en las escuelas y aseguró haber recibido ‘quejas’ de alemanes que viven temporalmente en Cataluña, una cuestión que ha llegado a ‘asustar’ a personas e inversiones.

Acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona
En marzo pasado, Barcelona Global firmó un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona para promocionar la ‘marca Barcelona’ de cara a fomentar el crecimiento económico de la ciudad. “Los liderazgos los marca la sociedad civil emprendedora”, señaló entonces el alcalde de la ciudad, Xavier Trias (CiU), quien insistió en que “todo el mundo quiere venir [a Barcelona] y se va entusiasmada”.

Tal vez el dirigente nacionalista, firme defensor de la inmersión obligatoria en catalán y detractor del bilingüismo en las instituciones, debería escuchar más a alguno de los principales empresarios de la ciudad.

******************* Sección "bilingüe" ***********************

Corrupción en Cataluña
¿Oasis o cloaca?
Antonio Robles Libertad Digital 20 Julio 2012

Nos despertábamos el pasado jueves con la orden de prisión contra el exconsejero de Gobernación del Gobierno Tripartido catalán, Jordi Ausàs, por contrabando de tabaco. 145.000 euros de fianza. El exdirigente de ERC y exalcalde de la Seo de Urgell se unía a una larguísima lista de gestores corruptos, amparados por esa casta catalanista, trasversal e interclasista a sueldo del negocio nacional, que en realidad constituye una verdadera clase social al modo y manera como Marx definió el abuso de una parte de la sociedad sobre otra. Mejor guión imposible, un independentista de ERC mano a mano con un guardia civil. Unidos por la pasta. Ni Luis de Funes. ¿Se imaginan a uno con la estelada y al otro con el tricornio acarreando cartones de Winston mano a mano?

Ayer el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Josep Maria Pijuan, ha impuesto 3,3 millones de fianza al partido de Jordi Pujol, CDC, por haberse beneficiado presuntamente del saqueo del Palau de la Música. Y ha señalado a Artur Mas como responsable civil en la causa. El recorrido de la mordida era de libro: adjudicación de obras por parte del Gobierno de la Generalitat a favor de Ferrovial, donación de Ferrovial de 12 millones de euros al Palau de la Música de Lluis Millet, desvío de subvenciones del Palau de la Música a la Fundación Trias Fargas de CiU y a las empresas Letter Graphic y New Letter que llevaban sus campañas electorales; o directamente a través de dinero opaco con su responsable de cuentas, Oscar Osácar.

¿La impunidad mediática de CiU comienza a resquebrajarse? Habrá que esperar. No me fio de un juez que fue apartado del caso por ir más lento que un caracol y se baja el escalafón para volver a cogerlo. Desbrozar el laberinto costará tiempo, hasta ahora la mayoría de los golpes los han podido neutralizar con el recurso a la bandera, pero la crisis y el hartazgo están destapando el hedor del oasis, ya casi ciénaga. De ahí los aspavientos cada vez más histéricos de Artur Más contra el Estado y las amenazas soberanistas. Hay que crear cortinas de humo y agitar las vísceras tribales: "Vienen tiempos convulsos. La ofensiva contra el catalanismo a través del brazo judicial del españolismo acaba de comenzar. Estado propio" (Gerad Figueras, presidente de las JNC, de CiU).

El general Franco, escribió Jordi Pujol en su juventud "sabe que un país podrido es fácil de dominar, que un hombre comprometido por hechos de corrupción económica o administrativa es un hombre prisionero. Por eso el Régimen ha fomentado la inmoralidad de la vida pública y económica [...] El hombre que pronto vendrá a Barcelona, además de un opresor, es un corruptor" (palabras de Jordi Pujol, recogidas por Manuel Trallero en su libro sobre el caso Palau).

Pujol tenía razón, incluso si se lo aplicamos a él. El juez Pascual Estevill, impuesto por Jordi Pujol en 1994 como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), fue condenado a nueve años y cuatro meses por extorsión, cohecho y prevaricación; y su cómplice, Piqué Vidal, abogado de Jordi Pujol en el caso Banca Catalana, de Javier de la Rosa y de empresarios procesados por delitos fiscales, fue condenado por los mismos delitos que Pascual Estevill a siete años de prisión. Para Pujol, Javier de la Rosa era "el empresario catalán ejemplar", como debió serlo su abogado Piqué Vidal cuando juntos utilizaron Cataluña para tapar las vergüenzas de Banca Catalana. El consejero de economía y exdirector del Instituto Catalán de Finanzas, Jordi Planasdemunt, fue condenado a siete años por un caso de pagarés falsos BFP, una sociedad de Barcelona que estafó entre 1990 y 92 no menos de 2.300 millones de pesetas a centenares de pequeños inversionistas. Macià Alavedra, tres veces consejero de Pujol, la última de Industria y Energía cuando fue encausado por primera vez, aunque lo sería más tarde también por el caso Petroria, junto a Lluis Penafreta, mano derecha de Pujol y secretario de Presidencia, del que Pujol dijo que hubo un tiempo donde la Generalitat eran únicamente ellos dos. En este caso, además, estaba por medio el alcalde de Santa Coloma de Gramanet del PSC. La socioconvergencia de la corrupción en estado puro.

Un relato de complicidades que explica el silencio de aquel exabrupto del 3% de Maragall contra Artur Mas en el Parlamento catalán reducido a la nada por temor a hacerse daño. Sin duda, uno de los pasajes más obscenos de la política catalana, a excepción del más impresentable caso de desvergüenza y mangoneo protagonizado por un político democrático. Me refiero a las manifestaciones que hizo el propio Jordi Pujol sobre el caso, para advertir veladamente a los que quisieran tirar de la manta: "Si entramos aquí, nos haremos mucho daño, porque tendré una respuesta fácil. Yo también le podría decir: ‘estos dieron tanto a tanto’ - Y consciente, reconoció - desprenderemos un poco de hedor; No entraremos, pero, ¡eh! - advirtió – si hace falta entrar, entraremos; aunque me parece que no debo entrar". Y no entró, claro, ni nadie le pidió cuentas por esa declaración prevaricadora. Vivimos en "su país", un mundo donde nada se hace ni se dice sin su consentimiento.

Creo que supo imitar a la perfección a su detestado Paco, el de Ferrol. Como él, ha logrado controlar el poder aún sin estar, vivir en un oasis putrefacto sin parecerlo por la misma prensa del movimiento, e imponer una sola lengua. Pero hasta la obra de Franco acabó por convertirse en un guiñapo patético. Esperemos que en este caso, los jueces nos demuestren que estamos en una democracia. Lo digo sin entusiasmo.

La nueva CEDA
http://alfonsodelavega.com 20 Julio 2012
http://alfonsodelavega.com/?p=6733 mayo 16, 2012

La visión de la actividad del principal partido de la derecha produce perplejidad. No solo por el hasta ahora fracaso del gobierno para hacer frente a los graves problemas económicos de la sociedad española, que demuestra su improvisación y falta de planes reales, lo que ya nos temíamos algunos, así como por la humillante falta de protesta interna por traicionar las promesas electorales y el programa del partido. Sino también y esto resulta más difícilmente explicable, a los permanentes de la propia nación española.

El nuevo PP de Mariano muestra que ha renunciado a vertebrar España al subordinarse en Cataluña y País vasco a los intereses de la partitocracia separatista en vez de combatirlos. Luego hablaremos de Galicia donde dice una cosa y hace la contraria.

Acaban de celebrarse, algunos dirían perpetrarse, dos congresos oficialistas lamentables. Que haya un PP vasco y otro PP “catalá” y hasta un PP “de” Galicia cada uno por su lado y al hilo de su querencia, ya es un error para cualquier voluntad verdadera y eficazmente reformista. Resulta escandaloso el papel del PP “catalá” apuntalando al insultador gobierno separatista del bipartito y sin pedir nada a cambio. Un verdadero síndrome de la maltratada. Pero aún resulta más vergonzosa la traición a las víctimas del terrorismo, sobre todo si se recuerda que entre los sacrificados por el nacionalismo vasco, rama asesina, se encuentran valerosos héroes referencia moral de su propio partido. El apoyo al tal Pachi, el mismo que helaba la sangre a la madre de los Pagaza, familia de socialistas de los de antes, de los decentes, de los antiguos adversarios de los infames bizcaitarras, con también sacrificados a la fementida nación sabiniana, la continuidad de la política de apaño con ETA, el olvido del caso Faisán… pero, don Mariano, ¿Es que tampoco tenemos soberanía en esto?

El actual PP se asemeja a una especie de nueva Confederación de Derechas Autónomas (y autonómicas), en la que parece que sobra la E de España. Con voluntad de disolverse en las formaciones separatistas respectivas, el PP ya no es verdadera alternativa sino satélite para mayor logro a corto plazo de sus próceres regionales. El PP de hoy lejos de poner orden en la cleptocracia autonómica, conditio sine qua non para salir de la crisis, se adorna con sus banderas.

Y aquí en Galicia, más de lo mismo, con la ventaja que el PP “de” Galicia no tiene partido nacionalista en el que integrarse porque ya están todos revueltos. Piden el voto a los españoles para luego llamarles “anormales”. No hay dinero para “bienestar” pero sí para “normalización lingüística” o para cincuenta mil canonjías y sinecuras.

El tótem del PP es la gaviota que procedía del antiguo partido liberal de Enrique Larroque. Pensábamos que sería un homenaje al Juan Salvador que quería volar más alto. Pero, no. En verdad, la gaviota es un bicho acomplejado. Le gustaría ser valiente rapaz del mar. Pero no tiene garras, es palmípeda. Sólo puede comer carroña.

Primera CC.AA. en hacerlo
La Generalitat Valenciana pide rescate al Gobierno
EFE www.gaceta.es 20 Julio 2012

Montoro afirmó desconocer la información para luego rectificar y confirmarla.

El pleno del Gobierno valenciano ha acordado hoy solicitar la adhesión al fondo de liquidez autonómico, que permitirá a la Generalitat "hacer frente a los vencimientos de deuda en 2012", lo que aporta "seguridad en el cumplimiento de las obligaciones financieras".

Así lo ha explicado el vicepresidente del Consell, José Císcar, en la rueda de prensa posterior al pleno que esta semana se ha celebrado en la localidad alicantina de Altea, y en la que ha explicado que la cantidad final todavía no está definida, pero será "suficiente para cubrir los vencimientos de deuda".

El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, señaló en sala de prensa que "desconocía de donde había salido dicha información", aunque posteriormente, en una segunda intervención, el ministro aclaró que lo que ha hecho el Consell valenciano es adherirse al mecanismo de liquidez aprobado para facilitar a las CCAA su financiación.

El Consejo de Ministros creó el pasado 13 de julio este fondo, que cuenta con un importe de 18.000 millones de euros y se trata de un mecanismo de carácter temporal y voluntario, al que pueden acogerse aquellas autonomías que requieran de liquidez o de cantidades adicionales para financiar su endeudamiento.

La adhesión a este mecanismo, que va condicionada a la previa aprobación por parte del Ministerio de Hacienda, supone la aceptación por parte de la Comunitat Valenciana del "control financiero y fiscal por parte del Gobierno central", según ha explicado Císcar.

Este fondo evitará que se tenga que retirar "liquidez" de partidas relacionadas con las políticas sociales así como "el encarecimiento de los préstamos ante una eventual renegociación que ahora no será necesaria", además de permitir "centrarse a atender los pagos a otros proveedores", como las farmacias.

Císcar ha asegurado que esta adhesión no implicará "nuevos ajustes en 2012" y ha explicado que lo que está previsto es "el cumplimiento estricto" del plan de estabilidad aprobado por el Gobierno valenciano el pasado mes de abril, y que garantiza que no se superará el límite del 1,5% del déficit.

"Si no se vence el déficit no saldremos de la crisis", ha argumentado el vicepresidente, quien ha indicado que por ese motivo la Generalitat "asume voluntariamente" el compromiso de enviar mensualmente al Ministerio de Hacienda información sobre el seguimiento del plan de ajuste previsto.

Según los planes económico-financieros que las comunidades autónomas registraron en el Ministerio de Hacienda, los vencimientos de deuda en lo que queda de año llegan a más de 15.000 millones de euros, de los que a la Comunitat Valenciana corresponde el 22%.

Cataluña
El Parlamento autonómico insta a la Generalidad a ‘blindar’ la inmersión en catalán en contra de las sentencias
CiU, PSC, ICV-EUiA y ERC aprueban una moción para mantener la prohibición del español como lengua vehicular escolar junto al catalán, a pesar de que los tribunales han ordenado el restablecimiento del bilingüismo en todo el sistema educativo autonómico.
Maite Molina www.vozbcn.com 20 Julio 2012

El Parlamento autonómico de Cataluña ha aprobado este jueves una moción de apoyo al mantenimiento de la prohibición del español como lengua vehicular escolar junto al catalán, en contra de lo establecido en múltiples sentencias por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo.

CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC y Solidaritat han votado a favor de un texto en el que se insta al Gobierno autonómico a recurrir las sentencias ‘de los tribunales españoles que dañen efectivamente el sistema de inmersión lingüistica’ y a ‘garantizar el modelo de escuela catalana en lengua y contenidos existente en Cataluña, que el Parlamento [autonómico] se compromete a garantizar’.

La moción también ‘constata la necesidad’ de ‘blindar’ el actual sistema de inmersión lingüística escolar obligatoria exclusivamente en catalán, al que califica de ‘modelo de éxito educativo y de cohesión social’. Solo PP y Ciudadanos se han opuesto y han exigido adaptar el modelo a la legalidad.

Solidaritat acusa al PP de “genocida”
Durante el debate, el diputado autonómico de Solidaritat Alfons López Tena, impulsor de la iniciativa negociada con CiU, ICV-EUiA y ERC, ha señalado que la inmersión obligatoria “es una cuestión capital” para Cataluña, porque “se juega su supervivencia como país”. El dirigente independentista ha asegurado que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto “se ha inventado una doctrina nueva para imponer un sistema de conjunción lingüística”, pese a que, en realidad, el Alto Tribunal siempre ha mantenido la misma postura.

López Tena ha considerado que estas sentencias, que obligan a restablecer el bilingüismo escolar, “están usurpando las funciones del legislador y la soberanía del pueblo de Cataluña”. “Vamos hacia un choque de legitimidades, la del pueblo de Cataluña y sus representantes democráticamente elegidos, y la legitimidad que tiene un Tribunal Supremo español, politizado, parcial y al servicio de su nación, que es España, y en contra de la nuestra, que es Cataluña“, ha añadido.

El dirigente independentista y ex notario ha calificado al Tribunal Supremo de “insumiso” y ha acusado al PP de hacer “una política genocida de destrucción del pueblo de Cataluña”. “Como decía Golda Meir, entendemos que haya quien quiera liquidar a los judíos, pero entiendan también ustedes que no colaboraremos, y entiendan también ustedes que no se lo facilitaremos”, ha concluido.

“Somos partidarios de no acatar ninguna sentencia”
La portavoz de ICV-EUiA, Dolors Camats, ha indicado que “el catalán es la lengua vehicular de nuestra escuela porque es la lengua del país [por Cataluña]“, y ha defendido que la inmersión “es la mejor metodología” porque “permite el aprendizaje de las dos lenguas, castellano y catalán, y sobre todo, es un modelo de éxito social”. “Intentaremos que no sean los tribunales los que nos vengan a decir la forma en que hemos de aprender, la forma en que hemos de cohesionar la sociedad, y sobre todo la forma en que hemos de trabajar en nuestras escuelas”, ha añadido.

Anna Simó (ERC) ha señalado que prefería la versión inicial de la moción, que, literalmente, instaba al Gobierno autonómico a ‘no acatar ninguna sentencia de los tribunales españoles que dañe el sistema de inmersión lingüística’. “Nosotros somos partidarios de no acatar ninguna sentencia de los tribunales que lo que hacen es sobrepasar sus funciones. [...] Hemos de prepararnos bien jurídicamente para cuando llegue el momento [de defender la inmersión], que llegará”, ha subrayado.

“Compensar el uso social masivo del castellano”
Por parte del PSC, el diputado autonómico Daniel Font ha reconocido que la inmersión “es un tema delicado”, pero ha defendido su apoyo a la moción asegurando -en contra de la realidad- que la inmersión obligatoria “es un modelo de éxito avalado internacionalmente” que sirve para “compensar el uso social masivo del castellano en la sociedad y en los medios”.

Sin embargo, ha instado a no hacer de la inmersión “una religión”, puesto que solo se trata de “una técnica pedagógica” que es “susceptible de ser modificada si cambian las circunstancias”.

“Es una metodología que equilibra las dos lenguas”
Milagros Fernández López (CiU) ha argumentado que la inmersión obligatoria exclusivamente en catalán está “blindada en la Ley de Educación de Cataluña (LEC) y en el Estatuto”, obviando que la sentencia sobre el Estatuto también afecta a la LEC, aunque ha apuntado que “hay que estar atentos, sin llamar al mal tiempo”.

Según Fernández López, la prohibición del español como lengua vehicular escolar “es una metodología que equilibra las dos lenguas [oficiales], garantizando el buen aprendizaje de la lengua catalana y la lengua castellana, así como el resto de contenidos del currículo”, además de “la integración social de los niños y niñas con independencia de su lengua familiar”.

“La inmersión es un sistema ilegal”
María José García Cuevas (PP) ha instado a los promotores de la moción a abandonar el “discurso victimista, identitario y secesionista” y a “no inventar conjuras, ataques o agravios permanentes cuando la legalidad contradiga sus aspiraciones sociopolíticas”. “La inmersión lingüística en catalán es un sistema ilegal en España, que el Tribunal Constitucional nunca avaló”, ha recordado, y ha añadido que las declaraciones en sentido contrario “por parte de responsables políticos o del Gobierno [autonómico] catalán solo pueden ser fruto del desconocimiento o de la mala fe”.

“Es imposible legalmente blindar algo declarado inconstitucional, declarado literalmente contrario al espíritu y la letra de la Constitución“, ha señalado García Cuevas citando al Tribunal Supremo, y ha advertido de que “mantener la inmersión lingüística es una actitud antisistema impropia del poder público, que, considerando la jurisprudencia que hoy existe, podría llevarle a incurrir en desacato o prevaricación”.

La diputada autonómica popular ha destacado que “Cataluña es la única región europea plurilingüe donde la lengua local se prioriza en la educación excluyendo a la lengua común del Estado”, y que “es el único territorio del mundo donde se excluye una lengua oficial como vehicular en el sistema educativo, el único territorio del mundo“.

Ciudadanos aboga por el “sistema presidencial”
Albert Rivera (Ciudadanos) ha señalado que “los partidos que defienden la inmersión ilegal me recuerdan a aquellos constructores piratas que construyeron edificios piratas cuando la Ley de Costas y venían después sentencias que decían que su construcción era ilegal y, en vez de demolerlos, decían que la culpa era de la Administración, de la ley, del medio ambiente o de las personas afectadas”.

“Ustedes están en una construcción pirata porque está fuera de la Constitución, fuera del Estatuto y fuera de la legalidad”, ha reprochado a los defensores de la inmersión. Y ha abogado por “un modelo de convivencia lingüística, no de exclusión”, similar al “sistema presidencial” de trilingüismo elegido por Artur Mas y José Montilla para sus hijos.

Por último, ha reclamado al PP que deje de pactar con CiU, a los que ha calificado de “insumisos de corbata”, y “cumpla su programa electoral en lo que hace referencia a las lenguas”.

El diario de Martxelo Otamendi ha recibido ayudas por 6,5 millones en cuatro años
Patxi López protege a la prensa en euskera ante la crisis: 1,5 millones de euros de subvención a Berria
El Gobierno vasco reparte 5 millones de euros entre los medios en euskera

Antonio José Chinchetru, Periodista Digital 20 Julio 2012

Como para demostrar la realidad del despilfarro autonómico, en buena medida responsable de poner a España al borde de la intervención, el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) publica el 19 de julio de 2012 las subvenciones anuales a medios de comunicación en Euskera, que ascienden a 4.875.000 euros --RESOLUCIÓN de 12 de junio de 2012, de la Viceconsejera de Política Lingüística, por la que se hace pública la relación de subvenciones correspondientes a 2012 en el marco de la convocatoria Hedabideak--.

Como es tradicional desde que Patxi López fuera accediera a la presidencia del Gobierno vasco, el máximo beneficiario de las ayudas es el periódico Berria, que se ha visto beneficiado con cerca de 1,5 millones de euros. Dicho diario, sustituto de Egunkaria, es junto con Gara uno de los medios en los que se publican los comunicados del grupo terrorista ETA.

Dentro de las subvenciones a los medios en uskera de las que se informa en el BOPV del 19 de julio hay una línea destinada a "prensa diaria íntegramente en euskera", que asciende a 1.820.000 euros. Casi cuatro quintas partes van destinadas a Berria, que obtiene 1.449.250 euros. Pero no termina ahí las ayudas a este periódico o sus propietarios. Su edición digital, Berria.info, se ve beneficiada con 37.187 euros y la empresa editora, Euskal Editorea, obtiene otros 30.041 euros para la revista Gipuzkoako Hitza. En total, el Gobierno de Patxi López le ha otorgado ayudas lingüísticas en 2012 por 1.516.478 euros.

PROPUESTA DE HOMENAJE A LOS FUNDADORES DE ETA
El director de Berria, Martxelo Otamendi, publicó en dicho diario un artículo el 23 de noviembre de 2011 en el que se pedía un homenaje a los fundadores de ETA --Martxelo Otamendi, director de Berria, reclama un homenaje público a los fundadores de ETA--. El texto, titulado "Euskal Herriak ETAri zor dionaz" ("De lo que el País Vasco debe a ETA") decía entre otras cosas:

En desacuerdo con la actitud pasiva del PNV y con el objetivo de dar la vuelta a esa situación, Txillardegi, Benito del Valle, Julen Madariaga y pocos más crearon la organización ETA. ¿Puede decirse, sin matiz de tipo alguno, que el País Vasco no debe nada a esos jóvenes valientes, agitadores de la conciencia y del renacimiento del país?

¿Acaso carecemos de sangre en las venas para hacer el gran homenaje, como se merecen, en el Kursaal o en Euskalduna, a Txillardegi, Madariaga, Del Valle y demás, que, en pleno franquismo, en 1959, tuvieron la fuerza de crear aquel valiente movimiento, en un momento en que el abertzalismo tradicional estaba aletargado?

MÁS DE 6,5 MILLONES EN CUATRO AÑOS
Desde que Patxi López ocupa la jefatura del Ejecutivo vasco, Berria y su empresa editora han recibido generosas subvenciones públicas con la excusa de la política lingüística. En 2011 se les concedieron 1679528,88 euros (1.603.748,26 euros a Berria, 40.394,16 euros a Berria.info y 35.386,46 euros a Gipuzkoako Hitza) --Patxi López blinda ante la crisis a los medios en euskera con 5,48 millones de euros en subvenciones--. No eran las primeras subvenciones --Patxi López otorgó subvenciones por casi 3,4 millones al periódico batasuno Berria--. En 2010 alcanzaron 1.674.377,01 euros (1.626.899,55 euros para Berria y euros 47.477,46 para Berria.info) y en 2009 llegaron a 1.635.963,34 euros (1.635.963,34 destinados a Berria y 31.650,65 euros para su edición digital). En total, y en sólo cuatro años, el Gobierno de López le ha regado con 6.506.347,23 de euros en ayudas lingüístIcas.

OTAMENDI: "MONTE USTED UN PERIÓDICO EN EUSKERA Y YA ME CONTARÁ SI ES MUCHO O POCO"
Periodista Digital ha hablado por teléfono con Martxelo Otamendi por si quería hacer alguna valoración sobre las subvenciones concedidas este año a Berria. Su respuesta ha sido:

No comentamos subvenciones. Las pedimos, las invertimos en cosas, en la gestión de la empresa y poco más. No hay ninguna polémica, no hay nada. No ha habido ninguna polémica alrededor de ello, pues tampoco le veo mucho sentido que comente las subvenciones.

Si hubiera habido alguna polémica en el Parlamento, si hubiéramos tenido que ir nosotros a alguna comisión en el Parlamento, si los grupos de la oposición hubieran dicho algo... Pero si no ha habido ninguna polémica... No hay noticia, las subvenciones no son noticia. Todos los años se conceden a los medios de comunicación para la promoción del euskera.

Si le parece mucho [casi 1,5 millones de subvención anual], pues monte usted un periódico en euskera y ya me contará usted si es mucho o poco.


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