AGLI Recortes de Prensa   Domingo 22 Julio 2012

¡Pero qué malísimo es el BCE!
Vicente A. C. M. Periodista Digital 22 Julio 2012

Pues sí, como siempre, ante la negativa a querer hacer reformas del Estado en profundidad, se intenta buscar en otros la culpa de un fracaso de gestión, o mejor decir de intento de gestión, porque solo llevan siete meses gobernando España. El Gobierno de Rajoy en pleno gruñe al único que puede darle sustento a ese monstruo de diecisiete cabezas que es España. O sea, que el BCE es muy malo y perverso por negarse a dar un dinero a fondo perdido y dejarnos a merced de los mercados. Muy malo y cruel por no querer financiar un Estado descompuesto e ingobernable. Y ahora dirán que es una confabulación judeo masónica, cosa que en ciertos medios ya se ha insinuado.

Lo único claro es que Rajoy es incapaz de gobernar con mano firme y se ve angustiado, como en aquella deprimente noche de las elecciones generales del 2008 en el balcón de Génova 13 y su reflexión sobre abandonar la carrera política. Curioso es que tras la vuelta de un viaje a Méjico (lo de México es una deformación aceptada pero que me resulta repelente), vino con la idea de volverse a presentar como candidato. Hay quien habla mal intencionadamente de contactos masónicos, de un modo similar a los que se le atribuyen a Zapatero. Y es que Rajoy y Zapatero parecen clones.

España se ha precipitado ya y solo cabe esperar el desenlace final. La intervención total es ineludible, por mucho que Rajoy se empeñe en retrasarla. Y la responsabilidad es exclusivamente de Rajoy y su Gobierno, por no tener la valentía de forzar el consenso con el PSOE y hacer las reformas estructurales del Estado que se requieren para disminuir drásticamente el gasto. No hay otra salida que imponer la Ley obligando a las CCAA insumisas a cumplir con los objetivos generales.

Todas las medidas que se han tomado van en la dirección opuesta a la lógica. Se ha aumentado la presión fiscal sobre las clases trabajadoras, haciendo que la crisis llegue ya a desestabilizar a la llamada clase media, columna vertebral del sistema. Las subidas del IRPF, del IBI, de los impuestos sobre el capital, la subida del IVA e impuestos especiales, solo pueden llevar a una depresión del consumo y a una destrucción de pequeñas y medianas empresas. Y de seguir en recesión, el efecto dominó alcanzará a las grandes empresas cuyas ventas sufrirán una fuerte desaceleración con la consiguiente pérdida de mercado y destrucción de empleo masivo.

Es no ya urgente, sino desesperado hacer un cambio en la estrategia. El consenso con el PSOE es ineludible y sería muy deseable que el Jefe del Estado, D. Juan Carlos I, tomase la iniciativa de lograr ese pacto de emergencia nacional, donde se excluyan de una vez los intereses partidistas y se imponga el interés general de los españoles, incluidos aquellos que no se consideran tales. La intervención o rescate solo puede traer más penuria a los ciudadanos, aunque tenga como contrapartida la toma de las decisiones que Rajoy no se atreve a adoptar.

Exijo el consenso a PSOE y PP. Exijo al Jefe del Estado que cumpla con su función Institucional y ponga orden en este gallinero con demasiados gallos con espolones. Exijo que esta clase política actúe con patriotismo y no sea recordada como el cáncer que acabó con España. ¿Es mucho exigir? Sinceramente, creo que no.

No quiero la intervención
Mario Conde www.gaceta.es 22 Julio 2012

Convertir a España en un país sin libertad para decidir su destino no se debe consentir.

Es posible que alguien disfrute con la crítica al Gobierno por la desastrosa situación de España. A mi me duele. Preferiría mil veces escribir alabando y agradeciendo al Gobierno una buena gestión de la economía. Porque eso significaría que los sufrimientos que tenemos que vivir no existirían y que como español me sentiría satisfecho de mi propio país. Pero lo cierto es que la prima de riesgo se desboca por encima de los 600 puntos, la bolsa desciende a niveles inconcebibles, la calle se incendia, las familias no pueden más, las empresas continúan situadas en los confines del concurso de acreedores por falta de financiación, los bancos siguen sin ejercer su función de suministrar dinero a la economía, los capitales extranjeros huyen de España, nuestros financiadores no nos creen, en la UE nos descalifican en cuanto pueden...En fin, seamos sinceros y admitamos que hemos fracasado. Nosotros, entregamos en noviembre pasado el mando del país a las personas que ejercen el poder, porque decían que sabían como salir de la crisis. No hemos salido, sino que hemos empeorado.

La apelación constante a la herencia del pasado ya no funciona. Se extiende la sensación de que al Gobierno se le ha escapado la situación de las manos, que no sabe qué hacer, que no son las personas adecuadas para dirigir el barco en medio de esta tormenta. El fantasma de la intervención total se asoma de manera alarmante, y algunos incluso se alegran. Pues no. Como español me rebelo. No quiero esa injerencia foránea porque sabemos hacer las cosas. El que ellos hayan fracasado en su gestión no implica que como país seamos incapaces de resolver nuestros problemas. Convertir a España en un país-súbdito. Sin soberanía, sin libertad para decidir su destino es algo que no deberíamos consentir. Porque hay alternativas claras, aunque dolorosas. Es el turno de la sociedad. Asumamos nuestras responsabilidades y admitamos que el mal menor nos ha traído males mayores.

Comunidades autónomas e insumisión
Javier Tajadura Tejada, EL CORREO  22 Julio 2012

Las autoridades europeas y los inversores tienen razones fundadas para desconfiar de las cuentas regionales

La confianza de los inversores en nuestro país ha sufrido un gran deterioro durante el primer semestre de este año. Las decisiones adoptadas en la última reunión del Consejo Europeo y el drástico ajuste presupuestario adoptado por el Gobierno no han logrado remediar la situación y la prima de riesgo ha alcanzado un nivel difícilmente sostenible por mucho tiempo. La desconfianza es comprensible dado que modificamos al alza tres veces la cifra de nuestro déficit público. Ahora bien, la desviación del déficit fue imputable en gran medida a las comunidades autónomas. Las autoridades europeas y los inversores tenían y tienen razones fundadas para desconfiar de las cuentas regionales. Por otro lado, conviene recordar también que para el primer trimestre de este año muchas comunidades autónomas habían alcanzado ya prácticamente el déficit permitido para todo el año. Estos datos objetivos confirman que el Gobierno de Rajoy dista mucho de haber puesto fin al descontrol de las cuentas autonómicas.

En este contexto, y tras las últimas medidas de ajuste, varias comunidades autónomas se oponen a ellas. Nuestro lehendakari dice que no sabe para qué sirven. Comunidades gobernadas por el Partido Popular han pedido –afortunadamente sin éxito– que se les amplíe el tope de déficit cuando carecen de medios para financiarlo. Por su parte, Valencia acaba de pedir directamente el rescate. Finalmente, el presidente catalán, Artur Mas, ha llegado a proponer al resto de comunidades autónomas un plante ante el Gobierno. Algunos llegan a emplear los términos de rebelión o insumisión autonómica. Estas declaraciones para lo único que sirven es para hundir definitivamente la escasa confianza en nuestro país de los inversores extranjeros y elevar la prima de riesgo.

Ante este tipo de apelaciones a la insumisión conviene recordar que la reforma constitucional del año pasado introdujo el principio de estabilidad presupuestaria como un principio constitucional que vincula a todas las administraciones públicas. El pasado 27 de abril se aprobó la ley orgánica que desarrolla ese principio, y establece los mecanismos y procedimientos necesarios para garantizar que las comunidades autónomas cumplan con los límites de déficit y deuda establecidos. Estos mecanismos ya se han puesto en marcha en varias comunidades autónomas. Cualquier incumplimiento obliga a las comunidades a presentar un plan económico-financiero que permita la corrección de la desviación en el plazo de un año. La ley regula el contenido –que, entre otros extremos, deberá identificar las causas de la desviación y las medidas que permitirán retornar a los objetivos–, la tramitación y el seguimiento de estos planes. En caso de falta de presentación o de incumplimiento del plan económico-financiero, la comunidad autónoma deberá constituir un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos. Podrá convertirse en multa a los seis meses. Además el Gobierno podrá acordar el envío a la comunidad autónoma de una comisión de expertos para valorar la situación económico-presupuestaria de la administración afectada. La comisión deberá presentar una propuesta de medidas que serán de obligado cumplimiento. Mientras no las lleve a cabo, la administración afectada no tendrá acceso a los mecanismos de financiación previstos en la ley. En el peor de los escenarios, esto es, ante una verdadera insumisión o rebelión, que condujera a alguna comunidad a no constituir el depósito obligatorio o a no ejecutar las medidas propuestas por la comisión de expertos, el Gobierno pondría en marcha el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución. El procedimiento se activa requiriendo al presidente de la comunidad autónoma para que cumpla la ley. Y de no atenderse el requerimiento, el Gobierno, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, puede adoptar todas las medidas que sean necesarias para obligar a la comunidad autónoma a su ejecución forzosa. Para la ejecución de esas medidas el Gobierno puede dar instrucciones a todas las autoridades de la comunidad autónoma. Esto último supone la intervención completa de la comunidad autónoma.

Al margen de estos procedimientos, el Gobierno acaba de aprobar por decreto-ley la creación de un Fondo de Liquidez Autonómico dotado con 18.000 millones de euros al que las comunidades autónomas podrán acudir en caso de no poder contar con financiación y al que ya se ha adherido Valencia. Este fondo es por ello una suerte de fondo de rescate autonómico similar al existente en la Unión Europea. Las comunidades que recurran a él deberán cumplir una serie de condiciones impuestas por el Gobierno, y este podrá enviar a agentes para vigilar su estricto cumplimiento. Esto implica la intervención parcial de la comunidad autónoma.

En definitiva, desde el punto de vista jurídico, cualquier tipo de insumisión autonómica está destinada al fracaso. Ahora bien, la grave situación financiera que atraviesan muchas comunidades autónomas pone de manifiesto un problema más profundo, un problema político. Aunque la clase política, desde el presidente del Gobierno hasta el líder de la oposición lo nieguen, España no tiene sólo un problema económico, sino que tiene también un problema constitucional. En los últimos 30 años hemos construido un modelo que, nos guste o no, objetivamente no podemos pagar. Las comunidades autónomas achacan su déficit a la disminución de ingresos pero es que los ingresos de antes (fondos europeos y burbuja inmobiliaria) no volverán jamás y eso es lo que hace imprescindible reformar el sistema. La clase política debiera sacar alguna conclusión del hecho de que frente a la muy positiva valoración que recibió el Estado autonómico cuando la solidaridad europea –alemana, sobre todo- transfería a través de los fondos estructurales y de cohesión miles de millones de euros y permitía pagar el sobrecoste de funcionamiento del sistema, hoy, 7 de cada diez ciudadanos atribuye al despilfarro generado por muchas comunidades autónomas la causa de nuestros males. No se trata de poner en cuestión el Estado autonómico, sino de racionalizarlo. Esta reforma es la gran tarea que tenemos pendiente. Pero corremos el riesgo de que el tiempo para hacerla se agote.

"Mariano está desbordado, improvisa"
El ajuste no cuadra en un sector del PP: "El rescate es inevitable"
La única solución pasa, según algunas voces del Grupo Popular, por tocar "realmente donde duele y el BCE compre deuda".
K. Garat Libertad Digital 22 Julio 2012

En el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados temen que los ajustes anunciados hasta ahora no logren frenar la espiral de incertidumbre que atenaza a nuestro país entre los mercados. Según fuentes parlamentarias populares, los ajustes y reformas estructurales anunciados desde la toma de posesión de Mariano Rajoy persiguen cuadrar ingresos y gastos para, entre otras cosas, y como objetivo más urgente, reflejar una imagen de país solvente que puede hacer frente a sus compromisos financieros.

El problema viene de que los populares están cada día más nerviosos, no sólo porque las medidas de ajuste no surten los efectos deseados en los mercados, sino porque ni a ellos mismos les cuadran las cuentas.

Fuentes populares consultadas por esRadio y Libertad Digital, el grupo parlamentario popular está manejando cifras que dan miedo. Según sus cálculos, en los últimos cuatro años, el Estado ha gastado 352.000 millones de euros más de lo que ingresaba. Sólo en 2012 el desfase superaba los 90.000 millones de euros –tal y como Mariano Rajoy recordó a Alfredo Pérez Rubalcaba en el debate que mantuvieron el miércoles de la pasada semana en el Congreso-. Un incremento en el déficit que ha contribuido, siempre según estas fuentes, a multiplicar el volumen de deuda pública y elevarla hasta el 80% del PIB. Una deuda que cada día cuesta más colocar y más cara sale.

Partiendo de estas cifras, parlamentarios populares cogen la calculadora y estiman –en privado- que el copago farmacéutico tendrá un impacto de 7.000 millones para las cuentas públicas, las tasas universitarias 3.000, la eliminación de la paga extra de los funcionarios significará entre 4.000 y 4.500 millones, la subida del IVA serán no más de 8.000 millones al año (unos 22.000 millones en dos años y medio). Esto, sumado a la subida del IRPF y a la amnistía fiscal darían un total de 36.000 millones de euros. Es decir, que no se lograría ahorrar ni siquiera "la mitad de lo que debemos".

Así, la regla de tres es sencilla. "Con estos datos, el rescate es inevitable, salvo que toquemos realmente donde duele y el BCE compre deuda masivamente". Para estos diputados populares "a pesar del esfuerzo nos seguimos gastando este año 70.000 millones más de lo que ingresamos que, con intereses, son 90.000. Es decir, el doble de lo que ingresamos con los recortes. Hay que seguir recortando".

Lamentan que el presidente se haya echado "a la espalda la pesada carga de la deuda española pero está desbordado, nervioso e improvisa".

Además, a puerta cerrada, estos miembros del PP -de su grupo en las Cortes- no dudan en poner en cuarentena la efectividad de la subida del IVA en estos momentos, ya que tienen en cuenta que es posible que se produzca una caída del consumo que frene el efecto recaudatorio del IVA. Dicen que los cálculos se han hecho "sin contar la caída del consumo que se espera con la subida del IVA. El año pasado la recaudación de la principal fuente de ingresos para el estado y las comunidades autónomas cayó un 10% y este año será mucho mayor".

Sube la prima de riesgo y la Bolsa se desploma
¿Qué puede hacer ahora Rajoy para evitar que España caiga en el abismo?
Seis comunidades se plantean pedir el rescate financiero al Estado
Periodista Digital 22 Julio 2012

La situación económica de España atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia.

Los desequilibrios financieros y productivos acumulados a lo largo de una década han terminado por estallar en forma de una tasa de paro desbocada y de una deuda cada día más difícil de refinanciar en los mercados.

Este 20 de julio de 2012, nuestra prima de riesgo alcanzó su máximo histórico desde la entrada de España en la zona del euro: 612 puntos básicos.

Las dificultades del momento afectan no sólo al Gobierno de España, sino al conjunto de las Administraciones Públicas, familias y empresas.

También este viernes, mientras los inversores nacionales y extranjeros exigían tipos de interés récord para aceptar adquirir los pasivos del Gobierno central, el Ejecutivo autonómico valenciano solicitaba formalmente su rescate al Ministerio de Hacienda y el Ibex se desplomaba más de un 5% hasta caer a uno de los niveles más bajos de los últimos 15 años.

Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Baleares, Canarias y Andalucía afrontan vencimientos graves los próximos meses y estudian seguir los pasos de la Comunidad Valenciana.

De poco ha servido que Rajoy sacara adelante su ajuste de 65.000 millones en tres años y que Bruselas aprobara el rescate a la Banca.

Al fin y al cabo, incluso en estos asuntos, que parecen firmes, siguen pesando demasiadas incertidumbres.

Por un lado, no está ni mucho menos claro que los recortes de Rajoy, concentrados extraordinariamente en subidas de impuestos que deprimirán mucho más la actividad en el sector privado, consigan reducir todo el importe prometido por el Gobierno (sobre todo con unas autonomías poco o nada comprometidas con la consolidación presupuestaria).

Tampoco está claro, por otro, que España no vaya a terminar respondiendo, de un modo u otro, del rescate de sus ruinosos bancos.

Es decir, de los dos grandes caballos de batalla que ha liderado el Gobierno popular durante el último mes para tratar de restablecer la maltrecha solvencia del Reino de España, los dos han resultado medio fallidos hasta la fecha.

Así las cosas, parece inexorable que Mariano Rajoy se replantee su estrategia implementada hasta la fecha, basada demasiado en el aumento de impuestos y demasiado poco en la reducción de gastos.

Hay que eliminar asesores, cerrar empresas públicas, recortar parlamentos y consejos de administración, exigir a las grandes empresas una aportación generosa a las arcas del estado y adoptar todo un rosario de medidas para aligerar de 'grasa' a la Administración.

Si no se responde con rapidez, valentía y energía a los retos planteados, el escenario que hasta la fecha parecía impensable, la intervención exterior total, podría materializarse en una dura realidad como la que han sufrido Grecia, Portugal o Irlanda.

Rescate, la palabra que el Gobierno no quiere oír ni pronunciar, retumba cada vez más. El Eurogrupo concedió ayer el rescate para recapitalizar la banca, pero los mercados apuestan cada vez más claramente que España necesitará un rescate total.

El Gobierno no ha parado de hacer cosas y de tomar medidas, pero su renuencia a tomar decisiones todavía más firmes y contundentes podrían llevarnos a que desde fuera nos impusieran aquellas medidas que no nos atrevemos a tomar dentro.

Aunque muchos puedan considerar la intervención como un escenario deseable, tengamos presente que el objetivo prioritario de nuestros acreedores no sería efectuar las reformas para que España prospere del mejor modo imaginable en el largo plazo, sino simple y llanamente cobrar sus deudas exprimiendo la economía.

De ahí que resulte prioritario que seamos nosotros quienes tomemos las medidas que verdaderamente nos permitirán amortizar nuestras deudas, reducir nuestros impuestos y crecer de manera sana.

Revisemos, pues, todo lo que hemos hecho mal y volvamos al abecé de las reformas pendientes: reducir el gasto, liberalizar mercados y revertir las subidas de impuestos. Y todo ello, mientras Mariano Rajoy prosigue e intensifica su labor en Europa, sobre todo frente a la todopoderosa y exigente Angela Merkel.

Sin todo ello, la salida se vuelve cada vez más complicada.
Y dicho esto, el BCE cometerá un gravísimo error si se presta al juego de condicionar su intervención a la mejora temporal de las condiciones de estabilidad en España, porque quizá no disponga de margen temporal para aplicar con eficacia esa intervención y porque no se puede esperar que los ciudadanos acepten los recortes anunciados y los que necesariamente habrán de venir sin expectativa alguna de salida de la crisis.

Para el BCE, una institución independiente en teoría, debería ser evidente que esta escalada de gastos financieros invalida cualquier esfuerzo de contención del déficit y elimina cualquier posibilidad de recuperación a medio plazo.

Esa es la razón principal que exige una intervención del banco. La razón excepcional, crítica, es que los mercados de deuda no reaccionan a los anuncios de ajuste económico y condenan a un país a una situación extrema.

Alemania, la Comisión Europea y el BCE ya no pueden esconderse detrás de tácticas de coacción para imponer medidas drásticas de austeridad; ya están tomadas, seguramente habrá que decidir otras nuevas; pero, desgraciadamente, no calman a los mercados.

LOS PASILLOS DE LA TELE
¿Necesitamos cuatro canales de ETB?
La catástrofe de Canal 9 y Telemadrid pone en evidencia los problemas de las autonómicas
YOLANDA VEIGA El Correo 22 Julio 2012

Los problemas ya los arrastrábamos de siempre, pero se están manifestando de golpe. Es lo que dicen de ‘al perro flaco...’. Canal 9 y Telemadrid están al borde del abismo financiero y que desde la autonómica madrileña nos digan que “no es una situación excepcional” no debería tranquilizarnos, sino todo lo contrario. Su deuda dibuja un agujero de diámetro infinito: 1.442 millones de euros. Y no la han contraído ayer ni anteayer. Eso son años de ir acumulando ceros en la columna del ‘debe’. Y mientras había dinero en la caja no pasaba nada, pero ¿ahora?

En la valenciana han atajado el problema por la calle de en medio: con un ERE que dejará la abultada plantilla actual -1.695 personas- en la anecdótica cifra de 400 personas. ¿Son muchas, son pocas? Pues probablemente sean pocas, pero es que las que están ahora parecen demasiadas. Y lo decimos por comparación, que cadenas grandes como Antena 3 y Telecinco se ‘apañan’ con 600 trabajadores. En Telemadrid también hay mil y pico que tienen toda la pinta de quedarse en la mitad, en ETB son casi mil...

Y luego están el otro asunto, que hay un puñado de canales. Telemadrid tiene tres, la autonómica vasca cuatro.... ¿Realmente hacen falta tantos? Si la respuesta es sí es que aquí somos los más listos de Europa, porque eso solo lo hacemos nosotros. Otros países que inventaron la tele antes que nosotros pueden presumir de televisiones públicas más saneadas, de más prestigio y con más audiencia. Y también tienen diferencias territoriales, pero no una docena de canales autonómicos que a su vez tienen dos o tres o cuatro cadenas pequeñas, la mayoría con audiencias absolutamente residuales que no llegan ni al 1%. Entonces, si no te ve apenas nadie y encima cuestan un pico a las arcas públicas, dónde está el objetivo: en dar servicio a los habitantes de las distintas comunidades y fomentar desde la tele el idioma y la cultura propios. Y es un noble objetivo, pero habría que preguntarse si eso no se puede hacer con uno o dos canales como mucho. Cuatro parecen mucho y plantillas de mil y pico trabajadores también parecen excesivas...

El problema es que salir de todo este embrollo va a costar, además de muchos quebraderos de cabeza, mucho dinero y muchos parados. Canal 9 y Telemadrid han abierto la brecha y por ese agujero pueden ir cayendo otros...

Un grupo de activistas crea la Hermandad Cristiana
'A los coptos no nos queda más que huir del horror del islamismo'
MARTA RIESGO Minuto Digital 22 Julio 2012

Más de 100.000 cristianos han tenido que abandonar Egipto. “Las agresiones son constantes”.

“A los cristianos coptos no nos queda más que huir del horror islamista”, asegura a LA GACETA Hiyam desde El Cairo. Desde la caída de Hosni Mubarak “las agresiones hacia nuestra comunidad son constantes” y, asegura, “el triunfo de Mohamed Mursi no hace más que empeorar la situación”.

Desde la caída del dictador, más de 100.000 cristianos han abandonado el país ante el aumento de las agresiones contra la comunidad copta. “Muchos se ven obligados a huir de los pueblos ante las presiones y agresiones para que se conviertan al islam”, asegura Michel Magdi. “El hecho de que la Comisión Electoral archivase nuestras denuncias de fraude es una muestra lo que nos espera con los Hermanos Musulmanes en el poder”.

Sin embargo, la comunidad no está dispuesta a renunciar a sus creencias y ceder ante los radicales. El pasado 5 de julio, un grupo de activistas coptos decidió formar la Hermandad Cristiana. “Para nosotros era muy importante crear una organización para poder resistir ante la marea islamista; buscamos crear un balance en la escena política egipcia”, explica Michel Fahmi uno de los fundadores de la organización.

Pero, a diferencia de los Hermanos Musulmanes, esta organización cristiana busca “luchar de forma pacífica y, sobre todo, legal contra las agresiones que sufre la comunidad cristiana”, dice otro de sus fundadores, Amir Ayad. “Utilizaremos todas las vías legales necesarias para castigar los actos violentos contra los coptos”, explica.

Para las mujeres la situación es aún más delicada. Muchas son secuestradas y obligadas a convertirse al islam. Al menos 550 fueron secuestradas en los últimos cinco años. “Nunca antes se habían visto tantas mujeres con burka en Egipto”, apunta Magdi.

Un informe presentado por la organización Solidaridad Cristiana Internacional (CSI) alerta sobre los constantes abusos y los secuestros de mujeres y niñas coptas en Egipto. El documento critica duramente al Gobierno y las fuerzas de seguridad egipcias por la pasividad mostrada ante las constantes denuncias de familiares. Además, también denuncia el hecho de que “se nieguen a restaurar las identidades religiosas cuando las chicas son rescatadas”. Para poder recuperar su identidad, ellas deben acudir a los tribunales, lo que supone, en muchas ocasiones, unos gastos “inasumibles” para las familias.

“La comunidad internacional debe actuar contra estos actos violentos que atentan contra los derechos humanos”, asegura el portavoz de la organización, Chris Smith. “Estas violaciones no pueden quedar impunes; deben tomar cartas en el asunto”, puntualiza.

“La visita de Hillary Clinton a Egipto y sus palabras de apoyo al presidente islamista suponen un golpe muy fuerte para nuestra comunidad. Cuando más apoyo necesitamos, nos encontramos con unas declaraciones que no hacen más que fomentar el islamismo”, señala Michel Magdi.

Y es que la comunidad copta –10 millones en todo el país– se sintió muy ofendida por la Secretaria de Estado norteamericana. “Esperábamos su apoyo”, dicen.

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Cataluña
El laboratorio de la nueva ultraderecha
La izquierda política debe combatir todo proyecto basado en el rechazo integral de la noción de ciudadanía, en el repliegue identitario y en la explotación de la desconfianza hacia el diferente.
Juan Antonio Cordero Fuertes www.vozbcn.com  22 Julio 2012

Hasta hace relativamente poco, España parecía haberse mantenido a salvo de la marea derechista, populista e identitaria que desde hace años hace estragos en el resto de Europa. Mientras la reacción extremista, antiinmigración y populista de derechas prosperaba hasta el punto de condicionar gobiernos en países como Bélgica, Italia, Austria, Holanda, Francia o Finlandia, en España las formaciones afines a esta nueva generación de extremas derechas europeas seguían confinadas a la marginalidad y la irrelevancia política.

Esta excepción española tocó definitivamente a su fin en las elecciones municipales de mayo de 2011, cuando la formación xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC), liderada por el ex militante de Fuerza Nueva Josep Anglada, se convirtió en una de las principales fuerzas políticas municipales de Cataluña por número de votos. Con la consolidación de PxC localmente, después confirmada por sus buenos resultados obtenidos en las elecciones legislativas de noviembre, la extrema derecha identitaria y antiinmigración irrumpe definitivamente en el paisaje político español. Y lo hace convirtiéndose en un actor político de relevancia en Cataluña, una de las Autonomías donde las formaciones ultraderechistas tradicionales han sido históricamente más débiles.

Un avance social, electoral y territorial sostenido
Los resultados son ilustrativos. En mayo de 2011, la Plataforma liderada por Josep Anglada pudo presentar lista en 108 municipios catalanes y consiguió representación en 41 de ellos, que incluyen varias ciudades grandes y medias del cinturón industrial de Barcelona (Badalona, Hospitalet de Llobregat, Cornellá de Llobregat), así como numerosas capitales comarcales del interior. Con un discurso estructurado en torno a los temas clásicos de la nueva ultraderecha europea -la amalgama entre inmigración, inseguridad y desempleo, la agitación de los temores sociales, económicos y culturales ligados a la globalización, la defensa de un repliegue identitario y la demagogia antipolítica-, PxC obtuvo entonces 67 concejales y más de 66.000 votos, convirtiéndose en la sexta fuerza política municipal por número de votos (séptima por número de concejales). No se trata de un fenómeno repentino ni coyuntural. Es evidente que este tipo de populismos se benefician de la severa degradación de las condiciones sociales y económicas en los últimos años, tanto en España como en el resto de Europa. Pero el avance de la Plataforma registrado en las elecciones de mayo de 2011, aunque espectacular por su envergadura, se inscribe en una dinámica sostenida de crecimiento y consolidación que es electoralmente visible desde que PxC irrumpió en el Ayuntamiento de Vic hace dos legislaturas, y socialmente perceptible (sobre todo, en algunas zonas de elevada inmigración) desde finales de los años noventa, es decir, con anterioridad al estallido de la crisis.

Hasta la fecha, la estrategia de expansión social y electoral de la Plataforma per Catalunya se ha desarrollado sobre todo localmente. Sin embargo, PxC ha conseguido estabilizar un espacio electoral propio que se manifiesta también en los demás niveles representativos, como lo muestran los últimos resultados electorales autonómicos y nacionales. El hecho de que la presencia institucional de PxC se haya conseguido en las elecciones municipales, cuya propia dinámica local y descentralizada dificulta la implantación rápida de fuerzas políticas nuevas, refuerza la impresión que la Plataforma es reflejo de una corriente social persistente, dotada de un arraigo territorial y una infraestructura política en expansión que podría experimentar altibajos y mutaciones en su traducción institucional, pero de la que no cabe esperar que desaparezca con la coyuntura.

Territorialmente, el proceso de implementación de la Plataforma ha conocido tres grandes fases hasta la fecha. Tras ser fundada en Vic en 2001 (primero como Plataforma Vigatana, en 2002 rebautizada como Plataforma per Catalunya) por un antiguo militante del partido franquista Fuerza Nueva, Josep Anglada, natural él mismo de Vic, el partido obtuvo en 2003 representación en el Consistorio vigitano (7,5% de los votos, 1 concejal) y en otras cuatro localidades (El Vendrell, Manlleu, Cervera, Premiá de Mar) de la llamada franja de la Cataluña central e interior, entre la cordillera prepirenaica y la cordillera prelitoral. Una franja geográfica en la que PxC mejoró sus resultados y extendió su representación en un segundo tiempo, en las municipales de 2007. En una tercera fase, correspondiente a las elecciones de 2011, la Plataforma ha conseguido penetrar en los ayuntamientos de diversos e importantes municipios de la periferia industrial de Barcelona.

La solidez de esta presencia, a la vez social, electoral e institucional, sitúa a Plataforma per Catalunya como el actor más relevante y con mayor proyección nacional del muy fragmentado espectro ultra e integrista en España. Una situación de la que Josep Anglada es plenamente consciente, y que el partido espera capitalizar mediante una estrategia de expansión territorial por toda España, con Plataformas autonómicas afines federadas en una coalición nacional que ha sido recientemente presentada bajo el nombre de Plataforma por la Libertad (PxL) y podría convertirse, en caso de tener éxito, en la fuerza nacional dominante en el espectro extremista.

Este espectro quedó desarticulado tras el desmantelamiento del régimen franquista, la disolución jurídica del antiguo Movimiento Nacional y su desintegración efectiva en una multitud de pequeñas organizaciones y grupúsculos, pertenecientes a las distintas familias políticas de la ultraderecha autoritaria y clerical (fascistas, tradicionalistas, carlistas, falangistas) que habían constituido el soporte ideológico del franquismo.

A estas organizaciones más o menos ligadas, orgánica o sentimentalmente, con el franquismo, hay que añadir otras formaciones de fundación más reciente (a partir de los años noventa), orientación explícitamente xenófoba y vinculadas a los movimientos neonazis y extremistas europeos, como España 2000 o Democracia Nacional. Pese a tener también una incidencia electoral muy reducida y geográficamente muy localizada (en Valencia y Madrid, sobre todo), son estas formaciones las primeras que importaron en España los discursos antiinmigración de la extrema derecha europea, en un contexto de fuerte crecimiento de la inmigración en España.

Ha sido Plataforma per Catalunya la que ha conseguido modernizar el mensaje ultra, desvincularlo de sus connotaciones y referencias más agresivas -al menos en apariencia-, reformularlo en términos socialmente aceptables y aumentar así significativamente su eficacia, ensanchando cualitativamente su audiencia electoral y convirtiéndolo en un discurso político con capacidad real de influencia en la sociedad y en la clase política. Lo ha hecho, ciertamente, en un momento particularmente favorable para la emergencia de formaciones identitarias en toda Europa, con la ayuda de un contexto económico especialmente difícil, y en un territorio concreto y con una configuración sociopolítica muy peculiar dentro de España, como es Cataluña.

El primer éxito en España de la nueva ultraderecha europea
Plataforma per Catalunya centra su discurso en los temas clásicos de la extrema derecha populista: rechazo al extranjero, en particular el inmigrante musulmán; amalgama entre inmigración e inseguridad, entre árabes, musulmanes e islamistas; principio de preferencia nacional en el mercado de trabajo o en el acceso a los servicios públicos (sanidad, educación); lucha contra la supuesta islamización de las sociedades occidentales; obsesión por proteger la identidad colectiva (blanca, catalana y cristiana católica) amenazada por una supuesta invasión musulmana (y, en menor medida, suramericana); explotación de las angustias sociales (desclasamiento, globalización, deslocalizaciones) en un contexto de fuerte crisis social y económica; y denuncia indiferenciada de las élites dirigentes como cómplices necesarias de la globalización, los flujos migratorios y sus implicaciones (delincuencia, fragilización del Estado de bienestar, paro creciente por la competencia económica de los países emergentes). En lo relativo a la presencia mediática, la Plataforma ha conseguido existir sobre todo mediante campañas locales contra la construcción de mezquitas y la instrumentalización de los roces entre la población autóctona y la recién llegada, allí donde esta tiene una presencia significativa.

No se observan, en este sentido, grandes novedades en el núcleo del proyecto político de PxC. Se trata más bien de una importación adaptada y exitosa de temáticas y métodos ya empleados con éxito en el extranjero: el discurso y los elementos de lenguaje, incluso la estrategia desarrollada por la Plataforma desde su fundación, están fuertemente inspiradas en la de otras fuerzas populistas y xenófobas europeas, en particular el Frente Nacional (FN) francés. La Plataforma mantiene estrechos vínculos de colaboración con los principales representantes del espectro identitario europeo (el FN, pero también el FPÖ austriaco, la Liga Norte italiana o el partido separatista flamenco Vlaams Belang). De esta forma, PxC aspira a convertirse en el referente regional y nacional de esta Internacional de las derechas identitarias que se consolida en todos los rincones de Europa.

Crisis e inmigración: factores necesarios, no suficientes
Discursos antiinmigración como los de PxC están en la base del proyecto político de las derechas populistas y xenófobas en toda Europa, y explican en parte su éxito en regiones, ciudades y barrios populares con una fuerte presencia inmigrante. Sobre todo cuando estos se despliegan en un momento de depresión e incertidumbre económica, como el que hoy atraviesa España; momento en el cual la estigmatización de los inmigrantes tiene muchas posibilidades de calar entre una población local ya fragilizada.

La estigmatización populista opera en varios niveles que coinciden con los aspectos de mayor precariedad de la población local, presentando a los inmigrantes a la vez como competidores de los autóctonos desfavorecidos por las (menguantes) prestaciones sociales del Estado, como competidores de los trabajadores locales por los empleos de menor cualificación, como comunidad exógena portadora de una cultura o religión hostil y como causantes de una degradación de las condiciones de vida en los entornos y barrios compartidos con la población autóctona (inseguridad sobre todo, pero también otros efectos como ‘el ruido y el olor’ al que se refería Jacques Chirac en su famoso discurso de Orléans).

Sin embargo, la elevada concentración de inmigrantes en determinadas zonas del territorio catalán no explica completamente el éxito de PxC en Cataluña. Otras Autonomías tienen una población de origen extranjero más numerosa en términos relativos que Cataluña (15,7% de la población total), entre ellas la Comunidad de Madrid o la Región de Murcia (16,4%), la Comunidad Valenciana (17,2%) o las Islas Baleares (20,8%). En ninguna de estas regiones se ha producido un fenómeno político populista y xenófobo del alcance y las dimensiones de Plataforma per Catalunya. Incluso en la Comunidad Valenciana, donde se encuentran algunas de las zonas con mayor concentración inmigrante (sobre todo localizadas en la parte sur del litoral mediterráneo, según datos del INE, 2009), y donde la extrema derecha clásica ha estado históricamente más presente que en Cataluña, el discurso xenófobo y antiinmigración permanece, como se apuntaba anteriormente, relativamente marginalizado en la opinión pública y en las instituciones.

¿Por qué en Cataluña? El efecto del nacionalismo orgánico
Uno de los elementos diferenciales más obvios de Cataluña respecto a otras regiones con fuerte inmigración es la existencia de un movimiento nacionalista e identitario que, desde el restablecimiento de la democracia, ha sido hegemónico entre las clases dirigentes locales y frecuentemente decisivo en la vida política española. Ello ha condicionado la vida política local y ha tenido una influencia decisiva en la legitimación mediática, institucional y social de los discursos identitarios excluyentes. Por mediación del nacionalismo y los aparatos político-sociales, mediáticos e institucionales en los que este se apoya, la sociedad catalana se ha acostumbrado a observar con desconfianza y prevención todo aquello que pueda perturbar los valores comunitarios considerados vertebradores de la identidad colectiva (lengua, tradiciones, cultura, etcétera), así como a dar prioridad a su preservación sobre otras consideraciones de carácter cívico o democrático.

El nacionalismo catalán, liderado por CiU, no ha sido el único que ha jugado en las últimas décadas un doble papel de fuerza hegemónica local y árbitro nacional; también lo ha hecho el nacionalismo vasco liderado por el PNV. En cierto sentido, tras la desintegración de la extrema derecha nacionalista de inspiración franquista, los nacionalismos subestatales catalán y vasco han ocupado el espacio que en otros países de Europa monopolizan las formaciones identitarias de ultraderecha, visceralmente nacionalistas en su mayor parte. En esta línea, se puede afirmar que los reflejos y las tentaciones típicas de la derecha populista sociológica se han afirmado y extendido en España a través de los cauces, discursos y reivindicaciones de carácter regionalista, nacionalista subestatal, lingüístico o cultural.

Tanto CiU como el PNV, ambos procedentes del espectro sociológico de la derecha conservadora y clerical, han conseguido crear desde el restablecimiento de la democracia una dinámica identitaria donde la retórica del populismo de derechas -la distinción entre “nosotros” y “ellos” como categorías identitarias excluyentes, enfrentadas y disjuntas; la estigmatización de chivos expiatorios, interiores o exteriores a la sociedad, señalados como los únicos responsables de los problemas “propios”; así como una visión orgánica de las sociedades donde la pluralidad identitaria y las diversidad de opiniones son vistas con desconfianza, cuando no abierta hostilidad- tienen todo su lugar. Esta retórica, hegemónica e incontestada durante mucho tiempo en la política autonómica catalana y (en menor medida) vasca, ha preparado el terreno a la consolidación de una nueva extrema derecha con amplia capacidad de crecimiento, de la que la Plataforma per Catalunya es, por el momento, su expresión más prometedora.

Esta lógica de confrontación y repliegue identitario se ha construido específicamente contra lo español, caracterizado como ajeno y hostil; pero, en el caso catalán, ha acabado prefigurando una actitud social e institucional recelosa y defensiva, excluyente, ante la inmigración, cualquier inmigración. Pese a la querencia oficial por presentar Cataluña como tierra de acogida y del compromiso proclamado en favor de la unidad civil de Cataluña y de la integración entre “los de aquí” y “los de fuera”, el nacionalismo (sin distinción de derechas e izquierdas) ha hecho todo lo posible por conseguir la asimilación/conversión identitaria de los ciudadanos españoles que se desplazan a Cataluña y la marginalización de los catalanes no nacionalistas; una estrategia que podría extenderse a los inmigrantes extranjeros. Este asimilacionismo no se ha desarrollado en nombre de la ciudadanía o de los valores democráticos o cívicos compartidos, sino en nombre de una uniformidad identitaria soñada (la lengua, las tradiciones, los mitos) que sigue siendo imposible de encontrar en una sociedad diversa y dinámica como la catalana.

Nacionalismo y extrema derecha populista: las pasarelas de la identidad
Pueden reconocerse sin dificultad los mecanismos clásicos de las derechas identitarias y populistas en esta maquinaria ideológica tan habitual en medios nacionalistas. Aunque la sociedad catalana es bastante más abierta que la imagen que el nacionalismo se hace de ella, la omnipotencia mediática de las redes del nacionalismo orgánico ha instalado a una parte significativa de la población en una triple lógica de reacción y retorno, de defensa ante la invasión y de depuración social. Reacción contra el progreso y contra la diversidad identitaria y cultural que este implica, porque ellas amenazan la homogeneidad identitaria que el nacionalismo pretende preservar (o más bien construir) en Cataluña. Defensa contra una invasión, porque el nacionalismo presenta desde hace décadas la situación en Cataluña como el resultado de una invasión demográfica a la que hay que plantar cara. Una invasión llevada a cabo por los españoles y por su Estado, presentados como los primeros enemigos exteriores de los catalanes, culpables de todos los males que les afectan. En fin, depuración, fundamentalmente política y simbólica, de los elementos considerados ajenos a la verdadera naturaleza de Cataluña: la lengua española y los símbolos de España son algunos ejemplos; pero también todos los catalanes que se comportan como enemigos interiores porque cuestionan el relato dominante, discrepan de las élites nacionalistas o simplemente rechazan el repliegue identitario que defiende el nacionalismo.

La hegemonía nacionalista y la presencia de todos estos elementos en el debate público autonómico, empleados y asumidos con normalidad por el conjunto de la clase dirigente catalana (incluidos aquellos que se encuadran dentro de las formaciones de la izquierda institucional mayoritaria), han contribuido así a legitimar los discursos antiinmigración y a facilitar la implementación de partidos xenófobos y populistas, pertenecientes a la última generación de la extrema derecha, como la Plataforma per Catalunya. Han convertido en aceptables argumentos y reacciones demagógicas que en cualquier otro sitio habrían sido considerados del todo ajenos a los valores y las bases de un debate cívico y democrático. El hecho, ya apuntado anteriormente, de que los primeros feudos de PxC hayan sido municipios históricamente muy nacionalistas (Vic es a veces denominada la capital de la Cataluña nacionalista; y PxC se consolidó en un principio en localidades de características sociopolíticas similares de la Cataluña central e interior), refuerza este tesis. Como la refuerza el hecho de que sea en Vic, antiguo bastión carlista, donde la Plataforma es más poderosa: la segunda fuerza de la corporación, con 5 concejales sobre 21, y el 21% de los votos. Una forma simbólica de recordar que la cuna de la derecha populista antiinmigración no está tan lejos de la cuna de la reacción antimoderna y del populismo nacionalista, que son formas anteriores de xenofobia y de comunitarismo.

Hay una coincidencia fundamental entre el discurso identitario del nacionalismo catalán y el de la extrema derecha populista. Basta con cambiar de chivo expiatorio y reemplazar a los españoles que viven a costa de los catalanes y amenazan su identidad, por los musulmanes que vienen a islamizar la sociedad, ocupar los empleos y aprovecharse de los servicios sociales; para que el relato nacionalista se convierta en un discurso antiinmigración alineado con los populismos xenófobos de derecha que triunfan por toda Europa. Esto es lo que han hecho ya varios dirigentes y referentes del nacionalismo orgánico catalán a lo largo de las últimas décadas: la esposa del antiguo presidente autonómico Jordi Pujol, Marta Ferrusola, y el ex líder de ERC y ex presidente del Parlamento autonómico, Heribert Barrera, son quizá los representantes más ilustres -pero ciertamente no los únicos.

Y esto es exactamente lo que ha hecho, de manera sistemática y ya no individual, la Plataforma per Catalunya, con un remarcable éxito en últimas convocatorias electorales que podría aumentar todavía más a medio y largo plazo: al evocar los excesos racistas de diversos líderes nacionalistas, muy respetados entre la clase dirigente catalana, que la extrema derecha antiinmigración ha podido presentarse legítimamente como heredera de la tradición nacionalista catalana y continuadora de sus esfuerzos por preservar la identidad catalana tal y como el nacionalismo la imagina y por construir una Cataluña homogénea y libre -libre de inmigrantes, de hecho.

Conclusiones
Por toda Europa, y en España en particular, los fenómenos populistas de derechas ganan terreno. La aparente diversidad de estos movimientos no debería servir de parapeto para ocultar la llamativa unidad de sus planteamientos. Más allá de las diferencias en lo relativo a las propuestas concretas, las prioridades políticas escogidas por cada formación o incluso el autoposicionamiento ideológico de estas formaciones, frecuentemente engañoso, hay una continuidad esencial entre los tipos de argumentos, los razonamientos y los enfoques de las derechas populistas para afrontar los problemas y los desafíos sociales. Siempre se encuentra en ellos, por ejemplo, una dialéctica de conflicto permanente entre “nosotros” y “ellos” que no puede resolverse, en su imaginario, más que con la erradicación de uno de los dos contendientes.

El hecho de que la línea de fractura sea lingüística, identitaria, religiosa, étnica o cultural tiene una importancia relativa. En ocasiones, la misma formación enfatiza unas u otras en función de la conveniencia política, o se centra en una de ellas por razones de oportunismo y estrategia electoral: la Plataforma per Catalunya es uno de estos casos.

La excusa para la confrontación escogida importa menos que el rechazo a una idea de convivencia, de vivir juntos, y una preferencia más o menos enmascarada por un vivir solos o, como mucho, vivir por encima o separados de aquellos que son señalados como diferentes o extranjeros. Se trata de un rechazo y una apuesta por la exclusión que está en el núcleo de la identidad política populista, y que enfrenta a todas las derechas populistas con la democracia y la política concebidas en un sentido amplio. No como meros procedimientos para la toma de decisiones y la elección periódica de las élites dirigentes, sino como instrumentos para la organización pacífica de la vida en común y la gestión de los conflictos y las oportunidades que esta convivencia plantea en el seno de las sociedades abiertas.

En el fondo, es la arquitectura misma del Estado europeo la que está en el punto de mira, amenazada desde distintos ángulos por el proyecto político de las derechas populistas. Se puede tener la tentación de tratar de manera separada las reivindicaciones que se siguen, e incluso de ceder ante algunas de ellas -sobre todo, aquellas de carácter regionalista o cultural-. Pero el Estado europeo, cívico y laico, social y democrático, es un bloque en el que cada componente sólo tiene sentido junto con todos los demás. Por todo ello, los ataques populistas, independientemente de cuáles sean sus objetivos coyunturales, responden a un mismo peligro para la noción de ciudadanía democrática europea en que se apoyan los estados nacionales de la Unión Europea. Tanto si se trata de ataques dirigidos contra la integración europea en nombre de la soberanía nacional, como si apuntan a las instituciones democráticas en nombre del pueblo. Tanto si cuestionan la integridad territorial de un Estado democrático en nombre del derecho de una comunidad
identitaria, real o imaginada, a trazar sus propias fronteras, como si aspiran a combatir la pluralidad (ideológica, cultural, identitaria) de una sociedad abierta y laica mediante fronteras interiores a las que encomendar la protección de una lengua, una cultura, una religión o una idea nacional.

En todos los casos, nos encontramos ante un programa político basado en el rechazo integral a la noción de ciudadanía y la apuesta decidida por el repliegue identitario y la desconfianza hacia el diferente; como tal debería ser tratado por las fuerzas progresistas. La tolerancia y la impasibilidad ante algunas expresiones de este repliegue (las de carácter nacionalista, por ejemplo), facilitan el arraigo de otras (las antiinmigración à la PxC) porque todas debilitan los elementos básicos de la convivencia entre diferentes. Las familias políticas comprometidas con esta noción republicana de la convivencia, la ciudadanía y la pluralidad, en particular aquellas que se reconocen en la izquierda política, deberían tenerlo presente.

Juan Antonio Cordero Fuentes es autor del libro Socialdemocracia republicana; el texto publicado en LA VOZ DE BARCELONA se ha publicado originariamente en la revista Claves de razón práctica, número 223, julio/agosto 2012.

Los hijos pródigos de las urnas vascas
 La Razón 22 Julio 2012

Tras décadas de olvido, la propuesta legislativa del ministro del Interior daría a muchos «exiliados» la oportunidad de recuperar sus derechos ciudadanos. Destacadas personalidades de la cultura relatan a LA RAZÓN las circunstancias de su marcha del País Vasco ante la amenaza proetarra y analizan la situación actual.

Fernando SAVATER - Filósofo y Escritor
«Decoraban con insultos hasta los retretes»
Di clase en Zorroaga y luego en Ibaeta hasta comienzos de los años noventa. Después me trasladé a la Complutense de Madrid porque me ofrecieron una cátedra de programa propio (algo así como la «business class» académica) en la que he estado más de diez años, hasta mi jubilación hace cuatro. En Zorroaga lo pasé estupendamente, pero también hubo momentos durillos: durante casi tres años tuve la Facultad decorada con insultos y amenazas contra mí en paredes, retretes,despachos, etc... pero, en fin, uno se acostumbra a todo y yo no soy de ánimo apocado. Te aclaro que nunca dejé mi casa de San Sebastián, donde siempre he seguido viviendo, aunque con las lógicas temporadas académicas en Madrid. Ahora, cuando veo que la violencia ha cesado, parece que definitivamente, me alegro de haber contribuido, por poco, que sea a la derrota civil de ETA.

Fernando GARCÍA DE CORTÁZAR - Historiador
«Siento defraudarles, pero no me fui ni me iré de Bilbao»
Me parece bien que se pueda votar, aunque entiendo que habrá muchos problemas jurídicos, aunque sería estupendo que se les pudiera dar a elegir. Siento defraudar a mucha gente, pero yo no me he ido. Vivo, como siempre, en la Universidad de Deusto, aunque parte del año la paso en Madrid pues soy director de la Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad. En Bilbao, voto y pago mis impuestos. Sí, eso sí : he estado doce años con escolta policial, aunque hace ahora muy poquito tiempo que me la han retirado.

Raúl GUERRA GARRIDO - Escritor
«Viví entre el silencio complacido del indigno y el cómplice del indignado»
En el principio fue el verbo: «Que se vayan». La frase, repetida hasta la náusea en pintadas y panfletos, no se refería tanto a Policía y Guardia civil como a nosotros, los ciudadanos vascos no nacionalistas. Después llegaron las amenazas individuales, alguna paliza, algún incendio y algún tiro en la nuca y la limpieza étnica se cumplió a rajatabla. Entre el silencio complacido de los indignos y el silencio cómplice de los indignados. La vileza y el miedo son la pareja protagonista de esta historia. Ahora, tantos años después y sin que hayan desaparecido las pistolas, ¿los huídos tienen derecho a votar sin residir? Mi opinión es que sí, pero supongo que aunque se legisle en este sentido la burocracia lo impedirá con su impecable casuística. ¿Cómo justificas que no resides en tu pueblo porque el vecino de abajo quiere dispararte en la nuca? ¿con una declaración jurada del vecino? Fueron malos tiempos y vendrán peores.

Fernando ARAMBURU - Escritor
«El acoso a unos entrañaba la privación de libertad de todos»
En 1982 conocí a la Guapa. Lo dejé todo por seguirla. Es alemana. Así pues, me fui a Alemania. No soy un exiliado. El amor me sacó del País Vasco. Nunca he militado. Nunca me interesé gran cosa por las cuestiones administrativas de mi tierra natal. No me dejaron, en cambio, indiferente los asesinatos de ETA ni los discursos de apoyo a la estrategia del terrorismo. Es más, me sentí agredido por ellos, me consideré víctima, constaté que el acoso a unos entrañaba la privación de libertad de todos, nació en mí de forma instintiva, pero también racional, un sentimiento de solidaridad con los asesinados, sus familiares y compañeros. Y decidí trasladar a mi obra literaria, mi rechazo sin paliativos de la violencia y mi compasión por las víctimas del terrorismo. Sigo censado en el País Vasco. La normativa actual europea me impide participar en las elecciones municipales y europeas. A las otras concurro siempre. Digo siempre, porque jamás me abstengo.

Jon JUARISTI - Ensayista y poeta
«Dejé de ser vasco a efectos administrativos. No votaré allí»
Viví aquellos años como buenamente pude, con la ayuda de un puñado de excelentes amigos. Fui el primer profesor de la Universidad pública vasca al que se puso escolta. Durante los años 1997 y 1998, al agravarse mi prima de riesgo, se me permitió enseñar en otras universidades, fuera del País Vasco. Tras la ruptura de la tregua de ETA, en 1999, mi situación se hizo insostenible, a juicio del Ministerio de Interior, y me vine a Madrid. No dejé de escribir en la prensa local y de ámbito nacional desde finales de los años setenta, sin hacer la mínima concesión a ETA ni al nacionalismo. Obviamente, no fui el único en adoptar una postura activa de resistencia. Me sentí siempre muy bien acompañado por otros que compartían mis posiciones. Escribí algunos libros que, al menos, sirvieron para explicar cómo se había llegado al manicomio en el que vivía la sociedad vasca. Hoy, sospecho que podía haber dedicado los mejores años de mi vida a asuntos más interesantes y productivos. Pero, al menos, no me callé, y eso siempre te deja medianamente satisfecho. Nunca me he sentido en el exilio. Soy tan español como cualquier otro madrileño (y los madrileños, como se sabe, somos tan chulos que nacemos donde nos da la gana). Para diásporas, ya tengo bastante con la mía (es decir, con la judía). No, no volvería a vivir en el País Vasco. Es un capítulo definitivamente cerrado. He dejado de ser vasco a efectos administrativos, aunque conserve una vaga nostalgia por Bilbao, la ciudad de mi infancia y de mi juventud. No votaré allí, porque mi deber es hacerlo donde vivo. No me planteo siquiera si eso es ceder o no ceder. Me parecería absurdo votar en una comunidad autónoma a la que no pertenezco.

GOBIERNO VASCO
Las Euskal Etxeak reciben 1,2 millones
El Correo 22 Julio 2012

El Gobierno Vasco dará más de 1,2 millones de euros en ayudas a las Euskal Etxeak para que puedan llevar a cabo sus actividades. Destacan, en este sentido, los 346.694 euros concedidos a los 29 centros de Argentina y los 139.553 euros adjudicados a las 9 Euskal Etxeak de Estados Unidos. En España, se han concedido ayudas por valor de 157.683 euros a los centros de Barcelona, Madrid, Murcia, Salou y Valladolid.


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